Por Kepa Aulestia (LA VANGUARDIA, 10/02/09):
La huelga ilegal protagonizada por los trabajadores de una refinería de la multinacional de origen francés Total en el nordeste de Inglaterra reivindicaba que los empleos generados para la ampliación de sus instalaciones fuesen preferentemente para los británicos. La empresa contratada para desarrollar el citado proyecto es italiana, y el resultado de la protesta ha sido que a los 195 trabajadores previstos inicialmente, procedentes de Italia y Portugal, se les sumarán otro 102 puestos adjudicados a ciudadanos de Gran Bretaña. Un conflicto aislado suscitado en torno a una exigencia inadmisible en el marco de la Unión Europea ha podido convertirse en ejemplo para otras partes o en vergonzoso episodio capaz de hacer reaccionar a las democracias europeas, incluido el Reino Unido, contra lo que podría convertirse en una ola de fondo xenófoba oculta bajo el eufemismo proteccionista. Que este y otros casos actúen como vacuna o, por el contrario, contagien al resto de Europa depende de una pronta respuesta política y sindical. Pero el poder de contagio no es desdeñable, y se basa tanto en condiciones culturales y psicológicas como, paradójicamente, en la resistencia a la movilidad de los trabajadores en la mayoría de los valles europeos.
La preeminencia de los nacionales a la hora de acceder a un puesto de trabajo constituye una inclinación natural que se agudiza en época de vacas flacas. En nuestro caso, podríamos pensar en la naturalidad con la que alguien se inclinaría a reivindicar la preferencia de los ciudadanos de cada autonomía e incluso de cada localidad; una práctica que de facto está presente en la ubicación de nuevos proyectos empresariales y puede hacerse notar, por ejemplo, con la implantación del plan extraordinario de inversión local. Pero esa reacción primaria que concibe un “nosotros” restrictivo es precisamente lo que trata de corregir la democracia con la plasmación jurídica de un espacio de convivencia abierto. La libre circulación de trabajadores en el marco de la Unión no sólo es un requisito de la economía global; representa también la condición para el desarrollo humano en un entorno cada vez más interdependiente. Aunque sería necesario lograr que se garantice una competencia sujeta a reglas comunes, de manera que ningún contrato laboral cuestione la legalidad propia del país en que se suscriba y el convenio colectivo de referencia. Del mismo modo que ninguna empresa contratada fuera de su país de origen debería verse obligada a modificar su plantilla inicial con nacionales del lugar donde va a desarrolla su tarea, tampoco debería poder negarse a que los nuevos puestos de trabajo que requiera sean ocupados por estos. En este plano, no resultaría demasiado difícil lograr que el mal ejemplo de la refinería de Lincolnshire se convirtiera en vacuna. Bastaría con que el sindicalismo europeo estableciera un criterio vinculante y así lo acuerden también los estados miembros de la Unión, de manera que la directiva correspondiente no pudiera ser aplicada ni con excepciones ni con excesos.
Aunque los efectos reales de dicha vacuna dependen, al final, de que los ciudadanos europeos hagan suya la eventualidad de trasladarse a trabajar y vivir en un lugar lejano al propio domicilio e incluso en otro país. Una posibilidad que está más presente en los sectores profesionales cualificados y entre los jóvenes, pero que encuentra resistencias en sectores de cualificación media que serán precisamente los más proclives al contagio de los huelguistas de la refinería británica. Mientras estos perciban todos los inconvenientes y ninguna de las ventajas de la libre circulación, el riesgo de que brote el proteccionismo social será alto en épocas de crisis. Pero hay otro virus menos sensible a las vacunas: la enésima ola restrictiva respecto a la inmigración extracomunitaria.
En este caso no se trata de una disputa por la preferencia en el acceso a un nuevo puesto de trabajo, aunque no hay que descartar que el deterioro de la economía conduzca a ello. Más bien se basa en la imputación genérica de males nada precisos a la afluencia de inmigrantes en situación de extrema necesidad o de práctica indigencia a países en recesión que durante los próximos dos o tres ejercicios soportarán un déficit imprevisto y se verán obligados a contener e incluso a recortar coberturas sociales. La última iniciativa legislativa de Berlusconi yel referéndum del pasado domingo en Suiza reflejan, a pesar de la victoria de posiciones aperturistas en este país, la existencia de división de pareceres respecto a un asunto teñido de xenofobia.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
La huelga ilegal protagonizada por los trabajadores de una refinería de la multinacional de origen francés Total en el nordeste de Inglaterra reivindicaba que los empleos generados para la ampliación de sus instalaciones fuesen preferentemente para los británicos. La empresa contratada para desarrollar el citado proyecto es italiana, y el resultado de la protesta ha sido que a los 195 trabajadores previstos inicialmente, procedentes de Italia y Portugal, se les sumarán otro 102 puestos adjudicados a ciudadanos de Gran Bretaña. Un conflicto aislado suscitado en torno a una exigencia inadmisible en el marco de la Unión Europea ha podido convertirse en ejemplo para otras partes o en vergonzoso episodio capaz de hacer reaccionar a las democracias europeas, incluido el Reino Unido, contra lo que podría convertirse en una ola de fondo xenófoba oculta bajo el eufemismo proteccionista. Que este y otros casos actúen como vacuna o, por el contrario, contagien al resto de Europa depende de una pronta respuesta política y sindical. Pero el poder de contagio no es desdeñable, y se basa tanto en condiciones culturales y psicológicas como, paradójicamente, en la resistencia a la movilidad de los trabajadores en la mayoría de los valles europeos.
La preeminencia de los nacionales a la hora de acceder a un puesto de trabajo constituye una inclinación natural que se agudiza en época de vacas flacas. En nuestro caso, podríamos pensar en la naturalidad con la que alguien se inclinaría a reivindicar la preferencia de los ciudadanos de cada autonomía e incluso de cada localidad; una práctica que de facto está presente en la ubicación de nuevos proyectos empresariales y puede hacerse notar, por ejemplo, con la implantación del plan extraordinario de inversión local. Pero esa reacción primaria que concibe un “nosotros” restrictivo es precisamente lo que trata de corregir la democracia con la plasmación jurídica de un espacio de convivencia abierto. La libre circulación de trabajadores en el marco de la Unión no sólo es un requisito de la economía global; representa también la condición para el desarrollo humano en un entorno cada vez más interdependiente. Aunque sería necesario lograr que se garantice una competencia sujeta a reglas comunes, de manera que ningún contrato laboral cuestione la legalidad propia del país en que se suscriba y el convenio colectivo de referencia. Del mismo modo que ninguna empresa contratada fuera de su país de origen debería verse obligada a modificar su plantilla inicial con nacionales del lugar donde va a desarrolla su tarea, tampoco debería poder negarse a que los nuevos puestos de trabajo que requiera sean ocupados por estos. En este plano, no resultaría demasiado difícil lograr que el mal ejemplo de la refinería de Lincolnshire se convirtiera en vacuna. Bastaría con que el sindicalismo europeo estableciera un criterio vinculante y así lo acuerden también los estados miembros de la Unión, de manera que la directiva correspondiente no pudiera ser aplicada ni con excepciones ni con excesos.
Aunque los efectos reales de dicha vacuna dependen, al final, de que los ciudadanos europeos hagan suya la eventualidad de trasladarse a trabajar y vivir en un lugar lejano al propio domicilio e incluso en otro país. Una posibilidad que está más presente en los sectores profesionales cualificados y entre los jóvenes, pero que encuentra resistencias en sectores de cualificación media que serán precisamente los más proclives al contagio de los huelguistas de la refinería británica. Mientras estos perciban todos los inconvenientes y ninguna de las ventajas de la libre circulación, el riesgo de que brote el proteccionismo social será alto en épocas de crisis. Pero hay otro virus menos sensible a las vacunas: la enésima ola restrictiva respecto a la inmigración extracomunitaria.
En este caso no se trata de una disputa por la preferencia en el acceso a un nuevo puesto de trabajo, aunque no hay que descartar que el deterioro de la economía conduzca a ello. Más bien se basa en la imputación genérica de males nada precisos a la afluencia de inmigrantes en situación de extrema necesidad o de práctica indigencia a países en recesión que durante los próximos dos o tres ejercicios soportarán un déficit imprevisto y se verán obligados a contener e incluso a recortar coberturas sociales. La última iniciativa legislativa de Berlusconi yel referéndum del pasado domingo en Suiza reflejan, a pesar de la victoria de posiciones aperturistas en este país, la existencia de división de pareceres respecto a un asunto teñido de xenofobia.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
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