Por María Teresa Bazo (EL CORREO DIGITAL, 13/01/08):
La violencia juvenil produce preocupación y genera cierta inseguridad ‘culpable’ por cuanto conduce a cuestionar la sociedad que estamos construyendo. Se tiende a pensar que nuestras sociedades son más violentas que las de antes, pero la explicación que parece más acertada es que ahora se tolera menos la violencia, que las manifestaciones violentas repugnan cada vez más la sensibilidad de los habitantes de las sociedades occidentales, por lo que resulta más insoportable. El componente posible de racismo en algunos casos conocidos de violencia produce mayor alarma. Por otro lado, la lucha real, no metafórica, entre bandas rivales a veces compuestas por jóvenes que han llegado de otros países, así como los delitos y crímenes extremadamente crueles perpetrados por grupos organizados de extranjeros, intranquilizan aún más por cuanto son hechos que contribuyen a extender la idea de la implantación en España de formas de violencia no conocidas.
Se origina en todas las sociedades una polémica sobre los medios que desde la Administración se ponen en marcha para detectar más fácilmente a los delincuentes, como las cámaras de vigilancia. Es el eterno dilema entre seguridad y libertad, pero esa tecnología en ocasiones puede ser extremadamente útil. Por ejemplo, cuando todos los canales de televisión transmitieron el vídeo grabado en el metro de Barcelona sobre el apaleamiento de una chica de origen ecuatoriano por un chico catalán. El suceso hizo chirriar diversos goznes de nuestro sistema institucional. Otros sucesos posteriores vuelven a poner el problema de la violencia juvenil sobre el tapete de los problemas sociales, como los hechos delictivos perpetrados recientemente contra la integridad física, psíquica y de su dignidad personal de un joven disminuido en Portugalete por personas de 18 a 22 años, o contra la ciudadana de Medina del Campo apaleada por un grupo de personas jurídicamente ‘menores’, y realmente algunas niños/as de 14 años. En ambos casos los ’simpáticos’ grabaron las vejaciones y puede que ese fuese el complemento ideal de su violencia como diversión, como forma de pasar el tiempo. ¿Dónde está la preocupación de esos muchachos por lo que les dirán o harán sus padres en castigo a su conducta? ¿Dónde la vergüenza a ser reconocidos en el pueblo o barrio? ¿Dónde el temor a la sanción social por sus acciones, a ser condenados al ostracismo por otros jóvenes y adultos, como manifestación del rechazo social a esas conductas? ¿Puede que hasta se les mire con simpatía o al menos con ‘comprensión’!
Me voy a centrar en los aspectos estructurales de la violencia, pues -al margen de las características psicológicas de las personas- se entiende que ciertos factores y estructuras sociales tienen gran influencia en los comportamientos violentos. Los especialistas consideran que uno de esos factores es la edad. Ser joven constituye, digamos, un factor de riesgo por cuanto las tasas más altas de violencia contra otros se dan entre ese grupo de edad. Otro factor social es el sexo. Analizadas las estadísticas del delito, los varones tienen más probabilidad tanto de ejercer de victimarios como de acabar víctimas de la violencia. La familia desestructurada es considerada también un elemento clave.
Que un acto violento aparezca reproducido en todos los medios de comunicación tiene un aspecto positivo y es que hace posible identificar al delincuente y encausarlo. Pero cuando lo que se conoce son los casos de violencia más llamativos, como los comentados, puede creerse que eso sólo ocurre incidentalmente. Sin embargo, parece más lógico pensar en cuántos más casos estarán ocurriendo sin que salgan a la luz, quedando el victimario impune y la víctima desamparada. También puede pensarse que es importante rechazar ¿individual, social e institucionalmente!, las manifestaciones de violencia incluso las más ‘light’ que pueden darse, pues se sabe que la probabilidad de pasar a realizar conductas brutales es alta.
Se observa que unas sociedades son más violentas que otras o que ciertos grupos sociales lo son más que otros. En las sociedades rurales de las que provenimos, las que podían calificarse como ‘bromas pesadas’ podían resultar en ocasiones brutalmente ofensivas y violentas. En algunos casos se les podía ‘ir la mano’ a los graciosos y morir la víctima. En ese caso no había escapatoria y ese homicidio constituía un delito, pero en los demás casos era disculpado con mayor o menor benevolencia social, si no con cierto regocijo incluso. La teoría de la subcultura de la violencia la explica sobre la base de que son los valores y las normas sociales predominantes en una determinada sociedad, los que proporcionan un significado y una forma a la violencia, y los que la legitiman.
Resulta pues fundamental a la hora de analizar los actos violentos el análisis de la existencia de valores en una sociedad que disculpen la violencia, o al menos, ciertas formas de la misma. Eso ha ocurrido con la violencia familiar. Se ha entendido durante siglos que los asuntos familiares no atañían a nadie más que a los miembros de esa familia. Concurría la idea ampliamente extendida en diferentes culturas, de que el varón podía -e incluso debía- ‘corregir’ a su esposa hasta con medios violentos. También los padres con respecto a los hijos. Sin embargo, eso ha cambiado radicalmente en las sociedades occidentales y la agresión entre parejas no se considera un asunto individual, sino un problema social. Como consecuencia de ese cambio social, se han promulgado leyes que persiguen esas formas de conducta como delictivas. Las leyes, desgraciadamente, no lo arreglan todo en especial cuando no se dispone de los recursos requeridos que las hagan viables, ahí tenemos el terrible problema de la llamada violencia de género, con tres mujeres muertas en los primeros nueve días de enero. Pero que exista esa ley es un indicador fundamental de que esas conductas son ya inexcusables e intolerables, por lo que se han convertido en comportamientos punibles. Las leyes deben reforzar los valores sociales de respeto a todas las personas cualesquiera sean sus circunstancias, en primer lugar como orientación moral que esa sociedad proporciona a los comportamientos individuales y colectivos, pero también por el temor de quienes no acepten esa moral social a que sus comportamientos asociales sean castigados penalmente. Por cierto, cada vez parece menos educativo para los jóvenes victimarios y más injusto para las víctimas el tratamiento de las leyes a los menores violentos.
La ley en general suele ir detrás de la extensión de unos determinados valores por los que se considera socialmente aceptable o inaceptable una determinada conducta. Los valores vienen a ser los ideales sobre lo que es bueno y deseable para una sociedad. Que se encuentren lo más ampliamente extendidos entre la población, hace que sea menor la probabilidad de que se produzcan determinadas conductas que resultan socialmente mal vistas por contrariar esos valores. Que las leyes se cumplan inexcusablemente sanciona y refuerza los valores sociales. Para que eso sea posible los gobiernos deben dotar de todos los medios humanos y materiales a las distintas instituciones y organismos implicados en la lucha contra la delincuencia. No disponer de los recursos para que pueda cumplirse una ley hace que se trate sólo de papel mojado.
La violencia juvenil produce preocupación y genera cierta inseguridad ‘culpable’ por cuanto conduce a cuestionar la sociedad que estamos construyendo. Se tiende a pensar que nuestras sociedades son más violentas que las de antes, pero la explicación que parece más acertada es que ahora se tolera menos la violencia, que las manifestaciones violentas repugnan cada vez más la sensibilidad de los habitantes de las sociedades occidentales, por lo que resulta más insoportable. El componente posible de racismo en algunos casos conocidos de violencia produce mayor alarma. Por otro lado, la lucha real, no metafórica, entre bandas rivales a veces compuestas por jóvenes que han llegado de otros países, así como los delitos y crímenes extremadamente crueles perpetrados por grupos organizados de extranjeros, intranquilizan aún más por cuanto son hechos que contribuyen a extender la idea de la implantación en España de formas de violencia no conocidas.
Se origina en todas las sociedades una polémica sobre los medios que desde la Administración se ponen en marcha para detectar más fácilmente a los delincuentes, como las cámaras de vigilancia. Es el eterno dilema entre seguridad y libertad, pero esa tecnología en ocasiones puede ser extremadamente útil. Por ejemplo, cuando todos los canales de televisión transmitieron el vídeo grabado en el metro de Barcelona sobre el apaleamiento de una chica de origen ecuatoriano por un chico catalán. El suceso hizo chirriar diversos goznes de nuestro sistema institucional. Otros sucesos posteriores vuelven a poner el problema de la violencia juvenil sobre el tapete de los problemas sociales, como los hechos delictivos perpetrados recientemente contra la integridad física, psíquica y de su dignidad personal de un joven disminuido en Portugalete por personas de 18 a 22 años, o contra la ciudadana de Medina del Campo apaleada por un grupo de personas jurídicamente ‘menores’, y realmente algunas niños/as de 14 años. En ambos casos los ’simpáticos’ grabaron las vejaciones y puede que ese fuese el complemento ideal de su violencia como diversión, como forma de pasar el tiempo. ¿Dónde está la preocupación de esos muchachos por lo que les dirán o harán sus padres en castigo a su conducta? ¿Dónde la vergüenza a ser reconocidos en el pueblo o barrio? ¿Dónde el temor a la sanción social por sus acciones, a ser condenados al ostracismo por otros jóvenes y adultos, como manifestación del rechazo social a esas conductas? ¿Puede que hasta se les mire con simpatía o al menos con ‘comprensión’!
Me voy a centrar en los aspectos estructurales de la violencia, pues -al margen de las características psicológicas de las personas- se entiende que ciertos factores y estructuras sociales tienen gran influencia en los comportamientos violentos. Los especialistas consideran que uno de esos factores es la edad. Ser joven constituye, digamos, un factor de riesgo por cuanto las tasas más altas de violencia contra otros se dan entre ese grupo de edad. Otro factor social es el sexo. Analizadas las estadísticas del delito, los varones tienen más probabilidad tanto de ejercer de victimarios como de acabar víctimas de la violencia. La familia desestructurada es considerada también un elemento clave.
Que un acto violento aparezca reproducido en todos los medios de comunicación tiene un aspecto positivo y es que hace posible identificar al delincuente y encausarlo. Pero cuando lo que se conoce son los casos de violencia más llamativos, como los comentados, puede creerse que eso sólo ocurre incidentalmente. Sin embargo, parece más lógico pensar en cuántos más casos estarán ocurriendo sin que salgan a la luz, quedando el victimario impune y la víctima desamparada. También puede pensarse que es importante rechazar ¿individual, social e institucionalmente!, las manifestaciones de violencia incluso las más ‘light’ que pueden darse, pues se sabe que la probabilidad de pasar a realizar conductas brutales es alta.
Se observa que unas sociedades son más violentas que otras o que ciertos grupos sociales lo son más que otros. En las sociedades rurales de las que provenimos, las que podían calificarse como ‘bromas pesadas’ podían resultar en ocasiones brutalmente ofensivas y violentas. En algunos casos se les podía ‘ir la mano’ a los graciosos y morir la víctima. En ese caso no había escapatoria y ese homicidio constituía un delito, pero en los demás casos era disculpado con mayor o menor benevolencia social, si no con cierto regocijo incluso. La teoría de la subcultura de la violencia la explica sobre la base de que son los valores y las normas sociales predominantes en una determinada sociedad, los que proporcionan un significado y una forma a la violencia, y los que la legitiman.
Resulta pues fundamental a la hora de analizar los actos violentos el análisis de la existencia de valores en una sociedad que disculpen la violencia, o al menos, ciertas formas de la misma. Eso ha ocurrido con la violencia familiar. Se ha entendido durante siglos que los asuntos familiares no atañían a nadie más que a los miembros de esa familia. Concurría la idea ampliamente extendida en diferentes culturas, de que el varón podía -e incluso debía- ‘corregir’ a su esposa hasta con medios violentos. También los padres con respecto a los hijos. Sin embargo, eso ha cambiado radicalmente en las sociedades occidentales y la agresión entre parejas no se considera un asunto individual, sino un problema social. Como consecuencia de ese cambio social, se han promulgado leyes que persiguen esas formas de conducta como delictivas. Las leyes, desgraciadamente, no lo arreglan todo en especial cuando no se dispone de los recursos requeridos que las hagan viables, ahí tenemos el terrible problema de la llamada violencia de género, con tres mujeres muertas en los primeros nueve días de enero. Pero que exista esa ley es un indicador fundamental de que esas conductas son ya inexcusables e intolerables, por lo que se han convertido en comportamientos punibles. Las leyes deben reforzar los valores sociales de respeto a todas las personas cualesquiera sean sus circunstancias, en primer lugar como orientación moral que esa sociedad proporciona a los comportamientos individuales y colectivos, pero también por el temor de quienes no acepten esa moral social a que sus comportamientos asociales sean castigados penalmente. Por cierto, cada vez parece menos educativo para los jóvenes victimarios y más injusto para las víctimas el tratamiento de las leyes a los menores violentos.
La ley en general suele ir detrás de la extensión de unos determinados valores por los que se considera socialmente aceptable o inaceptable una determinada conducta. Los valores vienen a ser los ideales sobre lo que es bueno y deseable para una sociedad. Que se encuentren lo más ampliamente extendidos entre la población, hace que sea menor la probabilidad de que se produzcan determinadas conductas que resultan socialmente mal vistas por contrariar esos valores. Que las leyes se cumplan inexcusablemente sanciona y refuerza los valores sociales. Para que eso sea posible los gobiernos deben dotar de todos los medios humanos y materiales a las distintas instituciones y organismos implicados en la lucha contra la delincuencia. No disponer de los recursos para que pueda cumplirse una ley hace que se trate sólo de papel mojado.
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