Por José Vidal-Beneyto, director del Colegio Miguel Servet de París y presidente de la Fundación Amela (EL PAÍS, 01/08/08):
Según el informe Migraciones Internacionales y Desarrollo, del Secretariado General de Naciones Unidas, mayo de 2006, la expansión de los procesos migratorios en los últimos 30 años ha sido extraordinariamente importante. El número de migrantes, que en 1965 era de 75 millones, pasa a 155 millones en 1990 y a 195 en 2005, lo que representa un aumento anual superior al 2,60%, mientras que el de la población mundial total apenas llegaba al 1,7% al año. El sectarismo de los Estados, la interesada demagogia de los políticos y la ignorancia general sobre este tema exigen una clarificación de sus supuestos básicos, comenzando por deshacer la confusión que reduce las migraciones a las solas emigraciones.
No se ha logrado que exista el derecho total de migrar, pues, aunque el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconozca el derecho de emigrar, ha sido imposible introducir en ningún marco legislativo el derecho complementario de inmigrar. Cierto que el derecho de asilo y el derecho de reagrupación familiar han sido brechas posibles, pero que han dado poco de sí, por lo que ahora se están explorando las posibilidades que ofrece el derecho a la “migración de instalación” en el marco de las integraciones regionales, como es el caso de la Unión Europea y sobre todo de la Comunidad Económica de los Estados de África Oriental (CEDEAO).
El principio de la seguridad y en general de los intereses estatales, que es el que rige absolutamente el flujo migratorio actual, ha aumentado las dificultades de las políticas de emigración a escala planetaria y ha agravado la vulnerabilidad de los migrantes, cuya precariedad se alimenta de la inestabilidad de la política migratoria de los Estados, de la brutal conveniencia de las grandes empresas y de sus importaciones masivas de mano de obra laboral, casi siempre socialmente contestable, sin olvidar la inaceptable situación de los empleados del hogar, que, en particular, en numerosos países asiáticos y del Golfo es de una abusiva, insoportable, dependencia de sus patronos, sobre todo para las mujeres.
Todo lo cual coincide con un fuerte desarrollo de los factores de movilidad y, en consecuencia, con el aumento de las migraciones. En primer lugar, la mundialización, que es un extraordinario dinamizador global, pero también los medios de comunicación, en especial, la televisión, que nos presentan una sociedad alternativa de la abundancia y el consumo, con altos salarios y libertades para todos, lo que conlleva un notable efecto de atracción. También la urbanización de las grandes metrópolis de los países en desarrollo que promueven el espíritu de cambio y de mejora de sus elementos más dinámicos, lo que les empuja a emigrar. Así como el abaratamiento del transporte y la multiplicación de las redes transnacionales que han hecho del viaje y de la movilidad casi un modo de vida cuya expresión más lograda es la migración pendular entre los países de la Europa Occidental, los antiguos países europeos comunistas y en el ámbito de los países árabes.
Hay que mencionar también la casi plena libertad de circulación de los grandes espacios integrados, como la Unión Europea, y la existencia de solidaridades transnacionales de condición familiar, económica, cultural, religiosa, asociativa, que producen consecuencias de atracción, “de llamada”. Finalmente, la práctica del asilo, que había tenido un crecimiento considerable en los años noventa, se ha estabilizado, siendo sustituida por el fenómeno de las personas desplazadas, de destino mayoritariamente dramático, por la pobreza extrema de los países de acogida.
En la bibliografía sobre el tema migratorio ha habido un enconado debate sobre sus ventajas y desventajas, tanto en el análisis por países como en una consideración global, cuya dominante fue negativa hasta finales del siglo pasado, en que se invirtió la tendencia. Ello se debió a la modificación de la orientación actual de la demografía y de las consecuentes dinámicas migratorias. En efecto, según el informe de 2007 del Sistema de Observación Permanente de las Migraciones (Sopemi) de la OCDE, el mayor incremento de la inmigración legal a partir de 2005 se ha experimentado en EE UU, España, Reino Unido, Italia y Nueva Zelanda, contextos en los que, a pesar de ello, comienza a plantearse el grave problema de la penuria de inmigrantes, no sólo para los empleos altamente cualificados, sino para aquéllos de nivel tecnológico menor, pero fundamentales en el sector servicios. Por lo demás, según este informe, a partir de 2030, el factor más seguro de progreso será el aumento de la población productiva y, por tanto, la inmigración.
En cuanto a los países de origen, es ya opinión unánime que la emigración se ha convertido en un factor capital para su desarrollo. De acuerdo con los datos del Banco Mundial, entre 1995 y 2006, el volumen de estos fondos ha pasado de 102 millardos de dólares a 232 millardos, y, centrándonos en Europa, los fondos remitidos por los trabajadores extranjeros hacia los países de que eran originarios han superado los 14.000 millones de euros.
La actual reputación mayoritariamente positiva entre los técnicos y los expertos del fenómeno migratorio no ha calado, sin embargo, en la opinión pública general con las consecuencias que ello tiene en los resultados electorales. La posición restrictiva del presidente del Gobierno español fue consecuencia de los resultados de los sondeos practicados sobre el tema migratorio. Tal vez por ello, desde una opción de progreso, haya que configurar la migración como un bien público mundial. Y, en ese sentido, insistir en su función como agente decisivo en la mundialización del saber, por obra de la diáspora científica procedente de los países del Sur y de las redes de contactos y proyectos que induce, determinantes para la transferencia de conocimientos; así como en su insustituible condición de estabilizador global del espacio mundial.
Recordemos que la División de la Población de Naciones Unidas evalúa en 1,6 millones los inmigrantes necesarios para que la UE mantenga su nivel actual de bienestar y que Japón tendrá que incorporar antes de 2050 una población extranjera de cerca del 30% de su población actual.
Es necesario, por lo demás, dotar al proceso migratorio de un marco jurídico común flexible y eficaz que debe ser interinstitucional y multifactores. Lo que es muy difícil, como prueba que no se haya logrado siquiera formular una carta común de derechos y obligaciones de los migrantes con efectividad real, pues el convenio internacional para la protección de los trabajadores migrantes y de sus familias, adoptado en 1990 por la Asamblea General de Naciones Unidas y ratificado, después de un laboriosísimo proceso de casi 20 años, por sólo 37 Estados, apenas funciona. Ni siquiera el Foro Mundial para la Emigración y el Desarrollo de la ONU, ambiciosa creación del entonces secretario general, Kofi Annan, animado por el esforzado Peter Sutherland, ha llegado a convertirse en el instrumento de promoción normativa y de coordinación ejecutiva que se necesita.
Calificar de progresista, como se ha hecho, la aprobación de la última directiva europea que regula, de manera injusta, la expulsión de inmigrantes y la deportación de menores es una nueva provocación del derechismo dominante. En cualquier caso, las razones para rechazarla han sido presentadas con fundamento y consistencia en la columna de Soledad Gallego-Díaz del 20 de junio en este diario y a ellas me remito. Pero no sin apostillar que en esta sociedad de penosa dominación mediática, nada hay más movilizador, a favor o en contra, que su carga simbólica. Y que en este caso, el aura negativa de la directiva lamentablemente aprobada es abrumadora. Con lo que el problema sigue en pie y la responsabilidad en este tema de quienes nos hemos apuntado al progreso no ha variado. Seguimos comprometidos en la promulgación de una carta común de referencia sobre las migraciones que, aunque no logremos que sea obligatoria, tenga al menos una fuerte capacidad indicativa y funcione como código inspirador del organismo mundial que hay que habilitar con urgencia. En él, los Estados estarán acompañados por las organizaciones regionales y las colectividades locales, así como por las empresas, los sindicatos y las ONG nacionales y transnacionales, con el fin de asociar poderes políticos y sociedad civil, única garantía de legitimidad y de eficacia.
Según el informe Migraciones Internacionales y Desarrollo, del Secretariado General de Naciones Unidas, mayo de 2006, la expansión de los procesos migratorios en los últimos 30 años ha sido extraordinariamente importante. El número de migrantes, que en 1965 era de 75 millones, pasa a 155 millones en 1990 y a 195 en 2005, lo que representa un aumento anual superior al 2,60%, mientras que el de la población mundial total apenas llegaba al 1,7% al año. El sectarismo de los Estados, la interesada demagogia de los políticos y la ignorancia general sobre este tema exigen una clarificación de sus supuestos básicos, comenzando por deshacer la confusión que reduce las migraciones a las solas emigraciones.
No se ha logrado que exista el derecho total de migrar, pues, aunque el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconozca el derecho de emigrar, ha sido imposible introducir en ningún marco legislativo el derecho complementario de inmigrar. Cierto que el derecho de asilo y el derecho de reagrupación familiar han sido brechas posibles, pero que han dado poco de sí, por lo que ahora se están explorando las posibilidades que ofrece el derecho a la “migración de instalación” en el marco de las integraciones regionales, como es el caso de la Unión Europea y sobre todo de la Comunidad Económica de los Estados de África Oriental (CEDEAO).
El principio de la seguridad y en general de los intereses estatales, que es el que rige absolutamente el flujo migratorio actual, ha aumentado las dificultades de las políticas de emigración a escala planetaria y ha agravado la vulnerabilidad de los migrantes, cuya precariedad se alimenta de la inestabilidad de la política migratoria de los Estados, de la brutal conveniencia de las grandes empresas y de sus importaciones masivas de mano de obra laboral, casi siempre socialmente contestable, sin olvidar la inaceptable situación de los empleados del hogar, que, en particular, en numerosos países asiáticos y del Golfo es de una abusiva, insoportable, dependencia de sus patronos, sobre todo para las mujeres.
Todo lo cual coincide con un fuerte desarrollo de los factores de movilidad y, en consecuencia, con el aumento de las migraciones. En primer lugar, la mundialización, que es un extraordinario dinamizador global, pero también los medios de comunicación, en especial, la televisión, que nos presentan una sociedad alternativa de la abundancia y el consumo, con altos salarios y libertades para todos, lo que conlleva un notable efecto de atracción. También la urbanización de las grandes metrópolis de los países en desarrollo que promueven el espíritu de cambio y de mejora de sus elementos más dinámicos, lo que les empuja a emigrar. Así como el abaratamiento del transporte y la multiplicación de las redes transnacionales que han hecho del viaje y de la movilidad casi un modo de vida cuya expresión más lograda es la migración pendular entre los países de la Europa Occidental, los antiguos países europeos comunistas y en el ámbito de los países árabes.
Hay que mencionar también la casi plena libertad de circulación de los grandes espacios integrados, como la Unión Europea, y la existencia de solidaridades transnacionales de condición familiar, económica, cultural, religiosa, asociativa, que producen consecuencias de atracción, “de llamada”. Finalmente, la práctica del asilo, que había tenido un crecimiento considerable en los años noventa, se ha estabilizado, siendo sustituida por el fenómeno de las personas desplazadas, de destino mayoritariamente dramático, por la pobreza extrema de los países de acogida.
En la bibliografía sobre el tema migratorio ha habido un enconado debate sobre sus ventajas y desventajas, tanto en el análisis por países como en una consideración global, cuya dominante fue negativa hasta finales del siglo pasado, en que se invirtió la tendencia. Ello se debió a la modificación de la orientación actual de la demografía y de las consecuentes dinámicas migratorias. En efecto, según el informe de 2007 del Sistema de Observación Permanente de las Migraciones (Sopemi) de la OCDE, el mayor incremento de la inmigración legal a partir de 2005 se ha experimentado en EE UU, España, Reino Unido, Italia y Nueva Zelanda, contextos en los que, a pesar de ello, comienza a plantearse el grave problema de la penuria de inmigrantes, no sólo para los empleos altamente cualificados, sino para aquéllos de nivel tecnológico menor, pero fundamentales en el sector servicios. Por lo demás, según este informe, a partir de 2030, el factor más seguro de progreso será el aumento de la población productiva y, por tanto, la inmigración.
En cuanto a los países de origen, es ya opinión unánime que la emigración se ha convertido en un factor capital para su desarrollo. De acuerdo con los datos del Banco Mundial, entre 1995 y 2006, el volumen de estos fondos ha pasado de 102 millardos de dólares a 232 millardos, y, centrándonos en Europa, los fondos remitidos por los trabajadores extranjeros hacia los países de que eran originarios han superado los 14.000 millones de euros.
La actual reputación mayoritariamente positiva entre los técnicos y los expertos del fenómeno migratorio no ha calado, sin embargo, en la opinión pública general con las consecuencias que ello tiene en los resultados electorales. La posición restrictiva del presidente del Gobierno español fue consecuencia de los resultados de los sondeos practicados sobre el tema migratorio. Tal vez por ello, desde una opción de progreso, haya que configurar la migración como un bien público mundial. Y, en ese sentido, insistir en su función como agente decisivo en la mundialización del saber, por obra de la diáspora científica procedente de los países del Sur y de las redes de contactos y proyectos que induce, determinantes para la transferencia de conocimientos; así como en su insustituible condición de estabilizador global del espacio mundial.
Recordemos que la División de la Población de Naciones Unidas evalúa en 1,6 millones los inmigrantes necesarios para que la UE mantenga su nivel actual de bienestar y que Japón tendrá que incorporar antes de 2050 una población extranjera de cerca del 30% de su población actual.
Es necesario, por lo demás, dotar al proceso migratorio de un marco jurídico común flexible y eficaz que debe ser interinstitucional y multifactores. Lo que es muy difícil, como prueba que no se haya logrado siquiera formular una carta común de derechos y obligaciones de los migrantes con efectividad real, pues el convenio internacional para la protección de los trabajadores migrantes y de sus familias, adoptado en 1990 por la Asamblea General de Naciones Unidas y ratificado, después de un laboriosísimo proceso de casi 20 años, por sólo 37 Estados, apenas funciona. Ni siquiera el Foro Mundial para la Emigración y el Desarrollo de la ONU, ambiciosa creación del entonces secretario general, Kofi Annan, animado por el esforzado Peter Sutherland, ha llegado a convertirse en el instrumento de promoción normativa y de coordinación ejecutiva que se necesita.
Calificar de progresista, como se ha hecho, la aprobación de la última directiva europea que regula, de manera injusta, la expulsión de inmigrantes y la deportación de menores es una nueva provocación del derechismo dominante. En cualquier caso, las razones para rechazarla han sido presentadas con fundamento y consistencia en la columna de Soledad Gallego-Díaz del 20 de junio en este diario y a ellas me remito. Pero no sin apostillar que en esta sociedad de penosa dominación mediática, nada hay más movilizador, a favor o en contra, que su carga simbólica. Y que en este caso, el aura negativa de la directiva lamentablemente aprobada es abrumadora. Con lo que el problema sigue en pie y la responsabilidad en este tema de quienes nos hemos apuntado al progreso no ha variado. Seguimos comprometidos en la promulgación de una carta común de referencia sobre las migraciones que, aunque no logremos que sea obligatoria, tenga al menos una fuerte capacidad indicativa y funcione como código inspirador del organismo mundial que hay que habilitar con urgencia. En él, los Estados estarán acompañados por las organizaciones regionales y las colectividades locales, así como por las empresas, los sindicatos y las ONG nacionales y transnacionales, con el fin de asociar poderes políticos y sociedad civil, única garantía de legitimidad y de eficacia.
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