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sábado, abril 12, 2008

La Guerra Invisible

Por Amy Goodman (Democracy now!, 23/01/2008)

Se trata del conflicto más letal desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 5 millones de personas han muerto en la pasada década, y aún así pasa virtualmente desapercibido y no se informa acerca de éste en Estados Unidos. El conflicto se localiza en la República Democrática del Congo, en África Central. En el centro del conflicto se encuentran los recursos naturales del Congo y las corporaciones multinacionales que los explotan. Las perspectivas para la paz han mejorado ligeramente: un acuerdo de paz acaba de ser firmado en las provincias de Kivu, en la zona oriental del país. Pero sin un amplio proceso de reconciliación y verdad para todo el país y una renegociación de todos los contratos mineros, con toda seguridad el sufrimiento continuará.

En su último informe sobre mortalidad en el Congo, el Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) descubrió que una sorprendente cifra de 5,4 millones de “exceso de mortalidad” ha tenido lugar en el Congo desde 1998. Se trata de muertes que sobrepasan la cantidad de muertes que normalmente ocurrirían. En otras palabras, una pérdida de vidas de proporciones equivalentes a la del 11-S ocurre cada dos días, en un país cuya población es la sexta parte de la de los Estados Unidos.

Consideremos un poco de historia: tras apoyar a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, Congo obtuvo su independencia y en 1960 eligió a Patrice Lumumba, un pan-africanista progresista, como Primer Ministro. Lumumba fue asesinado poco después en el marco de una conspiración que involucraba a la CIA. EE.UU. instaló en el poder y proporcionó apoyo a Mobutu Sese Seko, que gobernó de forma tiránica durante más de 30 años, y saqueó el país. Desde su muerte, el Congo ha sido testigo de la guerra, provocada por invasiones de los vecinos Ruanda y Uganda, desde 1996 hasta 2002, y de un conflicto que aúncontinúa desde entonces.

Un aspecto particularmente horripilante del conflicto es la violencia sexual masiva que se emplea como arma de guerra. La activista de derechos humanos congoleña Christine Schuler Deschryver me contó sobre los cientos de miles de mujeres y niñas víctimas de violaciones:

“Ya no hablamos de violaciones normales. Hablamos de terrorismo sexual, porque son destruidas… no puedes imaginarte lo que está ocurriendo en el Congo. Hablamos de cirugía innovadora para recomponer a las mujeres, porque están completamente destruidas”. Christine me estaba describiendo el daño físico infligido a las mujeres, y a las niñas, una de ellas, según me contaba, de tan sólo 10 meses de edad, mediante actos de violación que involucran la inserción de palos, armas y plástico derretido. Deschryver se encontraba en EE.UU. como invitada de V-Day, la campaña de Eve Ensler para acabar con la violencia contra las mujeres, en un intento para generar una conciencia pública sobre este genocidio y apoyar al Hospital Panzi en Bukavu, ciudad natal de Deschryver.

Maurice Carney es director ejecutivo de Friends of the Congo (Amigos del Congo), en Washington, D.C.: “Dos tipos de violaciones, básicamente, se están dando en el Congo: uno es la violación de mujeres y niñas, y el otro es la violación de la tierra, de los recursos naturales. El Congo tiene una enorme cantidad de recursos naturales: el 30 por ciento del cobalto de todo el planeta, el 10 por ciento del cobre del mundo, y el 80 por ciento de las reservas mundiales de coltan. Hay que observar la influencia que tienen las corporaciones en todo lo que ocurre en el Congo”.

Entre las compañías a las que Maurice Carney culpa por alimentar la violencia se halla OM Group, con sede en Cleveland, el principal productor mundial de productos químicos complejos a base de cobalto y uno de los principales proveedores de productos químicos especializados a base de níquel. También incluye en esa lista al gigante de la industria química Cabot Corp., con sede en Boston. Cabot produce coltan, también conocido como tantalita, una sustancia difícil de extraer y componente crucial de los circuitos electrónicos, que se usan en todos los teléfonos móviles y otros productos electrónicos de consumo. Se considera que la demanda masiva de coltan fue responsable de desatar la Segunda Guerra del Congo, que duró de 1998 a 2002. Uno de los ex presidentes de Cabot es ni más ni menos que el actual Secretario de Energía de la administración Bush, Samuel Bodman. Freeport-McMoRan, con sede en Phoenix, que asumió la explotación de la enorme concesión minera que la compañía Phelps Dodge tiene en el Congo, también forma parte del juego.

La Organización de las Naciones Unidas ha emitido varios informes que critican muy duramente la explotación ilegal de parte de las corporaciones de los minerales del Congo. Una revisión de más de 60 contratos mineros realizada por el gobierno del Congo exige su renegociación o su cancelación directa. Según Carney: “El ochenta por ciento de la población vive con 30 centavos de dólar al día o menos, cuando hay miles de millones de dólares que salen por la puerta de atrás y terminan en los bolsillos de las compañías mineras”. Una pregunta importante para los que estamos en EE.UU. es: ¿Cómo pueden morir casi 6 millones de personas en un país en menos de una década a causa de la guerra y las enfermedades asociadas, y que esto ocurre virtualmente desapercibido?

sábado, febrero 09, 2008

Thorns in the Congo

Por Michael Gerson (THE WASHINGTON POST, 30/11/07):

BUKAVU, Rep. Dem. Congo — This is a town of stomach-jarring dirt streets, and fences topped with concertina wire, and charming lake vistas, and wandering goats, and burning trash, and cock crows, and soldiers with assault rifles, and banks of bougainvillea that reach two stories high. It is also a town with the world’s most brutal war just down the road.

At the center of Bukavu is a facility that houses and helps former child soldiers. One of the boys I met was 11. “They have killed,” explained one counselor, “and sometimes eaten the flesh of other people. . . . Sometimes a child is 6 years old when they start, and spends seven years in the army. They are trained to think that the civilian is nothing.”

The counselors attempt to gain the boys’ confidence, introduce them to sports to “discharge negative energy,” teach them respect for women, find out and encourage their aspirations, and eventually place them with relatives or foster parents. But the work is difficult. “They are traumatized,” says the counselor, “and you get traumatized as well.”

On the wall of the facility is a list of the militia groups from which the children have been rescued. Thirteen different groups are identified, with names that seem like random Scrabble tiles — MLC and UPC and FDLR. This is one reason that Americans have paid little attention to the war in Congo — it is complicated, and determining the good guys from the bad is not easy. But for nearly a decade, this war among abbreviations has displaced millions of civilians, destroyed Congo’s health and judicial systems, and produced war crimes beyond decent imagination.

Perhaps 4 million people have died in Congo from violence, hunger and preventable disease during the current conflict. Yet, unlike in Darfur, the cameras of the American media have seldom rolled.

However complex this war, there seems to be one ultimate cause. After the Rwandan genocide of 1994, many of the authors of those atrocities — Hutu soldiers and militia members — fled to eastern Congo behind a shield of French peacekeepers. These forces came to be known as the FDLR, which now counts between 6,000 and 10,000 troops, who are tightly organized, well funded by mining operations within Congo and as heartless as ever.

A Congolese children’s rights advocate estimates that thousands of FDLR troops are child soldiers. “All of their children are combatants,” he told me. And the FDLR’s ideology of mass murder is unchanged. Occupied villages are intimidated with mutilations and systematic rape — sexual violence so terrible the damage is sometimes beyond repair.

In the past, the governments of Congo and neighboring Rwanda have often been part of the problem — supporting one brutal militia or the other when it served their political purposes. But both nations seem to have tired of this game. This month, Congo and Rwanda signed a joint statement promising to oppose the warlords, with the goal of making eastern Congo a peaceful buffer zone instead of a source of instability.

Ending the war in Congo is likely to require both toughness and generosity. The Congolese military will need to step up pressure on the FDLR. United Nations peacekeepers in Congo are effectively securing urban areas where they operate. It would also be useful for the United Nations to secure Congo’s mines, which would deny resources to armed groups — a mission that is just beginning.

Military action, however, will need to be matched by political outreach, at least to some of the FDLR. The worst of the Rwandan genocidaires are some of the worst criminals of history. They must be captured, tried and punished, or justice has no meaning.

But the rest of the Rwandans in Congo should be treated differently. To persuade them to lay down their arms, they will need an offer of amnesty, help with resettlement and the hope of a better life back home — a genuine alternative to war.

America is deeply engaged in brokering a resolution to this conflict. But peace will also require resources. America will need to help train Congolese forces in protecting civilians and respecting human rights. We will need to help displaced men and women in Congo return home and rebuild their lives. Yet providing these resources is not a priority of the current budget in Washington.

And it probably will not be a priority until Americans focus on the lives and suffering of child soldiers and rape victims who live in a nation crowned with thorns.