Por Víctor Climent, profesor de la Universitat de Barcelona (EL PERIÓDICO, 14/03/11):
En los próximos años nuestra universidad debe afrontar un doble reto. Por una parte, la plena aplicación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) y, por otra, transmitir al conjunto de la ciudadanía la idea de que sin una universidad de calidad es muy difícil obtener altos estándares de bienestar y desarrollo social. En este contexto, el éxito de estos objetivos dependerá fundamentalmente de tres factores: el incremento de la financiación, la ordenación del mapa universitario y la mejora de la capacitación docente e investigadora de su profesorado.
La universidad es un espacio de conocimiento muy complejo donde interaccionan muchos de los vectores que configuran el bienestar de nuestra sociedad. Es evidente que una universidad bien dotada económicamente y con un alto grado de articulación con el entorno socioeconómico del país es sinónimo de innovación y progreso. No obstante, conviene recordar que la universidad, además de estos objetivos, tiene que cumplir un doble compromiso social: debe seguir siendo un campo de conocimiento y libertad que forme futuros ciudadanos con capacidad crítica y compromiso social, y ha de seguir asumiendo el papel de ascensor y/o estabilizador social que históricamente ha desempeñado.
La adaptación al EEES debería ser una gran oportunidad para planificar un mapa universitario que solvente las graves deficiencias que presenta el actual modelo, que básicamente son: la creciente dificultad de financiación que experimenta todo el sistema universitario, la pésima planificación del vigente mapa de titulaciones y el elevado número de centros universitarios existente (públicos y privados). Esta afirmación no significa que deban desaparecer universidades, pero tendríamos que reflexionar sobre la necesidad de que existan tantos campus de carácter generalista y tan pocos especializados. Es muy razonable exigir que los estudiantes tengan la oportunidad de disponer de una instalación universitaria cercana a su lugar de residencia, pero ese derecho debe ser sostenible financieramente y, seguramente, medido en tiempos de desplazamiento o en número de becas y plazas de residencia universitaria para aquellos que estén más alejados geográficamente. Es preciso puntualizar que este no es un debate de suma cero y que, de la misma manera que la actual crisis económica está potenciando la fusión de muchas cajas de ahorros, no es descabellado plantearse un proceso de fusión que auspicie tres o cuatro grandes marcas universitarias que, a su vez, permita racionalizar el actual mapa de titulaciones y acabar con muchas de las multiplicidades existentes.
En última instancia, la mejora de la enseñanza universitaria pasa necesariamente por una óptima capacitación del profesorado. No obstante, existen algunos problemas que siguen sin resolverse. En primer lugar, la mayoría de las grandes universidades tienen una estructura demográfica envejecida que exige planteamientos políticos que potencien el relevo generacional. En caso contrario, en poco más de una década muchas universidades tendrán crecientes dificultades para impartir sus titulaciones con un mínimo de calidad docente e investigadora.
En segundo lugar, es muy necesario establecer un modelo de carrera académica con un horizonte de estabilidad que racionalice y simplifique la actual estructura. Es poco razonable que el profesorado joven, una vez licenciado, pase por un periodo mínimo de 10 o 12 años de formación, ocupando plazas precarias y mal remuneradas sin que exista la seguridad de un futuro estable. No es razonable, porque dicha estabilidad depende demasiadas veces de la disponibilidad económica del momento y porque el sueldo a obtener no siempre justifica el enorme esfuerzo exigido. El resultado final es evidente: cada vez es más difícil reclutar nuevo profesorado.
El deterioro de las condiciones laborales y salariales hace años que afecta al sistema universitario catalán, y aunque todavía no es comparable al existente en la sanidad, donde demasiados profesionales emigran a otros países que les ofrecen mejores condiciones socioeconómicas, no es en absoluto descartable que, a medio plazo, asistamos a una progresiva descapitalización de capital humano que afecte gravemente a la formación de nuestros futuros profesionales. La solución pasa necesariamente por una carrera académica que contemple una primera etapa claramente definida por la formación (becas, doctorado, estancias en el extranjero, publicaciones, etcétera), una segunda de estabilización laboral y una tercera basada en unas condiciones salariales adecuadas y en la promoción por méritos académicos objetivamente definidos y evaluables.
Por último, las autoridades políticas y universitarias deben realizar un gran esfuerzo para que la ciudadanía perciba a la universidad como una institución que, además de formar profesionales, tiene una enorme capacidad y potencial para construir una sociedad más rica, más estable y más justa socialmente.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
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