Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) están creando las bases materiales para una nueva economía mundial, en la que el procesamiento de la información se convierte en un elemento clave de las nuevas fuerzas productivas. Las TICs tienen un impacto fundamental sobre las sociedades y, por ende, sobre las ciudades y las regiones, pero sus efectos varían de acuerdo a la interacción con los procesos políticos, sociales y culturales, que dan forma a la producción y al uso de los nuevos medios tecnológicos.
Desde la perspectiva de la Ciencia de la Administración y la Gestión Pública, cabe destacar varios aspectos que evidencian la necesidad de mejorar el funcionamiento de las Administraciones Públicas Locales de forma que respondan con mayor eficacia y eficiencia, responsabilidad y transparencia a las demandas de los ciudadanos, cada vez más complejas y diversificadas. A este respecto, cabe señalar que los países miembros de la OCDE a finales de los años ochenta, conscientes de la crisis progresiva del modelo burocrático de Administración Pública, propusieron una nueva concepción de Administración de forma que la Administración Pública del futuro debía ser una "Administración receptiva", entendida como una Administración comprensible, que responde a las necesidades de los ciudadanos, es accesible y fomenta la participación activa.
En la actualidad, muchos Ayuntamientos españoles están impulsando estrategias de promoción de la Sociedad de la Información (SI) para extender el uso de las TICs en la confianza de que éstas sean un motor para impulsar una economía basada en el conocimiento que fomente la inclusión social y disminuya las desigualdades y que ayuden a promover estrategias de modernización de los mismos para gestionar los recursos públicos no sólo más eficaz y eficientemente, sino con un carácter más democrático y participativo, convirtiéndose en una "Administración receptiva". Para ello, los Ayuntamientos tienen que superar su histórico rol de "control" (hace cumplir la ley y que se paguen los cánones), y también su rol más actual de "administración" de recursos (vehicular los impuestos para garantizar unos servicios a los ciudadanos), para constituirse en " Administración facilitadora" de aspectos muy diversos, que van desde garantizar una calidad de vida digna y justa para todo el mundo (socioestructura) hasta hacer posible una economía competitiva, pasando por la ordenación del territorio (geoestructura), la creación de instrumentos de movilidad de materias y energías (infraestructuras), y la "urbanización" de información de calidad (infoestructura), asegurando un medio ambiente para las generaciones futuras (ecostructura).
¿Te interesa el tema? Consulta el siguiente trabajo presentado por un grupo de trabajo de la Universidad de León, España, durante los trabajos del III Congreso Online del Observatorio para la Cibersociedad.
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