Por Carlos Hugo Molina, ex secretario nacional de Participación Popular y gobernador del Departamento de Santa Cruz, pte. del Cepad (LA VANGUARDIA, 12/10/08):
La aparición de un carismático líder social, la irrupción indígena, la inclusión democrática de los excluidos y los triunfos electorales obtenidos en los diferentes procesos por Evo Morales desde su elección como presidente han sorprendido a quienes siguen la vida política boliviana. Una lectura lineal no encuentra, sino en la reacción opositora, la razón de enfrentamiento y violencia que se manifiesta a veces con extrema gravedad. El funcionamiento inconcluso de la Asamblea Constituyente (AC) puede aportar explicaciones sobre una crisis que tiene muchos años y que se manifiesta en pulsiones antagónicas de carácter territorial, ideológico, cultural y racial, convertidas sus manifestaciones en aparentes posiciones irreconciliables.
El Movimiento al Socialismo (MAS) no alcanzó los dos tercios de asambleístas que establece el constitucionalismo boliviano para aprobar una reforma. A partir de este hecho, y al no buscarse acuerdos políticos, la AC debió enfrentar problemas relacionados con el procedimiento que siguió para aprobar el proyecto de Constitución en la ciudad de Oruro. La falta de funcionamiento del Tribunal Constitucional, por renuncia progresiva y forzada de casi la totalidad de sus miembros, ha impedido resolver las dudas sobre el cumplimiento de los procedimientos de la ley de Convocatoria y su propio Reglamento de Debate. Recordemos que la Constitución fue aprobada en un recinto militar, y en una votación por capítulos, y sin ningún debate de sus 411 artículos.
Por otro lado, los porcentajes de la victoria electoral del MAS sirven como fundamento para imponer la legitimidad por encima de una legalidad calificada de “neoliberal”. El cerco político, figura de movilización social que impide o dificulta la presencia de la oposición a la hora de votar determinadas materias, se ha convertido en un instrumento que compensa la falta de acuerdos políticos.
Por la modalidad de aprobación descrita, junto a la positiva constitucionalización de derechos sociales y de inclusión real, muchas de las materias carecen de concordancia y plantean críticas sobre la viabilidad de su aplicación. Se ha intentado en reiteradas convocatorias de diálogo la búsqueda de caminos para superar las contradicciones y allanar las dificultades de aplicación, sin resultados efectivos. La defensa del proyecto de Constitución por parte de los movimientos sociales que apoyan al Gobierno y la necesidad de abrir un debate para compatibilizar la visión de país y las demandas de autonomías departamentales han definido el grado de conflicto existente.
La posibilidad de una apertura del proyecto de Constitución es bastante remota, y lo más probable es que se presente a referéndum el proyecto de Constitución aprobado en Oruro. El debate que está marcando las últimas semanas, y que podría concluir con la firma de un acuerdo sobre autonomías y la distribución de impuestos para su administración departamental (IDH), no garantiza que los opositores al proyecto del MAS apoyen un texto en el que no creen.
La incorporación de manifestaciones violentas con un saldo indeterminado de muertes en el departamento de Pando en septiembre, la declaración de estado de sitio y la detención del gobernador dificultan aún más las negociaciones. En este último tramo, la comunidad internacional se ha convertido en una suerte de garante de la paz, cumpliendo labores de mediación y observación, y siendo testigo presencial de los debates.
Un resultado deseado es que el presidente Morales, tras pasar de dirigente cocalero a líder indígena y posteriormente a presidente constitucional, pueda cumplir la responsabilidad histórica de constitucionalizar la inclusión y el desarrollo pleno de los sectores sociales que lo apoyan. Paradójicamente, tiene también la posibilidad de continuar gobernando un proceso de violencia, más allá de los discursos de diálogo.
La situación ha conllevado una creciente preocupación internacional. El posible incumplimiento de la provisión de gas a Argentina y Brasil por la violencia interna, la relación con nuevos aliados extracontinentales, como Irán y Libia, y una muy difícil relación con Estados Unidos, que ha concluido con la expulsión mutua de los embajadores, marcan una agenda no exenta de inquietudes. Probablemente, la mayor de ellas sea la falta de gobernabilidad interna expresada en la dificultad presidencial de controlar el territorio nacional sin el uso de la fuerza militar.
En ese escenario, el mantenimiento del diálogo y el papel de la comunidad internacional parecen ser las únicas señales que garantizan el Estado de derecho, la disminución de la violencia y la transparencia en procesos electorales. Mientras ellas continúen, se mantendrá la esperanza de una salida pacífica de la situación boliviana actual.
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