Densa línea de sombra de la discriminación

Por Luis Cayo Pérez Bueno, miembro del Consejo Nacional de la Discapacidad y experto en cuestiones de discapacidad (EL MUNDO, 27/03/09):

La discriminación explícita o latente hacia las personas con discapacidad está tan arraigada en ideas, comportamientos y actitudes, en prácticas y hábitos sociales y personales, que corre el riesgo de no ser percibida. De tan corriente y extendida, se torna natural, como si formara parte del ser profundo de las cosas. La larga sombra de la discriminación se proyecta sobre la existencia de muchas personas con discapacidad, negando u oscureciendo sus posibilidades vitales. Una esfera donde esta lóbrega realidad se manifiesta con una frecuencia alarmante es la que resulta de las conexiones de medicina y discapacidad.

La concepción tradicional de la discapacidad como una enfermedad y de la persona que la presenta como un paciente, propia del modelo médico de entender la discapacidad, puede estar en el origen de este estado de cosas. Un ejemplo es el del aborto eugenésico, el que se practica para evitar el nacimiento de un niño o niña con discapacidad o con probabilidades de presentarla y por este motivo.

Hasta ahora, nuestra legislación penal viene aceptando, con suma naturalidad, la procedencia del aborto por causa de discapacidad.Parte del principio de que el aborto no es deseable y, por tanto, se prohíbe, pero se despenaliza (se deja sin sanción) en una serie de casos, como mal menor, en el que se ve sacrificado el derecho menos valioso. Uno de estos supuestos es el del aborto eugenésico, el que se efectúa para que no nazcan personas con graves taras físicas o psíquicas (la fraseología es la de la Ley vigente). La presencia o la posibilidad de una discapacidad convierte en admisible un supuesto de hecho que sin ese elemento sería antijurídico y por tanto estaría castigado. Visto con alguna distancia, y sin tomar ninguna posición respecto del aborto provocado y su tratamiento legal, estamos en presencia de un caso evidente de discriminación por razón de discapacidad.

Pero esta evidencia no es tal para muchos, que siguen considerando la discapacidad como algo literalmente lamentable y que no se hace acreedora por tanto de demasiadas sutilezas éticas. El progreso moral alcanzado respecto de otras situaciones de discriminación persistentes a lo largo de la Historia -la de las mujeres o las de las personas por el color de su piel, por citar sólo dos ejemplos singularmente lacerantes-, no ha llegado a la discapacidad con una intensidad semejante.

Estamos lejos aún de esos estados de conciencia. Si comparamos los casos, quizá se haga la luz más fácilmente. ¿Sería admisible legalmente el aborto por razón del sexo del feto, o por razón del color de la piel? La mera enunciación de estas aberrantes posibilidades nos sacude de indignación, nos llama justificadamente a escándalo. No cabe el aborto en función del sexo o de la raza del feto. Pero esas firmes certidumbres flaquean o se desvanecen, si las trasladamos a la discapacidad. Como subyace, generalizadamente y a veces sin demasiada conciencia, la opinión prejuiciada de que la discapacidad es un disvalor que minora a la persona que la porta o en la que se presenta, el tratamiento puede ser otro muy distinto. Como la discapacidad es, para esas mentalidades tradicionales, algo no deseable, algo incluso que de concurrir puede llegar a comprometer la dignidad inherente a toda persona, que se admite sólo y casi resignadamente como hecho consumado, pero no como posibilidad o proyecto, resulta procedente suprimirla.

Como además, la discapacidad, para ese tipo de pensamiento, suele suponer una carga o un lastre para la familia, para el Estado o para la sociedad, su desaparición es tolerable. Sin demasiada reflexión, sin demasiada actividad mental consciente -ya han pensado por nosotros siglos de prejuicios, de intuiciones groseras y de visiones sombrías sobre lo que es la discapacidad- se acepta sin hacer cuestión, con suma naturalidad, la procedencia del aborto eugenésico.

EL CONCEPTO de discapacidad y el tratamiento legal felizmente han cambiado. Gracias al activismo estos últimos decenios de las propias personas con discapacidad y de sus familias, que han actuado como sujeto político transformador de un entorno acusadamente hostil, las situaciones de discapacidad han dejado de ser consideradas como manifestaciones de humanidad doliente, para tomarlas como muestras de diversidad humana enriquecedora.Por suerte, se han superado visiones de la discapacidad que veían en esta expresión de diversidad ocasiones para la piedad, la lástima o la condolencia. Visiones aterradoras que incluso llegaban a proclamar que la discapacidad no posee la dignidad suficiente y que podía ser sacrificada en aras a un canon de normalidad impuesto. Que la discapacidad era una carga de la que la sociedad, la familia, podían y debían verse libres, pues a nadie se le pueden pedir comportamientos heroicos. Hoy este tipo de discurso se desacredita por sí mismo, no puede tener recepción en una sociedad democrática avanzada.

Las actitudes, los dispositivos de intervención, no son ya la pena, la benevolencia o la asistencia remediadoras, sino los derechos humanos, la igualdad de trato, la prohibición de cualquier conducta discriminatoria y la acción positiva para compensar desventajas objetivas creadas por el ambiente. Esta nueva visión de la discapacidad no es una mera aspiración de un movimiento social, sino que es aquí y ahora Derecho positivo. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, firmada y ratificada por España, vinculante para los poderes públicos y exigible por los ciudadanos, así lo establece.

Se anuncia una nueva regulación legal del aborto en España. Aunque parece que la intención de los promotores es que el esquema general sea el de una Ley de plazos -que desde el punto de vista de la discapacidad no plantea problemas, pues se otorga el mismo trato a todos los supuestos de hecho, sin que estas situaciones de discapacidad sean relevantes-, subsistiría a modo de excepción a unos plazos iguales, una serie de indicaciones que recibirían un trato distinto, entre ellas, la del aborto eugenésico, que seguiría siendo admisible.

Los más de 20 años largos transcurridos desde la aprobación de la ley vigente sobre interrupción del embarazo no han pasado en vano para la discapacidad, para el concepto que se tenía de ella ni para sus expresiones legales y sociales. La nueva visión sobre discapacidad, el nuevo ordenamiento internacional, europeo y nacional en materia de discapacidad, alumbrado en estos últimos veinte años, debe necesariamente desplegar efectos en todos los aspectos normativos, incluido el del aborto.

No vale ya lo que se admitió hace casi 30 años. La mención a la discapacidad como justificación de un trato desigual debe desaparecer en la nueva legislación que se adopte. Una nueva conciencia, más exigente y más inclusiva, se abre paso e ilumina, rescatando de la oscuridad, densas zonas de sombra de nuestra vida social. De este modo, la diversidad de los hombres y mujeres se hará más visible y nos agregará un mayor valor.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Setenta años con los discapacitados

Por Teresea Palahí, delegada territorial de la ONCE en Catalunya (EL PERIÓDICO, 14/01/09):

El pasado 13 de diciembre, festividad de Santa Llúcia, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) cumplió sus primeros 70 años, y la Fundación ONCE celebró su 20° aniversario. El modelo de la ONCE y de su fundación, asentado en nuestro país y admirado fuera de nuestras fronteras, ha conseguido que las personas ciegas o con otras discapacidades salgan de la indigencia o del subsidio y se integren en la sociedad, especialmente a través de un trabajo digno. Es un modelo en el que las personas con discapacidad decidimos no ser una carga, sino aportar a la sociedad, generar riqueza y mostrar que somos unos ciudadanos más.

A lo largo de este último año hemos celebrado estos aniversarios con diversas actuaciones. Una fue la muestra itinerante Seguim complint, que se instaló en el Moll de la Fusta de Barcelona del 1 al 4 de octubre y que permitió a miles de ciudadanos, sobre todo niños, experimentar en primera persona las sensaciones y vivencias de las personas con discapacidad.

LA PUBLICACIÓN de dos libros nos ha ayudado a recordar nuestras raíces. Gracias a una subvención del Govern de la Generalitat, dentro del programa de Recuperació de la Memòria Històrica, hemos podido tener una biografía completa del escritor y político republicano Roc Boronat, que fue el impulsor y primer presidente del Sindicat de Cecs de Catalunya. Precisamente, el concurso literario en lengua catalana que lleva su nombre y que promueve la ONCE en Catalunya ha cumplido hoy 10
años.

También hemos tenido la oportunidad de presentar un libro que recoge la historia, breve pero intensa, de este sindicato, la instrucción social que encarnó para los ciegos catalanes el sueño republicano. Como ejemplo del excelente trabajo realizado, un año después de su constitución, en 1934, ya eran 325 los vendedores del cupón que había en Barcelona y su cinturón industrial, cifra que se dobló el año siguiente. Además, disponía de una biblioteca, un consultorio médico y aulas en las que se impartían clases de mecanografía, cálculo mecánico y música, entre otras materias. Ha sido nuestro homenaje a sus fundadores, precursores de lo que después sería la ONCE, porque también de la unidad y la solidaridad que ellos propugnaban está forjada nuestra organización.

Desde los inicios de nuestra organización, la educación y la ocupación se han considerado claves para que los ciegos consigan su normalización en la sociedad. De hecho, los primeros beneficios del cupón se destinaron sobre todo a escuelas para que los niños ciegos pudieran estudiar y ganarse la vida no solo vendiendo el cupón.
Setenta años después, los datos son rotundos: la ONCE y su fundación cierran el 2008 con más de 118.000 puestos de trabajo directos e indirectos, de los que más de 93.000 son ocupados por personas con algún tipo de discapacidad, que están integradas con plenitud en el tejido productivo. Aquí radica nuestro éxito: ser uno más de la sociedad, también en la solidaridad que nuestro empleo supone para el resto de ciudadanos.

POR ESO, que la ONCE y su fundación sean el primer agente de creación de empleo y que en el año 2008, con una situación económica convulsa, hayamos sido capaces de crear más de 3.600 puestos de trabajo es una satisfacción para todos los que formamos parte de esta familia.

La educación y la formación continua son palancas clave para ser más competitivos y para acceder a puestos de trabajo de mayor calidad. Por eso, esta es otra prioridad de la ONCE y su fundación. En primer lugar, para los más de 7.500 niños ciegos que son atendidos por la organización, en colaboración con las comunidades autónomas, con el objetivo de que puedan asistir a las clases en igualdad de condiciones con sus compañeros. Y lo hacen gracias a nuestros más de 3.000 técnicos en educación, que se encargan cada día, en cualquier rincón, de hacer llegar a los niños y jóvenes ciegos la tecnología y las adaptaciones que les permiten seguir las clases y avanzar hacia el futuro.

Pero, además, desde la Fundación ONCE también dedicamos todos nuestros esfuerzos a la formación de las personas que sufren alguna discapacidad. Solo en el año 2008, un total de 5.300 personas con discapacidad se han formado para mejorar sus posibilidades de encontrar un trabajo o de mejorar el que tienen actualmente. A este dato se suman los más de 21.000 vendedores de la ONCE que cada año reciben cursos de formación de nuevos productos, nuevas técnicas de venta y uso de la tecnología con la que trabajan.

PERO ESTE modelo de la ONCE y su fundación, hoy absolutamente consolidado, no sería posible sin la solidaridad de la ciudadanía que cada día compra nuestros productos de juego porque saben que están colaborando en la cración de una sociedad mejor para todos. Esta ciudadanía también sabe que cuando nos necesiten –porque todos podemos tener una discapacidad en algún momento de nuestra vida– nos encontrarán y nos tendrán a su lado. Porque nosotros, 70 años después, seguiremos cumpliendo nuestro compromiso con el mundo de la discapacidad.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

La integración de los discapacitados

Por Alfonso S. Palomares, periodista (EL PERIÓDICO, 28/12/07):

Estos días he escuchado denuncias autorizadas de asociaciones de discapacitados y de minusválidos. No se quejaban, ni se quejan, de la falta de leyes, sino de que no se cumplan las que tenemos, y también lamentan que las ciudades y ciertos ámbitos públicos no cumplan las normativas elementales vigentes para la accesibilidad de los minusválidos. He leído que A Coruña es la única ciudad española que las cumple. Lo mismo que hay muy pocas empresas en las que se cumpla la ley que exige emplear a un minusválido por cada 50 trabajadores.

Estas semanas navideñas, cargadas de ternura, se prestan a los ramalazos sentimentales y a los vistosos gestos de generosidad. Adornamos la solidaridad con una fuerte dosis de espectáculo, y la caridad o el humanismo adquieren un tono declamatorio que no está mal, porque el teatro forma parte de uno de los grandes elementos culturales de una civilización. Está bien esa prisa por ayudar a un ciego a cruzar un semáforo, a un minusválido a subir a un autobús o por una escalera, ese gritar con afecto para que nos oiga un sordo, el poner atención a las palabras de un tartamudo o escuchar los razonamientos de personas cuya inteligencia se sitúa por debajo de los baremos convencionales. La solidaridad se convierte en un acontecimiento de calendario y en un termó- metro que marca las altas fiebres de nuestra bondad ocasional.

ES LÓGICO: nuestra civilización y nuestra cultura se fueron construyendo sobre unos conceptos muy simples de capacidad e incapacidad. Los capaces formaban parte de la historia y los incapaces se quedaban en sus cunetas. El destino les había marcado con la desventura y había que resignarse a ese fatalismo.

El catálogo de las incapacidades ha sido y sigue siendo muy numeroso, pero afortunadamente la lucha desde amplios grupos y colectivos situados en la marginación ha sido tenaz, y a veces dramática, por buscarse un lugar al sol de la historia e integrarse como actores activos en los tejidos de las sociedad. La Organización Nacional de Ciegos es un ejemplo de lucha por superar la vieja lógica del destino y contribuir a un cambio sustantivo en los conceptos y realidades de integración, una integración que podíamos calificar de humanista, porque responde a los desafíos y exigencias de la condición humana. De un humanismo integrador. La lucha que en estos momentos debemos mantener es por ir definiendo a través de las leyes y de las actitudes una sociedad abierta, porosa y variada en donde las diferencias se asuman con naturalidad como algo que enriquece a la sociedad en su conjunto. Que se cree la cultura de una presión social para que se cumpla en todos sus términos la normativa vigente y se haga fuerza para que las nuevas demandas sociales en este campo se atiendan con las leyes adecuadas.

Hay sólidas iniciativas en este sentido, y por eso conviene dar apoyo a ese desafío en el que están inmersas muchas organizaciones que representan a colectivos de personas con incapacidades o con minusvalías. El desarrollo de la cultura por una sociedad integradora debe partir de la búsqueda de las capacidades que tienen los que consideramos incapaces, porque en su mayoría tienen capacidades potenciales que conviene estimular y alentar para que se desarrollen y terminen convirtiéndose en útiles y hagan que esas personas se sientan así. Cada día son más numerosos, diría que ya son numerosísimos, los ejemplos de estos logros. Es cierto que a un sordo no se le va a nombrar jurado en un concurso de canto, ni a un manco se le debe encaminar para pianista de una orquesta, ni al ciego para crupier de un casino o vigilante de playa, y así podíamos seguir una hilera de ejemplos interminables. Sin embargo, es sabido, porque sobran evidencias, que quienes carecen de alguno de los sentidos tienen otros sumamente desarrollados, y el catálogo de sus capacidades y de sus posibilidades tiene que elaborarse partiendo de esa base. Las actividades en nuestra sociedad tan variada se han multiplicado, y por eso las posibilidades integradoras en el mundo laboral de estas personas son múltiples. La integración laboral es la base de la integración social. Es el momento de corregir la historia.

EN ESTE MUNDO moderno y posmoderno, los trabajos y ocupaciones son variadísimos, por eso las posibilidades de los hombres y las mujeres con discapacidades y minusvalías son muchas y muy diversas. Una sociedad integradora y abierta es una sociedad rica y humana, lo contrario de la sociedad unidimensional, que es una sociedad excluyente con ribetes nazis, por eso los cantores del nazismo le llamaban sociedad viril, que se tradujo en una sociedad sectaria, intolerante, dominadora y violenta. La opresión social sobre los grupos y personas con minusvalías tiene un indudable perfume fascista.

En este momento histórico en el que las nuevas tecnologías, los descubrimientos más insospechados y las investigaciones llegan al borde de lo imposible, es el momento de apoyar, fomentar y estimular la cultura de un humanismo integrador y facilitar a las personas con incapacidades la manera de participar en los procesos productivos en toda la amplitud de su significado para que se sientan y las sintamos como actores de la historia.

Derechos de las personas con discapacidad

Por Xabier Etxeberria (EL CORREO DIGITAL, 10/12/07):

El 10 de diciembre se conmemora el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ha sido la base decisiva de la que han ido emergiendo convenciones diversas que, especificando con más detalle determinados derechos, tienen más densidad jurídica, al obligar a su cumplimiento a los Estados que las firman, al obligar en concreto a que se incorporen a su sistema legal. En la explicitación de estas convenciones (y de otros documentos internacionales) se nos muestran dos dinámicas. En la primera, pensando en la población en general, se desarrollan determinados derechos de todos y se hacen más obligantes para los Estados. En la segunda, lo que se busca es especificar los derechos que conciernen a algunas poblaciones en concreto (mujeres, niños, indígenas, migrantes, minorías étnicas, etcétera).

En estas líneas, como celebración de este aniversario de la Declaración Universal que quiere ser estímulo para su cumplimiento, pretendo resaltar una de estas convenciones, la de los ‘Derechos de las personas con discapacidad’. Fue aprobada el 13 de diciembre de 2006, hace casi justo un año, y se abrió el plazo para que la firmaran los Estados el 30 de marzo de este año. Como puede verse, se trata de una convención muy reciente, por cierto, el primer tratado de las Naciones Unidas del siglo XXI.

La verdad es que esta convención puede alardear de logros formales relevantes. Es el tratado que con más rapidez se ha negociado, se ha aprobado por consenso, y, además, el mismo día de la apertura de firmas lo hicieron unos 80 Estados, entre ellos España, habiendo ascendido este número, a mediados de octubre, a 117. Pero, desgraciadamente, ante estos datos tan positivos nos toca ser precavidos. Frente a exigencias de justicia que se imponen palmariamente a todos, cuando se logra que se fije la atención pública en ellas (lo que puede costar, lo que de hecho ha costado muchísimo para el caso de las personas con discapacidad), las proclamas correspondientes se asumen con rapidez -son políticamente correctas-. Pero si el ‘dicho’ -la Convención- resulta entonces razonablemente claro, el ‘hecho’ -su cumplimiento- puede hacerse esperar. Peor aún, puede tomarse lo dicho con toda solemnidad como excusa para no pasar al hecho, incluso cuando estamos ante un tratado obligante. El recordatorio que hago aquí pretende, precisamente, ser un pequeño acicate para que esto no ocurra.

Lo primero que se nos impone ante esta convención es considerar que nos afecta a todos. Porque el riesgo de convenciones específicas como ésta es que se consideren reservadas para la población inmediatamente concernida; en nuestro caso, las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones y profesionales de atención a ellas. Ahora bien, no se trata sólo, que también, de que esta población concernida sea muy amplia, partiendo del dato de que las personas con discapacidad suponen el 10% de la población. Tampoco sólo de que todos estamos abiertos a la posibilidad de la discapacidad (baste pensar en las que tienen su origen en accidentes de automóvil). Se trata, decisivamente y aunque sea más difícil, de ser conscientes de que todos los derechos de todos nos afectan a partir de nuestra común solidaridad humana y, específicamente, a partir de las exigencias de justicia que emanan de ella. Los derechos de las personas con discapacidad, concretados en esta convención, se cumplirán únicamente cuando las instituciones públicas y el conjunto de la ciudadanía cumplan sus deberes.

Una segunda consideración general que me parece pertinente es la siguiente. Cuando se formula una convención pensando en un sector específico de la población, no se plantea solamente adaptar a ese colectivo concreto los derechos generales de todos, aunque también se tenga presente esto. Implícitamente se confiesa que esos colectivos han sufrido históricamente un no reconocimiento en sus derechos como humanos. Para probarlo, basta caer en la cuenta de la correspondencia existente entre este tipo de convenciones y las poblaciones históricamente marginadas. Pues bien, esto también es cierto para las personas con discapacidad: la convención que detalla sus derechos debe ser percibida como denuncia, latente pero firme, de la general y constante vulneración de derechos que han sufrido (y siguen sufriendo).

Entrando ahora, muy escueta y parcialmente, en el contenido de la convención que nos ocupa, quiero resaltar un concepto clave en ella: el de la autonomía o autodeterminación de la ciudadanía. Las personas con discapacidad son reconocidas como ciudadanos, y como tales tienen derecho al disfrute de su autonomía tanto en el ámbito privado de la intimidad y la vida civil como en el ámbito público.

Se dirá, ante ello, que la discapacidad es precisamente disminución de capacidad de autonomía, plasmada de modos diferentes en función del tipo de discapacidad (física o motórica, sensorial, intelectual). Observación delicada, porque históricamente ha derivado en la sustitución de la autonomía por el paternalismo, con el correspondiente quebrantamiento de derechos. Ante ello, distintos colectivos de personas con discapacidad se han rebelado hasta el punto de plantear un enfoque diferente desde la categoría de ‘diversidad funcional’.

Asumamos, de todos modos, y de arranque, la observación en cuestión. Habrá que tener presente en ese momento que esta convención nos recuerda, al hablar de ‘barreras sociales’, que la discapacidad no depende sólo de determinadas condiciones personales psicofísicas, sino que también discapacita la sociedad, cuando pone obstáculos evitables para el ejercicio de la autonomía. La primera exigencia que se nos plantea entonces es quitar esas barreras, no propiamente a través de ’sistemas especiales’ para los discapacitados, sino a través del ‘diseño universal’ de productos, servicios y entornos, que tienen que estar hechos de tal modo que todos puedan utilizarlos, sin que se precisen diseños especializados. Cabe pensar en ‘ajustes razonables’ a modo de adaptaciones para las personas con discapacidad, pero concibiéndolos como complemento y sin que supongan una carga desproporcionada para los afectados.

Las barreras que discapacitan no son sólo materiales, por ejemplo, aquellas con las que se topan en su movilidad quienes tienen una discapacidad física. Son también inmateriales. Pensemos en el caso de las personas con discapacidad intelectual. Me consta del dueño de un bar que indicó a un monitor de personas con esta discapacidad, con cierta vergüenza pero a la vez con contundencia, que no las llevara a su bar, porque le ‘espantaban a la clientela’. Ese señor puso en ese momento una barrera para la accesibilidad de la autonomía, discapacitó allá donde no había discapacidad. Pero no debe olvidarse que la puso porque la ponían sus clientes, el ‘ciudadano corriente’. Si, por continuar con este ejemplo, a las personas con discapacidad intelectual se les quitan estas barreras inmateriales, si se hacen diseños universales -por ejemplo, de lectura fácil- en diversos productos y servicios, si se les ofrece una educación lo más inclusiva posible orientada a la autodeterminación en la interdependencia, con ajustes razonables en función de sus necesidades individuales y prestando los apoyos complementarios necesarios, su autonomía, su condición de ciudadanía, se realizarán del modo máximo posible, muy superior al clásico enfoque paternalista centrado en una protección que corta alas. Pues bien, la convención citada nos empuja a avanzar por este camino, no como un anhelo sino como un derecho, y pensando, por supuesto, en todas las personas con discapacidad.