Un salvavidas para los fugitivos en barcos de Asia

For Gareth Evans, Australia’s foreign minister for eight years and President Emeritus of the International Crisis Group , is currently Chancellor of the Australian National University and co-chair of the Global Center for the Responsibility to Protect. Traducido del inglés por Carlos Manzano (Project Syndicate, 22/08/2012).

A veces los países no dan con una buena política hasta después de haber agotado todas las demás opciones disponibles. Así ha sido en el caso de la tardía adopción por parte de Australia este mes, después de años de muchas disputas políticas, de un nuevo criterio pragmático, pero no insensible, para abordar el asunto de los buscadores de asilo que llegan por mar.

El meollo del problema –y lo que lo ha convertido en un asunto internacional más que un simple problema interior de Australia– es que los aspirantes a refugiados (principalmente procedentes del Afganistán, del Pakistán, del Iraq, del Irán y de Sri Lanka) han estado muriendo en cantidades espeluznantes. Tan sólo en los tres últimos años, más de 600 hombres, mujeres y niños se han ahogado –y se trata tan sólo los casos documentados– cuando en un viaje largo y peligroso intentaban llegar a las costas australianas con barcos en muchos casos destartalados y conducidos por contrabandistas procedentes del Asia sudoriental.

El número total de llegadas por mar no autorizadas –más de 7.000 al año– sigue siendo menor que el de otros destinos; la cifra anual de dichas llegadas a Europa desde el norte de África es de casi 60.000 y el número total de solicitudes de asilo hechas por los que llegan a Australia por cualquier ruta es sólo una pequeña fracción del número que Europa, los Estados Unidos y el Canadá afrontan todos los años.

Pero las cuestiones morales, jurídicas y diplomáticas que plantea el problema de la migración irregular a Australia son tan complejas –y la política interior es tan tóxica– como en cualquier otro sitio. Por eso, se está observando con particular detenimiento el modo como el Gobierno de Australia aborda esos problemas.

Internacionalmente, Australia tenía desde hacía mucho una fama bien ganada de decencia en materia de refugiados. Aceptó 135.000 refugiados vietnamitas en el decenio en 1970 –un total mucho mayor por habitante que ningún otro país, incluidos los Estados Unidos– y desde entonces ha conservado esa condición como uno de los dos o tres principales países receptores de refugiados en general.

Pero sufrió un gran desprestigio en 2001, cuando el gobierno del entonces Primer Ministro John Howard se negó a permitir que el carguero noruego MV Tampa, que transportaba 438 afganos rescatados de un barco de pesca que tenía problemas entrara en aguas australianas. Como ex ministro de Asuntos Exteriores, establecido entonces en Europa, nunca sentí mayor vergüenza de mi país.

Lamentablemente, los corazones de piedra resultaron ser factores eficaces para la formulación de una política interior. “Hacer dar marcha atrás a los barcos”, la “solución del Pacífico” de la tramitación en los vecinos Nauru y Papua Nueva Guinea y las draconianas condiciones para aquellos a los que se permitía permanecer en el país en espera de la decisión sobre su situación fueron –y son– posiciones muy propias de los partidos conservadores de Australia.

En cambio, se consideró que el desmantelamiento de esas políticas por parte del Partido Laborista después de 2007, por las razones más profundamente humanitarias, ofrecía un aliento tontorrón a los que “se colaban”. Esa –así vista– debilidad es una explicación decisiva de por qué el ex Primer Ministro Kevin Rudd (muy admirado por el G-20 y otros dirigentes mundiales) fue destituido por sus colegas del Partido Laborista y por qué su sucesora, Julia Gillard (cuyo gobierno se ha granjeado una gran admiración por su gestión económica) sigue siendo profundamente impopular.

En vista de la gran abundancia de llegadas en barcos, del temor a que hubiera más ahogados y la conversión de la política nacional en un deporte aún más sangriento de lo habitual, el Gobierno de Australia encontró por fin la forma de salir del círculo vicioso: un informe de una comisión de expertos, entre ellos un ex jefe de la defensa, un jefe del departamento de Asuntos Exteriores y un defensor de los refugiados. La comisión recomendó un nuevo plan totalmente integrado y encaminado a reducir a un tiempo los factores a favor y en contra que impulsan las corrientes de refugiados y su informe permitió al gobierno y a la oposición encontrar algún terreno común por fin.

Los incentivos para que las vías regulares de migración funcionen mejor serán el inmediato aumento de la admisión humanitaria anual por parte de Australia y su duplicación a lo largo de cinco años (hasta 27.000), junto con la del apoyo financiero para la creación de capacidad regional en materia de inmigración. Al mismo tiempo, se disuadirá en particular a los solicitantes de asilo de hacer peligrosas travesía por mar, porque no obtendrán ventaja alguna con ello: serán enviados –al menos mientras se negocien unos mejores acuerdos regionales en el Asia sudoriental– a Nauru o Papua Nueva Guinea a fin de que esperen a su turno allí.

La cooperación regional eficaz –para velar por que la tramitación y el asentamiento o el regreso se hagan con orden y celeridad– será decisiva para el éxito a largo plazo del plan, para lo que es necesario el cumplimiento del marco de cooperación del proceso de Bali, acordado en 2011 por los ministros que representaban a todos los países pertinentes de procedencia, de tránsito y de destino de la región y no sólo de ella, incluidas –por su decisiva importancia– Indonesia y Malasia (los países principales de tránsito de quienes se dirigen a Australia).

Ya sean o no partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, esos Estados acordaron cooperar entre sí y con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en relación con todos los asuntos principales. Procurarán eliminar el tráfico ilícito de personas, ofrecer a los solicitantes de asilo procesos de evaluación y disposiciones coherentes (de los que podrían forma parte centros regionales de tramitación), encontrar soluciones de asentamiento duraderas para quienes reciban el estatuto de refugiados y disponer adecuadamente el regreso a sus países de origen de quienes se compruebe que no necesitan protección.

Los escépticos profesionales de Australia han sostenido que es inconcebible que alguno de nuestros vecinos del Asia sudoriental, incluidas Indonesia y Malasia, se tome la molestia de ayudar a resolver el problema de los refugiados en Australia, aun cuando el Gobierno de ésta corra con la mayor parte de los gastos, pero los ministros del proceso de Bali ya han acordado que se trata de un problema de todos, no sólo de Australia.

Los escépticos pasan por alto también la realidad de que ningún gobierno deseará poner en peligro su reputación internacional –como hizo Australia con el caso del Tampa- mostrándose indiferentes ante el horrible número de muertes en el mar y también olvidan completamente el instinto de humanidad común que prevalece cuando las autoridades reciben, como así ha sido ahora, una estrategia práctica, asequible y moralmente coherente para evitar más tragedias humanas terribles.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Despite China’s growth, its workers endure a fundamental evil

By Hsiao-Hung Pai, a freelance journalist and author of Chinese Whispers: The True Story Behind Britain’s Hidden Army of Labour (THE GUARDIAN, 20/09/11):

When I walk into Beijing’s migrant worker slums, five minutes from the high-rising financial centre and shopping malls, I understand what Ai Weiwei means when he calls Beijing “a city of violence” – violence against a large section of its working population and their families. “We live under the same sky, why are we not entitled to the same rights?” is a question many ask in Xinzhuang and other migrant neighbourhoods.

During the past month schools for children of migrant workers – who build the capital’s offices and mansions, clean its streets and guard its security – have been shut down, with more to follow in the coming weeks. Tens of thousands of migrant children are left without schools and nurseries to go to. Here in Beijing, two worlds exist in parallel. Those of rural origin – a third of the city’s 19 million population – are ruthlessly segregated from the urban dwellers, economically, socially and culturally. Despite the attempt to pretend this is a local issue and only local governments are responsible, the day-to-day injustices experienced by migrants are very much a result of central policies.

The system that has maintained the rural-urban segregation within China’s cities is hukou (household registration), set up in 1958 to control rural-to-urban migration. While rhetorically the peasantry was the “vanguard of the revolution” – and indeed the 1949 revolution wouldn’t have been possible without them – in practice, in China’s post-1949 drive to industrialisation, the peasantry became an unchangeable category of social class in the Maoist theory of the “four blocs of society” known as “new democracy” (xinminzhu zhuyi).

Peasants’ role was to produce and feed the cities and support the modernisation process of their motherland. Peasants’ class status was fixed – as shown on their ID – no matter what they might choose to do. “Wo shi nongmin [I am a peasant],” I’ve had migrant workers tell me about their class origin, as if it were a stamp on your body for life. It was impossible for peasants to move their hukou to the cities.

This class status hasn’t changed since Deng Xiao Ping‘s gaige kaifang (economic reforms and opening up), in the late 1970s. The countryside underwent de-collectivisation while it remained the nation’s production backyard. Agricultural production increased in the early stage of the reforms in “releasing the productive forces”, as Deng called it, but with rampant corruption and heavy taxation, the poverty deepened. Since the mid-1980s half of the 400 million rural working population have been pushed off the land, seeking a livelihood away from their villages.

As rural residents came to the cities, they immediately faced discrimination and exclusion. Migrant workers’ first welcome was being told to stand in the min-gong (peasant worker) queue inside train stations. And there was no way to disguise class origin: the migrants could be distinguished by their brown, tanned faces and bent backs (due to years of farm work). They spoke their own dialects instead of “proper” Mandarin. Many faced verbal abuse as soon as they arrived.

In the three decades of gaige kaifang, numerous barriers have been set up to discourage their migration: the strict requirement for the unaffordable temporary residency permit, and the random street search by police. Most migrants feel they are a hidden army of labour that supplies industries and urban life with their sweat and blood while enduring second-class status.

Today, when China boasts growth and foreign reserves, migrants continue to be burdened with the hukou system. The criteria for applying for a hukou remain harsh, and unreachable for most migrants, and many work for years without any status. Without hukou, they can’t access services in the cities such as healthcare, education and housing. While urban dwellers pay a minimal cost for medical care, many migrants have to return home for treatment. While urban children enjoy free primary education, migrants either aren’t entitled or can’t afford it – monthly tuition fees in a Beijing primary school would cost a migrant parent two-thirds of their wages.

A migrant activist told me: “These children aren’t treated as everyone else. They’re called the mobile students, who can’t go to state schools. Their parents have for years sent their children to privately run schools without proper facilities or curriculum.” In Haiding, Chaoyang and Daxing – the migrant-inhabited townships within Beijing – hundreds such private schools were set up. Some are run as makeshift charities, others profit-making, but they are inadequate to provide proper education. Yet education, in many people’s eyes, is the only way they can lift themselves out of poverty.

Some call hukou the fundamental evil. Even the government-funded National Development and Reform Commission admits it is an “institutional barrier” and believes it should be scrapped. However, these institutions aren’t in the position to change things. “Protection of migrant workers’ rights” is a rhetorical statement of state organisations, but the government has shown no wish to listen to migrant workers’ demands. The only officially recognised channel through which migrant workers can voice their discontent is by petitioning the local authorities – a centuries-old tradition. Little happens as a result. Self-organised protests are classified as “mass incidents” and often dispersed quickly.

Calls for change have so far fallen on deaf ears. Some suspect that migrant children’s schools are being closed as a disincentive to future migration. Migrant workers’ NGOs face constant government monitoring and pressure not to speak out. Meanwhile, the state-run trade unions are ineffective and seen by many workers as a “paper tiger”.

In recent years, migrants have raised their demands through protests, road blockages, sit-ins and spontaneous strikes. Although these have not always proved effective, workers have become more aware of their collective strength. In the past year they have won some improvements in wages and working conditions. Many migrant workers, now better informed, are far less willing to accept the status quo. As they grow in confidence, the regime will find it increasingly difficult to ignore their demands. China’s rulers should realise now that it is in their long-term interests to listen.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Before You Judge, Stand in Her Shoes

By Mike McGovern, an assistant professor of anthropology at Yale, the author of Making War in Côte d’Ivoire, and he’s writing a book on Guinea (THE NEW YORK TIMES, 06/07/11):

Revelations about the hotel housekeeper who accused Dominique Strauss-Kahn of sexual assault suggest that she embellished claims of abuse to receive asylum, fudged her tax returns, had ties to people with criminal backgrounds, had unexplained deposits in her bank account and changed the account of the encounter she gave investigators. Yet those who would rush to judge her should consider the context.

Mr. Strauss-Kahn’s accuser is from Guinea, also the home country of Amadou Diallo, the street peddler who was shot to death in the doorway of his Bronx apartment building by four New York City police officers in 1999. Guineans leave their country in large numbers, partly because of grinding poverty; 70 percent live on less than $1.25 a day , despite the fact that Guinea has almost half of the world’s bauxite (from which aluminum is made), as well as iron, gold, uranium, diamonds and offshore oil.

The same leaders whose theft and mismanagement have kept so many Guineans poor in the decades since independence from France, in 1958, have also been ferociously violent, massacring as many as 186 unarmed demonstrators calling for democratic reforms in 2007, and at least 157 demanding the same in 2009. After the latter massacre, members of the state security forces gang-raped dozens of women to punish them for protesting and to terrorize men and women into silence.

While the American government condemned the massacres, the bauxite kept shipping, supplying Americans with aluminum cookware and automobile parts. That’s no surprise; the biggest mining companies doing business in Guinea are based in the United States, Canada, Britain and Australia.

People fleeing state-sponsored violence and extreme poverty will do anything to leave. I receive requests every few weeks to write expert-witness affidavits for West African asylum claimants. As a personal matter of conscience, I will not write in support of an applicant whose testimony I believe contains inconsistencies.

Yet asylum claimants are often asked to perform an impossible task. They must prove they have been subject to the most crushing forms of oppression and violence — for this, bodies bearing the scars of past torture are a boon — while demonstrating their potential to become hard-working and well-adjusted citizens.

This is where the lies and embellishments creep into some asylum seekers’ narratives. Immigrants share tips and hunches about ways to outwit the system, even as immigration judges try to discover the claimants’ latest ruses. But I can say from experience that for every undeserving claimant who receives asylum, several deserving ones are turned down. So few Africans gain access to green cards through legal channels that the United States government grants about 25,000 spots annually to Africans selected at random through the diversity visa lottery.

Just as Mr. Diallo’s death resonated because it made the tribulations of many West African immigrants public, the case of Mr. Strauss-Kahn and his accuser has the aura of a parable. Many Africans feel the International Monetary Fund, which Mr. Strauss-Kahn led, and the World Bank have been more committed to the free flow of money and commodities like bauxite than to the free flow of people and the fulfillment of their aspirations.

Guinean press accounts, and recent conversations I’ve had with Guineans, suggest that they disapprove of the deceptions by Mr. Strauss-Kahn’s accuser. But given the poverty and systemic violence in their country, they understand the circumstances in which such deception could occur — and we should, too.

As the case against Mr. Strauss-Kahn seemingly disintegrates, he is enjoying a political renaissance at home, yet I keep asking myself: does a sexual encounter between a powerful and wealthy French politician and a West African hotel cleaning woman from a dollar-a-day background not in itself suggest a gross abuse of power?

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Por qué tiene sentido un aumento de las migraciones

Por Ian Goldin, director de la Oxford Martin School y miembro del cuerpo de profesores del Balliol College (Universidad de Oxford) y Geoffrey Cameron es investigador asociado. Ambos son autores del libro Exceptional People: How Migration Shaped our World and Will Define our Future, en coautoría con Meera Balarajan y publicado por Princeton University Press. Traducción: Esteban Flamini (Project Syndicate, 05/07/11):

En casi todos los países ricos, el fervor contra los inmigrantes se ha transformado en fiebre. Pero es una enfermedad que es preciso resistir para que estas sociedades puedan seguir prosperando y para que los países en vías de desarrollo puedan luchar contra la pobreza y lograr un crecimiento económico sostenido.

Hay cuatro motivos por los que es deseable un mayor índice global de migraciones: es una fuente de innovación y de dinamismo; sirve de respuesta a la escasez de mano de obra; permite enfrentar el desafío que plantea el veloz envejecimiento de las poblaciones; y ofrece una forma de huir de la pobreza y las persecuciones. Por el contrario, poner límites a las migraciones supone un freno para el crecimiento económico y, a la larga, un deterioro de la competitividad de las sociedades. Además, es crear un mundo menos próspero, más desigual y dividido.

Por supuesto, un aumento de los índices migratorios conlleva en el corto plazo costos locales a los que es preciso hacer frente para que las sociedades puedan disfrutar de los beneficios a largo plazo, que son mucho mayores. Sin embargo, y a pesar de la oposición interna que enfrentan en los países de acogida, en los últimos 25 años las migraciones internacionales se han duplicado, y volverán a duplicarse hacia el año 2030. Los veloces cambios económicos y políticos (y cada vez más, los cambios medioambientales) expulsan a las personas de sus lugares de origen y las alientan a buscar oportunidades y seguridad en nuevos hogares.

En el contexto de la rápida globalización, serán cada vez menores los riesgos y costos que supone para los individuos trasladarse de un país a otro. La combinación de un aumento de la población mundial (que se estima en dos mil millones de personas), la reducción de los costos de transporte, las mejoras de la conectividad y el desarrollo de redes sociales y económicas transnacionales puede llevar (y debería llevar) a un mayor movimiento de las personas. Si se permite que este proceso siga su curso, será un aliciente para el crecimiento global y ayudará a reducir la pobreza.

Sin embargo, y aunque en décadas recientes ha habido importantes logros en materia de una creciente reducción de las barreras contra los flujos transfronterizos de capitales, bienes y servicios, nunca antes las migraciones internacionales habían estado sujetas a un control tan estricto. Los economistas clásicos, como John Stuart Mill, lo han visto como algo ilógico desde el punto de vista económico, a la vez que éticamente inaceptable. Adam Smith objetó todo aquello que obstaculizara “la libre circulación de la mano de obra de un empleo a otro”.

En el siglo XIX, el desarrollo del buque de vapor y otros medios de transporte supuso que la tercera parte de la población de Escandinavia, Irlanda y partes de Italia emigrara. Las migraciones masivas dieron a millones de europeos un modo de huir de la pobreza y la persecución y contribuyeron al dinamismo y el desarrollo de países como los Estados Unidos, el Reino Unido y diversas colonias.

En los días previos al inicio de la Primera Guerra Mundial, el ascenso del nacionalismo condujo a la adopción extensiva del pasaporte y fue antesala de unos controles más estrictos sobre el movimiento internacional de las personas. Cien años más tarde, contrariando la reducción de las barreras contra el comercio, las finanzas y la información, se han levantado muros todavía más altos contra la libre movilidad de las personas.

En la actualidad, aproximadamente 200 millones de personas (alrededor del 3% de la población mundial) residen fuera de sus países de nacimiento. Son los huérfanos del sistema internacional. En nuestro libro Exceptional People demostramos que, en términos generales, los inmigrantes traen grandes beneficios a las sociedades que los reciben. Además de ser una muy necesaria fuente de mano de obra calificada y no calificada, los inmigrantes hacen un aporte a la innovación y la creación de riqueza que es superior a la proporción de la población que representan.

Por ejemplo, en los EE. UU. los inmigrantes son responsables de más de la mitad de las patentes y de los nuevos emprendimientos startup en Silicon Valley. También entregan más en impuestos de lo que reciben a través de las prestaciones del bienestar social y otras retribuciones económicas.

Mientras que en los países desarrollados los avances en medicina y atención pública de la salud han aumentado la longevidad, la persistencia de bajos niveles de fertilidad y el final del baby boom [la explosión de la natalidad] posterior a la Segunda Guerra Mundial implican que en los años que vendrán se reducirá la cantidad de trabajadores nativos. Conforme las poblaciones de los países y sus tasas de fertilidad se vayan contrayendo, serán necesarias más migraciones para garantizar la competitividad económica y financiar las pensiones y los sistemas de atención de la salud.

Además de los efectos de la reducción de la fuerza laboral, hay que sumar los crecientes logros educativos en los países desarrollados, que llevarán a que haya menos personas interesadas en ocupar puestos de servicio poco calificados o trabajar en el comercio y la construcción. Se prevé que entre 2005 y 2025, en los países de la OCDE aumentará un 35% el porcentaje de los trabajadores que cuenten con educación de nivel terciario. Al aumentar los niveles educativos, lo mismo sucederá con las expectativas laborales.

Para los países que dejan atrás, los emigrantes a menudo representan una fuga de cerebros. Pero incluso si es así, los emigrantes hacen un aporte considerable a sus países de origen. Dan testimonio del papel que les cabe a los emigrantes en el extranjero países como Taiwán e Israel, cuyas diásporas cumplen un papel fundamental en materia de apoyo político, flujos de inversiones y transferencia tecnológica.

Además, a lo largo de la historia las migraciones han sido la medida más eficaz contra la pobreza. Durante 2010, las remesas enviadas por los emigrantes a sus hogares superaron los 440 mil millones de dólares estadounidenses; más de dos tercios de esos flujos se destinaron a países en vías de desarrollo. En algunos países en vías de desarrollo pequeños, las remesas representan más de la tercera parte del PIB, y ciertos países de mayor tamaño reciben cada año más de 50 mil millones de dólares estadounidenses. En América Latina y el Caribe, las remesas sirven de sostén a más de 50 millones de personas, y en África y Asia estas cifras son incluso mayores.

Un crecimiento de las migraciones beneficiaría tanto a los países ricos como a los pobres, con un mayor beneficio para los países en vías de desarrollo. Se estima que un aumento de las migraciones en los países desarrollados equivalente apenas al 3% de la fuerza laboral, entre 2005 y 2025, generaría beneficios globales del orden de los 356 mil millones de dólares estadounidenses, de los cuales más de dos terceras partes irían a países en vías de desarrollo. Si se abrieran las fronteras por completo, a lo largo de 25 años la economía mundial podría obtener beneficios del orden de los 39 billones de dólares.

Mucho se ha hablado de la necesidad de completar la Ronda de Doha de negociaciones sobre el comercio internacional y aumentar las ayudas para el desarrollo de los países pobres. Estas medidas son esenciales, pero en igual medida es importante poner sobre la mesa la reforma migratoria, ya que para la economía global y para los países en vías de desarrollo, un pequeño aumento de las migraciones sería una bendición mucho mayor que la suma de los beneficios combinados de las ayudas internacionales y la reforma del comercio.

En la actualidad, los países poderosos ponen reparos a la reforma migratoria y a la creación de una organización internacional basada en normas que tenga a su cargo la cuestión de las migraciones. Pero un mayor índice migratorio beneficiaría a todos, y el debate público en torno de la cuestión es demasiado importante para dejárselo a los políticos. Es necesaria una profunda reflexión seguida por acciones decididas.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

The great shift from farm to city

By Doug Saunders, the European bureau chief of the Canadian newspaper the Globe and Mail and the author of Arrival City: How the Largest Migration in History Is Reshaping Our World (LOS ANGELES TIMES, 19/06/11):

It is the little-noticed force behind the revolutions in the Arab world, the new protests in China and the economic booms in India, Turkey and South America: The largest population shift in human history, currently at its peak, is probably the most significant, and misunderstood, global event of our time.

In Asia, the Indian subcontinent, the Middle East, Africa and Latin America, hundreds of millions of people are rapidly moving from rural areas, where they practiced peasant agriculture, to cities — a shift that makes itself felt in the rough-and-tumble transitional neighborhoods where rural migrants first land, both in their own countries and in places like the United States, where they are make up the largest group of immigrants.

We need to pay attention to these neighborhoods, and to the huge demographic shift that is shaping them, for they are where either the next great economic opportunity or the next wave of violence and conflict will be born.

Never in human history have so many people changed their locations and lifestyles so quickly. Each month, there are 5 million new city dwellers created through migration or birth in Africa, Asia and the Middle East. China alone has an estimated 200 million “floating” citizens with one foot in a village and the other in a city. If current trends continue as expected, between 2000 and 2030, the urban population of Asia and Africa will double, adding as many city dwellers in one generation as these continents have accumulated during their entire histories. Between now and 2050, the world’s cities will add another 3.1 billion people.

This will be matched by an almost as dramatic decline in rural population. The United Nations Population Division predicts that the population of the world’s villages and rural areas will stop growing around eight years from now and that, by 2050, the rural population will have fallen by 600 million due to migration to cities and urban encroachment on villages.

We need to remember our own history here. This is the same shift that transformed Europe and North America from peasant to urban life in the 18th, 19th and early 20th centuries. That transition gave us both the violent revolutions and teeming slums of that period, but it also triggered, in the West, the end of starvation as a mass phenomenon, a vast rise in living standards and the end of uncontrollable population growth.

The shift began in the developing world during the decades after World War II, and it is now at its peak: The world has gone from being more than 70% peasant in 1950 to 50% urban today. By 2025, 60% of the world will live in cities; by 2050, more than 70%; and by century’s end, the entire world will almost certainly be as urban as we are in the West.

How is this massive migration being felt? Take a look in the chaotic Cairo neighborhood of Boulaq el Dakrour, home to 650,000 people, most of them families of rural migrants from Upper Egypt. This slum’s frustrated residents formed the first crowd to storm Tahrir Square in January, driving a rebellion that ultimately forced President Hosni Mubarak from power. Or look at Guangdong, the enormous industrial city in southern China, where thousands of rural-urban migrants rioted for three days this month in anger at their mistreatment by officials, in the most serious uprising China has seen in years. China’s first-time apartment owners, typically the children of village migrants, have also become political activists, directing their anger not at Beijing but at municipal or neighborhood officials. The ex-peasant is increasingly the most potent political actor in the world.

Or look at Brazil and Turkey, two successful countries that have experienced a decade of democratic stability, open borders and economic growth after parties representing rural-urban migrants came to power. The “arrival city” neighborhood is increasingly producing the political leaders who can unite communities and end divisions: Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva, Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan and Los Angeles Mayor Antonio Villaraigosa are all children of rural-urban migrants who grew up in bottom-rung urban neighborhoods.

These neighborhoods want to succeed. They can be the birthplace of a new middle class, as many of America’s immigrant neighborhoods have been. But they can also spiral into violent failure and threaten entire countries when barriers are placed in the way of migrants’ natural inclination to succeed.

The barriers can be physical: the isolating absence of infrastructure or transportation links. They can be bureaucratic: the use of zoning, licensing or security regulations to prevent new-immigrant neighborhoods from becoming teeming mixes of industry, commerce, restaurants and homes. And they can be citizenship barriers. Around the world, there is nothing more damaging to a nation than the presence of a large population of residents who have no pathway to legal citizenship. Without a permanent legal stake, migrants’ networks of self-support are forced to become hidden, illegal and often violent, a huge lost opportunity and a threat to a nation’s security.

This is a population shift that will affect almost everyone, in every country. Never before have so many people reached for the bottom rung of urban success. Our challenge is to make sure there is a second rung waiting for the next wave of brave ex-villagers.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

"La cosecha del imperio": el nuevo libro expone la historia de los latinos en EE.UU. en un momento en que Obama hace campaña para captar el voto latino

Democracy now! en español (25 de mayo de 2011)  Entrevista a Juan González.

Escuche/Vea/Lea

El viaje del presidente Obama a Puerto Rico se anunció en un momento en que el Presidente está coordinando los esfuerzos para ganar el voto latino en 2012. A principios de este mes, Obama pronunció un importante discurso ante una audiencia en su mayoría de latinos en El Paso, Texas, en el que exhortó a realizar una reforma migratoria. Juan González nos acompaña para analizar la historia de los latinos en Estados Unidos y cómo se relaciona con la intervención política y militar de EE.UU. en América Latina. González, copresentador de Democracy Now! y columnista del periódico New York Daily News, acaba de publicar una edición actualizada de su libro, “Harvest of Empire: A History of Latinos in America.” (La cosecha del imperio: una historia de los latinos en Estados Unidos.) Originalmente publicado en 2000, el libro examina la historia de inmigrantes latinos de México, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Nicaragua y de la región. Emitimos algunos fragmentos de un nuevo documental, actualmente en plena producción, basado en “Harvest of Empire”.

AMY GOODMAN: Juan, tu libro, Harvest of the Empire: A History of Latinos in America (La cosecha del imperio: una historia de los latinos en Estados Unidos), se publicó en el año 2000 y ahora estamos en 2011. Lo has revisado completamente. ¿Por qué lo vuelves a publicar?

JUAN GONZÁLEZ: Primero de todo, porque muchas universidades de todo el país lo siguen usando en cursos de nivel terciario, entonces a mi editor le pareció que muchos de los datos que cito en el libro estaban desactualizados. Pero la principal razón es que la presencia latina en Estados Unidos continúa creciendo a un nivel asombroso. Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses aún no está muy segura de por qué está pasando esto o hay falta información sobre este tema. Puedes verlo en todos los programa de la derecha que constantemente alimentan el sentimiento antimigratorio contra los inmigrantes indocumentados en el país. Pienso que no sólo era necesario actualizar los datos sino volver a enfatizar la enorme transformación que se está produciendo en Estados Unidos. Por ejemplo, la Oficina de Censos calcula que para el año 2050 una de cada tres personas en Estados Unidos será de origen latino. Y si las tendencias actuales continúan, es completamente posible que para finales de este siglo, para 2100, la mitad de la población de Estados Unidos tenga antepasados no en Europa, sino en Latinoamérica. Es una transformación enorme si tenemos en cuenta que sólo había unos pocos millones de latinos en la década de 1970 que representaban alrededor del 4 por ciento de la población y ahora estamos hablando para 2100 de más del 50 por ciento del total de la población.

Por supuesto, esto no está pasando sólo en Estados Unidos. La realidad es que hubo una enorme transformación en los países avanzados del mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial con la llegada de los habitantes del tercer mundo a occidente. Inglaterra no sabe qué hacer con todos los hindúes, pakistaníes y jamaiquinos. Francia no sabe qué hacer con todos los argelinos, tunecinos y marroquíes. Alemania no sabe qué hacer con todos los turcos. La gente de las ex colonias se trasladó a occidente a partir de la Segunda Guerra Mundial y está transformando la composición misma de estas naciones y planteando todo tipo de cuestiones acerca del lenguaje, la religión y la cultura. Y en Estados Unidos hace mucho que están los latinoamericanos. Como digo en el libro, entre 1960 y 2008, más de 44 millones de personas emigraron a Estados Unidos, legal o ilegalmente, la mitad de las cuales venía de Latinoamérica, por lo que en realidad el principal impulso y crecimiento de la situación inmigratoria en Estados Unidos está dado por los latinos que vienen del sur del hemisferio.

AMY GOODMAN: Juan, en este momento está en marcha un documental sobre La cosecha del imperio que estará listo recién dentro de varios meses. Pero quiero reproducir algunas de las tomas sin editar de esta película, donde aparece la activista indígena guatemalteca Rigoberta Menchú que ganó el Premio Nobel de la Paz en 1992 por ayudar a que se conociera la difícil situación de los pueblos indígenas de Guatemala durante el brutal gobierno de ese país apoyado por Estados Unidos.

RIGOBERTA MENCHÚ: Guatemala fue tremendo. Doscientos mil muertos que se han contado, más de 50.000 desaparecidos. El 83 por ciento de los desaparecidos y de los ejecutados fueron mayas. Yo salí de Guatemala después de que quemaron vivo a mi padre en la Embajada de España. Pedían asilo político al Gobierno de España. Y con el propósito de salvar sus vidas entraron a la embajada. Y en ese momento las fuerzas de seguridad de Guatemala atacaron la embajada. Los quemaron vivos a todos. Realmente no hubo supervivientes, de los campesinos, de los estudiantes, de la gente que estaba allí. ¿Será que nos hemos liberado del genocidio? ¿Será que no volveremos a ser víctimas del genocidio mañana? Yo no tengo ninguna garantía. En Guatemala si lo que hay es persecuciones, asesinatos, matanzas, lo que hay es inseguridad, yo prefiero romper la frontera e ir a un lugar con más seguridad.

AMY GOODMAN: Escuchamos a Rigoberta Menchú, ganadora del Premio Nobel de la Paz, en el documental La cosecha del imperio que saldrá próximamente. En el documental también se entrevista al padre Roy Bourgeois, fundador de la organización School of the Americas Watch, donde habla de El Salvador en la década de 1980.

PADRE ROY BOURGEOIS: Nunca he visto nada como El Salvador. Tuve más miedo allí que en Vietnam. Quiero decir, nunca he visto la brutalidad de las fuerzas armadas hacia su pueblo. Los escuadrones de la muerte estaban descontrolados. Lo que estaba pasando allí era una matanza de inocentes. Fue un genocidio.

JUAN GONZÁLEZ: Fue una lucha que se libraba en todas partes.

PADRE ROY BOURGEOIS: Todos los que estaban en contra de la política exterior de Estados Unidos o los que hablaban de la reforma agraria eran considerados subversivos y enemigos.

AMY GOODMAN: Escuchamos al padre Roy Bourgeois. Esta es sólo una toma sin editar de la película que se está comenzando a rodar sobre la base de La cosecha del imperio. ¿Cómo se relaciona esto con la inmigración, Juan?

JUAN GONZÁLEZ: Creo que el tema central de mi libro es que no se puede entender la enorme presencia latina en Estados Unidos si no se entiende el papel de Estados Unidos en Latinoamérica, es decir que la presencia latina en el país es la cosecha del imperio. Dicha presencia es el resultado de más de un siglo de dominación. La mayor parte de los inmigrantes proviene de los países que fueron más dominados por Estados Unidos. Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana, México, Salvador y Guatemala son los países de donde proviene la masa migratoria latinoamericana, la gran mayoría huyendo de guerras civiles, como en los casos de Guatemala, Nicaragua y El Salvador, donde el gobierno de Estados Unidos tuvo un papel clave al apoyar a uno u otro grupo. Otros vienen aquí como resultado de las necesidades comerciales de Estados Unidos que establece la migración y el reclutamiento de personas para que vengan a cubrir puestos de trabajo, sobre todo en el caso de los puertorriqueños y mexicanos. Entonces, los flujos migratorios masivos de latinoamericanos a este país fueron fundamentalmente una respuesta directa a las necesidades del imperio. Muchos estadounidenses no están al tanto de esto porque la mayoría ni siquiera piensa en nuestro país como un imperio.

Lo que he intentado hacer en este libro es trazar un mapa de cada uno de los diferentes grupos latinos que vinieron, qué estaba pasando en sus países de origen que los forzó a abandonarlos, a qué ciudades llegaron primero, cómo establecieron sus comunidades y qué tipo de recibimiento -hostilidad o bienvenida- hubo cuando llegaron a estas distintas ciudades alrededor del país. Básicamente traté de pintar un cuadro humano de por qué este país se enfrenta ahora a esta enorme explosión demográfica latina.

AMY GOODMAN: Emitimos el fragmento de Rigoberta Menchú y las imágenes del incendio de la embajada española en 1980. ¿Puedes explicar el significado de ese hecho y cómo se relaciona con este panorama más amplio?

JUAN GONZÁLEZ: Como decimos a menudo en Democracy Now!, Estados Unidos tuvo un papel clave en todos los sucesos políticos ocurridos en Guatemala en 1954, cuando la CIA, a través de la Operación Éxito, prácticamente organizó el derrocamiento de un gobierno elegido democráticamente, el gobierno de Arbenz, lo que condujo a la peor guerra civil en la historia de Latinoamérica. Y durante ese proceso, en un momento dado, algunas personas trataron de ocupar la embajada española. El gobierno guatemalteco de derecha atacó la embajada, la incendió y mató a muchas de las personas que estaban ahí dentro, incluyendo a familiares de Rigoberta Menchú.

AMY GOODMAN: Mataron a su padre.

JUAN GONZÁLEZ: Sí, mataron a su padre allí. Había una enorme agitación, en gran medida como respuesta a las políticas de EE.UU. De hecho, recién hace poco el nuevo gobierno popular de Guatemala pidió perdón a la familia Arbenz y decidió pagarle una indemnización. Y recién hace unos pocos años el propio presidente Clinton reconoció finalmente el genocidio de los mayas ocurrido en Guatemala. Así que tenemos esta larga historia de la que la mayoría de los estadounidenses no son conscientes. Pero cuando uno se pregunta ¿por qué están todos esos guatemaltecos trabajando en plantas procesadoras de pollo en Carolina del Norte o en otras partes del país? o ¿por qué hay tanta población guatemalteca en Houston, Texas?, la respuesta es: son las personas que huyeron de esas guerras civiles, establecieron estas comunidades y buscaron refugiarse en Estados Unidos de las políticas que precisamente el gobierno de Estados Unidos estaba respaldando. Así que en el libro intento reflejar eso y mostrar cómo ahora estos inmigrantes, aunque estén aquí en Estados Unidos, representan el principal sustento económico para muchos de sus países de origen a través del dinero que envían todas las semanas o meses, para mantener a sus familias.

AMY GOODMAN: ¿Qué importancia tienen las protestas que se hacen en el mes de mayo desde hace varios años aquí en los Estados Unidos?, ¿son las protestas más grandes?

JUAN GONZÁLEZ: Como he dicho en reiteradas ocasiones, creo que es la mayor serie de protestas en masa en la historia de Estados Unidos. Entre marzo y mayo de 2006, entre tres y cinco millones de personas inundaron las calles de 160 ciudades del país, para pedir que se pusiera fin a la demonización de los inmigrantes indocumentados y que se abriera la posibilidad de que los mismos consigan la ciudadanía o la legalidad en el país. Y fue como consecuencia de eso que el gobierno de Bush adoptó medidas duras, como redadas en las fábricas y deportaciones masivas. Y esas medidas continúan en el gobierno de Obama: las deportaciones masivas de latinoamericanos son muy similares -como señalo en mi libro- a las deportaciones en masa de mexicanos que tuvieron lugar en los años 50 (la operación Wetback), también a las que hubo en los años 30 con el presidente Hoover, cuando reunieron a más de un millón de mexicanos, los metieron en trenes y los enviaron de regreso a México. De modo que esta es la versión más reciente de una serie de redadas antimigratorias o programas de deportación en masa que hubo a lo largo de la historia de EE.UU.

AMY GOODMAN: Las deportaciones han aumentado con el presidente Obama.

JUAN GONZÁLEZ: Sí, han aumentado con el presidente Obama. Ahora bien, con Obama no hay tantas redadas en fábricas o en los lugares de trabajo, como había con Bush, pero hay muchas más redadas en comunidades individuales, en busca de supuestos inmigrantes delincuentes, cuando en realidad lo que hacen es juntar a personas de todo tipo y sacarlas del país.

AMY GOODMAN: ¿Cuáles son los aportes más importantes que los latinos hicieron en este país y que la opinión pública pasa por alto?

JUAN GONZÁLEZ: Trato de documentar los enormes aportes de los que los estadounidenses no son conscientes, los primeros aportes. Los latinos no solo son uno de los grupos de inmigrantes más recientes, sino unos de los residentes más antiguos del país. Si vas al sur de Texas, norte de Nuevo México o sur de Colorado, verás que los mexicanos viven allí desde mucho antes que esos territorios formaran parte de Estados Unidos. La industria de las minas de oro y plata del sur de California, la industria del pastoreo en Nuevo México, la industria del cobre en Arizona y toda la industria del ganado en Estados Unidos tuvieron su origen en el sur de Texas. Todos eran territorios mexicanos. Mucha de la mano de obra que trabajaba en estas industrias era mexicana, de manera que los latinos hicieron un enorme aporte a la riqueza y prosperidad de Estados Unidos.

AMY GOODMAN: Juan, estoy muy feliz de que vayas a estar con nosotros mañana compartiendo la presentación del programa, porque haremos la segunda parte. El libro de Juan González, La cosecha del imperio: una historia de los latinos en Estados Unidos, una fascinante mirada de la historia de este país.

Traducido por Laura Dolado, Ter garcia

Una conquista del derecho de protección social

Por Adolfo Jiménez, secretario general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (EL PAÍS, 06/06/11):

Los movimientos migratorios, de gran importancia en un mundo muy internacionalizado como el actual, pueden perjudicar seriamente la acción protectora de la Seguridad Social. Los sistemas nacionales de protección social se rigen, como es lógico, por el principio de territorialidad, es decir, se aplica a aquella población que radica y ha perfeccionado sus derechos en el propio país. Pero en la actualidad la vida laboral de muchos millones de ciudadanos discurre entre distintas naciones no pudiendo completar, en muchos casos, el periodo mínimo de cotización que en cada una de ellas se exige para tener derecho a percibir la prestación correspondiente, a pesar de que se haya cotizado durante toda la vida activa, perdiéndose el derecho contributivo que conlleva la cotización social.

Es una situación que afecta principalmente a los trabajadores migrantes, especialmente en Iberoamérica, en donde el periodo de carencia es muy elevado, como es el caso de Costa Rica (30 años) o Uruguay (25), pudiendo quedar desprotegidos al no tener derecho a una pensión, lo cual desincentiva el cumplimiento de la obligación de cotizar: ¿para qué aportar si no voy a poder percibir el día de mañana una prestación de jubilación? Situación que puede favorecer la informalidad.

América Latina y el Caribe es una zona con grandes movimientos migratorios: 25 millones en 2005 según la CEPAL, teniendo la tasa de emigración neta más alta del mundo. En 2007 existían 5,5 millones de migrantes interregionales cotizando en países distintos al suyo. Paralelamente, apenas se han desarrollado los convenios bilaterales, solo están vigentes el 23% de los que se necesitarían para cubrir las relaciones entre los países. Por ello la Organización Iberoamericana de Seguridad Social ha venido postulando la conveniencia de disponer de un Convenio Multilateral Iberoamericano, proyecto promovido por España en la Cumbre Iberoamericana de Salamanca (2005), cuyo contenido, así como el Acuerdo de Aplicación, fueron aprobados en Santiago de Chile (2007) y Lisboa (2009) respectivamente. En el momento actual, el Convenio ha sido ratificado por Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Portugal, Venezuela y Uruguay, habiendo entrado en vigor este 1 de mayo. El camino de su aplicación lo abrió España, que fue el primero en suscribir el Acuerdo de Aplicación, y se ha hecho realidad al completar también todos los trámites Bolivia y Brasil. El resto de los países se irán incorporando progresivamente.

La entrada en vigor del Convenio, en fecha tan simbólica como el 1 de mayo, tiene un significado importante pues supone una conquista en el desarrollo del derecho internacional de la Seguridad Social, promoviendo la cobertura en favor de los trabajadores migrantes, dependientes o no dependientes en situación de legalidad, así como de sus familiares beneficiarios y derechohabientes, en materia de prestaciones económicas de invalidez permanente, vejez, supervivencia y las derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Con la aplicación del Convenio Multilateral los trabajadores migrantes se encuentran más protegidos puesto que:

1. Se aplicará la igualdad de trato con independencia de la nacionalidad (a cualquier persona que esté o haya estado sujeta a la legislación de uno o varios Estados parte) teniendo todos los mismos derechos y obligaciones en materia de pensiones contributivas.

2. Puede totalizarse los periodos de cotización acreditados en los distintos países, garantizándose la conservación de los derechos en curso de adquisición, distribuyendo su coste a prorrata temporis, es decir, proporcional al tiempo trabajado en cada país.

3. Se garantiza la conservación de los derechos adquiridos, no perdiéndose las prestaciones por trasladarse a otro país donde se podrán recibir aunque sea distinto a aquel en que se reconocen y abonan.

4. El Convenio determina la legislación aplicable a la que estará sujeto el trabajador, rigiendo el principio de lex loci laboris con algunas excepciones, clarificando la situación de los trabajadores que prestan sus servicios o realizan su actividad temporalmente fuera de su propio país.

5. En el caso de que existan otros convenios se aplicarán las disposiciones más favorables al trabajador. Se prevé la posibilidad de ampliación a la asistencia sanitaria por acuerdo entre países.

6. Se prevé la colaboración administrativa y técnica entre instituciones gestoras para facilitar la gestión a los beneficiarios.

El Convenio Multilateral Iberoamericano, que coordina pero no modifica ni sustituye las legislaciones nacionales, constituye una experiencia inédita porque supone un acuerdo en materia de Seguridad Social entre países con modelos muy distintos en un ámbito en el que no existe una previa asociación política que facilite el sustrato jurídico que podría darle apoyo, razón por lo que ha exigido la participación de todas y cada una de las partes y su ratificación -o adhesión- precisa su incorporación como legislación interna de cada uno de los Estados.

El Convenio se configura como el primer instrumento jurídico iberoamericano que reconoce derechos a los ciudadanos, directamente reclamables ante los tribunales. Citando las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, puede ser “una base para la construcción de una ciudadanía común iberoamericana”.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Los otros emigrantes

Por David Murillo, profesor de Ciencias Sociales de Esade (EL PERIÓDICO, 06/06/11):

Bertha y Ahmed son arquitectos. Ella, nacida en Alemania Oriental hace más de 30 años. Él, en Jerusalén Este hace casi 40. Llegaron a Catalunya hace 15, ella se sacó el nivel C de catalán a golpe de manual y voluntarismo. Se casaron y hace dos años tuvieron una hija que ha aprendido de golpe alemán, árabe, castellano y catalán. Ahmed se quedó sin trabajo hace dos años. La entrada de nuevos proyectos se detuvo en seco y lo despidieron. Ella sorteó el derrumbe del sector privado, pero a inicios de este año comprobó cómo concursos públicos aprobados quedaban frenados y facturas pendientes dejaban de cobrarse. Ayuntamientos y consejos sobreendeudados, a los que no renuevan las pólizas de crédito, terminaron llevándoselos por delante. La nómina de diciembre llegó recortada. La de enero y febrero ya no llegó. En marzo decidió que por el mismo precio se quedaría en casa.

A finales de aquel mismo mes, Ahmed y Bertha decidieron hacer lo que, según las encuestas, piensa hacer un 73% de los arquitectos: las maletas. Era una discusión que se arrastraba desde hacía meses y la decisión se precipitó. Tras meditarlo mucho, a regañadientes eligieron Israel. Una decisión nada fácil para un chico árabe, moreno y de ojos oscuros. El único de su familia que cuenta con pasaporte israelí y el único que pudo estudiar en la Universidad de Tel-Aviv. Ahmed me comenta lo que más teme: la humillación cotidiana que se vive en su ciudad natal. Quince años en Barcelona, dice, hacen muy difícil el regreso. Irse a Palestina implica ver de nuevo el muro que divide la propiedad del padre en dos, los controles de carretera… Ahmed me cuenta cómo, en el distrito donde vivirán, en Jerusalén Este, días atrás unos niños tiraron piedras a una furgoneta militar. El resultado fue una reunión de los militares con jefes de familia y comerciantes: si el incidente se repetía, la comunidad recibiría las consecuencias. Esta es la tesitura del regreso. La adaptación no será nada fácil y Bertha, con la mirada, demuestra que no está segura. Su historia es apenas una de las muchas historias personales de la crisis. Para los dos, su historia de amor con Barcelona acaba con costes anímicos y económicos. Más de una década cotizando en la Seguridad Social, pagando impuestos y haciendo de falsos autónomos por cuenta ajena no les servirá de gran cosa para su futuro.

En el reciente estudio de Joan Elias Immigració i mercat laboral: abans i després de la recessió se hacía el retrato estadístico de esos inmigrantes que han cobrado notoriedad después de las pasadas elecciones. Un retrato, por cierto, que también hablaba de los nuevos catalanes que, como Ahmed y Bertha, van camino ya de dejar de serlo. Entre los datos que se recogen: los inmigrantes, de media, cobran menos pensiones que los españoles; gastan en el sistema público de sanidad menos de lo que les correspondería por peso demográfico y sufren cerca del doble de paro que los locales (30% frente al 18%). Una diferencia récord de toda la UE, solo superada por Estonia. Según el informe, el 50% del superávit de las finanzas públicas de los últimos años se corresponde con impuestos y contribuciones a la Seguridad Social aportados por inmigrantes, mientras que menos del 1% de los perceptores de prestaciones van a extranjeros. Su salario medio se sitúa en la mitad (sí) del de un español. Un dato más: el 60% de las afiliaciones de inmigrantes a la Seguridad Social en el 2009 fueron en el apartado de trabajadoras del hogar, un hecho que hay que vincular al incremento de la tasa de empleo de las mujeres de aquí. La presentación del estudio de Elias se acompañaba de una frase rotunda: «Los inmigrantes asentados en el territorio español aportan más al Estado del bienestar que lo que reciben de él».

¿Detendrán estudios como el de Elias la oleada xenófoba que se introduce poco a poco en los ayuntamientos? Sin miedo a equivocarnos ya podemos avanzar que no. Los cantos de sirena de las soluciones simples a problemas complejos son la receta común de los tiempos de crisis. Son tiempos en los que toca alejarnos de los estudios científicos para entrar de lleno en el mundo de lo irracional. Un hecho que ya han podido comprobar en carne propia los alcaldes que han osado enfrentarse a la percepción social de la inmigración sin avivar el recurso al miedo y el enfrentamiento. Así, el voto xenófobo de los últimos resultados electorales, por escaso que aún sea, no es más que la antesala de lo que puede venir. Causa sorpresa pensar que algún ayuntamiento podrá combatir la diferencia demográfica que separa el Magreb, Asia y Latinoamérica de Europa, o el diferencial de esperanza que propulsa su población juvenil, con recetas que vayan mucho más allá del fuera de aquí.

Tzvetan Todorov, en uno de sus últimos ensayos, delimitaba la línea de demarcación que separa la civilización de la barbarie. Para el autor, la civilización no es más que una categoría moral que separa el mundo de la razón, la cultura y el respeto al otro del discurso basado en el agravio y la rabia. Ahmed y Bertha ya no estarán entre nosotros, pero al menos se ahorrarán tener que ver cómo, lentamente, vamos adentrándonos en la barbarie.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

¿Schengen en peligro?

Por Carmen González Enríquez, investigadora principal de Demografía, Población y Migraciones Internacionales del Real Instituto Elcano (REAL INSTITUTO ELCANO, 10/05/11):

Tema: La gestión italiana de la llegada de inmigrantes irregulares a sus costas puede acabar costando a todos los europeos un retroceso en su libertad de movimientos.

Resumen: Por primera vez desde su creación en 1985, varios Estados miembros del espacio de Schengen proponen modificar las normas que permiten a uno de los Estados restaurar el control fronterizo y reciben el apoyo de la Comisión a esta propuesta. Esta es la reacción a la gestión italiana de la llegada a su territorio de algo más de 20.000 inmigrantes irregulares tunecinos, una cifra que ha causado en Italia una alarma excesiva y ante la que ha actuado favoreciendo su salida hacia Francia. El espacio de Schengen, el mayor del mundo sin controles fronterizos, no es sostenible sin un acercamiento entre las políticas nacionales de inmigración.

Análisis: El acuerdo de Schengen ha creado el mayor territorio internacional del mundo en el que se permite el libre movimiento de ciudadanos sin controles fronterizos. Desde su inicio en 1985, cuando se firmó entre cinco países (Francia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos), su tamaño no ha cesado de crecer con la incorporación de viejos y nuevos Estados de la UE y vecinos a ella, como Suiza y Noruega, hasta convertirse en una de las principales señas identificativas de Europa para sus ciudadanos, junto con el euro, y cubrir 25 Estados. Desde su comienzo, la existencia de este espacio hizo patente la necesidad de homogeneizar las políticas migratorias nacionales de los Estados miembros ya que la desaparición de los controles fronterizos permite a los inmigrantes que entran en cualquier país del grupo trasladarse a cualquier otro.

Sin la existencia del acuerdo de Schengen las políticas de inmigración habrían continuado siendo competencia exclusiva de los Estados porque los incentivos para comunitarizar estas políticas son más débiles que las presiones locales para mantener incólume la soberanía estatal sobre ellas. Lo que se ha avanzado desde 1985 está mucho más en el campo de las políticas de evitación de la inmigración no deseada que en el de las de atracción activa de la inmigración deseada. Los progresos en la lucha contra la inmigración irregular han sido además reacciones frente a sucesivas crisis que han ido afectando a diferentes partes de la Unión, primero en Europa Central (Alemania y Austria) tras la primera gran oleada migratoria que partió del Este de Europa a partir de 1990, y después en Europa del Sur, donde se ha incrementado notablemente en esta década.

Sin embargo, y pese a los avances en el control de las fronteras, la política de visados, el intercambio de información, la firma de acuerdos con los países de origen o de paso, y la organización de vuelos de repatriación conjuntos, todavía en esencia la política de gestión de flujos migratorios sigue siendo nacional. Son normas nacionales las que definen los requisitos y los procedimientos para migrar legalmente a un país, las que establecen cuotas o sistemas de puntos, las que definen el acceso a la ciudadanía estatal (y por tanto a la europea) y las que regulan los derechos y las expectativas de los inmigrantes irregulares. Esta inconsistencia entre normas nacionales y un espacio sin fronteras ha causado hasta ahora algunas fricciones que han enfrentado básicamente al norte con el sur, a Estados con políticas más restrictivas, como Alemania y Francia, con otros de puertas más abiertas en el pasado inmediato, como Italia y España, los mayores receptores de la inmigración llegada a Europa desde el año 2000. Buena parte de esa inmigración que ha llegado al sur de Europa ha sido irregular y una parte desconocida de ésta se ha trasladado al norte, desde donde se ha acusado con frecuencia al sur de aplicar de forma demasiado laxa sus propias normas migratorias, o de no aplicarlas. Pero hasta ahora esas tensiones no habían puesto en duda la vigencia de Schengen como sí lo ha hecho la negativa de Francia de permitir la entrada a su territorio a los inmigrantes tunecinos llegados a Italia en los primeros meses de este año y a los que el gobierno italiano ha concedido un permiso de residencia provisional.

En definitiva, a pesar de las tensiones que ha causado la defensa de la soberanía estatal en este terreno, hasta ahora la existencia de un espacio europeo de libertad de movimientos, el espacio Schengen, ha podido coexistir con diferentes políticas de inmigración porque los efectos secundarios de las políticas nacionales han sido débiles en terceros Estados. Nunca antes se había producido un efecto tan notorio en un Estado por la llegada de inmigrantes irregulares a otro como el que ahora ha afectado a Francia e Italia.

Los antecedentes

La reunión del Consejo de Ministros de Interior de la UE rechazó el 11 de abril la propuesta del gobierno italiano de repartir entre los Estados miembros a los alrededor de 20.000 inmigrantes irregulares procedentes en su mayor parte de Túnez y llegados a sus costas antes del 5 de abril, fecha a partir de la cual, según el acuerdo italiano con el nuevo gobierno tunecino, éste acepta la devolución de sus nacionales llegados irregularmente a Italia. En la misma reunión el Consejo de Ministros de Interior decidió aceptar el reparto del millar de demandantes de asilo llegados a Malta desde Libia. La respuesta europea ha causado gran malestar en el gobierno italiano, cuyo primer ministro, Silvio Berlusconi, en la víspera de la reunión, declaró que “L’Europa o è qualcosa di vero e concreto o non è. Ed allora è meglio dividerci e tornare ciascuno a fare le proprie politiche nazionali e i propri egoismi” (“Europa o es algo de verdad y concreto o no existe. Y entonces es mejor dividirse y volver a dedicarse cada uno las propias políticas nacionales y los propios egoísmos”). Tras el resultado de la reunión, el ministro del Interior, Roberto Maroni, afirmó “A Italia se la ha dejado sola. Me pregunto si tiene sentido seguir formando parte de la Unión Europea”.

Las conclusiones del Consejo de Ministros de Interior no incluyeron nada sobre el futuro de los inmigrantes económicos tunecinos que se encuentran en Italia. En cambio, animaban a los Estados miembros a “reasentar” a los demandantes de asilo, en su mayoría llegados a Malta procedentes de Libia y muchos de ellos originarios de países sumidos en largos conflictos a los que resulta difícil volver, como Somalia, Eritrea y Palestina. España, Alemania, Bélgica, Italia, Suecia, Eslovaquia, Noruega y Portugal ya han anunciado su disposición a acoger refugiados, en lo que supone un importante avance hacia un mejor reparto de la carga que implica para los países europeos la acogida de refugiados y asilados.

A la vez, las conclusiones del Consejo piden a los Estados que contribuyan con mayores fondos a las labores de Frontex (Agencia Europa de Fronteras), urgen la reforma del reglamento de esta Agencia para darle mayor autonomía y operatividad y anuncian la celebración de una reunión del Consejo el 12 de mayo para volver a examinar la situación. Por último, las conclusiones no mencionan la Directiva de Permisos Temporales del 2001, diseñada para acoger de forma provisional a un gran número de migrantes en caso de una grave crisis en un país vecino (se redactó con el conflicto de Kosovo en mente) y que Italia pretendía activar en este caso para otorgar esos permisos a los inmigrantes tunecinos de modo que pudieran dirigirse a otros países. Francia es el destino “natural” para la mayor parte de ellos por la existencia allí de redes de familiares ya asentadas. Previamente, la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, ya había negado que el número de inmigrantes llegados a Italia y Malta pudiera justificar la activación de esa Directiva, pensada para la llegada de cientos de miles de refugiados. Y Francia ya había anunciado que no aceptaría la llegada de esos inmigrantes tunecinos.

El mensaje implícito del Consejo de Ministros de Interior a Italia ha sido éste: un país de 60 millones de habitantes con la riqueza de Italia tiene que ser capaz de atender por sí mismo a 20.000 inmigrantes irregulares sin “exportar” el problema a los demás. La UE se esforzará para mejorar la gestión de la inmigración llegada desde el Norte de África, reforzando Frontex y negociando con los países del Magreb (Durão Barroso visitó Túnez el 12 de abril para urgir a este país a repatriar a sus emigrantes), pero, de forma inmediata, Italia debe poder gestionar por sí misma esta “crisis” cuya gravedad está exagerando. Como comparación ilustrativa, conviene recordar el verano del 2006, cuando llegaron a las Islas Canarias 25.000 inmigrantes irregulares subsaharianos. El gobierno español pidió la ayuda europea pero en definitiva gestionó por sí solo esta oleada y no promovió la salida de los inmigrantes hacia otros países europeos, como sí ha hecho Italia en este caso.

Es indudable que en esta respuesta a Italia pesan algunos elementos de su pasada gestión migratoria, la reciente y la más antigua. En cuanto a la reciente, el gobierno italiano contestó con un “no, gracias” a la oferta de ayuda de Frontex que le llegó en el mes de enero, para solicitarla un mes después, cuando el número de llegadas había aumentado considerablemente. La actitud de permitir que la situación se deteriorase en Lampedusa, sin trasladar fuera de la isla a los inmigrantes ni ofrecer medios para su atención básica, tampoco ha jugado a favor de la imagen italiana en Europa. Respecto al pasado, Italia es conocida por su gestión ambigua de la inmigración, combinando un discurso restriccionista y en algunos casos xenófobo con la tolerancia de hecho frente a la presencia de un alto número de inmigrantes irregulares. A la vez, Italia es uno de los países europeos que menos refugiados y asilados políticos acoge. Tampoco esto ha contribuido a despertar la solidaridad de los europeos. Por último, el descrédito de la clase política italiana encabezada por un primer ministro sospechoso de una amplia gama de delitos no promueve la simpatía de sus socios europeos. ¿Habría sido la misma la respuesta del Consejo de Ministros de Interior de la UE si la avalancha migratoria se hubiera producido en un país más respetuoso con las normas propias y europeas? Probablemente no.

Pero, con su proverbial creatividad, Italia encontró el método para solventar esta negativa del Consejo de Ministros al reparto de los inmigrantes: decidió realizar una interpretación original de sus propias normas migratorias y conceder un permiso de residencia temporal por razones humanitarias a los inmigrantes tunecinos (claramente migrantes económicos) y a la vez documentarlos con un “documento de viaje de extranjeros” para, de esta forma facilitarles el paso por el espacio Schengen.

Su decisión fue inmediatamente criticada por Francia y Alemania, que se apresuraron a declarar que no aceptarían esos documentos, pero la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, declaró que tanto los permisos de residencia temporal “por razones humanitarias” como los “documentos de viaje de extranjeros” son válidos dentro del espacio Schengen. Con ello, la Comisión dejó la pelota en el campo de juego de Francia e Italia, enfrentados por este asunto. El gobierno francés reiteró en la semana del 11 al 17 de abril que no admitiría en su suelo a esos inmigrantes, argumentando sobre la base del Tratado de Schengen que permite a un Estado exigir a los inmigrantes extracomunitarios que demuestren tener medios de vida en el país. Puesto que la estrategia italiana ya ha convertido a los inmigrantes en regulares al otorgarles un permiso temporal “por razones humanitarias” y les ha entregado un título de viaje que la comisaria ha aceptado como válido, sólo queda que los propios inmigrantes, con familiares y amigos al otro lado de la frontera francesa, consigan demostrar medios de vida en Francia. Los primeros 20 tunecinos de este grupo llegado a Italia entre finales de diciembre y el 4 de abril entraron legalmente en Francia el 15 de abril y otros tantos lo hicieron el día 16. Pero el día 17, domingo, Francia decidió impedir la entrada de trenes procedentes de Ventimiglia (Italia) con el argumento de que existían riesgos de orden público (activistas pro-inmigrantes se disponían a acompañar en el tren a un grupo de 60 tunecinos). A continuación, en un intento de disminuir la gravedad de los hechos, la comisaria respaldó el bloqueo de Francia a los trenes italianos, aceptando sus argumentos respecto al peligro para el orden público. La propia Italia se apresuró a quitar hierro al asunto en cuanto el tráfico ferroviario se restableció al día siguiente.

Pocos días después, en la cumbre del presidente Sarkozy y el primer ministro Berlusconi celebrada en Roma el 26 de abril, ambos acordaron solicitar una reforma del Tratado de Schengen de forma que se modifiquen las condiciones para el restablecimiento temporal de los controles fronterizos (las propuestas concretas no han trascendido) a la vez que se refuerza el papel de Frontex y la solidaridad entre los 27 en este campo. La sorprendente sintonía mostrada por los gobiernos francés e italiano en esta cumbre parece relacionada por una parte con asuntos ajenos a la inmigración, que también se debatieron allí, y por otra con la necesidad de Francia de cooperar en este tema con Italia porque, como se ha dicho, Francia constituye el destino preferido de los inmigrantes tunecinos. En la misma cumbre, Italia anunció que participaría en los ataques a las fuerzas de Gadafi en Libia, a lo que hasta el momento se había negado por sus importantes relaciones con el dictador.

También el gobierno alemán se ha manifestado a favor de modificar las normas de Schengen para hacer más fáciles los controles fronterizos, a la vez que ha criticado a Italia por conceder permisos de residencia a inmigrantes irregulares económicos, en violación del espíritu del Tratado. La reacción alemana contra la gestión italiana de esta migración ha sido dura. El parlamentario de la CDU, Günter Krings, ha declarado que “Roma utiliza métodos de chantaje que conocemos únicamente de la mafia” y el ministro del Interior de Baja Sajonia, Uwe Schünemann, ha propuesto que la UE no conceda a Italia la ayuda económica que ésta ha solicitado para atender a los inmigrantes.

Finalmente, el 4 de mayo, la Comisión emitió una comunicación sobre inmigración en la que indica que está analizando la viabilidad de introducir un mecanismo “que permita decidir a nivel europeo cuales serán los Estados miembros que volverán a introducir con carácter excepcional el control en la frontera interior y por cuánto tiempo. Este mecanismo se utilizaría como último recurso en situaciones verdaderamente críticas hasta que se tomasen otras medidas (de emergencia) para estabilizar la situación en la frontera exterior afectada ya sea a nivel europeo, dentro de un espíritu de solidaridad, o a nivel nacional, para cumplir mejor las normas comunes” (COM(2011) 248 final). Como puede verse, la Comisión indica una puerta cuya apertura dependerá de la voluntad de los Estados, expresada en el próximo Consejo de Ministros de Interior del 12 de mayo.

Conclusión

La debilidad europea

Más allá de la interpretación en clave nacional de estos acontecimientos (la presión tanto en Francia como en Italia de los grupos anti-inmigrantes, como la Liga Norte y el Frente Nacional, y la proximidad en ambos casos de elecciones, municipales en mayo en Italia y presidenciales en 2012 en Francia), puede extraerse de ellos alguna conclusión sobre la política europea de inmigración o sobre la política europea a secas. La debilidad de la Comisión ante los Estados, en este caso Italia, dando por válido lo que no debería haber aceptado y renunciando a imponer como criterio la fidelidad al espíritu de Schengen, que exige que la inmigración irregular sea gestionada en el primer Estado de llegada, es una muestra de inconsistencia.

Desde la perspectiva de la política europea de evitación de la inmigración irregular, la gran fragilidad en la que descansaban los acuerdos firmados con regímenes autoritarios del Magreb (Túnez y Libia) obliga ahora a la UE a dedicar más medios e idear nuevas fórmulas para incentivar a regímenes democráticos a aceptar acuerdos de repatriación, en un contexto turbulento –el de cualquier transición democrática– en el que este asunto no es en absoluto prioritario en sus agendas. Pasar de una dictadura a una democracia liberal es, a pesar de todas sus dificultades, más sencillo que crear puestos de trabajo suficientes para esa buena parte de la numerosa población joven que se encuentra en paro o en situaciones de infra-empleo. Por tanto, las motivaciones que provocan la emigración económica hacia Europa se mantendrán, al menos durante un largo período, mientras que la democratización y el respeto a los principios de un Estado de Derecho harán más complicada y costosa la prevención de las salidas irregulares desde sus costas.

Es un reto difícil en el que Europa, maniatada como está por sus propias normas, tiene pocas probabilidades de lograr un éxito rápido. Lo que Europa puede ofrecer al Norte de África (mayores cuotas de inmigración legal, más ayuda al fortalecimiento institucional, reconocimiento de los títulos académicos, más contactos de todo tipo…) simplemente no es suficiente para que gobiernos que deben responder electoralmente ante sus ciudadanos se impliquen de forma decidida en una política impopular, la de impedir que emigren hacia Europa.

Por otra parte, el doble y contradictorio mensaje de la UE a Italia, el “duro” del Consejo de Ministros de Interior (no es aceptable el reparto de los irregulares, Italia tiene medios suficientes para encargarse por sí sola) y el “débil” de la Comisión (permitan que salgan hacia otros países Schengen y arréglenlo en disputas bilaterales), no dice nada bueno sobre la posibilidad de avanzar hacia responsabilidades compartidas y políticas comunes. Es el propio espacio Schengen, la desaparición de las fronteras internas, lo que se pone en peligro, y éste es, junto con el euro, uno de los principales activos y símbolos de la UE ante sus ciudadanos. En definitiva, ambivalencias y debilidades como ésta profundizan una crisis del europeísmo que ya es grave.

Finalmente es muy probable que las normas que regulan el espacio Schengen no se alteren sustancialmente ya que el número de inmigrantes llegados no justifica cambios que perjudicarían a todos los europeos haciendo más lento y pesado el cruce de fronteras. El Parlamento Europeo se opondría y algunos Estados, como España, ya han anunciado también su oposición. Pero el mero hecho de que la Comisión haya cedido de esta forma a la presión italiana, originando una bola de nieve de conflictos, supone un descrédito para la institución europea más visible y por tanto para la UE. Por último, las llamadas a aumentar la solidaridad entre los 27 Estados miembros ante “crisis migratorias” como ésta sólo tendrán eco si las normas que regulan el tratamiento dado a la inmigración irregular en los diferentes Estados –y su aplicación efectiva– se homogenizan. Si los posibles donantes, los Estados que más contribuyen a los fondos comunitarios, que son a la vez, por su posición geográfica, los menos sometidos a la presión de la llegada de inmigración irregular, albergan dudas sobre la buena fe y la seriedad de los esfuerzos de los Estados más afectados por esa presión, todos ellos en el sur de Europa, en lugar de solidaridad y apoyo financiero se producirá un retroceso hacia el control de las fronteras.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

La crisis en el Norte de África y su impacto en la inmigración irregular a la Unión Europea

Por Gil Arias, director ejecutivo adjunto de Frontex (REAL INSTITUTO ELCANO, 09/05/11):

Tema: Los procesos de cambio político que se suceden en el Norte de África tienen un impacto inmediato en la inmigración irregular hacia Europa. Una visión desde Frontex.

Resumen: Este análisis se realiza desde la perspectiva del impacto que la crisis en el Norte de África puede tener en los flujos de inmigración ilegal hacia la UE a corto y medio plazo y, de forma particular, desde la perspectiva de la gestión fronteriza, planteando diferentes escenarios posibles. No se abordan, por tanto, las consecuencias políticas o económicas de la misma, ni tampoco la capacidad de los Estados Miembros de la UE para acoger a los inmigrantes desplazados ni su eventual impacto en el actual sistema europeo de asilo. Desde el punto de vista geográfico el análisis se circunscribe al Norte de África, sin tener en cuenta otros conflictos existentes o emergentes en el continente africano y en Oriente Medio (Bahréin, Yemen, Siria y Costa de Marfil).

En cuanto al marco temporal, los posibles escenarios analizados en este estudio se circunscriben al corto y medio plazo, es decir, considerando la situación actual y lo que podría ocurrir de aquí a finales de 2012. Esta es el plazo que aplica la Agencia Frontex en cuanto al marco temporal de sus análisis de riesgos. Teniendo esto en cuenta, no debe sorprender al lector que no se contemplen escenarios brillantes en los que las actuales revueltas tuvieran como consecuencia la instauración de regímenes democráticos en los países del Norte de África y estos, a su vez, llevasen al fin de la inmigración ilegal hacia la UE, pues en el plazo considerado tal eventualidad no sería en absoluto realista.

Análisis

La situación de la inmigración irregular en la UE: principales rutas

Al objeto de poner este análisis en perspectiva, se efectúa en primer lugar un somero análisis de la situación de la inmigración ilegal en la UE (presión de la inmigración irregular en las fronteras exteriores) en los meses precedentes al estallido de la crisis.

Aunque los analistas de Frontex [1] utilizan diversos indicadores para medir la presión de la inmigración ilegal en las fronteras exteriores de la UE, el que mejor refleja dicha presión es el número de personas detectadas cruzando o intentando cruzar irregularmente dichas fronteras.

En este sentido, la tendencia decreciente apreciada en los años 2008 y 2009, respecto de los años precedentes, se ha detenido, estabilizándose en 2010. El número de cruces irregulares de la frontera detectados en el año 2010 se ha mantenido al mismo nivel que en el año 2009 (104.000). Aunque se ha apreciado un descenso en el número de entradas ilegales en la práctica totalidad de los Estados Miembros, el drástico incremento en Grecia (+15%) ha compensado los descensos en las demás países.

Los demás indicadores (denegaciones de entrada en los puestos fronterizos, facilitadores arrestados, solicitudes de asilo, etc.) muestran todos ellos una tendencia decreciente, salvo el uso de documentos falsos, que se incrementó en un 20% en comparación con los detectados en 2009.

Mapa 1. Principales áreas de cruce irregular

El mapa muestra los sectores de la frontera exterior de la UE donde se ha detectado el mayor número de entradas irregulares. El tamaño de las esferas indica el volumen (en número) de entradas ilegales en cada sector fronterizo y con los colores se destacan, de una parte, el tipo de frontera (azul para las marítimas, marrón para las terrestres) así como las nacionalidades predominantes de los inmigrantes detectados cruzando en dichos lugares (según la intensidad del color).

Con algunas precisiones (como el traslado de flujos desde las islas a la frontera terrestre en el caso de Grecia) este mismo mapa reflejaría también la situación correspondiente al año 2009.

Grecia, con más de 89.000 entradas ilegales, acumula el 86% del total de cruces ilegales de la UE. Su frontera con Turquía es la más vulnerable, con 47.700 cruces ilegales (46% del total UE) a través de la frontera terrestre, y 6.000 por vía marítima. La segunda frontera más vulnerable es la terrestre entre Grecia y Albania, en la que se han producido en 2010 aproximadamente 35.300 cruces ilegales, lo que equivale al 34,5% del total de la UE.

España ocupa el segundo lugar en número de entradas ilegales, a gran distancia de Grecia, con un 5% del total. Alrededor de 1.500 se produjeron en las fronteras de Ceuta y Melilla y unas 3.500 en las costas peninsulares. En Canarias se produjeron únicamente 196 llegadas en 2010, mientras que en 2009 se contabilizaron 2.244. En tercer lugar se encuentra Italia, con 4.400 entradas irregulares (4% del total de la UE).

Mapa 2. Rutas de inmigración ilegal (sur)

Las tres rutas tradicionales de inmigración ilegal en el Sur de la UE tienen su origen en África y como último escalón el cruce marítimo. Sólo la denominada ruta del Mediterráneo Occidental finaliza (en una de sus variantes) en la frontera terrestre de Ceuta y Melilla.

La ruta de África Occidental ha sido tradicionalmente utilizada por ciudadanos de Mali, Mauritania y Guinea Bissau, mientras que la del Mediterráneo Occidental es la elegida por la mayoría de marroquíes y argelinos. La ruta del Mediterráneo Central tiene su origen en el Golfo de Guinea y en el Cuerno de África y como destino final Malta y las islas Pelágicas, principalmente Lampedusa. La ruta del Mediterráneo Oriental sigue siendo la más importante en cuanto al volumen de inmigrantes irregulares a través de las fronteras terrestres y marítimas (Grecia), utilizada tradicionalmente por ciudadanos de Afganistán, Pakistán, Iraq y Somalia, pero desde 2009 también por ciudadanos magrebíes, sobre todo argelinos que utilizan vuelos de bajo coste desde Casablanca a Estambul.

Mapa 3. Rutas de inmigración ilegal (este)

Análisis de escenarios: consecuencias migratorias para la UE

Se puede establecer la siguiente breve cronología:

• 14/I/2011: después de más de dos meses de revueltas, Ben Ali abandona Túnez. Comienza la ola de revueltas en el Norte de África.
• 11/II/2011: Hosni Mubarak dimite tras importantes manifestaciones de protesta en El Cairo y otras ciudades del país.
• 11-14/II/2011: más de 5.000 inmigrantes irregulares llegan a Lampedusa durante el fin de semana. Se trata principalmente de nacionales tunecinos que huyen de la pobreza y de las malas perspectivas económicas para el país (40% de pérdida de turismo en el mes de enero). La mayoría busca viajar a Francia donde hay importantes colonias de tunecinos.
• 15/II/2011: comienzan las revueltas en Libia. Italia solicita a Frontex una operación conjunta para hacer frente a la llegada masiva de inmigrantes.
• 20/II/2011: Frontex lanza la operación Hermes (extendida) inicialmente planeada para comenzar en junio.
• 10/III/2011: desde el comienzo del conflicto en Libia, más de 200.000 personas han huido del país (parte a Egipto y parte a Túnez), la mayoría trabajadores que desean retornar a sus países. A los tunecinos y egipcios se unen otros extranjeros residentes en Libia (Bangladesíes, vietnamitas, etc.).
• 15/III/2011: Frontex amplia el área operativa de la operación Hermes al sur de Cerdeña.
• 17/III/2011: el Consejo de seguridad de Naciones Unidas adopta la Resolución 1973 por la que se autoriza la intervención armada en Libia para asegurar la restricción del espacio aéreo. Desde entonces se han producido más desplazamientos desde la zona oriental de Libia hacia Egipto.

Libia, con o sin Gadafi ostentando el poder.

Mientras Gadafi se mantenga en el poder y el conflicto persista, continuará la evacuación de ciudadanos de otros países. La Guerra civil ha tenido ya consecuencias en este sentido, con más de 560.000 trabajadores desplazados a Egipto y Túnez y, en menor medida, a Argelia, Níger y Chad. La mayoría han sido o serán repatriados a sus países. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el 10 de marzo la mayoría de egipcios y tunecinos habían abandonado Libia. Sin embargo, desde que se inició la intervención militar se ha reproducido la huida masiva de personas desde la parte oriental de Libia hacia Egipto, a una media de 2.000-3.000 personas diarias, de las cuales aproximadamente el 12% son nacionales libios.

Desde el punto de vista migratorio se presentan dos factores de riesgo: (1) la ayuda financiera a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para las evacuaciones se ha agotado; y (2) el número de desplazados es superior al que las organizaciones internacionales son capaces de evacuar. Por otra parte, algunos países carecen de capacidad suficiente para retornar a sus nacionales (por ejemplo, Bangladesh), los cuales, como consecuencia, podrían permanecer en los países de la UE a los que han sido inicialmente evacuados.

Las probables acciones de represión contra los opositores tendrán como consecuencia la huida de éstos, en busca de protección, hacia los países vecinos (Túnez, Egipto y Argelia) pero también hacia la UE, en principio por vía marítima.

De acuerdo con las estimaciones de la OCHA, en el peor de los escenarios unos200.000 libios podrían huir a Egipto y Túnez y otros 600.000 podrían necesitar ayuda humanitaria dentro de Libia. Es aventurado predecir el número de libios que podrían emigrar a la UE.

En el caso de que el régimen de Gadafi recupere el control, la UE y sus Estados Miembros no podrán reanudar la cooperación con un régimen totalmente desacreditado. Se producirá el cese en la aplicación de acuerdos de cooperación policial que en el pasado (desde mayo de 2009) sirvieron para detener los flujos de inmigración irregular desde Libia hacia Italia y Malta. La posibilidad de que ciudadanos de otros países africanos bloqueados en Libia sean obligados o “ayudados” a emigrar a la UE no debe descartarse. De hecho, Gadafi ha amenazado con “abrir la puerta” de la inmigración ilegal hacia Europa.

La OIM estima la cifra de extranjeros presentes en Libia entre 0,5 y 1,5 millones. No obstante, no todos serian candidatos a la inmigración ilegal. Se trata fundamentalmente de trabajadores empleados por empresas extranjeras asentadas en el país, por lo que su intención primaria no sería la emigración a la UE y por otra parte una buena parte de ellos ya han abandonado Libia.

En el peor de los casos, la consecuencia de ese “abrir la puerta” sería la reactivación de los flujos por vía marítima hacia Lampedusa y Malta (eventualmente también Creta, que se encuentra a 200 km de distancia de la costa libia) en un escenario similar al de 2008 (40.000 inmigrantes llegaron a Italia y Malta, con origen en las costas libias) agravado por el efecto adicional de la inestabilidad en el país. Su destino principal serían los países con presencia importante de ciudadanos norteafricanos (Italia, Francia, España, Bélgica y el Reino Unido). El destino de los nacionales de países subsaharianos se encontraría más repartido por toda la UE.

Si Gadafi es derrocado resultará clave la capacidad y rapidez de la oposición para reorganizarse. La oposición se encuentra, por el momento, bastante desorganizada y es probable que se produzcan luchas internas por el poder, especialmente por el control de los campos petrolíferos. Ello podría conducir a un estado persistente de disturbios y a una ausencia de control por un largo periodo de tiempo.

La eventual reactivación de las rutas migratorias hacia la UE dependerá de la capacidad del nuevo régimen para imponer la ley y el orden en el país así como el control efectivo sobre los 2.000 km de costas y 4.000 km de fronteras terrestres libias. En el peor de los escenarios podría darse una situación similar a la de Somalia.

En este escenario, la economía libia puede deteriorarse y elevarse los niveles de desempleo. Actualmente se desconoce la tasa de desempleo en Libia, pero se presume baja. Previsiblemente, la mayoría de los trabajadores desempleados intentará regresar a sus países, pero parte de ellos (sobre todo los nacionales de países inseguros) buscaran otras oportunidades, entre ellas la emigración clandestina a la UE.

La ausencia de ley y orden, especialmente la ausencia de control sobre las fronteras marítimas, llevará rápidamente a las mafias al tráfico de inmigrantes hacia la UE. Los candidatos serían primariamente trabajadores desempleados no deseosos de volver a sus países (mayormente de África Occidental y Oriental, pero eventualmente también libios, egipcios, argelinos y tunecinos). Esta situación impediría, por otra parte, el retorno de quienes fuesen detectados cruzando ilegalmente las fronteras exteriores de la UE.

En tales circunstancias se puede prever un flujo constante de inmigración ilegal durante meses, mayoritariamente por vía marítima, pero también por vía aérea a través de Turquía. La duración en el tiempo de este escenario dependerá de la rapidez con la que la UE o los Estados Miembros y las nuevas autoridades sean capaces de restablecer la cooperación. En este sentido, serán determinantes los acuerdos de readmisión efectivos.

Por último, ha de tenerse también en cuenta el riesgo marginal de que los vencedores realicen acciones de persecución sobre los partidarios de Gadafi, lo que provocaría la huida de éstos del país en busca de refugio.

Túnez y Egipto: dificultades para restablecer la ley y el orden

Se asume que las nuevas autoridades tunecinas no serán igual de firmes y represoras como lo fue el régimen de Ben Ali en su tratamiento de la emigración irregular. Ello ha conducido ya a una disminución del control y a una mayor libertad de movimientos para las mafias tunecinas. Una buena prueba ha sido la salida masiva de inmigrantes hacia Lampedusa desde enero.

En este escenario, es previsible la aparición de flujos migratorios de media o baja intensidad pero constantes hacia Italia, y también por vía aérea a través de Estambul y posteriormente a través de la frontera greco-turca. La persistencia exitosa de estos flujos podría también animar a ciudadanos subsaharianos a la utilización de estas rutas.

En Egipto se han producido recientemente conflictos interreligiosos que dificultan la tarea del nuevo gobierno. Los ataques a los cristianos coptos ya han producido un incremento en las solicitudes de asilo en la UE por ciudadanos de esta minoría.

La ausencia de control sobre las zonas costeras podría dar lugar a la aparición de rutas migratorias hacia Chipre y Grecia, donde existen importantes comunidades egipcias, por vía marítima, pero también por vía aérea a otros Estados de la UE, especialmente en vuelos de bajo coste a través de Estambul.

En el caso de que las dificultades en el establecimiento de regímenes democráticos en Túnez y Egipto se prolongasen por largo tiempo se podría producir, además de un flujo de emigración económica, una crisis humanitaria.

La población de ambos países espera que sus respectivos gobiernos cumplan sus expectativas de creación de empleo y de establecimiento de sistemas democráticos. Si la evolución económica no crea suficientes puestos de trabajo, muchos desempleados buscarán sus oportunidades en la UE. Si la ausencia de ley y orden perdura en el tiempo ambos países se convertirán en puntos de salida para inmigrantes ilegales de países del África Occidental y del Magreb. Los países de destino serian fundamentalmente Italia, Malta y Grecia.

Los procesos democráticos en ambos países aun pueden descarrilar, conduciendo a gobiernos represivos. En tal caso, las protestas podrían multiplicarse con riesgo de producir una crisis humanitaria o un escenario de opositores huyendo del país. Potenciales países de destino serían los ya citados Italia, Malta y Grecia. En este sentido, puede ser determinante el resultado de las elecciones a la Asamblea Constitucional en Túnez en junio, la evolución de las protestas callejeras en ambos países y la evolución de las tasas de desempleo.

Marruecos y Argelia

Por el momento, las autoridades de Argelia y Marruecos han ido cediendo gradualmente a las demandas de reforma política y no se ha producido una situación de enfrentamiento.

Sin embargo, si las protestas persisten y los países vecinos van accediendo progresivamente a sistemas democráticos, esta situación podría llevar a una radicalización de las protestas en ambos países, con amenaza a la estabilidad actual y posible uso de la fuerza, provocando ausencia de control sobre el territorio.

En Argelia, por el momento, las autoridades vienen impidiendo las salidas de inmigrantes desde sus costas hacia la UE. El fenómeno de los haragas (jóvenes que se embarcan en pequeñas naves para cruzar el Mediterráneo) es percibido como el resultado del fracaso de las autoridades en la creación de empleo. Muchos jóvenes argelinos esperan la oportunidad de emigrar a la UE.

En el hipotético escenario antes descrito de ausencia de control, los traficantes intensificarían el uso de la ruta marítima desde las costas occidentales argelinas hacia el sur de España, así como la ruta aérea vía Estambul y posteriormente la vía terrestre a través de Grecia.

Durante el año 2010 gran numero de argelinos han sido detectados cruzando ilegalmente la frontera greco-turca, después de haber viajado por vía área a Estambul, en vuelos de bajo coste, beneficiándose de la política turca de exención de visados para ciudadanos magrebíes.

En Marruecos, en el hipotético escenario descrito de ausencia de orden, los traficantes de inmigrantes reabrirían los antiguos canales de inmigración ilegal hacia la UE, principalmente la vía marítima hacia el sur peninsular español, así como el cruce de las fronteras terrestres con Ceuta y Melilla, sin descartar la vía aérea a través de Estambul. En un escenario de ausencia de control y de puestos de trabajo por largo tiempo, al flujo de los inmigrantes locales, marroquíes y argelinos, se unirían ciudadanos subsaharianos.

Es conocida la presencia de ciudadanos subsaharianos en pequeños campamentos distribuidos por el norte de Marruecos y en zonas próximas a Ceuta y Melilla. Por el momento, las autoridades marroquíes les han mantenido bajo cierto control, pero en un escenario de inestabilidad se reproducirían los ataques masivos a las vallas fronterizas como los acaecidos en 2005.

Asimismo, es conocida la presencia de ciudadanos subsaharianos en Argelia,que si bien ocupan empleos (infra-remunerados) en el país, aprovecharían la situación para unirse a los nuevos flujos de inmigración ilegal hacia la UE. Paralelamente, se reactivarían las conexiones (rutas terrestres) desde África Occidental hacia ambos países.

Conclusión

La intervención de Frontex

Existe una correlación directa entre la amplitud geográfica de la crisis y el tipo de flujo que la misma produciría: Una crisis local conlleva flujos de inmigración de tipo económico (inmigrantes motivados por razones económicas que aprovechan la oportunidad para entrar en la UE) y de personas en busca de protección internacional. Por su parte, una crisis regional (por ejemplo Túnez-Libia-Egipto) produciría fundamentalmente flujos mixtos, compuestos por solicitantes de asilo y emigrantes económicos.

Una crisis a nivel de toda la región (de Marruecos a Egipto) produciría una crisis humanitaria, que conllevaría una evacuación masiva de personas o huidas masivas de las zonas de conflicto, con o sin intención de permanecer en la UE, pero cruzando irregularmente o presentándose en las fronteras exteriores.

Paradójicamente, teniendo en cuenta la naturaleza de los flujos y el ámbito del mandato de Frontex, el grado de involucración de la Agencia sería inversamente proporcional a la magnitud geográfica de la crisis. Cuanto más localizada sea ésta y mayor naturaleza económica tengan los flujos migratorios, más activo será el papel de Frontex.

En cuanto a la respuesta operativa de Frontex, esta se centraría fundamentalmente en:

• Refuerzo de la vigilancia aérea y marítima con fines de detección temprana de embarcaciones al objeto de incrementar la capacidad de reacción para interceptación y salvamento.
• Asistencia a las autoridades relevantes en las operaciones de salvamento.
• Apoyo a las autoridades nacionales competentes en tareas de identificación efectiva de inmigrantes y de las personas necesitadas de protección internacional.
• Asistencia a las autoridades nacionales competentes en la detección y arresto de traficantes de personas.

Actualmente Frontex está ya apoyando a los Estados Miembros de la frontera Sur, mediante la coordinación de varias operaciones conjuntas focalizadas en las áreas más sensibles, las cuales deben contribuir a reducir la actual crisis migratoria. Sin embargo, sus limitados recursos (en personal y presupuesto) no son actualmente los adecuados para hacer frente a una crisis de tal magnitud por largo tiempo. Por ello se ha solicitado a la UE la adjudicación de medios presupuestarios adicionales que permitan al menos mantener dichas operaciones con el adecuado nivel de recursos materiales y humanos hasta finales del presente año.

La asunción de que la modificación del Reglamento de Frontex, que está siendo actualmente objeto de negociaciones entre el Consejo y el Parlamento Europeo, supondrá un reforzamiento de las capacidades operativas de la Agencia y la situará en una mejor posición para hacer frente a la crisis del Mediterráneo, ha hecho que el Consejo Europeo haya recomendado recientemente a las instituciones europeas y a los Estados Miembros acelerar las negociaciones de manera que el Reglamento pueda estar aprobado en Junio de 2011. Ello supondría la posibilidad para la Agencia de gestionar fondos europeos para desarrollar proyectos en terceros países, adquirir sus propios medios técnicos, etc., lo cual, sin duda, ayudaría a mejorar la situación. No obstante, la gran incógnita es en qué medida la UE estará dispuesta a flexibilizar su política de austeridad económica y liberar los fondos necesarios para hacer realidad dichos proyectos.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona