La comunidad de inteligencia estadounidense tras las elecciones de noviembre de 2008: retos y oportunidades de la Administración Obama.

Por Gustavo Díaz Matey, Universidad Complutense de Madrid (REAL INSTITUTO ELCANO, 05/02/09):

Introducción:

Existe una tendencia general a identificar el trabajo de la inteligencia con espías, conspiraciones y acciones encubiertas. Esta situación está generada en gran medida por factores como el gran desarrollo de las novelas de espionaje, fomentada por el éxito de taquilla de este tipo de guiones y, en parte, justificada por los fallos de inteligencia a lo largo de la historia. Por ello, nada mejor que intentar explicar de manera científica y rigurosa la estructura de una de las mayores comunidades de inteligencia del mundo, como es la estadounidense, para que investigadores, académicos y el público en general se hagan una idea del verdadero funcionamiento de una parte esencial de cualquier gobierno: las estructuras de inteligencia que componen la comunidad de inteligencia (CI).

De hecho, uno de los clichés más extendidos desde el 11 de septiembre en EEUU es que la CI está rota. Por norma general, cuando pensamos en algo roto, estamos admitiendo que debe ser reparado o reemplazado, de tal modo que el problema se solucionará. Si bien es verdad que la penosa respuesta al caos que produjo el huracán Katrina nos muestra lo mal preparado que estaba EEUU para responder a este tipo de acontecimientos, el sistema de inteligencia estadounidense no puede ser reemplazado sin más, debido a su complejidad y pluralidad fruto de dos causas principalmente: la primera histórica, ya que los organismos se han ido creando en diferentes momentos históricos, ubicados en diferentes departamentos; la segunda es fruto de la anterior, y es que una vez que se ha creado un organismo administrativo tiende a perpetuarse y pugnar por salvaguardar sus competencias, resistiéndose a su absorción por otro competidor.

De este modo, involucrados en dos guerras, en Afganistán e Irak, y otra contra el terrorismo a largo plazo iniciada por la Administración Bush, el recién elegido presidente de EEUU jugará un papel determinante en el desarrollo de las actuaciones y procedimientos de los asuntos de la comunidad de inteligencia en los próximos años, dependiendo no sólo de su agenda política, sino también de la personalidad de Obama, debido al amplio papel que el ejecutivo juega en los asuntos de inteligencia. En última instancia, es el presidente, como comandante en jefe de la defensa del país, el encargado de ampliar, reducir o modificar la estructura de la comunidad de inteligencia como parte de la estructura de la defensa nacional del país. El presidente es el comandante supremo de las fuerzas armadas (Art. I sec. 2 de la Constitución) y tiene la capacidad de reestructurar los servicios de inteligencia por medio de órdenes ejecutivas. Lo que no significa que éste no tenga que contar con el apoyo del poder legislativo representado en el Congreso, quien en última instancia pasa las propuestas de ley a leyes. En último término, en un país presidencialista como EEUU la responsabilidad de los servicios de inteligencia recae en el presidente y el Consejo de Seguridad Nacional (NSC), nombrados de manera democrática.

Si el trabajo del análisis de prospectiva durante la campaña presidencial no ha sido nada fácil, ya que ambos congresistas –Obama y McCain– cambiaron considerablemente sus posiciones sobre inteligencia desde que fueron elegidos candidatos, ahora que está claro quién ocupará la Casa Blanca en los próximos años la tarea se presenta algo más asequible.

En este sentido, una cosa son las declaraciones que se puedan hacer en campaña y otra muy distinta lo que suceda en los siguientes años tras las elecciones. El ejemplo lo encontramos en la posición de ambos candidatos a las controvertidas medidas relativas a la inteligencia en los últimos años, como la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), el conjunto de medidas que habilitan a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) a interceptar llamadas y e-mails entrantes de fuera de EEUU cuando el gobierno sospeche que dichas acciones pueden ser parte de conspiraciones terroristas, sin necesidad de orden judicial, simplemente notificándolo al DCI. Así, la CIA ha conseguido la autorización para monitorizar envíos de dinero, incluidos aquéllos hechos por ciudadanos o residentes estadounidenses. Estas medidas, junto con las prisiones secretas de la CIA, han despertado gran controversia por la vulneración de los derechos humanos que suponen. De este modo, aunque los dos candidatos se han opuesto a las reformas realizadas por la Administración Bush de un modo u otro –McCain intentando distanciarse de la Administración Bush y Obama argumentando la defensa de los derechos civiles–, las posiciones no estaban tan claras, ya que ambos daban prioridad a la seguridad nacional. De este modo, Obama –aconsejado por John Brennan, ex director del Centro Nacional Contraterrorista– afirmó en la campaña que:

“That, in my mind, met my basic concerns. And given that all the information I’ve received is that the underlying program itself actually is important and useful to American security, as long as it has these constraints on them, I felt it was more important for me to go ahead and support this compromise”.

También McCain intentó distanciarse enérgicamente de la Administración Bush en cuestiones como el uso de la tortura con prisioneros:

“The Army general said that the techniques under the Army Field Manual are working and working effectively, and he didn’t think they need to do anything else”.

Sin embargo, el principal asesor de McCain en cuestiones de Política Exterior, Randy Scheunemann, afirmaba poco después que “la posición actual de McCain es que los interrogadores de la CIA no deben estar sujetos a las directrices del Manual de Campo del Ejército”.

Del mismo modo, como hemos podido comprobar, la comunidad de inteligencia no fue un tema demasiado utilizado en la campaña de ninguno de los dos candidatos (aunque sí lo han sido otros temas de seguridad nacional), en parte por el desconocimiento del gran público de lo que constituye la comunidad de inteligencia estadounidense, su gran complejidad y la importancia de la crisis financiera en la que estamos inmersos. De este modo, la CI no fue un tema de especial atención en ninguno de los debates televisados entre los dos candidatos. Sin embargo, a pesar de todo ello, el cómo se relacione Obama como nuevo presidente de EEUU con la CI será determinante para conocer el verdadero alcance de las reformas iniciadas en 2001. De este modo, es interesante comprobar como una de las primeras medidas aprobadas por el nuevo presidente tras su toma de posesión el 20 de enero ha sido la firma de tres órdenes ejecutivas: (1) para revisar la situación de las personas detenidas en Guantánamo y el cierre de las instalaciones de detención; (2) para revisar las opciones de la política de detención con la creación de un grupo interagencias especial para analizar la situación de los detenidos; y (3) para asegurar que los interrogatorios a detenidos cumplan con la más estricta legalidad, revocando la Orden ejecutiva 13440 de 20 de julio de 2007 que otorgaba mayores prerrogativas a la CIA en materias de escucha y detención de sospechosos.

Por tanto, el motivo principal de este trabajo es presentar de forma clara la estructura de la comunidad de inteligencia estadounidense, desde sus inicios hasta llegar a la raíz de los cambios realizados por la Administración Bush con motivo de los fatídicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. Al presentar la evolución de la estructura intentará explicar la esencia de la inteligencia estadounidense, para posteriormente realizar un análisis de prospectiva de lo que puede quedar y puede ser modificado de la misma con la llegada de Administración Obama a la Casa Blanca. Aunque, como se ha dicho, los temas de inteligencia no ocuparon gran espacio en la campaña electoral, ahora que sabemos que los demócratas formarán gobierno en los próximos años, tendremos la oportunidad de ver hacia dónde desembocarán las reformas de la comunidad de inteligencia estadounidense comenzadas por la Administración Bush en septiembre de 2001. Sin embargo, para ello será necesario recorrer un largo camino con el fin de entender la estructura y la naturaleza de una Comunidad afectada por un gran número de cambios a lo largo de su historia, especialmente en los últimos años, y altamente condicionada a las percepciones y personalidades de los diferentes inquilinos de la Casa Blanca.

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Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Protección Civil y Fuerzas Armadas: la Unidad Militar de Emergencias

Por María Gómez Escarda, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia e investigadora predoctoral en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, y Enrique Vega Fernández, Coronel de Infantería (reserva). Doctor en Paz y Seguridad Internacional por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Secretario y profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED (FUNDACIÓN ALTERNATIVAS, 07/01/09):

El objetivo de este trabajo es analizar, dentro del ámbito de la intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones de catástrofe o emergencia, las funciones como organismo de Protección Civil, como unidad militar y como posible instrumento de la acción exterior del Estado, de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Ello permitirá conocer los puntos fuertes y débiles, las ventajas y los inconvenientes que ha tenido la creación de esta Unidad Militar de Emergencias, así como la posibilidad de que pudiera intervenir en emergencias o catástrofes en el extranjero, de forma individual o en el marco de una organización internacional (la UE en particular).

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Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

La OSCE y la democratización de las Fuerzas de Seguridad

Por Manuel Marión, Teniente Coronel de la Guardia Civil y director adjunto de la Unidad de Asuntos Estratégicos de Policía, Secretariado de la OSCE, Viena (REAL INSTITUTO ELCANO, 13/11/08):

Tema: La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) dispone de una Unidad de Asuntos Estratégicos de Policía para apoyar sus misiones de reforma del sector de la seguridad en materia policial.

Resumen: La democratización y profesionalización de las estructuras policiales de los países es una tarea imprescindible para los Estados que salen de conflictos o para los que no desean entrar en ellos. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) es la organización internacional especializada en prevención de conflictos y ha venido desempeñando esas tareas desde 1975. En los últimos años se viene insistiendo en la vinculación entre la reforma del sector de la seguridad y el desarrollo, de forma que sin Estado de Derecho no puede haber seguridad humana ni desarrollo duraderos. Este ARI describe los objetivos y actuación de la Unidad de Asuntos Estratégicos de Policía de la OSCE, sus principios y la experiencia acumulada en las misiones desarrolladas en el campo de la asistencia técnica policial.

Análisis: La actual Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) sucede a la antigua Conferencia de igual nombre (CSCE) creada en 1975 para fomentar el diálogo y cooperación entre el Este y el Oeste. Los tres escenarios –dimensiones– de actuación en los que se articuló inicialmente –el político-militar, el humano y el económico– persisten hoy en día, aunque las fronteras que separan las tres dimensiones son cada vez menos visibles, entremezclándose y solapándose las actividades multidimensionales.

Dentro de las actividades de la OSCE, una de las actividades que mayor atención ha atraído en los procesos de estabilización político-social y fortalecimiento democrático ha sido la policial. La OSCE ha desplegado expertos policiales en sus oficinas de Kosovo, Serbia, Montenegro, Skopje (ARYM), Albania, Georgia, Yerevan (Armenia), Baku (Azerbaiyán), Bishkek (Kirguizistán) y Dushanbe (Tayikistán). Además de estas 10 misiones, la OSCE tiene otras nueve misiones en el sureste y este de Europa, el Cáucaso y Asia Central que, si bien no tienen específicamente un mandato en el campo policial, muchas de sus actividades están estrechamente interrelacionadas con la función policial debido a que tienen que ver con el fortalecimiento de las instituciones democráticas, derechos humanos o minorías nacionales.

En el año 2002, y para apoyar estas actividades y los procesos de reforma o asistencia policial a países en transición, la OSCE creó, en el Secretariado de Viena, un departamento llamado “Unidad de Asuntos Estratégicos de Policía”.

La formación, estructura y filosofía de empleo de la policía en países en transición a la democracia en los que participa la OSCE difieren en gran medida con respecto a la policía que conocemos en la Europa occidental. La principal diferencia obedece a que en muchos de los países en transición, la policía no parece estar al servicio del ciudadano, sino exclusivamente al servicio del gobierno. Con mayor o menor intensidad en cada país, hay una confusión intencionada entre Estado y ciudadano, que hace que la policía no organice su estructura ni su actividad en función del servicio al ciudadano, sino en el servicio a los intereses del gobierno. El resultado de muchos años de aplicar esa filosofía de actuación ha sido un distanciamiento entre policía y ciudadano, una falta de relación y, como consecuencia, de entendimiento mutuo y de cooperación: una ausencia de confianza y una actitud de indiferencia, cuando no hostilidad, entre ciudadano y policía.

No se pretende con esto criticar a los cuerpos policiales sino constatar la existencia prolongada de un estilo de actuación que les ha venido impuesto y que forma parte de un comportamiento que afecta prácticamente a todas las instituciones públicas donde el funcionario investido de autoridad –y en el caso de la policía, de la fuerza– hace uso y –muchas veces– abuso de la misma. En este marco, es normal que los ciudadanos de países en transición rechacen ese comportamiento policial heredado que se retroalimenta con la corrupción y que merma la eficacia policial. También hay que decir que las fuerzas policiales siguen padeciendo una escasez de medios pareja a la escasa atención de sus reivindicaciones profesionales y, sobre todo, carecen de mecanismos externos independientes que controlen los servicios policiales de una manera sistemática para atender y, en su caso, corregir las desviaciones, abusos o la falta de eficacia según criterios estandarizados.

La OSCE trabaja para inculcar los valores de las policías democráticas a unas organizaciones que ya disponen de principios jerárquicos y disciplinarios pero que necesitan complementarlos con unos valores perfectamente compatibles. En concreto, la OSCE se ocupa de reformar las estructuras y procedimientos policiales, poniendo énfasis en sus relaciones con la comunidad, en la responsabilidad y transparencia en sus actuaciones y, lógicamente, en el respeto a los derechos humanos.

La primera prioridad se refiere al establecimiento de un sistema de interacción entre la policía y el ciudadano. Es lo que se ha venido llamando en su término en inglés community policing, que traducido –algo superficialmente– al español sería “policía de proximidad o de barrio”, pero cuya filosofía tiene un trasfondo que implica, en algunos casos, una profunda reestructuración de la policía. Y es que el término y práctica anglosajona del community policing incluye, por una parte, una gran descentralización administrativa de la policía junto con una delegación de autoridad a los agentes de policía que patrullan las calles y, por otra parte, la participación de los ciudadanos en el proceso de planeamiento de la seguridad ciudadana mediante sus asociaciones cívicas y las organizaciones no gubernamentales. Las inquietudes ciudadanas se transmiten a los agentes de policía designados mediante reuniones regulares y los ciudadanos pueden llegar a comprender mejor por medio de estos mecanismos la labor policial y sentirse partícipes de la seguridad ciudadana.

En segundo lugar, la responsabilidad ante instancias superiores y la transparencia son dos pilares sustanciales de la policía democrática. El término accountability se refiere a que la policía debe someter sus actuaciones a la inspección de un órgano superior, independiente, que pueda poner en tela de juicio determinadas prácticas o costumbres policiales, o una actuación concreta, o medir la eficacia policial y proponer las medidas correctoras oportunas. Es el cometido de una “inspección general”. Por otra parte, la transparencia se refiere a la información y comunicación policial al público de manera sistemática sobre sus actuaciones y servicios.

La tercera característica de una policía democrática agrupa una serie de importantes cuestiones como son el respeto a los derechos humanos y las libertades públicas, lo que implica un equilibrado uso de la fuerza de la que la policía está investida. Aquí reviste especial importancia el respeto por las minorías y su integración en la policía, cuestión que es crucial en muchos países en transición (Bosnia, Georgia, Serbia, Armenia, etc.) y que también lo es ya en muchos países democráticos debido a los flujos migratorios.

Para prestar apoyo técnico a la asistencia policial, la OSCE creó la Unidad de Asuntos Estratégicos de Policía (Strategic Police Matters Unit, o SPMU). La Unidad tiene funciones institucionales y de apoyo operativo. Entre las primeras, la SPMU asesora a la Presidencia de turno y al secretario general en cuestiones de índole policial, y colabora con otras instituciones de la OSCE (ODIHR y el Alto Comisionado para las Minorías Nacionales). La SPMU da respuesta a los mandatos (contenidos en Decisiones Ministeriales y del Consejo Permanente) referidos principalmente a la lucha contra la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y el de seres humanos. Hay que destacar que la OSCE juega un papel secundario y de apoyo a otros organismos internacionales que tienen una función más expresamente definida en la lucha contra el delito (la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –ONUDD–, INTERPOL, Europol y otros). La OSCE se limita a recordar a los países participantes sus compromisos adquiridos en los acuerdos internacionales (por ejemplo la –así conocida– Convención de Palermo contra el crimen organizado), asesorando y organizando ejercicios para facilitar la adaptación de sus normativas nacionales a dichos acuerdos. También, y para facilitar la cooperación policial y el diálogo, la SPMU organiza numerosas reuniones y conferencias internacionales: algunas sobre asuntos políticos en Viena y otros sobre asuntos policiales sobre el territorio de los Estados miembros.

Funcionalmente, la Unidad está formada actualmente por 12 miembros, siete de ellos policías de varios países de la OSCE, y sus funciones se centran en el estudio de las peticiones de asistencia mediante la realización de misiones de evaluación sobre los servicios y organización policial en los países miembros que lo solicitan. Su gestión incluye la selección de recursos humanos –policías y expertos en el campo policial–, la preparación de proyectos y programas, la captación de fondos para la financiación de los mismos y el seguimiento de las misiones, pero no incluyen la ejecución de los proyectos porque cada misión de la OSCE funciona de forma independiente y los jefes de las Misiones de la OSCE dependen directamente del Consejo Permanente, rindiendo cuentas solo al embajador representante del país que ostenta la presidencia de la OSCE en esos momentos.

Otras funciones de la SPMU menos visibles pero muy necesarias en los países donde actúa es la elaboración de material didáctico, como el “Libro Guía de la Policía Democrática” y el “Manual de Buenas Prácticas sobre las relaciones Policía-Comunidad y sobre la Formación Básica Policial”. También, se ocupa de apoyar los expertos de policía desplegados por la OSCE mediante el almacenamiento y difusión de material policial en la librería digital conocida por POLIS (Policing on Line Information System, o www.polis.osce.org), donde cualquier policía y experto de policía de la OSCE puede obtener información sobre sistemas de entrenamiento y cursos de especialización en distintos campos policiales. Este sitio web, mantenido por la SPMU, contiene además una base de datos de expertos policiales para ser llamados a misiones OSCE, así como un calendario de actividades e información sobre cuerpos de policía de los países miembros. A las anteriores se van añadiendo nuevas funciones, particularmente la organización de conferencias y seminarios on-line, y el establecimiento de portales específicos sobre delincuencia organizada y lucha contra la explotación sexual del menor en Internet y, últimamente, la valoración de las lecciones aprendidas en los proyectos de asistencia policial en el sureste europeo.

La asistencia técnica de la OSCE a países en transición

Los mandatos de asistencia policial de la OSCE varían según el acuerdo de entendimiento alcanzado con el país anfitrión [1]. La OSCE tiene una gran experiencia en procesos de asistencia y reforma policial en los Balcanes [2]. En las misiones OSCE de Croacia (ya finalizada en lo referente a la policía), Kosovo, Serbia, Skopje, Montenegro o Albania, la actividad en el terreno policial ha sido –y es– no sólo una de las principales, sino quizá la más sobresaliente. Menos intensa pero creciente, es de destacar la asistencia técnica policial que se presta en regiones más alejadas de España, como el Cáucaso (Armenia, Georgia y Azerbaiyán) o Asia Central (principalmente Kirguizistán, pero también de forma esporádica en otros países de la región como Uzbekistán, Tayikistán, Kazakistán y Turkmenistán). En el momento de escribir este artículo, la OSCE está debatiendo las modalidades de su asistencia a Afganistán, dado que siendo un país no miembro de la organización (es miembro “asociado”), existen serias divergencias de opiniones entre los países miembros, que no han sido todavía conciliadas en el Consejo Permanente. La asistencia técnica policial, particularmente en el terreno de la formación antinarcóticos, se baraja como una de las posibilidades.

La asistencia se presta dando asesoramiento a los Ministerios del Interior y a los órganos superiores de la policía y, también, a unidades operativas y centros de formación. En el fondo de la asistencia técnica policial de la OSCE siempre subyacen los principios de una policía democrática descritos anteriormente (relaciones con el ciudadano, respeto a los derechos humanos, responsabilidad y transparencia). Basados en estos pilares, se asiste en campos muy diversos de la función policial, desde el asesoramiento en la organización, despliegue y servicio, a la formación policial básica y especializada, pasando por cursillos en materias consideradas de interés primordial para la capacitación policial. Entre éstas se pueden citar todas aquellas actividades formativas en materia de investigación, análisis criminal, escenario del crimen –recogida de pruebas– y policía científica. También se imparten cursillos de policía de tráfico y se estudian las herramientas de lucha contra el crimen organizado transnacional, incluyendo la facilitación de contactos con los cuerpos de policía de países vecinos, con el fin de sentar bases para mejorar la cooperación policial internacional.

Pero siendo la OSCE lo que es, una organización política para el diálogo y la cooperación tendente a la prevención de conflictos, el énfasis de pone muy a menudo en el entendimiento entre las mayorías y las minorías nacionales, de forma que el policía es formado en el respeto a las diversas comunidades donde va a trabajar. A su vez, siempre se trata de que sean cuerpos de policía multiétnicos, aunque de todos es sabido que esto es una carrera de resistencia, dados los obstáculos que hay que superar. Este ha sido y sigue siendo uno de los principales caballos de batalla en muchas de las misiones OSCE.

En este sentido, todos conocemos el panorama que asoló a los Balcanes en los años 90. Menos conocida pero igualmente problemática es la situación en el Cáucaso (particularmente en la región de Osetia del Sur, en el norte de Georgia, escenario de recientes combates) o en la zona de Transdnistria, en el este de Moldavia, entre otras zonas donde existen conflictos más o menos durmientes, relacionados con diferentes nacionalidades conviviendo en el mismo territorio. En algunas de estas zonas, declaradas unilateralmente independientes, se han desarrollado instituciones pseudogubernamentales, incluyendo algunas de policía. La OSCE, independientemente de la valoración política de estos hechos y en su función de prevención de conflictos, siempre ha intentado que las policías existentes respeten los derechos humanos y se desarrollen en el marco de los tres pilares citados. Incluso se han hecho intentos de facilitar la cooperación policial para evitar que la delincuencia organizada transnacional se aproveche de los vacíos existentes para traficar ilícitamente en estas zonas. Del mismo modo, otros programas de la OSCE complementan la asistencia policial con reformas en los sectores judiciales, penitenciarios o fiscales entre otros, de forma que los programas adopten un enfoque más integral.

En cuanto a recursos humanos y financieros se refiere, la OSCE cuenta con mecanismos para captar fondos y personal de los Estados miembros. El sistema de financiación de las actividades que se desarrollan en las misiones OSCE está dotado de cierta flexibilidad. Como regla general, existe un presupuesto anual “unificado”, que se aprueba por consenso en el Consejo Permanente. Cada misión de la OSCE recibe una determinada cantidad de fondos para la realización de las actividades propuestas. Sin embargo, en algunas misiones el grueso de los fondos para la realización de sus actividades no procede del presupuesto unificado, sino otros fondos denominados extrapresupuestarios. Estos fondos son donados por cualquier país interesado en un proyecto o programa concreto y no están sujetos al mismo control político que se lleva a cabo con los fondos del presupuesto unificado. Por ejemplo, España viene realizando aportaciones extrapresupuestarias para apoyar la lucha contra el terrorismo, una actividad que se coordina desde la Unidad Antiterrorista (Anti-Terrorism Unit, ATU) no desde la Unidad de Asuntos Estratégicos de Policía.

La selección de los expertos de policía que participan en misiones OSCE se realiza mediante una convocatoria pública anunciada en Internet. Aunque existen algunos puestos de trabajo contratados, la mayoría de los expertos son cedidos por los países participantes por un período de tiempo que oscila entre los seis meses y los siete años como máximo. Para períodos más cortos se suele utilizar la base de datos de expertos de policía existente en POLIS (www.polis.osce.org) o bien se recurre directamente a contactos directos con servicios de policía con la especialidad que se necesita. Un grave obstáculo que se encuentran las misiones de la OSCE es el corto período de tiempo que los expertos internacionales permanecen en sus puestos. Normalmente, muchos de los países ceden sus expertos sólo por un año. Esto, unido a los cortos períodos de contrato que la OSCE tiene establecidos (la OSCE se autodenomina non career organisation), hace que la rotación del personal tenga unas cotas muy altas, con el negativo resultado en la eficacia a medio y largo plazo.

Conclusiones: La SPMU de la OSCE se encuentra en una posición al mismo nivel que otras organizaciones e instituciones internacionales que trabajan en el campo de la cooperación policial. No es una unidad operativa como Interpol y, en cierta medida, Europol. No tiene las capacidades de despliegue policial que tiene la UE. Sin embargo, tiene buenas posibilidades de influir en las políticas de seguridad ciudadana de los países participantes y de generar cambios estructurales que coadyuven al desarrollo a largo plazo o que mejoren la seguridad humana a corto plazo.

En el título de esta Unidad figura la palabra “estrategia”. Esa es y debe continuar siendo el foco de sus actividades: la SPMU debe seguir diseminando los principios de una policía democrática y al servicio del ciudadano, principios que deberían ser de aplicación obligatoria en todas las instituciones policiales; en segundo lugar, la SPMU debe reforzar su posición estratégica en la lucha contra el delito.

Aprovechando que la OSCE engloba 56 países miembros y 11 asociados de prácticamente todo el hemisferio norte, la estrategia policial consiste en socializar a los países en las prácticas y principios democráticos de la actuación policial. Su presencia en Viena les obliga a rendir cuentas de los estándares policiales alcanzados y a colaborar en la homologación de esos estándares en los países menos avanzados mediante programas de actuación. La herramienta policial de asistencia a las reformas está disponible y se ha probado suficientemente sobre el terreno, por lo que sólo queda que los representantes de los Estados miembros se decidan a emplearlas.

El contrapunto viene dado por la propia naturaleza de la OSCE, muy sujeta a la coyuntura política, lo que añade cierta dificultad para definir, a largo plazo, una estrategia de actuación que permita a la SPMU aportar a la OSCE una ventaja comparativa respecto a otras organizaciones internacionales. Sin un compromiso estable y decidido de los Estados miembros respecto del mandato y funciones de la OSCE en el terreno de la seguridad pública, será difícil que sus programas policiales puedan competir con otros organizados por INTERPOL, Europol, Naciones Unidas o la propia UE, que tienen más recursos financieros y humanos, más años de experiencia y, sobre todo, un mandato explícito y concreto. Sin un mandato político claro, la Unidad de Asuntos Estratégicos de Policía de la OSCE tendrá que prodigarse en intervenciones a corto y medio plazo, tal y como ha venido haciendo hasta ahora, acumulando las buenas prácticas que se describen en este artículo.

[1] http://www.osce.org/documents/spmu/2007/07/33230_en.pdf.

[2] http://www.osce.org/publications/fry/2004/01/18262_550_en.pdf.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

La respuesta del gobierno mexicano al problema del narcotráfico

Es increíble !!!!, no cabe duda que por eso estamos como estamos, este tipo de videos tienen que mostrarse para que la gente de una vez por todas se de cuenta de que así NUNCA vamos a superar la crisis de inseguridad por la que estamos pasando, si ni ELLOS SE PONEN DE ACUERDO, que podemos esperar? 

La procuradora del estado de Puebla rescata a un narcotraficante de las manos de la AFI. De verse y no creerse.

Policías honestos ‘versus’ policías delincuentes

Por Joaquín Villalobos, ex guerrillero salvadoreño y consultor para la resolución de conflictos internacionales (EL PAÍS, 03/09/08):

Es mejor condenar un inocente que liberar un culpable”; “policía que quiere llegar a viejo, debe hacerse el pendejo” y “la ley entra con sangre”, han sido principios de la seguridad latinoamericana. El primero se atribuye a un coronel colombiano, el segundo a los policías mexicanos y el último es universal. La creencia de que el mejor policía es aquel que más se parece al delincuente la secunda hasta el propio George Bush, quien considera que la tortura conocida como “simulación de asfixia” es un buen método para interrogar prisioneros. Desprecio por la justicia, indiferencia ante el crimen organizado y convicción de que la fuerza es más importante que la inteligencia, provocaron que la seguridad se convirtiera en una tarea que requería poca educación y bajos salarios. La corrupción se convirtió así en el salario real y en el antivalor que abrió la puerta al narcotráfico en muchas instituciones de seguridad latinoamericanas.

El secuestro y asesinato de un niño a manos de unos policías y la muerte de 12 personas en el interior de una discoteca, resultado de un operativo en el que los policías mostraron total ineficacia e incapacidad para discernir, provocaron una conmoción política en México. Estos hechos se dieron en el contexto de una crisis de credibilidad de las instituciones de seguridad cuyo epicentro es que miles de policías están involucrados con el narcotráfico, como lo están también en Guatemala y lo estuvieron antes en Colombia.

Crimen organizado existe, en realidad, cuando una parte del poder del Estado ha sido cooptado por la delincuencia. La primera batalla es entonces dentro del mismo Estado, entre policías honestos y policías delincuentes. Ésa es la lucha que se está librando ahora en México. Los golpes gubernamentales a los carteles están dejando a sicarios y policías corruptos sin los ingresos que recibían del narcotráfico.

Esto ha provocado un previsible incremento de la inseguridad; sin embargo, el clímax de mayor indefensión y violencia ocurrirá cuando se produzca la depuración de las policías que el Consejo Nacional de Seguridad acaba de acordar. En ese momento las instituciones contaminadas se desmoralizarán y muchos policías podrían sumarse formalmente a la delincuencia. Ése será un momento muy difícil, pero será el principio del fin de la inseguridad. La clase política mexicana tendrá que resistirse a la tentación de usar la inseguridad como arma política; mantenerse firme frente a las adversidades y asegurar la cohesión de la sociedad. La polarización política es en ese sentido el mayor peligro.

México está pagando las consecuencias de ser vecino de Estados Unidos, el gran consumidor de drogas, y de haber dormido una larga noche con el enemigo. No tiene un camino fácil, corto e incruento. Colombia conoció bien esa historia en los años de “Don Pablo”, como dicen los medellinenses. Medellín, una ciudad de tres millones de habitantes, tuvo 70.000 muertos en 16 años. Los costos de este tipo de conflicto son directamente proporcionales a la dimensión social del problema. En el Estado de Sinaloa, al norte de México, cuya capital tiene sólo 600.000 habitantes, han sido descubiertas 180 casas de seguridad de los narcotraficantes. Esto es más de lo que teníamos los guerrilleros salvadoreños en plena guerra civil. El apoyo de los criminales en algunos lugares de México es muy grande y las complicidades o tolerancias abarcan todo el espectro social. La narcoeconomía no sólo compra policías, sino también ciudadanos.

Guardando las distancias, la corrupción es algo que han padecido hasta los prestigiosos policías británicos, al igual que los neoyorquinos, italianos y colombianos. En todos esos casos nada mejoró hasta que se realizaron drásticas depuraciones y profundas reformas. Cuando los homicidios y delitos ocurren por millares, como en el caso de México, la investigación científica, la justicia y el sistema de prisiones, muy poco pueden hacer, y cuando hacen mucho, colapsan. Una policía moderna no requiere de matones, sino de ciudadanos educados capaces de interactuar con sus comunidades. Sólo el aumento del despliegue policial y la participación de los ciudadanos pueden reducir rápidamente el número de delitos. Pero no hay participación ciudadana sin confianza en los policías, por lo tanto, la depuración, reestructuración, reeducación, reforma y redespliegue de policías saneadas es la medida principal para México y otros países de Latinoamérica.

México, al igual que Colombia, terminará ganando la guerra. Es un Estado grande que, usando las fuerzas federales, puede recuperar los lugares que están en crisis. El problema mayor lo tienen países pequeños como Guatemala, donde quizás sólo fuerzas multinacionales podrían derrotar a los narcotraficantes y devolverles a sus Gobiernos el monopolio de la fuerza.