Por YUMA GÓMEZ-CORNEJO - Madrid - (ElPais.com, 06/03/2009)
Varias marchas recorrerán hoy las calles de Bogotá y otras ciudades colombianas en rechazo de las ejecuciones extrajudiciales. El escándalo de los falsos positivos, casos de jóvenes que fueron secuestrados y asesinados por miembros de la fuerza pública y presentados como guerrilleros abatidos en combate, que el pasado noviembre horrorizó a Colombia, con más de 1.400 casos, según las organizaciones defensoras de los derechos humanos -la fiscalía investiga 700-, fue zanjado por el Gobierno con la destitución de 40 oficiales de Ejército, entre ellos tres generales, en una purga militar sin precedentes en Latinoamérica, que desembocó en la renuncia del jefe del Ejército, Mario Montoya. "Habrá tolerancia cero con las violaciones de los derechos humanos", dijo entonces el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
Pero estos hechos siguen ocurriendo, según denuncian organizaciones como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), convocante de una jornada de movilizaciones para reclamar "verdad, justicia, reparación a las víctimas y medidas para que no se repitan", según explica Iván Cepeda, portavoz público del Movice.
En la manifestación de Bogotá, que marchará desde el Ministerio de Defensa a la sede de la Fiscalía General, participarán 200 familiares de las víctimas. Además, habrá movilizaciones similares en otras ciudades colombianas, como Medellín, Manizales, Bucaramanga y Cúcuta, así como en Buenos Aires, París, Barcelona, Madrid y Gijón.
Las víctimas eran "jóvenes de extracción humilde, de las ciudades o del campo, que eran primero detenidos, luego llevados a cientos de kilómetros y después asesinados por el Ejército, vestidos con ropa como la de los guerrilleros y presentados como terroristas abatidos", explica Cepeda, que detalla que la mayoría eran varones y un 3%, mujeres.
La deshonra de ser tratado como terrorista
El Movice reclama que se acabe con la impunidad y se resarza la honra de las familias, que "fueron tratadas de una manera denigrante y sus hijos, esposos o padres, presentados ante los medios de comunicación como terroristas". Además, reclama que se avance en la investigación de estos crímenes. "Queremos pedir a la Fiscalía General que forme un grupo de fiscales dedicado a impulsar estas investigaciones".
Cepeda, cuyo padre, Manuel, fue asesinado en 1994 -fueron condenados por el crimen dos suboficiales del Ejército y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) utilizaron su nombre para denominar uno de sus frentes-, afirma que "es legítimo que el Estado tenga una política de seguridad y unas fuerzas militares combatiendo en un conflicto que tiene más de 40 años. Pero tiene que estar acompañado de un fuerte elemento de control y derechos humanos. El Estado no se puede comportar como un grupo criminal, no puede cometer crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio..."
Además, el Movice reclama la reforma de la justicia, que "sigue siendo lenta e ineficiente, está controlada muchas veces por el Poder Ejecutivo y cuando no lo está, es atacada".
Por su parte, Amnistía Internacional reclamó el miércoles en un comunicado que las autoridades colombianas "garanticen la seguridad de los organizadores y los participantes en las manifestaciones" de hoy, porque "a consecuencia de su labor para sacar a la luz las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad que las rodea, los defensores de los derechos humanos han recibido amenazas de muerte y han sido criticados públicamente por autoridades gubernamentales, que han dado a entender que su labor forma parte de una estrategia de la guerrilla para desacreditar a las fuerzas de seguridad".
Varias marchas recorrerán hoy las calles de Bogotá y otras ciudades colombianas en rechazo de las ejecuciones extrajudiciales. El escándalo de los falsos positivos, casos de jóvenes que fueron secuestrados y asesinados por miembros de la fuerza pública y presentados como guerrilleros abatidos en combate, que el pasado noviembre horrorizó a Colombia, con más de 1.400 casos, según las organizaciones defensoras de los derechos humanos -la fiscalía investiga 700-, fue zanjado por el Gobierno con la destitución de 40 oficiales de Ejército, entre ellos tres generales, en una purga militar sin precedentes en Latinoamérica, que desembocó en la renuncia del jefe del Ejército, Mario Montoya. "Habrá tolerancia cero con las violaciones de los derechos humanos", dijo entonces el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
Pero estos hechos siguen ocurriendo, según denuncian organizaciones como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), convocante de una jornada de movilizaciones para reclamar "verdad, justicia, reparación a las víctimas y medidas para que no se repitan", según explica Iván Cepeda, portavoz público del Movice.
En la manifestación de Bogotá, que marchará desde el Ministerio de Defensa a la sede de la Fiscalía General, participarán 200 familiares de las víctimas. Además, habrá movilizaciones similares en otras ciudades colombianas, como Medellín, Manizales, Bucaramanga y Cúcuta, así como en Buenos Aires, París, Barcelona, Madrid y Gijón.
Las víctimas eran "jóvenes de extracción humilde, de las ciudades o del campo, que eran primero detenidos, luego llevados a cientos de kilómetros y después asesinados por el Ejército, vestidos con ropa como la de los guerrilleros y presentados como terroristas abatidos", explica Cepeda, que detalla que la mayoría eran varones y un 3%, mujeres.
La deshonra de ser tratado como terrorista
El Movice reclama que se acabe con la impunidad y se resarza la honra de las familias, que "fueron tratadas de una manera denigrante y sus hijos, esposos o padres, presentados ante los medios de comunicación como terroristas". Además, reclama que se avance en la investigación de estos crímenes. "Queremos pedir a la Fiscalía General que forme un grupo de fiscales dedicado a impulsar estas investigaciones".
Cepeda, cuyo padre, Manuel, fue asesinado en 1994 -fueron condenados por el crimen dos suboficiales del Ejército y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) utilizaron su nombre para denominar uno de sus frentes-, afirma que "es legítimo que el Estado tenga una política de seguridad y unas fuerzas militares combatiendo en un conflicto que tiene más de 40 años. Pero tiene que estar acompañado de un fuerte elemento de control y derechos humanos. El Estado no se puede comportar como un grupo criminal, no puede cometer crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio..."
Además, el Movice reclama la reforma de la justicia, que "sigue siendo lenta e ineficiente, está controlada muchas veces por el Poder Ejecutivo y cuando no lo está, es atacada".
Por su parte, Amnistía Internacional reclamó el miércoles en un comunicado que las autoridades colombianas "garanticen la seguridad de los organizadores y los participantes en las manifestaciones" de hoy, porque "a consecuencia de su labor para sacar a la luz las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad que las rodea, los defensores de los derechos humanos han recibido amenazas de muerte y han sido criticados públicamente por autoridades gubernamentales, que han dado a entender que su labor forma parte de una estrategia de la guerrilla para desacreditar a las fuerzas de seguridad".
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