El aborto de una niña violada enfrenta el Estado con la Iglesia católica en Brasil

Por RODRIGO CAVALHEIRO - Madrid - (ElPais.com, 05/03/2009)

Ni siquiera el reproche del ministro de Salud brasileño ha cambiado la opinión del arzobispo José Cardoso Sobrinho, que excomulgó ayer a la madre y los médicos que practicaron el aborto a una niña de nueve años embarazada de gemelos tras ser violada por su padrastro. "No me arrepiento. Lo que hice fue declarar la excomunión. Es mi deber alertar el pueblo, para que tengan temor a las leyes de Dios", ha afirmado hoy el arzobispo de Recife por teléfono a ElPaís.com.

Según el jefe de la Archidiócesis de Olinda y Recife (noreste de Brasil), todos los adultos involucrados en la interrupción de la gestación, que estaba en la decimoquinta semana, cometieron un "homicidio contra dos vidas inocentes". "Se trata de un holocausto silencioso, que mata un millón de inocentes en Brasil y 50 millones en el mundo cada año. Un holocausto mayor que el de los seis millones de judíos, que lamentamos cada año", ha añadido Sobrinho, miembro del ala más conservadora de la Iglesia brasileña.

El episodio ha situado en lados opuestos el Estado y la Iglesia católica en un país en donde los papeles de uno y otro no se suelen mezclar. El ministro de Salud, José Gomes Temporão, ha calificado como radical e inadecuada la posición del arzobispo. "Me estremecieron los dos hechos: lo que ocurrió con la niña y la posición de ese religioso que, equivocadamente, al decir que defiende una vida, coloca en riesgo otra igual de importante", ha afirmado a radios estatales. La interrupción del embarazo se permite en Brasil en casos de violación, riesgo de la vida para la madre o anencefalia (ausencia de una gran parte del cerebro y del cráneo del feto). "Se trata de una niña que no creo que tuviese condiciones de llevar hasta el fin la gestación de los gemelos", ha añadido Temporão.

El arzobispo se ha basado en el Derecho Canónico para defenderse de las críticas. "La excomunión es automática. Lo que hice fue declararla. Además, ellos no están condenados al infierno. Todos pueden volver a convertirse si admiten que se han equivocado. Yo recibiría con gusto a esta madre si pide perdón", ha dicho el arzobispo, que llegó a preparar un recurso ante la Justicia para impedir el aborto.

Cuestionado sobre como reaccionaría si la niña hubiera muerto al continuar el embarazo, Sobrinho ha recurrido a una anécdota. "Una médica italiana mantuvo su embarazo aún sabiendo los riesgos que corría. ¡Murió, pero se hizo santa! No podemos sacrificar una vida para proteger otra". El religioso ha agregado que la sanción también afecta a integrantes de organizaciones feministas que apoyaron el aborto, y sólo excluye a la niña violada.

El padrastro de la menor, de 23 años y que admitió los abusos, fue arrestado la semana pasada acusado de haber violado a la niña desde que ésta tenía seis años y a su hermana, de 14 años. El embarazo de 15 semanas fue descubierto después de que la menor, de 1,36 metros de altura y 33 kilos de peso, fuera ingresada en un hospital para ser atendida por fuertes dolores abdominales y mareos. La niña se recupera bien de la intervención, y podrá dejar el hospital este viernes.

¿Restos del nacionalcatolicismo?

Por Juan José Tamayo, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid (EL PERIÓDICO, 13/02/09):

Con motivo de la visita “privada” del secretario de Estado del Vaticano, cardenal Tarsicio Bertone, a España, hemos podido ver unas imágenes más parecidas a tiempos pretéritos, cuando estaba vigente el concordato de 1953 con su reconocimiento de la Iglesia católica como religión única, que a los actuales, en plena vigencia de la Constitución Española de 1978, que declara sin ambages la no confesionalidad del Estado. Difícilmente se encontrarán en los 30 años de vigencia de la actual Constitución estampas político-religiosas con una teología política tan mutuamente legitimadora como las del encuentro del cardenal Bertone con el jefe del Estado, el presidente del Gobierno, la vicepresidenta y el ministro de Asuntos Exteriores.

MUY POCO ha trascendido del contenido de las conversaciones mantenidas entre los interlocutores. Solo el mensaje que esperaba escuchar el representante del Papa: no se revisarán los acuerdos (el Concordato) con la Santa Sede; la reforma de la ley orgánica de libertad religiosa en nada afectará a los privilegios de los que disfruta de la Iglesia católica. Apenas una palabra sobre la crisis económica o una referencia a los sectores que más están sufriendo y sufrirán los efectos de dicha crisis. Parece que esos temas no entraban en la agenda ni del Vaticano ni del Gobierno, cuando están en el centro de las preocupaciones de los ciudadanos y en el escenario internacional, y constituyen el núcleo del cristianismo. ¡Qué alejamiento de la realidad y del Evangelio!

Lo que se buscaba era escenificar el nuevo clima de diálogo y la alianza Vaticano-Gobierno español. Al secretario de Estado del Vaticano le interesaba asegurar el mantenimiento del actual marco jurídico de las relaciones Iglesia-Estado y el trato de favor al catolicismo español oficial (no a todo el catolicismo). Al Gobierno le interesaba neutralizar la oposición (o, mejor, el tono de la misma) de los obispos españoles ante las reformas legales que van a sucederse durante esta legislatura. Y, a largo plazo, asegurar dos millones de votos que, según sus cálculos –a mi juicio, equivocados– podrían perder con el cambio del actual estatuto jurídico de la Iglesia católica.

Para que nada desentonara en ese clima idílico de concordia, se demoró la presentación de las conclusiones de la subcomisión parlamentaria del aborto, favorable a la ley de plazos. El día de la llegada de Bertone a España, el PSOE –con la colaboración necesaria del PP– votó en el Congreso de los Diputados en contra de varias proposiciones de IU, ERC e Iniciativa per Catalunya sobre la apostasía, la revisión de los acuerdos con la Santa Sede, la creación de una subcomisión que estudiara el tema de la eutanasia y la retirada de símbolos religiosos en la toma de posesión de altos cargos. Vuelve a repetirse la historia bíblica de la venta de la primogenitura de Esaú a su hermano Jacob por un plato de lentejas. ¿A qué precio está vendiendo el Gobierno la laicidad del Estado? Al de mantener a la Iglesia católica sus privilegios multiseculares.

DESDE HACE tiempo, y especialmente en los días previos a la visita, determinados sectores de la información católica vienen hablando del distanciamiento entre el Papa y el presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Rouco Varela, entre este y el cardenal Cañizares, e incluso han llegado a afirmar que Bertone venía a “tirar de las orejas” a Rouco. Son, a mi juicio, puras especulaciones. No existe un solo síntoma que lo demuestre. Y es normal en una institución tan centralista y jerarquizada como la Iglesia católica.

El discurso de Bertone ante los obispos españoles no dejó lugar a dudas sobre la plena sintonía entre Benedicto XVI, Rouco y Cañizares. Hay textos del mismo que son casi un calco literal de las tomas de postura del presidente de los obispos españoles. He aquí algunos ejemplos: la idea de Dios como fundamento de los derechos humanos; el “derecho natural” de los padres a la tarea educativa; la consideración del aborto como “una clara violación del orden de la Creación”; la negativa a aceptar el trato igual a todas las religiones; la superioridad de la legislación católica sobre la democrática; la defensa numantina de los símbolos religiosos en las instituciones públicas; la consideración del laicismo como hostilidad contra cualquier forma de relevancia política y cultural de la religión. Por eso, la intervención del representante del Papa en la sede episcopal de Añastro contó con el apoyo unánime de los obispos allí presentes, presididos por el arzobispo de Madrid.

TRAS LA visita de Bertone a España se ha creado un nuevo frente político-religioso formado por el Gobierno de la nación y la oposición del PP, el Vaticano y la jerarquía española, al que se ha sumado el Parlamento casi en pleno (con la excepción de IU, ICV y ERC), para defender los privilegios de la Iglesia católica y frenar la construcción del Estado laico. La visita de Bertone ha sido muy rentable para el Vaticano y la Iglesia católica. ¿Y para el Estado?

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

La ayuda de EE UU se vuelve laica

Por YOLANDA MONGE - Washington - (El País.com, 06/02/2009)

Barack Obama garantizó ayer que las ayudas del Estado tendrán orientación laica, sin favorecer a una religión sobre otra ni a los grupos religiosos sobre los seculares. El presidente de Estados Unidos decía adherirse así al estricto principio jeffersoniano recogido en la Constitución norteamericana que establece la separación entre Iglesia y Estado.

En un discurso pronunciado durante el Desayuno Nacional de Oración, una tradición de los presidentes desde hace décadas, Obama anunció la reorganización de la oficina de asuntos religiosos de la Casa Blanca con el fin de asegurar que el dinero del Estado no se emplea en la promoción de un determinado credo ni en perjuicio de los no creyentes. "Esta oficina simplemente servirá para actuar en beneficio de aquellas organizaciones que trabajan por nuestras comunidades y lo hará sin desdibujar la línea tan sabiamente diseñada por nuestros padres fundadores", declaró el presidente antes de la firma del decreto que define los nuevos objetivos de la oficina federal.

Durante el acto, el presidente encontró el momento para hablar de su propio camino dentro de la fe. Tras reconocer que no había crecido dentro de un ambiente "especialmente religioso" -"tuve un padre que nació musulmán y se convirtió al ateísmo, unos abuelos metodistas y baptistas que no eran practicantes y una madre escéptica de las formas organizadas de religión"-, Obama contó haber abrazado tarde el cristianismo. "Y sucedió no por adoctrinamiento o una revelación repentina, sino por trabajar mes tras mes con gente de la iglesia que quería ayudar a sus vecinos, sin importar de dónde fueran, qué aspecto tenían o a quién rezaban". Tras reconocer que "la fe ha sido a menudo un arma divisoria responsable de guerras y prejuicios", el presidente declaró, sin embargo, que "no existe ninguna religión cuyo principio sea el odio". "No existe un Dios que apruebe quitar la vida a un ser humano inocente".

Durante su campaña electoral, Obama prometió que modificaría el cometido de la oficina de asuntos para la fe creada bajo el mandato de George Bush y que daba a los grupos religiosos acceso, frecuentemente privilegiado, a los fondos federales. La Administración Obama quiere estar segura de que el dinero de los contribuyentes canalizado a través de esa oficina tiene un fin social libre de sellos religiosos, que se da de comer al hambriento o se alberga al que no tiene hogar, pero sin hacer proselitismo.

Obama describió el encuentro de ayer como una de esas "raras oportunidades" que unen al mundo en un momento de paz y de buena voluntad. El Desayuno Nacional de Oración tiene sus orígenes en la ciudad de Seattle durante los años de la Gran Depresión, cuando a los líderes de las comunidades no les quedó otra cosa más que rezar después de haber hecho todo lo posible por ayudar a los más desfavorecidos.

La Iglesia, el sombrero y la cabeza

Por Miguel Angel Quintanilla Navarro, politólogo (EL MUNDO, 05/02/09):

«La Iglesia nos pide que al entrar en ella nos quitemos el sombrero, no la cabeza», afirmaba Chesterton. La agenda que el Gobierno ha diseñado para sostener el voto radical que le permitió renovar su mandato puede estar dando origen a alguna reacción equivocada y contraproducente, y conviene mantener la cabeza en su sitio, aunque sólo sea para poder quitarnos el sombrero como es debido.La reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre Educación para la Ciudadanía, independientemente de sus matices, hace aún más urgente esta tarea. Quizá a ella contribuya recordar lo siguiente:

1) El hecho decisivo del cristianismo no es proporcionar una moral sino proclamar y preservar la noticia de un suceso histórico inconmensurable: la encarnación, muerte y resurrección de Cristo.En esencia, el credo. Mezclar esto en las réplicas a Pepiño parece algo inconveniente.

2) La adhesión al credo cristiano sólo puede producirse mediante una elección personal que es posible porque Dios nos ha querido situar en esa encrucijada: la libertad personal (no la libertad del núcleo familiar o de la escuela o de la sociedad, sino la libertad de cada persona, sin negar la importancia crucial de estas instituciones) es la condición de posibilidad de la salvación desde una perspectiva cristiana. Por eso puede haber católicos allí donde no hay ni familia ni escuela, ni siquiera sociedad reconocible, como bien saben los misioneros. Lo que hay es Iglesia.

Esa adhesión ni debe ser impedida o dificultada por el Estado ni puede ser suplida por él o encomendada a él.

3) La Iglesia católica no suele agobiar a sus fieles ni dirigirles grandes admoniciones morales. En particular, la doctrina sobre la revelación en San Buenaventura que ha desarrollado Benedicto XVI procura una interpretación «viva» de la misma, asociada especialmente a los humildes y a los sencillos. De lo que hablamos, en todo caso, es de asuntos mayores: el debate acerca de la asunción de María que Ratzinger evoca en su breve autobiografía puede ser un ejemplo de lo que realmente está en juego y de la relativa insignificancia que frente a esto tienen las ocupaciones en las que se afanan últimamente algunas personas en nombre de su fe.

4) Pretender el Paraíso en la Tierra no es una tarea propia de la Iglesia ni de quienes se sienten próximos a ella. Ni para hacer la revolución en Nicaragua ni para hacer una revolución conservadora en Europa (lo que, entre otras cosas, constituye una contradicción palmaria, puesto que lo que define a un conservador es la aversión a la revolución). Tiene sentido -y se tiene derecho a hacerlo- oponerse a la injerencia del Estado en asuntos que son propios de la vida privada, pero si se pretendiera sustituir un dogma que se promueve mediante las instituciones del Estado por otro dogma de sentido inverso, entonces simplemente se reproduciría el error.

Esa pretensión no denotaría un comportamiento piadoso sino un yerro intelectual y un extravío moral. La virtud que se opone al relativismo moral no es el absolutismo moral, sino una honesta pretensión de la verdad en cada caso y el reconocimiento de la complejidad intelectual y ética de las diversas circunstancias que concurren en la vida social.

Esto no significa que la Iglesia deba ser tolerante, sino que es una lástima que, siendo tan misericordiosa como es, su misericordia no sea más visible.

5) El hombre puede rechazar el plan que Dios ha trazado para él, y quien pretende que no pueda rechazarlo, por ejemplo empleando para ello el Estado, no sirve a la voluntad de Dios. Los fariseos y los doctores de la ley «frustraron el plan de Dios sobre ellos», nos dice San Lucas (7,30). Que el hombre pueda frustrar a Dios puede parecer algo sorprendente, pero por eso para los cristianos Dios es tan amable, en el sentido fuerte del término: El quiere que podamos rechazarlo, que tengamos la última palabra, aunque no sea la que le gustaría oírnos.

6) El único valor jurídico que un cristiano debe procurar que se respete en su condición de cristiano es el de la libertad para ser cristiano. Esto puede requerir algunas condiciones materiales esenciales o algunos derechos y delitos tipificables, pero no muchos. Y, además, aparte de eso, un cristiano puede pedir mil cosas más y participar en cuantos debates considere oportuno, pero conviene distinguir bien lo que se pide en calidad de católico, por ejemplo, y lo que se pide mediante argumentos que pueden formar parte de una argumentación aceptable por quienes no son creyentes o aun siéndolo divergen en asuntos políticos o de moral.

El lamentable éxito del Gobierno tiene dos caras: está sabiendo hacer creer que quienes argumentan contra su agenda radical lo hacen en el ejercicio de una fe respetable pero privada, y por tanto lo que les solicita es que no pretendan imponer su fe a los demás; en segundo lugar, también está sabiendo hacer creer que la fe cristiana consiste en hablar de la eutanasia o de la educación para la ciudadanía, es decir devalúa la esencia del mensaje evangélico.

Esto no significa que estos temas no sean importantes; lo que significa es que hay cosas aún más importantes. No se logrará fortalecer las virtudes del cristiano si se le hurta lo esencial o si se debilita la liturgia porque hay cosas más urgentes de las que ocuparse, como referirse a las barbaridades que hace el Gobierno. Hay quien ha consagrado con cava para dejar claras sus simpatías.

Es posible y deseable oponerse a la necrolatría gubernamental mediante razones y principios más anchos que los del credo, lo que no significa más profundos. En materia de oposición al Gobierno en una democracia de lo que se trata es de componer mayorías amplias, no de convertir a nadie; es una cuestión de anchura, no de profundidad. Un católico lúcido no se va a movilizar para que las leyes sean católicas; se movilizará para que sean buenas, se movilizará para defender la libertad de todos, en uso de la cual él irá a misa y rezará. Es la posibilidad e incluso la facilidad de no hacerlo la que da valor a sus actos.

La capacidad de la Iglesia para influir en las conductas no puede provenir del Estado, y el Estado no podrá debilitar esa capacidad si se obra con cuidado y si se preserva la libertad. Esa capacidad de influir debe provenir de la fidelidad al evangelio, de la ejemplaridad y de la inteligencia. La Iglesia debe aspirar a que las personas, libremente, elijan bien; y debe confiar en el criterio de sus fieles.

Finalmente, quizá haya que preguntarse si no será la parroquia y no el colegio el lugar idóneo para la enseñanza del Evangelio, especialmente cuando nuestro sistema educativo es básicamente una institución fallida cuyos vicios y debilidades se contagian a todo lo que acontece en las aulas. Pero ese problema va mucho más allá de una sentencia del Tribunal Supremo.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Contradicciones episcopales

Por Juan José Tamayo, director de la cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III de Madrid (EL PERIÓDICO, 30/12/08):

Los obispos españoles han vuelto a utilizar una fiesta litúrgica del calendario católico, la de la Sagrada Familia, para arremeter en tromba contra las leyes sobre el matrimonio y la familia aprobadas en el Parlamento. Tres han sido los escenarios elegidos para ello: las cartas pastorales, desde las que han responsabilizado a la ideología de género de la disolución de la familia, las catedrales de algunas diócesis españolas, donde los obispos han pronunciado homilías con una fuerte carga antiparlamentaria, y la misa multitudinaria de la plaza de Colón, reedición de la concentración del año pasado, que tuvo un marcado tono político deslegitimador del Gobierno socialista y, en cierta medida, del sistema democrático, al acusar al Parlamento de poner en peligro la democracia.

El cardenal Rouco Varela ha mostrado su estremecimiento por “el hecho y el número de los que son sacrificados por la sobrecogedora crueldad del aborto”, a los que ha definido como los nuevos Santos Inocentes de la época contemporánea. Monseñor Blázquez, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo de Bilbao, ha responsabilizado de las dificultades que vive hoy la familia “al ambiente cultural y a algunas leyes”, ha afirmado –con desconocimiento de los datos de la antropología cultural– que en todas las culturas y los pueblos a lo largo de la historia el matrimonio es la unión del varón y de la mujer, ha calificado el “divorcio exprés” de duro golpe a la estabilidad de la familia y considera una desfiguración sustancial llamar matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo. Monseñor Martínez Camino, secretario general de la CEE, ha ido todavía más lejos en la descalificación de las leyes hasta declarar que nunca ha habido una legislación sobre el matrimonio más irracional que la que hay hoy en España.

Los obispos están en su derecho a hacer este tipo de afirmaciones en el ejercicio de su libertad de expresión. Pero creo que incurren en una serie de contradicciones que resumo en el siguiente decálogo.

1. Defienden el matrimonio y la familia quienes no pueden casarse ni formar una familia. Los obispos y los sacerdotes del rito latino, en el momento de ser ordenados, renuncian al matrimonio y sustituyen de esta forma la paternidad humana por la paternidad espiritual, que consideran más fecunda y universal.

2. Defienden la indisolubilidad del matrimonio, conforme a lo establecido en el Código de Derecho Canónico: “El matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni por ninguna causa fuera de la muerte” (n. 1141), cuando la propia Iglesia católica cuenta con tribunales especiales dedicados a la disolución del vínculo matrimonial.

3. Consideran la procreación como uno de los fines del matrimonio, son partidarios de las familias numerosas y se oponen a los métodos anticonceptivos, cuando ellos no pueden procrear por el voto del celibato que les obliga a la abstinencia sexual de por vida.

4. Defienden la vida del no-nacido y se oponen al aborto, al que califican en todos los casos de asesinato u homicidio, cuando han justificado la pena de muerte y ponen hoy objeciones a la despenalización de la homosexualidad que, al menos en ocho países, se condena con dicha pena.

5. En cuestiones relativas a la sexualidad, el matrimonio, el origen y el fin de la vida, quieren imponer a todos los ciudadanos como ley natural lo que no es más que doctrina católica sostenida por la jerarquía, muchas veces discutida dentro de la propia Iglesia.

6. Hablan de retroceso de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico apelando a determinadas leyes que, en realidad, amplían el ejercicio de dichos derechos. Con ello demuestran una clara incoherencia al exigir reconocimiento pleno de los derechos humanos en la sociedad, cuando ellos los desconocen y no los ponen en práctica en el seno de la comunidad cristiana.

7. Se oponen a la homosexualidad, considerada pecado, desviación natural o perversión moral, haciendo una lectura fundamentalista y descontextualizada de los textos bíblicos.

8. Confunden lo moral o, mejor, su propia idea de lo moral, con lo legal, y creen que lo que para ellos es pecado debe ser considerado delito y penalizado por las leyes.

9. Presentan la familia cristiana como paradigma único de convivencia, desconociendo que hay otros modelos legítimos inspirados en valores laicos o de otras religiones y confundiendo con frecuencia la familia cristiana con la familia patriarcal.

10. Se oponen a la investigación con células madre embrionarias considerando que un embrión es lo mismo que una persona, cuando eso significar mantenerse –¿a sabiendas?– instalado en un error científico y cuando esa oposición implica la renuncia a la curación de múltiples enfermedades y a la felicidad de muchas parejas.

¿Ignorancia, error o simple incoherencia lógica e ideológica? Que juzgue cada cual.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Una fórmula de compromiso

Por Pablo Santolaya, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Alcalá (EL PAÍS, 05/11/08):

Asistí hace pocas semanas a la apertura de curso de las universidades de Madrid, celebrada esta vez en la Complutense. Una parte de la ceremonia estuvo dedicada, como es habitual, a la toma de posesión de los nuevos catedráticos y profesores titulares. Al tratarse de la universidad más grande del país, afectaba a un número importante de docentes. Me preparé, pues, a ser testigo de un gran número de renuncias, más o menos voluntarias, a un derecho fundamental: el que afirma, con rotundidad -y con escaso éxito, al menos a estos efectos- que “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias” (artículo 16.2 de la Constitución).

Y es que la toma de posesión de todos nuestros cargos públicos y altos funcionarios se realiza con un ritual, ideado en la transición y de aparente neutralidad, en la que se presenta ante ellos una Biblia y una Constitución -en ocasiones, pero sólo en ocasiones, el escenario se empeora notablemente situando entre ambos textos, un crucifijo- y se les ofrece la alternativa entre pronunciar la palabra “juro” al mismo tiempo que posan su mano en el texto de las Sagradas Escrituras, lo que constituiría un compromiso religioso de cumplir las obligaciones de su cargo, o utilizar la palabra “prometo” sobre nuestra norma fundamental, para cumplimentar, con una fórmula civil, exactamente lo mismo.

Ni siquiera se prevé la posibilidad de que sea, al mismo tiempo, ferviente creyente y ardoroso partidario de nuestra Constitución, que los hay, y, mucho menos, que el funcionario de un país en el que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” (artículo 16.3) pueda tener una religión que utilice como texto sagrado otra cosa que no sea la Biblia, de manera que, por ejemplo, un funcionario musulmán probablemente opte por la versión laica, como alternativa menos lesiva de su libertad.

Me dispuse a asistir a un acto insólito: la renuncia de decenas de personas de alto nivel intelectual, todos ellos doctores en sus respectivas disciplinas, a uno de los derechos fundacionales del Estado constitucional. Lo hice con una curiosidad muy extendida, a medio camino entre la sociología y el cotilleo: saber, aproximadamente, qué tanto por ciento de nuestros profesores declaraban públicamente su catolicismo o laicidad. El país entero tuvo ocasión de hacerlo hace unos meses cuando el presidente del Gobierno y los ministros tomaron posesión ante el Rey.

Hasta donde tengo conocimiento, nuestro Tribunal Constitucional no se ha ocupado nunca de este concreto aspecto de la libertad ideológica o religiosa, pero sí lo ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un reciente caso (Alexandridis contra Grecia, de 21 de febrero de 2008).

El señor Alexandridis es un abogado que, en el momento de iniciar su actividad profesional, debe prestar juramento ante el Tribunal de Primera Instancia de Atenas. Dado que Grecia tiene constitucionalmente reconocido (artículo 3) que en el país existe una “religión prevalente” se le ofrece una Biblia ortodoxa. Se niega a hacerlo y pide realizar una promesa solemne no religiosa, lo que le es inmediatamente concedido por el Tribunal. Sin embargo, el señor Alexandridis, cuya futura carrera quizá sea conveniente seguir, considera que ha sido forzado a declarar que no era de religión ortodoxa, vulnerando sus derechos constitucionales.

Su pretensión no tiene amparo ante los tribunales helénicos, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que el procedimiento griego de prestación de juramento se basa en la presunción de que los abogados, y en general todos los funcionarios son cristianos ortodoxos y desean prestar el juramento religioso, de manera que el recurrente fue obligado a declarar que no lo era, y por tanto a revelar sus creencias. Por ello declara, por unanimidad, que se ha vulnerado su libertad de pensamiento, conciencia y religión prevista en el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Soy consciente de que la doctrina no es exactamente aplicable a la toma de posesión de nuestros cargos y funcionarios públicos, pero añade serias dudas adicionales a la corrección de nuestra práctica, y pone de manifiesto la necesidad de modificar la fórmula.

Por eso me pareció una idea particularmente adecuada la empleada en la Universidad Complutense. Al comenzar el acto, el rector anunció que uno de los nuevos profesores iba a prestar en nombre de todos ellos la “fórmula de compromiso” y leyó un texto exquisitamente neutral, al que, uno a uno, fueron adhiriéndose docentes de las más variadas especialidades, y, supongo, ideologías y creencias que no desvelaron, pronunciando sencillamente “me comprometo” y sin otro texto por testigo que aquel al que todos los españoles debemos nuestras libertades, incluida la de profesar cualquier religión o ninguna.

Una vez más las buenas ideas provienen del campo universitario, y bien harían los poderes públicos en copiar la fórmula complutense. No teman, no habrá problema alguno de propiedad intelectual; al contrario, será otra de las aportaciones con la que las universidades públicas tratamos de devolver a la sociedad parte de los recursos que invierte en nosotros.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Sarkozy y Benedicto XVI

Por Olegario González de Cardedal (ABC, 07/10/08):

LOS hombres grandes, los pensadores de visión luminosa, los políticos perspicaces miran con amor hacia delante suscitando esperanza, mientras que los hombres pequeños, los pensadores superficiales, los políticos de visión provinciana, miran sólo al pasado con rencor y al presente con desdén. Los humanos necesitamos guías que den que pensar, ofreciéndonos metas dignificadoras y abriendo caminos a la generosidad innata en el ser humano.

París ha propiciado el encuentro de dos hombres dispuestos a hacer de la cultura y del diálogo, en libertad y aceptación recíproca, el ámbito de encuentro entre los hombres de procedencias espirituales, sociales y religiosas distintas. Benedicto XVI ha hablado del camino de la teología y de las raíces de la cultura europea. En ella los monjes han sido pioneros y pilares, de lo que el cristianismo ha aportado y puede seguir aportando a la construcción de Europa, contribuyendo a ese triple quehacer permanente: roturar los campos para que, dando pan y vino, alegren el corazón del hombre (cultivo de la tierra); alentar los dinamismos del espíritu humano, recogiendo todas las aportaciones espirituales de Israel, Roma, Grecia, mundo islámico y mundo moderno (cultura); abrir la inteligencia y el corazón a la revelación de Dios, respondiéndole en la alabanza y la creación litúrgica (culto). Buscar a Dios y acompañar al hombre, renuncia a la inmediatez de la acción y del instinto para abrirse a la dimensión de eternidad, ínsita en nosotros: tales fueron pasiones permanentes de los monjes, signos así de la mejor humanidad. «Como encinas vigilantes son, de hoja y fruto perenne», decía de ellos Montalembert. He aquí sus tres grandes lemas: buscar a Dios («quaerere Deum»: si de veras busca a Dios, pregunta el abad a quien llama a las puertas del monasterio); la divina alabanza unida al trabajo esforzado (ora et labora); acoger a cada huésped como si fuera Cristo en persona (hospites tanquam Christus suscipiantur). Todo hombre tiene que cultivar hoy una dimensión monástica: interioridad, oración y silencio, con abertura a un Absoluto de amor, si quiere preservar su dignidad personal de la trivialización, la rutina y la desesperanza.

En el solar de Europa están vivas esas semillas y raíces monásticas. De ellas nació el amor a la palabra y a la Escritura, al arte del libro y su lectura. La crítica textual, la filología, la hermenéutica nacieron de la pasión por entender la Biblia, y a la vez que ella por entender a Homero, Platón, Virgilio y Cicerón. El Papa hace varias citas de un gran benedictino Dom J. Leclercq, cuya obra clásica, que reaparece estos días en castellano, lleva por título: «L´amour de Dieu et le désir des lettres»: amor de Dios que suscita el deseo de conocer las palabras y la Palabra, porque en ella están incluidos el ser de las cosas y el destino del hombre. Cuando las «letras» llegan hasta el fondo rozan la presencia y despiertan el deseo de Dios, a la vez que invitan a un silencio audiente. Machado sabía de ello y por eso con humildad de creador invitaba a sus compañeros de pluma: «Poetas, sólo Dios habla».

Más innovadoras que el discurso del Papa, reasumiendo ideas familiares desde los comienzos de su pontificado sobre la necesaria correlación entre fe y razón como único camino para superar fundamentalismos y relativismos mortales, son las palabras de Sarkozy: proclamación de una nueva manera de establecer la relación entre la República francesa y las religiones. Partiendo de las palabras primigenias: libertad, igualdad, fraternidad, y para ser fiel hasta el final a ellas quiere acoger e integrar todas las aportaciones de la sociedad, que respetan los derechos humanos, aceptan la división de órdenes de realidad y están dispuestas a integrarse en un sistema de libertades y deberes cívicos.

Sarkozy ha tenido el coraje de enumerar los problemas comunes a todos hoy: la crisis de sentido, de la familia, de la democracia, del medio ambiente. Por ello después de felicitar al Papa como «hombre de convicciones, de saber y de diálogo» afirma que en la sala del antiguo monasterio cisterciense donde tenía lugar el encuentro, estaban representadas todas las fuerzas, grupos y movimientos vivos de la sociedad francesa. Habían sido invitados todos, incluidos los representantes de otras religiones y tradiciones filosóficas, agnósticos o no creyentes. «En la República laica que es Francia, todos, Santo Padre, os acogen con respeto, como cabeza de una familia espiritual cuya contribución a la historia de Francia, a la historia del mundo, a la civilización no es contestable ni contestada».

Pasa luego del recuerdo de lo que ha sido el cristianismo, como religión determinante de la historia europea anterior, a lo que pueden seguir siendo en el futuro él y las demás religiones. «Por ello, dice, yo apelo a una laicidad positiva, una laicidad que respeta, una laicidad que congrega, una laicidad que dialoga, y no una laicidad que excluye o que denuncia. En esta época en la que la duda, el repliegue sobre sí mismos, ponen a nuestras democracias ante el desafío de responder a los problemas de nuestro tiempo, la laicidad positiva ofrece a nuestras conciencias la posibilidad de intercambiar ideas, más allá de las creencias y los ritos, sobre la orientación que queremos dar a nuestras existencia, la búsqueda de sentido… La laicidad positiva, la laicidad abierta, es una invitación al diálogo, una invitación a la tolerancia, una invitación al respeto. Dios sabe que nuestras sociedades tienen necesidad de diálogo, de respeto, de tolerancia, de calma». No es sólo Sarkozy quien hace estas preguntas y propuestas. «¿Quién se atreve hoy a decir a la sociedad lo que le falta y que, siéndole desconocido, le es esencial?», escribía no hace mucho Habermas.

Francia tiene dos polos: la Sorbona, es decir, la Razón y la República por un lado; Lourdes, es decir, la fe, la oración y la misericordia por otro. Sobre ese fondo de hechos podía decir De Gaulle: «La República es laica, Francia es cristiana». Sarkozy ha levantado acta de las nuevas tareas y desafíos comunes a todos. El Papa, dejando el París de la cultura y de la Academia francesa de la que ya era antes miembro, llega hasta la gruta de Lourdes donde a los pies de Nuestra Señora muchos han recuperado la salud y muchísimos más han recobrado la paz y la esperanza.

¿Podría yo decir que tengo envidia de la Francia laica? En ella ha florecido el estudio de la cultura y espiritualidad españolas. A nuestros espirituales y místicos han dedicado sus admirables obras Blondel, Maritain, Baruzi. Más recientemente Orcibal, Cognet, Armogathe, J. Peres y la misma J. Kristeva han vuelto la mirada a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz, como maestros perennes de la palabra, del espíritu y de la cristianía. El CNRS, equivalente de nuestros CSIC, sigue con sus departamentos de ciencias de las religiones, ediciones de textos bíblicos, griegos, latinos, y de aquellas ulteriores tradiciones teológicas sin las cuales son ininteligibles los grandes autores de Occidente: Descartes y Pascal, Spinoza y Kant, Hegel y Unamuno. Entre nosotros la cultura oficial durante el ministerio de J. M. Maravall barrió del CSIC los Institutos correspondientes. ¿Cómo es posible que algunos consideren alienadoras la dimensión y ejercitación religiosa de la existencia humana y, si no las reprimen con violencia, las excluyan con desprecio? Habiendo patologías por el lado de la fe y por el lado de la razón, están llamadas a una reciprocidad crítica, no a un acoso recíproco.

Sarkozy ha renovado la propuesta pública, que había anticipado primero en Roma y luego en Arabia Saudí, donde pidió reciprocidad entre cristianos y musulmanes, reclamando que se dé en aquellos países a los cristianos el mismo trato que se da a los musulmanes en Europa. Frente a arcaísmos y laicismos beligerantes debemos repetir la afirmación de Kant: «Una religión que sin escrúpulo declara la guerra a la razón, a la larga no se sostendrá contra ella». Nosotros completamos: «Una razón que sin escrúpulo declara la guerra a la religión a la larga no se sostendrá contra ella». Han pasado los tiempos de declaraciones de guerra. Las palabras tanto de Sarkozy como las de Benedicto XVI llegan en son de paz invitando a la aceptación recíproca, al diálogo y a la colaboración.

Poderes terrenales

Por Pablo Salvador Coderch, catedrático de Derecho Civil de la Universitat Pompeu Fabra (EL PAÍS, 01/10/08):

Una cosa es separar la Iglesia del Estado y otra muy distinta nacionalizar la religión misma. Lo primero está bien, pero lo segundo es una simpleza que además nunca acaba de funcionar medianamente. Ni los franceses, maestros en escatología laica, han conseguido, tras más de dos siglos de esfuerzo sostenido, poco más que alzar el telón a la posteridad como sucedáneo de la eternidad.

Y es que, a ojos de una comunidad de creyentes sinceros, el poder terrenal es inane ante el celestial precisamente cuando persigue apropiarse de este último, algo que, por definición de religión, no puede lograr de ninguna manera: el Estado puede tratar de ayudarnos a vivir más y mejor, pero no puede competir con quien nos promete el cielo. Al respecto, debería hacerse a un lado para dejar a las religiones su lugar, con cuidado de no molestar a quien recita, sincero, su credo, pero con precaución por si acaso en tal o cual comunión religiosa hay quien alberga malas intenciones contra su prójimo.

No suele ser el caso, pues aunque las religiones tienen sus reglas propias que nunca o casi nunca son de origen estatal, desde siempre, los poderes públicos han tratado de controlar o, al menos, de contener el fenómeno religioso, que originariamente les es ajeno.

Es cierto que el intento seudosecularizador y moderno de nacionalizar la religión no es del todo vano, pero únicamente en lo que tiene de reducción de su ámbito de influencia no estatal en la vida civil. O militar: poco más de un siglo después de su gran Revolución, Francia abordó la locura de la Primera Guerra Mundial con un capellán castrense por cada 40.000 soldados frente a Estados Unidos, que en la misma época, preveía uno por cada 1.000 (Michael Burleigh, Earthly Powers, HarperCollins, 2005, página 455). El hiato, así, entre el laicismo galo y la religiosidad americana viene de antiguo. Sin embargo, como religión política, el laicismo republicano francés queda en decorado insincero y, desde sus orígenes, a finales del siglo XVIII, ha tenido un aire kitsch que fuerza el semblante grave más que lo favorece. Su tabla de salvación es el nacionalismo, no su componente laica; la memorable Marsellesa, no el matrimonio civil; la Torre Eiffel, no el Panthéon.

Lo mismo que ocurre con la religión sucede con el deporte y con la lengua: en los tres casos, nos movemos en un mundo de reglas no creadas por ningún Estado, que éstos intentan nacionalizar con mejor o peor fortuna. Y también en los tres ámbitos, la comunidad emocional es mucho más sencilla de conseguir que la intelectual y la productiva.

Por ello es comprensible que los Estados caigan en la tentación de afanarse por hacerse antes con los corazones de las gentes que con sus cerebros. A su coste: el hijo de un médico católico francés aficionado al Paris Saint-Germain, hablará francés a los dos años; abrazará los colores del equipo paterno a los siete y a los catorce empezará a preguntarse por la religión. Pero la condición de médico, puramente intelectual, no la heredará, sino que deberá ganársela a pulso en buenas escuelas.

Así, los políticos pueden pugnar más por hacerse con el control de la lengua, del adoctrinamiento de los niños y de las selecciones nacionales que por la enseñanza de las profesiones y oficios, de la ciencia y tecnología. Y por esto, también, mi primera y fundamental oposición al Estado como poder terrenal es que persigue alcanzar la cohesión y el éxito por el camino más fácil: es, efectivamente, más sencillo predicar que dar trigo.

Sin embargo, las religiones están para quedarse, pues en todo el mundo y en todos los tiempos, creyentes y laicos han respetado, nada más verla, la entrega absoluta de un religioso a la comunidad. El éxito renovado de los movimientos religiosos incluso de los que amparan las mayores violencias -como Hamás en la Franja de Gaza o Hizbolá en el Líbano, que no sé yo si odian más a los israelíes que a sus propios conciudadanos-, se explica porque incluyen redes efectivas de atención y ayuda a los más desposeídos.

A años luz de lo anterior y en un entorno democrático y cordial, la mayoría de los españoles criticamos la aspereza doctrinal de la Iglesia Católica, pero muy pocos osarían censurar la generosidad abrumadora de Cáritas Diocesana o de mis amigas de la Obra Social de Santa Luisa de Marillac, acogedora de los sin techo de mi ciudad, pobres entre los pobres.

Versión laica del ‘non possumus’

Por Gregorio Peces-Barba Martínez, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid (EL PAÍS, 15/08/08):

Con la solemne afirmación del rechazo total formulada en latín non possumus, (no podemos), la Iglesia católica ha expresado en muchas ocasiones su distancia y su rechazo de situaciones civiles radicalmente innegociables. Es el no de Clemente VII a Enrique VIII para divorciarse de Catalina de Aragón, el de Pío IX que se opuso a devolver a un niño judío a su familia en el terrible caso Mortara, o todos los non possumus del siglo XIX frente a la modernidad.

Esta tajante negativa ante situaciones sociales y humanas supone desde el punto de vista de la Iglesia la existencia de unos espacios exentos, de unas zonas inmunes, de unos cotos vedados reservados a su decisión, donde el poder soberano no puede entrar ni resolver. Para la Iglesia es el límite de la democracia que choca con su ética de la verdad. Es también intelectualmente el límite para el siglo de las luces y de su idea del hombre centro del mundo y centrado en el mundo.

La Iglesia reclama un derecho de veto frente al contrato social, a los acuerdos de las mayorías, y la idea de soberanía popular. Son los signos más evidentes del carácter antimoderno de la Iglesia católica que quisiera para sí lo que está institucionalizado en países como Irán, donde un poder religioso está por encima del poder de un presidente de la República elegido por sufragio. ¡Quién iba a decir a la Iglesia de Lepanto que envidiaría con el paso del tiempo a las estructuras jurídicas de sus enemigos ancestrales!

No sólo el Vaticano ni el Papa, también la Iglesia institucional española ha repetido en innumerables ocasiones que es depositaria de verdades que están por encima de las coyunturales mayorías y de la soberanía popular. También algún arzobispo ha recordado no hace mucho a un congreso de laicos que no son de este mundo, resucitando la vieja idea de san Agustín de las dos ciudades, la de los justos y la de los pecadores.

Desde esas coordenadas intelectuales antimodernas que desconfían del impulso social y político desde la idea un hombre un voto, se puede afirmar la difícil coexistencia y la más difícil lealtad de la Iglesia con la democracia, que no actúa desde la ética de la verdad sino desde la difícil ética que se mueve entre la dialéctica de dudar y decidir.

Por eso está justificado desde el lado de la democracia, en la cultura jurídica y política moderna, poner límites a la soberbia pretensión de la Iglesia de tener la última palabra en el ámbito público y señalar las incompatibilidades radicales de su visión premoderna del mundo y de la vida, desde un non possumus laico y secularizado frente a los abusos eclesiásticos. También frente a esa laicidad “descafeinada” que pretende la convivencia del pluralismo y de la neutralidad del Estado con privilegios y con una situación de diferencia con las demás religiones, en base a una “realidad social” mayoritaria, de su función nacional y de su influencia sobre la cohesión de España.

El principio de la Paz de Augsburgo -cuis regio euis relegius- como forma transitoria para que el poder político, en cada caso, decida sobre la religión de su pueblo, hasta la proclamación de la paz religiosa y de la tolerancia del Tratado de Westfalia se transformaría hoy para estos eclesiásticos resistentes en cuius religio ius et regio.

Frente a toda esa cultura institucional católica que niega la modernidad, es necesario ese non possumus, para señalar lo que desde la cultura democrática no se puede aceptar de las posturas de la Iglesia.

Son todos aquellos comportamientos que llevan a la conclusión de la incompatibilidad de la Iglesia con la democracia, pese a la solemne declaración de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, hoy abandonada en la práctica.

No podemos olvidar las bases de nuestra convivencia, la tolerancia, la libertad, la igualdad, el respeto a la conciencia individual, el pacto social, el constitucionalismo, la separación de poderes o los derechos humanos rechazados reiteradamente por la doctrina de la Iglesia en el siglo XIX y también después, casi hasta nuestros días. La Iglesia católica se siente incómoda en un escenario que contempla desde su verdad y desde una idea del bien incompatible con cualquier punto de vista que no lo acepte.

Ante ese panorama no podemos asumir la idea de que la Iglesia es el puntal ético para fundamentar a “estas sociedades desmoralizadas y desorientadas”, ni que es poseedora de un patrimonio de verdades últimas sobre el ser humano que condicionan la democracia.

No podemos tampoco aceptar el rechazo de la laicidad que es la esencia de la democracia moderna, con igual trato a todos los ciudadanos. No podemos facilitar la presencia de símbolos religiosos que discriminen a las demás religiones, ni tampoco equiparar a las autoridades eclesiásticas con las civiles ni podemos escenificar alianzas excluyentes y discriminatorias en la necesaria cooperación con las iglesias, ni basar el orden público en la moralidad de una sola religión ni aceptar un vínculo sustancial previo de una concepción del bien que limite la soberanía del Estado.

Tampoco podemos aceptar que problemas éticos sean decididos por la Iglesia, sin perjuicio de regular en su caso la objeción de conciencia y siempre respetando su libertad de expresión, en temas como el matrimonio, las relaciones familiares, la investigación científica, sobre la forma de acabar las vidas indignas y de imposible recuperación.

No podemos aceptar límites a la libertad y al pluralismo desde una verdad que se esgrime dogmáticamente, ni acusaciones de relativismo a una realidad que tiene sólidas raíces históricas desde la recuperación de la luz por los seres humanos en la Ilustración, fuente última de la autodeterminación individual y de la democracia.

No podemos aceptar la tesis de la esencia católica de la identidad nacional ni confundir ciudadanos con creyentes. Es el rechazo de los reduccionismos simplificadores de la identidad como hecho histórico incontrovertible, de la historia de Europa con el cristianismo y del cristianismo con la Iglesia católica. No podemos tampoco aceptar su acrítica inocencia histórica con la que afronta sus errores, sus desviaciones o sus graves ataques a la dignidad humana, ni tampoco la consideración como inferiores de todos sus interlocutores en los planos moral y racional, incluyendo a las máximas autoridades civiles representantes de la soberanía popular.

Finalmente, no podemos aceptar la postura de la Iglesia respecto a la democracia ni que nunca la haya reconocido como el único régimen legítimo, ni la consideración del relativismo como un mal puesto que es expresión de la libertad de conciencia y del respeto a la autodeterminación, expresión de la dignidad humana. ¡Non possumus! No podemos si queremos ser dignos de respeto.

Turquía: la concordancia es posible

Por Francisco Veiga, profesor de Historia Contemporánea de la Europa Oriental y Turquía en la Universidad Autónoma de Barcelona (EL PAÍS, 06/08/08):

La decisión del Tribunal Constitucional turco de no ilegalizar al partido del Gobierno es, junto con la detención de Radovan Karadzic, una de las buenas noticias de este verano, y ambas están relacionadas con el intento de retomar el buen pulso del proceso de integración europea. Los agoreros podrán decir que el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) sólo se salvó por un voto, pero en realidad, pistas aquí y allá venían indicando que se estaba produciendo algún tipo de acuerdo de Estado para evitar la catástrofe. Además, es muy probable que la discreta mediación de la UE haya sido el mejor bálsamo para tranquilizar los ánimos e incluso para recuperar la confianza en el maltrecho proceso de integración europea en los Balcanes y Anatolia.

Recapitulemos: el pasado mes de abril, el Tribunal Constitucional aceptó la denuncia de la fiscalía turca para poner fuera de la ley al Gobierno democrático del AKP, que dirige Erdogan, por presuntas actividades “antilaicas”. Llevar al extremo la teoría de la supuesta agenda oculta del Gobierno Erdogan para hacer de Turquía una república islámica generó esta situación surrealista.

De hecho, la intentona judicial resultaba suicida, porque Bruselas no le hubiera perdonado a los sectores “laicos”, nacionalistas o ultraderechistas, que desestabilizaran a Turquía justo en este momento, cuando las posibilidades de ingreso del país en la UE empezaban a cobrar impulso. El daño hubiera sido devastador, dado que esos sectores de oposición no presentan un frente unido, no poseen un proyecto político moderno, no podrían llevar a Turquía a la UE y desequilibrarían al país de modo irremisible y durante años.

Mientras tanto, el Gobierno se mantuvo firme y respondió a la presión con la detención de un tinglado de conspiradores de extrema derecha: la denominada red Ergenekon. El mensaje era bien claro: el establishment laico sí poseía una agenda oculta, y no el vilipendiado Gobierno islamista. Pero si bien el contraataque no carecía de lógica, resultaba básicamente inapropiado mantenerlo siquiera a medio plazo. Porque los turcos no tenían por qué ir hacia la autoaniquilación política en nombre de la pugna entre dos estamentos político-sociales que no son tan diferentes entre sí.

Por un lado se nos habla de los “sectores laicos” u “oposición secular” de forma genérica, lo que pretende una identificación con la modernidad y hasta el progresismo. Pero esta oposición también asocia a militares de rancia tradición golpista y a jueces conservadores. En realidad, ese campo (que actualmente abarca en torno al 25 o el 27% de la población) define lo que en muchos países europeos se conoce como la derecha nacionalista, que integra desde posturas centristas hasta actitudes neofascistas. El Partido Republicano del Pueblo, sólo a medias heredero del que fundara en su día Atatürk, ve peligrar su presencia en la Internacional Socialista ante lo que este organismo considera netas posturas nacionalistas y poco más.

El Partido de la Justicia y el Desarrollo, en el Gobierno y con una amplia mayoría parlamentaria, suele ser tildado de “islamista moderado”. En realidad, a la luz de la experiencia política occidental, podría ser definido de forma más precisa como demócrata-islámico, con un perfil ideológico y una base social muy similares a los que en su día tuvieron los demócrata-cristianos europeos. Es evidente que el actual Gobierno no hace feliz a la izquierda turca, y es normal que sea así; pero el problema real reside en el hecho de que en Turquía esa última opción está muy desdibujada.

Por tanto, estamos ante una transición política, y con las consabidas tensiones que implica un relevo, en el cual los que resisten al cambio se aferran a los viejos hábitos de la cultura política en extinción y no tienen apenas proyectos coherentes de futuro. En Turquía la extrema derecha ha llegado a lanzar propuestas de “irse con Rusia” y fantasías panturquistas de similar calado. El golpe militar parece descartado hasta que se redefina la política norteamericana hacia Oriente Medio, y para eso hay que esperar a las elecciones en la gran potencia. Pero lo evidente es que todo ese coro de voces conecta con los lamentos de un estrato social que se hizo con el poder institucional en tiempos del kemalismo clásico y ahora pretende vender caros sus sillones y prebendas. Al otro lado, los que han ido tomando el relevo desde 2002 cuentan con el respaldo de Bruselas, lo cual amarga aún más a la derecha “laica”. Es más que comprensible: tras décadas identificando sus posiciones políticas con la esencia de lo occidental y lo moderno, se encuentran con que la Unión Europea apoya a la democracia islámica del Partido de la Justicia y el Desarrollo. Un amargo trágala.

En cualquier caso, la pugna política es entre una derecha y un centro, “islamista” o lo que se quiera, que es un centro derecha. Lógicamente, ambos estamentos políticos representan cada uno a clases medias diferentes destinadas a converger ¿Es suficiente eso para encarrilar a Turquía?

El objetivo más razonable habría de ser que en ese país se reconfigurara el sistema político y se constituyera un sistema de partidos equilibrado, adaptados a la realidad turca y alejados de nostalgias de épocas que no volverán.

Turquía: la política en los tribunales

Por César Arjona, Doctor en Ciencias Jurídicas. Profesor de Esade (EL PERIÓDICO, 01/08/08):

¿Existen juicios políticos? Evidentemente, sí. Otra cosa es si es bueno o malo que los haya, pero algo me parece claro: nada ganamos haciendo ver que en realidad no lo son. Un ejemplo: el proceso ante la Corte Constitucional turca para ilegalizar al Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), proceso que habría podido dar lugar a la virtual disolución del gobierno presidido por Abdulá Gül y liderado por el primer ministro Erdogan. El AKP, de ideología islamista moderada y que cuenta con un amplio apoyo popular, había sido acusado de constituir un núcleo de actividades antilaicas en un Estado en el que el principio de laicidad es fundacional. En la memoria reciente está la decisión del AKP, anulada después por el Constitucional, de permitir la utilización del velo islámico en las universidades, la cual ilustra el conflicto entre el partido y el laicismo estamental que defiende el ejército y del que forma parte el funcionariado, incluidas las universidades y la administración de justicia.

¿Cómo debía actuar el tribunal frente a la propuesta de ilegalización? ¿Basando su decisión exclusivamente en el derecho o teniendo en cuenta las consecuencias de todo tipo, más allá de las jurídicas, que dicha decisión podía acarrear?

UN EDITORIAL del Financial Times, publicado el día anterior a la emisión del fallo, instaba a los jueces turcos a medir los potenciales costes económicos y políticos de sus acciones. La decisión final de no ilegalizar al partido (por un solo voto de margen) y de imponerle importantes sanciones económicas en una suerte de último aviso, hace pensar que lo han hecho. Pero, ¿corresponde esto a los juristas?, se preguntarían los viejos profesores de derecho, invocando quizás aquello de fiat iustitia, et pereat mundus, a saber, hágase justicia, aunque perezca el mundo, expresión con la que se identifica la actitud de conservación a toda costa de la justicia legal, sin considerar ninguna otra cuestión o interés que vaya más allá de la aplicación estricta del derecho.

Por otro lado, podía haber costes económicos y políticos, se decía. Y potencialmente muy grandes. El Gobierno del AKP, que ganó las elecciones democráticas del 2002 y las volvió a ganar en el 2007 obteniendo casi la mitad de los votos emitidos, ha otorgado realismo al sueño centenario de la integración entre Europa y Turquía. Ahí tenemos las reformas económicas posibilitadas por un Gobierno abierto al mercado global, la emergencia de una nueva clase media en el país, o las medidas sociales destinadas a hacer compatibles la idea de una Turquía en el primer mundo con la de una Turquía islámica.

Que se hable de Turquía es bueno porque la realidad de ese país reta las categorías simplistas inspiradas por el fantasma del choque de civilizaciones y otros eslóganes al uso. Explicado en cuatro líneas: el partido islamista que gobierna Turquía no solo goza de una amplia legitimidad democrática sino que se presenta como el mejor interlocutor para el entendimiento con Europa. Por el contrario, el laicismo oficial heredero del legado laico de Atatürk, literalmente “padre de los turcos” y fundador del Estado, está liderado por un ejército acostumbrado a inmiscuirse en la vida civil más allá de lo que una sana democracia debería aceptar. Su política ante los derechos humanos ha sido reprendida, destacando la cuestión de la libertad religiosa y el grave asunto kurdo.

En el proceso de integración de Turquía en la Unión Europea, el islamismo moderado del AKP representa una posibilidad real de acercamiento. Pero ese proceso no anda precisamente boyante, con unas negociaciones en punto muerto y una opinión pública, según recientes encuestas, mayoritariamente contraria a la integración y cada vez más numerosa, tanto en la Unión Europea como en la propia Turquía. Por no hablar del interminable litigio chipriota.

Parece claro que una decisión contraria al Gobierno democráticamente elegido habría podido generar convulsión política, desconfianza económica (a sumarse a los efectos de la crisis global) y quizás herir de muerte el proceso de integración en la UE.
Con ese fondo, un tribunal ha deliberado. Se podría decir que lo que se ha decidido es una cuestión jurídica, esto es, si el AKP amenaza el principio de laicidad del Estado, cuestión a resolver conforme a razonamientos basados estrictamente en derecho. Pero me temo que eso es una media verdad. Y si lo que se pretende decir es que solo se ha discutido una cuestión jurídica, entonces ya es una mentira.

EL DERECHO es una manifestación de la política, y en el caso de las normas superiores del sistema esa manifestación es explícita y notoria. La Constitución es un documento jurídico y político al tiempo, como un águila de dos cabezas. Y por eso los tribunales constitucionales son, también, si no principalmente, tribunales políticos. Políticos en un sentido que no tiene por qué ser necesariamente peyorativo. Lo malo es ocultar su verdadera naturaleza. Tengámoslo en cuenta en un país como el nuestro, en que las ilegalizaciones de partidos políticos no nos son ajenas, por no hablar de otros asuntos de carácter constitucional (estatutos y demás) que a nuestros vecinos turcos les sonarían quizás demasiado sutiles ante el calado de sus problemas.

Church, State and History

By Masha Lipman, editor of the Carnegie Moscow Center’s Pro et Contra journal who writes a monthly column for The Post (THE WASHINGTON POST, 24/07/08):

The Russian Orthodox Church called on government authorities this month to condemn the Soviet communist regime. It’s odd that the church should think about this now: It’s been two decades since Mikhail Gorbachev initiated an avalanche of public disclosures about the horrors of the gulag and the masterminds of the bloody communist dictatorship — Lenin, Stalin, their accomplices and their followers.

That national journey into history was followed by the collapse of communism and then the collapse of the Soviet Union. Russia’s first president, Boris Yeltsin, evolved as a passionate anti-communist and banished the rule of fear and repression that had plagued the nation for seven decades. In the following years, the government and public organizations sought to restore the historical record.

But Russia’s next president, Vladimir Putin, distanced himself from his predecessor’s outlook. During his presidency, anti-communism was strongly played down. Some communist symbols, including Stalin’s national anthem, were brought back, and references to Stalin’s crimes all but disappeared from official discourse. Government rhetoric promoting Russia as a strong state and warning of a hostile Western world seeking to harm the country boosted admiration for Stalin, which never quite died out during the post-communist years, and a general nostalgia for Soviet times.

The church’s anti-communist initiative may serve the interests of the Russian leadership, which appears to look for ways to denounce communism while avoiding raising questions about today’s regime and its association with the communist past.

The interest in a denunciation of communism may have to do with appeals by former Soviet states for an international condemnation of the massacres and other crimes committed on their territories by the Soviet regime. Ukraine, for instance, seeks to hold Russia responsible for the mass famine of its peasants during Stalin’s collectivization. Russian officials may be enraged, but they’re not in a position to say the death toll estimate is false, not least since Russian peasants fell victim to the same villainy. So the trick for Russia would be to admit crimes but not to take the blame for them, lest Ukraine or other nations seek compensation.

The church, the state’s traditional ally, is an appropriate candidate for this mission. Because of its notorious collaboration with the Soviet regime, it has its own reason not to go too deep in denouncing communism. In several statements over the past couple of weeks, a church spokesman urged the government, in very general terms, to honor the memory of victims; to change the names of cities and streets associated with prominent communist figures of the past; to remove “statues of bloody leaders from central squares”; and more. This “de-communization lite” made no mention of Stalin or other perpetrators of the Great Terror, or of the monstrous state security forces that tortured and executed millions on the orders of the Communist Party.

The church’s call for de-communization helps the state further marginalize the public effort led by Memorial, the Russian human rights group that, since the late 1980s, has researched and published information on communist crimes. Unlike the Russian Orthodox Church, Memorial wouldn’t keep denunciations of communism within “reasonable limits.” Little wonder that the church’s anti-communist campaign conveys the impression that the church is the only organization concerned with confronting communist horrors.

Putin’s Kremlin consistently sought to sideline organizations that wouldn’t compromise their autonomy and that pursued agendas that did not conform with the official line. Lately, Memorial may have raised more concerns: As Memorial’s board chairman, Arseny Roginsky, told me, public support for his organization has increased. Backing anti-Stalin initiatives, he explains, may be seen as a mild form of opposition by people who regard overt political activity as risky and pointless. For example, construction of a national memorial to gulag victims is again the subject of public discussion. Gorbachev and other prominent public figures are taking an active role. And Novaya Gazeta, a newspaper that Gorbachev co-owns, has published a series this year devoted to the victims of and participants in the Great Terror.

Interest in the dark side of Soviet history is modest now compared with the nationwide yearning in the late 1980s for the truth about the Soviet regime’s crimes. But it may be enough to make the Kremlin want to preempt or control such interest. If its plan is indeed to enlist the church in a mild anti-communist campaign while marginalizing Memorial, the government has abundant power and resources to do so. Of course, even a limited condemnation of Soviet communism is better than nothing, but these political half-measures cannot supersede a national effort to come to terms with Russia’s history.

La excepción religiosa española

Por Nicole Muchnik, periodista y pintora (EL PAÍS, 04/07/08):

Cuenta Avraham Burg, ex presidente de la Knesset, el Parlamento israelí: “Mi padre enseñaba el Talmud con la kipá. Pero, cuando enseñaba historia, se la quitaba. Con ello señalaba la separación física entre lo sagrado y lo laico”. Hay muchas definiciones de la laicidad, pero ésta es tan buena como cualquiera. Lo cual no permite deducir que Israel sea un modelo de democracia laica.

Considerando Europa desde el punto de vista histórico, hay que reconocer que el hecho religioso forma parte de los cimientos de nuestras sociedades. Con una salvedad, aunque importante: en estos cimientos no están sólo las creencias cristianas, sino también la judía y la musulmana, aunque en menor medida.

Siendo así, es incontestable que todas las conquistas de la modernidad democrática se han logrado contra las iglesias y no con ni gracias a ellas: el principio democrático contra la autoridad de derecho divino; la libertad de pensar y de debatir contra el dogma; la igualdad de sexos contra la ley de todas las iglesias y los usos y costumbres que de ello derivaron; el desarrollo de la ciencia y el estudio de la naturaleza, en particular de la medicina, contra los tabúes religiosos hostiles a toda experimentación; la tolerancia general contra la intolerancia hacia otros cultos o hacia diferencias dentro del mismo culto, por no hablar de las convicciones agnósticas o ateas.

Hoy día, todas las leyes de carácter liberalizador e igualitario, como las que regulan los derechos a la contracepción, al aborto y al matrimonio entre individuos que consienten libremente, así como el derecho a una muerte digna, se han logrado o se logran en reñida lucha contra todas las iglesias. Es lícito concluir que una buena enseñanza de las religiones sería sin duda útil a la causa de la libertad de conciencia, una libertad que, curiosamente, aún hoy es necesario defender con la máxima vigilancia.

Es un hecho, por otra parte, que las democracias europeas son cada vez más multirreligiosas. Ningún Estado europeo puede referirse a una sola religión común como argamasa social. Al contrario, las sociedades democráticas modernas sólo pueden organizarse en base a valores universales nacidos de la ética, como la justicia, la igualdad y la libertad de conciencia. Este conjunto de valores lleva directamente a la autonomía de la esfera política y social de la esfera religiosa, en la cual lo sobrenatural y la fe cierran todo posible debate. En cambio, la democracia pretende dar a cada uno la posibilidad de dar libremente un sentido a su propia vida.

La condición mínima para que una sociedad sea democrática es el reconocimiento de la libertad de expresión y el respeto a las opiniones ajenas. ¿Gozan de esta libertad los ateos en España? Recientemente, mientras el alcalde de Toledo -ciudad de un Estado aconfesional según la Constitución- consagraba el Ayuntamiento de la ciudad a la defensa del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen, un encuentro de Ateos Españoles era considerado como “una mancha” para el buen nombre de esa ciudad.

Para tomar como ejemplo el caso francés, el primer artículo de su Constitución define el Estado como una república indivisible, laica, democrática y social. Y, según una ley de 1905, “la república asegura la libertad de conciencia y garantiza el libre ejercicio de los cultos”, al tiempo que “no reconoce, ni paga ni subvenciona culto alguno”. Lo que significa que la religión es una institución que goza de plena libertad en cuanto a su funcionamiento interno. Sus principios, creencias y leyes jamás serán combatidos, pero la libertad de conciencia, tal como la libertad de culto, forma parte de las libertades públicas garantizadas por el Estado. De ello nace la institución del Estado civil. En realidad siempre se ha considerado implícitamente que la laicidad es la garantía de los derechos humanos o, por lo menos, que es el marco legislativo neutro más propicio para la aplicación de estos derechos.

España alberga hoy una multitud de confesiones o convicciones diferentes, entre las cuales la protestante y la musulmana reúnen ya tres millones de personas, a las que habría que añadir budistas, judíos, no creyentes y ateos. Dicho sea de paso, el ateísmo está considerado aquí más bien como “ausencia de convicción”.

La Constitución de 1978 (10.2) se refiere explícitamente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en todos sus extremos y, en particular, a la referencia a la Declaración de 1948 sobre la libertad de conciencia que vale la pena citar: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”. En 1981, Naciones Unidas juzgó oportuno volver al asunto: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”. ¿Puede progresarse hacia el respeto de estos valores sin la laicidad?

La Constitución española es aconfesional y ofrece un espacio neutro para todos. Entonces, ¿dónde está el problema?, ¿cuál es la excepción española comparada con la mayor parte de las democracias laicas occidentales? Es la financiación, no generosa sino pródiga, de la Iglesia católica por el Estado, entre exenciones fiscales, ayudas económicas y subvenciones a los centros escolares concertados. Es el que toda alusión a la laicidad sea considerada blasfema.

El problema -la excepción- es también el que las altas autoridades de la Iglesia católica se pronuncien políticamente sobre las decisiones gubernamentales y den consignas de voto. Es el que los obispos bajen a la calle para manifestarse políticamente contra un Gobierno elegido democráticamente por la mayoría de los ciudadanos. Es el que escuelas construidas para ser públicas se conviertan por arte de magia en escuelas privadas o concertadas. Es el que los presidentes de Gobierno y los ministros de este Estado aconfesional juren o prometan el acatamiento a la Constitución ante la Biblia y un crucifijo.

Y también es el que la Conferencia Episcopal financie -¿con el dinero del Estado?- y apruebe los planteamientos casi golpistas de una radio nacional, portavoz de una ultraderecha que cabalga alegremente sobre el lema de que España se rompe, y practica una estrategia de la tensión en lugar de lo que debería ser el papel de una iglesia: ayudar al consenso.

Y así, cuando la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anuncia la intención gubernamental de revisar la Ley de Libertad Religiosa durante la actual legislatura, la reacción de ciertos comentaristas especializados en la deformación y el insulto en una radio que en Gran Bretaña “llevarían a los tribunales y tendría difícil defensa”, según Paul Preston, sea la de deducir, sin vergüenza, que “excluir las convicciones religiosas del ámbito público es como mutilar la condición humana“.

Tranquilos, no es para tanto. Por una parte, uno puede preguntarse con qué derecho las iglesias -en este caso, la católica- se erigen en los únicos defensores de la condición humana. Y, por otra parte, no parece que la condición humana haya sufrido mucho históricamente al pasar de la ciega obediencia a los d

iktats, abusivamente cambiantes, de la denominada “ley de Dios”, al libre ejercicio de la conciencia.

En todo caso, no es respetando lo que también podría llamarse “costumbres” como una sociedad democrática puede hacer frente con pleno derecho a los fundamentalismos de todo signo que constituyen uno de los problemas importantes de nuestro tiempo.

¿Es el Gobierno rehén de la jerarquía católica?

Por Juan José Tamayo, director de la cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III de Madrid (EL PAÍS, 27/05/08):

No se me hubiera ocurrido hacer esta pregunta durante el primer Gobierno socialista presidido por Felipe González en 1982. Y si la hubiera escuchado de labios de otras personas, hubiera respondido con contundencia: “¡Impensable, inimaginable!”. Era la respuesta más acorde con el ideario laico fundacional del PSOE, con la gradual secularización de la sociedad española, con el principio de libertad religiosa y con el de diversidad de religiones entonces incipiente. Sin embargo, conforme iban sucediéndose los diferentes gobiernos socialistas en el poder, mi respuesta iba evolucionando del contundente “imposible” al más matizado “pensable y posible”. Pero sin llegar a la respuesta afirmativa.

Mi percepción sobre el tema empezó a cambiar durante el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero. Fue entonces cuando creí posible responder afirmativamente. Pero seguía sin decidirme. Y no faltaban razones para la indecisión. Durante la primera etapa de la legislatura se aprobaron leyes como la del matrimonio homosexual, la del divorcio exprés y la de Técnicas de Reproducción Asistida. Contaron con una resistencia numantina por parte de la jerarquía católica, que hizo todo lo posible por impedir su aprobación presionando de distintas formas: declarándolas contrarias a la ley natural, manifestándose en la calle del brazo del Partido Popular, acusando al Gobierno de “fundamentalista laicista”, etcétera. Sin embargo, los legisladores de la mayoría progresista no sucumbieron a las presiones eclesiásticas.

Pasado el ecuador de la anterior legislatura, cambió el escenario de las relaciones Iglesia católica-Gobierno socialista. Se aprobó la Ley Orgánica de Educación, que mantenía la enseñanza de la religión confesional, incluso con alternativa. E incrementó la asignación tributaria para la Iglesia católica del 0,52% al 0,7%, a través de un acuerdo blindado entre la Santa Sede y el Gobierno español, con la exclusión de las demás religiones.

Tal situación de privilegio es aún más llamativa estos días en que asistimos, inermes, a la discriminatoria publicidad en los medios de comunicación, las vallas publicitarias y los templos católicos pidiendo a los contribuyentes que pongan la cruz en la casilla de la Iglesia católica en vez de hacerlo en la destinada a fines sociales. Campaña que cuenta con el apoyo explícito del embajador de España ante la Santa Sede, el socialista Francisco Vázquez.

Y si el Gobierno de Rodríguez Zapatero negoció con la jerarquía católica y con la FERE la Ley de Educación para la Ciudadanía, ahora está dispuesto a llegar a acuerdos sobre los contenidos de la nueva asignatura. ¡De nuevo la jerarquía católica colegisladora!

Tras estas actuaciones, ya no tengo ninguna duda: efectivamente, el Gobierno fue -y sigue siendo- rehén de la Iglesia católica. Cuanto más se manifestaban y gritaban las huestes episcopales en los espacios públicos -nuevos púlpitos del integrismo católico-, más privilegios recibían del Gobierno. Y todo ello en contra de los principios de laicidad, igualdad y no discriminación, y ante la incomprensión de los propios militantes socialistas y de no pocos creyentes de las distintas religiones. El PSOE renunciaba a su tradición laica y se lanzaba por la pendiente de las alianzas con la Iglesia católica, en detrimento de la laicidad del Estado. Y sin nada a cambio.

La vicepresidenta del Gobierno español ha expresado recientemente el compromiso del Ejecutivo de avanzar en la laicidad durante esta legislatura. Para ello ha anunciado la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, de 1980. Aun valorando positivamente el anuncio y reconociendo la necesidad de modificar dicha ley, que, casi 30 años después de su aprobación, ha quedado obsoleta, no puedo menos que expresar mi escepticismo, con tendencia a la incredulidad, teniendo en cuenta que fue la propia vicepresidenta la que obstaculizó cualquier avance en la dirección de la laicidad y la que, durante la legislatura anterior, más contribuyó a mantener, e incluso a ampliar, los privilegios de la Iglesia católica.

La profundización en la laicidad debe comenzar por la revisión del artículo 16.3 de la Constitución, que incurre en una clara contradicción al afirmar, en su primera parte, que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” y, en la segunda, que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas”. Es, por tanto, el propio texto constitucional el que está en el origen del trato de favor a la Iglesia católica y de la discriminación de las demás confesiones religiosas, y el que constituye el primer obstáculo para avanzar en la laicidad del Estado y de sus instituciones. Ésa es la raíz del problema. Y por ahí hay que empezar la reforma. De lo contrario, todo quedaría en un simple revoque de fachada.

Sorprende, sin embargo, que entre las materias de la Constitución a reformar se hable del Senado y de la sucesión a la Corona, y no se haga ninguna mención a las modificaciones en materia religiosa, cuando es una de las más urgentes para terminar con la alargada sombra del nacionalcatolicismo, que se extiende hasta las más altas instituciones del Estado. Dos ejemplos recientes: la promesa del presidente y de los ministros ante el crucifijo y la celebración del funeral católico de Estado por el recientemente fallecido ex presidente del Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo.

Alguien puede sentirse tentado a justificar la mención a la Iglesia católica en que es la religión mayoritaria en España. Este mismo razonamiento podría llevar, por ejemplo, a defender la inclusión de Comisiones Obreras y de la UGT en el texto constitucional al ser los sindicatos mayoritarios entre la clase trabajadora, hasta afirmar: “Ningún sindicato tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta la afiliación sindical de los trabajadores y mantendrá las consiguientes relaciones de cooperación con CC OO, UGT y los demás sindicatos”. A nadie se le ocurre ni siquiera pensarlo, porque sería un despropósito.

Junto a la modificación del artículo 16.3 hay que acometer la reforma de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, que constituyen la plasmación jurídica del trato de favor a la Iglesia católica y son el punto de apoyo arquimédico de la jerarquía eclesiástica para reclamar unos derechos que, en realidad, son privilegios. Se trata de unos Acuerdos anacrónicos, más propios del nacionalcatolicismo que de un Estado que se declara no confesional y al que el Tribunal Constitucional denomina laico desde el 2001.

Estas reformas son condición necesaria para entrar definitivamente en un nuevo paradigma en las relaciones del Estado con las religiones, caracterizado por la separación y la independencia, sin hipotecas por ninguna de las partes, y por la colaboración en cuantos asuntos contribuyan al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. Eso sí, sin privilegios ni fáciles sumisiones. Mientras estas dos reformas no se acometan, seguirán las relaciones mercantiles y la dependencia mutua entre la Iglesia católica y los sucesivos Gobiernos, cualquiera que sea su color político.

Iglesia católica y poder político en España

Por José Mª Martín Patino, presidente de la Fundación Encuentros y sacerdote jesuita (EL PAÍS, 22/04/08):

Me siento cercano al diagnóstico de Américo Castro: “España es la historia de una creencia”. Viene a cuento una experiencia del sacerdote Tarancón cuando contaba 30 años, en plena guerra civil. La sublevación le sorprendió en Tuy. Como era inevitable, allí se dejó contagiar por los primeros fervores de aquel acontecimiento que, a su juicio, tenía “aires de cruzada”. Le llamó desde Burgos su amigo Emilio Bellón, que había logrado reunir a un grupo de jóvenes que fundaron la revista católica Signo. El de Burriana llevaba ya en Galicia casi dos años, aislado de sus amigos de Madrid. Corrió cuanto antes a la capital castellana. Cuarenta y seis años más tarde, jubilado en su retiro de Villarreal, escribía Recuerdos de Juventud. Uno de los pasajes más elocuentes de estas páginas es aquel en el que anota su sorpresa por el trueque de papeles que observó entre el Capitán General y el Arzobispo de Burgos. Al final de una gran manifestación patriótica, habló primero el Capitán General. “Sus palabras fueron como una oración. Dio gracias a Dios porque ayudaba descaradamente a las fuerzas nacionales. Pidió que el pueblo español conservase su fidelidad a la fe y al evangelio para continuar mereciendo la protección del Señor”. En cuanto al discurso de monseñor Castro, “fue una auténtica arenga en la que pedía al pueblo que ayudase a los militares para vencer definitivamente a los enemigos de Dios y de la patria”. A los jóvenes de Acción Católica les reprochó el excesivo entusiasmo por el Alzamiento que se reflejaba en la revista Signo. Según sus palabras, “corríamos el riesgo de hacer imposible la tarea de reconciliación que la Iglesia había de asumir ineludiblemente cuando terminase la contienda”.

Cuando todavía en el 38, antes del final de la guerra, Tarancón se encarga de la parroquia y del arciprestazgo de Vinaroz le sorprende, y así lo hace notar en sus Recuerdos, que los curas liberados de la zona republicana reconocieran la mayoría de los errores cometidos en su práctica pastoral durante la República y ahora se aferrasen al poder del nuevo Estado. Entonces, observa don Vicente, se perdió la gran ocasión de hacer “una reflexión seria y profunda en aquellos momentos que podían ser decisivos para el futuro del cristianismo en nuestra patria. Demasiado fácilmente nos acogimos a las seguridades que nos ofrecía la victoria militar”.

Le tocó después, a lo largo de 10 años de presidente de la Conferencia Episcopal, enfrentarse al intervencionismo de los políticos en las cosas de la Iglesia y más de una vez advirtió a ministros que se profesaban muy católicos que no se preocuparan tanto por las instituciones eclesiásticas ya que el obispo era él y, como tal, el encargado de defenderlas. El Concilio Vaticano II fue para él la luz definitiva, especialmente cuando votó a favor de la Constitución sobre “La Iglesia y el mundo actual” y del Decreto sobre “La libertad religiosa”. Parece que había quedado claro que “la comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno” (76).

El Evangelio rechaza, como tentación diabólica, que el poder político sea utilizado para evangelizar. Joseph Ratzinger en su libro Jesús de Nazaret comenta así la victoria de Jesús sobre la tercera tentación, cuando el diablo le ofrece todo el imperio sobre la tierra: “El auténtico contenido de esta tentación se hace visible cuando constatamos cómo va adoptando siempre nueva forma a lo largo de la historia. El imperio cristiano intentó muy pronto convertir la fe en un factor político de unificación imperial. El reino de Cristo debía, pues, tomar la forma de un reino político y de su esplendor. La debilidad de la fe, la debilidad terrena de Jesucristo, debía ser sostenida por el poder político y militar. En el curso de los siglos, bajo diversas formas, ha existido esta tentación de asegurar la fe a través del poder, y la fe ha corrido siempre el riesgo de ser sofocada precisamente por el abrazo del poder. La lucha por la libertad de la Iglesia, la lucha para que el reino de Jesús no pueda ser identificado con ninguna otra estructura política, hay que librarla en todos los siglos” (pág. 65).

El Concilio orientó toda la acción de la Iglesia hacia la evangelización. Si en un momento había prevalecido el carácter apologético como defensa frente a las revoluciones ideológicas de los últimos siglos, ahora había que insistir en el diálogo con el mundo. En la Iglesia comenzó a hablarse claramente de la Segunda Evangelización. Juan Pablo II aprovechó el V Centenario de la Colonización de América, para reconocer el error de la Iglesia y oponer “evangelización” a “colonización”. Pablo VI antes de finalizar el Concilio publicó su primera encíclica sobre el diálogo. “La Iglesia debe entablar diálogo con el mundo en el que tiene que vivir. La Iglesia se hace mensaje. La Iglesia se hace coloquio” (n. 60). Y en 1974, al recoger las conclusiones del III Sínodo romano dedicado a la evangelización, avanza notablemente sobre este concepto: “Lo que importa es evangelizar -no de una manera decorativa, como un barniz superficial, sino de manera vital, en profundidad y hasta sus mismas raíces- la cultura y las culturas” (n. 20). De hecho los que se divorcian o abortan no lo hacen sólo porque lo permitan las leyes, sino porque no han sido debidamente evangelizados. Para el Episcopado francés, la Iglesia tiene que desarrollar una “función de mediación” en esta sociedad violenta y fracturada.

En España chirrían ahora las disonancias verbales de algunos ilustres prelados. Sospecho que no todos los derechos democráticos pueden ser utilizados como evangélicos. Por ejemplo, recomendar la desobediencia civil, abrir procesos de intenciones a propósito de las leyes permisivas de un gobierno laico, apoyar a los que tratan de desacreditar el poder constituido, etc. Ante la Constitución más hostil a la Iglesia y sus instituciones, como fue la de la Segunda República, los obispos españoles en su Declaración Colectiva (1931), dieron ejemplo de acatamiento y respeto al poder constituido, siendo fieles a la tradición de la Iglesia e hicieron serias advertencias en este sentido a todos los fieles. Permítame el lector esta cita: “No olviden jamás que, si la verdad tiene unos derechos, la caridad tiene sus deberes; eviten, por tanto, los escritores católicos vanas e injuriosas polémicas, absteniéndose de aplicar apelaciones despectivas e inconvenientes, que tantas veces se usan para distinguir unos católicos de otros, y no caigan en la temeraria ligereza, con el fin de sostener a un partido político, de hacer sospechosa la ortodoxia de otros, por la sola razón de pertenecer a otro bando, como si la profesión de catolicismo estuviera necesariamente unida a tal o cual partido político… Conviene evitar y apartarse de todo lo que sea y parezca inmoderación intemperancia y violencia de lenguaje… Para la defensa de los sagrados derechos de la Iglesia y de la doctrina católica, no son debates acrimoniosos lo que hace falta, sino la firme, ecuánime y mesurada exposición en que el peso de los argumentos, más que la violencia y aspereza del estilo, da razón al escritor”. (IV. 10)

La Iglesia oficial acepta la “laicidad positiva”, aquella en la que se garantiza la libertad de creer y la de no creer; porque no considera que las religiones son un peligro, sino más bien una ventaja, como acaba de decir Sarkozy. El debate sobre la licitud de la ética pública es un tema mayor que merece otro artículo. El contenido semántico de la palabra “laico” se desplaza según la tendencia de quien lo emplea. Norberto Bobbio se negó a firmar el Manifesto laico por “su lenguaje insolente contagiado de anticlericalismo”. Existe un laicismo que rechaza toda forma de agresividad y es propenso al diálogo con los católicos sobre cuestiones particularmente delicadas, como el aborto, las uniones de hecho, hetero y homosexual y las investigaciones genéticas. “En la coyuntura político-cultural que se está delineando -escribe el profesor de Turín G. E. Rusconi- la distinción entre laicos y católicos ha llegado a ser más importante que la de izquierda-derecha” (La Stampa, 25.04.02).