Por Ken Loach, cineasta, y Victoria Brittain, periodista y coautora de Enemy Combatant. Traducción de Pilar Vázquez (EL PAÍS, 28/02/08):
Unas leyes europeas injustas y el criterio de un solo juez, el español Baltasar Garzón, son los responsables de la situación de incertidumbre y de sufrimiento que están viviendo dos veteranos residentes en el Reino Unido y sus familias.
Los dos hombres pasaron cinco años en las jaulas de las cárceles estadounidenses en Afganistán y Guantánamo, donde fueron interrogados por agentes británicos, estadounidenses y españoles. Los dos sufrieron torturas, y uno perdió la vista de un ojo.
Estados Unidos terminó declarándolos inocentes tras un largo proceso legal abierto en Guantánamo, un proceso injusto e ineficaz, muy criticado por las altas instancias judiciales del Reino Unido y del resto de Europa, así como por ciertos juristas militares y civiles estadounidenses.
Jamil el Banna y Omar Desghayes fueron reclamados por el Gobierno británico y volvieron a su país de residencia en diciembre. La policía informó a sus abogados que la misma tarde de su llegada, tras un breve interrogatorio, podrían estar en casa. Las familias de ambos, incluido el hijo pequeño de Jamil Banna, que vería por primera vez a su padre, los esperaban con sus mejores ropas y una fiesta de bienvenida.
Pero mientras aún estaban volando, Baltasar Garzón dictó una orden de extradición, en la que se les acusaba de un delito de terrorismo. La policía británica se vio obligada a detenerlos a su llegada al aeropuerto de Luton.
Bajo una orden europea de detención y entrega, a las autoridades británicas no les quedaba elección: sólo podían actuar a petición del Estado que había dictado la orden y llevar a los acusados a juicio. Por suerte, cuando comparecieron ante el juez de primera instancia, éste, Timothy Workman, tuvo el buen criterio de concederles la libertad bajo fianza hasta que se celebrara la vista después del Año Nuevo. Hasta la fecha, han comparecido dos veces más ante los tribunales y están a la espera de un nuevo juicio, que se celebrará en mayo.
Los abogados de los dos han declarado que, si el caso sigue adelante, pondrán en un aprieto en sus interrogatorios a las autoridades españolas. Les preguntarán, entre otras cosas, si el Estado español pidió a las autoridades estadounidenses la extradición de los dos hombres mientras estaban recluidos en Guantánamo; les preguntarán acerca de los interrogatorios que llevaron a cabo en Guantánamo, y mostrarán informes de los vuelos sobre territorio español cuando los dos acusados fueron enviados desde Afganistán a la base en Cuba.
Los cargos que les imputa el Estado español carecen de toda solidez, para decirlo educadamente, y tanto las autoridades judiciales británicas como las estadounidenses tenían conocimiento de ellos desde hace tiempo.
Los agentes de seguridad españoles entrevistaron en Guantánamo a estos dos hombres y a varios otros. Uno de estos últimos salió de Guantánamo para ser juzgado en España y los tribunales españoles lo declararon inocente al no encontrar pruebas en su contra. El Banna y Deghayes, quienes, en su desesperación por salir de Guantánamo, también firmaron un documento aceptando ser trasladados a España, quedaron relegados al olvido en la cárcel estadounidense. Su abogado en Estados Unidos se reunió varias veces con el embajador español en Washington para pedirle que agilizara la solicitud de extradición a España, en donde, al menos, serían juzgados. Pero pasaron años sin que el Gobierno español hiciera nada al respecto.
¿Por qué la policía y la justicia británica han de dedicar su tiempo y sus recursos a satisfacer los caprichos de un juez español, cuando se trata de unas personas que ya han sido investigadas exhaustivamente por los servicios de seguridad estadounidenses y británicos y ha quedado demostrado que no suponen amenaza alguna contra nuestra seguridad o la de nuestros aliados, España incluida? A su llegada al Reino Unido, los dos hombres fueron interrogados por agentes de la Brigada Antiterrorista, quienes los pusieron en libertad y les dijeron que no tomarían medidas en su contra.
En este asunto, el Reino Unido también tiene mucho de lo que avergonzarse. La complicidad del Gobierno británico en la entrega a Estados Unidos de El Banna, quien sería trasladado de Gambia a Afganistán, para terminar en Guantánamo, es del dominio público y un motivo de vergüenza para todos. El Gobierno británico es consciente de que los abogados de El Banna y Deghayes llevaban cinco años presionando a los sucesivos ministros del Interior para que exigieran a Estados Unidos su liberación y devolución al Reino Unido. Pero hasta el mes de agosto pasado, cuando el Gobierno de Gordon Brown solicitó por fin su extradición, no se había hecho nada.
Omar Deghayes y Jamil el Banna llegaron al Reino Unido hace años en calidad de refugiados. El primero era un muchacho cuyo padre acababa de ser asesinado por el régimen del coronel libio Gaddafi; el segundo, un palestino que huía de la tortura jordana. Se establecieron en el Reino Unido y formaron familias felices y respetables. Es un milagro que, pese a su amarga experiencia, hayan conservado intacta la confianza en la justicia y la honestidad británicas. Ahora las autoridades judiciales españolas deberían archivar este caso y permitir que Deghayes y El Banna rehagan sus vidas con sus familias en el país que los acogió.
Unas leyes europeas injustas y el criterio de un solo juez, el español Baltasar Garzón, son los responsables de la situación de incertidumbre y de sufrimiento que están viviendo dos veteranos residentes en el Reino Unido y sus familias.
Los dos hombres pasaron cinco años en las jaulas de las cárceles estadounidenses en Afganistán y Guantánamo, donde fueron interrogados por agentes británicos, estadounidenses y españoles. Los dos sufrieron torturas, y uno perdió la vista de un ojo.
Estados Unidos terminó declarándolos inocentes tras un largo proceso legal abierto en Guantánamo, un proceso injusto e ineficaz, muy criticado por las altas instancias judiciales del Reino Unido y del resto de Europa, así como por ciertos juristas militares y civiles estadounidenses.
Jamil el Banna y Omar Desghayes fueron reclamados por el Gobierno británico y volvieron a su país de residencia en diciembre. La policía informó a sus abogados que la misma tarde de su llegada, tras un breve interrogatorio, podrían estar en casa. Las familias de ambos, incluido el hijo pequeño de Jamil Banna, que vería por primera vez a su padre, los esperaban con sus mejores ropas y una fiesta de bienvenida.
Pero mientras aún estaban volando, Baltasar Garzón dictó una orden de extradición, en la que se les acusaba de un delito de terrorismo. La policía británica se vio obligada a detenerlos a su llegada al aeropuerto de Luton.
Bajo una orden europea de detención y entrega, a las autoridades británicas no les quedaba elección: sólo podían actuar a petición del Estado que había dictado la orden y llevar a los acusados a juicio. Por suerte, cuando comparecieron ante el juez de primera instancia, éste, Timothy Workman, tuvo el buen criterio de concederles la libertad bajo fianza hasta que se celebrara la vista después del Año Nuevo. Hasta la fecha, han comparecido dos veces más ante los tribunales y están a la espera de un nuevo juicio, que se celebrará en mayo.
Los abogados de los dos han declarado que, si el caso sigue adelante, pondrán en un aprieto en sus interrogatorios a las autoridades españolas. Les preguntarán, entre otras cosas, si el Estado español pidió a las autoridades estadounidenses la extradición de los dos hombres mientras estaban recluidos en Guantánamo; les preguntarán acerca de los interrogatorios que llevaron a cabo en Guantánamo, y mostrarán informes de los vuelos sobre territorio español cuando los dos acusados fueron enviados desde Afganistán a la base en Cuba.
Los cargos que les imputa el Estado español carecen de toda solidez, para decirlo educadamente, y tanto las autoridades judiciales británicas como las estadounidenses tenían conocimiento de ellos desde hace tiempo.
Los agentes de seguridad españoles entrevistaron en Guantánamo a estos dos hombres y a varios otros. Uno de estos últimos salió de Guantánamo para ser juzgado en España y los tribunales españoles lo declararon inocente al no encontrar pruebas en su contra. El Banna y Deghayes, quienes, en su desesperación por salir de Guantánamo, también firmaron un documento aceptando ser trasladados a España, quedaron relegados al olvido en la cárcel estadounidense. Su abogado en Estados Unidos se reunió varias veces con el embajador español en Washington para pedirle que agilizara la solicitud de extradición a España, en donde, al menos, serían juzgados. Pero pasaron años sin que el Gobierno español hiciera nada al respecto.
¿Por qué la policía y la justicia británica han de dedicar su tiempo y sus recursos a satisfacer los caprichos de un juez español, cuando se trata de unas personas que ya han sido investigadas exhaustivamente por los servicios de seguridad estadounidenses y británicos y ha quedado demostrado que no suponen amenaza alguna contra nuestra seguridad o la de nuestros aliados, España incluida? A su llegada al Reino Unido, los dos hombres fueron interrogados por agentes de la Brigada Antiterrorista, quienes los pusieron en libertad y les dijeron que no tomarían medidas en su contra.
En este asunto, el Reino Unido también tiene mucho de lo que avergonzarse. La complicidad del Gobierno británico en la entrega a Estados Unidos de El Banna, quien sería trasladado de Gambia a Afganistán, para terminar en Guantánamo, es del dominio público y un motivo de vergüenza para todos. El Gobierno británico es consciente de que los abogados de El Banna y Deghayes llevaban cinco años presionando a los sucesivos ministros del Interior para que exigieran a Estados Unidos su liberación y devolución al Reino Unido. Pero hasta el mes de agosto pasado, cuando el Gobierno de Gordon Brown solicitó por fin su extradición, no se había hecho nada.
Omar Deghayes y Jamil el Banna llegaron al Reino Unido hace años en calidad de refugiados. El primero era un muchacho cuyo padre acababa de ser asesinado por el régimen del coronel libio Gaddafi; el segundo, un palestino que huía de la tortura jordana. Se establecieron en el Reino Unido y formaron familias felices y respetables. Es un milagro que, pese a su amarga experiencia, hayan conservado intacta la confianza en la justicia y la honestidad británicas. Ahora las autoridades judiciales españolas deberían archivar este caso y permitir que Deghayes y El Banna rehagan sus vidas con sus familias en el país que los acogió.
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