Los cristianos de Oriente y las primaveras árabes

Por Alain Juppé, ministro de Asuntos Exteriores de Francia (EL PAÍS, 29/02/12):

Los cristianos de Oriente están preocupados. Preocupados por la continuidad de su presencia en la que es su región desde hace 2.000 años. Preocupados por el respeto de sus derechos en un contexto de enorme conmoción. Preocupados frente a la intensificación de las tensiones vinculadas a la confesionalidad. Quiero decirles que escucho, que entiendo sus temores.

Desde hace siglos, a Francia se le ha conferido una misión particular para con los cristianos de Oriente. Y no la eludirá. Por esto mismo, el presidente de la República fijaba el marco de nuestra política, ya en enero de 2011, subrayando que el destino de los cristianos de Oriente simboliza “mucho más que a Oriente, los retos del mundo globalizado en el que hemos entrado de forma irreversible”. Nuestra visión es clara: no puede haber una auténtica revolución democrática sin la protección de las personas que pertenecen a las minorías. Los cristianos de Oriente están destinados a permanecer en su región. Están destinados a participar en la construcción de su futuro como lo han hecho siempre en el pasado.

La cuestión no es nueva. Data de varios siglos. Pero desde hace algunos años se plantea con una intensidad creciente.

Francia se ha mostrado alerta, primero, dirigiendo mensajes claros a los Estados implicados, que son los primeros responsables de la seguridad de sus ciudadanos. Francia se movilizó igualmente para que el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea del pasado 21 de febrero de 2011 condenara las agresiones a los cristianos y para que, tras el atentado de Bagdad, se les dirigiera una declaración presidencial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 10 de noviembre de 2010.

De hecho, los cristianos de Irak han pagado un tributo muy alto estos últimos años. Hemos expresado nuestra solidaridad con la acogida en suelo francés de más de 1300 de ellos desde 2008 y con la evacuación sanitaria de heridos tras el atentado contra la Catedral de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro el 31 de octubre de 2010, concretamente.

En Egipto, los coptos ocupan un lugar particular. Enraizados en la larga historia del país, estos últimos años han sufrido agresiones, exacciones, discriminaciones, tal y como lo demostró el siniestro atentado contra la iglesia de Alejandría en 2011. Pero, desde la revolución, los coptos se han implicado en la vida política de su país como nunca antes, han participado en las elecciones, quieren ser escuchados y contribuir junto a sus conciudadanos a la transición democrática del país. El Parlamento egipcio recientemente elegido ha comunicado su compromiso de garantizar los derechos de los coptos: contamos con su decisiva actuación.

En el Líbano, la coexistencia de varias minorías es una realidad. Pero este modelo debe preservarse constantemente para responder a distintos intentos de ponerla en tela de juicio. Todos los agentes de la sociedad y de la vida política libanesa tienen la responsabilidad de velar por ello.

Tal y como le afirmó el presidente de la República a su beatitud Bechara Rai, patriarca maronita, durante su visita oficial a París el pasado mes de septiembre, la mejor protección para los cristianos de Oriente y la verdadera garantía de la continuidad de su presencia residen hoy en la instauración de la democracia y del Estado de Derecho en los países árabes.

Por ello, recomendamos a los cristianos de Oriente Próximo que no se presten a las maniobras de instrumentalización que llevan a cabo regímenes autoritarios cortados de su propio pueblo. Sigo muy preocupado por la situación dramática que reina en Siria, por la represión feroz que ejerce un régimen condenado que emplea la fuerza militar contra su propio pueblo. Deseo con todas mis fuerzas que los cristianos, como todas las demás comunidades, participen en la creación de una Siria nueva y democrática donde todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y los mismos deberes.

No somos ingenuos. Sabemos que el camino será largo y caótico. Pero más allá de los riesgos y los peligros, que no deben negarse, las primaveras árabes brindan una oportunidad histórica a los cristianos de Oriente. ¿Quién puede creer que los derechos de las minorías están mejor protegidos por dictaduras sanguinarias que por regímenes democráticos? ¿Quién puede negar que hay cristianos, kurdos, drusos, alauitas, asirios también, que son asesinados, torturados, encarcelados, en Siria? Y en esta primavera árabe hay señales de esperanza: quiero rendir homenaje a la iniciativa del gran imán de al Azhar Sheikh Al Tayyeb, que elaboró y publicó el pasado mes de enero un documento sobre las libertades públicas en Egipto. Este escrito hace hincapié en la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de investigación científica y la libertad de creación, incluida la creación artística. Este tipo de iniciativas, que refuerzan el diálogo interreligioso, demuestran que la reunión de sociedades distintas alrededor de valores universales que permiten a todos coexistir en armonía es posible.

Aunque siga habiendo incógnitas sobre el futuro, quiero decirles a los cristianos de Oriente que se encuentran en otros muchos países que no he citado (como en Israel y en los territorios palestinos) que Francia no les abandonará. Nuestra confianza en las revoluciones de 2011 va acompañada de una observación absoluta del respeto de los derechos humanos, en particular de los de las minorías. Yo mismo he insistido mucho en esta cuestión durante mis contactos con el Consejo Nacional Sirio, que se emplea en agrupar a la oposición siria y que se ha comprometido a garantizar dichos derechos.

En Siria, como en otros lugares, lo que interesa a los cristianos de Oriente es abrazar estas evoluciones, a la vez ineluctables y positivas. Implicándose con decisión en la construcción de una región nueva protegerán su futuro; como volvió a afirmar el presidente de la República ante las autoridades religiosas durante su mensaje de felicitación del año nuevo el 25 de enero: “Los cristianos forman parte de la Historia de Oriente; no se les puede arrancar de esta tierra. Las primaveras árabes cumplirán sus promesas si las minorías son respetadas”.

El mensaje que deseaba trasladarles es sencillo: Francia ha estado, y seguirá, a su lado.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Rusia: El Zar se tambalea

Por Mira Milosevich, escritora y Doctora en Estudios Europeos (ABC, 29/02/12):

En agosto del año pasado, cuando vimos las imágenes de Vladimir Putin sacando dos ánforas griegas del siglo V del mar Negro en Fanagoria, frente a las costas de Crimea, supimos que esta no era solo una foto más para su bookegolátrico, donde ya almacenaba imágenes suyas montando a caballo con el torso desnudo como en una película de Nikita Mijailov, practicando judo o apagando un incendio desde un helicóptero, sino que formaba parte de la propaganda electoral para las presidenciales rusas de 2012. No sorprende que Putin, tras ejercer como presidente entre 2000 y 2008, y como primer ministro desde 2008 a 2012, quiera volver a la Presidencia durante otros dos mandatos, es decir, doce años más. Si cumple su aspiración, terminará habiendo reinado en Rusia durante 24 años, seis años más que Brezhnev y seis menos que Stalin. A pesar de la considerable pérdida de votos de su partido, Rusia Unida, en las elecciones legislativas del pasado diciembre, en las que bajó del 64% que había obtenido en 2007 al 49%, y de las protestas multitudinarias por el fraude electoral, todos los pronósticos le auguran una victoria en los comicios del próximo 4 de marzo. Así que la cuestión no es si Vladimir Putin ganará o no las elecciones presidenciales, sino si podrá mantenerse en el poder tanto tiempo como pretende. El hecho de que Rusia sea un Estado neoautoritario, disfuncional e incapaz de solucionar los complejos problemas económicos, sociales, étnicos y demográficos a que se enfrenta, contribuye a reforzar la hipótesis de que no llegará al final del primer mandato, pero no ofrece respuestas a la incógnita sobre lo que vendrá después.

Desde el año 2000, Putin está construyendo un Estado ruso que constituye por sí solo una nueva especie política, combinación de lo que él define como «democracia soberana» (sobre el supuesto de que cada pueblo, según su carácter y tradición, debe poseer su propia democracia) y lo que calla pero es perceptible en la eliminación física de sus adversarios, sean periodistas, políticos de la oposición o antiguos espías. Un Estado, en fin, dirigido y dominado por los miembros del Servicio Secreto. Ni los Estados fascistas ni la antigua URSS —sin duda, peores en muchos aspectos que la actual Rusia— fueron controlados en tal grado por los profesionales del espionaje. Su estrategia política para las elecciones presidenciales de 2012, al margen de las imágenes del macho fuerte (que no son cosa baladí en un país donde la fuerza ha sido y es la base última del poder) y de la retórica sobre la urgencia de la modernización y de la lucha contra la corrupción, sigue siendo la misma que desplegó en las presidenciales del año 2000. Su proyecto político sigue siendo el mismo que entonces, dentro y fuera de Rusia.

Putin llegó al poder prometiendo la «renacionalización»; es decir, la restauración de la gobernabilidad del país, muy dañada durante los años de presidencia de Boris Yeltsin. Es cierto que Rusia se deslizó entre 1992 y 1999 hacia la condición de Estado fallido, porque el Kremlin no dejó de perder influencia sobre las repúblicas de la antigua URSS (algo bastante lógico, después del colapso del comunismo) y la liberalización económica desembocó en la corrupción generalizada. Yeltsin, un excomunista alcohólico de salud precaria, no fue capaz de enderezar aquella deriva. La campaña electoral de Putin se basó entonces en la necesidad de «poner orden en el caos reinante». En la actual, el «caos de los noventa» le sirve de amenaza. Putin o el diluvio. El caos volverá si no logra mantenerse en el poder, porque él es el Libertadorde Rusia. No hay que olvidar que, para un antiguo miembro del KGB, la liberalización democrática supone un escenario incontrolable, un sinónimo del caos, y «poner orden» significa restringir la libertad. Como en la campaña de 2000, Putin añade a la insistencia obsesiva en el mantenimiento del orden un discurso virulentamente antioccidental que hace de sus opositores cómplices de un frente contra Rusia dirigido desde Washington, convirtiéndolos así en traidores. Por lo demás, su programa de política exterior consiste, como siempre, en conservar las zonas de influencia en las repúblicas exsoviéticas y en los Balcanes, y en cultivar la imagen rusa de gran potencia, manteniendo el pulso con EE.UU. y la Unión Europea a través de gestos como el rechazo de la resolución de la ONU sobre Siria, el apoyo a Hugo Chávez en Venezuela y a Ahmadineyad en Irán, la negativa al reconocimiento de Kosovo como Estado y la oposición a la implantación del sistema norteamericano BMD (Ballistic Missile Defense) en Rumanía (2015) y Polonia (2018).

Vladimir Putin no ha cambiado, pero hay indicios de que el paisaje político ruso es distinto. Las protestas por el fraude electoral reunieron el pasado 24 de diciembre a 80.000 personas, y a 100.000 el 4 de febrero. Estas movilizaciones reflejan la indignación creciente de la ciudadanía rusa, que no acepta las nuevas formas de despotismo, sospecha que la política actual no puede solucionar los complejos problemas del país y reclama una alternativa a los clanes del poder del Kremlin. Las encuestas demuestran que Putin ha perdido Moscú y el apoyo de la intelligentsia, dos pérdidas a las que ningún régimen ruso sobrevivió. Así que el zar no solo está desnudo (y no solo de torso), sino que además su sistema entra en una fase preagónica.

¿De dónde saldrá una nueva fuerza política capaz de articular la indignación ciudadana y derrocar el putinismo? La situación actual no tiene precedentes en la historia rusa, porque no se trata de sustituir a Putin por un nuevo zar que se ajuste a cualquier modelo precedente, sea el de Pedro el Grande o el de Stalin, sino de convertir Rusia en lo que nunca ha sido, un país democrático. El zarismoestá arraigado profundamente en la tradición política rusa, marcada por el autoritarismo tanto bajo los zares como bajo las dictaduras de partido único.

A través de su historia, las respuestas a la tiranía han oscilado del anarquismo a absolutismos de signo opuesto al gobernante. Solo una nueva cultura democrática podría cambiar a Rusia, pero ninguna de las tres instancias actuantes en la historia de Rusia —la clase política, la Iglesia ortodoxa y la intelligentsia— parece capaz de dirigir tal transformación. La clase política, por razones obvias. La Iglesia ortodoxa rusa, pasiva y complaciente ante el poder establecido, siempre ha sido reacia a los cambios. La inteligencia no es en absoluto de fiar, porque siempre terminó avalando los regímenes anteriores. Como observó Isaiah Berlín, la inteligencia rusa ha tendido a creer religiosamente en las ideas, al contrario que en Occidente, donde las ideas circulan libremente, creando un clima de opinión. Los rusos tienen pasión por las ideas fuertes y excluyentes, esto es, por las ideologías. El cambio solo podría llegar desde la propia sociedad civil, que, aunque carece aún de una clara alternativa al putinismo, está mejor organizada que hace doce años, gracias a las redes sociales y a los movimientos cívicos. Si recibiera un apoyo internacional, como Solidarnosc en Polonia, tendría mayores posibilidades. Rusia produjo el zarismo, un paradigma autoritario, pero también la disidencia, que lo ha sido de la libertad individual bajo condiciones extremas de tiranía, como lo demuestran los casos de Anna Ajmatova, Alexandr Solzhenytsin, Yuri Sajarov o Anna Politkovskaya, entre muchos otros. El Zar Nicolás I solía decir que los rusos solo pueden confiar en su Ejército y en su Armada. Acaso ha llegado la hora de que confíen en sí mismos.

 Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

La revolución de la nieve

Por Anders Aslund, Instituto Peterson de Economía Internacional (LA VANGUARDIA, 29/02/12):

El régimen de Vladímir Putin está advirtiendo a los rusos que su incipiente revolución de la nieve será un gran error igual que la revolución naranja de Ucrania en el año 2004. No obstante, si bien las similitudes entre estos dos movimientos populares son tangibles, sus diferencias son esenciales, por lo que compararlos podría ayudar a la oposición rusa a evitar algunos errores.

Al igual que la revolución de la nieve, la revolución naranja fue una reacción generalizada de las clases medias en contra de la corrupción y la falta del Estado de derecho. A diferencia de la primavera árabe, la revolución naranja fue totalmente pacífica, como lo ha sido la revolución de la nieve, y ninguna de las dos fue resultado de una crisis económica o social. En el 2004, la economía ucraniana tuvo un crecimiento sin precedentes de 12%, y el PIB de Rusia aumentó el año pasado en un considerable 4.3%. Sin embargo, también hay diferencias significativas. En Ucrania hay una gran división étnica entre las personas que hablan ruso y las que hablan ucraniano. La oposición ucraniana estaba bien anclada en el Parlamento y en los medios de comunicación, un factor que la hacía parte del viejo sistema.

Los grandes logros de la revolución naranja fueron las libertades políticas y civiles. Sin embargo, la semiparalización política fue su peor fallo, que condujo a una mayor corrupción y autoritarismo. Estuve en Ucrania, antes y después de la revolución naranja, y al pasar un tiempo en Moscú, noté claramente algunas de las trampas en las que puede caer la revolución de la nieve.

La revolución naranja fue pacífica porque un número suficientemente grande de personas tomó las calles. La oposición rusa ya se ha dado cuenta de ello y ha minimizado el riesgo de violencia.

No obstante, pudo haber sido un error en el 2004 ocupar el centro de Kiev y continuar con las constantes manifestaciones para provocar una rápida solución de la crisis porque condujo a un mal arreglo con el viejo régimen. El alivio repentino provocó una euforia peligrosa y orgullo en los miembros de la revolución naranja.

Por esta razón, tal vez la oposición rusa está siendo razonable y por ello realiza ocasionalmente grandes manifestaciones con las que muestra al régimen su fuerza, pero no presiona para llegar a una solución inmediata. En efecto, la repentina resolución de la revolución naranja condujo a la adopción de una Constitución disfuncional que marcaba una división de poderes confusa y compleja. Parecía una trampa preparada por los operadores del viejo régimen. No hay razones para repetir ese error. Una Constitución requiere de un análisis serio. Si el proceso va demasiado rápido, los adherentes del viejo régimen pueden fácilmente engañar a los nuevos actores para que asuman compromisos peligrosos.

Otro gran error de la revolución naranja es que Víktor Yúschenko resultó ser un presidente ineficaz e irresponsable. Al principio viajó por todo el mundo durante meses para celebrar su victoria ignorando el caos en su país. Después, empezó a vetar prácticamente todas las decisiones del Gobierno causando una paralización política y, en la parte final de su administración, tácitamente se unió a la vieja guardia (ahora de nuevo en el poder) en contra de la primera ministra, Yulia Timoshenko, (cuyo partido, hay que reconocerlo, había votado contra la Constitución.)

Sin embargo, mientras Víktor Yúschenko sirve de advertencia a los rusos para no elegir un presidente accidental con poderes excesivos, una de las causas subyacentes de la descomposición del gobierno naranja fue que la mayoría de sus ministros (nombrados por Yúschenko) pertenecían al viejo régimen. La mayoría casi nunca se opuso a la corrupción, y los hombres destacados que fundaron la revolución naranja tenían la esperanza de obtener ganancias generosas a cambio de su inversión política. Como resultado, no hubo una limpieza de los viejos cuadros, y la corrupción disminuyó pero sólo temporalmente.

En contraste, la revolución rosa de Georgia del 2003 conllevó un cambio general de los altos funcionarios, y se permitió la llegada de dirigentes jóvenes bien preparados en instituciones occidentales. Rusia necesita seguir el ejemplo de Georgia (y Estonia) promoviendo una nueva generación de profesionales calificados, jóvenes y limpios.

El error de política más grave de la revolución naranja fue haberse concentrado al principio en la reprivatización –renacionalización y reventa de empresas que se habían privatizado a precios excesivamente bajos–. El Gobierno naranja dedicó su primer semestre a discutir qué empresas debían privatizarse y cómo. Mientras tanto, la producción disminuía cada mes porque la incertidumbre sobre los derechos de propiedad ahuyentaba a los empresarios. Al final, solamente se reprivatizó una empresa grande de metalúrgica llamada Krivoryzhstal; para ese entonces la coalición naranja ya se había dividido. Para los políticos rusos, la reprivatización es una gran tentación política. De hecho, los tres partidos de la oposición en la Duma (el Parlamento) demandan una renacionalización de largo alcance, aunque tendría efectos políticos y económicos devastadores. En cambio, un nuevo gobierno democrático pediría mayores impuestos a la propiedad y el enjuiciamiento de los funcionarios corruptos. En comparación con Ucrania, Rusia tiene una legislación digna y sus tribunales económicos son respetados.

La razón fundamental por la que es de esperar que haya avances democráticos más exitosos en Rusia que los que hubo en Ucrania en el 2004 es que Rusia es mucho más rica y desarrollada que Ucrania, con un PIB per cápita (al tipo de cambio actual) cuatro veces superior. Como habrían observado teóricos de la modernización como Seymour Martin Lipset y Samuel Huntington, Rusia es sencillamente demasiado rica, bien preparada y abierta como para ser tan autoritaria. De acuerdo con la oenegé Freedom House, sólo siete pequeños estados exportadores de petróleo y Singapur son más ricos que Rusia y siguen siendo autoritarios.

Rusia debería aprender cuatro grandes lecciones de la revolución naranja a medida que su propia revolución de la nieve continúa. Primero, los nuevos demócratas deben evitar caer en la trampa de un compromiso disfuncional con el viejo régimen. Segundo, los dirigentes son esenciales para un avance democrático sostenible, y esta elección es tanto vital como difícil. Tercero, Rusia necesita hacer una limpieza de los funcionarios corruptos, por lo que debería recurrir a su vasta juventud talentosa y bien preparada. Finalmente, la reprivatización es una píldora venenosa que hay que evitar.

La revolución naranja no fue un error, pero una causa justa no es garantía de victoria. Los revolucionarios de invierno rusos deben asegurar que su lucha es adecuada e inteligente.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Cuando la tecnofobia se vuelve tóxica

Por Henry Miller, médico y biólogo molecular, profesor de filosofía científica y políticas públicas en la Hoover Institution de la Universidad de Stanford. Fue el director fundador de la Oficina de Biotecnología en la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos (Project Syndicate, 29/02/12):

A finales de los años noventa 1990 apareció un fenómeno singular en los países de todo el mundo. Las empresas de alimentos y bebidas, una tras otra, se rindieron ante los activistas que se oponían a una tecnología nueva y prometedora: la ingeniería genética de las plantas para la producción de ingredientes. Hasta la fecha aún continúan rindiéndose ante dichos activistas.

La cervecería japonesa Kirin y la cervecería danesa Carlsberg eliminaron de sus cervezas ingredientes genéticamente modificados. En los Estados Unidos, el gigante de comida rápida McDonald’s ha prohibido incluir dichos ingredientes en sus menús, los fabricantes de alimentos Heinz y Gerber (en ese momento una división de Novartis, una empresa con sede en Suiza) retiraron dichos ingredientes de sus líneas de alimentos para bebés, y Frito-Lay exigió que sus productores agrícolas dejen de sembrar maíz que había sido genética modificado con el objetivo de hacerlo resistente ante el ataque de insectos.

Estas medidas se han manejado conceptualmente de varias maneras, pero la realidad es que, al ceder ante las demandas de un número minúsculo de activistas hipócritas, las empresas optaron por ofrecer productos menos seguros a los consumidores, con lo que dichas empresas se exponen a riesgos legales.

Cada año en todo el mundo se retienen o se retiran del mercado innumerables productos alimenticios envasados debido a la presencia de contaminantes “totalmente naturales”, como ser partes de insectos, hongos tóxicos, bacterias y virus. Debido a que la producción agrícola es una actividad que se realiza al aíre libre y en la tierra, la contaminación es un hecho con el que se tiene que vivir. A través de los siglos y de manera frecuente el principal culpable de la intoxicación alimentaría masiva ha sido la contaminación por toxinas de hongos que sufren los productos agrícolas no elaborados; este es un riesgo de que se ve exacerbado cuando los insectos atacan a los cultivos de alimentos, abriendo resquebrajaduras que permiten que los hongos (los mohos) obtengan lugares donde desarrollarse.

Por ejemplo, las fumonisinas y algunas otras toxinas de hongos son altamente tóxicas, ya que provocan cáncer de esófago en seres humanos y enfermedades mortales en el ganado cuando se ingiere el maíz infectado. Las fumonisinas también interfieren con la absorción celular de ácido fólico, una vitamina que reduce el riesgo de defectos del tubo neural en los fetos en desarrollo, y por lo tanto puede causar deficiencia de ácido fólico, y defectos como ser la espina bífida, incluso cuando la dieta contiene lo que de otra forma se podría considerar como una cantidad suficiente de dicha vitamina.

Por lo tanto, diversas agencias reguladoras han establecido los niveles máximos recomendados de fumonisinas que se pueden permitir en productos alimenticios elaborados con maíz para humanos y para animales. La forma convencional para cumplir con dichas normas y para evitar el consumo de toxinas de hongos es, simplemente, llevar a cabo pruebas en cereales procesados y no procesados y proceder a descartar aquellos que se determine que están contaminados; este es un enfoque que tiende a fallar y lleva a grandes derroches.

Pero la tecnología moderna, concretamente, la ingeniería genética de las plantas que utiliza la tecnología del ADN recombinante (también conocida como la biotecnología o modificación genética de alimentos), ofrece una manera de prevenir el problema. De manera contraria a las afirmaciones de los críticos de los alimentos biotecnológicos, que insisten en afirmar que los cultivos modificados genéticamente plantean riesgos (en los hechos, no se ha producido ninguno de dichos riesgos) relacionados a nuevos alérgenos o toxinas en los alimentos, los productos de dichos cultivos ofrecen a la industria alimentaria un medio comprobado y práctico para luchar contra la contaminación por hongos en el mismo lugar donde se origina.

Un excelente ejemplo es el maíz que se obtiene al modificar un gen (o genes) mediante un proceso co-transcripcional de corte y empalme utilizando una bacteria inofensiva con el objetivo de obtener variedades comerciales de dichos genes. Los genes bacterianos producen proteínas que son tóxicas para los insectos barrenadores del maíz, pero que son inofensivas para las aves, peces y mamíferos, incluyendo para los seres humanos. A medida que el maíz modificado mantiene a raya a las plagas de insectos, también se reducen los niveles de moho Fusarium, lo que a su vez reduce los niveles de fumonisinas.

Justamente los investigadores de Iowa State University y del Departamento de Agricultura de EE.UU. han determinado que se reduce el nivel de fumonisinas en el maíz modificado hasta en un 80% en comparación con el nivel que está presente en el maíz convencional. De manera similar, un estudio italiano con lechones destetados que fueron alimentados ya sea con maíz convencional o con la misma variedad modificada que sintetiza una proteína bacteriana que confiere resistencia a la depredación de insectos ha determinado que la variedad modificada contenía niveles más bajos de fumonisinas. Es aún más importante el hecho de que los lechones que consumieron el maíz modificado lograron un mayor peso final, lo que se constituye en una medida de su salud en general, a pesar de que no existieron diferencias en la cantidad de alimento que se consumió en ambos grupos.

Teniendo en cuenta los beneficios para la salud, sin tener que entrar a hablar sobre el hecho de que frecuentemente la producción agrícola es más alta y más confiable, los gobiernos deberían introducir incentivos para el uso cada vez mayor de dichos granos y de otros cereales que se han sido genéticamente modificados. Además, cabría esperar que los defensores de salud pública exijan que se cultiven y se utilicen estas variedades mejoradas, un pedido que no es diferente al de que se añada flúor y cloro al agua potable. Y los productores de alimentos que tienen el compromiso de ofrecer los mejores y más garantizados productos a sus clientes deberían entrar en competencia para lograr que los productos modificados genéticamente ingresen al mercado.

Desafortunadamente, nada de esto ha ocurrido. Los activistas siguen oponiéndose a voz en cuello y de manera tenaz a los alimentos genéticamente modificados, a pesar de que ya han transcurrido casi 20 años en los cuales se han demostrado importantes beneficios, incluyéndose entre ellos, el uso reducido de pesticidas químicos (y por lo tanto menos residuos químicos en las vías fluviales), un mayor uso de prácticas agrícolas que evitan la erosión de los suelos, mayores ganancias para los agricultores, y menos contaminación por hongos.

En respuesta a los clamores de los activistas, las autoridades han supeditado a las pruebas y a la comercialización de cultivos genéticamente modificados a reglamentos no científicos y draconianos, lo que conlleva graves consecuencias. Un estudio pionero de la economía política en biotecnología agrícola llegó a la conclusión de que el exceso de regulación causa “demoras en la difusión global de tecnologías probadas, resultando en una menor tasa de crecimiento de la oferta mundial de alimentos y en precios de alimentos que son altos”. Las políticas actuales también crean “desincentivos para invertir en más actividades investigación y desarrollo, lo que conduce a una desaceleración en la innovación de las tecnologías de segunda generación previstas para introducir vastos beneficios para los consumidores y el medio ambiente”.

Todas las personas involucradas en la producción y consumo de alimentos han sufrido: los consumidores (sobre todo en los países en desarrollo) han sido sometidos a riesgos de salud que podrían evitarse, y los productores de alimentos se han puesto en peligro legal debido a que venden productos que se sabe que tienen “defectos de diseño”.

Las políticas públicas que discriminan innovaciones vitales y desalientan la producción de alimentos no son políticas que toman a pecho el interés del público en general.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona  

El sospechoso habitual

Por J. Bradford DeLong, ex Secretario Asistente del Tesoro de EE.UU., profesor de economía en la Universidad de California en Berkeley e investigador de la Oficina Nacional de Estudios Económicos. Traducido del inglés por David Meléndez Tormen (Project Syndicate, 29/02/12): 

En todo el mundo euro-atlántico, la recuperación de la recesión de 2008-2009 sigue siendo lenta y vacilante, convirtiendo en desempleo estructural lo que era un desempleo cíclico fácilmente remediable. Y lo que era un mero hipo en el proceso de acumulación de capital se ha convertido en un prolongado déficit de inversión, lo que significa menores niveles del capital y el PIB real, no solo hoy, mientras aún no se completa la recuperación, sino posiblemente por décadas. 

Uno de los legados de la experiencia de Europa Occidental en la década de 1980 es una regla de oro: cada año que una menor cantidad de personas trabajando y un menor nivel de capital, resultados de una inversión en declive, deprimen la producción $100 mil millones por debajo de lo normal implica que el potencial productivo a pleno empleo en los años siguientes será unos $10 mil millones inferior al que habría habido en condiciones normales.

Las implicaciones fiscales son sorprendentes. Supongamos que Estados Unidos o las economías más importantes de Europa Occidental incrementan sus compras gubernamentales el próximo año en $100 mil millones. Supongamos además que sus bancos centrales, si bien están poco dispuestos a involucrarse aún más en políticas monetarias no convencionales, tampoco están dispuestos a bloquear las políticas de gobiernos electos haciendo contrapeso a sus esfuerzos por estimular sus economías. En ese caso, un simple multiplicador de condiciones monetarias constantes indica que podemos esperar unos $150 mil millones de PIB adicional. Ese aumento, a su vez, genera $50 mil millones en ingresos fiscales adicionales, lo que implica una adición neta a la deuda nacional de apenas $50 mil millones.

¿Cuál es la tasa de interés real (ajustada a la inflación) que EE.UU. o las economías más importantes de Europa Occidental tendrán que pagar por esos $50 mil millones de deuda adicional? Si es un 1%, impulsar la demanda y la producción por $150 mil millones el próximo año significa que hay que recaudar $500 millones cada año en el futuro para evitar que la deuda crezca en términos reales. Si fuera un 3%, el aumento necesario de los ingresos tributarios anuales se elevaría a $1,5 mil millones al año. Si es un 5%, el gobierno necesitaría $2,5 mil millones adicionales por año.

Suponiendo que la producción sigue siendo inferior a la normal y proyecta una sombra del 10% sobre los potenciales niveles futuros de producción, ese adicional de $150 mil millones de la producción significa que en el futuro, cuando la economía se haya recuperado, habrá $15 mil millones de producción adicionales y $ 5 mil millones de ingresos tributarios extra. Los gobiernos no tendrán que subir los impuestos para financiar la deuda adicional que se asuma para financiar estímulos fiscales. En lugar de ello, sería muy probable que el impulso de la oferta a la producción potencial en el largo plazo generado por la política fiscal expansiva baste no solo para pagar la deuda adicional necesaria para financiar el aumento del gasto, sino también para permitir en el futuro recortes adicionales de impuestos sin por ello desequilibrar el presupuesto.

Esta es, por decir lo menos, una situación muy inusual. Normalmente, los multiplicadores aplicados a la expansión de las compras gubernamentales son mucho menores que 1,5, debido a que el banco central no mantiene constantes las condiciones monetarias a medida que el gasto público se expande, sino que actúa para mantener la economía en camino de cumplir el objetivo inflacionario de la autoridad monetaria. Un multiplicador más habitual es el de contrapeso de la política monetaria, de 0,5 o cero.

Más aún, en una situación normal, los gobiernos (incluso el gobierno de EE.UU. y los de Europa Occidental) no pueden elevar la deuda nacional y aún así pagar una tasa de interés real del 1%, o incluso del 3%. Normalmente, los cálculos de las compras gubernamentales nos indican que un pequeño o dudoso impulso a la producción hoy trae consigo una carga financiera más pesada en el futuro, lo que hace que la deuda financiada por la expansión fiscal sea una mala idea.

Pero la situación hoy en día no es en lo absoluto habitual. Hoy la economía mundial está, como hace hincapié Ricardo Cabellero, del MIT, desesperadamente carente de activos seguros. Los inversionistas de todo el mundo están dispuestos a pagar precios extraordinariamente altos por deuda de economías centrales y aceptar tasas de interés muy bajas por ella, ya que valoran como un beneficio extraordinario el poseer un activo seguro que pueden utilizar como garantía.

En este momento, la preferencia de los inversionistas por la seguridad hace que la financiación de la deuda pública adicional sea anormalmente barata, mientras que las sombras de largo plazo proyectadas por la prolongada situación de anormalidad de la producción y el empleo vuelven costosa la lenta recuperación actual. Teniendo en cuenta la necesidad de movilizar recursos inactivos en el corto plazo con el fin de mantener el potencial productivo en el largo plazo, un mayor nivel de deuda sería, como expresara Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro de EE.UU., una bendición nacional.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona  

¿Qué es el sistema antimisiles europeo?

Por Carlota García Encina, Real Instituto Elcano (REAL INSTITUTO ELCANO, 12/01/12):

Tema: El European Phased Adaptive Approach (EPAA) es lo que hoy conocemos como el sistema antimisiles europeo de EEUU que Barack Obama lanzó en sustitución de la denominada “tercera pata” de George W. Bush.

Resumen: Durantes décadas EEUU ha tratado de desarrollar sistemas de defensa antimisil, unos más enfocados a la protección del territorio nacional y otros a la cobertura de las tropas en el exterior y de los aliados. La Administración Obama anunció en septiembre de 2009 un nuevo dispositivo antimisiles en Europa, del que España formará parte, y del que se analizan los aspectos técnicos y políticos. Es además la aportación norteamericana a la OTAN como parte de un futuro escudo aliado. Tanto Bruselas como Washington comparten la percepción de que la amenaza de los misiles balísticos de corto y medio alcance iraníes es real y la más urgente.

Análisis: Los esfuerzos norteamericanos para construir un sistema de defensa contra misiles balísticos se remontan a finales de los años 50. Pero fue Ronald Reagan quien en 1983 impulsó un plan que después todas las Administraciones norteamericanas han tratado de desarrollar de una manera u otra. Reagan dio forma a la Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI, en sus siglas en inglés), apodada peyorativamente como la “Guerra de las Galaxias” por el senador Edward Kennedy, cuyo objetivo principal era proteger el territorio norteamericano de los misiles balísticos intercontinentales rusos. Un plan que ante todo alteraba el principio de disuasión nuclear y la doctrina de la Destrucción Mutua Asegurada (MAD, en sus siglas en inglés), y por lo tanto el frágil balance nuclear que existía entre Moscú y Washington. Hasta entonces, para certificar que cada parte estaba dispuesta a dejarse destruir por su enemigo era necesario no erigir defensas, limitadas drásticamente en el tratado ABM (Anti-Ballistic Missile Treaty) de 1972. Si EEUU empezaba a incrementar sus capacidades de defensa antimisiles más allá de lo establecido, llegaría un momento en que Washington podría tener la capacidad para lanzar un primer ataque contras las fuerzas estratégicas de Moscú, protegiéndose así mismo de la represalia rusa con sus defensas antimisiles. Por otro lado, un incremento de las capacidades de defensa antimisiles llevaría a una reducción de los arsenales nucleares si las defensas llegaban a ser lo suficientemente robustas como para parar un primer ataque del adversario.

Con el anuncio de la SDI, Reagan fue capaz de retomar de la iniciativa estratégica en la Guerra Fría, descolocando a los rusos, que no tenían la economía ni las capacidades para diseñar una iniciativa del estilo y, por lo tanto, las respuestas rusas no fueron más allá de poner en duda la realización del proyecto. Pero los costes eran excesivamente elevados y tecnológicamente el plan estaba aún muy lejos del objetivo, con lo que la disuasión nuclear continuó siendo la mejor arma contra la amenaza soviética.

El final de la Guerra Fría supuso el fin de la confrontación con la antigua URSS y, por tanto, de la amenaza soviética. George H. Bush, en su discurso del Estado de la Nación de enero de 1991, anunció la reducción de la SDI para centrarse en la protección contra ataques balísticos limitados, cualquiera que fuera su origen. El proyecto fue denominado GPALS (Global Protection Against Limited Strikes). Se trataba de proteger el territorio norteamericano contra lanzamientos “accidentales, no-autorizados o deliberados” de terceros países o de las antiguas repúblicas ex-soviéticas. De forma secundaria debería proporcionar protección a las fuerzas desplegadas en el exterior y a los aliados, un objetivo que recobraría más fuerza después del lanzamiento de los misiles Scud durante la Guerra del Golfo de 1991. El plan era perpetuar parte de la arquitectura del antiguo programa, combinando la capa espacial con la defensa desde tierra contra los misiles balísticos tácticos o de teatro (Ground-based Theater Missile Defense, TMD) y la defensa antimisiles nacional (Ground-based National Missile Defense, NMD). El plan se mantuvo activo hasta 1996 con una modesta financiación y desarrollo.

Cuando la Administración Clinton llegó a Washington, puso en marcha una Revisión bottom-up para determinar la estrategia, las estructura de fuerzas y la modernización de las defensas de EEUU en la post-Guerra Fría. La amenaza contra el territorio nacional de un misil balístico por algún Estado de la antigua URSS u otros como China se consideró entonces muy poco probable, y la facilidad para éstos de desarrollar misiles balísticos de largo alcance también. Esta amenaza llegaría, en todo caso, en décadas, y los arsenales de los enemigos se contarían por docenas y no por cientos, como en la Guerra Fría. El concepto de un paraguas global heredado de las décadas anteriores evolucionó entonces hacia un modesto programa de investigación denominado 3+3 NMD Deployment Readiness Program, y los esfuerzos se enfocaron más al desarrollo de las capacidades de defensa contra misiles de teatro (TMD).

Las cosas cambiaron en el segundo mandato de Bill Clinton. La Guerra del Golfo y los conflictos que le siguieron en el mundo evidenciaron que, para los contendientes regionales, la disuasión ya no seguía los patrones de la Guerra Fría, lo que acrecentaba la necesidad de volver a contar con defensas antimisiles. Por otro lado, Clinton se vio empujado por las Cámaras legislativas, con mayoría republicana, a aceptar el desarrollo de las capacidades defensivas contra misiles balísticos de largo alcance y, por tanto, de la NMD. Se tomó como base las conclusiones de un informe publicado en julio de 1998 por la Comisión para Evaluar la Amenaza de Misiles Balísticos, creada dos años antes y liderada por Rumsfeld, donde se subrayaba el incremento de dicha amenaza y se señalaba a países como Irán, Irak y Corea del Norte. Como hecho a propósito, el 31 de agosto del mismo año, Corea de Norte, hizo pruebas nucleares que demostraron un alcance suficiente para tocar territorio norteamericano.

En 1999 la Administración Clinton aprobó la National Missile Defense Act que ordenaba la ejecución “tan pronto como tecnológicamente fuera posible” de un sistema balístico de defensa nacional que protegiera todo el territorio norteamericano de cualquier ataque con misiles, y que sobrepasaría los límites del tratado ABM. Sin embargo, el 1 de septiembre de 2000 el presidente Clinton decidió no autorizar el despliegue del sistema NMD al “no contar con la suficiente confianza en la tecnología, ni la efectividad operativa del sistema”. Las pruebas llevadas a cabo habían fracasado. Se comprometió, sin embargo, a continuar con el desarrollo de la tecnología pero tendría que ser el próximo presidente quien tomara la decisión final.

Para George W. Bush la defensa antimisiles se convirtió en una prioridad, tal y como subrayó en un discurso el 1 de mayo de 2001. Bush pretendía eliminar la diferencia entre TMD y NMD, y ambicionada un sistema global (Ballistic Missile Defense System, BMDS) que defendiera su territorio, sus fuerzas y sus aliados contras misiles de todo tipo de alcance, que integrara capacidades en tierra, mar, aire y espacio, y que pudiesen ser interceptados en cualquier fase de la trayectoria. Una iniciativa que iría acompañada por una reducción importante de efectivos en el exterior y la implementación de una revolución de asuntos militares, en sintonía con su inicial planteamiento de política exterior.

Con los atentados del 11 de septiembre de 2001, la defensa antimisiles fue presentada como una garantía de seguridad ante los “Estados gamberros” y patrocinadores del terrorismo cuyos programas de desarrollo del armamento atómico se aseguraba que estaban muy avanzados, principalmente Irán y Corea del Norte, y algo más lejos Irak.

El plan de Bush dejaba totalmente obsoleto el Tratado ABM, puesto en entredicho desde la desintegración de la URSS y la aparición de amenazas procedentes de otras partes del planeta. Washington, sin embargo, no logró convencer a Moscu de que el Tratado ABM ya no era relevante y que sería más adecuado reemplazarlo por otro tipo de acuerdo. EEUU, por su parte, estaba dispuesto a compartir alguna información sobre los desarrollos de su defensa antimisiles pero no aceptaría ningún límite a sus investigaciones, pruebas o despliegues del sistema. En junio de 2002, EEUU se retiraría del Tratado ABM sin apenas oposición rusa. A finales de 2004 se declaró el inicio de la andadura del sistema con interceptores en Alaska y en California, para hacer frente a la amenaza norcoreana. Serían las dos primeras “patas” del Ground-based Midcourse Defense (GMD) el sistema del BMDS, es decir la defensa terrestre del sistema global que contrarrestaría los misiles balísticos en la fase intermedia de su trayectoria. Otros elementos del BMDS global serían sistemas navales contra misiles de corto alcance, activos espaciales, y redes de mando y control a lo largo del EEUU y el Pacífico.

En 2006, el Pentágono propuso una “tercera pata” del GMD en Europa. La propuesta incluía el despliegue entre 2011 y 2013 de 10 interceptores GBI (Ground-based Interceptors) en Polonia –interceptores que no eran idénticos a los de Alaska y California–, un radar fijo de banda X en la República Checa y otro radar transportable en un país cerca de Irán, que nunca se identificó, además de un sistema de mando, control y soporte de las infraestructuras. La “tercera pata” debía tener capacidad para interceptar al menos cinco misiles intermedios (IRBM) contra Europa o cinco misiles intercontinentales (ICBM) contra EEUU desde Oriente Medio. Garantizaba la defensa del oeste de Europa, no del sureste, y la defensa contra los misiles de alcance intermedio provenientes de Irán era un objetivo secundario del sistema, algo de lo que daba cuenta la propia tecnología del sistema.

El plan europeo no fue bien acogido en el viejo continente. EEUU fue acusado de actuar unilateralmente en territorio europeo para lograr sus acuerdos con Polonia y República Checa, mientras que serían el resto de europeos quienes tendrían que pagar las consecuencias de la oposición rusa al sistema de Bush. Lo positivo fue que impulsó el debate en el seno de la OTAN y en Europa de los sistemas antimisiles, así como las posibilidades de cooperación que se abrían en este ámbito.

En Washington también se cuestionaba el despliegue europeo. Los comités de defensa del Senado y del Congreso norteamericano debatieron sobre posibles alternativas y modificaciones a la “tercera pata”, deliberando sobre la adecuación de la tecnología escogida para hacer frente a las amenazas más inmediatas. Y es que a principios de 2009 la comunidad de inteligencia norteamericana concluyó en un informe clasificado que el desarrollo del programa iraní de misiles de corto y medio alcance avanzaba rápidamente mientras que el de las capacidades intercontinentales (ICBM) iba mucho más lento de lo que anteriormente se había predicho. Concluía que a corto plazo la principal amenaza procedente de Irán sería para los aliados de EEUU así como el personal norteamericano –militar y civil– desplegado en Oriente Medio y en Europa.

El Plan de Obama

El 17 de septiembre de 2009 la Administración Obama anunció la cancelación de la “tercera pata” europea de Bush. En su lugar se estableció el despliegue de una serie de capacidades móviles –basadas en sensores, sistemas de comunicación e interceptores ya existentes– con mayor capacidad de respuesta a la creciente amenaza de misiles balísticos de corto y medio alcance con origen en Irán. Recibió el nombre de European Phased Adaptive Approach (EPAA).

No era ningún secreto que a Obama no le gustaba la defensa antimisiles de su predecesor y que no la consideraba una prioridad. Sin embargo, no sólo la canceló, sino que la sustituyó por una nueva arquitectura. El motivo principal, según la Administración, era la urgente protección frente a Irán, pero se conjugaron otros dos motivos: el coste del sistema en una época de crisis y la viabilidad técnica.

Obama sustituía un sistema que había tenido algunos problemas operativos y de desarrollo con los radares e interceptores, y que con los retrasos no estaría en disposición de dar protección hasta 2017 y no 2013 como en un principio se había establecido. El nuevo sistema se presentaba con la capacidad de utilizar tecnología ya probada y empezar a funcionar en 2011.

Se trata de sistema tierra-mar, apoyado en los Standard Missile -3 (SM-3) –un sistema de armas para interceptar misiles balísticos puesto a prueba desde 2007 con exitosos resultados– y en su continuo desarrollo para obtener versiones superiores para cada una de las cuatro fases del EPAA:

• Fase Uno (hasta 2011): despliegue de buques con el sistema AEGIS, interceptores SM-3 (Block IA) y sensores como el Army Navy/Transportable Radar Surveillance (AN/TPY-2) para haber frente a la amenaza regional de misiles balísticos en Europa.
• Fase dos (hasta 2015): despliegue de la versión avanzada SM-3 (Block IB) en dispositivos tanto en tierra (no fijos) como en mar y sensores más avanzados para ampliar la defensa contra las amenazas de misiles balísticos de corto y medio alcance.
• Fase tres (hasta 2018): despliegue de la versión avanzada SM-3 (Block IIA) para la defensa contra las amenazas de misiles balísticos de alcance corto, medio e intermedio.
• Fase cuatro (hasta 2020): despliegue de la versión avanzada SM-3 (Block IIB) para la defensa contra las potenciales amenazas de misiles balísticos intercontinentales con territorio norteamericano.

El objetivo principal es la protección del personal civil y militar norteamericano y de sus familias, y la protección del territorio y de la población de los aliados europeos. En la tercera fase, alrededor de 2018, se logrará presumiblemente la cobertura de la totalidad del área europea, incluyendo Turquía que se quedaba fuera de la tercera “pata” de Bush. Llegará incluso a proteger a países como Egipto y Arabia Saudí, amenazados también por las capacidades iraníes. De esta manera, y según los cálculos de la Administración Obama, estos países pueden verse menos inclinados a desarrollar sus propias opciones nucleares al estar protegidos en un futuro por el nuevo sistema. Por otro lado, para Israel el sistema de Obama complementaría su sistema de defensa Arrow y daría mayor amplitud a su disuasión. Así, un ataque militar israelí pre-emptive contra las instalaciones de Irán nucleares ya no sería la única opción defensiva de Israel en el caso de que la diplomacia no sea capaz de frenar el desarrollo de las capacidades nucleares iraníes. Todos estos cálculos, enfocados a frenar la carrera nuclear en Oriente Medio, es uno de los principales aciertos del plan europeo de Obama que le ha servido además para ganarse el beneplácito en el exterior. Sin embargo, de puertas para adentro los republicanos ven en él el abandono de la defensa del territorio nacional y por lo tanto el incremento de la vulnerabilidad de EEUU, lo que es cierto sólo en parte.

El EPAA dará también cobertura al territorio norteamericano contra los misiles intercontinentales ICBM aunque haya que esperar al desarrollo de la última fase del proyecto a finales de la década. No hay que olvidar, sin embargo, que existe ya una protección nacional parcial que ofrecen los interceptores GBI en Alaska y California desplegados durante la Administración anterior y que la Administración Obama se ha comprometido a seguir desarrollando. Son unos 30, con capacidad limitada para contrarrestar un ataque de misiles balísticos de largo alcance (nunca podrían neutralizar un ataque parcial ruso, que dispone de unas 1.000 cabezas nucleares y sofisticados misiles balísticos). Además, el despliegue del radar AN/TPY-2 en la primera fase del EPAA hará más efectivos los interceptores de Alaska y California.

El aspecto técnico es otro de los puntos a primera vista más destacables del plan. El SM-3 y sus futuras versiones tienen teóricamente muchas ventajas sobre el anterior interceptor GBI. El SM-3 es más pequeño y se puede integrar en interceptores localizados tanto en mar como en tierra, ofreciendo una amplia flexibilidad geográfica. Además son más baratos, alrededor de 10 millones de dólares por interceptor frente a los 70 millones del GBI. Sin embargo, la parte técnica es mucho más difícil de evaluar de lo que trata de transmitir la Administración. Dos organizaciones, Arms Control Association y la Federation of American Scientists, ponen en entredicho las exitosas pruebas del SM-3 y subrayan la fragilidad del sistema. Afirman que se puede vencer de manera excesivamente simple, y que no es fidedigno en condiciones de combate real.

El debate sobre la veracidad de las pruebas está aún abierto, pero lo que llama la atención es la fe ciega en el sistema SM-3 cuando aún está en la primera fase de su desarrollo. Fue el propio Obama quien afirmó cuando era candidato presidencial que apoyaría un sistema antimisiles sólo cuando hubiera suficientes pruebas que certificaran la viabilidad de la tecnología del sistema. Y aunque ha habido al menos ocho pruebas con el SM-3, el sistema EPAA en su totalidad aún no ha sido adecuadamente testado, como afirmó un representante del US Goverment Accountability Office (GAO) en el Senado norteamericano el 13 de abril de 2011.

No faltaron tampoco las críticas que señalaron el nuevo plan como una concesión a Moscú –como así creían los propios rusos– y no como una manera de responder a las preocupaciones sobre Irán. Ciertamente no fue una concesión, pero el cambio fue un pequeño guiño hacia Rusia para, a cambio, tratar de atraer su apoyo para presionar a Irán. En Polonia y la República Checa –parte de la “tercera pata” de Bush– los periódicos advirtieron que “Rusia había ganado” y que les había notificado los cambios horas antes de su publicación oficial. Para ellos el escudo de Bush significaba principalmente reforzar sus respectivas relaciones militares con los norteamericanos frente a los rusos. Querían tropas de EEUU en su territorio y con Bush las habría y permanentes. Tampoco ayudó la fecha escogida para el anuncio de la nueva arquitectura, al coincidir con el 70 aniversario de la invasión rusa de Polonia. El vicepresidente Joe Biden tuvo que poner freno al malestar y a los malentendidos viajando un mes después a lo respectivos países y abriendo las puertas a su participación en el nuevo sistema. En el caso de Polonia, a pesar de la cancelación de los 10 interceptores GBI, Washington mantuvo la promesa de desplegar misiles Patriot con el objetivo de formar al personal militar polaco. Los Patriot llegaron en mayo de 2010.

En Europa la respuesta al nuevo sistema fue muy positiva. Por un lado, porque las capitales europeas nunca se sintieron totalmente protegidas por el sistema de Bush, que recordemos dejaba sin protección el sureste europeo. Además, en el viejo continente veían la ventaja de dejar de lado las tensas relaciones con Rusia y tenían la sensación que traería a los países europeos de Europa Central más cerca de las estructura de seguridad europeas, reemplazando de este modo su dependencia de EEUU. Otro aspecto importante era la intención de Washington de que su nueva arquitectura fuera multinacional y se integrara en la OTAN, abandonando por tanto la centralidad de mando del anterior sistema.

La primera fase del EPAA se inició en marzo de 2011 con el despliegue del USS Monterrey –un crucero de misiles guiados– en el Mediterráneo (su presencia en junio en el Mar Negro, para llevar a cabo unos ejercicios navales con Ucrania, provocó las iras rusas). Esta fase incluye además 26 interceptores THAAD, que protegen contra misiles tácticos y de teatro, y 107 interceptores SM-3. También está previsto cuanto antes el despliegue de un radar AN/TPY-2 en Turquía.

La inclusión de Ankara en este dispositivo europeo es sin lugar a dudas un éxito y un valor añadido, aunque con toda probabilidad será también una fuente de problemas. El acuerdo entre EEUU y Turquía, hecho publico a principios de septiembre de 2011, llegó además en un momento en el Turquía miraba más a Oriente que a Occidente. Según Washington se trata del principal acuerdo con los turcos en materia de cooperación militar desde que, en 2003, Turquía rechazara que los norteamericanos atravesaran su territorio para llegar a Irak.

Los turcos eran perfectamente conscientes de su importancia geográfica, del potencial de sus fuerzas armadas y de su creciente papel en Oriente Medio. Y, tras sopesar costes y beneficios, accedieron a firmar un acuerdo que cumple con sus intereses nacionales. Ankara envió, además, un mensaje sobre la seguridad en los flujos de energía que van hacia Europa pasado por su territorio.

Turquía será responsable de la gestión de la instalación y 50 militares norteamericanos de su protección. Una decisión no exenta de polémica nacional e internacional por la posibilidad de que Israel tenga acceso a la información del radar, al ser aliado de EEUU.

Sin embargo, como parte ya del sistema, Turquía evita que se identifique a Irán como amenaza contra la que defenderse, aunque tema el desarrollo de sus capacidades. Aunque Irán ha dicho estar preparado para atacar el sistema en Turquía en caso de sentirse amenazado, el jefe de la comisión de Exteriores del Parlamento turco, Volkan Bozkir, ha llegado a afirmar que Ankara nunca permitirá que el radar se use contra Irán. Sin duda éste es uno de los elementos más polémicos del sistema.

Además de Turquía, Rumanía firmó también en septiembre de 2011 un acuerdo bilateral con EEUU para acoger 24 interceptores en 2015, en la antigua base áreas de Deveselu. Le seguirá Polonia, que accedió a la colocación de otros tantos interceptores para 2018 en Redzikowo. El acuerdo entre Washington y Varsovia se alcanzó en octubre de 2009, justo un mes después del anuncio del Obama del EPAA. Fue una señal de la importancia país para la nueva arquitectura. El acuerdo entró en vigor en septiembre de 2011 tras completarse el proceso de ratificación.

No ocurrió lo mismo con la República Checa, la otra “tercera pata” de Bush. Después de largas negociaciones que en algunos momentos apuntaron a la posibilidad de que el país albergara un cuartel general o un centro de alerta temprana, se descolgó finalmente del dispositivo al no aceptar un papel mucho más pequeño de lo que esperaba. En cuanto a España, en octubre de 2011 y en el marco de la reunión de ministros de Defensa de la OTAN, se anunció el acuerdo entre Madrid y Washington para que la base de Rota acoja a los buques norteamericano con sistema AEGIS desplegados en el Mediterráneo, como apoyo al sistema antimisiles de la Alianza.

OTAN

El anuncio de un nuevo escudo europeo, junto con el discurso del presidente norteamericano en abril de 2009 sobre la eliminación global de las armas nucleares, llevó a la Alianza Atlántica a la reconsideración del papel de las armas nucleares. Aunque éstas ya se habían reducido considerablemente desde el final de la Guerra Fría, aún seguían jugando un importante papel en los planes aliados. Y aunque la situación no cambiaría en el corto y medio plazo, las iniciativas de la Administración norteamericana sugerían la posibilidad de que en el futuro esas armas no estuvieran desplegadas más en Europa. La OTAN, por tanto, y teniendo en cuenta los avance tecnológico, debía considerar el futuro de la seguridad de sus miembros apoyado cada vez más en los sistemas antimisiles.

En la Cumbre de Lisboa celebrada en noviembre de 2010 los aliados tomaron dos importantes decisiones. Por primera vez acordaron el desarrollo de capacidades para defender las poblaciones y los territorios contra ataques de misiles balísticos, y no sólo las fuerzas desplegadas en el teatro de operaciones, como uno de los elementos principales de la defensa colectiva. En segundo lugar, acordadron la decisión de buscar la cooperación con Rusia en la defensa antimisiles.

La necesidad de la OTAN de disponer de un sistema de defensa antimisiles que protegiera no sólo el “teatro de operaciones” sino los “territorios” llevó a aceptar gustosamente el EPAA como la contribución nacional norteamericana a la futura defensa antimisiles de la OTAN. El EPAA resultaba sobre todo enormemente atractivo en términos económicos ya que requeriría una inversión relativamente pequeña por parte de los aliados. El sistema europeo construido por EEUU se complementaría, además, con el sistema de la OTAN Active Layered Theater Balistic Missile Defense (ALTBMD), que desde 2005 se desarrolla para proteger a las tropas de los misiles de teatro y que deberá culminar en 2018. En agosto de 2011 hubo una primera prueba para comprobar la conjunción de algunos componentes del sistema aliado y el norteamericano. En principio no parece que vaya a haber problemas técnicos y todo apunta a que puedan estar interconectados. Pero más difícil será definir en un futuro la cadena de mandos y por lo tanto establecer quién deberá tomar la decisión final en caso de ataque.

En cuanto a la búsqueda de la cooperación con Rusia, EEUU y la OTAN formalizaron oficialmente la invitación a Moscú para que participara en el futuro sistema europeo antimisiles. Aunque con una idea clara: la OTAN defiende a la OTAN y Rusia defiende a Rusia, y por lo tanto el sistema se mantendrá bajo exclusivo control de la OTAN.

Moscú siempre se ha opuesto al desarrollo y despliegue de cualquier sistema de defensa antimisiles. Primero, porque nunca ha dispuesto de las capacidades tecnológicas ni financieras para competir con estos programas. En segundo lugar, porque cualquier sistema antimisiles en el que Rusia no estuviera y no esté involucrado simplemente no es de su agrado, incluso ahora que parecen más convencidos de que Irán está desarrollando un efectivo arsenal y de que sus capacidades nucleares están aumentando.

Las negociaciones y el diálogo sobre una posible colaboración en este tema, principalmente con EEUU, se han sucedido a lo largo de las décadas, aunque por parte rusa las propuestas han ido siempre encaminadas a ser una alternativa al sistema norteamericano. Si la cooperación entre aliados es ya complicada, compartir tecnología excepcionalmente compleja y con un coste muy alto con las compañías rusas, así como datos e información sensible, o requerir la autorización urgente de los rusos para su utilización no parecen requisitos fácilmente aceptables por los norteamericanos ni por muchos europeos. Por tanto, la visión del secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, de que tener un “único techo se seguridad para protegernos a todos desde Vancouver a Vladivostok” es demasiado atrevida.

A pesar de que lo propios rusos han reconocido que los SM-3 desplegados en Europa no tienen capacidad alguna para contrarrestar los ICBM rusos, y de la inicial buena acogida al nuevo dispositivo europeo de Obama, los militares rusos, siguiendo el juego de la década anterior, siguen pidiendo garantías de que no va dirigido contra ellos. En octubre de 2011, poco después de que Turquía anunciara su participación en el plan, los rusos se quejaron de que Washington llevara la implementación del sistema antimisiles más rápidamente que las conversaciones con Moscú. También lamentaban que la propuesta de cooperación de la OTAN se limitara a que cada parte tuviera su propio sistema antimisiles con enlaces o conexiones en un sistema de alerta temprana.

El 23 de noviembre de este año, el presidente ruso, Dmitry Medvedev, en un inesperado discurso ante la nación, utilizó el tono más duro para arremeter contra el sistema antimisiles europeo. Anunció contra él varias medidas, como la activación de un radar de alerta temprana antimisiles en Kaliningrado, el fortalecimiento de las defensas aéreas y espaciales para proteger sus armas nucleares estratégicas y la posibilidad de desplegar modernos sistemas de armas en el oeste y el sur del país, que podrían incluir la instalación en Kaliningrado de complejos misiles Iskander. Además, amenazó con el posible abandono del nuevo tratado START de abril de 2010, uno de los principales resultados del reinicio de las buenas relaciones con Washington. Eso sí, se abstuvo de amenazar a alguien en concreto, cerrando el discurso con una llamada al diálogo.

Todo apunta a que tras estas amenazadoras declaraciones hay sobre todo razones domésticas. La situación interna del país llevó al gobierno ruso a buscar excusas para desviar la atención, y qué mejor que la retórica antiamericana sobre todo en vísperas de elecciones. Por ello apenas hubo reacciones por parte de los norteamericanos y los aliados al discurso de Medvedev.

Conclusiones: Quedan aún muchos años para que veamos completadas las cuatro fases del EPAA, el dispositivo antimisiles europeo de Obama. Sustituyó al de su antecesor por ser más flexible, más maniobrable y contar con tecnología ya probada, aunque aún está por ver. Está enfocado a neutralizar una amenaza real que, según los documentos de inteligencia, constituyen los misiles balísticos de corto y medio alcance iraníes. En cuanto a estrechar los lazos con Rusia, uno de los objetivos también buscados por la Administración Obama con el nuevo sistema antimisiles, no parece cercano.

Si todo marcha bien, el sistema podrá cubrir la totalidad de Europa y algunos países de Oriente Medio y Norte de África alrededor de 2018, con lo que, según los cálculos norteamericanos, se desincentivarían los deseos nucleares de algunos países. Sin embargo, en algunos casos el efecto puede ser el contrario. Según la Comisión bipartita sobre la Postura Estratégica (bipartisan Strategic Posture Commission), China está incrementando el número de sus fuerzas intercontinentales ICBM en respuesta al programa de defensa norteamericano, lo que a su vez podría forzar a la India y Pakistán a incrementar sus arsenales.

Para la OTAN, el EPAA se ha convertido en uno de los pilares básicos de su futuro escudo aliado. Aunque su atractivos sea sobre todo económico, como ha subrayado en más de una ocasión el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen. Por menos de 200 millones de euros en 10 años y entre 28 aliados se ampliarán considerablemente las capacidades defensivas en una época de austeridad presupuestaria. 

Aunque no todos comparten la idea de que trata de un gasto relativamente bajo. Entre ellos los franceses, que aseguran que le saldrá bastante más caro, y que de todas formas significa menos inversión en armas convencionales que también se necesitan. Porque no todos los aliados están de acuerdo con la urgencia del sistema. Para algunos de ellos, aceptar el proyecto norteamericano era esencialmente una moneda de cambio para el futuro repliegue de las fuerzas nucleares norteamericanas en Europa, siguiendo la premisa de que con más defensa no se necesitará más disuasión.

Con todas las dudas que aún quedan, puesto que el sistema apenas ha empezado a andar, lo que queda claro es que hoy en día EEUU es el único país que posee la tecnología para desarrollar un sistema de defensa antimisiles. Un programa el europeo que, según el secretario de Defensa norteamericano, Leon Panetta, puede verse amenazado por otro factor que no se ha mencionado hasta ahora: la falta de acuerdo en Washington sobre la reducción del déficit en su país.

 Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona  

La Economía Política de la Paz

Por Graciana del Castillo. Era economista principal del gabinete del Secretario General de las Naciones Unidas y como tal fue responsable de diseñar el acuerdo de “intercambio de armas por tierra” del 13 de octubre de 1992. Es la autora de “Rebuilding War-Torn States” (Oxford, 2008) y ha publicado mucho sobre El Salvador (Project Syndicate, 12/01/12):

El 16 de enero se cumple el 20º aniversario del acuerdo de paz entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Este acuerdo, que se firmó en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México, puso fin a una guerra civil de 12 años en la que murieron alrededor de 100.000 personas en un país con una población de cerca de cinco millones.

Los aniversarios ofrecen la oportunidad de reflexionar sobre las lecciones del pasado, así como la de diseñar nuevas políticas para el futuro. Este momento es particularmente apropiado en vista del triste récord en la transición a la paz de países que salen de conflictos: desde el final de la Guerra Fría aproximadamente la mitad de ellos han vuelto al conflicto en cuestión de unos pocos años, mientras que la mayoría de los que pudieron mantener la paz terminaron altamente dependientes de la ayuda externa.

El Salvador se destaca como excepción en ambos aspectos. El cumplimiento de los acuerdos de paz resultó en un cese al fuego perfectamente respetado, a diferencia de países como Angola, Timor-Leste, Iraq, Afganistán y otros, que recayeron en conflicto. El país también logró mantener la paz evitando la dependencia de la ayuda externa.

De hecho, la ayuda externa como porcentaje del ingreso nacional en El Salvador alcanzó sólo el 7% en 1992 y cayó rápidamente desde entonces. En cambio, en Mozambique, un país que también celebra el 20º aniversario de la firma del acuerdo de paz, la ayuda externa superó el 80% del ingreso nacional en 1992, representó el 55% diez años después, y es todavía superior al 20% en la actualidad. La ayuda externa llegó también a niveles extraordinarios en otros países: en Liberia, alcanzó el 178% del ingreso nacional, en la República Democrática del Congo el 100%, en Ruanda el 95%, y en Afganistán llegó a más del 50%.

La experiencia de El Salvador fue instrumental en señalar los peligros de la falta de colaboración entre las Naciones Unidas, que apoyó la negociación y la puesta en práctica del acuerdo de paz, y las instituciones de Bretton Woods (el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial), que apoyaron el programa de reactivación de la economía. Los enfrentamientos entre estas organizaciones pusieron en peligro la paz nueve meses después del acuerdo de Chapultepec, cuando el gobierno no pudo iniciar el  “intercambio de armas por tierra” que era un programa clave del acuerdo.

Por ejemplo, después de que las dos partes del conflicto aceptaran una renegociación de este programa – el principal canal para la reinserción productiva de los ex combatientes y simpatizantes del FMLN – el Banco Mundial rechazó un pedido de la ONU para apoyarlo. El Banco argumentó que no podía ignorar el “principio de equidad” que guía las actividades normales de desarrollo con el fin de dar preferencia a unos pocos, cuando había 300.000 campesinos sin tierra en El Salvador.

En última instancia, esa temprana y dura experiencia convenció al FMI, al Banco Mundial, y a otras instituciones sobre la necesidad de trabajar más estrechamente en temas de seguridad humana en operaciones posteriores en Angola, Guatemala, y los Balcanes. Las instituciones de Bretton Woods finalmente llegaron a aceptar que la reconstrucción económica no es “desarrollo normal”, y se hicieron más sensibles a las necesidades específicas y a la idiosincrasia de los países afectados por conflictos. En su Informe sobre el Desarrollo Mundial del 2011, el Banco Mundial tardíamente reconoció que “Para romper los ciclos de inseguridad y reducir el riesgo de recurrencia de conflictos, las autoridades nacionales y sus socios internacionales deberían crear instituciones legítimas que puedan ofrecer … una participación en la sociedad a grupos que de lo contrario podrían recibir más respeto y reconocimiento si se dedicaran a la violencia armada … ”

Esto era precisamente lo que el acuerdo de armas por tierra pretendía lograr – y podría haber logrado con mayor éxito si el Banco Mundial hubiera otorgado su apoyo en el momento en que la ONU se lo había solicitado. A su vez, la ONU se ha vuelto también más consciente de la importancia clave de la reactivación de la economía para poder abordar adecuadamente las graves consecuencias financieras de la paz y llevar a cabo los programas relacionados con ésta.

Lamentablemente, El Salvador no se pudo beneficiar plenamente de estos cambios de política. En retrospectiva, la salida temprana de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) en 1995, antes de la finalización prevista de los programas de paz acordados, fue un error. La insuficiencia de recursos de MINUSAL (la operación de la ONU que la reemplazó) y, aún más importante, la actitud del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y del Banco Mundial de manejar la situación como si fuera “development as usual”, ignorando las secuelas del conflicto, junto con una menor participación de donantes importantes, contribuyó al fracaso de la comunidad internacional en apoyar a El Salvador para que los programas de reinserción fueran sostenibles.

A medida que los ex combatientes abandonaban el programa de tierra y otros programas de reinserción debido a esa falta de apoyo, no resultó extraño que recurrieran a actividades ilegales o criminales como modo de vida. Esto, conjuntamente con la política de la administración Clinton de deportar a cientos de pandilleros salvadoreños que se habían asentado ilegalmente en los Estados Unidos durante la guerra, dio lugar a un fuerte aumento de la delincuencia y de la inseguridad pública, lo cual ha sido un gran freno a la inversión.

Además de esto, el costo fiscal de dos grandes terremotos que afectaron al país a principios de 2001 (y de otros desastres naturales) ha socavado la buena gestión macroeconómica y ha limitado los recursos disponibles para el desarrollo y la seguridad.

En otros aspectos el balance es muy positivo. Se mantuvo la paz y se evitó en gran medida la dependencia de la ayuda externa. La transición política y la alternancia en el poder entre el partido ARENA de derecha y el izquierdista FMLN se llevó a cabo sin mayores problemas. El ingreso per cápita se ha más que triplicado, y la posición del país en el índice de desarrollo humano de la ONU ha mejorado significativamente, con la caída de la tasa de pobreza del 66% antes del acuerdo de Chapultepec a 38% en la actualidad.

La experiencia de El Salvador ofrece sin dudas lecciones claves que deben servir de modelo para otras transiciones a la paz. En particular, como lo vemos hoy en Iraq, Afganistán y otros lugares, la política económica debe, en primer lugar, cumplir con el objetivo de evitar que resurja el conflicto.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona   

Los huevos éticos de Europa

Por Peter Singer, profesor de bioética en la Universidad de Princeton y profesor laureado en la Universidad de Melbourne. Algunos de sus libros son Animal Liberation (“Liberación animal”), Practical Ethics (“Ética práctica”), The Expanding Circle (“El círculo en expansión”) y The Life You Can Save (“La vida que podéis salvar”). Traducido del inglés por Carlos Manzano (Project Syndicate, 12/01/12):

Hace cuarenta años, me encontraba, junto con unos cuantos estudiantes más, en una calle bulliciosa de Oxford repartiendo octavillas a fin de protestar por la utilización de jaulas para gallinas en granjas de avicultura intensiva. La mayoría de quienes cogían las octavillas no sabían que los huevos que compraban procedían de gallinas mantenidas en jaulas tan pequeñas, que ni siquiera una sola ave –las jaulas suelen albergar cuatro– podría estirar del todo las alas y aletear. Las gallinas nunca podrían caminar por ellas ni poner los huevos en un nido.

Muchas personas aplaudieron nuestro idealismo juvenil, pero nos decían que no abrigaban esperanza alguna de que se pudiera cambiar jamás una industria importante. Sin embargo, estaban equivocadas.

El primer día de 2012, mantener gallinas en semejantes jaulas pasó a ser ilegal no sólo en el Reino Unido, sino también en los 27 países de la Unión Europea. Se puede seguir manteniendo gallinas en jaulas, pero deben tener más espacio y en ellas debe haber nidos y un sitio en el que puedan escarbar. El mes pasado, los miembros de la Fundación Británica pro Bienestar de las Gallinas preparó un nuevo hogar para una gallina llamada “Libertad”. Según dijeron, era una de las últimas gallinas de Gran Bretaña que seguía viviendo en el tipo de jaulas a las que nos habíamos opuesto.

A principios del decenio de 1970, cuando comenzó el movimiento moderno de liberación animal, ninguna organización importante hacía campaña contra las jaulas de avicultura intensiva. Hacía mucho que la Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad con los Animales, madre de todas las organizaciones de protección de los animales, había abandonado su radicalismo inicial. Se centró en casos aislados de maltrato y no impugnó formas muy arraigadas de maltratar animales en granjas o en laboratorios. Fue necesario un empeño concertado por parte de los nuevos radicales pro animales del decenio de 1970 para sacar a dicha Sociedad de su complacencia con las jaulas de las granjas de avicultura intensiva y otras formas de cría intensiva de animales.

Con el tiempo, el nuevo movimiento en pro de los derechos de los animales logró llegar hasta el público más amplio. Los consumidores respondieron comprando huevos de gallinas de corral. Algunas cadenas de supermercados dejaron incluso de vender huevos de gallinas mantenidas en jaulas en granjas de avicultura intensiva.

En Gran Bretaña y en algunos países europeos, el bienestar de los animales adquirió relieve político y aumentó la presión de los representantes parlamentarios. La Unión Europea creó un comité científico para investigar las cuestiones relativas a las jaulas en las granjas y éste recomendó que se prohibieran las jaulas de las granjas, junto con otras formas de confinamiento de cerdos y terneros en espacios reducidos. Por fin en 1999 se aprobó la prohibición de las jaulas en las granjas de avicultura intensiva en la UE, pero, a fin de velar por que los productores tuvieran tiempo suficiente para ir abandonando progresivamente el equipo en el que habían invertido, se aplazó su aplicación hasta el 1 de enero de 2012.

Dice mucho en su favor que la industria británica dedicada a la producción de huevos aceptara la situación e idease nuevos métodos para mantener las gallinas. Sin embargo, no todos los países están igualmente listos para ello y se ha calculado que hasta 80 millones de gallinas pueden seguir en jaulas en granjas de avicultura intensiva, pero al menos 300 millones de gallinas que habrían tenido vidas durísimas en dichas jaulas se encuentran ahora en condiciones mucho mejores y la burocracia de la UE está recibiendo grandes presiones para que se imponga el cumplimiento de la prohibición en todas partes, en primer lugar por parte de los productores de huevos que ya la cumplen.

Con la prohibición de las jaulas en las granjas de avicultura intensiva, Europa confirma su primer puesto mundial en materia de bienestar de los animales, reflejado también en sus limitaciones de la utilización de animales para hacer ensayos de cosméticos, pero, ¿por qué está Europa tan adelantada respecto de otros países en su preocupación por los animales?

En los Estados Unidos no hay una legislación federal sobre cómo albergan sus gallinas los productores de huevos, pero, cuando se planteó esa cuestión a los votantes de California en 2008, apoyaron abrumadoramente la propuesta de exigir que todos los animales de granja tuvieran espacio para estirar las extremidades enteramente y darse la vuelta sin tocar otros animales o los lados de su jaula, lo que indica que el problema no puede estribar en las actitudes de los ciudadanos de los EE.UU, sino en que, en el nivel federal, el sistema político de este país permite a las industrias que hacen importantes donaciones a los candidatos a las elecciones disponer de demasiado poder para desoír los deseos de las mayorías populares.

En China, que, junto con los EE.UU., es el país que confina un mayor número de gallinas en jaulas, está empezando a surgir un movimiento en pro del bienestar de los animales. Por el bienestar de miles de millones de animales de granja, debemos desearle un rápido crecimiento y éxito.

El comienzo de este año es un momento para celebrar un importante avance en materia de bienestar de los animales y, por tanto, en el caso de Europa un paso para llegar a ser una sociedad más civilizada y humanitaria, que dé muestras de preocupación por todos los seres que pueden sufrir. También es una ocasión para celebrar la eficacia de la democracia y el poder de una idea ética.

Cuentan que la antropóloga Margaret Mead dijo: “No se debe dudar nunca que un grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos puedan cambiar el mundo. De hecho, sólo así se ha conseguido siempre”. La última parte puede no ser cierta, pero la primera lo es sin lugar a dudas. El fin de las jaulas en las granjas de avicultura intensiva de Europa es un acontecimiento menos espectacular que la “primavera árabe”, pero, como ese levantamiento popular, comenzó con un grupo de personas reflexivas y comprometidas.

 Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona  

Los peligros de 2012

Por  Joseph E. Stiglitz, catedrático en la Universidad de Columbia, premio Nobel de Economía, y autor de Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy. Traducido al español por Leopoldo Gurman (Project Syndicate, 12/01/12):

El año 2011 será recordado como la época en que muchos estadounidenses que siempre habían sido optimistas comenzaron a renunciar a la esperanza. El presidente John F. Kennedy dijo una vez que la marea alta eleva todos los botes. Pero ahora, con la marea baja, los estadounidenses no solo comienzan a ver que quienes tienen mástiles más altos han sido elevados mucho más, sino que muchos de los botes más pequeños han sido destrozados por el agua.

En ese breve momento en que la marea creciente estaba, efectivamente, subiendo, millones de personas creyeron que tenían buenas probabilidades de cumplir su «sueño americano». Ahora también esos sueños están retirándose. En 2011, los ahorros de quienes habían perdido sus empleos en 2008 o 2009 ya se habían gastado. El seguro de desempleo se había terminado. Los titulares que anunciaban nuevas contrataciones –aún insuficientes para incorporar a quienes habitualmente se suman a la fuerza laboral– significaban poco para cincuentones con pocas ilusiones de volver a tener un empleo.

De hecho, las personas de mediana edad que pensaron que estarían desempleadas por unos pocos meses, se han dado cuenta a esta altura de que, en realidad, fueron jubiladas a la fuerza. Los jóvenes graduados universitarios con decenas de miles de dólares de deuda en créditos educativos no podían encontrar ningún empleo. La gente se mudó a las casas de sus amigos y los parientes se han convertido en sin techo. Las casas compradas durante la burbuja inmobiliaria aún están en el mercado, o han sido vendidas con pérdidas. Más de 7 millones de familias estadounidenses han perdido sus hogares.

El oscuro punto vulnerable de la burbuja financiera de las décadas anteriores también ha quedado completamente expuesto en Europa. Los titubeos por Grecia y la devoción de los gobiernos nacionales clave por la austeridad comenzaron a implicar una pesada carga el año pasado. Italia se contagió. El desempleo español, que se había mantenido cerca del 20% desde el comienzo de la recesión, trepó aún más. Lo impensable –el fin del euro– comenzó a verse como una posibilidad real.

Este año parece encaminado a ser aún peor. Es posible, por supuesto, que Estados Unidos solucione sus problemas políticos y adopte finalmente las medidas de estímulo que necesita para reducir el desempleo al seis o siete por ciento (el nivel previo a la crisis de cuatro o cinco por ciento es demasiado pedir). Pero esto es tan poco probable como que Europa se dé cuenta de que la austeridad por sí misma no resolverá sus problemas. Por el contrario, la austeridad solo exacerbará la desaceleración económica. Sin crecimiento, la crisis de la deuda –y la crisis del euro– solo empeorarán. Y la larga crisis que comenzó con el colapso de la burbuja inmobiliaria en 2007 y la recesión que la siguió, continuarán.

Además, es posible que los países con los mercados emergentes más importantes, que capearon exitosamente las tormentas de 2008 y 2009, no sobrelleven tan bien los problemas que se perciben en el horizonte. El crecimiento brasileño ya se ha detenido y eso genera ansiedad entre sus vecinos latinoamericanos.

Mientras tanto, los problemas de largo plazo –incluido el cambio climático y otras amenazas ambientales, y la creciente desigualdad en la mayoría de los países del mundo– continúan allí. Algunos incluso han empeorado. Por ejemplo, el alto desempleo ha deprimido los salarios y aumentado la pobreza.

La buena noticia es que solucionar estos problemas de largo plazo ayudaría a resolver los de corto plazo. Una mayor inversión para adaptar la economía al calentamiento global ayudaría estimular la actividad económica, el crecimiento y la creación de empleo. Impuestos más progresivos, que redistribuyan desde los ingresos altos hacia los medios y bajos, simultáneamente reducirían la desigualdad y aumentarían el empleo al impulsar la demanda total. Los impuestos más elevados a los ricos podrían generar ingresos para financiar la necesaria inversión pública, y proporcionar cierta protección social para quienes menos tienen, incluidos los desempleados.

Incluso sin ampliar el déficit fiscal, esos aumentos de «presupuesto equilibrado» en los impuestos y el gasto reducirían el desempleo y aumentarían el producto. Lo que preocupa, sin embargo, es que la política y la ideología en ambos lados del Atlántico, pero especialmente en EE. UU., no permitirá que nada de esto ocurra. La fijación en el déficit inducirá recortes en el gasto social, empeorando la desigualdad. De igual manera, la persistente atracción hacia la economía de oferta, a pesar de toda la evidencia su contra (especialmente en períodos de alto desempleo), evitará que se aumenten los impuestos a quienes más tienen.

Incluso antes de la crisis hubo un reordenamiento del poder económico –de hecho, una corrección de una anomalía con 200 años de historia, en la que la participación asiática del PBI global cayó desde cerca del 50% a, en cierto punto, menos del 10%. El compromiso pragmático con el crecimiento que se percibe actualmente en Asia y otros mercados emergentes destaca frente a las equivocadas políticas occidentales, que, impulsadas por una combinación de ideología e intereses creados, parecen casi reflejar un compromiso para evitar el crecimiento.

Como resultado, la reestructuración económica global probablemente se acelere. Y casi inevitablemente dará lugar a tensiones políticas. Con todos los problemas que enfrenta la economía global, seremos afortunados si estas presiones no comienzan a manifestarse dentro de los próximos doce meses.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona