El dilema del sistema bancario

Por Xavier Vives, profesor de economía y finanzas en la IESE Business School. Traducción: Esteban Flamini (Project Syndicate, 12/09/11):

A los encargados de los bancos centrales y a los reguladores les suele preocupar que un exceso de competencia en el sector financiero aumente la inestabilidad y el riesgo de colapso sistémico. Por su parte, las autoridades encargadas de velar por la competencia tienden a creer que cuanto mayor sea la competencia, mejor. Ambas partes no pueden estar en lo cierto.

Entre la competencia y la estabilidad se da una relación de intercambio. En la práctica, una mayor presión competitiva puede aumentar la fragilidad de los balances bancarios y volver a los inversores más propensos al pánico; también puede deteriorar la capacidad de operación de las instituciones (charter value).

Un banco que opera con márgenes estrechos y responsabilidad limitada no tiene mucho que perder, de modo que tenderá a correr riesgos. Esta tendencia se verá agravada por la existencia de garantías públicas sobre los depósitos y por las políticas dirigidas a proteger a las instituciones que son “demasiado grandes para quebrar” (too‑big‑to‑fail). El resultado es un mayor incentivo a asumir riesgos. De hecho, en el caso de bancos que se encuentran al borde de la quiebra en sistemas desregulados, hay pruebas irrefutables de la acción de este tipo de incentivos perversos.

Por eso, después de que los sistemas financieros del mundo desarrollado comenzaron a liberalizarse en la década de 1970 (proceso que se inició en los Estados Unidos), se dio un aumento en la cantidad y la gravedad de las crisis. Esta nueva vulnerabilidad contrasta claramente con la estabilidad del período de exceso de regulación que siguió a la Segunda Guerra Mundial. La crisis ocurrida en los EE. UU. en la década de 1980 (que tuvo su origen en las asociaciones de ahorro y préstamo llamadas thrifts) y las crisis de Japón y Escandinavia durante la década de 1990 pusieron de manifiesto que, sin una adecuada regulación, la liberalización financiera induce a la inestabilidad.

En un mundo ideal, el dilema entre estabilidad y competencia se podría eliminar por medio de mecanismos de aseguramiento bien diseñados dependientes de los riesgos, procedimientos de liquidación y resolución creíbles, el uso de obligaciones convertibles contingentes y la imposición de requisitos de capital con mayores cargas para las instituciones con influencia sistémica. El problema es que la regulación difícilmente eliminará por completo las fallas del mercado, de modo que la tensión entre competencia y estabilidad se puede mitigar, pero no anular.

Por ejemplo, la Comisión Bancaria Independiente del Reino Unido (ICB, por sus siglas en inglés) propuso mantener las actividades minoristas de las instituciones bancarias separadas de sus actividades de banca de inversión, por medio de la división de dichas entidades en secciones con capitalización independiente. Se trata de una solución intermedia que busca minimizar los incentivos a correr riesgos aprovechándose del respaldo de las garantías estatales, sin dejar de permitir ciertas economías de escala en las actividades bancarias.

Pero dicen que el diablo está en los detalles, así que incluso en el mejor de los casos el dilema entre competencia y estabilidad no desaparecerá. Un defecto de la propuesta está en el hecho de que la crisis golpeó tanto a bancos universales como a bancos especializados. Además, el trazado de un límite entre banca de inversión y actividades minoristas dejaría una enorme zona gris y generaría incentivos perversos.

Queda en pie también el problema de las fronteras regulatorias: las actividades de riesgo podrían migrar a áreas con normas menos estrictas, y se repetiría el problema que se vio durante la crisis, con la existencia de un sistema bancario en las sombras. Es decir que si las operaciones de banca de inversión llegaran a plantear una amenaza para todo el sistema, tal vez sería necesario acudir en su rescate.

El enorme fracaso regulatorio que quedó de manifiesto por la crisis financiera iniciada en 2008 subraya la necesidad de concentrarse en introducir reformas que creen los incentivos correctos para los bancos. Pero en la medida en que el pasado sirva de ejemplo para el futuro, debemos ser conscientes de que la regulación también tiene sus límites. Aunque en el Reino Unido la ICB no se equivoca al declarar que hay posibilidades de mejorar tanto la competencia como la estabilidad, vista la debilidad del marco regulatorio actual, sería imprudente pretender una eliminación total del poder del mercado en el sistema bancario.

El diseño de una regulación óptima debe tener en cuenta la intensidad de la competencia en los diferentes segmentos bancarios. Por ejemplo, las exigencias de capital deberían depender del grado de fricción y rivalidad del sector bancario en cuestión, con requisitos tanto más estrictos cuanto más competitivo sea el contexto.

Se deduce entonces que es necesaria una coordinación entre la regulación prudencial y las políticas destinadas a fomentar la competencia. Esto vale sobre todo para las situaciones de crisis, para las que se debería implementar un protocolo de colaboración que permita diferenciar entre, por un lado, ayudas dirigidas a resolver problemas de liquidez y, por el otro, recapitalización; y estipular condiciones para los procesos de reestructuración, a fin de evitar distorsiones del marco competitivo.

¿Qué consecuencias hay respecto de la estructura del mercado? En mercados de ahorro y préstamo bien definidos, la concentración está estrechamente relacionada con la presión competitiva: cuanto más concentrado el mercado, peores suelen ser las condiciones que los bancos ofrecen a sus clientes. La crisis afectó tanto a sistemas bancarios concentrados (por ejemplo, en el RU y los Países Bajos) como a sistemas no concentrados (por ejemplo, en EE. UU. y Alemania). En ambos casos, se produjo una consolidación que dejó menos jugadores con más poder de mercado y un tamaño que los convierte en “demasiado grandes para quebrar”. A modo de ejemplo basta citar, en el Reino Unido, el rescate del HBOS (Halifax/Bank of Scotland) mediante su adquisición por el Lloyds TSB o la consolidación producida en EE. UU. después de la crisis.

Esto no sería tan grave si el poder de mercado de las instituciones fusionadas fuera una recompensa temporal por haber tenido un comportamiento prudente en el pasado. En ese caso, las ventajas irían menguando conforme entren a la arena bancaria nuevos competidores. Pero si el aumento del poder de mercado de los bancos obedece a la presencia de barreras contra la entrada de nuevos competidores, los perjudicados serán los consumidores y los inversores.

Se necesita entonces una política activa que fomente una mayor competencia bancaria. Pero la capacidad de las autoridades para lograr ese objetivo depende inexorablemente del marco regulatorio. De modo que es preciso corregir y fortalecer ese marco, sin olvidar que pretender maximizar por mandato la presión competitiva en el sistema bancario sería tan inútil, e incluso indeseable, como intentar eliminar por el mismo medio cualquier forma de inestabilidad.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Visión doble en los bancos centrales

Por Linda Yueh, profesora adjunta de Economía en St. Edmund Hall, University of Oxford, y miembro del Programa de Globalización del Centro de Desempeño Económico de la London School of Economics and Political Science (LSE). Traducción del inglés por: Leopoldo Gurman (Project Syndicate, 07/07/11):

Los bancos centrales ahora apuntan a la liquidez y no solo a la inflación. Los excesos crediticios de la década pasada resaltaron lo inadecuado de una visión centrada únicamente en los precios, y subrayaron la necesidad de las autoridades monetarias de un país (o de un grupo de países, en el caso del Banco Central Europeo y la zona del euro) de vigilar al sector financiero. La normativa macroprudente es la reciente incorporación a la jerga de los bancos centrales, para complementar sus regímenes ya consolidados contra la inflación.

Este desplazamiento del enfoque puede cambiar radicalmente la política monetaria, pero, ¿lo hará para mejor o para peor? El Banco de Inglaterra puede estar sentando las bases de esta transición, pero el BCE y la Junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos también están adoptando mayores regulaciones financieras. De hecho, el Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos del BCE cumple una función semejante a la del nuevo Comité de Política Financiera (CPF) del Reino Unido.

Al finalizar una reciente discusión con Andy Haldane, el director ejecutivo de estabilidad financiera del Banco de Inglaterra y miembro del CPF, le pregunté: ¿Qué sucede si la inflación es elevada y el otorgamiento de créditos reducido? Ante este escenario, el Comité de Política Monetaria (CPM) del Banco de Inglaterra favorecería un aumento de las tasas de interés, mientras que el CPF estaría a favor de un relajamiento de las condiciones monetarias.

Continúo reflexionando sobre la pregunta que le planteé a Haldane, porque la posibilidad de necesidades de política tan contradictorias parece inevitable, ahora más que nunca.

La última década, hasta el colapso de Lehman Brothers en septiembre de 2008, fue conocida como la Gran Moderación, un período de baja inflación y fuerte crecimiento que reflejó importantes nuevos desarrollos, como la integración mundial de los mercados emergentes y la adopción de regímenes centrados en la inflación por parte de los principales bancos centrales durante la década de 1990. En el Reino Unido, se otorgó la independencia al Banco de Inglaterra en 1997, y se le indicó un objetivo inflacionario del 2% anual.

La estabilidad de precios durante la década de 2000 explicó las bajas tasas de interés que sostuvieron un fuerte crecimiento. Pero también significó que un exceso crediticio a escala internacional no fue controlado, y resultó en la mayor quiebra de los tiempos modernos, que casi incluyó el colapso del sistema bancario.

Como parte de los cambios institucionales de 1997 en el RU, la regulación financiera fue puesta en manos de la Autoridad de Servicios Financieros (ASF). Pero la ASF pronto será reemplazada por el CPF, lo que dará como resultado un sistema que pretende evitar “lagunas” de autoridad en las que nadie quede a cargo. El CPF es ahora parte del Banco de Inglaterra, que de alguna manera debe garantizar que la política monetaria considere al sector financiero.

El cambio refleja una argumentación de los bancos centrales: controlar el crédito o la liquidez exige otra herramienta. Las tasas de interés son instrumentos demasiado genéricos, y existe el riesgo de dañar la economía en su conjunto cuando se utilizan para desactivar una burbuja inmobiliaria, como lo ha demostrado una investigación reciente del subgobernador del BoE, Charlie Bean. Por lo tanto, el CPF confiaría en instrumentos como los coeficientes de capital o de préstamo a valor para controlar la liquidez, y habilitar dos instrumentos para dos objetivos –liquidez e inflación– dentro del BoE garantizaría la coordinación.

¿Pero qué sucedería si los dos objetivos están en conflicto? Durante la Gran Moderación previa a la crisis, restringir los créditos a través de instrumentos regulatorios probablemente hubiese funcionado, ya que difícilmente hubiese empujado a la economía a una deflación, como en el caso de un aumento de las tasas de interés. Pero ese no es el problema ahora.

La cuestión actual es que el indicador del agregado monetario de los créditos al sector privado (M4) ha alcanzado su mínimo en la última década, mientras que la inflación es más del doble de la deseada por el BoE. Si el CPF reduce los requisitos de capital para potenciar el crédito, pero el CPM sube las tasas para frenar la inflación, los bancos enfrentarán presiones cruzadas. Las reglamentaciones crediticias menos restrictivas entrarían en conflicto con el mayor costo del dinero. Debido a que tanto el CPF como el CPM dependen de un mecanismo de transmisión monetaria que funciona a través de los bancos, no resulta claro que el control de la inflación y el mantenimiento de la liquidez puedan separarse tan claramente.

Existe además la complejidad adicional de la normativa mundial. La idea es que los países coordinarán medidas regulatorias anticíclicas para evitar que el capital los eluda saltando fronteras. Pero, ¿qué sucedería si –y esto es muy probable– los ciclos de negocios no son coordinados? Después de todo, China está restringiendo el crédito mientras que en el RU se lo fomenta.

Más afín a los británicos, el BCE posiblemente se esté embarcando en un ciclo restrictivo y retire cientos de miles de millones de euros de la liquidez proporcionada durante la crisis, debido a preocupaciones sobre bancos “adictos”. ¿Relajará realmente los requisitos de capital para alinearse con el BoE?

Nuevamente, esas políticas hubieran funcionado hace una década, en un entorno de baja inflación y rápido crecimiento del crédito. Pero los tiempos han cambiado y la política monetaria, por supuesto, también lo hará. El problema es que, si los organismos como el CPF adquieren la misma importancia para los bancos centrales que los comités de política económica, podemos terminar preguntándonos qué objetivo primará cuando se enfrenten.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Islandia enjaula a sus banqueros

Por CLAUDI PÉREZ (El Pais.com, 03/04/2011)

Se busca. Hombre, 48 años, 1,80 metros, 114 kilos. Calvo, ojos azules. La Interpol acompaña esa descripción de una foto en la que aparece un tipo bien afeitado embutido en uno de esos trajes oscuros de 2.000 euros y tocado con un impecable nudo de corbata. Se ve a la legua que se trata de un banquero: este no es uno de esos carteles del salvaje Oeste. La delincuencia ha cambiado mucho con la globalización financiera. Y sin embargo, esta historia tiene ribetes de western de Sam Peckinpah ambientado en el Ártico. Esto es Islandia, el lugar donde los bancos quiebran y sus directivos pueden ir a la cárcel sin que el cielo se desplome sobre nuestras cabezas; la isla donde apenas medio millar de personas armadas con peligrosas cacerolas pueden derrocar un Gobierno. Esto es Islandia, el pedazo de hielo y roca volcánica que un día fue el país más feliz del mundo (así, como suena) y donde ahora los taxistas lanzan las mismas miradas furibundas que en todas partes cuando se les pregunta si están más cabreados con los banqueros o con los políticos. En fin, Esto es Islandia: paraíso sobrenatural, reza el cartel que se divisa desde el avión, antes incluso de desembarcar.

El tipo de la foto se llama Sigurdur Einarsson. Era el presidente ejecutivo de uno de los grandes bancos de Islandia y el más temerario de todos ellos, Kaupthing (literalmente, "la plaza del mercado"; los islandeses tienen un extraño sentido del humor, además de una lengua milenaria e impenetrable). Einarsson ya no está en la lista de la Interpol. Fue detenido hace unos días en su mansión de Londres. Y es uno de los protagonistas del libro más leído de Islandia: nueve volúmenes y 2.400 páginas para una especie de saga delirante sobre los desmanes que puede llegar a perpetrar la industria financiera cuando está totalmente fuera de control.

Nueve volúmenes: prácticamente unos episodios nacionales en los que se demuestra que nada de eso fue un accidente. Islandia fue saqueada por no más de 20 o 30 personas. Una docena de banqueros, unos pocos empresarios y un puñado de políticos formaron un grupo salvaje que llevó al país entero a la ruina: 10 de los 63 parlamentarios islandeses, incluidos los dos líderes del partido que ha gobernado casi ininterrumpidamente desde 1944, tenían concedidos préstamos personales por un valor de casi 10 millones de euros por cabeza. Está por demostrar que eso sea delito (aunque parece que parte de ese dinero servía para comprar acciones de los propios bancos: para hinchar las cotizaciones), pero al menos es un escándalo mayúsculo.

Islandia es una excepción, una singularidad; una rareza. Y no solo por dejar quebrar sus bancos y perseguir a sus banqueros. La isla es un paisaje lunar con apenas 320.000 habitantes a medio camino entre Europa, EE UU y el círculo polar, con un clima y una geografía extremos, con una de las tradiciones democráticas más antiguas de Europa y, fin de los tópicos, con una gente de indomable carácter y una forma de ser y hacer de lo más peculiar. Un lugar donde uno de esos taxistas furibundos, tras dejar atrás la capital, Reikiavik, se adentra en una lengua de tierra rodeada de agua y deja al periodista al pie de la distinguida residencia presidencial, con el mismísimo presidente esperando en el quicio de la puerta: cualquiera puede acercarse sin problemas, no hay medidas de seguridad ni un solo policía. Solo el detalle exótico de una enorme piel de oso polar en lo alto de una escalera saca del pasmo a quien en su primera entrevista con un presidente de un país se topa con un mandatario, Ólagur Grímsson, que considera "una locura" que sus conciudadanos "tengan que pagar la factura de su banca sin que se les consulte".

Los islandeses piden responsabilidades por la crisis económica- BOB STRONG (REUTERS)

Y del presidente al ciudadano de a pie: de la anécdota a la categoría. Arnar Arinbjarnarsson es capaz de resumir el apocalipsis de Islandia con estupefaciente impavidez, frente a un humeante capuchino en el céntrico Café París, a dos pasos del Althing, el Parlamento. Arnar tiene 33 años y estudió ingeniería en la universidad, pero, al acabar, ni siquiera se le pasó por la cabeza diseñar puentes: uno de los bancos le contrató, pese a carecer de formación financiera. "La banca estaba experimentando un crecimiento explosivo, y para un ingeniero es relativamente sencillo aprender matemática financiera, sobre todo si el sueldo es estratosférico", alega.

Islandia venía de ser el país más pobre de Europa a principios del siglo XX. En los años ochenta, el Gobierno privatizó la pesca: la dividió en cuotas e hizo millonarios a unos cuantos pescadores. A partir de ahí, bajo el influjo de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, el país se convirtió en la quintaesencia del modelo liberal, con una política económica de bajos impuestos, privatizaciones, desregulaciones y demás: la sombra de Milton Friedman, que viajó durante esa época a Reikiavik, es alargada. Aquello funcionó. La renta per cápita se situó entre las más altas del mundo, el paro se estabilizó en el 1% y el país invirtió en energía verde, plantas de aluminio y tecnología. El culmen llegó con el nuevo siglo: el Estado privatizó la banca y los banqueros iniciaron una carrera desaforada por la expansión dentro y fuera del país, ayudados por las manos libres que les dejaba la falta de regulación y por unos tipos de interés en torno al 15% que atraían los ahorros de los dentistas austriacos, los jubilados alemanes y los comerciantes holandeses. Una economía sana, asentada sobre sólidas bases, se convirtió en una mesa de black jack. Ni siquiera faltó una campaña nacionalista a favor de la supremacía racial de la casta empresarial, lo que tal vez demuestra lo peligroso que es meter en la cabeza de la gente ese tipo de memeces, ya sea "las casas nunca bajan de precio" o "los islandeses controlan mejor el riesgo por su pasado vikingo".

La fiesta se desbocó: los activos de los bancos llegaron a multiplicar por 12 el PIB. Solo Irlanda, otro ejemplo de modelo liberal, se acerca a esas cifras. Hasta que de la noche a la mañana -con el colapso de Lehman Brothers y el petardazo financiero mundial- todo se desmoronó, en lo que ha sido "el shock más brutal y fulminante de la crisis internacional", asegura Jon Danielsson, de la London School of Economics.

Pero volvamos a Arnar y su relato: "La banca empezó a derrochar dinero en juergas con champán y estrellas del rock; se compró o ayudó a comprar medio Oxford Street, varios clubes de fútbol de la liga inglesa, bancos en Dinamarca, empresas en toda Escandinavia: todo lo que estuviera en venta, y todo a crédito". Los ejecutivos se concedían créditos millonarios a sí mismos, a sus familiares, a sus amigos y a los políticos cercanos, a menudo, sin garantías. La Bolsa multiplicó su valor por nueve entre 2003 y 2007. Los precios de los pisos se triplicaron. "Los bancos levantaron un obsceno castillo de naipes que se lo llevó todo por delante", cuenta Arnar, que conserva su empleo, pero con la mitad de sueldo. Acaba de comprarse un barco a medias con su padre con la intención de cambiar de vida: quiere dedicarse a la pesca.

Ciudadanos islandeses se manifiestan tras el colapso de la economía, en diciembre de 2008.- BRYNJAR GUNNARSSON (AP)

La fábula de una isla de pescadores que se convirtió en un país de banqueros tiene moraleja: "Tal vez sea hora de volver al comienzo", reflexiona el ingeniero. "Tal vez todo ese dinero y ese talento que absorbe la banca cuando crece demasiado no solo se convierte en un foco de inestabilidad, sino que detrae recursos de otros sectores y puede llegar a ser nocivo, al impedir que una economía desarrolle todo su potencial", dice el presidente Grímsson.

La magnitud de la catástrofe fue espectacular. La inflación se desbocó, la corona se desplomó, el paro creció a toda velocidad, el PIB ha caído el 15%, los bancos perdieron unos 100.000 millones de dólares (pasará mucho tiempo antes de que haya cifras definitivas) y los islandeses siguieron siendo ricos, más o menos: la mita de ricos que antes. ¿De quién fue la culpa? De los bancos y los banqueros, por supuesto. De sus excesos, de aquella barra libre de crédito, de su desmesurada codicia. Los bancos son el monstruo, la culpa es de ellos y, en todo caso, de los políticos, que les permitieron todo eso. OK. No hay duda. ¿Solamente de los bancos?

"El país entero se vio atrapado en una burbuja. La banca experimentó un desarrollo repentino, algo que ahora vemos como algo estúpido e irresponsable. Pero la gente hizo algo parecido. Las reglas normales de las finanzas quedaron suspendidas y entramos en la era del todo vale: dos casas, tres casas por familia, un Range Rover, una moto de nieve. Los salarios subían, la riqueza parecía salir de la nada, las tarjetas de crédito echaban humo", explica Ásgeir Jonsson, ex economista jefe de Kaupthing. El también economista Magnus Skulasson asume que esa locura colectiva llevó a un país entero a parecer dominado por los valores de Wall Street, de la banca de inversión más especulativa. "Los islandeses hemos contribuido decisivamente a que pasara lo que pasó, por permitir que el Gobierno y la banca hicieran lo que hicieron, pero también participamos de esa combinación de codicia y estupidez. Los bancos merecen sentarse en el banquillo y nosotros nos merecemos una parte del castigo: pero solo una parte", afirma en el restaurante de un céntrico hotel.

Una cosa salva a los islandeses, de alguna manera les redime de parte de esos pecados. En su incisivo ¡Indignaos!, Stephane Hessel describe cómo en Europa y EE UU los financieros, culpables indiscutibles de la crisis, han salvado el bache y prosiguen su vida como siempre: han vuelto los beneficios, los bonus, esas cosas. En cambio, sus víctimas no han recuperado el nivel de ingresos, ni mucho menos el empleo. "El poder del dinero nunca había sido tan grande, insolente, egoísta con todos", acusa, y, sin embargo, "los banqueros apenas han soportado las consecuencias de sus desafueros", añade en el prólogo del libro el escritor José Luis Sampedro.

Así es: salvo tal vez en el Ártico. Islandia ha hecho un valiente intento de pedir responsabilidades. "Dejar quebrar los bancos y decirles a los acreedores que no van a cobrar todo lo que se les debe ha ayudado a mitigar algunas de las consecuencias de las locuras de sus banqueros", asegura por teléfono desde Tejas el economista James K. Galbraith.

Contada así, la versión islandesa de la crisis tiene un toque romántico. Pero la economía es siempre más prosaica de lo que parece. Hay quien relata una historia distinta: "Simplemente, no había dinero para rescatar a los bancos: de lo contrario, el Estado los habría salvado: ¡Llegamos a pedírselo a Rusia!", critica el politólogo Eirikur Bergmann. "Fue un accidente: no queríamos, pero tuvimos que dejarlos quebrar y ahora los políticos tratan de vender esa leyenda de que Islandia ha dado otra respuesta".

Sea como sea, la crisis ha dejado una cicatriz enorme que sigue bien visible: hay controles de capitales, un delicioso eufemismo de lo que en el hemisferio Sur (y más concretamente en Argentina) suele llamarse corralito. El paro sigue por encima del 8%, tasas desconocidas por estos lares. El desplome de la corona ha empobrecido a todo el país, excepto a las empresas exportadoras. Cuatro de cada diez hogares se endeudaron en divisas o con créditos vinculados a la inflación (parece que, por lo general, para comprar segundas residencias y coches de lujo), lo que ha dejado un agujero considerable en el bolsillo de la gente. Tras dejar quebrar el sistema bancario, el Estado lo nacionalizó y acabó inyectando montones de dinero -el equivalente a una cuarta parte del PIB- para que la banca no dejara de funcionar, y ahora empieza a reprivatizarlo: la vida, de algún modo, sigue igual.

Todo eso ha elevado la deuda pública por encima del 100% del PIB, y para controlar el déficit tampoco los islandeses se han librado de la oleada de austeridad que recorre Europa desde el Estrecho de Gibraltar hasta la costa de Groenlandia: más impuestos y menos gasto público. Al cabo, Islandia tuvo que pedir un rescate al FMI, y el Fondo ha aplicado las recetas habituales: se han elevado el IRPF y el IVA islandeses y se han creado nuevos impuestos, y por el lado del gasto se han bajado salarios y beneficios sociales y se están cerrando escuelas; se ha reducido el Estado del bienestar. Que es lo que suele suceder cuando de repente un país es menos rico de lo que creía.

"Hemos recorrido una década hacia atrás", cierra Bergman. Y aun así, el Gobierno y el FMI aseguran que Islandia crecerá este año un 3%: el desplome de la corona ha permitido un despegue de las exportaciones, hay sectores punteros -como el aluminio- que están teniendo una crisis muy provechosa, y, al fin y al cabo, Islandia es un país joven con un nivel educativo sobresaliente. Entre la docena de fuentes consultadas para este reportaje, sin embargo, no abunda el optimismo. Uno de los economistas más brillantes de Islandia, Gylfi Zoega, dibuja un panorama preocupante: "Los bancos aún no son operativos, los balances de las empresas están dañados, el acceso al mercado de capitales está cerrado, el Gobierno muestra una debilidad alarmante. No hay consenso sobre qué lugar deben ocupar Islandia y su economía en el mundo. Vamos a la deriva... No se engañe: ni siquiera el colapso de los bancos fue una elección; no había alternativa. Islandia no puede ser un modelo de nada".

Hay quien duda incluso de que los banqueros den finalmente con sus huesos en la cárcel: "Los ejecutivos han sido detenidos varias veces, y después, puestos en libertad: como tantas otras veces, eso es más un jugueteo con la opinión pública que otra cosa", asegura Jon Danielsson. Hannes Guissurasson, asesor del anterior Gobierno y conocido por su férrea defensa de postulados neoliberales, incluso traza una fina línea entre el delito y algunas de las prácticas bancarias de los últimos años. "Muy pocos banqueros van a ir a la prisión, si es que va alguno: ¿qué ley vulnera la excesiva toma de riesgos?", se pregunta.

Pero los mitos son los mitos (y un periodista debe defender su reportaje hasta el último párrafo) e Islandia deja varias lecciones fundamentales. Una: no está claro si dejar caer un banco es un acto reaccionario o libertario, pero el coste, al menos para Islandia, es sorprendentemente bajo; el PIB de Irlanda (cuyo Gobierno garantizó toda la deuda bancaria) ha caído lo mismo y sus perspectivas de recuperación son peores. Dos: tener moneda propia no es un mal negocio. En caso de apuro se devalúa y santas Pascuas; eso permite salir de la crisis con exportaciones, algo que ni Grecia ni Irlanda (ni España) pueden hacer.

La última y definitiva enseñanza viene de la mano del grupo salvaje, a quien nadie vio venir: ni las agencias de calificación ni los auditores anticiparon los problemas (aunque lo que no descubre una buena auditoría lo destapa una buena crisis: Pricewaterhousecoopers está acusada de negligencia). Pero los problemas estaban ahí: la prueba es que la inmensa mayoría de los ejecutivos de banca están de patitas en la calle y algunos esperan juicio. Nuestro Sigurdur Einarsson, el banquero más buscado, se compró una mansión en Chelsea, uno de los barrios más exclusivos de Londres, por 12 millones de euros. La mayoría de los banqueros que tienen problemas con la justicia hicieron lo mismo durante los años del boom, y menos mal que lo hicieron: la gente les abucheaba en el teatro, les tiraba bolas de nieve en plena calle, les lanzaba piropos en los restaurantes o les dejaba ocurrentes pintadas en sus domicilios. Salieron pitando de Islandia. El caso es que Einarsson no tuvo que marcharse: vivía en su estupenda mansión londinense desde 2005. La hipoteca no era problema: Einarsson decidió alquilársela al banco mientras vivía en la casa; al fin y al cabo, un presidente es un presidente, y ese es el tipo de demostraciones de talento financiero que solo traen sorpresas en el improbable caso de que la justicia se meta por medio. Islandia parece el lugar adecuado para que sucedan cosas improbables: según las estadísticas, más de la mitad de los islandeses cree en los elfos. En el avión de vuelta se entiende mejor la publicidad del aeropuerto, sobre todo porque las fuentes consultadas descartan que, si finalmente hay condena a los banqueros, el Gobierno islandés vaya a conceder un solo indulto. Esto es Islandia: paraíso sobrenatural. ¡Vaya si lo es! -

El 'caso Icesave' (y otras rarezas)

El tiburón putrefacto es uno de los platos típicos de Islandia, que tiene una noche inacabable (no solo por las horas de oscuridad), una de las pocas primeras ministras del mundo (Johana Sigurdardottir, abiertamente lesbiana) y un museo de penes (y esto no es una errata). La lista de rarezas es inacabable: es más fácil entrevistar al presidente de Islandia que al alcalde de Reikiavik, Jon Gnarr, célebre por pactar solo con quienes hayan visto las cuatro temporadas de The Wire. Con la crisis, las singularidades han alcanzado incluso al siempre aburrido sector financiero: en Londres han llegado a aplicarle métodos antiterroristas.

Landsbanki, uno de los tres grandes bancos islandeses, abrió una filial por Internet con una cuenta de ahorro a altos tipos de interés, Icesave, que hizo furor entre británicos y holandeses. Cuando las cosas empezaron a torcerse y el Gobierno británico detectó que el banco estaba repatriando capitales, le aplicó la ley antiterrorista para congelar sus fondos. Ese fue el detonante de toda la crisis: provocó la quiebra en cadena de toda la banca. Y sigue dando tremendos dolores de cabeza a Islandia.

Holanda y Reino Unido devolvieron a sus ciudadanos el 100% de los depósitos y ahora exigen ese dinero: 4.000 millones de euros, un tercio del PIB islandés, nada menos. El Gobierno llegó a un acuerdo para que los ciudadanos pagaran en 15 años y al 5,5% de interés: la gente se organizó para echarlo abajo en un referéndum, tras el veto del presidente. Así llegó un segundo pacto, más ventajoso (tipos del 3%, a pagar en 37 años), y de nuevo la gente decidirá en abril en referéndum si paga o no por los desmanes de sus bancos. Agni Asgeirsson, ex ejecutivo que fue despedido de Kaupthing y ahora trabaja como ingeniero en Río Tinto, es tajante al respecto: "El primer acuerdo era claramente un fraude. Este es más discutible. No queremos pagar, pero eso añadiría incertidumbre legal sobre el futuro del país. Pero lo interesante es cómo ha reaccionado la gente". Ese es quizá el mayor atractivo de la respuesta islandesa: la parlamentaria y ex magistrada francesa Eva Joly (a quien se encargó el inicio de la investigación sobre la banca) asegura que lo más llamativo de Islandia es que en un país "que se consideraba a sí mismo un milagro neoliberal, y donde se había perdido gradualmente todo interés por la política, ahora la gente quiere tener su destino en sus propias manos".

"Eso sí: la fe en los políticos y los banqueros tardará en volver, pero que mucho, mucho, tiempo", cierra el cónsul de España, Fridrik S. Kristjánsson. -

Crisis (19): el tsunami que viene

Por Xavier Sala i Martín, Columbia University, UPF y Fundació Umbele (LA VANGUARDIA, 17/04/10):

¿Han notado ustedes la cantidad extravagante de sucursales de bancos y cajas que hay en nuestras ciudades? No tengo los números exactos, pero comparando a simple vista con los países en los que he vivido, me da la sensación de que aquí sobran oficinas bancarias. De hecho, no sólo es una sensación visual, sino que el proceso de fusiones que estamos viviendo confirma que durante las últimas décadas ha habido una explosión de oficinas financieras difícilmente justificable desde la racionalidad económica. Y ahora toca deshacer los excesos del pasado.

Aunque parezca mentira, los bancos y cajas españoles también se han dejado llevar por la mentalidad de burbuja que obnubiló la mente de tantos ciudadanos de a pie que llegaron a creer que los precios de las viviendas siempre seguirían subiendo. Ese falso dogma les llevó a comprar residencias pensando que eran una inversión segura. Pues la misma creencia llevó a los expertos de bancos y cajas a pensar que el sector inmobiliario era una especie de gallina de los huevos de oro en la que tenían que invertir, por eso prestaron todo lo que pudieron a promotores y constructores. Y el negocio funcionó de manera casi milagrosa durante mucho tiempo. De hecho, funcionó tan bien que bancos y cajas se expandieron más de lo que convenía e instalaron sucursales hasta el punto de que uno tiene la sensación de que en su ciudad hay más cajas que bares…, y eso que de bares no anda corta.

El problema es que en economía no existen los milagros y a todo cerdo le llega su sanmartín (que no su Sala i Martín): los precios dejaron de subir, las familias vieron que la inversión inmobiliaria no era tan infalible como se les había prometido, dejaron de comprar viviendas, las constructoras y las promotoras se arruinaron y no pudieron devolver el dinero prestado. Los bancos y las cajas se tuvieron que quedar todo tipo de solares, parcelas, edificios e inmuebles a medio construir. Para recuperar el dinero, el sector financiero va a tener que gestionar y vender todo este patrimonio, y nadie sabe exactamente cuánto va a recobrar. Lo que está claro es que sus pérdidas serán importantes. Tan importantes, que van a obligar a más de uno y a más de dos a cerrar las puertas. El sistema financiero español, pues, tiene un problema importante.

Lo embarazoso del caso es que, aun siendo importante, todo eso que les explico no es lo más grave: ¡lo más grave está todavía por llegar! Sí, sí. De cara a los próximos meses, los bancos y cajas españoles se enfrentan a cuatro problemas muy pero que muy serios. El primero es que el negocio bancario es hoy mucho más pequeño de lo que era y lo va a seguir siendo durante bastante tiempo: centenares de miles de empresas familiares (que tradicionalmente viven del crédito bancario) están desapareciendo, la construcción (que había concentrado la parte más importante del negocio bancario) no es lo que era y no volverá a serlo en muchos años, los tipos de interés son bajos, los márgenes con los que operan los bancos son cada día menores y, finalmente, las tasas de crecimiento económico son y van a seguir siendo mucho más pequeñas que antes, por lo que menos gente se va a atrever a pedir prestado. Todo esto hace que el negocio bancario para repartir entre los que hasta ahora jugaban la partida se ha reducido, y no todos podrán sobrevivir. Todo eso se agrava por el ya mencionado fenómeno del exceso de sucursales, exceso que es incompatible con un negocio agregado mucho más reducido. Las fusiones y la progresiva eliminación de oficinas y empleados son inevitables.

El segundo gran problema es la nueva regulación. La idea de que la crisis ha sido causada por la falta de regulación financiera ha cuajado entre los políticos de todo el mundo y eso les está llevando a introducir una nueva regulación (a la que llaman Basilea III) que, entre otras cosas, va a endurecer las condiciones en las que operan: con toda probabilidad se van a reducir los préstamos que bancos y cajas pueden conceder por cada euro de capital, cosa que va a reducir obligatoriamente su volumen total de negocio.

El tercer problema es que ya hace 18 meses que comenzó la crisis. Eso quiere decir que las prestaciones de desempleo de los primeros trabajadores que perdieron su trabajo están empezando a expirar. Esa primera oleada de parados está dejando de pagar su hipoteca y contribuyendo a aumentar las tasas de morosidad. El nuevo stock de viviendas en manos de entidades financieras se suma al que dejaron las empresas promotoras y constructoras en la primera fase de la recesión. Este hecho es más grave de lo que parece, ya que ni bancos ni cajas son especialistas en gestión de patrimonio inmobiliario, por lo que sus pérdidas son potencialmente cuantiosas.

El último problema, y yo diría que el más significativo e importante, es que la crisis financiera ha dejado una gran huella grabada en la mente de bancos y cajas: ¡el miedo! El ADN de las entidades financieras ha mutado y han pasado de la alegría prestamista de los tiempos de la burbuja al actual pánico a perder dinero en cualquier operación. Esa nueva y profunda aversión al riesgo es muy perniciosa para unas empresas que viven, precisamente, de prestar dinero: sin préstamos no hay negocio y sin negocio no se puede sobrevivir.

El sector financiero español ha salido relativamente ileso de la primera oleada de la crisis causada por la quiebra de promotoras inmobiliarias y constructoras. En los próximos meses veremos qué capacidad de resistencia tiene… ante el tsunami que viene.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Crisis (11): peligroso regalo

Por Xavier Sala i Martín, Columbia University, UPF y Fundació Umbele (LA VANGUARDIA, 17/04/09):

La crisis económica mundial no llegará a su fin hasta que se solucione el problema de fondo: los activos tóxicos basados en hipotecas morosas que están en manos de bancos norteamericanos impiden a estos operar como entidades financieras normales, y eso evita que el crédito fluya hacia el resto de la economía y frena la recuperación. El problema es que los bancos adquirieron grandes cantidades de esos productos financieros a un precio elevado, pero dada la anormalmente alta tasa de morosidad, se han devaluado y nadie los quiere comprar si no esa precio de saldo. La solución pasa por que esos activos tóxicos desaparezcan de los balances de los bancos, pero los bancos se han negado a vender a precio de saldo por dos razones. Primera, porque pensaban que si vendían, incurrirían en unas pérdidas tan grandes que representarían su quiebra. Segunda…, porque los banqueros, que son gente muy lista, tenían la esperanza de que el Gobierno acabaría comprándolos a un precio cercano al original. Y, visto el nuevo plan de Obama, mucho me temo que los banqueros tenían razón.

¿Cómo? ¡Pero si el Gobierno de Barack Obama ha jurado y perjurado que no utilizará impuestos para subsidiar a esos banqueros egoístas cuya codicia ha causado, según el propio presidente, la actual situación de crisis financiera mundial! Pues bien, mis queridos lectores: el plan de Obama es una estratagema camuflada que utiliza dinero público para que los bancos recuperen casi todo el dinero de los activos tóxicos. Me explico.

De manera muy resumida, el plan de rescate funciona así: se crea una sociedad público-privada (SPP) en la que inversores privados aportan 30.000 millones y el Gobierno otros 150.000 millones. Con esos 180.000 millones como garantía, la SPP pide un préstamo al FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation, la institución pública que garantiza los depósitos de los bancos) de 820.000 millones, por lo que la SPP dispone de 1 billón de dólares para invertir. Es importante señalar que el crédito de 820.000 es “sin recurso”, es decir, que si la inversión de la SPP pierde dinero, el crédito no se devuelve y los inversores privados solamente pierden los 30.000 millones de su bolsillo. Pues bien, con ese billón de dólares, la SPP comprará los activos tóxicos de los bancos a un precio determinado mediante subasta. La idea es que el Gobierno se aproveche de la “sabiduría” de los mercados privados a través de la subasta para que el contribuyente no pague un precio excesivo por unos activos tóxicos.

Sobre el papel, y tal como dice Obama, este plan no representa ningún subsidio público a los bancos. ¿Correcto? Pues no. Incorrecto. El plan no sólo es un enorme subsidio, sino que permite que los bancos recuperen todo el dinero malgastado en activos tóxicos con cargo al contribuyente. Para entender por qué, imaginemos que Citigroup tiene activos tóxicos que compró por valor de 1 millón de dólares. Imaginemos, para simplificar, que la probabilidad de que esos activos acaben pagando dividendos es el 2%. Esos activos, pues, tienen un valor de mercado de 20.000. Si yo fuera directivo de Citigroup, sin embargo, crearía una sociedad paralela para participar en la SPP (he leído el plan de Obama de arriba abajo y… ¡no hay nada que prohíba a Citigroup hacerlo!). Una vez en el centro del meollo, la sociedad de nueva creación entra en la subasta y puja hasta que el precio sea de 1 millón de dólares. Los inversores externos saben que esos activos sólo valen 20.000, por lo que no pujarán. La compra es adjudicada, pues, a la subsidiaria de Citigroup por 1 millón. ¿Quién paga? Pues, según el plan, 30.000 los pone la empresa subsidiaria (es decir, el propio Citigroup), 150.000 los pondrá el Gobierno (es decir, el contribuyente) y el resto lo pondrá el crédito del FDIC. Ahora bien, como pasados unos años, la nueva sociedad verá que esos activos por los que han pagado 1 millón sólo valen 20.000 dólares, incurrirá en pérdidas y no podrá devolver el crédito al FDIC. Pero como el crédito era sin recurso, resulta que la nueva sociedad no lo tiene que devolver, por lo que el dinero aportado por el FDIC (es decir, por el contribuyente) acabará financiando el resto de la operación. Resumiendo: Citigroup recupera el millón de dólares que había pagado originalmente y, de ese millón, 30.000 lo paga el propio Citigroup y los restantes 970.000 euros los paga el contribuyente. Es decir: diga lo que diga el flamante presidente de Estados Unidos, su “sofisticado” plan de rescate no es más que una burda compra de activos tóxicos a su precio original con cargo al contribuyente. Eso explica por qué las bolsas celebraron con espectaculares subidas la aprobación del plan y por qué los bancos no han querido vender sus activos tóxicos durante meses: de alguna manera anticiparon que papá Estado no los iba a dejar en la estacada y acabaría comprando el fruto de sus pecados al precio original. Naturalmente, salvar el trasero de banqueros irresponsables no sólo representa la utilización inmoral de recursos públicos, sino que supondrá una salida en falso de la crisis: las entidades financieras, ya sin su mochila tóxica, tendrán incentivos para volver a comportarse irresponsablemente a sabiendas de que, cuando las cosas vayan bien ellos se quedarán los beneficios y, cuando vayan mal, volverá a pagar el contribuyente. En este sentido, Obama acaba de plantar las semillas de la próxima catástrofe financiera con un plan que, para los bancos, no es más que un peligroso regalo.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Crisis (11): peligroso regalo

Por Xavier Sala i Martín, Columbia University, UPF y Fundació Umbele (LA VANGUARDIA, 17/04/09):

La crisis económica mundial no llegará a su fin hasta que se solucione el problema de fondo: los activos tóxicos basados en hipotecas morosas que están en manos de bancos norteamericanos impiden a estos operar como entidades financieras normales, y eso evita que el crédito fluya hacia el resto de la economía y frena la recuperación. El problema es que los bancos adquirieron grandes cantidades de esos productos financieros a un precio elevado, pero dada la anormalmente alta tasa de morosidad, se han devaluado y nadie los quiere comprar si no esa precio de saldo. La solución pasa por que esos activos tóxicos desaparezcan de los balances de los bancos, pero los bancos se han negado a vender a precio de saldo por dos razones. Primera, porque pensaban que si vendían, incurrirían en unas pérdidas tan grandes que representarían su quiebra. Segunda…, porque los banqueros, que son gente muy lista, tenían la esperanza de que el Gobierno acabaría comprándolos a un precio cercano al original. Y, visto el nuevo plan de Obama, mucho me temo que los banqueros tenían razón.

¿Cómo? ¡Pero si el Gobierno de Barack Obama ha jurado y perjurado que no utilizará impuestos para subsidiar a esos banqueros egoístas cuya codicia ha causado, según el propio presidente, la actual situación de crisis financiera mundial! Pues bien, mis queridos lectores: el plan de Obama es una estratagema camuflada que utiliza dinero público para que los bancos recuperen casi todo el dinero de los activos tóxicos. Me explico.

De manera muy resumida, el plan de rescate funciona así: se crea una sociedad público-privada (SPP) en la que inversores privados aportan 30.000 millones y el Gobierno otros 150.000 millones. Con esos 180.000 millones como garantía, la SPP pide un préstamo al FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation, la institución pública que garantiza los depósitos de los bancos) de 820.000 millones, por lo que la SPP dispone de 1 billón de dólares para invertir. Es importante señalar que el crédito de 820.000 es “sin recurso”, es decir, que si la inversión de la SPP pierde dinero, el crédito no se devuelve y los inversores privados solamente pierden los 30.000 millones de su bolsillo. Pues bien, con ese billón de dólares, la SPP comprará los activos tóxicos de los bancos a un precio determinado mediante subasta. La idea es que el Gobierno se aproveche de la “sabiduría” de los mercados privados a través de la subasta para que el contribuyente no pague un precio excesivo por unos activos tóxicos.

Sobre el papel, y tal como dice Obama, este plan no representa ningún subsidio público a los bancos. ¿Correcto? Pues no. Incorrecto. El plan no sólo es un enorme subsidio, sino que permite que los bancos recuperen todo el dinero malgastado en activos tóxicos con cargo al contribuyente. Para entender por qué, imaginemos que Citigroup tiene activos tóxicos que compró por valor de 1 millón de dólares. Imaginemos, para simplificar, que la probabilidad de que esos activos acaben pagando dividendos es el 2%. Esos activos, pues, tienen un valor de mercado de 20.000. Si yo fuera directivo de Citigroup, sin embargo, crearía una sociedad paralela para participar en la SPP (he leído el plan de Obama de arriba abajo y… ¡no hay nada que prohíba a Citigroup hacerlo!). Una vez en el centro del meollo, la sociedad de nueva creación entra en la subasta y puja hasta que el precio sea de 1 millón de dólares. Los inversores externos saben que esos activos sólo valen 20.000, por lo que no pujarán. La compra es adjudicada, pues, a la subsidiaria de Citigroup por 1 millón. ¿Quién paga? Pues, según el plan, 30.000 los pone la empresa subsidiaria (es decir, el propio Citigroup), 150.000 los pondrá el Gobierno (es decir, el contribuyente) y el resto lo pondrá el crédito del FDIC. Ahora bien, como pasados unos años, la nueva sociedad verá que esos activos por los que han pagado 1 millón sólo valen 20.000 dólares, incurrirá en pérdidas y no podrá devolver el crédito al FDIC. Pero como el crédito era sin recurso, resulta que la nueva sociedad no lo tiene que devolver, por lo que el dinero aportado por el FDIC (es decir, por el contribuyente) acabará financiando el resto de la operación. Resumiendo: Citigroup recupera el millón de dólares que había pagado originalmente y, de ese millón, 30.000 lo paga el propio Citigroup y los restantes 970.000 euros los paga el contribuyente. Es decir: diga lo que diga el flamante presidente de Estados Unidos, su “sofisticado” plan de rescate no es más que una burda compra de activos tóxicos a su precio original con cargo al contribuyente. Eso explica por qué las bolsas celebraron con espectaculares subidas la aprobación del plan y por qué los bancos no han querido vender sus activos tóxicos durante meses: de alguna manera anticiparon que papá Estado no los iba a dejar en la estacada y acabaría comprando el fruto de sus pecados al precio original. Naturalmente, salvar el trasero de banqueros irresponsables no sólo representa la utilización inmoral de recursos públicos, sino que supondrá una salida en falso de la crisis: las entidades financieras, ya sin su mochila tóxica, tendrán incentivos para volver a comportarse irresponsablemente a sabiendas de que, cuando las cosas vayan bien ellos se quedarán los beneficios y, cuando vayan mal, volverá a pagar el contribuyente. En este sentido, Obama acaba de plantar las semillas de la próxima catástrofe financiera con un plan que, para los bancos, no es más que un peligroso regalo.

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Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

En medio de la crisis: la sequía de crédito

Por Miguel Boyer Salvador, ex ministro de Economía y Hacienda (EL PAÍS, 26/03/09):

Nos hallamos en un punto crucial de la crisis: la situación en la que la concesión de créditos se paraliza o, incluso, se contrae.

En un estudio famoso de junio de 1983, Ben Bernanke -el actual presidente de la Fed- demostró que la Gran Depresión de 1929 no tuvo la profundidad y la duración desastrosa que conocemos por falta de liquidez, como era la tesis de Friedman, sino por la contracción del crédito bancario a los empresarios y a los particulares.

Esto, según Bernanke, alargó la crisis en dos años más de lo que podía haber durado. En consecuencia, desde 1930 hasta 1933 y en cifras acumuladas, el PIB norteamericano cayó un 27% -lo mismo que el empleo y el consumo-, la inversión un 77% y la Bolsa un 82%. Quebró una cuarta parte de los bancos americanos y Roosevelt, apenas llegado a la presidencia, tuvo que declarar una “vacación bancaria” (suspensión del reembolso de los depósitos) en marzo de 1933, e inyectar inmediatamente 1.000 millones de dólares para recapitalizar a las entidades.

Casi nadie piensa seriamente que la presente recesión puede alcanzar una caída de tal magnitud. Es evidente, sin embargo, que la dimensión de la crisis financiera y el efecto depresivo de la caída del valor de los activos mobiliarios e inmobiliarios sobre el consumo, la inversión y el empleo, deben tomarse con la mayor preocupación y combatirse con los instrumentos más potentes que nos dan la experiencia y la teoría económica.

Para frenar la caída, y, luego, impulsar la demanda agregada -ahora casi en caída libre- se han puesto en juego medidas de política presupuestaria (gasto de inversión, reducción de algunos ingresos fiscales, ayudas a los sectores más dañados), enérgicamente en Estados Unidos, modestamente en Europa y, en particular, en España. Asimismo, los bancos centrales han ido aumentando la liquidez y bajando los tipos de interés. Entre los grandes bancos centrales -la Fed, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón- el Banco Central Europeo se ha destacado notablemente por su falta de agudeza y perspicacia en el análisis de la situación, subiendo los tipos de interés todavía en julio de 2008 y, declarando, ¡a mediados de septiembre pasado!, “que había unanimidad entre los gobernadores de su consejo en no bajar el tipo de interés”. Es lamentable, porque las medidas monetarias tardan muchos meses en hacer todo su efecto y hay que utilizarlas lo antes posible.

Afortunadamente, por el impacto de la caída del grande y centenario banco norteamericano Lehman Brothers y por los problemas que siguieron, el BCE se puso en marcha y ha resuelto en gran parte la falta de liquidez en Europa.

Sin embargo, la liquidez abundante y los bajos tipos no resuelven el problema, crucial en esta fase de la crisis, que es el de facilitar y reactivar el crédito bancario. La interpretación de Bernanke sobre la tremenda responsabilidad del credit crunch en la profundización de la Depresión de 1929, es una advertencia que no debemos olvidar ni un momento.

Me parece tan importante que no he parado de recalcar -desde una entrevista en Abc el 26 de octubre de 2008, hasta otra en La Vanguardia el 8 de este mes- que es imprescindible y urgente aliviar a los bancos de una parte considerable de los activos dañados que figuran en su balance. El riesgo en que incurrieron aquéllos, con créditos dados en el pasado sobre garantías ahora devaluadas, crece con el tiempo y es una rémora que puede seguir paralizando el flujo necesario de nuevos préstamos.

Las fórmulas para aliviar la “infección” de los activos tienen que descansar, ineluctablemente, en que el Estado asuma una parte de las pérdidas implícitas y sean cuales sean las soluciones adoptadas, sus defectos serán menos nocivos que un alargamiento del periodo de sequía de créditos, que sería lo más “tóxico” para toda la economía.

Apenas enviadas las líneas anteriores a EL PAÍS, se ha conocido un plan del Tesoro de Estados Unidos para afrontar el fundamental problema de los activos “tóxicos” con un nuevo enfoque, tras los fracasados intentos del anterior secretario Paulson. Como el programa constituye una iniciativa de “manos a la obra”, que parte de consideraciones semejantes a las que yo hacía en lo escrito, me ha parecido coherente añadir unos comentarios a la propuesta, conocida el martes pasado.

En síntesis, el Programa (PPIP) consiste en asociar dinero proveniente de ingresos privados a otra cantidad, igual, aportada por el Tesoro Público, para dotar de fondos propios a un vehículo inversor, que comprará activos tóxicos de los bancos. Sobre esta base, la Corporación Federal de Aseguramiento de Depósitos otorgará préstamos al vehículo, en cantidad de seis veces lo aportado como fondos propios. El dinero movilizado así podrá llegar a 500.000 millones de dólares (extensibles a un billón de dólares).

El procedimiento para la compra de activos será el de subasta, en la que el FDIC pujará por los activos que ofrezcan los bancos y, en el caso de que a éstos les convengan los precios, el vehículo los adquirirá.

El método planteado por el secretario del Tesoro -Geithner- tiene importantes ventajas si es bien acogido por los inversores. Si no es así, no quedaría más solución que la asunción total del coste por el Estado. Por una parte, resolvería la cuestión del valor actual de los activos a comprar con un criterio de mercado, menos cuestionable que el de una transacción bilateral opaca entre banco y funcionarios de Gobierno. Por otro lado, elimina el intervencionismo político en los bancos -como ocurre con las recapitalizaciones vía acciones-, y reparte una parte (mínima, es cierto) del coste y del beneficio a los inversores privados.

El PPIP parece haber sido bien recibido por Wall Street y por importantes inversionistas. Los que se han precipitado a poner el programa como “chupa de dómine” han sido el Nobel Stiglitz y el Nobel Krugman (novel, por cierto, en economía española, a pesar de sus viajes y de los buenos amigos que tiene aquí). El fondo de sus protestas es la indignación por una ayuda a los bancos, a costa de los contribuyentes.

Es muy respetable, que Stiglitz y Krugman tengan siempre, como preocupación, la desigualdad entre la masa del pueblo americano y la clase alta, que se ha enriquecido notablemente en las últimas décadas. Pero me sorprende que olviden la inmensa miseria que la catástrofe bancaria y el crédito crash causaron en las clases más desfavorecidas de EE UU -y de Europa- entre 1929 y 1933. La prioridad ahora, es que no se repita tal desastre.

En EE UU hay una antipatía congénita de la mayoría de los ciudadanos por los bancos, según me explicó un Secretario del Tesoro, como corresponde a un pueblo de pequeños y medios empresarios. Me añadió que es casi imposible conseguir que el Congreso apruebe una ley que ayude o que parezca beneficiar a los bancos. Quizá por eso Geithner ha diseñado su plan de modo que no tenga que pasar por el cedazo parlamentario. Sería una enorme desgracia que un populismo demagógico e irresponsable y la repulsión que produce una ínfima -pero escandalosa- minoría de golfos financieros impidieran acortar y atenuar el sufrimiento que la crisis económica está infligiendo, principalmente a la población trabajadora.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

La desesperante política económica

Por Paul Krugman, profesor de Economía en Princeton y premio Nobel de Economía de 2008. © 2009 New York Times News Service. Traducción de News Clips (EL PAÍS, 24/03/09):

A lo largo del fin de semana, The New York Times y otros periódicos publicaban detalles filtrados sobre el plan para rescatar a los bancos del Gobierno de Obama. Tim Geithner, secretario del Tesoro, ha convencido al presidente Obama para que recicle la política del Gobierno de Bush, y más concretamente, la propuesta “Dinero a cambio de basura” que presentó hace seis meses el entonces secretario del Tesoro Henry Paulson y que después se abandonó.

Esto es más que decepcionante. De hecho, me llena de desesperación. Después de todo, acabamos de pasar por una tormenta de fuego con las primas de AIG, durante la cual los miembros del Gobierno afirmaban que no sabían nada, que no podían hacer nada, y que de todos modos era culpa de otros. Por otra parte, la Administración no ha resuelto las dudas de los ciudadanos acerca de qué hacen los bancos con el dinero público. Y ahora, por lo visto, Obama se ha decidido por un plan financiero que, en esencia, da por sentado que los bancos están básicamente saneados y que los banqueros saben lo que hacen.

Es como si el presidente estuviera decidido a confirmar la impresión cada vez más extendida de que él y su equipo económico han perdido el contacto con la realidad, y de que su visión económica está nublada por unos lazos excesivamente estrechos con Wall Street. Y es posible que para cuando Obama comprenda que necesita cambiar de rumbo, ya haya perdido su capital político.

Centrémonos por un momento en el análisis económico de la situación. Ahora mismo, nuestra economía se ve lastrada por un sistema financiero disfuncional, paralizado por las enormes pérdidas provocadas por los activos hipotecarios y otros activos.

Como bien pueden explicar los historiadores económicos, ésta es una vieja historia, no muy distinta de docenas de crisis similares a lo largo de los siglos. Y hay un procedimiento probado para lidiar con las repercusiones de la quiebra financiera generalizada, que es el siguiente: el Gobierno se asegura la confianza en el sistema garantizando muchas deudas bancarias (aunque no necesariamente todas). Al tiempo, asume el control provisional de los bancos verdaderamente insolventes, para limpiar sus balances. Es lo que Suecia hizo a principios de la década de 1990. Es también lo que hizo EE UU tras la catástrofe de las cajas de ahorro en los años de Reagan. Y no hay razón para que ahora no podamos hacer lo mismo.

Pero al parecer, el Gobierno de Obama, al igual que el de Bush, quiere una salida más fácil. El elemento común entre el plan de Paulson y el de Geithner es la insistencia en que los activos incobrables de los libros contables valen en realidad mucho, mucho más de lo que cualquiera está dispuesto a pagar por ellos en la actualidad. De hecho, su verdadero valor es tan alto que si se les adjudicara el precio que les corresponde, los bancos no tendrían problemas.

Y por ello el plan es usar fondos públicos para impulsar al alza el precio de los activos incobrables hasta que alcancen niveles “justos”. Paulson proponía que el Gobierno comprase directamente los activos. Geithner, por el contrario, plantea un complejo plan según el cual el Gobierno presta dinero a inversores privados, que lo usan para comprar esos activos. La idea, explica el principal asesor económico de Obama, es usar “la experiencia del mercado” para establecer el valor de los activos tóxicos.

Pero el plan de Geithner propone una apuesta cuyo resultado ya se sabe de antemano: si el valor de los activos sube, los inversores se benefician, pero si baja, los inversores pueden escaquearse de su deuda. Por lo tanto, en realidad no se trata de permitir que los mercados funcionen. Es sólo una forma indirecta y encubierta de subvencionar la compra de activos incobrables.

Dejando a un lado el probable coste para los contribuyentes, hay algo extraño en todo esto. Según mis cuentas, ésta es la tercera vez que el Gobierno de Obama presenta un plan que es esencialmente un refrito del plan de Paulson, y cada vez ha añadido un nuevo conjunto de extras y afirmado que está haciendo algo completamente distinto. Empieza a parecer obsesivo.

Pero el verdadero problema de este plan es que no va a funcionar. Sí, es posible que los activos problemáticos estén algo infravalorados. Pero el hecho es que los ejecutivos financieros apostaron literalmente sus bancos basándose en la creencia de que no había una burbuja de la vivienda, y en la creencia relacionada de que los insólitos niveles de endeudamiento de las familias no eran un problema. Perdieron esa apuesta. Y ningún abracadabra financiero -porque en el fondo eso es lo que es el plan de Geithner- va a cambiar ese hecho.

A lo mejor se preguntan por qué no probar el plan y ver qué pasa. Una respuesta es que el tiempo se está agotando: cada mes que no atacamos la crisis, desaparecen otros 600.000 puestos de trabajo.

Sin embargo, lo más importante es la forma en que Obama está malgastando su credibilidad. Si este plan fracasa -como sucederá casi con toda seguridad- es improbable que consiga persuadir al Congreso de que apruebe más fondos para hacer lo que debería haber hecho desde el principio.

No todo está perdido: los ciudadanos quieren que Obama tenga éxito, lo cual significa que todavía puede rescatar su plan para rescatar a los bancos. Pero se nos acaba el tiempo.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Basta ya de impunidad

Por José Antonio Bueno, socio de Europraxis (EL PERIÓDICO, 28/02/09):

Es normal aprender de casi todo, hasta de lo malo. De esta crisis financiera global en la que nos encontramos, el mundo debería salir con muchas lecciones aprendidas, casi todas relacionadas con las consecuencias de la codicia y del ansia desmedida de enriquecimiento rápido. Pero hay evidencias de que siguen, y seguirán, presentes en los mercados algunas actividades financieras altamente especulativas.

Vuelven a estar tristemente de moda las posiciones cortas en acciones a crédito, es decir, quienes venden una acción antes de comprarla. Un mecanismo que nació para aumentar la liquidez del mercado y para facilitar la distribución de riesgos es, en estos momentos, un claro distorsionador de los precios que beneficia a unos pocos en detrimento de muchos y que incluso puede poner en jaque a todo el sistema financiero, si quien puede no acaba con él o al menos lo limita de forma clara.

Ahora que los temas financieros se han puesto en el centro del debate ciudadano y político, es necesario que se ponga coto a esta forma de enriquecerse legal pero de moralidad dudosa. La compra de valores a crédito para su venta la puede hacer cualquiera, pero la forma en que la hacen los fondos hedge (de alto riesgo y poco control institucional) sí merece una profunda reflexión. Son fondos de perfil muy agresivo y de todo vale para lograr una rentabilidad siempre positiva, pase lo que pase en los mercados.

ASÍ, COMPRAN y venden no solo acciones sino que, literalmente, apuestan sobre la evolución de los precios mediante opciones de compra y venta, con altos niveles de endeudamiento. No son inversores, son profesionales de la especulación. Los fondos hedge han llegado a tener una exposición ante el sistema financiero global de 24 billones de dólares. Están reduciendo rápidamente esta exposición en nada más y nada menos que unos 20 billones, es decir, 1,5 veces el PIB norteamericano o cerca de 40 veces la capitalización de todas las empresas del Ibex 35. Con este sálvese quien pueda están haciendo mucho, pero mucho daño a un sistema financiero mundial extraordinariamente debilitado.

Algunos de estos fondos hedge (Harbinger, Blue Ridge, Amber Master…) han encontrado la manera de aprovechar cualquier rumor, cualquier situación de inestabilidad para, literalmente, atacar ciertos valores con posiciones cortas –compras especultivas de acciones que se prevé que bajarán– hasta precipitar su derrumbe bursátil. Con la caída de las acciones contra las que apuesta, el fondo gana mucho dinero a costa de los accionistas de las entidades atacadas. Entre estos accionistas se encuentran ciudadanos de a pie que, en teoría, deberían ser defendidos por los reguladores.

¿Por qué no interviene la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuando detecta posiciones a corto por razones claramente especulativas? ¿No deben prohibirse movimientos coordinados justo antes de que se publiquen informes negativos o simplemente rumores sobre ciertas entidades? ¿No hay riesgo de conflicto de interés entre, por ejemplo, el fondo Amber Master Fund, con sede en el paraíso fiscal de las islas Caimán, y su accionista, el banco Goldman Sachs, que periódicamente hace análisis de los bancos? ¿Por qué no se protege al pequeño inversor de esta especulación salvaje?

La bolsa ha perdido prácticamente su conexión con el mundo real. La valoración según los fundamentales –los datos clásicos de un país o de una empresa– ya no sirve de nada. Es inútil hacerlo mejor que tus competidores, implementar programas de reducción de costes, reforzar estructuras de capital. La cotización la mueven los rumores e intereses especulativos. Ocurre el mismo fenó- meno que el que ha movido el precio del petróleo hasta hace poco. Ni el crecimiento chino ni la recesión mundial están detrás de la escalada del petróleo a 140 dólares ni de su derrumbe hasta los 30 dólares. Tampoco hay ahora motivo para la debacle bursátil de nuestras entidades financieras, de momento las mejores en resultados y solvencia del mundo sin necesidad de intervención del Gobierno. Pero ello no les protege de los ataques bajistas de los fondos hedge.

ESTO NO ES un juego: es algo tan serio como la estabilidad de nuestro sistema financiero. Pero a veces leyendo cierta prensa económica parece que se está retransmitiendo una jugada de rol: “El toro vende cara su piel”, “Hoy ha vencido el lado oscuro del mercado”… Pero detrás de cada acción de una empresa que se vende o se compra hay un inversor, y la mayoría no son ni profesionales de la bolsa ni grandes potentados, a lo que hay que añadir la pérdida de valor de las aportaciones particulares a los fondos de inversión y planes de pensiones.

No tiene ningún sentido que los gobiernos intervengan en unos mercados que se han demostrado ineficientes y, a la vez, los accionistas minoritarios en fondos de inversión y planes de pensiones que se han regido por políticas normales de inversión, incluso las entidades que los han gestionado, queden indefensas ante la inversión especulativa en estado puro. Si los fondos hedge se equivocaron en sus políticas de inversión del pasado no es justo que traten de recuperarlo a costa del más débil.

Es momento de decir basta ya. Los supervisores deben proteger a los ciudadanos de a pie de estos galácticos de la especulación. La CNMV debe ejercer sus funciones de protección de los inversores y prohibir cuanto antes la venta a corto especulativa.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Sin bancos no hay paraíso

Por José Juan Ruiz Gómez, economista (EL PAÍS, 17/02/09):

Quizás los lectores crean que el mejor amigo del hombre es el perro. Se equivocan. El mejor amigo del hombre es el chivo expiatorio. En Levítico 16:10 ya se explicaban las enormes ventajas que tenía contar con un mecanismo simple y vistoso para redimir los excesos de la comunidad. A la vista de lo que estamos oyendo estos días sobre los bancos y la crisis no parece que dos mil y pico años de civilización hayan sofisticado el procedimiento: los culpables de “casi todo” son los bancos, primero, por endeudar a las familias y después, por cerrar el grifo del crédito.

De poco sirve que los datos sigan confirmando que el crédito, aunque a menor ritmo, sigue creciendo en términos nominales. De nada que la recesión española no tenga nada que ver con la exposición a activos tóxicos y la desaparición de entidades, sino con el ajuste forzoso ante una significativa burbuja inmobiliaria. De aun menos, que a diferencia de lo que ocurre en EE UU y buena parte de Europa, ningún banco haya tenido que ser recapitalizado con dinero público.

La verdad es que sería estupendo que para librarnos de la peor y más global recesión desde la Gran Depresión bastara con que los bancos dieran crédito. Y que para evitar nuevas “burbujas” no hubiera sino que regular más y mejor a los bancos y a los mercados. Realmente sería un gran alivio poder olvidarse del endeudamiento del país y de las familias, de la balanza de pagos, del desempleo, del riesgo de deflación, de la falta de competitividad y la calidad de la educación, y de las rebajas de ratings de empresas y del soberano. Sería una ganga que para volver a ser el pasmo de Occidente nos bastara con un “empujoncito” crediticio.

Pero va a ser que no. Y no porque nos tengan manía, sino porque a nadie de nuestro entorno nadie jamás le ha dado esa oportunidad, pese a que ocasiones no hayan faltado: entre 1960 y el año 2008, en los 21 países de la OCDE se han producido 122 desaceleraciones de actividad, 112 episodios asimilables a una “contracción” del crédito y 114 episodios de burbujas bursátiles e inmobiliarias. En 76 ocasiones las recesiones se han asociado con un credit-crunch o con el estallido de las burbujas de activos. Sólo en cuatro ocasiones hemos hecho pleno -recesión, restricción de crédito, caída del precio de la vivienda y estallido de la Bolsa- lo que confirma que nuestra actual recesión es un auténtico “cisne negro” que no cabe tomarse a la ligera.

De ninguna de estas crisis se ha salido usando al crédito como política de reactivación. Más bien todo lo contrario. Como puede leerse en el excelente informe sobre las crisis recién publicado por el FMI, en los episodios recesivos puros, el crecimiento del crédito se desaceleró entre dos y tres puntos antes de que la recesión se iniciara, y se redujo otros dos puntos porcentuales durante los trimestres en los que el PIB se contrajo. Para la normalización definitiva del crecimiento del crédito hubo que esperar a que transcurrieran tres años desde el inicio de la recesión.

En cuatro palabras: el crédito es pro-cíclico. Es más, cuando un shock lo saca de su senda de equilibrio tarda en volver a la situación de normalidad. La lección es simple: de las recesiones no se ha salido endeudando más a familias y empresas, sino -al menos desde Keynes- endeudando al Estado, expandiendo la liquidez y recortando tipos para que el servicio de la deuda preexistente sea menos exigente.

El problema es que a veces los tipos no bajan por más que uno lo desee y la capacidad de endeudar al Estado se revela limitada. Entonces es cuando las cosas se ponen mal, porque el ajuste se hace inaplazable, tiende a ser desordenado y conllevar un reparto de costes arbitrario. Lo inteligente en estas situaciones es coordinar el resto de políticas y agentes y hacerlos converger a una agenda común. A un pacto explícito o implícito. Tratar de imponer sobre uno de los actores el coste económico, mediático o reputacional de la crisis es un error tan serio como acusar a los sindicatos de ser los causantes del desempleo, a los empresarios de la crisis, a los medios del desánimo y a los artistas del fraude fiscal. Todo lo anterior ya lo ensayamos en su momento y fracasó estruendosamente.

Pese a lo que oigan, no es verdad que haya incertidumbre sobre lo que va a pasar en los próximos meses. La certeza es absoluta: van a ser malos. El mundo de la liquidez barata e ilimitada no va a volver ni para el país, ni para los bancos, ni para las empresas o los ciudadanos. Y en ese entorno la conducta que maximiza las probabilidades de supervivencia no es la de añorar los tiempos perdidos, sino la de liquidar los pasivos hasta donde se pueda y aumentar el ahorro todo lo que sea posible. Por eso, es bastante probable que los banqueros tengan razón y que la demanda de crédito esté cayendo, en respuesta a esta situación y al incremento del precio del crédito. Hay que desengañarse: los españoles somos como el resto de colegas de la OCDE.

Las únicas diferencias son que estamos ligeramente más endeudados que ellos y que tenemos entidades financieras que, en general, son más solventes. Poner en riesgo por convicciones regulatorias o meramente escenográficas esta importante ventaja competitiva es difícilmente comprensible. La rica experiencia de crisis muestra que los episodios que combinan una desaceleración o crisis de crecimiento con una crisis bancaria son más letales para el bienestar de los ciudadanos que las recesiones en países con bancos solventes y eficientemente gestionados.

Según el análisis del FMI mencionado, si los bancos entraran en crisis la recesión en lugar de durar cuatro trimestres y conllevar una caída promedio del 2% del PIB se prolongaría 10 trimestres y provocaría la contracción del PIB entre el 4,5% y el 6%, además de recortar la inversión residencial en un 13% y llevar a una caída promedio del 9% en el precio de la vivienda.

Dicho en corto: los bancos por sí mismos no te sacan de la crisis, pero sin bancos no hay paraíso. Julio María Sanguinetti siempre lo dijo.

De ahí el exquisito cuidado con el que los Gobiernos de todo el mundo hablan de sus sistemas bancarios, y la velocidad con la que tratan de repararlos y recapitalizarlos cuando perciben que se ha producido un deterioro de su liquidez o de su solvencia. La prudencia no es fruto de la falta de imaginación. Menos todavía de que las autoridades anden flojas de patriotismo o de ambiciones desarrollistas. No es que rechacen la audacia de la esperanza. Lo que les pasa es que -con muy buen criterio- las autoridades tratan de evitar hacer un pan con unas tortas.

En última instancia, si pese a todo, se considera que es necesario prestar más a todo el que lo necesite hay un camino más directo, y sobre todo más elegante, que el apriete a los bancos y cajas: agárrese el toro por los cuernos y créese ex novo una potente banca pública. Con la que está cayendo en EE UU, en Reino Unido, en Alemania, y en otros países del mundo a nadie le va a preocupar si esta vuelta al pasado hace mella en nuestras credenciales ortodoxas. Y, si se tiene dinero para hacerlo, el momento va a ser excelente para contratar el talento humano necesario: el mercado de trabajo internacional está hoy sobrado de banqueros en busca de un destino. Más difícil puede ser encontrar los recursos para el fondeo de las carteras de crédito y préstamo, pero siempre se puede explicar que es mejor apalancar el dinero de los contribuyentes 10 o 12 veces en la forma de capital que tener que inyectarlo a instituciones privadas. Y siempre será posible encontrar mentes brillantes que justifiquen esta nueva especie de Ave Phoenix. Y ¿luego? Bueno, pues luego ya veremos…. ¿O no?

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Cajas de ahorro, más necesarias que nunca

Por Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO (EL MUNDO, 17/02/09):

Las crisis económicas son malas para todos, incluidos bancos y cajas de ahorros, y en ellas suele producirse una desaceleración de los créditos a empresas y particulares. Por eso, si en plena crisis bancos y cajas consiguen importantes inyecciones de liquidez procedentes del Estado, hay que esperar que aparezca una fuerte corriente de opinión contra estas entidades. No importará que hayan conseguido esa liquidez por venta de activos de calidad con pacto de recompra y no gratuitamente. La marejada se desencadenará de todas formas, pero se agravará más todavía si quienes representan al Estado hacen creer que han comprado tales activos para que las entidades destinen los fondos así obtenidos a la concesión de nuevos créditos.

Nunca fue esa la finalidad de la operación. El Estado compró activos a bancos y cajas para que pudieran atender los vencimientos más inmediatos de la enorme deuda que habían contraído en el extranjero para cubrir, año tras año, las ingentes necesidades de financiación exterior de la economía española. Eso no significa que bancos y cajas no hayan puesto también su parte en esas fuertes necesidades de ahorro exterior, pues han animado a sus clientes a endeudarse y han financiado dudosas operaciones corporativas con cantidades muy considerables.

En el caso de las cajas de ahorros, sorprenden un tanto esas críticas cuando éstas han concedido en 2008, dentro de un volumen creciente de crédito, un mayor porcentaje de esos créditos a residentes en nuestro país que el resto de nuestras entidades financieras. Pero sorprende más todavía que se aproveche ese contexto para debatir sobre la supervivencia de las cajas como tales, poniendo en duda el papel que juegan en el sistema financiero a cuenta de los problemas particulares de alguna entidad, problemas que, como la experiencia demuestra, terminarán encontrando solución sin perjuicio para sus clientes. Quienes pretenden acabar con las cajas olvidan que, en cuanto a depósitos de residentes en España, son las primeras en peso relativo (48,2% del total frente al 47,3% de los bancos el pasado noviembre), lo que significa que han sabido ganarse día a día la confianza de sus clientes, pues en 1977 apenas si superaban el 25% de cuota de mercado.Aumentar esa cuota no les ha resultado fácil frente a competidores tan formidables como nuestros bancos, pero lo han logrado luchando con mejores condiciones y servicios, que es como se gana clientela en unos mercados tan competitivos como los que integran el sistema financiero español.

Por eso la mayoría de sus depositantes no piensan que las cajas de ahorros no sean necesarias, pues a muchos de ellos su existencia les evita su propia exclusión de los servicios financieros. También, porque hasta ahora -y esperemos que igualmente en el futuro- las cajas han ofrecido seguridad, algo escaso en el mundo de hoy.

Y, finalmente y sin buscar más argumentos, porque las cajas sostienen con sus beneficios la red más importante de asistencia social, educativa y cultural que, con carácter privado, existe hoy en nuestro país, a la que, después de dotar cuantiosas reservas para fortalecer su solvencia, destinaron en 2007, último año del que hoy se tienen datos, 1.952 millones de euros -más de 332.000 millones de pesetas-, suma de la que se han beneficiado, directa o indirectamente, muchísimos ciudadanos. Obviamente, eso no resultaría posible con sociedades de capital, que han de entregar sus beneficios a sus accionistas.

Pero no evitemos el auténtico debate. Si las cajas son hoy cuestionadas en cuanto a su propia existencia es porque se considera que en sus órganos de gobierno proliferan políticos de profesión o personas adscritas a partidos políticos. Eso hace pensar que esas personas pueden actuar bajo criterios políticos y no con plena independencia profesional y que esas actuaciones podrían acabar pasando factura a la estabilidad de estas entidades. Algunos lamentables conflictos personales están, además, impulsando con fuerza tales argumentos.

Resulta muy difícil encontrar una fórmula adecuada para el gobierno de entidades mercantiles cuando no existen propietarios directos de su capital, pero eso no justifica que se deba propugnar la desaparición de esas entidades para resolver el problema de su gobierno. Desde luego es aventurado otorgar ese gobierno a quienes no arriesgan en la entidad su propio capital, pero la experiencia también demuestra que ni los socios ni los mercados han sido capaces de evitar las terribles catástrofes que padecen hoy en todo el mundo flamantes entidades constituidas bajo la forma de sociedades de capital y gobernadas exclusivamente por sus propietarios.

En las fundaciones, el gobierno suele atribuirse a quienes haya designado su fundador, pero las previsiones fundacionales pueden quedar obsoletas o resultar de imposible cumplimiento. Las fundaciones, además, suelen limitarse a administrar el capital fundacional para cumplir sus finalidades. Sin embargo, las cajas de ahorros, que también son fundaciones, no se limitan a administrar sus ínfimos capitales fundacionales sino también las cuantiosas reservas que han acumulado y, sobre todo, las ingentes cantidades que representan los depósitos de sus clientes. Por ello, la presencia de los depositantes en sus órganos de gobierno parece obligada.

Igualmente deberían estar presentes en ellos quienes arriesgan sus capitales aportándolos a las cajas, y en esa situación se encuentran los suscriptores de sus cuotas participativas y de sus participaciones preferentes, hoy extrañamente excluidos del gobierno de estas entidades. Si a ellos se uniesen unas pocas personas honestas, independientes y bien capacitadas representando al conjunto de la sociedad civil, se redujese el número de miembros de esos órganos de gobierno, se evitase o minimizase la presencia en ellos de corporaciones locales y comunidades autónomas, y se estableciese un límite claro y sin excepción alguna a la duración de sus mandatos, las críticas perderían buena parte de su sentido.

Por eso sorprende que, frente a los problemas que puedan plantearse ahora en alguna caja en concreto, se busquen soluciones que preserven posiciones de dominio político en sus órganos de gobierno antes que atender a la eficiencia, a la seguridad y a las posibilidades futuras de tales soluciones.

La desaparición o, al menos, la minimización de la influencia política sobre las cajas de ahorros debería ser hoy el verdadero debate y no el de si deben continuar existiendo unas entidades que, en su conjunto y después de casi 200 años de brillantes servicios a la sociedad española, merecen ser tratadas con más inteligencia y reconocimiento que los que muestran sus críticos.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

¿Por qué no prestan los bancos?

Por Alfredo Pastor, profesor del IESE (EL PERIÓDICO, 16/02/09):

Suele decirse que cualquier problema, por difícil que parezca, tiene una solución sencilla que, por desgracia, acostumbra a ser falsa. De manera parecida, las situaciones incómodas o angustiosas hacen surgir preguntas, de apariencia sencilla, cuya respuesta parece encerrar la clave de la solución. Esas preguntas son a menudo falsas. Y ante una contracción progresiva de nuestra economía a la que no se ve un final, parece que hemos reducido todo el problema a uno, la escasez de crédito, debido –se sospecha, aunque no se diga aún abiertamente– a la mala voluntad de las entidades financieras. De ahí surge la pregunta: ¿por qué no prestan? Veamos ahora por qué la pregunta es menos acertada de lo que parece, y nos ceñiremos a la banca española, cuya situación es distinta de la de otros países.

ANTES DE preguntar por qué ocurre algo hay que preguntar si eso efectivamente ocurre: ¿es cierto que los bancos no prestan? Los (escasos) datos publicados indican que no: ni en el ámbito de la eurozona ni en España ha disminuido, durante el 2008, el volumen de financiación al sector privado anotado en los libros de la banca. Los bancos prestan, pero ¿prestan lo suficiente? Para empezar a contestar, habremos de admitir que el volumen de crédito tiene algo que ver con el volumen de actividad, ya que sirve precisamente para financiarla: en nuestro caso, ante la perspectiva de una contracción de la economía, lo normal es que el volumen de crédito acabe por disminuir: y eso es, seguramente, lo que ya está ocurriendo durante el primer trimestre del 2009.

Además, la financiación al sector privado, que equivalía a tres veces y media el PIB en 2007, habrá de acercarse al promedio europeo, que ronda las dos veces y media. Habrá que devolver más préstamos de los nuevos que se generen: es lo que se conoce con la fea palabra de desapalancamiento. Por último, hay que admitir que el volumen de crédito efectivamente concedido es el resultado de la oferta y también de la demanda. Dicho de otro modo, si hay menos crédito es porque se ofrece menos, y también porque se demanda menos; y no cabe duda de que la demanda se ha retraído: las peores expectativas han hecho posponer muchos nuevos proyectos, tanto de consumo como de inversión, antes de que el banco les negara la financiación. En algunos casos, las compras se retraen porque se espera que los precios sigan bajando: es el caso de gran parte del sector inmobiliario, y posiblemente del automóvil.

De acuerdo, pero ¿no se ha retraído también la oferta? Hay dos razones para que eso sea así: en primer lugar, la financiación de nuestra banca es menos abundante de lo que era hace un año y medio, y menos segura. Si en los balances de nuestra banca no pesan los activos tóxicos, sí lo hacen en los de nuestros prestamistas habituales, los bancos extranjeros. También es más caro: la pérdida de calidad de la deuda pública española se va trasladando al resto de nuestro pasivo. Lo que fuera del euro hubiera sido una crisis cambiaria, que hubiera obligado a una devaluación, se convierte aquí en un encarecimiento de la financiación. La segunda razón es que la aversión al riesgo de nuestra banca ha crecido. Le ocurre lo que al resto de los mortales: nadie está cómodo hoy con el mismo índice de riesgo que aceptaba hace unos meses.

En resumen: habrá seguramente menos crédito, y casi seguro que será algo más caro. Pero no será acertado decir que ello se debe –o que se debe únicamente– a la actitud poco constructiva de la banca.

BUENA PARTE del volumen de crédito se dirige a un sector, el inmobiliario, cuyo valor en euros ha de disminuir, aunque reducirlo supone reconocer pérdidas que, en muchos casos, son demasiado grandes para algunos balances. Así, en estricta lógica privada, los bancos dedican sus recursos a mantener en vida a sus grandes clientes. Esto tiene dos efectos perjudiciales: hace que actividades con mejores perspectivas que el inmobiliario tengan mayores dificultades en acceder al crédito, y retrasa el ajuste a la baja de los precios de la vivienda. Esta lógica no puede romperse con exhortaciones a prestar más, porque el nivel de riesgo aceptable es responsabilidad de cada entidad. Sí puede cambiarse mediante dos procedimientos.

Uno, dramático, es recordar que, si bien cada entidad debe elegir el nivel de riesgo que le convenga, no es menos cierto que la función social de la banca es prestar, y que si no la cumple la banca privada, puede hacerlo la pública: la nacionalización, con venta posterior, no es necesariamente mala. El otro, menos vistoso, consiste en aislar el problema, vendiendo activos inmobiliarios a un fondo que se encargara de su gestión. El problema de valoración de esos activos no sería despreciable, porque es el problema de repartir las pérdidas incurridas por el sector, pero sí menos espinoso que el que afronta la banca norteamericana, porque se trata de créditos normales. Quizá de esta forma se facilitaría el crédito al resto de la economía y dejaría uno de hacerse la pregunta que encabeza este artículo.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

La banca islámica

Por Francisco Veiga, profesor de Historia Contemporánea de Europa Oriental y Turquía de la Universitat Autònoma de Barcelona (EL PERIÓDICO, 13/02/09):

En su último best-seller, La economía canalla, Loretta Napoleoni augura que, en el mudo posglobal en el que ya estamos entrando, las finanzas islámicas serán la base del nuevo estándar monetario y quizá no tarde mucho en imponerse el dinar-oro. Las finanzas islámicas, o banca islámica, están basadas en una serie de principios morales derivados de esa religión, y, muy en especial, el precepto de que el dinero no ha de utilizarse nunca para propósitos especulativos.

La banca islámica tuvo un nacimiento muy lento, entre los años 50 y 70 del siglo pasado, pero las grandes crisis del capitalismo la impulsaron con fuerza. Primero fueron las petrolíferas, de 1973 y 1979. Pero sobre todo los crash financieros del Sureste asiático de 1997, debidos a los ataques especulativos en el marco de la recién estrenada globalización, vistieron de largo a la banca islámica. Especialmente cuando contribuyó a la rápida recuperación de la economía de Malasia, hoy uno de los países del mundo donde se encuentra más firme y extensamente implantada.

ES DE ESPERAR que la actual parálisis financiera a escala mundial, derivada precisamente de una oleada previa de especulación desenfrenada y descontrolada, suponga un empujón decisivo a la banca islámica. De hecho, algunos de los fondos de inversión en países musulmanes parecen estar convirtiéndose en refugios más o menos seguros para los escaldados capitales occidentales. Según Napoleoni, dentro de poco las finanzas islámicas controlarán el 4% de la economía mundial, lo que se dice pronto. Y los principales bancos comerciales de Occidente hace ya tiempo que trabajan con esta modalidad financiera, tanto en los países musulmanes como en las principales plazas europeas, y, sobre todo, Londres, donde tiene su sede el Banco Islámico Británico. Napoleoni concluye que las finanzas islámicas son “innovadoras, flexibles y potencialmente muy lucrativas”.

Pero hay más: la banca islámica trabaja sobre el concepto del “riesgo compartido” entre el prestamista y el prestatario. Existe, por tanto, un componente social que hace de las finanzas islámicas un concepto opuesto al de las occidentales, basadas en el interés individual, la maximización de beneficios y la transferencia de riesgos.

INTOXICADOS POR la propaganda de guerra de la era Bush, la mayor parte del público rechaza por sistema cualquier concepto cultural musulmán como retrógrado, ajeno a la posibilidad de que en territorio del islam pueda triunfar la modernidad. Pero ahí está Indonesia, ahí está Dubai. También se ignora el potencial innovador, y ahí tenemos la célebre “revolución de los microcréditos”, concepto impulsado por Muhammad Yunus desde Bangladés: economista y país musulmanes, ambos. Y, por cierto, una iniciativa que basa su éxito en la concesión de pequeños créditos a la mujer, como cabeza eficaz de la microeconomía familiar.

Todo ello viene a cuento del monumental desencuentro entre finanzas, economía real y sociedad que vivimos en estos días a escala mundial. De momento, los bancos confían en capear el temporal gestionando el crédito, pero, si la crisis continúa, se paraliza la actividad empresarial y crece el desempleo, tanto el ahorro como la inversión caerán también, y pasarán factura a su vez al sector bancario. Es posible que entonces veamos algunos desplomes espectaculares o, en países como el nuestro, el abordaje de los nacionales por parte de grandes entidades extranjeras.

De momento, todo se cifra en esperar estoicamente. La globalización resultaba muy adictiva para el consumidor, y, en ella, la fe en la tecnología equivalía al dogma materialista histórico en el marxismo clásico: llevaría a la humanidad “inexorablemente hacia adelante”. Esa ilusión, que podía permanecer como un sueño individual en medio del optimista magma global, proveía de esperanza inagotable en el futuro. Lo cual ayuda a entender el conformismo expectante y la escasa movilización social que está generando la crisis: millones de personas en todo el mundo desean creer que la situación que estamos viviendo es temporal, que no se trata sino de una versión ampliada de burbujas especulativas previas, una corrección para sanear el mercado. Pero lo cierto es que va a ser difícil que vuelva a funcionar lo mismo que teníamos, de la misma manera y bajo los mismos presupuestos. El fallo es sistémico, no coyuntural.

LOS DIRECTIVOS y responsables de antes desean seguir donde estaban y tienen el mayor interés en hacernos creer que pueden arreglar las cosas. Pero ellos mismos son el problema y por eso no pueden encontrar la solución. La conclusión es sencilla: la banca islámica no es la alternativa global a todos los enormes problemas que implica la crisis de las finanzas occidentales, ni tampoco lo son la economía china o el mercado indio. Pero sí que ha llegado el momento de contar realmente con esos nuevos actores (más allá de posiciones de simple simpatía), muchos de ellos desconocidos o tratados con condescendencia y hasta con desprecio desde Occidente, huyendo de viejos prejuicios y pasadas grandilocuencias.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona