Plazos y dogmas

Por Jorge Urdánoz Ganuza, doctor en Filosofía, Visiting Scholar en la Universidad de Nueva York (EL CORREO DIGITAL, 29/04/09):

Las diferencias entre la mentalidad religiosa y la científica son de sobra conocidas, pero merece la pena recordarlas. Para la aproximación religiosa la dirección habitual es la siguiente: primero las explicaciones, después los hechos. La verdad se encuentra ya decretada por alguna instancia autorizada y es la realidad la que tiene que amoldarse a ella. Las explicaciones se denominan dogmas y exigen del fiel el único mecanismo psicológico capaz de sostenerlas: fe. Por lo demás, tales dogmas se ocupan de zanjar problemas mayúsculos, relativos a la vida, la muerte, el sentido de las cosas, el origen del mundo, etcétera.

Infinitamente más modesta, la mentalidad científica se enfrenta a los hechos e intenta hallar una explicación razonable (esto es: comprobable o al menos verosímil) para los mismos. No solicita fe, sino pruebas o razones. No alega estar en posesión de verdad sobrenatural alguna, se sabe humana y por tanto rebatible, dispuesta siempre a dejar paso a una mejor explicación. Vive en la provisionalidad y no en la certeza, dependiendo de una instancia -la razón- que funciona corrigiéndose a sí misma en un proceso de búsqueda inacabable. Por supuesto, calla ante las grandes preguntas que la religión responde, pues sabe que caen por completo fuera de sus capacidades.

Estas diferencias de enfoque salen a la luz de modo cristalino en la cuestión del aborto. La jerarquía católica afirma que en el instante mismo de la fecundación surge un nuevo ser humano. Para establecerlo así se acude a un elemento absolutamente metafísico e impermeable a los hechos: el alma. Ahí tenemos el dogma de fe. Y conviene no mezclar las cosas. El manifiesto en el que 300 científicos afirman que el cigoto es ya un ser humano no es un documento científico sino religioso. Por eso se publica en los semanarios parroquiales y no en ‘Science’ o ‘Nature’. No se trata de 300 científicos, sino de 300 católicos que trabajan en ciencia y que envuelven los dogmas de su religión con terminología biológica. La ciencia no puede pronunciarse sobre una cuestión metafísica. De nuevo y como siempre, al César lo que es del César.

Lo que sí puede hacer la ciencia es ofrecer elementos, razones y evidencias que nos permitan a los ciudadanos autónomos formarnos una opinión, perfectamente falible, al respecto. Un hecho científico es que el cigoto carece de desarrollo cerebral y es por tanto incapaz de autoconciencia, esto es, incapaz de sentir o padecer. Por ello, los que consideramos que la humanidad, lo específicamente humano, tiene que ver necesariamente con la autoconciencia y la capacidad de sentir, discrepamos de la postura que la jerarquía católica mantiene al respecto.

También es un hecho científico que, ya desde la fecundación, el nuevo ser alberga en su ADN toda la información genética que le permitirá llegar a ser un ser humano único y diferenciado. Pero este hecho no implica necesariamente que el cigoto sea ya un ser humano. De hecho, lo único que tal evidencia viene a hacer es arropar con terminología genética la vieja distinción aristotélica entre ser en acto y ser en potencia, nada más. Y es aquí, claro, donde el citado manifiesto deja de ser científico y se torna religioso.

Así que la ciencia ha de callar, pero nosotros nos encontramos, como hace poco defendía en estas mismas páginas José María Ruiz Soroa, obligados a emitir un juicio al respecto. Un juicio que ha de ser, entonces, moral -si se examina a título individual- y político -cuando se transforme en ley colectiva-. Y para que tal juicio se acometa con las debidas garantías es indispensable la deliberación pública. Una deliberación que sólo es posible si partimos del supuesto de que no nos hallamos en posesión de verdad natural alguna, sino que -muy al contrario- hemos de construir tal verdad entre todos. Y revisarla cada cierto tiempo, pues resultaría insensato dictaminar que la verdad que acordemos es ya infalible.

La jerarquía católica tiene el derecho y el deber de intentar convencernos de sus tesis, pero una amplia mayoría sencillamente no las respalda. Y es fácil ver por qué. Si el aborto es un asesinato, entonces todas las mujeres que lo practiquen han de ser juzgadas y encarceladas, y con ellas los médicos y los familiares que en su caso les hubieran ayudado, encubridores o colaboradores de un asesinato. Si a ello añadimos además la prohibición de anticonceptivos, otro dogma de la jerarquía, parece inevitable ir pensando en ampliar el número de cárceles. Y el de tumbas, para las mujeres que morirán en abortos clandestinos. La receta resulta cualquier cosa menos razonable.
El aborto es un problema que todas las sociedades han de enfrentar de una u otra manera. Lo último que el debate necesita son fundamentalistas enarbolando dogmas religiosos y lugares comunes sin atender ni por un momento a las consecuencias de los mismos. Necesitamos matices, no verdades reveladas. Necesitamos enfrentar el problema, no situarnos en dos bandos enfrentados dedicados a radicalizar sus posturas y las del auditorio, aunque eso sea lo que, de inmediato, ha conseguido el sectarismo mediático dominante y la perversión medioambiental de lo político.

Contra lo que se vocifera, el proyecto de Ley de Plazos tiene también, junto a elementos francamente mejorables, aspectos que la mentalidad contraria al aborto ha de considerar por fuerza positivos frente a la situación actual. El daño psíquico para la madre, razón alegada en el 97% de los abortos practicados en España, ni está ni puede estar sometido a plazo temporal alguno. Esa circunstancia ha provocado que algunas españolas tarden en dar el paso y que no pocas extranjeras vengan aquí a interrumpir su embarazo tardío, resultando en ambos casos que el feto tenga 22 semanas o más y se encuentre ya considerablemente formado. Esos casos son relativamente pocos, pues la inmensa mayoría de las interrupciones suceden en las primeras semanas. Pero, con la nueva ley, es de esperar que desaparezcan, porque -al menos en teoría- se pondría fin a la actual expedición rutinaria de avales por parte de los psicólogos. Una práctica que hace, además, que en la práctica exista hoy y ahora en España algo muy parecido al aborto libre.

Por esas y otras razones (liberar a las mujeres de toda tutela ajena a la hora de tomar su decisión, garantizar una indispensable seguridad jurídica para los médicos, etcétera) los que ni comulgamos con las ruedas de molino de la jerarquía católica ni consideramos que la solución consiste en que la madre pueda disponer durante los nueve meses de la vida del feto podemos ver ahí una salida legal razonable a un trauma que, conviene recordarlo, como mejor se combate es siempre mediante la prevención y la información previas, y nunca con dogmatismos de uno u otro curso.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

El aborto, una decisión no deseada

Por Soledad Murillo, profesora de Sociología de la Universidad de Salamanca y miembro del Comité CEDAW de Naciones Unidas (EL PAÍS, 15/04/09):

Una forma de indagar el grado de implantación democrática de un país estriba en preguntarse por los derechos que disfruta su ciudadanía. En 1967, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, que se institucionaliza como Comité CEDAW en 1979. Surge así un instrumento internacional de vigilancia sobre esta materia, ante el cual los Estados que forman parte de Naciones Unidas deben presentar a examen sus leyes.

Si lo que mejor define la categoría de derechos humanos es su universalidad, lo que evidencia su grado de aplicación reside en la legislación, en especial, en los artículos de sus respectivos códigos penales, porque en ellos se refleja lo que cada país tipifica como delito. Y en nuestro país, la Interrupción Voluntaria del Embarazo todavía es hoy un acto constitutivo de delito, excepto en los tres supuestos establecidos por la Ley 9/85: cuando se practique como consecuencia de una violación, si el feto pudiera nacer con severas deficiencias físicas o psíquicas, y, por último, si representa un grave peligro para la salud física y psíquica de la embarazada.

En la actualidad la mayoría de los países desarrollados sólo permiten el aborto en determinados supuestos al no poder negarse a las recomendaciones de la Organización Nacional de la Salud, que apunta un dato: cada seis minutos muere una mujer en el mundo por someterse a un aborto ilegal. Más de 64 países lo prohíben totalmente, o como máximo contemplan alguna excepción; en África, América Latina y Asia, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres están confiscados por la interpretación religiosa sobre el papel que éstas deben ocupar en la sociedad. Mientras que en el otro extremo encontramos la racionalidad: la tasa más baja de abortos la registra Holanda, con un 12,8%, gracias a una moderna educación sexual en clave preventiva.

Desde que el Ministerio de Igualdad presentó el informe de los expertos, que no es otra cosa que una propuesta, aunque algunos le otorguen tratamiento de ley, el tema ha vuelto a ser central en los foros de discusión, lo cual representa una gran oportunidad para evaluar nuestras políticas de educación sexual y prevención de embarazos no deseados. Sin embargo, son otras las voces que han captado la atención. Son las que se preguntan sobre la necesidad de cambiar el Código Penal, bajo el pretexto de su no aplicación, dado que ninguna mujer ha sido condenada a prisión, un dato que no parece servir para adherirse a la despenalización, como si fuera mejor mantenerlo como delito por si se necesitara en algún momento resarcir valores.Otra sospecha recae sobre la oportunidad de la reforma, al no constituir, se dice, una demanda social, a pesar de la serie negra afanosamente narrada sobre las prácticas abortivas de las clínicas privadas, que en estado de indefensión demandaban rigor en las informaciones. Cuando hubiera sido más útil interrogarse por qué motivos el IVE no figura en la cartera de nuestros servicios sanitarios, omisión proporcional a la proliferación de oferta privada.

Sea como fuere, lo más llamativo ha sido la virtud arqueológica de volver a los años ochenta y reanimar a aquellos sectores especializados en la defensa de la vida, siempre que ésta sea discutida en un marco metafísico: la que podría ser, no la que es: la de individuos afectados por sida o la de aquellos que violan a niñas por creer que la virginidad es un antídoto a la epidemia africana. Sería ridículo pretender que la Iglesia oficial atendiera razones científicas, cuando su legitimación histórica y presente se ha construido, precisamente, oponiéndose a cualquier avance de la ciencia, desde Miguel Servet hasta las células madre. No es la razón lo que la distingue, sino la verdad revelada. Pues bien, aun aceptando esta diferencia, lo que sí es motivo de análisis son sus métodos para influir en la opinión pública. Ahora goza de la gloria mediática gracias a que sus declaraciones institucionales ya no se hacen en clave interna, sino que se ven amplificadas por cámaras y micrófonos, lo que le asegura la máxima visibilidad a la que aspira toda organización: ser noticia.

Así, la fórmula de impacto da resultado, una campaña contra el aborto, donde la representación no guarda ninguna relación con lo representado: un niño, de un año porque gatea, comparte cartel con una cría de lince. Imagen que, sin pretenderlo, sí nos revela el tratamiento que la Iglesia oficial reserva para todos nosotros, un trato de especie, ante cuyo destino no vale invocar a la ciencia, y menos aún a la voluntad. Sin olvidar la consideración debida a las mujeres, a las que niega su condición de sujetos, para mantener la autenticidad que las define: su función reproductora.

Lo que debe preocuparnos es cualquier coincidencia con sus posiciones. Resulta conservador, además de ineficaz, seguir colocando a las chicas jóvenes en el punto de mira de la gestación y de la anticoncepción. En torno al controvertido límite de edad se han multiplicado los reportajes sobre la capacidad de las chicas en las distintas facetas de su vida social y pública. Además de seguir imputando la responsabilidad unilateralmente a las jóvenes. A nadie le resultaba extraño que se pudiera interrogar a las chicas si se consideraban mayores con 16 años para tomar decisiones, o acerca de sus métodos anticonceptivos, mientras que los chicos habían desaparecido, y con ellos, sus obligaciones en la prevención. De ahí la potencia de la designación de roles capaz de describir una situación que, por definición, concierne a chicos y chicas, como una situación donde de nuevo se niega la corresponsabilidad entre ambos.

Con el mismo criterio, el uso del término “quedarse embarazada”, en una suerte de fenómeno endógeno, se convertía en un enunciado recurrente, tanto por parte de profesionales de la planificación familiar como de cualquier sector que exprese una posición al respecto, porque todos incorporamos significados y contribuimos a que sigan vigentes.

En vez de todo esto, la discusión debería centrarse en una estrategia sexual de prevención, buscando soluciones para que chicas y chicos no vivan su sexualidad como un dilema entre el placer y los métodos anticonceptivos, sino que los integren en sus juegos sexuales al fin de evitar que otras decisiones no deseadas deban arbitrarse. Sería la ocasión para revisar el grado de acceso y eficacia a los servicios públicos de salud en esta materia. Por ejemplo, conocer el impacto que ha tenido la píldora del día después en España desde que se introdujo en el año 2001, y que debe dispensarse 72 horas después del coito para garantizar su eficacia.

La pregunta es si aquellas comunidades autónomas con restricciones más severas en el acceso a estos métodos anticonceptivos sabrían cómo contribuyen por omisión a tomas de decisiones extremas, o qué políticas públicas promueven en esta materia. Es la mejor ocasión para abordar una educación sexual basada en la mutua responsabilidad de la anticoncepción, como un derecho universal, eliminando el calvario que las mujeres afrontan al tener que decidir lo que siempre hubieran querido evitar.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

El lince y el temor de Dios

Por Alfonso S. Palomares, periodista (EL PERIÓDICO, 15/04/09):

En ocasiones, los caminos que sigue la inspiración para lograr un cartel perturbador en el paisaje publicitario son tan sinuosos e inescrutables como los que conducen a la santidad. Es el caso del niño y el cachorro del lince, dos bellas inocencias muy diferentes que soportan un texto dramático contra el proyecto de ley del aborto. Se trata de la foto de un niño, pero metafóricamente representa un embrión en el juego manipulador. En el cachorro del lince no hay metáforas: es un cachorro de lince, aunque no sea de lince ibérico, sino de lince boreal.

No es la primera vez que la Iglesia utiliza al lince para trasladar el peso del temor de Dios a las conciencias de los hombres y, especialmente, de las mujeres. El bellísimo lince de Beocia fue utilizado con fruición, a finales de la edad media, en varias geografías europeas, contra las pasiones pecaminosas que encendían en el corazón y en la sangre de los hombres la tersa y tibia piel de las mujeres. Estos incendios de lujuria eran una gravísima ofensa al Señor, gritaban fogosos predicadores en plazas y caminos, a veces también en iglesias y catedrales, e incluso, en ocasiones, en palacios nobles, donde los acogían las piadosas cortesanas que vivían con temor su belleza por los efectos devastadores y pecaminosos que causaba sobre el sector macho de los fieles. Les decían que su belleza era el origen del pecado.

PARA ALGUNOS predicadores, el lince de Beocia era una parte fundamental del éxito de sus mensajes tremendistas. Este animal tenía unos ojos tan luminosos que traspasaban la piel y podían ver el interior de los cuerpos. A los predicadores no les preocupaba lo que había en el interior del cuerpo de los hombres: les fascinaba contar lo que envolvía la hermosa piel de las mujeres. Les gustaba manosear verbalmente la belleza superficial de esas pieles, para centrarse después en lo sustantivo de su discurso.

Si hacemos caso de n gran historiador de la edad media, el holandés Johan Huizinga, los ejes básicos de la predicación eran variaciones sobre el mismo tema. Uno de ellos era el de la fealdad interior. Les repetían que los ojos del lince no se paraban en el exterior, sino que entraban dentro, y en aquel momento tenían la certeza de que la belleza del cuerpo estaba solo en la piel, pues si los hombres viesen lo que hay debajo de ella, como lo veía el lince de Beocia, sentirían asco a la vista de las mujeres. Su lindeza consiste en mucosidad y sangre, en humedad y bilis. Y, seguían diciendo, el que considera todo lo que está oculto en las fosas nasales y en la garganta y en el vientre encuentra por todas partes inmundicias. Y si no podemos tocar con las puntas de los dedos una mucosidad o un excremento, ¿cómo podemos sentir deseo de abrazar el odre mismo de los excrementos?

EL MENSAJE era terrible, cargado de dramatismo, porque llamaba directamente a la mujer odre de excrementos. Lenguaje vomitivo. Decían con toda claridad que el motivo de predicaciones tan extremadas era el de trasladar a las conciencias, a las de los fieles y lo menos fieles, el temor de Dios. Que vivieran en el temor de Dios. Las gentes les escuchaban compungidas, con lágrimas en los ojos, pero también sabemos por las crónicas de la época y del mismo Huizinga que sumaban multitud los hombres y mujeres que se revolcaban con apasionado desenfreno. Incluso hay testimonio de que alguno de esos predicadores se entregaba fogosamente a tales revolcones. Los sermones iban por un lado y su vida, por otro. Hacían el pan con otro trigo.

Mientras el secretario de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, miraba las pruebas del famoso cartel del niño y el cachorro del lince, en la ciudad brasileña de Recife unos médicos, a petición de la madre, interrumpían la gestación de una niña de 9 años embarazada como consecuencia de las repetidas violaciones por parte de su padrastro, que, casualmente, era el único que decía que quería que los niños nacieran. Los médicos diagnosticaron que ese embarazo destrozaría los órganos de la madre, que no estaban desarrollados para llevar adelante la gestación, y que peligraba seriamente la vida de los tres. El arzobispo de Recife, Cardoso Sobrinho, hizo pública la excomunión de la niña, los médicos y la madre de la niña. Estalló el escándalo, y monseñor replicó que era su deber alertar al pueblo para que viva con temor de las leyes de Dios. Lince y temor de Dios. Un cóctel medieval.

MIENTRAS hacían el cartel del lince, David nacía en Sevilla seleccionado genéticamente para poder curar a su hermano Andrés de una enfermedad hereditaria que le condenaba a un drama vital y a una muerte segura. Lo curó. Una vida que salva a otra vida. Y el monseñor que presentó con irritada piedad el famoso cartel dijo que para que naciera David habían matado a varios hermanos. Se refería a los embriones. Habría que decirle a monseñor lo que escribió el profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Jesús Mosterín: “Una bellota no es un roble, una oruga no es una mariposa y un embrión no es un niño”.

Sobre el aborto, que es un drama siempre, había que hablar, reflexionar y prevenir, nunca insultar, acusar y descalificar. No vivimos en una época en la que crezca mucho la siembra del temor de Dios, a pesar de los linces.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

El aborto como un derecho

Por Javier Martínez Salmeán, miembro del Comité de Personas Expertas del Ministerio de Igualdad sobre interrupción voluntaria del embarazo y jefe de servicio de obstetricia y ginecologia del hospital Severo Ochoa de Leganés (EL PAIS, 02/04/09):

Si la salud sexual y reproductiva de las mujeres españolas no fuera un asunto de tanto calado, una visión retrospectiva desde la década de los años sesenta nos haría exclamar: ¡qué han hecho las mujeres de nuestro país para merecer esto!

La anticoncepción hormonal oral, la píldora, se legalizó en Estados Unidos y Europa en los primeros años de la década de los sesenta, mientras que España tuvo que esperar a la finalización de la dictadura franquista para que fuera plenamente legalizada en 1978. Aun así, la campaña mediática emprendida por la Iglesia católica y sus afines contra este método anticonceptivo en la década de los setenta fue intensa. Se usaron supuestos argumentos científicos que traspasaron los límites de lo razonable para convertirse en auténticos agitadores: el cáncer, las malformaciones fetales e incluso epidemias de calvicie eran, según esa propaganda, las consecuencias del uso de la píldora.

Mientras, en el resto del mundo la píldora estaba consolidada a los dos lados del Atlántico y el perfil de sus usuarias no distinguía de ideologías o credos religiosos.

En relación al aborto también las españolas sufrieron retrasos antes de disponer de una ley reguladora. Las leyes de aborto vigentes en la actualidad (Inglaterra 1967, Finlandia 1970, Suecia 1970, Francia 1975, Italia 1978, Holanda 1980) consideran que la mujer debe decidir, en el contexto de una elección libre e informada, si continuar o interrumpir el embarazo dentro de un plazo que varía entre las 12 semanas de Italia y las 24 de Holanda e Inglaterra.

“Aborto sí, aborto no”, fue el debate europeo de los años setenta. A España también llegó tarde. Cuando en 1985 el Gobierno español arrancó tímidamente con una regulación del aborto a través de tres supuestos o indicaciones, el país vivió una campaña contra el aborto más intensa incluso que la registrada una década antes en Europa.

Entonces ya se utilizaron argumentos sobre la vida del embrión, equiparándola a la vida humana, que son idénticos a los que estamos escuchando en la actualidad. La única diferencia es que han pasado 25 años.

Aquella ley comenzó a andar, y su primera consecuencia positiva fue la desaparición del aborto ilegal o clandestino, que siempre representa una carga adicional de dolor, sufrimiento, riesgo físico y humillación para la mujer.

A pesar de ser la ley de 1985 una normativa con muchas fisuras, ha llegado hasta nuestros días, sobrevolando incluso dos legislaturas completas con Gobiernos del Partido Popular.

En la aplicación de esa ley durante estos 25 años se han podido observar ciertos desajustes, ya que existe un uso excesivo, y permitido, de la indicación de grave riesgo psíquico para la mujer, uno de los supuestos que se aplica en el 97% de las interrupciones de embarazo.

En la práctica, el grave riesgo psíquico se ha convertido en una ley de plazos tutelada por un informe. Pero sin límite de semanas, lo que supone una inseguridad jurídica para las mujeres y para los profesionales de la salud que intervienen en el aborto.

Existe otro aspecto difícil de asumir: es cierto que la voluntad de la mujer es un requisito necesario para el aborto, pero nunca es suficiente. En realidad, en el procedimiento aplicado en los últimos lustros son terceras personas las que deciden finalmente sobre su derecho a la interrupción del embarazo. La mujer en la actual ley del aborto está tutelada durante todo el proceso.

Las recomendaciones que un grupo de personas expertas ha ofrecido, tras varios meses de trabajo, al Ministerio de Igualdad, responsable de la coordinación de esta normativa, se fundamentan en el análisis de la ley de 1985 con sus desajustes; en el estudio de derecho comparado respecto a las leyes del aborto vigentes en Europa, y en el significativo avance de los últimos años en el reconocimiento social y jurídico de la autonomía de las mujeres en relación a su sexualidad y al derecho al aborto.

Las personas expertas recomiendan, pues, estructurar una ley en una combinación de plazos e indicaciones limitada en el tiempo por la viabilidad fetal. Un plazo establecido por decisión de la mujer en una elección libre e informada en el entorno de las 14 semanas de gestación, y, al mismo tiempo, una ley de indicaciones hasta las 22 semanas de gestación cuando exista grave riesgo para la salud de la embarazada o cuando se detecten graves anomalías para el feto.

A partir de la semana 22 de gestación, considerada como fecha que delimita el comienzo de la viabilidad del feto independientemente de la madre, el derecho del feto debe prevalecer sobre la madre en sintonía con la comunidad científica y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que define el aborto como “la interrupción voluntaria de la gestación desde la implantación en el útero hasta la viabilidad fetal”.

Por otra parte, el aborto legal no se incrementa ni con la regulación ni con el tipo de ley, plazos o indicaciones. Su número al alza o la baja depende de la eficacia de las políticas de salud sexual y reproductiva, como lo demuestra el ejemplo de Holanda, que, teniendo la ley más flexible y permisiva de Europa, presenta la tasa más baja de abortos de la Unión Europea. Y ello como consecuencia de sus políticas de acceso y disponibilidad de métodos anticonceptivos y de educación sexual. Es precisamente por este camino por el que España debe reducir el número de abortos.

La Iglesia y las llamadas organizaciones provida, en respuesta a la intención del Gobierno de modificar la ley, han comenzado una campaña similar a la que vivimos en España en la década de los ochenta y unos años antes en Europa en la línea de “aborto sí, aborto no”. Antes amenazaban con el pecado, las tinieblas y la excomunión; en la actualidad comparan un niño gateando con un cachorro de lince ibérico.

De nuevo la inmensa mayoría de las mujeres de este país deberá soportar un debate superado por nuestra sociedad hace más de dos décadas, porque nuestra Iglesia no renuncia a mandar mensajes con un desfase manifiesto entre sus ideas y la realidad social. La Iglesia debe aceptar que cuando el Gobierno proponga una nueva ley al Parlamento de la nación está respetando la postura de los creyentes pero legislando para regular de la mejor manera posible un problema de salud pública. Y haciéndolo para toda la sociedad, con independencia de las ideas y la ética individual de cada uno.

Todo ello en unos tiempos en los que la rapidez de las noticias nos atropella: el niño y el lince; la niña de nueve años excomulgada en Brasil por realizarse un aborto de un embarazo consecuencia de la violación de su padre; la condena de la Iglesia a la utilización de células madre de Javier, un bebé sano, para que su hermano Andrés, de cinco años, que padece una enfermedad congénita, pueda sanar y vivir; las palabras del papa Benedicto XVI, convertido en un agente subversivo contra las políticas de salud pública en África y contra el uso del preservativo para combatir el sida en un continente que tiene 25 millones de personas afectadas por esta grave enfermedad…

En fin, tengamos paciencia ante este aquelarre informativo, mantengamos la calma, soportemos las campañas sobre vida y alma y esperemos a que la Iglesia católica, como ha ocurrido en otras ocasiones, pida públicamente perdón a las mujeres por no haberlas respetado a lo largo de la historia.

Al margen de los credos religiosos, consolidemos los derechos que permitan, en este caso a las ciudadanas, tomar decisiones amparadas en leyes honestas adaptadas al tiempo que vivimos y a su realidad social.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

La ley no obliga a nadie a abortar

Por Elena Arnedo, ginecóloga y escritora (EL MUNDO, 30/03/09):

Hace ya 20 años que en España está legalizado el aborto. Hubo en su día las consabidas protestas de los grupos autodenominados provida, de la jerarquía eclesiástica y de los católicos más fundamentalistas y beligerantes y de la derecha política que, como ya había hecho con la planificación familiar, se opuso a la ley y la recurrió ante el Constitucional, llevándose el inesperado disgusto de ver como éste reconocía la constitucionalidad de la ley y abría paso a la legalización parcial del aborto. Durante estos años los gobiernos de Aznar no se opusieron a la ley y no pretendieron siquiera hacerla más restrictiva. Y es que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo fue plenamente aceptada por la sociedad y, gracias a ella, muchas mujeres han podido poner fin a la tragedia personal que hubiera supuesto continuar con un embarazo no deseado o peligroso, o que hubiera supuesto el nacimiento de un niño condenado a la muerte o a una vida vegetal.

Porque, habrá que repetirlo una vez más, ninguna mujer aborta sin importantes y meditadas razones para hacerlo. Nadie duda de que todo aborto supone una dura y difícil decisión, que se recurre a él por un fallo en el control de la natalidad o de la educación afectivo sexual. Cada uno de los más de 100.000 abortos anuales no suponen otros tantos dramas -el drama era la situación anterior- sino la recuperación de los proyectos vitales, de la integridad, de la dignidad, de la libertad, de la autonomía o de la salud de esas mujeres. Bienes y derechos constitucionales a tener muy en cuenta. Esos miles de mujeres españolas no son asesinas de niños, no son delincuentes que deban ser encarceladas y apartadas de la sociedad por su peligrosidad.Son ciudadanas inofensivas socialmente, honradas, reflexivas y respetuosas con la ley. Por el contrario, son víctimas de situaciones vitales profundamente conflictivas y traumáticas.

Desde el punto de vista legal existe un conflicto de intereses entre dos bienes constitucionales: el feto y la madre, y tanto la ley como el sentido común consideran prioritaria la protección de la madre frente al producto que se desarrolla en su útero fecundado. En cambio, la doctrina católica llega al extremo, si se presenta el dilema de que el feto sólo pueda nacer a costa de la vida de la madre, de preconizar que se sacrifique a ésta y que, de paso, el médico creyente practicante cometa el asesinato de una mujer.

La vigente ley de despenalización parcial del aborto, en la que éste sigue siendo un delito salvo en determinadas circunstancias, a pesar de ser una ley de indicaciones teóricamente muy restrictiva, se ha venido aplicando como una ley de plazos, ya que el 95% de los abortos se realizaron antes de las 16 semanas y el 68% en las 8 primeras. Y el 97% bajo el concepto jurídico indeterminado de grave peligro para la salud psíquica de la embarazada y el 98% en clínicas privadas acreditadas. Todo lo cual conducía a una situación de inseguridad jurídica intolerable para los médicos y las mujeres.

Así pues ¿a qué viene ahora esta masiva movilización en contra de la nueva legislación? Obviamente, no se trata del rechazo a una ley de plazos, se trata de coger el rábano por las hojas y lanzarse de nuevo a la cruzada contra cualquier tipo de aborto.Y de nuevo estigmatizar y llamar asesinas a las mujeres que no pueden seguir adelante con sus embarazos. Y en esta fanática ofensiva contra lo que llaman «las patologías de la razón» da igual utilizar cualquier sinrazón. ¿Cabe mayor disparate que esos carteles propagandísticos en los que se ve a una cría de lince junto a un bebé que ya gatea y se sugiere que el niño es el más desprotegido? Con todo el respeto por la vida animal, por la biodiversidad y por los linces, a nadie le cabe la menor duda de que el más querido y protegido es, naturalmente, el bebé.

¿Por qué ese empecinamiento en querer confundir embriones con niños ya nacidos o con hombres y mujeres hechos y derechos?

A pesar del tradicional enfrentamiento entre ciencia y religión, ahora la iglesia, tal vez consciente de la irracionalidad y contradicción de sus dogmas, intenta recurrir a argumentos científicos para apoyar sus sofismas. Sin embrago, la famosa Declaración de Madrid firmada, al parecer, por numerosos académicos -de cualquier disciplina- que pretende fundamentar el rechazo al aborto en los «conocimientos actuales sobre genética, embriología y biología molecular», ha sido refutada por científicos prestigiosos que se dedican a la investigación. Manifiestan su rechazo y su indignación ante la «utilización ideológica y partidista de la ciencia (…) la difusión e interpretación de los datos científicos debe estar exenta de influencias ideológicas o creencias religiosas. El momento en que puede considerarse humano un ser no puede establecerse mediante criterios científicos. Consideramos importante evitar que se confunda a la sociedad contaminando problemas de carácter social con argumentos a los que la ciencia no otorga legitimidad».

Todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones y todas las creencias religiosas son dignas de respeto, salvo cuando quieren imponerse a los otros. Corren el riesgo de convertirse en crueldad cuando estigmatizan, condenan e insultan a miles de afligidas mujeres.

En este momento, la derecha política, en contradicción con los mandatos de su iglesia, defiende como propias la planificación familiar y ¡hasta la educación sexual! ¡Después de años y años de haberse opuesto radicalmente a ambas cosas ahora afirman creer en ellas como la solución contra el aborto!

Cansa repetir una vez más que las leyes que despenalizan el aborto no obligan a nadie a abortar, que en los países con las leyes más permisivas no aumenta el número de abortos, que Holanda es el país de la Unión Europea con menor porcentaje de abortos a pesar de tener una ley que permite abortar libremente hasta las 24 semanas.

En cambio, si la iglesia consiguiera su propósito, la penalización total de aborto, las mujeres se verían abocadas de nuevo a abortar clandestinamente, poniendo en peligro su salud y su vida y corriendo el riesgo de ser encarceladas.

La posibilidad legal de interrumpir un embarazo no deseado nos afecta a todos: a las mujeres en primer lugar, pero también a los niños ya nacidos y a los hombres que sí aman a las mujeres.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Densa línea de sombra de la discriminación

Por Luis Cayo Pérez Bueno, miembro del Consejo Nacional de la Discapacidad y experto en cuestiones de discapacidad (EL MUNDO, 27/03/09):

La discriminación explícita o latente hacia las personas con discapacidad está tan arraigada en ideas, comportamientos y actitudes, en prácticas y hábitos sociales y personales, que corre el riesgo de no ser percibida. De tan corriente y extendida, se torna natural, como si formara parte del ser profundo de las cosas. La larga sombra de la discriminación se proyecta sobre la existencia de muchas personas con discapacidad, negando u oscureciendo sus posibilidades vitales. Una esfera donde esta lóbrega realidad se manifiesta con una frecuencia alarmante es la que resulta de las conexiones de medicina y discapacidad.

La concepción tradicional de la discapacidad como una enfermedad y de la persona que la presenta como un paciente, propia del modelo médico de entender la discapacidad, puede estar en el origen de este estado de cosas. Un ejemplo es el del aborto eugenésico, el que se practica para evitar el nacimiento de un niño o niña con discapacidad o con probabilidades de presentarla y por este motivo.

Hasta ahora, nuestra legislación penal viene aceptando, con suma naturalidad, la procedencia del aborto por causa de discapacidad.Parte del principio de que el aborto no es deseable y, por tanto, se prohíbe, pero se despenaliza (se deja sin sanción) en una serie de casos, como mal menor, en el que se ve sacrificado el derecho menos valioso. Uno de estos supuestos es el del aborto eugenésico, el que se efectúa para que no nazcan personas con graves taras físicas o psíquicas (la fraseología es la de la Ley vigente). La presencia o la posibilidad de una discapacidad convierte en admisible un supuesto de hecho que sin ese elemento sería antijurídico y por tanto estaría castigado. Visto con alguna distancia, y sin tomar ninguna posición respecto del aborto provocado y su tratamiento legal, estamos en presencia de un caso evidente de discriminación por razón de discapacidad.

Pero esta evidencia no es tal para muchos, que siguen considerando la discapacidad como algo literalmente lamentable y que no se hace acreedora por tanto de demasiadas sutilezas éticas. El progreso moral alcanzado respecto de otras situaciones de discriminación persistentes a lo largo de la Historia -la de las mujeres o las de las personas por el color de su piel, por citar sólo dos ejemplos singularmente lacerantes-, no ha llegado a la discapacidad con una intensidad semejante.

Estamos lejos aún de esos estados de conciencia. Si comparamos los casos, quizá se haga la luz más fácilmente. ¿Sería admisible legalmente el aborto por razón del sexo del feto, o por razón del color de la piel? La mera enunciación de estas aberrantes posibilidades nos sacude de indignación, nos llama justificadamente a escándalo. No cabe el aborto en función del sexo o de la raza del feto. Pero esas firmes certidumbres flaquean o se desvanecen, si las trasladamos a la discapacidad. Como subyace, generalizadamente y a veces sin demasiada conciencia, la opinión prejuiciada de que la discapacidad es un disvalor que minora a la persona que la porta o en la que se presenta, el tratamiento puede ser otro muy distinto. Como la discapacidad es, para esas mentalidades tradicionales, algo no deseable, algo incluso que de concurrir puede llegar a comprometer la dignidad inherente a toda persona, que se admite sólo y casi resignadamente como hecho consumado, pero no como posibilidad o proyecto, resulta procedente suprimirla.

Como además, la discapacidad, para ese tipo de pensamiento, suele suponer una carga o un lastre para la familia, para el Estado o para la sociedad, su desaparición es tolerable. Sin demasiada reflexión, sin demasiada actividad mental consciente -ya han pensado por nosotros siglos de prejuicios, de intuiciones groseras y de visiones sombrías sobre lo que es la discapacidad- se acepta sin hacer cuestión, con suma naturalidad, la procedencia del aborto eugenésico.

EL CONCEPTO de discapacidad y el tratamiento legal felizmente han cambiado. Gracias al activismo estos últimos decenios de las propias personas con discapacidad y de sus familias, que han actuado como sujeto político transformador de un entorno acusadamente hostil, las situaciones de discapacidad han dejado de ser consideradas como manifestaciones de humanidad doliente, para tomarlas como muestras de diversidad humana enriquecedora.Por suerte, se han superado visiones de la discapacidad que veían en esta expresión de diversidad ocasiones para la piedad, la lástima o la condolencia. Visiones aterradoras que incluso llegaban a proclamar que la discapacidad no posee la dignidad suficiente y que podía ser sacrificada en aras a un canon de normalidad impuesto. Que la discapacidad era una carga de la que la sociedad, la familia, podían y debían verse libres, pues a nadie se le pueden pedir comportamientos heroicos. Hoy este tipo de discurso se desacredita por sí mismo, no puede tener recepción en una sociedad democrática avanzada.

Las actitudes, los dispositivos de intervención, no son ya la pena, la benevolencia o la asistencia remediadoras, sino los derechos humanos, la igualdad de trato, la prohibición de cualquier conducta discriminatoria y la acción positiva para compensar desventajas objetivas creadas por el ambiente. Esta nueva visión de la discapacidad no es una mera aspiración de un movimiento social, sino que es aquí y ahora Derecho positivo. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, firmada y ratificada por España, vinculante para los poderes públicos y exigible por los ciudadanos, así lo establece.

Se anuncia una nueva regulación legal del aborto en España. Aunque parece que la intención de los promotores es que el esquema general sea el de una Ley de plazos -que desde el punto de vista de la discapacidad no plantea problemas, pues se otorga el mismo trato a todos los supuestos de hecho, sin que estas situaciones de discapacidad sean relevantes-, subsistiría a modo de excepción a unos plazos iguales, una serie de indicaciones que recibirían un trato distinto, entre ellas, la del aborto eugenésico, que seguiría siendo admisible.

Los más de 20 años largos transcurridos desde la aprobación de la ley vigente sobre interrupción del embarazo no han pasado en vano para la discapacidad, para el concepto que se tenía de ella ni para sus expresiones legales y sociales. La nueva visión sobre discapacidad, el nuevo ordenamiento internacional, europeo y nacional en materia de discapacidad, alumbrado en estos últimos veinte años, debe necesariamente desplegar efectos en todos los aspectos normativos, incluido el del aborto.

No vale ya lo que se admitió hace casi 30 años. La mención a la discapacidad como justificación de un trato desigual debe desaparecer en la nueva legislación que se adopte. Una nueva conciencia, más exigente y más inclusiva, se abre paso e ilumina, rescatando de la oscuridad, densas zonas de sombra de nuestra vida social. De este modo, la diversidad de los hombres y mujeres se hará más visible y nos agregará un mayor valor.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

La campaña de la Iglesia contra el aborto

Por José Ignacio Calleja, profesor de Moral Social Cristiana (EL CORREO DIGITAL, 27/03/09):

¿Y yo? -pregunta un niño junto a un lince ibérico y concluye-, ¡Protege mi vida!». Quiere indicar que la suya está menos protegida que la del animal que lo acompaña. Es sabido que se trata del título de la campaña lanzada por la Conferencia Episcopal con motivo de la Jornada en Defensa de la Vida y contra la futura Ley del Aborto. La campaña del Episcopado es directa y conscientemente ‘provocativa’, al comparar la protección que reciben las especies en vías de extinción, por ejemplo, el lince ibérico, con la que se da a los no nacidos en lo que será la nueva Ley del Aborto.

Vamos por partes. Primero la campaña en cuanto a su forma. El cartel. No me gusta para una campaña de nadie, y menos de la Iglesia. Hoy no vende lo que no provoca. No es atendido por nadie si no media la provocación. Es la moda. Pero el camino emprendido es muy peligroso. La Iglesia se ha quejado mil veces de que el márketing elige modos donde los medios amenazan la moralidad de los fines. Aquí hay en juego un fin primordial, vital, la vida humana en su etapa inicial, embrionaria y fetal, pero el medio, la imagen elegida, el cartel, a mi juicio, no reproduce el hecho en sí, sino que como mínimo lo distorsiona. La Iglesia, siempre tan sutil y precisa ante problemas morales, decide encomendarse al trazo grueso de la publicidad. El precio inequívoco es el propio del medio elegido: llegas a todos, pero confirmas que moralmente vale todo cuando algo te importa. Ya veremos la gracia que nos hace cuando mañana aparezca un cartel con los zapatos del Papa, o ‘un crucifijo de oro’, y un niño muriendo a su lado de hambre y miseria. No quiero dar ideas, pero lo veo venir. Por tanto, no al modo elegido. Rotundamente, no.

Algunos políticos de la derecha, con mucho cuidado electoral, están diciendo que la Iglesia tiene derecho a hacer esa campaña. Faltaría más. Vaya novedad. En una democracia, que un grupo de la sociedad civil tiene derecho a hacer esta campaña está fuera de toda duda. Es que el comentario ofende. Es hablar por no callar, hablar por no decir si se apoya o no la forma y el fondo. Ya nos conocemos. Son los antiabortistas por programa electoral.

Algunos políticos de la izquierda están diciendo que la Iglesia, así, no es moderna, que está contra el progreso y que no va con la sociedad. Vaya tontería, otra vez. La Iglesia tiene que ofrecer una palabra espiritual y moral, y no puede vivir pensando si va a gustar a la sociedad, o suena bien a los más modernos o lo verán como progreso. Claro que ella tiene que plantearse críticamente sus razones, pero si las ve bien fundadas, debe darlas y ofrecer su propuesta moral. Lógicamente, la sociedad tiene todo el derecho del mundo para debatirlas en términos de razón, experiencia y sentido común. Es lógico. Es el debate moral e ideológico de una sociedad plural y políticamente laica. Los propios cristianos no pueden obviar ese debate a la hora de formar su conciencia. ¿Y pastoralmente? ¡Cuidado! Dios ha enviado a su Hijo al mundo, «no para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él».

Alguien ha escrito así: «Es muy peligroso hacer de la denuncia y la condena del mundo moderno todo un programa pastoral. Sólo con el corazón lleno de amor a todos nos podemos llamar unos a otros a la conversión. Si las personas se sienten condenadas por Dios, no les estamos transmitiendo el mensaje de Jesús sino otra cosa: tal vez, nuestro resentimiento y enojo». Pensamos así, desde luego; condenar, nunca.

Y el fondo, la defensa de la vida humana, también en su etapa inicial, embrionaria y fetal, como un bien incondicional. Digo que comparto esta convicción moral de forma inequívoca y libre. No soy biólogo ni trabajo en profundidad la bioética, pero me siento bien representado, ¡no digo absolutamente!, pero digo bien representado en el manifiesto en defensa de la vida humana en su etapa inicial, embrionaria y fetal, que más de mil ‘profesionales’ han hecho público en Madrid, y que recorre por ahí los caminos de ‘los medios’, solicitando nuestras firmas. En caso de dudas científicas -pienso- a favor de la tesis más proteccionista del embrión.

Por tanto, afirmo, con ellos, que las conclusiones que el Grupo Socialista en el Congreso, por medio de la subcomisión del aborto, trasladará al Gobierno para que se ponga en marcha una ley de plazos, agravan la situación actual y desoyen a una (buena parte de la) sociedad, que lejos de desear una nueva ley más permisiva reclama una regulación más atenta a detener los abusos.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Obispos, aborto y castidad

Por Jesús Mosterín, profesor de Investigación en el Instituto de Filosofía del CSIC (EL PAÍS, 24/03/09):

La actual campaña de la Conferencia Episcopal contra los linces y las mujeres que abortan pone de relieve el patético deterioro de la formación intelectual del clero, que si bien nunca ha sobresalido por su nivel científico, al menos en el pasado era capaz de distinguir el ser en potencia del ser en acto. ¿Dónde quedó la teología escolástica del siglo XIII, que incorporó esas nociones aristotélicas? ¿Qué fue de la sutileza de los cardenales renacentistas? La imagen de deslavazada charlatanería y de enfermiza obsesión antisexual que ofrecen los pronunciamientos de la jerarquía católica no sólo choca con la ciencia y la racionalidad, sino que incluso carece de base o precedente alguno en las enseñanzas que los Evangelios atribuyen a Jesús.

La campaña episcopal se basa en el burdo sofisma de confundir un embrión (o incluso una célula madre) con un hombre. Por eso dicen que abortar es matar a un hombre, cometer un homicidio. El aborto está permitido y liberalizado en Estados Unidos, Francia, Italia, Portugal, Japón, India, China y en tantos otros países en los que el homicidio está prohibido. ¿Será verdad que todos ellos caen en la flagrante contradicción de prohibir y permitir al mismo tiempo el homicidio, como pretenden los agitadores religiosos, o será más bien que el aborto no tiene nada que ver con el homicidio? De hecho, el único motivo para prohibir el aborto es el fundamentalismo religioso. Ninguna otra razón moral, médica, filosófica ni política avala tal proscripción. Donde la Iglesia católica (o el islamismo) no es prepotente y dominante, el aborto está permitido, al menos durante las primeras semanas (14, de promedio).

Una bellota no es un roble. Los cerdos de Jabugo se alimentan de bellotas, no de robles. Y un cajón de bellotas no constituye un robledo. Un roble es un árbol, mientras que una bellota no es un árbol, sino sólo una semilla. Por eso la prohibición de talar los robles no implica la prohibición de recoger sus frutos. Entre el zigoto originario, la bellota y el roble hay una continuidad genealógica celular: la bellota y el roble se han formado mediante sucesivas divisiones celulares (por mitosis) a partir del mismo zigoto. El zigoto, la bellota y el roble constituyen distintas etapas de un mismo organismo. Es lo que Aristóteles expresaba diciendo que la bellota no es un roble de verdad, un roble en acto, sino sólo un roble en potencia, algo que, sin ser un roble, podría llegar a serlo. Una oruga no es una mariposa. Una oruga se arrastra por el suelo, come hojas, carece de alas, no se parece nada a una mariposa ni tiene las propiedades típicas de las mariposas. Incluso hay a quien le encantan las mariposas, pero le dan asco las orugas. Sin embargo, una oruga es una mariposa en potencia.

Cuando el espermatozoide de un hombre fecunda el óvulo maduro de una mujer y los núcleos haploides de ambos gametos se funden para formar un nuevo núcleo diploide, se forma un zigoto que (en circunstancias favorables) puede convertirse en el inicio de un linaje celular humano, de un organismo que pasa por sus diversas etapas de mórula, blástula, embrión, feto y, finalmente, hombre o mujer en acto. Aunque estadios de un desarrollo orgánico sucesivo, el zigoto no es una blástula, y el embrión no es un hombre. Un embrión es un conglomerado celular del tamaño y peso de un renacuajo o una bellota, que vive en un medio líquido y es incapaz por sí mismo de ingerir alimentos, respirar o excretar -no digamos ya de sentir o pensar-, por lo que sólo pervive como parásito interno de su madre, a través de cuyo sistema sanguíneo come, respira y excreta. Este parásito encierra la potencialidad de desarrollarse durante meses hasta llegar a convertirse en un hombre. Es un milagro maravilloso, y la mujer en cuyo seno se produzca puede sentirse realizada y satisfecha. Pero en definitiva es a ella a quien corresponde decidir si es el momento oportuno para realizar milagros en su vientre.

El niño es un anciano en potencia, pero un niño no tiene derecho a la jubilación. Un hombre vivo es un cadáver en potencia, pero no es lo mismo enterrar a un hombre vivo que a un cadáver. A los vegetarianos, a los que les está prohibido comer carne, se les permite comer huevos, porque los huevos no son gallinas, aunque tengan la potencialidad de llegar a serlas. Un embrión no es un hombre, y por tanto eliminar un embrión no es matar a un hombre. El aborto no es un homicidio. Y el uso de células madre en la investigación, tampoco.

Otra falacia consiste en decir que, si los padres de Beethoven hubieran abortado, no habría habido Quinta Sinfonía, y si nuestros padres hubieran abortado el embrión del que surgimos, ahora no existiríamos. Pero si los padres de Beethoven y los nuestros hubieran sido castos, tampoco habría Quinta Sinfonía y tampoco existiríamos nosotros. Si esto es un argumento para prohibir el aborto, también lo es para prohibir la castidad. Pero tanta prohibición supongo que resultaría excesiva incluso para la Iglesia católica. Una de sus múltiples contradicciones estriba en que impone un natalismo salvaje a los demás, mientras a sus propios sacerdotes y monjas les exige el celibato y la castidad absoluta.

Desde luego, la contracepción es mucho mejor que el aborto, pero la Iglesia la prohíbe también (siguiendo en ambos casos al ex-maniqueo Agustín de Hipona, no a Jesús). Tanto el anterior papa Wojtyla como el actual papa Ratzinger se han dedicado a viajar por África y Latinoamérica despotricando contra los preservativos y el aborto, lo que equivale a promover el sida y la miseria. En cualquier caso, la contracepción puede fallar. A veces el embarazo imprevisto será una sorpresa muy agradable. Otras veces, llevarlo a término supondría partir por la mitad la vida de una mujer, arruinar su carrera profesional o incluso traer al mundo un subnormal profundo o un vegetal humano descerebrado. Sólo a la mujer implicada le es dado juzgar esas graves circunstancias, y no a la caterva arrogante de prelados, jueces, médicos y burócratas empeñados en decidir por ella. El aborto es un trauma. Ninguna mujer lo practica por gusto o a la ligera. Pero la procreación y la maternidad son algo demasiado importante como para dejarlo al albur de un descuido o una violación. El aborto, como el divorcio o los bomberos, se inventó para cuando las cosas fallan.

Muchas parejas anhelan tener hijos, muchas mujeres desean quedar embarazadas y esperan con ilusión el nacimiento de la criatura. El infante querido y deseado suele estar bien alimentado y educado, colmado de cariño y estimulación y (salvo raro defecto genético) su cerebro se desarrolla bien. Por desgracia, el mundo está lleno de madres violadas o forzadas y de niños no deseados, abandonados a la mendicidad y la delincuencia, famélicos, con los cerebros malformados por la carencia alimentaria y la falta de estímulos, carne de cañón de guerrillas crueles y explotaciones prematuras. La jerarquía eclesiástica se ensaña con esas mujeres desgraciadas. El cardenal nicaragüense Obando y Bravo se opuso al aborto terapéutico de una niña de nueve años, violada, enferma y con su vida en peligro. Hace un par de años, la Iglesia de Nicaragua acabó apoyando políticamente al dictador Daniel Ortega a cambio de que éste prohibiese definitivamente el aborto terapéutico. Hace unas semanas el arzobispo Cardoso ha excomulgado en Brasil a la madre de otra niña de nueve años violada por su padrastro y en peligro de muerte por su embarazo doble, así como a los médicos que efectuaron el aborto. En 2007 se hizo famoso el caso de Miss D, una irlandesa de 17 años embarazada con un feto con anencefalia, es decir, sin cerebro ni parte del cráneo, condenado a ser un niño vegetativo, ciego, sordo, irremediablemente inconsciente, incapaz de percibir, pensar ni sentir nada, ni siquiera dolor. Las autoridades impidieron que Miss D fuera a Inglaterra a abortar, aunque más tarde los tribunales anularon la prohibición. Los grupos católicos fanáticos presionan para que se impida a las irlandesas que viajen a Inglaterra a abortar, lo que choca con la legislación comunitaria, que garantiza la libertad de movimientos en la UE.

En España misma, el año pasado, una mujer preñada de un feto con holoprosencefalia, condenado a morir al nacer o a vivir como vegetal, tuvo que ir a Francia a abortar. El derecho a abortar es para muchas mujeres más importante que el derecho a votar en las elecciones, y ha de serles reconocido incluso por aquellos que personalmente jamás abortarían. En 1985 se aprobó la reforma del Código Penal para cumplir a medias y mal el programa electoral del PSOE. Desde entonces, tanto los Gobiernos de Felipe González como de Zapatero se han dedicado a marear la perdiz, diciendo que no era el momento oportuno y que había que esperar a que los obispos dejasen de vociferar. Pero los obispos nunca van a dejar de vociferar. Después de 24 años de remilgos, espero que los socialistas se decidan finalmente a liberalizar el aborto dentro de las primeras semanas del embarazo. Tampoco hace falta ser tan progre para ello. Margaret Thatcher lo tenía ya perfectamente asumido hace 30 años.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Salud, desarrollo y religión

Por Josep Borrell, presidente de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo (EL PERIÓDICO, 22/03/09):

Para los vivos y los muertos, el sida es básicamente una enfermedad africana. De los 33 millones contaminados por el sida, casi el 70% viven en el África subsahariana. Allí mueren tres de cada cuatro de los dos millones de sus víctimas anuales. Y africanos son más del 90% de los niños que nacen portando la enfermedad.

En varios países africanos la extensión del sida plantea un grave problema para su desarrollo. La mortalidad que causa anula la mejora en la esperanza de vida, diezma la mano de obra disponible, especialmente en las regiones rurales, debilita el ahorro y crea la enorme carga social de 11 millones de huérfanos.

Así, el sida contribuye a ese “sufrimiento desproporcionado” del continente africano que el Papa denunció al llegar al Camerún, ante el cual “ningún cristiano puede ser insensible”. Pero antes de aterrizar en Yaundé, creyó oportuno reforzar la oposición de la Iglesia a toda forma de contracepción. En particular, al uso del preservativo que, según Su Santidad, no solo no resuelve el problema, sino que lo agrava. Solo la abstinencia, dijo, es la solución para detener el avance de esa mortal enfermedad.

Al considerar que el uso del preservativo “agrava” el problema, el papa Benedicto XVI ha ido más lejos de la doctrina de la Iglesia en materia de contracepción. En África le apoyarán los sectores más conservadores, religiosos y culturales. Sus palabras reforzarán la actitud de los que rechazan la protección profiláctica en las relaciones sexuales. Y harán mucho más difícil el trabajo de los que tratan de combatir la extensión del sida, tanto de los gobiernos como de los trabajadores sociales y sanitarios. Especialmente, en países como Uganda, Ruanda y Senegal, que han hecho de la lucha contra el sida una de sus prioridades políticas y desarrollan una intensa campaña de extensión del uso de los preservativos.

La posición del Papa influirá negativamente en el resultado de un combate contra la muerte y la pobreza que está lejos de ganarse. Los preservativos son caros y no todos los gobiernos pueden apoyar su distribución gratuita. Algunos países no han tenido hasta ahora clara conciencia de la urgencia en frenar el avance de la enfermedad, que se extiende de manera muy diferente. En el África austral –Zimbabue, Botsuana, Zambia–, los trabajadores emigrantes en las minas son contaminados por la prostitución y extienden la enfermedad a sus lugares de origen. La pobreza no deja de reducir la edad de la iniciación sexual de las jóvenes, y en Kenia y Etiopía la prostitución hace explotar la epidemia. En países como Nigeria y Camerún, al principio poco afectados, el crecimiento es exponencial. En los países en guerra, las mujeres son especialmente vulnerables (60% de los seropositivos son mujeres), expuestas a la violencia sexual de los combatientes o a las difíciles condiciones de la vuelta a la vida civil de los desmovilizados.

TODO ESO SE sabe, como se sabe que el sida es una de las mayores hipotecas para el desarrollo de África. Pero, para el Papa, lo importante es el dogma, y la solución solo puede basarse en algo tan irreal en esas circunstancias socioeconómicas como la castidad y la abstinencia. Sin ir tan lejos como el filósofo Friedrich Nietzsche, que consideraba la castidad como un crimen contra la naturaleza, no hay un solo responsable de la salud pública en África que piense que con el ideal católico de la castidad se puede detener el sida.

Nadie ha pretendido nunca que el uso del preservativo sea la solución. Pero la inmensa mayoría de las organizaciones que luchan contra la epidemia, incluidas las católicas, lo consideran un instrumento fundamental de prevención. Al considerar que su uso “agrava” el problema, el Papa se comporta de forma irresponsable y hace más rígida todavía una doctrina que algunos esperaban fuera más flexible. Por ello, muchos de los que trabajan en la ayuda al desarrollo se han sentido consternados por esa posición papal. Entre otros, la ministra belga de la Salud, que considera que con esa posición el Papa contribuye a desmantelar el esfuerzo de años de prevención y pone en peligro muchas vidas humanas.

PERO HAY OTRAS actitudes del Papa que provocan consternación. En una reciente carta, lamenta los “errores de apreciación y de comunicación” que han rodeado su decisión de levantar la excomunión a los obispos integristas seguidores de monseñor Lefebvre, opositor encarnizado al Concilio Vaticano II, entre ellos Richard Williamson, notorio negacionista del Holocausto.

Fue hecha pública el día antes de su encuentro con el Gran Rabino de Israel en un intento de cerrar la crisis abierta por esa decisión. Pero no hay ninguna referencia a otra decisión polémica: la del obispo de Recife de excomulgar a la madre de una niña de 9 años violada por su suegro y encinta de dos gemelos, y a todos los médicos del equipo que realizó un aborto terapéutico plenamente legal en un país tan restrictivo en materia de aborto como es Brasil.

Un drama familiar en un medio de extrema pobreza donde se suelen producir esos abusos sexuales y donde el aborto esta muy mal visto. La rebelión de la madre contra el entorno social para salvar la vida de su hija, en las condiciones previstas por la ley, recibe como respuesta la excomunión. En nombre del derecho a la vida, el Vaticano apoya la decisión de ese obispo, que substituyó a Helder Cámara, el obispo de los pobres, y liquidó su herencia progresista.

Un derecho que el discurso del papa en África pone gravemente en peligro.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

El aborto como derecho

Por Joan J. Queralt, catedrático de Derecho Penal de la UB (EL PERIÓDICO, 15/03/09):

El viernes pasado se dio a conocer el dictamen elaborado por un equipo pluridisciplinar de expertos nombrado por el Ministerio de Igualdad sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Semana atrás, la subcomisión ad hoc del Congreso de los Diputados publicó su informe, junto con los votos particulares (en contra) al mismo.

La regulación actual, declarada en su día constitucional por una sentencia del Tribunal Constitucional de 1985, optó por una solución insuficiente a esta grave cuestión. En efecto, el sistema de indicaciones –esto es, un catálogo previo de supuestos en los que el aborto no es punible– presentaba lagunas e inseguridades, especialmente a la hora de determinar la llamada “indicación terapéutica” cuando el embarazo pueda poner en peligro grave la integridad psíquica de la mujer. Como esta indicación no está –no puede estarlo– sujeta a plazo alguno, se ha convertido en una puerta trasera poco fiable.

VISTOS LOS informes mencionados, el parlamentario –con un voto particular muy regresivo de los conservadores y varios de otros grupos– es poco significativo y nada concreto, cuya idea no parece ser sino ir más allá de la situación actual. En cambio, en líneas generales, el dictamen del Ministerio de Igualdad resulta mucho más concreto y, matices aparte, ha de generar suficiente consenso para constituir el proyecto de ley que modifique la legislación pertinente y no solo la penal.

Resulta muy llamativo que la IVE se conciba, en concordancia con resoluciones internacionales y europeas, como un derecho humano de la mujer, integrado por sus derechos a la salud, a la sexualidad y al libre desarrollo de la personalidad. Ahora, a diferencia de cuando se dictó la citada sentencia del Constitucional, que solo afecta a la norma que enjuició, la situación es bien distinta. Así es: en Europa no cabe atribuir jurídicamente al nasciturus el estatus de persona. Las sentencias Vo (2004) y Evans (2007) del Tribunal Europeo de Derechos Humanos así lo atestiguan. Además, ninguna de las convenciones sobre bioética en vigor contienen mención alguna al respecto. Ello no supone que la vida prenatal carezca de protección, sino que se subordina a la gestante de la que depende.

En este nuevo contexto, el informe del Ministerio de Igualdad se decanta con acierto por un sistema mixto de despenalización parcial de la IVE; se combina el sistema del plazo –aborto impune por debajo de las 14 semanas– con el de las indicaciones terapéuticas y eugenésicas, hasta las 22 semanas, salvo excepciones para hechos sobrevenidos. Aunque el informe nada diga al respecto, ha de seguirse manteniendo para la IVE el mismo sistema de eximentes penales que para el resto de otros posibles delitos, eximente que aquí no es otra que el estado de necesidad, tal como, finalmente, reconoció el Tribunal Supremo en sentencia del 11 de diciembre de 1990.

Por supuesto, la IVE ha de ser practicada por médicos en centros acreditados, públicos o privados, previo consentimiento informado de la mujer. Este consentimiento ha de versar no solo sobre la intervención quirúrgica que supone la IVE, sino sobre todo del haz de derechos de que la embarazada y, eventualmente, la futura madre gozan: derechos sanitarios, sociales, laborales, económicos, educacionales… Para que la decisión sea voluntaria, ha de informarse cabalmente a la gestante de su situación, y lo debe hacer un equipo multidisciplinar que genere la suficiente confianza en la interesada y sin interferencias. Por ello es positivo que el informe ministerial considere que el consentimiento voluntario y serio de la gestante puede ser autónomamente prestado a partir de los 16 años, eliminando la restricción que contiene la ley del autonomía del paciente desde el 2001 para Catalunya y desde el 2002 con carácter general. En efecto, si se considera que la madurez sexual se adquiere a los 13 años, que el matrimonio puede contraerse a los 16 y que antes de esa edad incluso puede un sujeto disponer de su propia vida, carece de sentido esperar a los 18 años para decidir sobre la IVE sin consentimiento paterno o tutelar.

ADEMÁS, ha de señalarse algo que con frecuencia se olvida: la legislación sobre el aborto es respetuosa con la vida, con la vida de la mujer, que es la única vida humana independiente en juego. Ninguna legislación contemporánea ni, por lo general, histórica castiga el aborto como homicidio, sino con penas sensiblemente inferiores, lo que da idea de que estamos ante situaciones bien diversas. Ninguna legislación permisiva con la IVE obliga a abortar, sino que establece la posibilidad de hacerlo, cada vez más como derecho fundamental de la mujer; decir lo contrario es pura demagogia.

Finalmente, es cierto que estamos ante un punto ideológicamente muy sensible. En consecuencia, ninguna parte de la sociedad, ante un tema que genera tal división de opiniones y sentimientos encontrados, puede arrogarse el derecho de castigar penalmente a quien busca una salida razonable a un dificilísimo trance, con pleno respeto a los derechos de los demás. Y menos aún puede grupo alguno, por muy espiritual que se considere, exigir al Estado que se convierta en su brazo secular y castigue con la cárcel las disensiones con una verdad que dista mucho de ser revelada para la mayoría

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

¿Por qué ahora?

Por Bibiana Aído Almagro es ministra de Igualdad. (EL PAÍS, 06/03/09):

La madre de Clara no podía creer que, 30 años después, su hija fuera a repetir su propia historia. La suya ocurrió a finales de los años setenta, muy poca experiencia y un embarazo a los 18. Lo cierto es que tuvo que reunir dinero, coger un avión y abortar fuera de España. Hace unos meses, Clara siguió su mismo camino porque se le diagnosticó una malformación fetal incompatible con la vida y ya superaba las 22 semanas de embarazo. Antes y ahora, estas dos mujeres tuvieron al menos posibilidades económicas para buscar una solución más allá de las fronteras españolas.

Me consta que Marcos es un buen ginecólogo aunque nunca le apeteció meterse en líos, como suele jactarse ante los amigos. Trabaja en un hospital público y no tiene ningún problema de conciencia en dictaminar si una mujer sufre por su embarazo un peligro para su salud física o psíquica. Sin embargo, nunca practicará un aborto. Se pregunta: ¿cómo puedo estar seguro de que mi diagnóstico no se cuestione? ¿Cómo sé que no me van a denunciar? Así que prefiere invocar la cláusula de conciencia y se quita de problemas.

Ambos casos y muchos otros podrían servir como ejemplo para argumentar por qué hay que cambiar la legislación vigente en España en materia de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué ahora?, me preguntan. ¿Y por qué no?, puede responderse. La ley actual se aprobó poco después de la primera victoria del PSOE en las elecciones de octubre de 1982, pero mucho antes de que los organismos de Naciones Unidas reconocieran el derecho a la salud sexual y reproductiva y recomendaran abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se sometan a abortos.

Su práctica está despenalizada en la mayoría de los países de la Unión Europea. Casi todos ellos tienen una ley de plazos combinada con indicaciones. Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Bulgaria, Francia, Noruega y Finlandia, entre otros, contemplan un plazo de decisión libre hasta las 12 semanas de gestación. Este plazo se amplía hasta las 18 semanas en Suecia. En Holanda, llega hasta la semana 24, pero pese a ello los datos estadísticos aseguran que éste es uno de los países que menos número de abortos registra.

Quienes se oponen a que España equipare su legislación en esta materia a la de los países de su entorno; quienes se resisten a que adaptemos la norma a los conocimientos científicos actuales y subsanemos los errores de la actual ley; quienes todavía cuestionan la autonomía de las mujeres, lo que buscan es reabrir el debate público que se cerró hace 25 años. Esto es, no pretenden mejorar el instrumento con el que ahora cuentan las mujeres en nuestro país para ejercer su derecho, sino, sencillamente, abolirlo. Pero ni siquiera el Partido Popular fue capaz de hacerlo durante sus ocho años al frente del Gobierno de España. Y, ahora, desde luego, no toca.

No queremos una legislación más permisiva, sino más segura. Lo que pretendemos con la reforma de la ley es acabar con la inseguridad jurídica en materia de interrupción voluntaria del embarazo; una inseguridad que afecta, ante todo, a las mujeres, pero también a quienes, dentro del ámbito sanitario, emiten los dictámenes previos o realizan las interrupciones.

Lo que deseamos es garantizar la equidad en el acceso a esta prestación, porque la ausencia de la misma perjudica a todas las mujeres pero sobre todo a aquéllas con menor independencia o poder adquisitivo y, en especial, a jóvenes e inmigrantes.

Y en el fondo, no nos engañemos, estamos hablando de mucho más. Estamos hablando de derechos fundamentales, del derecho a la salud sexual y reproductiva, de reducir el número de embarazos no deseados. El aborto no puede ser nunca la primera opción, no puede considerarse un método anticonceptivo. Por eso apostamos por la educación afectivo-sexual, por facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos y a su correcta utilización, por llevar a cabo campañas informativas hacia los colectivos más vulnerables, en definitiva, por una Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

Sabemos que queda un largo camino por delante. Nadie quiere que la tendencia de incremento de interrupciones voluntarias del embarazo se consolide, y para ello es necesaria una estrategia global que ponga especial énfasis en la educación y la prevención. Pero dicho esto, no podemos condenar a las mujeres que deciden someterse a un aborto añadiéndole más carga y dificultades a su dramático conflicto. Y tampoco podemos condenar a quienes las ayudan a materializar esta decisión.

Urge ofrecer a las mujeres la suficiente confianza y seguridad para que, con las máximas garantías, puedan interrumpir legal y voluntariamente su embarazo; con la carga de dolor que puede conllevar a veces, pero también con la responsabilidad de quien decide libre y humanamente sobre algo tan íntimo. Una cuestión tan privada y, al mismo tiempo, un derecho tan público cuya efectividad el Estado tiene la obligación de garantizar. Para que mujeres como Clara no tengan que marcharse fuera. Para que médicos como Marcos no tengan miedo.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

El aborto de una niña violada enfrenta el Estado con la Iglesia católica en Brasil

Por RODRIGO CAVALHEIRO - Madrid - (ElPais.com, 05/03/2009)

Ni siquiera el reproche del ministro de Salud brasileño ha cambiado la opinión del arzobispo José Cardoso Sobrinho, que excomulgó ayer a la madre y los médicos que practicaron el aborto a una niña de nueve años embarazada de gemelos tras ser violada por su padrastro. "No me arrepiento. Lo que hice fue declarar la excomunión. Es mi deber alertar el pueblo, para que tengan temor a las leyes de Dios", ha afirmado hoy el arzobispo de Recife por teléfono a ElPaís.com.

Según el jefe de la Archidiócesis de Olinda y Recife (noreste de Brasil), todos los adultos involucrados en la interrupción de la gestación, que estaba en la decimoquinta semana, cometieron un "homicidio contra dos vidas inocentes". "Se trata de un holocausto silencioso, que mata un millón de inocentes en Brasil y 50 millones en el mundo cada año. Un holocausto mayor que el de los seis millones de judíos, que lamentamos cada año", ha añadido Sobrinho, miembro del ala más conservadora de la Iglesia brasileña.

El episodio ha situado en lados opuestos el Estado y la Iglesia católica en un país en donde los papeles de uno y otro no se suelen mezclar. El ministro de Salud, José Gomes Temporão, ha calificado como radical e inadecuada la posición del arzobispo. "Me estremecieron los dos hechos: lo que ocurrió con la niña y la posición de ese religioso que, equivocadamente, al decir que defiende una vida, coloca en riesgo otra igual de importante", ha afirmado a radios estatales. La interrupción del embarazo se permite en Brasil en casos de violación, riesgo de la vida para la madre o anencefalia (ausencia de una gran parte del cerebro y del cráneo del feto). "Se trata de una niña que no creo que tuviese condiciones de llevar hasta el fin la gestación de los gemelos", ha añadido Temporão.

El arzobispo se ha basado en el Derecho Canónico para defenderse de las críticas. "La excomunión es automática. Lo que hice fue declararla. Además, ellos no están condenados al infierno. Todos pueden volver a convertirse si admiten que se han equivocado. Yo recibiría con gusto a esta madre si pide perdón", ha dicho el arzobispo, que llegó a preparar un recurso ante la Justicia para impedir el aborto.

Cuestionado sobre como reaccionaría si la niña hubiera muerto al continuar el embarazo, Sobrinho ha recurrido a una anécdota. "Una médica italiana mantuvo su embarazo aún sabiendo los riesgos que corría. ¡Murió, pero se hizo santa! No podemos sacrificar una vida para proteger otra". El religioso ha agregado que la sanción también afecta a integrantes de organizaciones feministas que apoyaron el aborto, y sólo excluye a la niña violada.

El padrastro de la menor, de 23 años y que admitió los abusos, fue arrestado la semana pasada acusado de haber violado a la niña desde que ésta tenía seis años y a su hermana, de 14 años. El embarazo de 15 semanas fue descubierto después de que la menor, de 1,36 metros de altura y 33 kilos de peso, fuera ingresada en un hospital para ser atendida por fuertes dolores abdominales y mareos. La niña se recupera bien de la intervención, y podrá dejar el hospital este viernes.

Por un consenso ético-científico

Por Benjamín Forcano, sacerdote y teólogo (EL PERIÓDICO, 19/02/09):

La discusión del aborto es un caso de cómo el comportamiento de los ciudadanos, cuando se refiere a aspectos importantes de la vida, queda supeditado a la legislación del Estado, el cual trabaja por alcanzar el mayor consenso posible sobre temas del bien común. Y, para llegar a tal efecto, es bueno que surja el debate. Sobre este punto, creo que debe intentarse un acuerdo ético-científico, pues la puerta para entrar en esa realidad es común a todos.

“Todo individuo tiene derecho a la vida”, proclama la Declaración universal de los Derechos Humanos (Art. 3). Sin duda, todos apostamos por la vida, pero ¿se puede afirmar con seguridad que el embrión es desde el inicio un individuo?

La puerta que nos lleva a descubrir ese cuándo está abierta para todos, también para los que se profesan creyentes. La fe no sirve aquí para resolver el problema del aborto. “No está en el ámbito del magisterio de la Iglesia el resolver el problema del momento preciso después del cual nos encontramos frente a un ser humano en el pleno sentido de la palabra” (Bernhard Haring, autor de la famosa La ley de Cristo, célebre y acaso el más reconocido moralista en la Iglesia católica).

EL MISMO Vaticano II dejó escritas estas palabras: “La vida desde su concepción ha de ser salvaguardada con el máximo cuidado”. Pero el texto no determina el “cuándo” de esa concepción. El Vaticano II reconoció la autonomía e inviolabilidad del saber humano, dejando superada la posición anterior de sostener que la Iglesia católica tiene autoridad para interpretar como nadie las verdades incluso de la ética natural. Los católicos deben asumir las verdades científicamente avaladas, aun cuando luego puedan reforzar la estima de la vida desde otras motivaciones específicamente cristianas, pero admitiendo que entre fe y ciencia no debería haber oposición, pues “una y otra están al servicio de la única verdad” (mensaje del concilio a los hombres del pensamiento y de la ciencia).

En general, los católicos han defendido el derecho a la vida “desde el primer instante de la fecundación”, pero con exceso, pues tal afirmación no deja de ser una teoría discutida, no un dogma. De hecho, siempre existieron en la tradición cristiana teorías diferentes (teoría de la animación sucesiva defendida por santo Tomás y teoría de la animación simultánea, defendida por san Alberto Magno).

HOY PODEMOS enumerar dos teorías: las más clásicas, que afirman que el embrión es vida humana desde el principio, y las más modernas, que afirman que el embrión no es propiamente individuo humano hasta después de algunas semanas. Las primeras se apoyan en el hecho de que un embrión lo es por la clave genética de sus 46 cromosomas, que contendría toda su posterior evolución. Las modernas reconocen como factor determinante del embrión los genes, pero los genes por sí solos no acaban constituyendo un individuo humano: se necesitan otros factores extragenéticos –las hormonas maternales, los externamente operativos– para que la realidad del embrión pueda completarse.

Sobre la teoría moderna, argumenta el doctor Diego Gracia: “La mentalidad clásica, que sobrevalora el genoma como esencia del ser vivo, de manera que todo lo demás sería mero despliegue de las virtualidades allí contenidas, es la responsable de que la investigación biológica se haya concentrado de modo casi obsesivo en la genética, y haya postergado de modo característico el estudio del desarrollo, es decir, la embriología… La biología molecular ha permitido comprender que el desarrollo de las moléculas vivas no depende solo de los genes”. (Ética de los confines de la vida). “No es fácil decir cuándo aparece la sustantividad humana, pero esto tiene que producirse en algún momento de la organogénesis llamada secundaria, no antes” (Ética y vida, III). “No parece posible que el momento constitucional sea anterior a las ocho semanas… En cualquier caso, el momento es difícil de precisar”.

Refiriéndose a su amigo el filósofo Zubiri, Gracia escribe: “Hay que decir que, para el último Zubiri, la suficiencia constitucional se adquiere en un momento del desarrollo embrionario, que bien puede situarse, de acuerdo con los últimos datos de la literatura, en torno a las ocho semanas” (Ibidem). Y añade: “Trabajos como los de Grobstein, Byrne y Alonso Bedate (y con ellos otros muchos) hacen pensar que el cuándo (de la constitución individual) debe acontecer en torno a la octava semana del desarrollo, es decir, en el tránsito entre la fase embrionaria y la fetal… Entonces sí tendríamos un individuo humano estricto, y a partir de ese momento las acciones sobre el medio sí tendrían carácter causal, no antes” (Ibidem).

QUIEN SIGA, por lo tanto, esta teoría puede sostener razonablemente que la interrupción del embrión antes de la octava semana no puede ser considerada atentado contra la vida humana, ni pueden considerarse abortivos los métodos anticonceptivos que impiden el desarrollo embrionario antes de esa fecha. Esto es lo que, por lo menos, defienden no pocos científicos de primer orden (Grobstein, Alonso Bedate, J. M. Genis-Gálvez, etcétera).

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Prohibido hablar del aborto

Por Felipe González-Armesto, catedrático de Historia en la Universidad de Tufts (Boston, EEUU). Su última obra publicada esAmérico. El hombre que dio su nombre a un continente (EL MUNDO, 13/10/08):

Según mi mujer, que es una inglesa de esas xenófobas que piensan que ser inglés es un don de Dios y que los demás sufren por degracia y salvajismo, España «es un país donde se comenta el aborto a la hora de cenar». A mí me parece perfecto que sea así. Las cenas inglesas son un rollo, porque las amas de casa exigen que todos estén de acuerdo sobre cualquier cosa, e insisten en que discutir -que a mí me parece una señal de una reunion exitosa y gratificante- es una falta de formalidad. Por eso la política y la religión son temas prohibidos. El temor a que se ofenda uno de los convidados condena a todo el mundo al aburrimiento. A los españoles, en cambio, nos ilusiona discutir y no respetamos ninguna proscripción de temas.

Ese rasgo tan curioso de la sociedad anglosajona está presente de una forma aún más exagerada en los Estados Unidos, que es un país donde ofenderse es la reacción casi ineludible cuando dos personas se ponen a discutir. En un cóctel o una cena, tu interlocutor cambiará precipitadamente de tema si le parece que estáis los dos llegando a un desacuerdo, porque cada ciudadano aborrece la posibilidad de tener que contradecir al prójimo. Ofender al vecino es como ofender a Dios. O aun más, porque los estadounidenses más ateos (o liberales, como dicen ellos mismos), que ni creen en Dios ni en el diablo, toman como un artículo de su fe atea que ofender es un pecado.

A mí me encanta que se me ofenda. Así me sacan de mi autocomplacencia, me invitan a que examine mis prejuicios y me exigen que cambie las opiniones. Pero EEUU, además de ser un país empapado de influencias inglesas, es una sociedad compuesta de minorías que difícilmente han logrado entenderse unas a otras. La gloria de la Historia estadounidense es que desde que finalizó la guerra civil, en 1865, ha mantenido la paz social a pesar de reunir en un solo país más comunidades étnicas, más sectas religiosas, más intereses económicos y mayor diferencia de riqueza y de nivel de educación que en ningún otro país del mundo. El aburrimiento es un precio modesto a pagar por un éxito tan loable, y se suprime toda opinión que pudiera servir para tachar a una persona de distinta a sus conciudadanos.

Así pues, no se comenta el aborto a la hora de cenar. Ni tampoco en los seguidísimos debates que se celebran entre los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia del país. Estos espectáculos televisuales no son debates, sino ocasiones para suprimir cualquier tema difícil y mostrar que los candidatos se ponen de acuerdo sobre todo lo fundamental. Al cabo de un show de éstos, te quedas con la impresión de que las únicas diferencias surgen de los detalles de una política más o menos compartida. Todos apoyan la Guerra de Irak: lo único que se discute es la cantidad de soldados que se va a condenar a sufrir y morir. Todos están a favor de la guerra de Afganistán: la única diferencia consiste en si es más o menos importante que la de Irak. Todos quieren salvar a los desgraciados de Wall Street: la única diferencia es que los republicanos recomiendan esta política al pueblo cortando los impuestos mientras los demócratas preferirían bajar las hipotecas. Todos quieren perjudicar el medio ambiente sacando cada vez más petróleo de las costas del país, pero algunos quieren invertir también un esfuerzo serio en la energía renovable. Todos exageran el peligro terrorista: lo que se pone en duda es sencillamente cuántas libertades hay que sacrificar para lograr la victoria. Todos aprueban la pena de muerte, pero los demócratas dan la sensación de hacerlo con más tristeza.

Pero el aborto es un tema que divide el país y que nutre una especie de kulturkampf. Por ahora, queda como silenciado en los debates. En el de los candidatos a vicepresidente, Joseph Biden, el demócrata, hizo una referencia casi imperceptible cuando estaba explicando la necesidad de nombrar a jueces liberales para el Tribunal Supremo. Mencionó, sin comentarlo, el famoso caso Roe vs. Wade, que estableció el derecho de una mujer a abortar, bajo condiciones aprobadas por las leyes del país. Pero pasó inmediatamente a hablar de otra cosa, y el asunto quedó en la grata oscuridad de la autocensura. Alguna vez, cuando mi mujer estaba ausente de casa, el tema del aborto surgió en la mesa de mi casa, en el campus de mi universidad, que se encuentra en el estado de Massachusetts, estado de raigambre puritana, tradición liberal e inmensa inmigración católica. Uno de los comensales dijo que pensaba que el Tribunal Supremo, a resultas de los nuevos nombramientos realizados por el presidente Bush, estaba decidido a cambiar varios juicios socialmente importantes, entre ellos el del derecho a abortar. Todos se callaron. Era evidente que estábamos a punto de echar a perder todas las tradiciones sagradas de las cenas anglosajonas. Pero el capellán católico de la universidad, que era uno de los invitados, intervino para decir que lo importante era que, quienes por motivos religiosos nos sentíamos obligados a defender el derecho a la vida, debíamos mostrar caridad hacia los que pensaban de forma distinta. Desgraciadamente para mí, que me encanta discutir, pasamos en seguida a comentar el tiempo atmosférico, cuestión en la que todos nos pusimos de acuerdo en condenar a ultranza.

Por ese tipo de inhibiciones, que afectan tanto a la esfera pública como a la íntima de cenas en casas particulares, no se ha desarrollado un debate racional sobre el aborto en Estados Unidos. Existen posturas rígidamente opuestas, sin ningún tipo de diálogo razonable. En una democracia es importantísimo que los asuntos que pueden influir en las elecciones se discutan abiertamente, sin suprimirse ni censurarse. En las elecciones actuales en EEUU, el aborto es un tema clave, porque las encuestas demuestran que en muchas zonas del país hay votantes que lo perciben como el asunto más importante de la política. Esos votantes son, en su gran mayoría, evangélicos, pero algunos obispos católicos, en un acto de una estupidez brutal, se han alistado en el campo de los intransigentes, escribiendo a los periódicos para insistir en que un católico no debe votar a un candidato que mantiene una postura liberal hacia el aborto. Algunos han proclamado públicamente que en sus diócesis se negará el acceso al Santísimo Sacramento al senador Biden, que es un católico que se ha mostrado comprensivo con las mujeres que necesitan o piensan necesitar el aborto. En las últimas elecciones hicieron lo mismo con el senador John Kerry, candidato a la Presidencia por el Partido Demócrata. La consecuencia fue que ese católico cabal y liberal perdió por muy pocos votos, y el mundo quedó condenado a soportar cuatro años más la Presidencia del señor Bush.

Por supuesto, si no se discute abiertamente con los que mantienen la opinión contraria, no se puede lograr entender su postura. El enfrentamiento entre los que se dicen pro-choice -a favor del derecho de una mujer al aborto- y los que son pro-life -a favor de prohibir el aborto o limitarlo a los casos más flagrantes de violación o de peligro para la vida de la madre- viene a ser una especie de Armagedón, una lucha apocalíptica entre las fuerzas del bien y el mal. Se convierte en el asunto clave de una elección, en lugar de formar parte de un juicio total que abarca todos los temas. En cambio, si uno se atreve a discutir, y correr el riesgo de ofender, es posible que llegue a un entendimiento nuevo y profundo del parecer de su interlocutor. Los del lado pro-choice no son, por regla general, monstruos sedientos de la sangre infantil. Ni son asesinos, porque no piensan que lo que proponen hacer es asesinato. Sus conceptos filosóficos de lo que es la vida son distintos. Me parecen equivocados, pero creo que es más lógico y factible intentar convencerles que condenarles.

Para comentar el aborto sin prejuicios en una sociedad laica hay que prescindir de todo juicio religioso. Los argumentos católicos sólo pueden convencer a un católico, así que hay que dejarlos a un lado. El argumento más eficaz en favor a la inviolabilidad -no hablemos de santidad- de la vida es el argumento práctico y liberal, basado en la regla dorada: para proteger mi propia vida, debo respetar el derecho a la vida de los demás. Si me agrada el hecho de haber nacido, no debo negar ese mismo derecho a otro ser humano. El hecho de que un bebé no nacido es un ser humano es innegable: ¿a qué otra especie va a pertenecer? Cuando logremos el acuerdo sobre estos principios, supongo que mi mujer no lo admitirá como tema a la hora de cenar, pero el aborto se convertirá en un asunto normal, de los que surgen en los debates entre los candidatos a la Presidencia estadounidense sin que se ofenda nadie ni se rompa la atmósfera acogedora del entendimento mutuo. Mientras tanto, sigamos el consejo del capellán de mi universidad y practiquemos la caridad hacia todas las víctimas del aborto: los hijos perdidos y las madres que sufren el dolor de perderlos.

La secularización del Derecho y el aborto

Por Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho penal de la UCM y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO. Acaba de aparecer el libro Estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat, publicado en 2 tomos por la editorial Edisofer (EL MUNDO, 06/10/08):

Según la religión católica, la única relación sexual permitida -cuya finalidad prioritaria es la de procrear hijos- es la genital-genital dentro de un matrimonio entre un hombre y una mujer.

De este principio, aplicado consecuentemente, derivan, entre otras, las siguientes prohibiciones: la prohibición del divorcio, ya que en tal caso, y como la Iglesia mantiene que el matrimonio es indisoluble, el que se contrae entre divorciados supone que la actividad sexual que se desarrolla dentro de él es una extramatrimonial; la prohibición de la homosexualidad, puesto que la satisfacción de la libido entre parejas del mismo sexo, además de igualmente extramatrimonial, no puede tener como consecuencia la generación de la prole; la prohibición del uso de instrumentos contraconceptivos, porque con ellos el placer sexual queda disociado de la posibilidad de tener hijos; la prohibición del adulterio, puesto que se trata de un comercio carnal al margen del matrimonio único e indisoluble; la prohibición de la difusión de la pornografía, ya que con ello se promueve la obtención de un placer sexual no encaminado a la procreación; y, finalmente, la prohibición del aborto: si ya está vedada la evitación de la concepción sin más, con mayor motivo tiene que estarlo interrumpir el desarrollo del óvulo ya fecundado, llegando la doctrina católica tan lejos que, en el supuesto de que en el momento del nacimiento se presente el dilema de que el niño sólo puede venir al mundo a costa de la vida de la madre, la ortodoxia religiosa exige que se sacrifique a ésta, es decir: exige una conducta por parte del médico que, si se realiza sin el consentimiento de la embarazada, debe ser considerada, en términos estrictamente juridicopenales, un asesinato de la mujer.

Debido a la influencia de la religión cristiana en general -no sólo de la católica-, los Códigos del siglo XIX de la práctica totalidad de los países en los que se profesaba esa religión incorporaron a sus preceptos tales prohibiciones -configurando como delitos, por ejemplo, el adulterio o la homosexualidad libremente consentida entre adultos-, manteniéndolas hasta más allá de la mitad del siglo pasado, si bien en la España nacionalcatolicista esa incorporación adquirió caracteres aún más radicales: a diferencia de lo que sucedía en las naciones de tradición cristiana no-católica, o en las que había una estricta separación entre la Iglesia y el Estado, en la legislación civil española no existía el divorcio, y en la criminal, el Código Penal franquista consideraba delito en su art. 416 -incluyendo este tipo penal dentro del Capítulo III del Título VIII: «Del aborto»- «la divulgación en cualquiera forma que se realizare de los [medicamentos, sustancias, objetos, instrumentos, aparatos, medios o procedimientos] destinados a evitar la procreación, así como su exposición pública y ofrecimiento en venta», e, igualmente, «cualquier género de propaganda anticonceptiva», y, por lo que se refiere a la «ofens[a] [a]l pudor y a las buenas costumbres» (antiguo art. 431), recuerdo alguna antigua sentencia del Tribunal Supremo en la que fue condenada por un delito de escándalo público una persona que fue sorprendida en la frontera franco-española portando dos ejemplares de la revista Playboy.

En los años 70 se inicia en la Europa democrática un proceso descriminalizador -proceso del que quedan al margen, en parte, por la influencia del puritanismo en esa nación, los Estados Unidos de América- sobre la base del principio de que los Códigos Penales tienen que distinguir estrictamente entre los dogmas religiosos y la protección de la sociedad, y de que la única razón de que un determinado comportamiento sea pecado para una confesión concreta no es legitimación suficiente para que aquél sea elevado a la categoría de delito.

Este proceso de desvincular al Derecho de los dogmas religiosos se inicia en España con un cierto retraso respecto de los demás países, ya que la democracia no llega a España plenamente hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Pero a partir de entonces, además de aprobarse la ley del divorcio, desaparecen del Código Penal delitos tales como el adulterio, la propaganda y difusión de anticonceptivos, el escándalo público o la homosexualidad (para la que la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social preveía una medida de seguridad privativa de libertad).

Por lo que se refiere al aborto, la conducta ha sido despenalizada, en el sentido de la solución del plazo, en prácticamente todos los países europeos, cuyos legisladores, con ello, han colocado en su sitio a la religión, especialmente, a la católica: sus dogmas pueden aspirar a tener vigencia sólo para sus feligreses, pero ya han quedado atrás los tiempos en los que la Iglesia pretendió -y consiguió- que la vulneración de sus particulares mandatos morales fuera respaldada por el Estado imponiendo una pena criminal a quienes los quebrantasen. Los únicos países europeos en los que el aborto sigue siendo delito de manera prácticamente absoluta -como en Irlanda- o relativa -sólo se ha despenalizado parcialmente cuando concurren determinadas «indicaciones», como sucede en Polonia y en España- tienen en común que en todos ellos la Iglesia católica ejerce una influencia tan acusada que, en mayor o menor medida, hay que seguir considerándola un poder fáctico (el católico Portugal sólo ha podido liberarse de la influencia eclesial en 2007, cuando, mediante un referéndum ganado por los partidarios de la despenalización, se da vía libre a una ley de plazos). Por lo que se refiere a Latinoamérica, donde ese poder fáctico de la Iglesia sigue siendo determinante, sólo desde 2007, y únicamente en un territorio de los Estados Unidos Mexicanos, en México D. F., rige una «ley de plazos», mientras que en el resto de los países americanos de habla española o portuguesa, el aborto, en todo caso, o con la excepción de algunos supuestos extraordinariamente restrictivos, sigue constituyendo delito. Ciertamente que en EE UU el aborto está despenalizado siempre que se practique en los primeros meses del embarazo, pero esa despenalización no puede considerarse arraigada definitivamente, ya que existen numerosos grupos cristianos integristas que desarrollan una campaña permanente con la finalidad de que, en función de la composición de la Corte Suprema, ésta acabe declarando inconstitucional esa legislación permisiva de la interrupción del embarazo.

Despenalización parcial

Ante el temor a una reacción todavía más virulenta por parte de los grupos católicos -estos grupos, no obstante, también se rasgaron las vestiduras en su día ante esa tímida descriminalización de la interrupción del embarazo-, el Gobierno del PSOE, apartándose de la regulación mayoritaria en toda Europa, y rechazando, por consiguiente, la solución del plazo, introdujo en 1985 una despenalización parcial del aborto, el cual sólo deja de constituir un delito cuando concurre alguna de las siguientes tres «indicaciones»: sin límite alguno de tiempo, y hasta el momento mismo del parto, «cuando sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada»; hasta «las doce primeras semanas de gestación» cuando «el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de violación»; y, finalmente, cuando «se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas… siempre que se practique dentro de las veintidós primeras semanas de gestación».

Esta vigente regulación del aborto, aunque en teoría es muy restrictiva, se ha aplicado de tal manera que, hasta hace poco, se podía decir que de hecho lo que regía en España era una ley de plazos. Ello se debía a las dos siguientes circunstancias: en primer lugar, a que el 98% de las interrupciones del embarazo fueron practicadas por la sanidad privada en clínicas concertadas; y, en segundo lugar, a que el 97% de esas interrupciones se acogieron, sobre la base de dos dictámenes emitidos por psiquiatras vinculados a esas clínicas privadas, al «concepto jurídico indeterminado» de «grave peligro para… la salud… psíquica de la embarazada».

Pero esta situación de hecho de una ley de plazos semejante a la que rige en el resto de Europa -en España el 95% de los abortos se ha llevado a cabo antes de las 16 semanas de embarazo, y de ellos el 63% antes de las ocho primeras- se ha visto alterada recientemente por dos acontecimientos: por una parte, por la actividad desplegada por grupos integristas pro-vida que han presentado toda una serie de denuncias por abortos ilegales contra clínicas privadas, exigiendo que se compruebe si los dictámenes en los que se acreditaba el grave peligro para la salud psíquica de la madre tenían o no una base real; y, por otra parte, por la incoación en Cataluña de un procedimiento penal contra el personal sanitario de diversas clínicas en las que supuestamente se habrían realizado abortos de fetos viables, es decir: de fetos de 23 semanas o más que podrían haber sobrevivido fuera del claustro materno en un nacimiento natural o inducido, una conducta que, de haberse producido, y salvo casos excepcionales -como de riesgo para la vida de la gestante- constituye delito, y con razón, incluso en los países con una legislación más permisiva respecto del aborto.

A la vista de estos dos recientes acontecimientos, la reforma del Código penal en el sentido de la solución del plazo viene exigida tanto por la seguridad jurídica como por la necesidad de que el Derecho penal español se emancipe, de manera definitiva, de la perniciosa influencia que durante tantos siglos ha ejercido la religión católica, consiguiendo que los legisladores declararan delito lo que no era más que una conducta que dicha religión consideraba pecado mortal.

La licitud del aborto practicado durante las primeras semanas del embarazo -sin necesidad de que la mujer tenga que dar ninguna clase de explicaciones sobre las razones que la impulsan a una decisión tan personal- es la única manera de que no se atropellen masivamente sus derechos constitucionales a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a su dignidad y a la libertad ideológica. Esta despenalización conforme a la solución del plazo debe ser completada con la ulterior despenalización del aborto que se lleve a cabo -si es que la embarazada lo desea- cuando se detecte médicamente -independientemente de en qué semana de gestación se encuentre- que el feto presenta graves taras físicas o psíquicas y cuando la gestación -también sin plazo alguno y cuando la embarazada esté de acuerdo- suponga un grave peligro para su vida.

Nueva regulación

Esta deseable nueva regulación del aborto se encuentra en la sociedad española con la oposición tan aislada como frontal, virulenta y movilizadora de la Iglesia católica. Según ella, y como he señalado al principio de esta Tribuna Libre, el placer sexual sólo está justificado cuando deja abierta la posibilidad de procreación y cualquier barrera que se levante contra esa posibilidad sería un atentado contra la vida. Ello no sólo rige para el aborto del óvulo fecundado, del que se afirma que es una persona, porque tiene ya su propio código genético, sino, consecuentemente, también para el empleo de cualquier método anticonceptivo, ya que la mitad de ese código genético lo porta el espermatozoide al que se le impide acceder al óvulo que porta la otra mitad. En este sentido se pueden encontrar afirmaciones en la jerarquía católica como la del Papa Juan Pablo II, quien en 1990 se dirigió a los farmacéuticos italianos, exigiéndoles que no vendieran instrumentos anticonceptivos, ya que se trataba de instrumentos «contra la vida», o las del cardenal Ottaviani, que calificó a todo método anticonceptivo de un «asesinato anticipado», doctrina de la Iglesia que es la que explica que, como ya he expuesto, el Código Penal nacionalcatólico del franquismo incluyera el delito de propaganda y difusión de métodos anticonceptivos dentro del Capítulo «Del aborto».

Para reforzar su posición a favor de la prohibición penal del aborto -y, que, en realidad, tiene su origen en su hostilidad contra la sexualidad, ya que, si sólo se pudiera ejercer para tener hijos, apenas se podría disfrutar de ella-, la Iglesia, al equiparar al óvulo fecundado con una persona, enseña que todo lo que impide su desarrollo es un asesinato, con lo que está llamando asesinas, entre otras, a las mujeres que utilizan como método anticonceptivo el dispositivo intrauterino, ya que con ese instrumento lo que se impide es la anidación de un óvulo ya fecundado.

El óvulo fecundado -que en sus primeras etapas no tiene forma humana ni actividad cerebral- al principio es de un tamaño microscópico, mide seis milímetros al final de la cuarta semana del embarazo, y pesa siete gramos y tiene un tamaño de 9 centímetros al terminar la duodécima. La Iglesia es muy libre de definir qué conductas deben ser consideradas pecado, pero el argumento de que un óvulo fecundado es una persona sólo puede tener fuerza de convicción para los creyentes. Porque, si lo que aplicamos es la lógica más elemental, equiparar ese óvulo fecundado a una persona es simplemente un insulto a las reglas del método de razonamiento basado en la analogía («Si un óvulo fecundado es una persona, entonces un huevo es una gallina, con lo que deja de tener contenido la vieja pregunta de qué es lo que fue primero», escribía hace unos años un lector alemán en una carta al director de Der Spiegel).

Ciertamente que todavía existen Estados teocráticos, como Arabia Saudí o Irán, donde los mandatos de los Libros Sagrados se incorporan a sus Códigos Penales y se lapida a las adúlteras, se encierra a los homosexuales y se corta la mano a los ladrones. Pero España es un Estado de Derecho democrático, pluralista y laico, y nuestros legisladores deben obrar en consecuencia; también en relación con la regulación penal del aborto donde todavía encuentra refugio el último vestigio de la nefasta influencia de la Iglesia en la legislación penal.