Por Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (EL PAÍS, 30/07/08):
En mitad de un fuego cruzado que se reaviva por momentos, la vida política de Turquía parece acelerarse a un ritmo que suscita una creciente preocupación por su estabilidad y evolución. El mes de julio comenzaba con el alegato final del fiscal jefe del Tribunal Constitucional contra el partido gobernante -lo que puede desembocar en su inmediata ilegalización- y con una operación policial que llevó a la detención de 25 significados prohombres de la milicia, la prensa y la economía turcas, aparentemente implicados en un intento de golpe de Estado. Termina ahora con el doble atentado terrorista de Estambul, precedido del bombardeo aéreo contra zonas kurdas. Demasiadas malas noticias para un Gobierno y una sociedad que siguen apostando por la reforma de su anquilosado sistema político y que aún continúan aspirando a formar parte del exclusivista club comunitario.
La primera referencia mencionada acapara desde hace meses la agenda nacional turca. Una formación política, el Partido Justicia y Desarrollo (AKP), que lidera el Gobierno desde 2002 y que acaba de revalidar su poder con un amplio respaldo popular (2007), se ve acosada por una confluencia de actores empeñados en preservar a toda costa el legado del padre fundador de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk. Los interesados (en una confusa mezcla en la que proliferan militares y empresarios) en mantener un status quo formalmente laico y modernizador que sirve a sus privilegios acusan al AKP de tener un programa oculto que pretende arrojar por el precipicio al país y a su historia moderna. Olvidan que ya hace tiempo que quedó claro que el modelo kemalista no resuelve los problemas de los 70 millones de turcos que aspiran a una vida mejor. También ignoran que es precisamente este partido, aunque todavía le queden asignaturas pendientes por aprobar, el que ha llevado a cabo las más profundas reformas sociales, políticas y económicas de los últimos setenta años, intentando adaptar a Turquía al mundo de hoy y posibilitando que la puerta de Bruselas pueda abrirse algún día.
Por el contrario, estos sectores prefieren aferrarse al mantra de la “guerra contra el terror”, que percibe al islam como una amenaza frontal, sin pararse a pensar ni en los fracasos acumulados por ellos mismos, ni en la nítida apuesta que han hecho los votantes turcos por la opción que hoy lideran Abdulla Gül y Recep Tayyip Erdogan. No se trata tanto de idealizar a quienes se definen a sí mismos como conservadores islámicos (a la manera de la democracia cristiana europea), como de constatar que cuentan con mayor apoyo social que ningún otro grupo, que hasta ahora han dado sobra-
das muestras de aceptar el juego democrático y que tienen una decidida voluntad por atender a las necesidades del conjunto de la población.
Es bastante probable que el proceso de ilegalización en marcha termine con la suspensión del partido gobernante y la prohibición de ejercer cargos públicos a sus principales líderes durante cinco años. También lo es que ese mismo partido aparezca pronto con otro nombre y que adelante las elecciones para intentar, convertidos sus dirigentes para la ocasión en candidatos independientes, revalidar nuevamente el mandato popular. En esas condiciones, el rumbo de confrontación directa con el AKP por el que han optado los que siguen anclados en sus privilegios (que utilizan el modelo kemalista como escudo protector que apenas esconde su falta de voluntad para aceptar cualquier reforma sustancial que cuestione su centralidad en la vida nacional) no es bueno para Turquía ni para la estabilidad en la zona.
En paralelo a este proceso, la operación policial (con unos 6.000 efectivos movilizados) que ha llevado a la detención, entre otros, de dos generales (retirados), el redactor jefe del diario Cumhuriyet y el presidente de la Cámara de Comercio de Ankara, añade más leña al fuego. Algunos intentan presentar lo que se ha venido en llamar el caso Ergenekon como una venganza del AKP contra quienes quieren ilegalizarlo, olvidando tal vez que lo ocurrido responde a una iniciativa del sistema judicial (precisamente el mismo que está promoviendo la ilegalización del partido gobernante). Para otros, por el contrario, se trata de la guinda que corona un pastel netamente golpista, demasiado habitual por desgracia en la historia turca. No hace falta remontarse a la tradición de unas fuerzas armadas autoinvestidas del papel de garantes últimos de la laicidad kemalista (como si no fuesen, igualmente, un actor económico de primer nivel y un coto de prerrogativas sin igual en la sociedad turca); basta con repasar estos últimos cinco años para rastrear la sombra de la duda razonable sobre su implicación en diferentes intentos de subvertir el orden legal y evitar su pérdida de protagonismo.
Tras intentos de golpe como los denominados Sarikiz y Ayisigi, ahora Ergenekon planteaba algo más ambicioso, buscando justificar el golpe como respuesta a actos de violencia extrema cometidos por sus mismos promotores. El plan comenzó a quebrarse a partir de las detenciones efectuadas en Estambul el 12 de junio de 2007 y las filtraciones del diario personal del general Özden Örnek. Ahora se ha llegado a la imputación directa de pertenencia a banda terrorista de la mayoría de los detenidos (quedan pendientes, seguramente por poco tiempo, los dos generales mencionados).
Para quienes observamos desde la Unión Europea el muy delicado proceso que se viene desarrollando en Turquía, interesa desprenderse de algunos estereotipos para interpretar correctamente lo que allí sucede. El principal de ellos es el que nos lleva a pensar que, siempre y en todo lugar, laicismo es sinónimo de modernidad y progresismo y que, por el contrario, religión lo es de retroceso y error. En Turquía, como en general en el resto del mundo musulmán, la historia de las últimas décadas nos obliga a concluir que los laicos (sean monárquicos o republicanos) que ocupan el poder en la práctica totalidad de estos países no son precisamente los mejores defensores de la democracia y el Estado de derecho. Puede que Erdogan y sus correligionarios no sean la solución ideal para los problemas turcos, pero menos dudas ofrece saber que quienes se envuelven en la bandera alzada un día por Atatürk no están dispuestos a renunciar a un modelo que les garantiza prebendas y poder originalmente ilimitado.
Mientras tanto, Turquía se aleja de la Unión Europea, sumida en problemas con suficiente calado como para desestabilizar su futuro, y algunos, con París en primer término, aprovechan inmediatamente para marcar distancias con quien nunca han querido ver dentro del club. ¿Dónde están los mensajes de Bruselas o de alguno de los Veintisiete en apoyo a un Gobierno legal y a un país que nos interesa, y mucho, incorporar a nuestro espacio comunitario?
En mitad de un fuego cruzado que se reaviva por momentos, la vida política de Turquía parece acelerarse a un ritmo que suscita una creciente preocupación por su estabilidad y evolución. El mes de julio comenzaba con el alegato final del fiscal jefe del Tribunal Constitucional contra el partido gobernante -lo que puede desembocar en su inmediata ilegalización- y con una operación policial que llevó a la detención de 25 significados prohombres de la milicia, la prensa y la economía turcas, aparentemente implicados en un intento de golpe de Estado. Termina ahora con el doble atentado terrorista de Estambul, precedido del bombardeo aéreo contra zonas kurdas. Demasiadas malas noticias para un Gobierno y una sociedad que siguen apostando por la reforma de su anquilosado sistema político y que aún continúan aspirando a formar parte del exclusivista club comunitario.
La primera referencia mencionada acapara desde hace meses la agenda nacional turca. Una formación política, el Partido Justicia y Desarrollo (AKP), que lidera el Gobierno desde 2002 y que acaba de revalidar su poder con un amplio respaldo popular (2007), se ve acosada por una confluencia de actores empeñados en preservar a toda costa el legado del padre fundador de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk. Los interesados (en una confusa mezcla en la que proliferan militares y empresarios) en mantener un status quo formalmente laico y modernizador que sirve a sus privilegios acusan al AKP de tener un programa oculto que pretende arrojar por el precipicio al país y a su historia moderna. Olvidan que ya hace tiempo que quedó claro que el modelo kemalista no resuelve los problemas de los 70 millones de turcos que aspiran a una vida mejor. También ignoran que es precisamente este partido, aunque todavía le queden asignaturas pendientes por aprobar, el que ha llevado a cabo las más profundas reformas sociales, políticas y económicas de los últimos setenta años, intentando adaptar a Turquía al mundo de hoy y posibilitando que la puerta de Bruselas pueda abrirse algún día.
Por el contrario, estos sectores prefieren aferrarse al mantra de la “guerra contra el terror”, que percibe al islam como una amenaza frontal, sin pararse a pensar ni en los fracasos acumulados por ellos mismos, ni en la nítida apuesta que han hecho los votantes turcos por la opción que hoy lideran Abdulla Gül y Recep Tayyip Erdogan. No se trata tanto de idealizar a quienes se definen a sí mismos como conservadores islámicos (a la manera de la democracia cristiana europea), como de constatar que cuentan con mayor apoyo social que ningún otro grupo, que hasta ahora han dado sobra-
das muestras de aceptar el juego democrático y que tienen una decidida voluntad por atender a las necesidades del conjunto de la población.
Es bastante probable que el proceso de ilegalización en marcha termine con la suspensión del partido gobernante y la prohibición de ejercer cargos públicos a sus principales líderes durante cinco años. También lo es que ese mismo partido aparezca pronto con otro nombre y que adelante las elecciones para intentar, convertidos sus dirigentes para la ocasión en candidatos independientes, revalidar nuevamente el mandato popular. En esas condiciones, el rumbo de confrontación directa con el AKP por el que han optado los que siguen anclados en sus privilegios (que utilizan el modelo kemalista como escudo protector que apenas esconde su falta de voluntad para aceptar cualquier reforma sustancial que cuestione su centralidad en la vida nacional) no es bueno para Turquía ni para la estabilidad en la zona.
En paralelo a este proceso, la operación policial (con unos 6.000 efectivos movilizados) que ha llevado a la detención, entre otros, de dos generales (retirados), el redactor jefe del diario Cumhuriyet y el presidente de la Cámara de Comercio de Ankara, añade más leña al fuego. Algunos intentan presentar lo que se ha venido en llamar el caso Ergenekon como una venganza del AKP contra quienes quieren ilegalizarlo, olvidando tal vez que lo ocurrido responde a una iniciativa del sistema judicial (precisamente el mismo que está promoviendo la ilegalización del partido gobernante). Para otros, por el contrario, se trata de la guinda que corona un pastel netamente golpista, demasiado habitual por desgracia en la historia turca. No hace falta remontarse a la tradición de unas fuerzas armadas autoinvestidas del papel de garantes últimos de la laicidad kemalista (como si no fuesen, igualmente, un actor económico de primer nivel y un coto de prerrogativas sin igual en la sociedad turca); basta con repasar estos últimos cinco años para rastrear la sombra de la duda razonable sobre su implicación en diferentes intentos de subvertir el orden legal y evitar su pérdida de protagonismo.
Tras intentos de golpe como los denominados Sarikiz y Ayisigi, ahora Ergenekon planteaba algo más ambicioso, buscando justificar el golpe como respuesta a actos de violencia extrema cometidos por sus mismos promotores. El plan comenzó a quebrarse a partir de las detenciones efectuadas en Estambul el 12 de junio de 2007 y las filtraciones del diario personal del general Özden Örnek. Ahora se ha llegado a la imputación directa de pertenencia a banda terrorista de la mayoría de los detenidos (quedan pendientes, seguramente por poco tiempo, los dos generales mencionados).
Para quienes observamos desde la Unión Europea el muy delicado proceso que se viene desarrollando en Turquía, interesa desprenderse de algunos estereotipos para interpretar correctamente lo que allí sucede. El principal de ellos es el que nos lleva a pensar que, siempre y en todo lugar, laicismo es sinónimo de modernidad y progresismo y que, por el contrario, religión lo es de retroceso y error. En Turquía, como en general en el resto del mundo musulmán, la historia de las últimas décadas nos obliga a concluir que los laicos (sean monárquicos o republicanos) que ocupan el poder en la práctica totalidad de estos países no son precisamente los mejores defensores de la democracia y el Estado de derecho. Puede que Erdogan y sus correligionarios no sean la solución ideal para los problemas turcos, pero menos dudas ofrece saber que quienes se envuelven en la bandera alzada un día por Atatürk no están dispuestos a renunciar a un modelo que les garantiza prebendas y poder originalmente ilimitado.
Mientras tanto, Turquía se aleja de la Unión Europea, sumida en problemas con suficiente calado como para desestabilizar su futuro, y algunos, con París en primer término, aprovechan inmediatamente para marcar distancias con quien nunca han querido ver dentro del club. ¿Dónde están los mensajes de Bruselas o de alguno de los Veintisiete en apoyo a un Gobierno legal y a un país que nos interesa, y mucho, incorporar a nuestro espacio comunitario?
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