Por Joan Caball, coordinador nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya (EL PERIÓDICO, 30/07/08):
El problema del abastecimiento de alimentos a escala global no es nuevo, pero empeora. Y parece que, de momento, los organismos internacionales que dicen ocuparse de ello, algunos esporádicamente, no han logrado frenar el aumento del número de personas que pasan hambre en el mundo, en su mayoría agricultores. Pese a que la FAO se encuentra hoy cerca del objetivo de reducir a la mitad su proporción –el porcentaje de personas desnutridas–, en realidad el nú- mero total crece. Además, el encarecimiento del precio de los alimentos básicos tiende a agravar este desastre, puesto que se prevé que unos 100 millones de personas pasen a formar parte del colectivo de los que pasan hambre en el mundo.
En este contexto, la declaración de intenciones que los líderes del G-8 regalaron al mundo el pasado 8 de julio es un claro exponente de la inopia y la carencia de respuesta de los gobiernos de los países más ricos ante un problema que se agrava.
El G-8 se limita a repetir el cuento neoliberal según el cual hace falta liberalizar aún más el mercado agroalimentario para terminar con el hambre en el mundo. Este cuento sería algo aburrido si no fuera porque la gravedad del problema reclama que la sociedad civil, consciente de ello, denuncie, denunciemos, lo que es una falsedad manifiesta: que la intención del G-8 cuando pide que la OMC liberalice más aún el mercado agroalimentario internacional sea paliar el hambre en el mundo.
Este fragmento del cuento, repetido una y mil veces, no puede convertirse en verdad, puesto que el G-8 olvida mencionar que ha sido la tendencia liberalizadora la que nos ha llevado a la situación actual de desabastecimiento a nivel global. Me remito al informe que la FAO publicó en el 2004: “Durante las últimas décadas, un puñado de corporaciones transnacionales, integradas verticalmente, han ganado un creciente control sobre el comercio, la elaboración y la venta mundial de alimentos”. Este escenario tiene graves repercusiones en la seguridad alimentaria de millones de personas, como, por ejemplo, “los pequeños agricultores y trabajadores sin tierra que conforman el grueso de la población con hambre crónica en el mundo”. “Para estas personas, la globalización de las industrias de la alimentación y la expansión de la gran distribución presentan tanto una oportunidad de acceder a nuevos mercados como un importante riesgo de aumentar la marginación e incluso de extremar su pobreza”, concluía la FAO en su informe de ese año.
LLEGADOS al 2008, todas las evidencias indican que la concentración de la producción y la distribución se agravan, con la consecuente degradación de las condiciones de vida de los agricultores de los países de la periferia. Sus mercados locales se desmantelan y se quedan desprovistos a causa de modelos productivos ajenos que abonan el campo a los abusos comerciales de las grandes multinacionales de la industria y la distribución alimentaria monopolística. Mientras, las 30 mayores cadenas de supermercados del mundo acumulan más de un tercio de las ventas de alimentos. Es necesario recordar que Catalunya no queda fuera de esta dinámica, puesto que cuatro cadenas aglutinan el 50% de la superficie comercial y del volumen de ventas del sector cotidiano. Además, el subdesarrollo rural en los países de la periferia, es decir, la carencia de carreteras, puertos, telecomunicaciones y una infraestructura adecuada impide a sus agricultores participar de un comercio internacional monopolizado por las grandes corporaciones.
Por lo tanto, ahora que el problema del hambre se agrava, ¿cómo tenemos que entender la “magnanimidad” con la que el G-8 nos presenta la receta de la liberalización, mientras propicia la tendencia a la concentración del mercado agroalimentario?
Cuando el G-8 delega en la ronda de la OMC, también sabe que ha sido este organismo el que ha actuado en la dirección contraria a la de propiciar una regulación de los mercados agroalimentarios que los haga más justos y equitativos a nivel global. Más bien los países más ricos han usado el sector agrario como moneda de cambio en beneficio de los intereses comerciales globales de otros sectores y de la concentración de los alimentos en manos de las multinacionales.
FRENTE A un modelo de distribución irracional y monopolístico que ha logrado el desabastecimiento de buena parte de la población mundial, la Unió de Pagesos de Catalunya ya formuló en su día que debe buscarse una alternativa al actual funcionamiento del comercio internacional de alimentos. Y no es otra que la de la soberanía alimentaria, que persigue, entre otros objetivos, primar la producción agrícola local para alimentar y proveer a la población; el acceso del campesinado y de los sin tierra a la tierra, al agua, las semillas y los créditos; unos precios ligados a los costes de producción; la participación de los pueblos en la definición de la política agraria, así como el reconocimiento de los derechos de las agricultoras que tienen una función esencial en la producción agraria y la alimentación. En definitiva, el derecho del campesinado a producir alimentos y a recibir un precio justo y el derecho de los consumidores a decidir qué quieren consumir, cómo y quién lo produce.
El problema del abastecimiento de alimentos a escala global no es nuevo, pero empeora. Y parece que, de momento, los organismos internacionales que dicen ocuparse de ello, algunos esporádicamente, no han logrado frenar el aumento del número de personas que pasan hambre en el mundo, en su mayoría agricultores. Pese a que la FAO se encuentra hoy cerca del objetivo de reducir a la mitad su proporción –el porcentaje de personas desnutridas–, en realidad el nú- mero total crece. Además, el encarecimiento del precio de los alimentos básicos tiende a agravar este desastre, puesto que se prevé que unos 100 millones de personas pasen a formar parte del colectivo de los que pasan hambre en el mundo.
En este contexto, la declaración de intenciones que los líderes del G-8 regalaron al mundo el pasado 8 de julio es un claro exponente de la inopia y la carencia de respuesta de los gobiernos de los países más ricos ante un problema que se agrava.
El G-8 se limita a repetir el cuento neoliberal según el cual hace falta liberalizar aún más el mercado agroalimentario para terminar con el hambre en el mundo. Este cuento sería algo aburrido si no fuera porque la gravedad del problema reclama que la sociedad civil, consciente de ello, denuncie, denunciemos, lo que es una falsedad manifiesta: que la intención del G-8 cuando pide que la OMC liberalice más aún el mercado agroalimentario internacional sea paliar el hambre en el mundo.
Este fragmento del cuento, repetido una y mil veces, no puede convertirse en verdad, puesto que el G-8 olvida mencionar que ha sido la tendencia liberalizadora la que nos ha llevado a la situación actual de desabastecimiento a nivel global. Me remito al informe que la FAO publicó en el 2004: “Durante las últimas décadas, un puñado de corporaciones transnacionales, integradas verticalmente, han ganado un creciente control sobre el comercio, la elaboración y la venta mundial de alimentos”. Este escenario tiene graves repercusiones en la seguridad alimentaria de millones de personas, como, por ejemplo, “los pequeños agricultores y trabajadores sin tierra que conforman el grueso de la población con hambre crónica en el mundo”. “Para estas personas, la globalización de las industrias de la alimentación y la expansión de la gran distribución presentan tanto una oportunidad de acceder a nuevos mercados como un importante riesgo de aumentar la marginación e incluso de extremar su pobreza”, concluía la FAO en su informe de ese año.
LLEGADOS al 2008, todas las evidencias indican que la concentración de la producción y la distribución se agravan, con la consecuente degradación de las condiciones de vida de los agricultores de los países de la periferia. Sus mercados locales se desmantelan y se quedan desprovistos a causa de modelos productivos ajenos que abonan el campo a los abusos comerciales de las grandes multinacionales de la industria y la distribución alimentaria monopolística. Mientras, las 30 mayores cadenas de supermercados del mundo acumulan más de un tercio de las ventas de alimentos. Es necesario recordar que Catalunya no queda fuera de esta dinámica, puesto que cuatro cadenas aglutinan el 50% de la superficie comercial y del volumen de ventas del sector cotidiano. Además, el subdesarrollo rural en los países de la periferia, es decir, la carencia de carreteras, puertos, telecomunicaciones y una infraestructura adecuada impide a sus agricultores participar de un comercio internacional monopolizado por las grandes corporaciones.
Por lo tanto, ahora que el problema del hambre se agrava, ¿cómo tenemos que entender la “magnanimidad” con la que el G-8 nos presenta la receta de la liberalización, mientras propicia la tendencia a la concentración del mercado agroalimentario?
Cuando el G-8 delega en la ronda de la OMC, también sabe que ha sido este organismo el que ha actuado en la dirección contraria a la de propiciar una regulación de los mercados agroalimentarios que los haga más justos y equitativos a nivel global. Más bien los países más ricos han usado el sector agrario como moneda de cambio en beneficio de los intereses comerciales globales de otros sectores y de la concentración de los alimentos en manos de las multinacionales.
FRENTE A un modelo de distribución irracional y monopolístico que ha logrado el desabastecimiento de buena parte de la población mundial, la Unió de Pagesos de Catalunya ya formuló en su día que debe buscarse una alternativa al actual funcionamiento del comercio internacional de alimentos. Y no es otra que la de la soberanía alimentaria, que persigue, entre otros objetivos, primar la producción agrícola local para alimentar y proveer a la población; el acceso del campesinado y de los sin tierra a la tierra, al agua, las semillas y los créditos; unos precios ligados a los costes de producción; la participación de los pueblos en la definición de la política agraria, así como el reconocimiento de los derechos de las agricultoras que tienen una función esencial en la producción agraria y la alimentación. En definitiva, el derecho del campesinado a producir alimentos y a recibir un precio justo y el derecho de los consumidores a decidir qué quieren consumir, cómo y quién lo produce.
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