jueves, junio 30, 2011

Terrorismo alimentario en el mágico mundo de Disney

Por Amy Goodman (Democracy now!, 30 de junio de 2011)

Escuche (en español)

Cuando piensa en “terrorismo alimentario,” ¿qué es lo que se imagina? ¿Complots diabólicos para contaminar productos en las góndolas de los supermercados? Si usted fuera Buddy Dyer, el alcalde de Orlando, Florida, podría haberse imaginado a un grupo que sirve alimentos a personas sin hogar en uno de los parques de la ciudad. Por estos días se está mencionando mucho al alcalde Dyer precisamente por que consideró que los activistas del colectivo Food Not Bombs de Orlando son “terroristas alimentarios.” En las últimas semanas, al menos veintiún personas fueron arrestadas en Orlando, la ciudad de Disney World, por servir gratuitamente comida en un parque.

Food Not Bombs, o como se le llama en español “Comida, no bombas”, es una organización internacional de base que lucha contra el hambre. Como su nombre lo indica, es un movimiento que se opone a la guerra. En su página de internet dice: “Food Not Bombs comparte gratuitamente alimentos veganos y vegetarianos con personas que padecen hambre en más de mil ciudades alrededor del mundo como forma de manifestarse contra la guerra, la pobreza y la destrucción del medio ambiente. Habiendo más de mil millones de personas que pasan hambre cada día, ¿cómo es posible que gastemos más dólares en la guerra?” Los lunes a la mañana y los miércoles a la noche, el colectivo de Orlando coloca una mesa en el parque Lake Eola Park de esa ciudad y sirve allí la comida que prepara.

Desde hace un tiempo, la policía de Orlando viene arrestando a quienes sirven los alimentos. Hace poco, por ejemplo, arrestó a Benjamin Markeson, que estaba perplejo cuando me dijo: “Creemos que terrorismo es arrestar gente por intentar compartir comida con las personas pobres y hambrientas de la comunidad y satisfacer así una necesidad de la propia comunidad. Lo único que hacemos es venir al parque y servir comida a personas pobres que tienen hambre. No sé cómo pueden calificar a eso de terrorismo.”

El abogado Shayan Elahi tampoco lo sabe. Como representante del colectivo Food not Bombs de Orlando ante la justicia, presentó una petición para obtener una medida cautelar contra las acciones llevadas a cabo por la municipalidad ante el juzgado del noveno distrito judicial de Florida, presidido por el magistrado Belvin Perry Jr. El juez Perry apareció en las noticias últimamente como el sensato juez que entiende en el juicio por asesinato contra Casey Anthony, que se lleva a cabo actualmente en Orlando. Mientras que las cadenas de cable realizan una cobertura completa de lo que sucede en el juzgado, Elahi espera que Perry tenga tiempo para ocuparse en persona del caso.

En el centro de la cuestión se encuentra una ordenanza municipal, la ordenanza de “Alimentación a grandes grupos,” que exige la solicitud de un permiso a los grupos que deseen servir alimentos, aunque sea en forma gratuita, a grupos de veinticinco personas o más. Todo grupo puede gestionar dichos permisos sólo dos veces por año. Food Not Bombs Orlando ya utilizó las dos autorizaciones que recibió para este año.

La Asociación por los Derechos Civiles de Florida ha solicitado al Alcalde Dyer que ofrezca una disculpa por calificar al grupo Food Not Bombs de “terrorista”. El acto delictivo no debería ser ofrecer comida a más de veinticinco personas, sino que más de veinticinco personas necesiten alimentos.

El Dr. Elahi vincula estas medidas represivas al proceso de gentrificación que está planificado para el centro de Orlando: “El alcalde creó el Consejo de Desarrollo del centro de Orlando y su objetivo general es básicamente expulsar a todos aquellos que, según ellos son ‘los otros’ y no se adecuan a su idea de quién debería estar en el centro. Y estamos tratando de mostrarle al alcalde que los tiempos han cambiado, que estamos en un momento en el que todo el mundo sufre y que cada vez más personas de las que vienen cuando servimos alimentos de Food Not Bombs son trabajadores pobres.”

Una resolución aprobada la semana pasada por la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos expresa cabalmente el mensaje principal de Food Not Bombs. En la resolución, los alcaldes exhortan al gobierno a poner fin a las guerras en Afganistán y en Irak cuanto antes sea estratégicamente posible, y destinar el dinero a satisfacer las necesidades vitales que tenemos aquí, en Estados Unidos.

La región central de Florida se ha visto duramente golpeada por la recesión y figura entre los lugares con más altos índices de ejecuciones hipotecarias y quiebras del país. La Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación recientemente advirtió que se prevé que los precios de los alimentos se mantengan elevados durante lo que resta del año. La misma proyección se hace para los próximos. A principios de este año, los precios de los alimentos alcanzaron los niveles observados durante la crisis alimentaria de 2007 y 2008, que hizo estallar disturbios en varios países pobres del mundo. En Grecia, las masivas manifestaciones de protesta y la huelga general contra las medidas de austeridad han paralizado Atenas.

Una de las canciones más famosas de Disney, que no queda muy lejos de Lake Eola Park, se llama “Muy pequeño el mundo es” y dice así: “Compartimos tanto, que es hora de darnos cuenta, de que después de todo, el mundo es muy pequeño.” Hagamos que la fantasía se convierta en realidad. Compartir alimentos no debe ser un delito.

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2011 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Fernanda Gerpe y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 600 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 300 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

miércoles, junio 22, 2011

Operaciones navales de la OTAN en el Mediterráneo

Por José María Treviño, Almirante de la Armada Española (REAL INSTITUTO ELCANO, 21/06/11):

Tema: La OTAN viene desarrollando operaciones navales en el Mediterráneo desde su creación, aunque en los últimos años han tenido mayor notoriedad sus actividades relacionadas con la lucha contra el terrorismo desde 2001 y para respaldar el embargo de armas a Libia en 2011.

Resumen: La OTAN siempre ha tenido interés por el Mediterráneo, por lo que ha mantenido en ese mar una estructura de mando, contado con agrupaciones navales, realizado ejercicios navales y llevado a cabo operaciones militares reales para imponer el embargo naval en los conflictos de Bosnia y Kosovo, luchar contra el terrorismo o la piratería y, ahora, llevar a cabo otro embargo marítimo frente a Libia. Este ARI describe la evolución de la estructura de mando y fuerzas, así como de las operaciones navales hasta llegar a la operación Unified Protector con la que se impone el embargo marítimo a Libia.

Análisis: Al crearse la OTAN en 1949 y nacer con vocación marítima, para unir la orilla occidental europea con la oriental norteamericana en caso de conflicto con la URSS, no olvidó la importancia del Mediterráneo, estableciendo uno de sus mandos operacionales principales en Nápoles, ciudad que también contaría con el Mando Componente Marítimo (MCM) en la isla de Nisida, en la amplia bahía napolitana. Prácticamente desde su creación, la OTAN dispuso de una serie de agrupaciones navales de buques de superficie tipo destructor/fragata y otro de buque de medidas contra minas tipo cazaminas. Estas agrupaciones en número de cuatro, fueron repartidas por igual en el Atlántico y en el Mediterráneo con la diferencia que las primeras eran permanentes y las segundas on call, es decir sobre aviso pasando a denominarse STANAVFORLANT la agrupación de escoltas del Atlántico y NAVOCFORMED la del Mediterráneo. En 1992, y con ocasión del conflicto yugoslavo, la agrupación de escoltas del Mediterráneo pasó a ser también permanente denominándose STANAVFORMED. En la última reorganización de la Alianza, ambas agrupaciones cambiaron de nombre el 1 de enero de 2005 denominándose Standing NATO Maritime Groups 1 y 2 (STNMG1 y 2), respectivamente, mientras que los dos grupos de medidas contra minas se denominarían igualmente Standing NATO MCM Group 1 y 2 (SNMCMG1 y 2), refiriéndose siempre el 1 al Atlántico y el 2 al Mediterráneo.

El mando operativo de los Grupos del Atlántico radica en el Cuartel General Marítimo Aliado en Northwood (MCC Northwood), Reino Unido, bajo el mando del almirante británico Trevor Howard, y los del Mediterráneo en el Cuartel General Marítimo de Nápoles (MCC Naples) bajo el almirante italiano Rinaldo Veri. Ambos almirantes dependen, a su vez, del comandante del Mando de Fuerzas Conjunto de Brunssum, Países Bajos, en el caso de Northwood y del de Nápoles en el caso del MCC Naples. Elgeneral alemán Wolf Langheld tiene bajo su mando el Joint Forces Command Brunssum y el almirante norteamericano Samuel J. Locklear III manda el Joint Forces Command Naples. Tradicionalmente, el Mando Aliado de Nápoles ha estado siempre dirigido por un almirante norteamericano, mientras que el de Brunssum lo ha estado bajo un general del Ejército de Tierra. Ambos oficiales generales dependen a su vez del comandante supremo de Europa (SACEUR en sus siglas de inglés) siendo, al contrario de Nápoles y por primera vez en su historia, el comandante del Mando de Operaciones un almirante norteamericano, a pesar de su apellido griego, James Stavridis, que depende en temas militares del Comité Militar y siempre bajo la dirección política del Consejo del Atlántico Norte (NAC), tal y como refleja la Figura 1.
Centrándonos en la Grupo Marítimo Permanente del Mediterráneo o SNMG2, hay que aclarar que es una fuerza marítima integrada multinacional, formada por navíos de las naciones miembros de la Alianza que operan conjuntamente como una sola unidad. El Grupo está permanentemente disponible para realizar una serie de cometidos al servicio de la Alianza, desde realizar ejercicios de adiestramiento hasta su participación en una respuesta de crisis y misiones reales de combate. Aunque su área normal de actuación es el Mediterráneo, puede ser desplazado allí donde la OTAN requiera su actuación, como es el caso del Océano Indico para luchar contra la piratería. La composición del Grupo varía de acuerdo con los navíos que aporten las naciones miembro, pero normalmente son siete u ocho escoltas tipo destructor o fragata, y su mando es rotatorio entre las naciones participantes que aporten buques. Actualmente el comandante del SNMG2 es el comodoro (OF 5) neerlandés Michiel B. Hijmans, que recibe órdenes directas del Mando Marítimo aliado de Nápoles, bajo el almirante Rinaldo Veri. Una de las actividades del SNMG1es la escala en puertos del Mediterráneo no sólo de los Estados miembros de la OTAN sino también de los que forman parte del Partenariado para la Paz, el Diálogo Mediterráneo o la Iniciativa de Cooperación de Estambul, siendo estas dos últimas los foros de cooperación de la OTAN con siete países árabes de la zona.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Consejo Atlántico movilizó la Agrupación Naval del Mediterráneo –todavía con las siglas de STANAVFORMED–, dentro de la operación Active Endeavour (OAE) para luchar contra el terrorismo internacional en aplicación del artículo 5 del Tratado de Washington. Desde el 6 de octubre de 2001, primero la STANAVFORMED y luego el SNMG2 han participado en apoyo de la operación Active Endeavour cuando han sido requeridos. En octubre de 2008 y a petición de las Naciones Unidas, el SNMG2 fue destacado a las aguas de Somalia para defender y proteger a los buques del Programa Mundial de Alimentosde los ataques de los piratas dentro de la Operación Allied Provider, permitiendo a los navíos fletados por ese Programa llevar alimentos a la población somalí. El 12 de diciembre de 2008 la agrupación fue relevada por el SNMG1no sin antes haber asegurado la llegada de 30.000 toneladas de alimentos al puerto de Mogadiscio, habiendo participado en la operación 1.000 marinos de la SNMG2.Posteriormente en junio de 2009 la SNMG2 volvió a participar en la misma operación, esta vez con el nombre de Ocean Shield, hasta noviembre de 2009 en sustitución de la SNMG1.

En el ámbito de la guerra de minas, la Standing NATO MCM Group 2, es una fuerza marítima multinacional integrada, formada por buques de medidas contra minas que operan juntos como una sola unidad para realizar una serie de cometidos que van desde los simples ejercicios hasta una respuesta de crisis y operaciones reales. Normalmente el SNMCMG2 opera en el Mediterráneo, pero puede ser destacado allí donde la Alianza lo requiera. Este Grupo se forma con las aportaciones de cazaminas y buques de mando de la OTAN y su mando que rota entre las naciones que aportan buques. El comandante actual del Grupo es el capitán de navío griego Georgios Pelekanakis, que recibe órdenes directas del almirante Rinaldo Veri desde Nápoles.

La capacidad de medidas contra minas permanente de la OTAN en el Mediterráneo fue activada el 27 de mayo de 1999, con el nombre de Mine Counter Measures Force Mediterranean (MCMFM) y normalmente comprende unos ocho buques del tipo cazaminas y un buque de mando/apoyo. El 3 de septiembre de 2001, la Fuerza cambió su nombre por el de MCMFORSOUTH, al haber cambiado su nombre el Mando de Nápoles por el de AFSOUTH (Allied Forces South) para volverlo a cambiar de nuevo el 1 de enero de 2005 de forma acorde con la nueva organización, por el actual de SNMCMG2, haciendo a este Grupo parte de la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF en sus siglas inglesas).

Tan sólo un mes después de su creación, el Grupo fue destacado al Mar Adriático para limpiarlo de las minas sembradas durante la Operación Allied Force. En ese momento la MCMFM estaba formada por 11 cazaminas de Bélgica, Dinamarca, Grecia, Italia, los Países Bajos, Turquía, el Reino Unido y EEUU. La Operación denominada Allied Harvest, comenzó el 9 de junio de 1999 y duró 73 días, inutilizando y eliminando un total de 93 minas en las 1.041 millas cuadradas asignadas a la OTAN. El Grupo también participa cuando es requerido, en la operación Active Endeavour contra el terrorismo.

Los ejercicios navales de la OTAN en el Mediterráneo

La eficacia de una fuerza o agrupación naval, depende de su grado de adiestramiento. Si además nos referimos a una fuerza combinada, es decir, formada por unidades de unidades de diferentes naciones, el adiestramiento de la unidad es vital para unificar procedimientos, métodos y capacidades para el combate, dado que cada uno de los buques del Grupo tendrá unas características diferentes. Como ejemplos más significativos del adiestramiento de la OTAN en el Mediterráneo en el 2011, cabe destacar los ejercicios Proud Manta, Noble Mariner y Bold Monarch en lo que se refiere a buques de superficie y submarinos y el ejercicio Italian Minex en lo referente a guerra de minas.

En el Proud Manta11, ejercicio antisubmarinorealizado en el Mar Jónico entre el 4 y el 17 de febrero de este año, participaron 10 naciones con un total de ocho buques de superficie y seis submarinos, uno de ellos español, además de aviones de patrulla marítima y helicópteros antisubmarinos. La serie de ejercicios Manta proporciona una oportunidad única para experimentar nuevas tácticas contra submarinos convencionales y nucleares. En esta ocasión participaron por primera vez helicópteros antisubmarinos Merlin británicos.

El ejercicio Noble Mariner 11, que tuvo lugar entre el 28 de febrero y el 10 de marzo, sirvió para comprobar que el Componente Marítimo de la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF 17), estaba preparado para realizar las operaciones que se le encomendasen en cualquier parte del mundo. Este ejercicio involucró a 3.500 personas de 11 países y 17 buques de guerra, de superficie, incluyendo al español Castilla, que actuó de buque de mando, junto con cuatro submarinos, cazaminas y cinco aviones de patrulla marítima.

El ejercicio Bold Monarch 11, de salvamento y rescate de submarinos, pertenece a la serie de LIVEX, es decir, ejercicios reales no simulados y que dado su costo se realiza cada tres años, alternando normalmente Atlántico y Mediterráneo. Así como el Bold Monarch 08 se realizó en aguas de Noruega, esta vez le tocaba al Mediterráneo, escogiéndose las tranquilas aguas y aplacerados fondos próximos a la costa de San Pedro del Pinatar en Murcia. El Bold Monarch 11 tenía la primicia además de contar con la presencia de un submarino ruso clase Kilo, el Alrosa, que tendría un papel destacado como submarino siniestrado o DISSUB, junto con el submarino español Galerna, un submarino portugués y otro turco. El ejercicio se desarrolló entre el 30 de mayo y el 11 de junio, participando unas 2.000 personas de 20 naciones, culminando con una fase de 48 horas en que se realizó la evacuación de 150 “supervivientes” de los cuatro submarinos, utilizando vehículos submarinos de rescate de Italia, EEUU, Rusia y Suecia, interviniendo equipos médicos con cámaras hiperbáricas de Francia, Grecia, Italia, los Países Bajos, España, Suecia y el Reino Unido. Especial énfasis se hizo en el mando y control de toda la operación de rescate utilizando procedimientos OTAN, pese a que alguno de los países participantes no pertenecían a la Alianza, como Rusia y Suecia. Con 40 naciones en posesión de submarinos, estos ejercicios Bold Monarch levantan una gran expectación en toda la comunidad submarina, incluyendo países como Australia, Brasil, Chile, China, Japón, Pakistán, Perú y Corea del Sur, por lo que muchas de estas naciones envían representantes para observar este extremadamente real ejercicio y sacar sus propias lecciones aprendidas.

En lo referente a guerra de minas, hay que tener en cuenta que cualquier ejercicio importante con buques de superficie, lleva implícito una fase en la que se dragan y limpian las canales de acceso a puertos y zonas de ejercicio, fase en la que intervienen de forma activa los buques de MCM. No obstante, entre el 23 de mayo y el 3 de junio se llevó a cabo en el Mar de Liguria un ejercicio específico de Guerra de Minas denominado Italian MInex 11, dirigido por la Marina Italiana y en la que participó el Standing NATO MCM Group 2 de la OTAN, agrupación que contaba con un buque de mando griego y cinco cazaminas, entre ellos el español Sella. Durante la fase de mar, los cazaminas realizaron operaciones de MCM en las áreas asignadas, levantando numerosas minas de ejercicio, mientras el buque de mando patrullaba la zona para protegerlos de cualquier ataque procedente de la amenaza asimétrica, tan en boga hoy en día.

Operaciones reales en el Mediterráneo

En la actualidad se están llevando a cabo dos operaciones reales en el teatro operacional del Mediterráneo, ambas dirigidas desde Nápoles: Active Endeavour y Unified Protector. La primera de ellas ya mencionada, se inició el 26 de octubre de 2001 y tiene como misión realizar operaciones marítimas en el Mar Mediterráneo para demostrar la resolución de la Alianza para disuadir, defender, interrumpir y proteger a las naciones contra el terrorismo. La OAE ha ido evolucionando desde un operación a pequeña escala hasta lo que es hoy en día, utilizando de forma rotacional los buques de los Standing NATO Maritime Group 1 y 2, en uno de los entornos geoestratégicos más importantes y por el que transitan en todo momento más de 7.000 buques. La Operación se manda en todo momento por el almirante Rinaldo Veri, desde su Cuartel General en la Isla de Nisida, para lo que tiene dos elementos navales a su disposición: la Task Force Endeavour patrullando el Mediterráneo Oriental y un segunda Task Force en el Estrecho de Gibraltar (STROG), que puede ser activada en caso necesario. En esta Operación participan, no sólo las naciones de la Alianza sino un total de 50 países y proporcionan información vital a la base de datos del Maritime Safety and Security Information System (MSSIS) del centro de operaciones del Cuartel General del almirante Veri. Desde el inicio de la OAE, más 100.000 buques mercantes han sido contactados en la mar, siendo abordados 160 por resultar sospechosos, mientras que un total de 488 buques de alto valor han sido escoltados a través del Estrecho de Gibraltar. Con la operación Active Endeavour se ha tratado de disuadir la comisión de atentados terroristas contra los intereses de los países aliados y, de paso, se ha obtenido información sobre tráfico de drogas, transporte ilegal de explosivos, movimientos ilegales de inmigrantes y se han desviado buques sospechosos a puertos aliados para su registro.

Operación “Unified Protector”

Desde que estallase la crisis de Libia y por la decisión del Consejo del Atlántico Norte de intervenir en el país africano, los buques de la Alianza Atlántica, en virtud de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tienen como misión reducir el tráfico de armas, material de guerra y mercenarios con destino a Libia. La participación de la OTAN en esta crisis no tiene otra finalidad que contribuir al esfuerzo internacional para proteger a los civiles en el país norteafricano de la violencia ejercida por las fuerzas del régimen de Gadafi.

La operación Unified Protector está dirigida desde el Cuartel General del Mando Conjunto de Fuerzas en Nápoles (Joint Forces Command Naples) por el teniente general canadiense Charles Bouchard, segundo comandante del JFC Naples y que informa directamente al almirante Stavridis, SACEUR. El embargo marítimo está dirigido por el almirante Rinaldo Veri, comandante del Maritime Command Naples, con su Cuartel General en tierra, en la Isla de Nisida. De él depende directamente el contralmirante italiano Filipo Foffi, que manda desde el 1 de junio la Task Force creada al efecto y que iza su insignia a bordo del portaviones Garibaldi. En el embargo marítimo de la operación Unified Protector (OUP) participan buques de Bélgica, Canadá, EEUU, España, Francia, Grecia, los Países Bajos, Italia, el Reino Unido, Rumanía y Turquía, que aportan una veintena de buques de superficie, entre ellos la fragata española Méndez Núñez, y dos submarinos, comprendido el español Mistral, además de varios aviones de patrulla marítima incluidos dos CN 235 españoles. El área de operaciones de la OUP, en el ámbito marítimo abarca toda la costa de Libia como límite sur, llegando hasta el paralelo de Nápoles como límite norte, extendiéndose al oeste hasta prácticamente la costa de Cerdeña y al este hasta la costra turca. En el curso de las operaciones realizadas hasta la fecha, han sido interrogados 1.119 buques en la mar, siendo abordados para su inspección 66 para ser finalmente enviados a puerto para ser registrados diez buques mercantes.

Pero la intervención de la Task Group aliada no se ha limitado a la interrogación y registro de buques mercantes para implementar el embargo marítimo. El 16 de mayo de 2011 los buques aliados detectaron dos embarcaciones neumáticasque salían de la vecindad de Zlintan con rumbo hacia el puerto de Misurata. Helicópteros de los buques que se encontraban vigilando el área se dirigieron hacia las lanchas, dándose a la fuga a gran velocidad una de ellas y siendo abandonada la otra. Inspeccionada, se encontró en ella una tonelada de explosivo y dos maniquíes a bordo, por lo que dedujeron que el objetivo de estas embarcaciones era realizar un ataque suicida contra algunos de los buques que transportaban ayuda humanitaria al puerto de Misurata. Los buques de la OTAN también han interceptado buques libios minando las aguas próximas a Misurata provenientes también de Zlintan y Yefren, dos localidades próximas a la frontera con Túnez y en las que se observaba una gran actividad por parte de las fuerzas de Gadafi. Estos hechos provocaron que la aviación de la Alianza hundiera ocho buques de la Marina libia atracados en los puertos de Trípoli, Al Khums y Surt, en la madrugada del 20 de mayo, destacando la destrucción de la corbeta Al Ghardabia, de la clase Nanuchka, atracada en el puerto de Trípoli.

Conclusión: A lo largo de de los 62 años de existencia de la OTAN, el Mediterráneo ha sido considerado como “un lago de la Alianza”, incluso durante el período de la Guerra Fría en que eran corrientes las incursiones de los submarinos soviéticos. Desde entonces los buques de la OTAN se hallan omnipresentes en este mar que tiene 2,5 millones de de kilómetros cuadrados y 3.860 km de longitud. La intervención de esos buques ha sido decisiva para que la OTAN alcanzara sus objetivos en las diferentes crisis sufridas en los países ribereños. Así en la guerra de Yugoslavia con la operación Sharp Guard, los buques aliados realizaron cometidos similares a los que están realizando en la operación Unified Protector, actualmente en vigor, y que está implementando un riguroso embargo marítimo para evitar la llegada de armas al régimen libio para debilitarle y acortar la prolongación de la guerra actual. Por su parte, la veterana operación Active Endeavour, ha contribuido a la seguridad marítima del Mediterráneo, un remanso de paz si se compara con otros entornos marítimos en que campan libremente piratas y salteadores de la mar. Tanto por los ejercicios navales como por las operaciones reales que se llevan en sus aguas, el Mar Mediterráneo seguirá necesitando la presencia naval de la OTAN, especialmente ahora que está cambiando su contexto estratégico y multiplicándose los retos de seguridad.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

La OTAN en Libia

Por Félix Arteaga, investigador principal de Seguridad y Defensa en el Real Instituto Elcano y director del Grupo de Trabajo dedicado al seguimiento de las Misiones Internacionales de las Fuerzas Armadas españolas (REAL INSTITUTO ELCANO,21/06/11):

Tema: Desde el 31 de marzo de 2011 la OTAN se ha hecho cargo de las operaciones militares en Libia derivadas de las resoluciones 1070 y 1973 del Consejo de Seguridad de Nacionales Unidas.

Resumen: La OTAN se hizo cargo de las operaciones militares en Libia a partir del 31 de marzo de 2011, 12 días después de que comenzaran bajo mando estadounidense primero, y de una coalición internacional después. El relevo vino obligado por la incapacidad de los miembros de la coalición para relevar a EEUU y estuvo acompañado de divergencias sobre el papel que debía tener la OTAN en la gestión militar de la crisis, unas divergencias que no han cesado de evidenciarse aunque, poco a poco, la OTAN ha ido haciéndose con el mando y el control de las operaciones. Para explicar su actuación, la OTAN ha desarrollado una narrativa que soterra las divergencias que surgen sobre los objetivos, duración y medios de este conflicto. Este ARI estudia las luces de la operación que se refieren a la conducción militar de las operaciones, protegiendo a la población, debilitando progresivamente la capacidad militar del régimen de Gadafi y tratando de evitar los daños colaterales. Entre las sombras se analiza la instrumentalización de la OTAN por Francia, el Reino Unido y EEUU para implementar su interpretación de las resoluciones del Consejo de Seguridad, la parcialidad de la intervención aliada y los daños causados a la Alianza por el desfase entre la deficiente dirección política y la ejecución militar de la OTAN.

Análisis: El antiguamente denominado “flanco sur” de la OTAN no se encontraba entre las principales preocupaciones de la Alianza Atlántica cuando actualizó su Concepto Estratégico en la cumbre de Lisboa de noviembre de 2010. A pesar de los esfuerzos españoles, el Mediterráneo no recibió una atención especial y la relación con los países árabes vecinos se igualó a la que se prestaba a otros más lejanos. El relanzamiento del Diálogo Mediterráneo y de la Iniciativa de Cooperación de Estambul tampoco figuraba entre sus prioridades y los cambios en los países árabes sorprendieron a los aliados. El levantamiento –y su represión violenta– comenzaron el 17 de febrero y fueron creciendo en intensidad durante los días siguientes. A pesar de ello, la OTAN no se ocupó de la situación en Libia hasta el 25 de febrero de 2011. El día antes, el secretario general de la OTAN, Anders F. Rasmussen, manifestó que la OTAN no tenía planes de intervención porque la situación en Libia no era una amenaza directa para la Alianza y sus Estados miembros, aunque para entonces muchos nacionales de esos países residentes en Libia se encontraban ya en medio de un enfrentamiento armado entre las fuerzas leales a Gadafi y los rebeldes. El secretario general Rasmussen cambió de opinión al día siguiente y convocó una reunión de emergencia afirmando que lo que ocurría en Libia preocupaba a todos. No existiendo sobre el terreno ningún hecho relevante, la preocupación súbita podría responder a la iniciativa franco-británica de imponer sanciones al régimen de Gadafi, una posición a la que se sumó, con dudas, el presidente Obama y que condujeron a la resolución 1970. Tras la aprobación de esta resolución, se especuló con la posibilidad de que la OTAN pudiera participar en la creación de una futura zona de exclusión, pero las fuerzas rebeldes parecían ser capaces de acabar con el régimen de Gadafi y la OTAN no adoptó ninguna decisión concreta aunque su sistema de gestión de crisis ya seguía el desarrollo de los acontecimientos.

El primer ministro británico, David Cameron, fue el primero en predicar con el ejemplo y el 28 de febrero ordenó a sus mandos militares la evaluación de una zona de no exclusión, y el primer ministro francés, François Fillon, se mostraba partidario de que la OTAN sopesase implicarse “en una guerra civil al sur del Mediterráneo”. Mientras algunos países miembros desarrollaban operaciones navales y aéreas, a título individual, para extraer a sus nacionales de Libia, algunas unidades navales de EEUU se desplazaban a la zona para respaldar una gama de opciones más amplia, ya que el presidente de EEUU, Barack Obama, no tenía decidido qué hacer y los responsables militares y de inteligencia mostraban reservas sobre la idoneidad de una intervención armada, dadas las limitadas capacidades militares disponibles –empeñadas en otros escenarios bélicos– y la falta de intereses nacionales en juego.

Las opciones militares siguieron en estudio mientras que en la guerra civil sobre el terreno, y contra todo pronóstico, las fuerzas leales a Gadafi dieron la vuelta a la situación y se presentaron a las puertas de Bengasi. Fue entonces cuando Francia y el Reino Unido optaron por una intervención militar, incluso unilateral, y presionaron a la dubitativa Presidencia estadounidense a unirse a ellos a la búsqueda de una resolución habilitante del Consejo de Seguridad que legitimar su intervención si era posible. La determinación política de los tres líderes pesó más que las consideraciones geopolíticas y su diplomacia se movilizó para recabar todos los apoyos posibles entre los miembros de la OTAN, la UE, la Liga Árabe, la Unión Africana y otras para solicitar una zona de exclusión aérea ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La OTAN siguió evaluando la situación y el día 7 de marzo sus AWACS reforzaron la vigilancia área, mientras las tropas leales a Gadafi comenzaban a inclinar la balanza de su lado. En su reunión de los días 10 y 11 de marzo, los ministros de Defensa de Turquía y Francia se opusieron, por distintas razones, a una implicación de la OTAN en la hipotética zona de exclusión aérea que se pedía, y dejaron cualquier planeamiento a expensas de la aprobación de la resolución. El mismo día 11 Francia reconoció unilateralmente al Consejo Nacional libio y dos días después los tres mentores de la intervención presentaron una propuesta al Consejo de Seguridad que iba más allá de la zona de exclusión negociada con sus aliados.

A pesar de la presión diplomática de los tres y aunque ningún miembro del Consejo de Seguridad deseaba cargar con la hipotética responsabilidad de una matanza de civiles en Bengasi, la resolución 1973 no salió como esperaban sus promotores. Para evitar el veto y conseguir la mayoría necesaria, tuvieron que admitir cambios en su propuesta y admitir la limitación de que la intervención no implicaría la ocupación del terreno. En su lugar, el mandato de la resolución incluye, por este orden, un alto el fuego, la búsqueda de una solución política, una zona de exclusión aérea y la protección de los civiles frente a ataques o amenazas. Los promotores de la operación conocían por experiencias anteriores que un mandato redactado en esos términos complicaba extraordinariamente su ejecución, ya que sin la ocupación militar del terreno es difícil garantizar el éxito de la misión. La zona de exclusión aérea podría servir para proteger a los civiles pero no para revertir la situación militar en beneficio de los rebeldes, un objetivo que anidaba en la voluntad de los tres promotores, pero que no consta en el mandato de la resolución 1973. Sin embargo, los promotores se dispusieron a implementar la resolución confiando en su capacidad militar para librar una campaña rápida y fulminante.

El 19 de marzo comenzaron las operaciones sin otra participación de la OTAN que una acumulación de medios navales frente a las costas libias. Aunque la zona de exclusión aérea se impuso sin apenas oposición, pronto quedó claro que algunos miembros de la coalición empleaban “todos los medios a su alcance” para fines distintos de lo previsto, tal y como denunciaron al día siguiente representantes de la Liga Árabe, la Unión Africana y miembros abstencionistas del Consejo de Seguridad. Los días posteriores crecieron las dudas sobre los objetivos, liderazgo, estructura de mando y duración de la operación militar y se multiplicaron cuando el presidente Obama anunció el 21 de marzo su deseo de transferir el mando de la misión (hasta entonces estaban bajo el mando estadounidense del AFRICOM en Europa que no pertenece a la OTAN). El 22 de marzo comenzaron los debates entre aliados sobre si la OTAN debería o no asumir el mando de las operaciones, oscilando las posiciones contrapuestas en un abanico que iba desde Francia, que quería subordinar la actuación militar a la dirección política del Grupo de Contacto; a Alemania y Turquía que se negaban al traspaso o al Reino Unido e Italia, que pedían el control total. Al retirarse EEUU del liderazgo de la operación, la única forma de continuarla era su relevo por la OTAN ya que sólo ésta dispone de la infraestructura de teatro necesaria para garantizar el mando y control de las operaciones, unos medios de los que carecen Francia y el Reino Unido. Finalmente, la OTAN controla las operaciones militares desde el 31 de marzo de 2011 (con la excepción de las operaciones francesas que se realizan desde el portaviones Charles de Gaulle).

Narrativa y realidad en la guerra de Libia

Casi tres meses después de hacerse cargo de las operaciones la OTAN, la guerra continúa y a pesar del progresivo debilitamiento de las fuerzas leales a Gadafi, ni los rebeldes ni la OTAN han conseguido poner fin al régimen libio o a los enfrentamientos. El estancamiento de los frentes, el alargamiento de la guerra, el esfuerzo militar y económico de las operaciones han acentuado las tensiones latentes hasta el punto de que el secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, calificó el futuro de la Alianza como “oscuro, si no negro” y denunció, dentro y fuera del Consejo Atlántico de Bruselas, la falta de colaboración de los aliados y la desproporción de sus contribuciones.[1]

Las quejas del principal miembro de la Alianza contrastan con la normalidad con la que la narrativa venía presentando hasta entonces las operaciones y revela un desfase entre el discurso oficial y la realidad. Según la narrativa oficial, la OTAN está desarrollando una operación militar para proteger a los civiles libios de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que va avanzando progresivamente hacia sus objetivos. No obstante, algo debe ocurrir para que el discurso oficial encuentre tantas dificultades para progresar. En primer lugar, y aunque parezca sorprendente, la operación Unified Protector no es propiamente una operación de la OTAN, sino una operación que la OTAN desarrolla por delegación de un grupo de países que se han hecho cargo de implementar la resolución citada. La diferencia estriba en que las decisiones sobre las operaciones en lugar de tomarse al más alto nivel posible, el del Consejo Atlántico a nivel de ministros de Exteriores o de Defensa, se hace al nivel más bajo posible: Comité Militar y sesión de embajadores del Consejo Atlántico (la primera reunión de los ministros de Exteriores –donde se fijaron los objetivos de las operaciones– tuvo lugar el 14 de abril en Berlín). Tampoco se dispone de un Consejo Atlántico reforzado a nivel de embajadores ni de un Comité de Contribuyentes, por lo que la OTAN no dispone de una adecuada dirección estratégica de la intervención, sus autoridades políticas mantienen un perfil bajo y se limitan a la conducción político-militar de las operaciones.

Tampoco puede considerarse como una actuación colectiva una operación en la que sólo participan 14 de sus 28 miembros, y de los cuales participan en los ataques a tierra EEUU, el Reino Unido, Francia, Noruega, Dinamarca, Italia y Bélgica, mientras que los Países Bajos, Polonia, Turquía y España sólo participan en la zona de exclusión aérea. Su distinto nivel de compromiso y esfuerzo con la OTAN, al que aludía el secretario Gates, refleja que la OTAN no está funcionando en Libia como una alianza política y militar, sino como “caja de herramientas” (toolkit box) a la que sus miembros recurren para desarrollar acciones militares de su interés y seleccionan las aportaciones que precisan. La pericia de los diplomáticos y militares hace funcionar esta subcontratación de la estructura de mando de la OTAN a las orientaciones de un Grupo de Contacto pero no puede suplir la falta de una dirección estratégica clara y unificada y se evidencia un desfase entre los objetivos estratégicos y los militares de la misión.

En segundo lugar, no cabe duda de que la operación de la OTAN sirve para proteger a los civiles libios. Si la operación Odisea del Amanecer evitó una posible masacre en Bengasi, las operaciones de la OTAN también están protegiendo a la población civil y facilitando la llegada de asistencia humanitaria. Sin embargo, la OTAN también protege a civiles armados y a militares rebeldes que combaten en un conflicto interno, lo que significa que actúa con parcialidad. Contra la opinión del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Unión Africana, el fiscal de la Corte Penal Internacional y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre muchos otros, la narrativa de la OTAN sigue ignorando la existencia de un conflicto interno y sólo habla de civiles. Esta negación de la realidad sirve para no acentuar las tensiones entre quienes quieren evitar los efectos de la guerra sobre la población y quienes tienen como objetivo –adicional o primigenio– apoyar a una de las partes en conflicto. La negación provoca un daño colateral sobre el principio de la “responsabilidad de proteger”, ya que su reconocimiento está vinculado a la indefensión de la población civil frente a la represión de sus gobiernos. Proteger a unos “civiles” más que a otros, deslegitima en parte la intervención en Libia y crea dudas sobre si la “responsabilidad de proteger” era una convicción o una excusa, especialmente cuando ese principio no se aplica para proteger a una población como la siria que está padeciendo una represión interna superior a la constatada en Libia cuando se produjo la intervención. Por otro lado, la guerra sigue incrementando el número de los damnificados entre la población libia y el alargamiento de la guerra acentuará ese sufrimiento. No existen datos oficiales sobre las victimas y heridos de los enfrentamientos, pero si cuando empezó la operación se barajaban cifras en torno a centenares de muertos, ahora las fuentes barajan miles de ellos. Según datos de la Oficina de Coordinación de la Asistencia Humanitaria de Naciones Unidas, si a 20 de marzo habían abandonado el país 320.423 personas, según datos posteriores de la Organización Internacional para las Migraciones, el total acumulado el 18 de abril era de 543.532, y a 30 de mayo el nivel era de 900.923, lo que supone que la guerra ha triplicado su número. Además, si hasta mediados de junio las operaciones de ataque a tierra apenas produjeron daños colaterales entre los rebeldes, la escalada de bombardeos de junio ha producido ya las primeras víctimas civiles en Trípoli y ofrecido a Gadafi la foto que buscaba de la OTAN: atacando y matando a civiles libios.

En tercer lugar, es cierto que la OTAN está actuando bajo las resoluciones del Consejo de Seguridad cuando lleva a cabo el embargo naval, la exclusión aérea y la protección de civiles frente a ataque o amenazas como organización militar, pero las resoluciones tenían otros objetivos que la dirección político-estratégica de esa organización no está atendiendo con el mismo interés. Las resoluciones pedían un embargo para todo armamento destinado a Libia, y a pesar del éxito del bloqueo naval impuesto, ni la OTAN ha impedido que sigan llegando armas a los “civiles” de Misrata por mar regularmente ni la OTAN y los países vecinos han podido evitar el flujo de armas, combatientes y suministros para sostener el enfrentamiento entre leales y rebeldes. Las resoluciones también pedían una solución política al conflicto y ésta no se ha logrado a pesar de varios intentos de mediación, aunque es una responsabilidad que no debe atribuirse a la OTAN. Descalificados como interlocutores Gadafi, sus familiares y colaboradores directos y remitidos para encausamiento a la Corte Penal Internacional desde la primera resolución, los coligados no han tenido el éxito o la intención de llegar a ningún acuerdo político con Gadafi y quienes le apoyan. El Consejo Nacional de Transición, más interesado que ellos en la caída del régimen gadafista, se ha negado a atender las ofertas de mediación recibidas y, ya que el autócrata se niega a exiliarse por falta de garantías e interés, se hace inviable la negociación de una salida política o de un alto el fuego, lo que prolonga una guerra de desgaste.

El multilateralismo ha sido también otra víctima de daños colaterales en Libia porque las decisiones de Naciones Unidas y de la OTAN obedecen más a la instrumentalización de esos foros multilaterales por agrupaciones de miembros influyentes que a procedimientos colectivos y solidarios de participación. La resolución 1973 delega en manos de aquellos que toman “todas las medidas necesarias” decidir cuáles han de ser estas. En el caso de Libia, la dirección estratégica de las operaciones recae efectivamente sobre los tres patrocinadores de la intervención, aunque estos se amparen en la cobertura multilateral para legitimar sus decisiones. En contrapartida a que las organizaciones multilaterales de seguridad y defensa sean lideradas por unos pocos, el resto decide libremente su contribución. Tiene razón el secretario Gates cuando denuncia la desigualdad de contribuciones en la OTAN, en general, y en Libia, en particular, pero la organización conocía muy bien las contribuciones y las reservas de cada aliado desde el principio de la operación, por ello no participó el Consejo Atlántico. Si entonces no se pusieron reparos, es porque en ese momento era más importante lograr el consenso de todos los Estados miembros que realizar un buen análisis de riesgos: el desfase entre las capacidades necesarias y las aportadas. Así que si ahora se echan en falta esas capacidades, en lugar de criticar a quienes han contribuido como España o Turquía según se comprometieron, deberían practicar la autocrítica por poner en marcha una operación sin una valoración adecuada de la misma.

Conclusión

Los efectos de la guerra libia sobre la OTAN

La guerra de Libia, como las de Afganistán, Kosovo y los Balcanes han ido agravando las contradicciones estructurales de la Alianza Atlántica, aunque su organización militar ha demostrado ser un instrumento eficaz. Las diferencias en materia de cultura estratégica, en el nivel de esfuerzo militar y presupuestario o en los intereses de seguridad afectan a la eficacia de la organización pero sobre todo afectan a la solidaridad y cohesión política. Sobre el terreno, las operaciones progresan aunque una intervención que iba a durar unos días se ha prolongado, de momento, hasta septiembre de 2011. La OTAN ha incrementado el ritmo de sus operaciones y eso ha acentuado el estrés operacional de los equipos y tripulaciones, poniendo en apuros a países como Bélgica y Canadá que están al límite de sus capacidades aéreas y acentuando las diferencias entre sus contribuciones (Noruega y Dinamarca han ofrecido el 12% de los aviones de ataque a tierra y se han hecho cargo de un tercio de los blancos). Los costes presupuestarios también se dispararan y su coste medio diario, aproximado, alcanza el millón de euros para Francia, unos 2 millones de euros para el Reino Unido y 4 millones de euros para EEUU. El esfuerzo militar en Libia, añadido al realizado en otros escenarios geográficos está poniendo a prueba la capacidad de la OTAN para sostener una acción militar prolongada (a 20 de junio la OTAN ha realizado 11.781 salidas y de ellas 4.469 de ataque a tierra).

Para acelerar la conclusión de la guerra, la OTAN sólo puede incrementar el número de sus ataques aéreos, lo que no es fácil porque no hay nuevos países que quieran participar en los ataques a tierra y porque aumenta la fatiga de las tripulaciones, los riesgos de errores y el vaciamiento de los stocks de municiones. Otra alternativa sería la de poner tropas sobre el terreno, pero de momento la OTAN no desea hacerlo aunque el despliegue de asesores y helicópteros, así como la preparación de misiones humanitarias podría encubrir la voluntad de hacerlo. También se ha rechazado hacerlo después de la caída de Gadafi, limitándose la OTAN a mostrar su disponibilidad para contribuir a la reforma del “sector de la seguridad” si Naciones Unidas se lo pide pero, como muestran experiencias recientes, no es posible estabilizar ni reformar la seguridad sin ocupar el terreno con fuerzas suficientes. La tercera posibilidad es que el régimen de Gadafi se desmorone, su líder perezca en algún bombardeo o que se le agoten los fondos y suministros con los que mantiene la actividad de sus tropas.

En conjunto, las operaciones funcionan bien aunque las fuerzas leales a Gadafi no necesitan derrotar a los rebeldes apoyados por la OTAN para ganar la guerra, les basta con no ser derrotados. La narrativa también funciona bien porque todos deseamos que se acabe el régimen de Gadafi cuanto antes y el pragmatismo en la política internacional acaba llevando a que los fines justifiquen los medios. Progresivamente se va reconociendo al Consejo Nacional de Transición –sean cuales sean sus miembros e intenciones– y se comienza a preparar el día siguiente para Libia tras la caída de Gadafi. Mientras, corre el tiempo que Gadafi y la OTAN creen que juega a su favor, aunque será ese tiempo el que diga si se ha jugado bien o mal a favor de Libia.

[1] Discurso ante la Security and Defence Agenda de Bruselas del 10 de junio de 2011, accesible en http://www.defense.gov/speeches/speech.aspx?speechid=1581.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Cambodia and the Pitfalls of Political Justice

By Peter Maguire, the author of Facing Death in Cambodia and Law and War: International Law and American History. He has taught the law and theory of war at Bard College and Columbia University (THE NEW YORK TIMES, 21/06/11):

The trial of surviving leaders of the Khmer Rouge will begin in Phnom Penh on Monday. The fact that the case has even made it this far is a minor miracle to those of us who were in Cambodia during the 1990s, when the defendants’ amnesties seemed secure.

The court — the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (E.C.C.C.), better known as the “mixed tribunal” — has charged, with various counts of war crimes, the former head of state, Khieu Samphan; Nuon Chea, described as the movement’s ideologue; Ieng Sary, the foreign minister; and his wife, Ieng Thirith, who was minister of social affairs.

Even a longtime critic like myself must give credit to the court and the devoted investigators who worked for decades to bring the Khmer Rouge leaders to justice. But a conflict between an E.C.C.C. prosecutor and the investigative judges over another possible trial is undermining the case.

This is the court’s second case — and the most significant it will ever try. After Prime Minister Hun Sen of Cambodia announced that this trial would be the E.C.C.C.’s last, U.N. investigative judges seemed to lose interest in a third case against other high-ranking Khmer Rouge members. Internal strife ensued and some foreign members of the legal staff resigned. Next week’s trial, known as Case Two, will now take place amid accusations of political interference and of U.N. incompetence.

In the wake of Hun Sen’s declaration it was the British prosecutor Andrew Cayley who challenged the U.N.’s investigative judges to be more aggressive in pursing a third trial, and the fallout led to the resignation of the staff members. Although the U.N. denies that politics played any role in their decision, no amount of procedural correctness can spare the Cambodian court from the inevitable pitfalls of political justice.

Many in the United Nations and the human-rights industry would like us to believe that a war crimes trial is a simple application of laws to facts, but nothing could be further from the truth.

From Nuremberg to Tokyo to The Hague to Arusha to East Timor, political justice was and will always be a strange admixture of law and politics that is in a constant state of flux. Anyone with even a passing knowledge of Cambodia knows that thousands of the Khmer Rouge’s killers will never be brought to justice.

Neither the E.C.C.C. nor the U.N. has earned the right to act with anything but humility, given their performances to date. Not only did the U.N. allow the Khmer Rouge to hold Cambodia’s General Assembly seat after it was ousted in 1979, during the 1992-3 occupation of the country by the U.N. Transitional Authority in Cambodia, the organization failed to end the civil war, capture the Khmer Rouge leaders, hold a credible election or even mention war crimes in the final treaty restoring Cambodian sovereignty.

The E.C.C.C. has not done much better: It has spent five years and approximately $100 million to convict a single death camp commandant named Kaing Guek Eav, better known as Brother Duch, in the simplest war crimes trial since Einsatzgruppen leader Otto Ohlendorf was tried at Nuremberg in 1947-8.

Although Duch freely admitted his guilt and there was a paper trail linking him to the killings at Tuol Sleng prison, the trial still took eight months and was grossly overcomplicated by a distraction called “the victims unit.” In a country where thieves are routinely beaten to death by angry mobs, many Cambodians were baffled when Duch’s sentence was reduced to 19 years.

Because the E.C.C.C. and its many boosters promised things that no trial could deliver and oversold the therapeutic benefits of war crimes trials, they have run head on into the limits of the possible. There is no empirical evidence to support the idea that trials lead to “truth,” “reconciliation” and “healing.”

In the end, the most anyone can expect from a war crimes trial is that the guilty will be punished and the innocent exonerated. As Otto Kirchheimer pointed out in his classic study “Political Justice,” “Circumstantial and contradictory, the linkage of politics and justice is characterized by both promise and blasphemy” — precisely the place where the E.C.C.C. stands today.

Even if the there is no third case, a credible trial of Khieu Samphan, Ieng Sary, Noun Chea and Ieng Thirith, would make it possible to overlook the court’s many failings. If Cambodia’s E.C.C.C. cannot try the surviving Khmer Rouge leaders before they die, the “mixed tribunal” should be considered an expensive farce never to be tried again.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Euro exit strategy crucial for Greeks

By Costas Lapavitsas, a professor of economics at the School of Oriental and African Studies, University of London (THE GUARDIAN, 21/06/11):

Greek default and exit has always been the most likely outcome of the eurozone crisis. The truth is that economic and monetary union has failed, not least because it has created an unsustainable gap between core and periphery. For peripheral countries, EMU membership is likely to be a source of stagnation and income inequality. For Greece it has already been a failure of historic proportions.

The problem faced by the country in 2009-10 had much in common with the rest of the periphery: vast public and private indebtedness, low competitiveness, huge current account deficits, and rapidly ballooning public deficits and debts. The response of the EU was obtuse. A so-called bailout was advanced to Greece, but at rates 3% and 4% above those paid by Germany. Severe austerity was imposed, cutting national income by 4.5% in 2010 and probably 4% this year.

Even a first year undergraduate could have worked out that the last thing a bankrupt needs is further punitive loans and a cut in income; inevitably the stabilisation plan has been a disaster, missing just about all its original targets. The numbers are breathtaking. Under current policies, the EU/IMF/ECB (European Central Bank) “troika” expects sovereign debt to rise to 200% of GDP in 2015, up from roughly 150% at present. Servicing the debt will cost 12% of GDP – vastly more than expenditure on health and education – while the government deficit will be 15% of GDP. The country will be unquestionably bankrupt. Fully aware of this, financial markets are refusing to advance a penny in new private loans. And since the troika had planned for Greece to return to the markets in 2011 on the back of the expected success of the stabilisation plan, the crisis has reached fever pitch.

The response of the troika reveals systemic failure at the heart of the eurozone. Greece will receive another large loan but must impose further austerity, including wage and pension cuts, perhaps 150,000 lost jobs in the civil service, more taxes, and sweeping privatisation. And what is likely to happen if the country accepts this? By the calculations of the troika, in 2015 sovereign debt will be 160% of GDP, servicing the debt will cost 10% of GDP, and the government deficit will be 8% of GDP. In short, Greece will still be bankrupt.

What, then, is the point of the fresh bailout ? The answer is rescuing international bondholders and buying time for banks. Jean-Claude Trichet, the ECB president – an unelected bureaucrat – has imposed his will on Angela Merkel, Europe’s most powerful politician. In 2015 Greece will be bankrupt but its debt will be held overwhelmingly by public lenders: the EU, ECB and IMF. When default comes, the banks will be out of it and Europe’s taxpayers will bear the burden. Meanwhile, Greece will have gone through the austerity mangle, putting up with official unemployment of about 15%. And when the EU writes Greek debt off, as it must, it will impose extortionate demands, perhaps including open pressure to exit the eurozone.

Unfortunately for the troika, this time the Greek people have worked out the nastiness of what is proposed. They are also profoundly angry at their politicians, and at being slandered. After all, they work longer hours than most people in the EU and, as wage earners, can’t avoid tax. The Rubicon appears to have been crossed in recent weeks as the country is openly weighing the option of default and exit.

Should that take place, it will be a major blow to the economy. But Greeks are prepared to put up with straitened circumstances if they see a path to recovery, something EU policy is denying them. A political force that promised to deliver default and exit in a democratic and sovereign manner while putting people before banks would sweep all before it. As for the EU, it would have to deal with the aftermath for banks and EMU, hopefully finding someone other than Trichet to guide it.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

lunes, junio 20, 2011

Son mexicanos, son valientes

Por PABLO ORDAZ (El País.com, 19/06/2011)

No tuvieron que irse a la guerra, la guerra vino a buscarlos. Desde 2007 hasta ahora, más de 40.000 mexicanos han muerto víctimas de la guerra que sostienen calle a calle las organizaciones criminales y el Gobierno de Felipe Calderón. Día tras día, los periódicos cuentan historias espeluznantes de matanzas, decapitaciones, policías y políticos corrompidos por el narcotráfico. A ritmo de ametralladora, las editoriales publican libros sobre los principales carteles y hasta la revista Forbes sigue manteniendo en su nómina de multimillonarios al mítico Chapo Guzmán, el fugitivo líder del cartel de Sinaloa. El mal, por tanto, tiene su cuota de gloria en la vida cotidiana de México. El resto del paisaje lo conforman unas autoridades sin prestigio ni credibilidad y una sociedad asustada y desvertebrada, como ausente, sin capacidad de alzar la voz sobre el tableteo constante de las armas de alto poder. Sin embargo, de un tiempo a esta parte van saliendo a la luz historias de gente corriente que, lejos de claudicar o brincar la frontera hacia Estados Unidos, decidió anteponer la dignidad al miedo y enfrentarse al terror, muchas veces con la única protección de su pecho descubierto. Un cirujano de Ciudad Juárez que fue percatándose de que los sicarios a los que trataba de salvar la vida cada vez se parecían menos a él -un hombre de 40 años- y más a su hija adolescente. Una alcaldesa de la tierra caliente de Michoacán, una de las zonas más peligrosas de México, que un día -después de que unos criminales mataran a su marido- se levantó la blusa y mostró su cuerpo roto a tiros y su decisión de no claudicar. Un edil de Nuevo León al que los criminales ya han emboscado tres veces, llevándose por delante a varios de sus escoltas. Un poeta que perdió a su hijo y ahora recorre el país intentando a duras penas resucitar la conciencia cívica, el orgullo de ser mexicano. Son los nuevos héroes. El México heroico que lucha contra el México salvaje.

De pie junto al quirófano del Hospital General de Ciudad Juárez, el doctor Arturo Valenzuela, de 45 años y con una hija adolescente, se fue dando cuenta de que, hace solo tres años, a su quirófano llegaban dos heridos de bala a la semana, a veces tres, tipos duros, herederos de una estirpe acostumbrada a matar y a morir según las reglas de la droga y la frontera, pero que, mes a mes, la fisonomía de los heridos y de los muertos se iba suavizando hasta tener los rasgos de una mujer joven. Espantado, pensó en huir. "Lo tenía fácil", reconoce, "además de la mexicana, yo tengo la nacionalidad canadiense. Así que pensé que era hora de probar otra vida, de sacar a mi hija y a mis padres de aquí, de ponerlos a salvo cruzando la frontera". Una frontera que separa Ciudad Juárez de El Paso. La ciudad más peligrosa del mundo, de la ciudad más pacífica de Estados Unidos.

Al tiempo que valoraba la posibilidad de marcharse, el doctor Valenzuela también iba constatando, horrorizado, que en Ciudad Juárez ya se habían acabado los sicarios de 40 años. Ya no se trataba, pues, de una guerra tradicional entre carteles. Yo te mato a tres. Tú me matas a siete. Se trataba ya de una guerra total. Empujados por la pobreza, por la desigualdad, por la falta de afecto en una ciudad acostumbrada a tratar a las mujeres como esclavas -en la cadena de montaje o en la casa-, cientos de muchachos crecidos a la intemperie de barrios sin asfalto ni escuelas, sin energía eléctrica ni agua corriente, fueron engrosando las filas del único ejército que los aceptaba. A un ritmo endiablado, sin capacidad de elegir, esos muchachos bautizados a semejanza del último galán de la última telenovela, fueron subiendo rápidamente por la escalera del crimen. De halcón -el que alerta de la llegada de la policía- a camello. De camello a sicario. De sicario a muerto. El doctor Valenzuela pensó que la única manera de intentar interrumpir ese último salto mortal pasaba por quedarse. "Me dije que mi hija o mis padres no eran los únicos que lo estaban pasando mal. Que en la biografía de mi conciencia no podía escribir con tinta indeleble que cuando mi ciudad me necesitó, yo me fui. Así que me senté con otros médicos a ver qué se podía hacer...". No hace falta escribirlo. El doctor Valenzuela decidió quedarse.

"La primera marcha que organizamos fue en noviembre de 2008. Unos 200 médicos. Muchos con cubrebocas, por temor a represalias. Ya se habían disparado los secuestros, las extorsiones telefónicas y los homicidios con armas largas, aunque no tantos como ahora. Se estaba empezando a fraguar el Comité Médico Ciudadano y yo me sumé. Lo primero que hicimos fue crear una página de Internet con información práctica para enfrentar los secuestros. ¿Cómo piensa el secuestrador? ¿Qué víctima es más vulnerable? Incluso pusimos un botón de pánico para que la gente nos llamara en caso de necesidad, porque ya por entonces nadie se fiaba de la policía. Hay que tener en cuenta que en el año 2007, en Ciudad Juárez se denunciaron siete secuestros. En 2008 ya fueron 28. Al año siguiente ya había más de 200 denuncias... La gente no sabía qué hacer. Negociaban mal. Pagaban rescates espantosos. Cometían errores que ponían en peligro a la víctima. Y lo peor de todo: una vez que pagaban, ya jamás los dejaban en paz, seguían extorsionándolos. Mucha gente empezó a marcharse de la ciudad".

El párrafo anterior, sin interrupciones, es la pura declaración del doctor Valenzuela. En ese párrafo, y en los que vendrán después, está sintetizada la historia de lo que ha sucedido en México en los últimos cinco años, la clave apenas apuntada en la primera frase del reportaje: los mexicanos no fueron a buscar la guerra, la guerra se plantó un día en la puerta de su casa. La verdadera clase de tropa de esta guerra sin cuartel -es bueno no equivocarse- no la forman los miles de militares sacados urgentemente de los cuarteles o los miles de policías federales instruidos a toda prisa, conectados a una máquina de la verdad para certificar la pureza de sus intenciones, armados hasta los dientes después y finalmente puestos a patrullar en ciudades que a muchos de ellos les resultan hostiles y remotas. Los verdaderos soldados a la fuerza de esta guerra son los ciudadanos. Los concejales de ciudades pequeñas que, pese a la oferta de plomo o plata, deciden apretar los dientes y seguir sirviendo a sus comunidades. Las profesoras que, entre la clase de matemáticas y la de dibujo, tienen que enseñar ahora la de supervivencia. En caso de balacera, hay que tirarse al suelo, no levantar la cabeza, entonar tan fuerte como sea posible una canción divertida. "No pasa nada", les decía Martha Rivera Alanís a sus alumnos de seis años mientras fuera repicaban las balas, "nada más pongan sus caritas en el piso. Vamos a cantar fuerte una canción: ¡si las gotas de lluvia fueran chocolate...!". El vídeo que grabó aquella valiente maestra de Nuevo León venía a demostrar hasta qué punto la violencia forma ya parte de la vida cotidiana de México, pero también de qué forma los mexicanos de a pie lo enfrentan de forma valerosa. "Echándole ganas", por utilizar una expresión local.

Como le echan ganas cada día los periodistas mexicanos del norte. Hasta hace muy pocos años ejercían su oficio decente y tranquilamente en los pequeños diarios de las ciudades del norte, hasta que, de un día para otro, se convirtieron en corresponsales de guerra. Solo que ellos no se visten con chalecos antibalas, no presumen de haber estado en conflictos lejanos ni dan conferencias al regreso. Ellos -los periodistas de Chihuahua, de Tamaulipas, de Nuevo León- ni siquiera tienen que cruzar la calle para irse a la guerra. Lo hacen después de dejar a sus hijos en el colegio, a veces en el mismo colegio que los hijos de los criminales, temiendo cada día que, después de cubrir la última balacera en el barrio más bravo de la ciudad, el teléfono de la redacción suene y al otro lado de la línea una voz muy convincente sugiera que al reyezuelo local del cartel del Golfo o de Los Zetas no le gustaría que tal o cual dato ocupara la portada del día siguiente. Y a pesar de todo, los periodistas mexicanos siguen ejerciendo su oficio. La prueba es que la ONU acaba de otorgarle a México el dudoso galardón de haberse convertido en "el país más peligroso de América para ejercer el periodismo", un premio al que solo se opta reuniendo muchas coronas de flores.

Abrazo del poeta Javier Sicilia a Luz María Dávila, ambos con hijos asesinados en México.- TOMÁS BRAVO/REUTERS

Hay muchos alcaldes en México que, día a día, desprecian el dinero sucio y ponen en riesgo su vida. Pero tal vez no haya muchos que sean capaces de contarlo con el desparpajo del ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, alcalde de García, una localidad de 150.000 habitantes en el área metropolitana de Monterrey, la capital de Nuevo León.

-¿Cuántas veces han atentado contra usted?

-Tres.

-¿Cuál fue la primera?

-Cuando inicié mi campaña para alcalde, en junio de 2009.

-¿Por qué?

-Porque le dije a la gente lo que ya venía viendo desde hacía unos años, que los policías estaban involucrados en el narcotráfico, cobraban extorsiones, se dedicaban al narcomenudeo... Pero, a pesar de la amenaza de los criminales, gané la alcaldía.

-¿Y qué fue lo primero que hizo como alcalde?

-Puse al frente de la policía a un general incorruptible. Me lo mataron al cuarto día. Y yo, después de ir al funeral, eché al cuerpo de policía al completo, despedí a 165 agentes y empecé a reclutar a gente nueva. Contraté a otro militar incorruptible y empezamos a limpiar la ciudad. Clausuramos 250 narcotienditas, sacamos a los capos de la ciudad, metimos en la cárcel a 27 policías y otros salieron huyendo. Son esos los que me quieren matar. Estoy pisando muchos callos, pero no quiero que un día mis hijos digan que fui un cobarde.

-Y, ya como alcalde, ha sufrido dos atentados más...

-Se me pone la piel chinita al acordarme. Yo jamás he disparado un arma, nunca tuve una pistola. Pero nos emboscaron y tuve que poner mi camioneta blindada entre los sicarios y los escoltas para que no los fusilaran allí mismo. Ahí ya me mataron a uno...

-¿No tiene usted miedo, alcalde?

-Todos tenemos miedo, compadre. Pero yo lo sé controlar. Mire, hay gente que le tiene tanto miedo a la muerte que no aprende a disfrutar de la vida. Hay vivos que están ya muertos. Y yo no quiero ni ser un muerto en vida ni que mis hijos me recuerden como un cobarde.

En las dos historias siguientes también adquieren especial importancia los hijos. Los hijos pequeños de María Santos Gorrostieta y de Marisol Valles. Los hijos muertos de Marisela Escobedo, de Luz María Dávila y de Javier Sicilia.

El poeta Javier Sicilia, al frente de una marcha contra la violencia en las calles de Cuernavaca.- OMAR TORRES/AFP

María Santos Gorrostieta, la joven alcaldesa del pequeño municipio de Tiquicheo, en el Estado de Michoacán, apenas ocupó un par de días los titulares de la prensa. Dijo lo que tenía que decir y luego, sensatamente, volvió a desaparecer. Y lo que tenía que decir era que el 15 de octubre de 2009 sufrió el primer ataque del crimen organizado. ¿De quién exactamente? No se sabe. Estas cosas no suelen saberse en México, donde la impunidad supera el 98% de los casos. Aquel día, la joven alcaldesa fue atacada por un grupo de sicarios armados con rifles de asalto y granadas de fragmentación -esos juguetes que con tanta facilidad se pueden comprar en las 12.000 armerías estadounidenses abiertas junto a los 3.000 kilómetros de frontera con México-.

No lograron matarla, pero se llevaron por delante a su marido y padre de sus tres hijos pequeños. En cuanto se recuperó de sus heridas, María Santos regresó a sus labores de alcaldesa, pero solo tres meses después volvieron a atacarla. Esta vez, cuando salía de un acto en la Tierra Caliente del Estado de Guerrero. La camioneta Ford Lobo que conducía su hermano recibió varias ráfagas de metralleta. Tres proyectiles hicieron blanco en el tórax, la pierna y el abdomen de María Santos. De nuevo estuvo a punto de morir. De nuevo se salvó. Y fue entonces cuando la joven alcaldesa llamó a un fotógrafo, se remangó la blusa, mostró su hermoso cuerpo roto por los disparos y dijo: "A pesar de mi propia seguridad y la de mi familia, tengo una responsabilidad con mi pueblo, con los niños, las mujeres, los ancianos y los hombres que se parten el alma todos los días sin descanso para procurarse un pedazo de pan...; no es posible que yo claudique cuando tengo tres hijos a los que tengo que educar con el ejemplo". Dicho esto, María Santos Gorrostieta, la alcaldesa valiente de Tiquicheo, regresó de puntillas a sus labores de madre y alcaldesa.

María Santos sabía que no es prudente significarse demasiado. En ninguna dictadura lo es. Tampoco en esta del terror creciente que sufre México desde principios del año 2007. Tan creciente que un reciente estudio realizado por el experto Eduardo Guerrero para la revista Nexos demuestra que -en contra de la versión oficial- cada vez son más los municipios mexicanos azotados por la violencia. Si en 2007 eran 53 los municipios donde se registraron 12 o más homicidios ligados al crimen organizado, en 2008 ya pasaron a ser 84; en 2009 la cifra subió a 131 municipios y en 2010 ya fueron 200 las localidades con 12 o más ejecuciones. La cifra de lugares aquejados por el cáncer de la violencia se ha cuadruplicado en solo cuatro años y aún no se vislumbra una salida.

María Santos, alcaldesa de Tiquicheo, muestra el cuerpo roto por disparos de sicarios. En un ataque anterior había muerto su marido y padre de sus tres hijos.- CONTACTO CIUDADANO

Por eso, significarse es peligroso. Muchos de los protagonistas de nuestro México heroico lo supieron desde el principio. Otros lo fueron sabiendo. Del primer grupo mencionado podemos rescatar la lucha de una mujer llamada Marisela Escobedo.

Marisela tenía una hija de 16 años que se llamaba Rubí. La mataron en Ciudad Juárez en agosto de 2008, apenas unas semanas después de dar a luz a su bebé. Marisela, como otras muchas de las más de 500 madres cuyas hijas han sido asesinadas en la ciudad norteña, emprendió la búsqueda del asesino de su hija. Un año después, y gracias a su insistencia, la policía detuvo a un tal Sergio Rafael Barraza, el exnovio de Rubí, quien confesó que la había matado y quemado después, indicando a los agentes el lugar donde se encontraba el cadáver. Pese a todo, el convicto solo pasó unos meses en prisión. El 29 de abril de 2010 fue puesto en libertad por "falta de pruebas". Marisela volvió a echarse a la calle para seguir clamando justicia para su hija. Logró que el juicio fuera revisado, pero el asesino, lógicamente, ya había puesto pies en polvorosa. Barraza fue condenado en rebeldía a 50 años de prisión. Marisela se plantó entonces frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, el Estado fronterizo con Estados Unidos cuya ciudad más poblada y más violenta es Ciudad Juárez. La presencia de Marisela allí, durmiendo en plena calle, era un grito constante que dejaba al descubierto las graves carencias del sistema de seguridad y justicia en México. No pasó mucho tiempo hasta que empezó a recibir amenazas. Las denunció frente a las cámaras de televisión. "No me voy a esconder", dijo, "si me van a asesinar, tendrán que venir a asesinar aquí para vergüenza del Gobierno. Tengo amenazas por parte del asesino de mi hija, de su familia. Me han dicho que él ya está involucrado en un grupo del crimen organizado. ¿Qué está esperando el Gobierno? ¿Que venga y termine conmigo? Pues que termine conmigo, pero aquí enfrente del Palacio de Gobierno, a ver si les da vergüenza".

Así lo hicieron. Terminaron con ella allí mismo, en plena calle, frente al edificio símbolo de la autoridad, el jueves 16 de diciembre de 2010. El vídeo grabado por una cámara de seguridad hizo posible que todo México pudiera ver casi en directo la ejecución anunciada de Marisela Escobedo. Tres tipos la atacaron, ella cruzó la calle intentando salvarse, pero un sicario la alcanzó, le disparó mortalmente en la cabeza y se alejó caminando, tan campante, hasta que un coche blanco lo recogió y lo sacó del lugar.

Marisela -que hoy reposa junto a los restos de su hija Rubí- sabía que la iban a matar. Y aun así dio el paso. Marisol Valles, en cambio, no se percató en un principio de lo que significa enfrentarse al crimen. El pasado mes de octubre, ante la negativa de todos los hombres, decidió hacerse cargo de la policía de su municipio, Práxedis G. Guerrero, fronterizo con Estados Unidos, en pleno Valle de Juárez. Ante la estupefacción de medio mundo, Marisol Valles, de 20 años de edad, madre de una recién nacida y estudiante de Criminología, se convirtió en la jefa de 19 policías, nueve de ellos mujeres. Los antecedentes no eran halagüeños precisamente. Solo un par de días antes, en el pueblo de al lado, el crimen había abatido sin contemplaciones a un comisario y a su hijo. ¿Quién los mato? Posiblemente los mismos que, unas semanas después y sin que trascendiera a la opinión pública, empezaron a mandarle mensajes envenenados a Marisol Valles. Tal vez fueron los hombres de Vicente Carrillo, jefe del cartel de Juárez, o tal vez los del Chapo Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa. Lo que sí trascendió es que, cuatro meses después y sin decírselo ni al alcalde, la joven jefa de policía cogió a su hijo y cruzó la frontera para ponerse a salvo. No ha sido hasta ahora cuando, a través de una cadena de televisión estadounidense, Marisol Valles ha declarado con lágrimas en los ojos que sí, que tuvo miedo, que la amenazaron con asesinarla a ella, a su bebé, a su familia...

Mientras todo eso sucedía, muy cerca de allí, junto a un quirófano del Hospital General de Ciudad Juárez, el doctor Valenzuela seguía observando la progresiva destrucción de su ciudad, pero no solo de la suya. Como piezas de dominó que provocan con su caída la caída de las demás, muchas ciudades del norte del país se fueron convirtiendo en verdaderos campos de batalla -Tijuana, Reynosa, Matamoros- hasta terminar contagiando al seis doble, la joya de la corona, Monterrey, la capital del Estado de Nuevo León, otrora el orgullo indiscutible del México moderno y emprendedor y hoy una ciudad que vive de sobresalto en sobresalto. Sus vecinos se han acostumbrado a avisarse a través de las redes sociales -sobre todo a través de Twitter- de los bloqueos de carreteras que los sicarios de tal o cual cartel suelen organizar para evitar que los rivales o la autoridad los interrumpan mientras hacen de las suyas. Por ejemplo, el pasado martes, un vecino de Monterrey avisaba a través de su tuiter: "Situación de riesgo en Chapultepec y Revolución, hombres colgados en puente y disparos, eviten la zona #MtyFollow". El tuit informativo era contestado enseguida por TrackMty, una red ciudadana con más de 40.000 ciudadanos que intenta ayudar a los ciudadanos a no convertirse en víctimas de la violencia. Unas horas después, los periódicos locales ya traían la fotografía de los ahorcados en un puente del centro de Monterrey, a plena luz del día. La conmoción que viven ahora los regiomontanos ante la caída de su ciudad la vivieron ya hace tiempo los juarenses. También fueron testigos de cómo los intentos de rescatar la ciudad con la bayoneta calada fueron fracasando.

Lo cuenta el doctor Valenzuela: "Fue entonces cuando llegaron los militares a Juárez. Capturaron a muchos delincuentes. Pero no supieron armar los expedientes y los jueces los dejaban en libertad. La impunidad estaba por arriba del 98%. Ya teníamos una buena cantidad de homicidios todos los días, los secuestros se dispararon y se había puesto de moda el cobro de piso. A tu negocio llegaba un tipo, a cara descubierta, y te entregaba un papel con un número de teléfono: a partir de mañana recibirás protección a cambio de 5.000 pesos (300 euros) a la semana. Y si no pagabas... Empezaron a cerrarse gran cantidad de negocios y los homicidios ya superaban los 5.000. Ninguno se investigaba. La policía estaba infiltrada. La procuración de justicia no existía. Pedimos que viniera a la ciudad el presidente Felipe Calderón. Se nos dijo que el presidente iba a venir... Pero entonces pasó lo de Villas de Salvárcar y eso lo aceleró todo...".

Lo de Villas de Salvárcar... Hay un antes y un después de "lo de Villas de Salvárcar". Ocurrió el 31 de enero de 2010. Quince jóvenes que celebraban una fiesta en un barrio de Ciudad Juárez fueron acribillados. Desgraciadamente, no fue la crueldad del crimen lo que lo convirtió en famoso, sino unas declaraciones que hizo el presidente Felipe Calderón. Sin salirse de la versión oficial, que sostiene que la inmensa mayoría de los caídos desde 2007 son sicarios que se matan entre sí, el presidente de la República atribuyó la matanza a un ajuste de cuentas entre bandas. El patinazo no pudo ser mayor. Enseguida se supo que los muchachos eran en su mayoría buenos estudiantes y deportistas, víctimas de la espiral de locura y muerte que azota a Ciudad Juárez, donde en 2010, y a pesar del despliegue de más de 10.000 policías federales, se produjeron 3.100 homicidios. El presidente Calderón no tuvo más remedio que ir ocho días después a Juárez y disculparse ante los familiares de los muchachos. Una de las madres, Luz María Dávila, rota por el dolor, lo encaró: "Disculpe, señor presidente, yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es. Yo quiero justicia. Mis hijos eran dos muchachitos que estaba en una fiesta. Y quiero que usted se retracte de lo que dijo. Dijo que eran pandilleros. Mentira. Mis dos hijos estudiaban y trabajaban. No tenían tiempo de andar en la calle. Eran mis dos únicos hijos y ya no los tengo. Ahora quiero justicia. Ustedes siempre hablan y no hacen nada. Quiero que se ponga en mi lugar y sienta lo que ahorita estoy sintiendo yo. No me diga que sí, ¡haga algo, señor presidente!".

Aquella súplica sigue pendiente. La situación del país va de mal en peor. La cifra de asesinatos, de secuestros, de asaltos, de robos... va en aumento. Durante los últimos meses han sido cientos los cadáveres encontrados en fosas clandestinas. Hay zonas, como Tamaulipas, donde el Estado no es capaz de garantizar la seguridad ni en la carretera principal, la 101, la que une la capital del Estado, Ciudad Victoria, con la fronteriza Heroica Matamoros. Hace unas semanas se supo que una madrugada sí y otra también, grupos de sicarios a bordo de lujosas camionetas y manejando fusiles de alto poder se sitúan al borde de la carretera, dan el alto a los autobuses de línea, suben a ellos, eligen a punta de pistola a unas cuantas mujeres y a unos cuantos hombres y los bajan. A ellas las violan allí mismo y a ellos se los llevan para intentar extorsionar a sus familias. Luego los entierran en fosas clandestinas. ¿Cuántos? No se sabe. ¿Quiénes? Tampoco. ¿Por qué? Menos. Estas tres preguntas con sus respuestas -o la falta de ellas- se pueden aplicar a la guerra que vive México. Más de 40.000 muertos, 9.000 sin identificar, 5.000 desaparecidos...

Y justo ahora, cuando todas las veredas parecían conducir inexorablemente al precipicio, un rumor ha empezado a escucharse en la calle. A ratos sordo como un lamento. A veces indignado. Ante la incapacidad del Gobierno de detener la sangría constante -y también de abrazar a las víctimas de la barbarie-, un hombre de pelo cano, sombrero de paja y dos relojes en la mano izquierda, se ha puesto en camino. Se llama Javier Sicilia. Es poeta. Como la mayoría de los mexicanos, observaba con horror la deriva de su país. Pero también como la mayoría, permanecía quieto. El pasado 28 de marzo, su hijo Juan Francisco, de 24 años, fue asesinado en Cuernavaca junto a otros cuatro jóvenes y dos adultos. Sicilia, que se encontraba en Filipinas, regresó a México, anunció que jamás volvería a escribir poesía, puso junto a su reloj el de su hijo y se echó a la calle para intentar recuperar la conciencia cívica, enfrentarse al miedo, reclamar justicia.

-¿Por qué, en vez de encerrarse en su dolor, ha salido a la calle a decir basta?

-Por dignidad. Y por mi hijo. Porque su desgracia le está poniendo cara y nombre a la de 40.000 desconocidos. Y, sobre todo, porque tengo que hacer todo lo posible para que no muera ni un muchacho más.

A través del poeta Sicilia, de Marisela Escobedo o de Luz María Dávila, los mexicanos se han ido enterando de que la versión oficial no es del todo cierta. Que muchos de los 40.000 muertos tal vez sí fueran sicarios, pero que otros muchos no pudieron evitar su mala fortuna.

Un día, sin avisar, la guerra vino a buscarlos.

La sociedad civil quiere reformas y busca culpables

Hasta ahora, la sociedad civil había estado callada a pesar de la situación de extrema violencia que vive México. Sin embargo, una caravana encabezada por el poeta Javier Sicilia ha recorrido la mitad norte del país -desde Cuernavaca hasta Ciudad Juárez- para hacer visible el sufrimiento de las víctimas. Al llegar a su destino, se hizo público un pacto ciudadano por la paz. Estos son los principales puntos.

» 1. Exigimos esclarecer asesinatos y desapariciones y nombrar a las víctimas.

Se deben esclarecer y resolver los asesinatos, las desapariciones, los secuestros, las fosas clandestinas, la trata de personas y el conjunto de delitos que han agraviado a la sociedad. Determinar la identidad de todas las víctimas de homicidio es un requisito indispensable para generar confianza.

Exigimos a las autoridades estatales y federal la resolución pública que presente a los autores intelectuales y materiales de algunos de los casos emblemáticos que han agraviado a la sociedad, entre ellos la familia Reyes, Marisela Escobedo y su hija Rubí, las niñas y niños de la guardería ABC, la familia Le Barón, los jóvenes de Villas de Salvárcar, los jóvenes de Morelos.

Convocamos a la sociedad civil a rescatar la memoria de las víctimas de la violencia, a no olvidar y exigir justicia colocando en cada plaza o espacio público placas con los nombres de las víctimas.

» 2. Exigimos poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana. 

Se debe cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública y asumir una nueva estrategia de seguridad ciudadana con enfoque en los derechos humanos.

» 3. Exigimos combatir la corrupción y la impunidad.

Se requiere una amplia reforma en la procuración y administración de justicia que dote de verdadera autonomía al Ministerio Público y al Poder Judicial que establezca el control ciudadano sobre las policías y los cuerpos de seguridad, avance en la reforma de los juicios orales y establezca sistemas más efectivos de control judicial que reduzcan la discrecionalidad en los procedimientos y resoluciones de fondo.

» 4. Exigimos combatir la raíz económica y las ganancias del crimen.

La criminalidad y su violencia tienen como su motor las ganancias derivadas del narcotráfico, los secuestros, la trata de personas, la extorsión, la venta de protección y demás delitos que después reinyectan los recursos en la economía mediante el lavado de dinero. Exigimos un combate frontal al lavado de dinero y activos de los delincuentes.

» 5. Exigimos la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social.

Exigimos una política económica y social que genere oportunidades reales de educación, salud, cultura y empleo para jóvenes porque son las y los principales víctimas de esta estrategia.

» 6. Exigimos democracia participativa.

Mejor democracia representativa y democratización en los medios de comunicación.