Noticias y comentarios sobre Ciencia Política, Administración Pública, Economía, Cultura y Arte.
domingo, junio 12, 2011
Le parent pauvre de l’agriculture européenne
jueves, junio 02, 2011
Food for Revolution
jueves, marzo 17, 2011
Una carrera hacia el hambre
miércoles, abril 28, 2010
El falso dilema agrícola
martes, mayo 05, 2009
Transgénicos
Una de las aplicaciones más extendidas de la biotecnología se dirige a los cultivos transgénicos. Los dos más frecuentes son la soja y el maíz. En el caso de la soja, se introduce un gen en el ADN de la semilla para que la planta sea resistente a un herbicida. De esta forma, a la plantación de soja transgénica se le aplica un herbicida y mueren todas las hierbas menos la soja. En el caso del maíz, lo que se introduce es una toxina, para que mueran determinados insectos cuando ataquen la planta.
Al valorar la idoneidad de estos cultivos, se habla de su potencialidad; de las ventajas que podría aportar esta tecnología. En realidad, lo correcto es enjuiciarlos por los hechos, por las consecuencias concretas que han tenido desde su inicio en 1996.
El primer hecho es que el 90% de la superficie sembrada en el mundo procede de semillas cuya patente es propiedad de una sola empresa. Cualquiera es consciente del peligro de este monopolio, pues quien controla las semillas controla lo que se comerá; la alimentación. El segundo hecho es que las autorizaciones de estos cultivos por parte de los gobiernos tienen poca credibilidad. Es una constante que las investigaciones que se acompañan para justificar la efectividad, inocuidad y consecuencias de estos productos no son completas, y que los científicos que asignan los gobiernos para aprobarlos tienen estrechas relaciones con las empresas propietarias de las semillas. También es un hecho que la manera de cultivar estos productos genera consecuencias muy negativas a nivel social y medioambiental.
En el caso de la soja, en países como Brasil, Argentina o Paraguay se cultiva a gran escala con destino a la exportación. Su cultivo no está pensado para la agricultura campesina y para alimentar a la población local, sino para ser producido en grandes extensiones y con el fin de alimentar al ganado de países ricos como los europeos. De esta forma, la soja transgénica no es sólo un tipo de semilla, sino todo un modelo de producción: el agroexportador. Un modelo que está obligando a que el campesinado tenga que emigrar a las ciudades, debilitando las comunidades rurales. Y se marchan porque la tierra es acaparada por los grandes propietarios, porque al ser una producción muy mecanizada emplea poca mano de obra y porque los herbicidas afectan seriamente la salud de quienes se quedan viviendo cerca de los campos de soja. Un problema de grandes proporciones porque en Paraguay, por ejemplo, el 40% de la población vive en zonas rurales, y la mitad de la superficie está sembrada de esta planta. Además, los ingresos de la soja transgénica no generan riqueza para estos países, sino sólo para las personas y las empresas que la exportan, al tratarse de Estados con una débil carga fiscal y una escasa redistribución de la riqueza. A medio plazo, las consecuencias serán aún peores, pues condicionan su economía agraria a un monocultivo cuyos precios están en función del mercado internacional y los harán depender de la importación de alimentos para dar de comer a su población.
En el caso del maíz, disponemos de información más cercana porque España es el país de la Unión Europea que más extensión cultiva. En el caso de Navarra, se siembran unas 5.000 hectáreas, algo más de la tercera parte del maíz grano cultivado. El problema es que la planta del maíz transgénico poliniza plantas de maíz convencional o ecológico, ya que los agricultores no respetan las ‘zonas refugio’ o, respetándolas, son ineficaces para evitar que los fuertes vientos extiendan el polen a largas distancias. En consecuencia, es frecuente que quien plante únicamente semilla convencional recoja una cosecha con una parte de maíz transgénico. Esta ‘contaminación’ por polinización cruzada es un contratiempo especialmente importante para quienes desean cultivar según las normas de la agricultura ecológica, porque la mínima presencia de maíz transgénico impide la venta de la producción con el sello acreditativo. Además, las empresas comercializadoras suelen mezclar el maíz transgénico con el convencional, de manera que quien quiera emplear únicamente el convencional debe pagar más porque ha de asumir el coste de garantizar su trazabilidad. Ésta puede ser, precisamente, una de las razones que explican el auge de este cultivo: el pienso con maíz convencional es menos demandado por los ganaderos porque es más caro al tener repercutido el coste de su trazabilidad. En conclusión, los hechos demuestran que la coexistencia de cultivos con distintas variedades de maíz es imposible, que la llegada del transgénico está impidiendo el derecho que asiste a los agricultores a producir maíz libre de transgénicos, y que ha hecho subir el precio del convencional.
Da la impresión de que los cultivos transgénicos constituyen un excelente negocio para una empresa multinacional de semillas, que son un buen negocio para las empresas que los exportan, pero un desastre para el campesinado y una imposición para quienes desean una producción o una alimentación libre de transgénicos.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
jueves, abril 23, 2009
El hambre y las nuevas tecnologías en agricultura
Pocos se acuerdan de que en 2007 tuvimos una crisis mundial de producción de alimentos. En 2008 esa crisis no se reprodujo y la recesión económica que ahora está en marcha parece eclipsar todas las demás preocupaciones. Sin embargo, una reunión de alto nivel en Madrid hace algunas semanas nos recordaba que ambas crisis están dejando como secuela un aumento de la población con hambre o mal nutrida en el mundo. Y en Europa nos seguimos preguntando qué hacemos con nuestra política agraria común y qué tipo de agricultura queremos.
En el actual contexto de reorganización económica parece que la agricultura tiene una presencia marginal. La producción agrícola puede representar menos del 5% del PIB y de la población empleada en los principales países europeos. Sin embargo, la agricultura es una actividad esencial por razones distintas de su valor económico, aunque sea la base de la industria alimentaria, la mayor industria europea en términos económicos y de empleo. Lo es porque nuestra vida depende de ella. Aunque a algunos les pueda sorprender, hemos vivido durante siglos sin automóviles, sin electricidad, sin teléfonos ni televisión, pero nunca hemos vivido sin alimentos ni, desde que existe la sociedad organizada, sin agricultura. Ni, es la pura obviedad, lo podremos hacer en el futuro.
Hasta ahora no lo hemos hecho mal. Las predicciones maltusianas que se han hecho en diferentes momentos no se han cumplido, y la producción de alimentos ha ido aumentando más que la población, de forma que en términos globales la actual producción de alimentos podría en teoría ser suficiente para alimentar a toda la humanidad. Ello se ha conseguido de dos formas simultáneas, aumentando la superficie cultivada y haciendo que la agricultura sea cada vez más eficiente. Ya desde el inicio mismo de la agricultura hemos utilizado cualquier tecnología que estuviera a nuestro alcance para producir alimentos: mejores semillas, aperos de labranza, sistemas de cultivo y de riego, abonos y fitosanitarios.
Pero en este momento tenemos delante de nosotros una situación compleja. La demanda de alimentos se incrementa a la vez por el aumento de población y por una población más exigente. Pero no queremos recurrir a aumentar el terreno cultivado a partir de terrenos salvajes.
La deforestación nos preocupa por los efectos que tiene en el cambio climático y por la pérdida de diversidad biológica que representa. Sabemos además que algunas de nuestras prácticas agrícolas son muy agresivas para el medio ambiente. En nuestro país, el regadío consume más del 70% del agua superficial, y el uso excesivo de abonos y pesticidas es una importante causa de contaminación. Nos preguntamos, por tanto,si estamos consumiendo recursos irrecuperables en el futuro. Y sobre todo, tal como nos ha recordado la última reunión de Naciones Unidas en Madrid, no estamos cumpliendo el objetivo de reducir a la mitad el número de personas hambrientas en el mundo en el horizonte de 2015. Nos encontramos en un mundo en el que se produce la terrible paradoja de que el número de individuos con un problema de obesidad puede haber superado al de personas con hambre.
Es en este entorno en el que el presidente de la Comisión Europea solicitó al Grupo Europeo de Ética de las Ciencias y las Nuevas Tecnologías una opinión sobre cuál es el marco en el que puede plantearse el uso de nuevas tecnologías en la agricultura. Porque aunque sepamos que la agricultura ha sido siempre una actividad dependiente de las tecnologías disponibles, algunas de ellas han planteado conflictos importantes. Por citar dos ejemplos recientes, las plantas modificadas genéticamente o los biocombustibles son objeto de discusiones intensas en Europa, en las que diferentes países miembros y diferentes colectivos sociales presentan actitudes muy contrastadas. Pero además nos encontramos en Europa en un entorno de reforma de la Política Agraria Común y con las negociaciones para la liberalización del comercio internacional encalladas por el tema de los precios agrícolas y las subvenciones a la agricultura.
En la opinión se trata de identificar los criterios básicos que sirvan a la hora de tomar decisiones y que se resumen en que las nuevas tecnologías deberían aplicarse en agricultura si contribuyen a asegurar una alimentación suficiente y segura para los humanos y si contribuyen a que esta producción pueda mantenerse a largo plazo.
Como ejemplo, desde esta perspectiva se puede tratar de enfocar dos de las cuestiones polémicas en Europa. Se puede reconocer que debe evitarse el cultivo de biocombustibles cuyo uso compita con la producción de alimentos, pero aceptar al mismo tiempo que pueden ser una alternativa a la dependencia del petróleo y ser un cultivo interesante para algunos agricultores. Por tanto, puede recomendarse que se cultiven en terrenos en barbecho y que se acelere la investigación para tratar de que el combustible se produzca a partir de lignocelulosa y no de almidón.
Igualmente puede reconocerse que las plantas transgénicas pueden dar lugar a cultivos más productivos, pero su uso debe hacerse en condiciones de un análisis detallado del impacto en relación con los posibles riesgos y beneficios que aporten.
Pero en Europa la agricultura es un tema muy político. Lo es en tanto que la Política Agraria Común sigue representando la mayor aportación del presupuesto comunitario y de ella depende la actividad de muchas zonas rurales y en tanto que esta misma política está en el centro de las discusiones internacionales sobre comercio. Por tanto, si se sigue la recomendación de introducir criterios éticos en la agricultura habrá que reconocer que el acceso a los alimentos es un derecho para todos los individuos del planeta y que la actividad agrícola en todas sus formas debe realizarse de forma sostenible desde el punto de vista social y ecológico. Y debería ser necesario que este tipo de criterios esté presente en las negociaciones internacionales.
En este entorno se propone que Europa tome sus responsabilidades como primer actor mundial en el comercio de alimentos y como defensora de valores que se proclaman desde la Unión Europea. Por ello Europa debería mantener el nivel que ha tenido siempre en el desarrollo de tecnologías que promuevan al mismo tiempo la producción agrícola y respeten el medio ambiente y la diversidad biológica. Europa podría ser determinante en la forma como se introducen estas tecnologías permitiendo que tengan acceso a ellas quienes más los necesitan y que se haga con respeto a las estructuras sociales y al conocimiento local europeo y en el contexto global. Por ejemplo, la introducción de ciertos criterios de propiedad intelectual en la producción de alimentos o la gran concentración en pocas manos de algunas de las etapas de su producción y distribución pueden acabar siendo una barrera para el acceso de quienes las necesitan a las nuevas tecnologías y sus productos. En las actuales discusiones internacionales, Europa puede ser decisiva para que se introduzcan en temas relativos a la agricultura y la alimentación criterios que respeten aquellos valores que decimos defender.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
jueves, febrero 26, 2009
De Nissan al payés
En el último Consejo de Ministros de Agricultura de la UE se aprobó una nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC) que se aplicará hasta la próxima revisión, en el 2013, cosa que pone fin a la llamada “revisión médica de la PAC”. Se trata de una reforma que profundiza en el espíritu de la que se hizo en el 2003. Esto es, orientar hacia el mercado este sistema de ayudas comunitarias a los payeses, y avanzar en su simplificación administrativa.
Pero el debate sobre la Política Agraria Común no acaba aquí. Al contrario: ahora es el momento de empezarlo, de pensar en su horizontes más allá del 2013. Durante años se han cuestionado las ayudas al sector agrario, como si el agricultor viviera solo de subvenciones. En cambio, jamás se ha cuestionado –o, al menos, nunca se ha hecho con tanto ruido– el dinero que, más o menos directamente, se destina a las grandes industrias multinacionales que, seguramente, están menos necesitadas de apoyo. Algunas de ellas –como, por ejemplo, Nissan, de plena actualidad, o de otras grandes compañías– posteriormente han llevado a cabo medidas de reestructuración de su plantilla y/o directamente han optado por cerrar y deslocalizar su producción, lo que ha llevado a muchos de sus trabajadores al paro.
EN ESTOS CASOS, los recursos públicos con los que se ha ayudado a estas empresas no han cumplido plenamente su finalidad y, en cambio, no se han oído tantas voces cuestionándolos como ocurre con las ayudas a los agricultores. También las pequeñas y medianas empresas de los otros sectores económicos disfrutan en mayor o menor medida de ayudas procedentes de fondos públicos. A modo de ejemplo para ilustrar cuál es el alcance de este apoyo, baste decir que el buscador de ayudas del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), dependiente de la Generalitat de Catalunya, al introducir el criterio de búsqueda “industria”, nos da 228 resultados referentes a programas o líneas de ayuda.
De la misma forma que hay que ver el apoyo a todas estas industrias como una estrategia de país, de favorecer la creación de riqueza y de puestos de trabajo, es necesario ver también las ayudas al sector agrario como una estrategia para alcanzar unos objetivos que son de interés general, y no como una herramienta de caridad para los agricultores. El hecho de tener asegurado el suministro alimentario a precios estables y asequibles supone un beneficio para el conjunto de la ciudadanía. El papel medioambiental de la actividad agraria nos interesa a todos, todo el mundo disfruta de un territorio y de un paisaje que serían muy diferentes si no hubiera payeses y payesas que contribuyen a mantenerlo mediante el desarrollo de su trabajo.
ES CUESTIÓN DE interés general el mantenimiento de una actividad económica que genera riqueza y puestos de trabajo en territorios rurales en los que es difícil poder encontrar otras vías de desarrollo profesional. Sin el papel social de la Política Agraria Común, en el sentido de contribuir al mantenimiento de explotaciones en zonas en las que es difícil ser competitivo, sería más complejo evitar que el campo se vaya despoblando, con los consiguientes costes sociales y medioambientales que ese abandono de la población rural conllevarían. Por todo esto, la Política Agraria Común ha sido y es un instrumento fundamental, y es necesario que lo siga siendo más allá del vencimiento en el 2013.
Por otra parte, es necesario dar la vuelta a la idea de que las ayudas que se destinan al sector agrario distorsionan la competencia en el mercado. Precisamente pensando en garantizar que haya una competencia leal y real, la Política Agraria Común es un instrumento muy necesario para que los payeses europeos puedan competir en igualdad de condiciones con países de otras zonas del mundo. En determinados aspectos –como, por ejemplo, los relativos al respeto al medioambiente, el bienestar animal o las condiciones laborales–, el cumplimiento de la normativa comunitaria supone un sobrecoste para los agricultores europeos con respecto a los de otros países que tienen una normativa en cierto modo menos exigente, cosa que les permite disfrutar de unos costes de producción más bajos. La PAC, por lo tanto, debe tener como objetivo compensar este sobrecoste que tienen que soportar los productores de la Unión Europea.
POR TODOS estos motivos expuestos, los miembros de la Fundació del Món Rural creemos que está sobradamente justificado y legitimado que se continúen destinando fondos europeos específicos para apoyar al sector agrario. En consecuencia, no nos podemos dormir en el debate acerca de si la Política Agraria Común tiene razón de ser, sino que tenemos que empezar a pensar cómo tiene que ser esta política. Es necesario construir una Política Agraria Común sólida, cohesionada y dotada de recursos suficientes para que pueda seguir apoyando a uno de los pilares de nuestra sociedad: aquel que nos alimenta.
Será una inversión segura: el payés no se deslocaliza.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
viernes, febrero 06, 2009
Mil millones
L a pasada semana tuvo lugar en Madrid una cumbre internacional sobre Seguridad Alimentaria organizada por la FAO y por el Gobierno de España. La citada cumbre ha pasado casi desapercibida, en parte debido a otros intereses informativos -meteoros de cierta intensidad, malísimos augurios económicos, espionaje político en Madrid y próximas elecciones autonómicas-, y en parte al poco interés que despiertan esas cuestiones entre nosotros. Despiertan poco interés, sí, y sin embargo, se estima que son cerca de mil millones las personas que pasan hambre, una de cada seis personas en el mundo. Además, tras las enfermedades gastrointestinales provocadas por la falta de agua potable, el hambre es la principal causa de mortalidad infantil, ya sea de forma directa o por agravar los efectos de las enfermedades. Pero es cosa sabida que las desgracias ajenas nos conmueven en proporción inversa a la distancia a que nos encontramos de quienes las sufren.
La cumbre ha constatado, una vez más, la gravedad del problema, a la vez que ha dado cuenta del empeoramiento de la situación durante los últimos años. También se han tomado decisiones, aunque nunca se sabe si tales decisiones se acabarán convirtiendo en actuaciones o no, y si las actuaciones, en caso de llevarse a cabo, son todo lo efectivas que debieran. Tradicionalmente, la forma en que los países desarrollados han abordado esta cuestión ha consistido en la donación de alimentos a los países deficitarios o, en el mejor de los casos, en ayudas al desarrollo agrícola. Ahora bien, no se ha tratado de actuaciones sostenidas en el tiempo, ni sus resultados han sido debidamente evaluados, de manera que en demasiadas ocasiones las ayudas han resultado ineficaces, cuando no contraproducentes.
La situación actual es especialmente preocupante. La producción de alimentos alcanzó durante 2008 su máximo histórico y, sin embargo, el pasado año se produjo una crisis alimentaria que agravó la situación de penuria de miles y miles de personas. Hoy, esa crisis ha remitido en parte (los precios de los alimentos han bajado un 30%), pero las nuevas circunstancias son poco alentadoras. La crisis financiera dificulta ya la obtención de créditos por parte de los agricultores para la adquisición de semillas y fertilizantes, con lo que es posible que la producción agrícola sufra un descenso durante los próximos años. Por otro lado, los menores ingresos fiscales van a tener como consecuencia, casi inevitable, una disminución de los recursos que los países ricos dedicarán a atajar el problema. Y además, la población mundial aumenta cada año de forma inexorable. Se estima que en 2050 habrá en el Mundo 9.000 millones de personas y que será necesario aumentar de forma significativa la producción mundial de alimentos para que pueda comer lo suficiente toda la Humanidad.
Ante esta situación se suelen proponer dos tipos de medidas de carácter contrapuesto. Por un lado, investigadores y técnicos especialistas en asuntos agrícolas proponen actuaciones que eleven la producción de alimentos. Entre estas actuaciones cabe citar el impulso a la investigación para el desarrollo de variedades de plantas más resistentes a la falta de agua y a las plagas y que proporcionen rendimientos más altos, o el apoyo económico de Occidente a las inversiones en infraestructuras y tecnología agrícola. Pero por otro lado, los movimientos altermundistas, de carácter ecologista o campesino principalmente, se oponen frontalmente a las políticas -que denominan incrementalistas- que persiguen elevar la producción de alimentos, y propugnan soluciones de muy diferente naturaleza. Estos inciden en la cuestión de la propiedad de la tierra, defienden la denominada ’soberanía alimentaria’ y se oponen tajantemente a las innovaciones científicas, por considerar que dichas innovaciones hacen depender a los agricultores de todo el mundo de los intereses de Occidente y, más en concreto, de los de las grandes empresas del sector agrícola. El abucheo con el que, según relatan las crónicas, despidieron algunos participantes en la cumbre la intervención del economista Jeffrey Sachs constituye una imagen muy ilustrativa de esas posturas.
Es cierto que el aumento en la producción de alimentos no garantizará por sí mismo el final del hambre, y es igualmente cierto que persisten en numerosos países situaciones de grave injusticia social. Pero también lo es que sin aumentar de forma significativa la producción de comida no podrán alimentarse debidamente todos los seres humanos. Es imprescindible que se invierta en ciencia y tecnología agrícola, y también en infraestructuras y en formación.
Eso es imprescindible, claro que lo es, pero no será del todo efectivo si los países más afectados por el hambre no avanzan por la senda del desarrollo económico. Necesitan seguridad jurídica; necesitan que se respeten los derechos básicos, incluidos los de propiedad; necesitan que se minimice la corrupción; y necesitan poder acceder a créditos con facilidad. Y aunque haya quien no lo quiera aceptar, necesitan, por supuesto, que los países ricos (Estados Unidos, Japón, Noruega y Unión Europea) eliminen de una vez por todas los obstáculos -en forma de subsidios y aranceles- a la importación de alimentos de otros países. La exportación de alimentos es en demasiadas ocasiones la única fuente de riqueza de un país, no tiene por qué socavar las posibilidades de alimentar a la población propia y es fuente de desarrollo. Hoy son mil millones los seres humanos que sufren hambre y desnutrición; mañana podrán ser muchísimos más.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
lunes, octubre 06, 2008
En defensa de las ayudas agrícolas
Por Francesc Reguant, economista (EL PERIÓDICO, 05/10/08):
Al hablar de subvenciones públicas pensamos en las que recibe la agricultura como dispendio discutible de nuestra economía. No tenemos la misma consideración con las subvenciones a la cultura, al acceso a la vivienda, ante empresas en dificultad y, por supuesto, no nos rasgamos las vestiduras cuando desde la catedral del liberalismo se anuncia la inyección de cientos de miles de millones de dólares para salvar el sistema bancario. En otras palabras, nadie pone en cuestión la intervención pública ante determinados desajustes o disfunciones que no resuelve el libre mercado. Por tanto, la discusión acerca del soporte público no es un tema de conceptos sagrados sino de objetivos concretos para lograr un ajuste o cubrir unas necesidades que no serían satisfechas de otro modo.
LLEGADOS a este punto debemos preguntarnos cuál es el sentido de las subvenciones agrícolas. Sería un argumento muy débil sostener que es la influencia de una minoría de apenas un 5% de la población europea quien impone ayudas que debe pagar el conjunto de la sociedad. Busquemos otras razones y para ello el mejor camino es situarnos en los orígenes. El Tratado de Roma, en 1957, declara como objetivos de la Política Agrícola Común el incremento de la productividad agraria, garantizar la seguridad de abastecimientos a precios razonables a los consumidores, estabilizar los mercados y garantizar un nivel de vida adecuado a la población agraria. Es decir, las subvenciones a la agricultura nacen básicamente para garantizar el abastecimiento alimentario y evitar fluctuaciones erráticas de precios. El agricultor simplemente juega el papel de agente necesario para que los objetivos propuestos puedan alcanzarse.
Sin regulación de los mercados agrícolas, el escenario más probable es el de acentuación de precios altos e inestables. Las claves del problema son la inflación y la carestía alimentaria. La agricultura trabaja con activos biológicos perecederos y sometidos a severas fragilidades, a partir de múltiples condicionantes climáticos y sanitarios, que distorsionan la oferta de unos productos imprescindibles, es decir, de los alimentos. Nos habíamos olvidado de ello –gracias a las subvenciones agrícolas y otras medidas reguladoras–, pero la reciente crisis de precios de los alimentos nos ha permitido recuperar la memoria. Que en el Tercer Mundo pasaban hambre, ya lo sabíamos; que en Europa podía haber dificultades de suministro o una inflación galopante a partir de algo tan simple como los cereales, ni nos lo habíamos planteado. Recordemos las palabras de Kenneth Galbraith defendiendo en 1975 la intervención pública: “Sobre todo en los casos de la energía y la alimentación, las circunstancias marcan el ritmo, como siempre, a los ideológicamente reacios”.
Sin embargo, es cierto que desde el origen de las subvenciones a la agricultura hasta hoy han sucedido muchas cosas. Por una parte, el desarrollo tecnológico ha permitido multiplicar los rendimientos, combatir eficazmente parásitos y enfermedades, mejorar la tecnología de transformación y conservación de los alimentos y, en general, reducir significativamente los riesgos productivos y, con ello, las variaciones erráticas de oferta. Por otra parte, la globalización de los mercados agrarios ha reducido la dependencia de los mercados locales. En general, hemos reducido incertidumbres sobre un activo estratégico como es la alimentación, aunque las tensiones procedentes del nuevo escenario mundial vuelven a poner encima de la mesa la importancia de estabilizar este sector. Frente a los costes de unos mercados alimentarios enloquecidos, debemos anteponer el menor coste de las medidas reguladoras para evitarlos. En este sentido, quizá habrá que focalizar mejor las ayudas –como herramienta para amortiguar desequilibrios– hacia los centros de tensión, hacia el corazón de los mercados.
A SU VEZ, han ganado fuerza las argumentaciones sanitarias, medioambientales y de equilibrio territorial. En este apartado, el agricultor presta un conjunto de servicios tangibles e intangibles. Lógicamente, mantener estos servicios requiere costearlos, ya sea como pago directo o a través de subvenciones públicas. ¿Tiene sentido exigir bienestar animal, trazabilidad de los alimentos, crecientes garantías sanitarias y medioambientales sin afrontar los sobrecostes derivados de ello? ¿Cuánto vale la libertad de caminar, correr, hacer deporte, buscar setas por el bosque abierto pero privado? ¿Cuánto vale el papel que juegan los agricultores en defensa del bosque y en la lucha contra los incendios? ¿Cuánto vale sostener determinado paisaje como patrimonio cultural, lúdico y atractivo turístico? Algunos de estos servicios podrían hacerse con un ejército de funcionarios, pero a un coste muy superior.
Es posible que algunas subvenciones deban revisarse para ajustarlas mejor a los objetivos que pretenden conseguir, pero, al margen de la cuantía o concreción de determinadas ayudas, estas subvenciones no son más que ayudas al consumidor, al ciudadano en general, y pago necesario por unos servicios que realmente recibimos. La incomprensión de estas ayudas quizá provenga del distanciamiento cultural entre el mundo rural y el urbano, algo que también debería mejorarse.
sábado, septiembre 20, 2008
La agricultura argentina: cambios recientes, desafíos futuros y conflictos latentes
Por Roberto Bisang, Oficina de la CEPAL en Buenos Aires (REAL INSTITUTO ELCANO, 19/09/08):
Tema: El agro argentino, en base a su potencialidad natural y a los cambios técnico–organizacionales recientes, se ha convertido en un sector con fuerte capacidad de captar rentas internacionales de magnitud; ello replantea las formas y el sentido de las intervenciones públicas (entre ellas los impuestos al comercio exterior) en el proceso de apropiación de tales excedentes.
Resumen: Recientemente, el agro argentino reconfiguró la forma tradicional de producción para convertirla en una red de dueños de tierras, empresas operadoras que desarrollan la actividad, proveedores de insumos y servicios e incluso manufacturación industrial, relacionados entre sí por una amplia gama de contratos. A partir de esta organización (similar a la que sustenta parte del actual modelo industrial) y con una demanda (interna y externa) dinámica se produjo un salto tecnológico radical (semillas transgénicas, siembra directa, etc.) que duplicó la producción en unos pocos años. Ello generó –condiciones macroeconómicas mediante– un vigoroso flujo de rentas con las consecuentes tensiones en su apropiación; en este proceso aparece no sólo el Estado –a través de los impuestos al comercio exterior– sino también las múltiples empresas que conforman la red (provenientes del propio agro, los servicios, la industria y la tecnología). En un final abierto, ello pone en la agenda social el modelo de acumulación, crecimiento y desarrollo para las próximas décadas.
Análisis
La re invención del agro en Argentina
El desarrollo económico argentino guarda una estrecha relación con la explotación de los recursos naturales. Recientemente, varios de estos recursos se han revalorizado económicamente replanteando antiguos interrogantes asociados con la dinámica de estas actividades y su relación con los procesos de acumulación, inserción internacional y crecimiento. El agro es un caso paradigmático. Una mirada de largo plazo permite dimensionar el “salto” productivo reciente.
Gráfico 1. Evolución de la producción argentina de cereales y oleaginosas (en toneladas)
Fuente: elaboración propia en base a Junta Nacional de Granos (1975) y SAGPyA (2008).
Tras cierta pasividad, desde inicios de los años 90 hasta el presente, la producción de cereales y oleaginosas –en términos físicos– creció a razón del 5,7% anual acumulado. Parte sustantiva de este comportamiento se asocia con la creciente importancia que adquiere el complejo oleaginoso y, en particular, la soja (grosso modo explica la mitad de la producción total). La importancia de este cultivo es más acentuada aún si consideramos la dupla soja–trigo (casi dos tercios del total).
La expansión no se dio a expensas de otras producciones –como lechería y/o ganadería– que compiten por el uso de la tierra. Independientemente de una relocalización de las actividades, las producciones físicas de carnes y leche también evidenciaron cierto dinamismo. En el último rubro, los últimos 15 años analizados señalan la presencia de una producción creciente hasta 1999, luego un trienio de declinación y crisis, y un posterior desarrollo a partir de 2002 que llevaría a la actividad a niveles similares a los mayores registros históricos. La producción de carnes también evidencia cierto dinamismo productivo, especialmente a partir de 2002. Pese a que el avance agrícola le restó tierras (se estima que la ganadería pasó de ocupar 8 millones de hectáreas a poco menos de 5,1 millones en poco más de una década), el stock ganadero creció levemente y la producción de carnes de los últimos años se ubica entre los mejores registros históricos.
A partir de este comportamiento, la producción agrícola (y agroalimentaria) se convierte en una actividad muy dinámica, con creciente peso sobre el conjunto de la economía. En poco más de una década, agricultura y ganadería casi duplicaron su participación en el valor bruto de producción (VPB) hasta llegar a casi un 7%; si se le adiciona el rubro Alimentos Bebidas y Tabaco, el complejo primario explica casi el 17% del VBP global.
En términos de exportaciones, los principales complejos productivos agrarios representan algo más del 55% de las colocaciones externas. Solamente el complejo oleaginoso –soja/ girasol– supone casi el 25% del total exportado. Aumentos en los precios internacionales y una favorable paridad cambiaria indujeron al gobierno a fijar impuestos a las exportaciones del complejo agroalimentario, con su consecuente reflejo en las cuentas fiscales: son casi el 8% de la recaudación fiscal. También tiene impacto positivo sobre la ocupación. Las estimaciones indican que el sector agroalimentario explicaría alrededor del 18%–22% de la ocupación total en un cálculo restrictivo y poco menos del 35% en otro más abarcativo. Una perspectiva de largo plazo indica que la actividad se ha tornado sumamente dinámica con contribuciones sustantivas al PIB, los saldos netos en el comercio exterior, la recaudación e incluso la ocupación.
Las claves del nuevo agro
¿Cuáles son las razones que conducen a este salto productivo? Aunque la producción se duplicó en menos de dos décadas, la frontera productiva se expandió en muy menor medida (pasó –aproximadamente– de 20 millones de hectáreas a otra de 24 millones, que se “expanden” a casi 32 millones cultivadas dada la práctica de doble cultivo anual). Descartado el argumento “expansión de la frontera agrícola”, las causalidades remiten a dos aspectos:
- La forma de organización.
- El modelo (asociado) de generación, adaptación y difusión de innovaciones (la producción por hectárea también creció: un 55% en maíz, un 23% en soja y un 16% en trigo –comparando el primer lustro de la década de los 90 con el último quinquenio–).
La organización de la producción: las redes de producción
El modelo productivo previo se articuló en base a la posesión de la tierra (o su alquiler) destinada al desarrollo de un conjunto acotado de actividades con una alta integración de las mismas en base a una fuerte dotación de capital. La actividad en su conjunto se conformaba a partir de miles de productores que operaban en un negocio cíclico, con elevados riesgos climáticos y/o comerciales; a menudo, las crisis inducían a mecanismos de intervención pública destinados a sostener las rentabilidades mínimas y/o, en otros casos (opuestos), al establecimiento de impuestos al comercio exterior que captaban excedentes aleatorios originados en factores externos a la actividad (devaluaciones; incrementos de los precios internacionales).
¿Cómo se organiza actualmente la producción agraria? Crecientemente, y para los cultivos más relevantes, se incorporan nuevos agentes económicos (con sus respectivos papeles) a la producción que van conformando redes productivas a partir de:
(1) Una creciente separación entre los propietarios de las tierras y las empresas que desarrollan las actividades. Ello estatuye y/o recrea el papel de los contratistas como actores dinámicos del modelo; se suman, además, una larga lista de proveedores de servicios y/o insumos industriales asociada con la complejidad de las nuevas tecnologías agrarias; como resultado, el agro desverticaliza y terceriza su producción, conformando redes de subcontratistas (símil de los proveedores de los encadenamientos industriales).
(2) Una mayor sofisticación en el proceso de producción destinado a mejorar rendimientos, bajar costes y asegurar calidad; tal sofisticación proviene –vía insumos– del sistema industrial que, crecientemente, operan como proveedores de tecnología; en otras palabras, el agro incorpora a la industria como parte relevante de su proceso.
(3) Muchos subcontratistas tienen asentamientos territoriales distintos del lugar en donde operan; se separa el lugar donde se desarrolla la producción del origen territorial de quien la lleva a cabo (consecuentemente, el espacio donde se verifica territorialmente el efecto multiplicador de la actividad); el “nuevo” agro se relocaliza territorialmente.
Un elemento homologa y alinea la conducta de todos los operadores: la parte sustantiva del éxito comercial de cada uno de ellos depende del éxito del conjunto de la actividad. Así, el agro fue afinando una forma de organización que incorpora/genera nuevas empresas, mejora la eficiencia colectiva en el uso de los recursos y modifica el esquema previo de reparto de la renta.
Las innovaciones en el agro argentino
La contracara del modelo productivo es la organización en red del subsistema de generación, adaptación y difusión de innovaciones. Entre los años 60 y 70 y en el marco de la denominada revolución verde, la producción agropecuaria local incorporó, aunque tardía e imperfectamente, la mecanización, el uso de fertilizantes/biocidas y las semillas híbridas. Más tarde, la introducción masiva del cultivo de la soja y el comienzo de la siembra directa[1] en reemplazo de la convencional sentaron las bases para la adopción de futuras tecnologías. En los años 90 se introdujeron las primeras semillas transgénicas. La posibilidad de disponer de genes y adelantos biotecnológicos (provenientes del exterior), por un lado, y de variedades de semillas (locales) altamente compatibles con las condiciones de climas y suelos locales, por el otro, facilitaron el “armado” de un nuevo paquete técnico. Concomitantemente se sumaron dos elementos: (1) la disponibilidad local de maquinaria y tecnologías de proceso para la siembra directa; y (2) la abundante oferta de biocidas y fertilizantes (en condiciones similares a las vigentes en los mercados internacionales).
La incorporación de estas tecnologías, transformó el modelo consolidado en las décadas anteriores, ingresando la actividad primaria en una nueva fase de aceleración de cambio técnico, vinculado con la tempana adopción internacional de ciertos insumos clave (semillas transgénicas y siembra directa). El nuevo paquete técnico fue adoptado y adaptado por la sociedad local con un escaso retraso respecto de su lanzamiento internacional.
A lo largo de este proceso se fue reconfigurando el esquema de innovación. A diferencia del esquema previo –donde el epicentro de las innovaciones, el conocimiento y las decisiones tecnológicas era el productor–, en el modelo en consolidación existe una multiplicidad de actores que intervienen en el proceso. En lo referente a la generación de tecnologías, destaca el peso relevante de los proveedores de semillas (empresas multinacionales que provienen de la industria química y/o farmacéutica en alianzas con fitomejoradores y/o criaderos locales previamente establecidos) en ofertas asociadas con insumos complementarios (desde inoculantes hasta herbicidas incluyendo la financiación); otro segmento remozado es el referido al de maquinaria agrícola que introduce tanto nuevos equipos como mejora (vía incorporación de electrónica a la metalmecánica) en las prestaciones previas. A su vez, los sistemas educativos formales (universidades, etc.) con diversos matices y velocidades, van readaptando sus formaciones curriculares, en línea con los nuevos avances, para la formación del recurso humano. Complementariamente, las instituciones públicas de ciencia y tecnología (el Instituto Nacional de Tecnología Agraria –INTA– y otros institutos de investigación y universidades) operan como “generadores” de tecnologías pre–competitivas que (por diversas vías) fluyen al sistema. La difusión de innovaciones –guiada preponderantemente por la rentabilidad–, además de red pública, se ve complementada por otros agentes económicos: (1) los centros de servicios de los proveedores de insumos, que a través de coberturas nacionales no sólo venden productos sino que, a menudo, se convierten en espacios de asesoramiento; (2) el accionar de instituciones privadas (pero sin fines de lucro individual) dedicadas a fomentar y/o desarrollar la innovación (como la Asociación Argentina de Consorcios de Experimentación Agrícola –AACREA– o la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa –AAPRESID–); (3) nuevas (y/o remozadas) entidades gremiales organizadas por cadenas de producción que cuentan a la problemática tecnológica entre sus objetivos centrales (Asociación Argentina del Girasol –ASAGIR–, ACSOJA y MAIZAR); (4) los contratistas; (5) las normas de calidad que imponen los demandantes industriales y los exportadores; y (6) la presencia de (renovadas) intervenciones públicas (locales e internacionales) referidas a normatización de productos, procesos, normas ambientales y otras complementarias que también modelan indirectamente el desarrollo innovativo de la actividad.
Paulatinamente se configura una red de innovaciones –formada por instituciones, empresas, operadores individuales e incluso organizaciones gremiales– que en conjunto se convierte en una serie de relaciones donde fluyen conocimientos, codificados (vía insumos) o decodificados (a través de asesoramiento y/o contacto directo). La creciente sofisticación del paquete agronómico traslada parte del poder de decisión desde el productor al oferente de insumos, maquinarias, subcontratistas, organizaciones de ciencia y tecnología y gremiales, e, incluso, a compradores ubicados “aguas abajo” en la actividad. Nuevamente existe un hilo conductor que (con diversos matices y densidades) articula el accionar de los componentes de la red: el éxito individual depende del éxito del conjunto.
Generación de rentas, impuestos al comercio exterior y conflictos
A partir de estos cambios estructurales, en el último bienio la producción local se reimpulsó ante las vigorosas demandas externas: mayor demanda de alimentos, biocombustibles, biomasa, e, incluso por el uso de los granos como activo de especulación, aumentaron los precios internacionales y generaron sustantivas rentas en esta actividad.
Socialmente, el tema tiene varias aristas: (1) afecta el precio interno de los alimentos y con ello detiene el proceso de mejora en la distribución del ingreso; (2) implica una posible fuente de financiamiento para el desarrollo (y/o el fortalecimiento fiscal en vista al repago de la deuda externa); y (3) obliga a una revisión de la distribución de la riqueza (a partir de una fuerte revalorización de los activos relacionado con “lo primario” –es decir, el precio de la tierra–). A nivel privado, todos y cada uno de los agentes económicos que integran la red de producción tratan de captar parte de la renta, en un proceso donde existen diversas y múltiples asimetrías financieras, económicas, tecnológicas e incluso de información.
Frente al ascenso en los precios externos, el gobierno modificó los impuestos al comercio exterior. Inicialmente, y apuntando a controlar precios domésticos, en el caso del trigo y del maíz se establecieron mecanismos que intentan desdoblar los precios de la materia prima –el grano– según destino (consumo local o exportaciones), con un intricado mecanismos de compensaciones para otras actividades agroalimentarias que los tienen como insumos (la molinería, la producción de pollos, de carne vía feed lot, etc.). En lácteos y carnes a los (iniciales) impuestos al comercio exterior (del orden del 15%) le siguieron lisa y llanamente las restricciones cuantitativas para exportar. Adicionalmente, las escalas –para oleaginosas, con mínimo consumo interno– se establecieron inicialmente en un 13%. Luego pasaron al 23,5%, a inicios de 2007 se le adicionaron otros cuatro puntos y a mediados de dicho año treparon al 37,5%.
En el interior de la red de producción también se produjeron reacomodamientos. Los precios de los insumos claves (herbicidas, insecticidas, semillas, silos bolsa/plásticos etc.) se deslizaron siguiendo las cotizaciones internacionales (a partir de la alta concentración de sus ofertas en unas pocas grandes empresas multinacionales); lentamente se fueron reacomodando los precios de los combustibles y de algunos impuestos (especialmente los provinciales u otros que se calculan sobre los flujos) y el valor de los alquileres; los eslabones más débiles –operadores pequeños, pools de siembra de poca envergadura, proveedores de servicios de siembra, etc.– tuvieron menos posibilidades de captar rentas emergentes de las nuevas condiciones. Como es previsible, los contratistas que se expandieron en base a mejoras tecnológicas en zonas menos favorecidas fueron los más afectados por los efectos de las medidas.
La escalada de precios –ocurrida entre fines de 2007 y principios de 2008– indujo al gobierno a colocar retenciones móviles crecientes (que elevaron los gravámenes a niveles superiores al 45% y más aún dependiendo de los precios externos); la medida fue resistida y desató un conflicto social que llevó a la posterior derogación parlamentaria de la medida.
La reacción de la oferta reflejó la estructura productiva de la red; en aquellos –pocos– casos donde existe una oferta concentrada (fertilizantes, herbicidas, semillas híbridas, silos bolsas) los precios crecieron acompañando las expectativas de los precios internacionales de la soja; en otros –mayoritarios– donde existe una oferta interna muy competitiva (algunos proveedores de insumos desconcentrados, proveedores de servicios, contratistas, pequeños productores integrados), ello no ocurrió con lo cual el sistema de retenciones desmejoró sustantivamente su ecuación económica (e incentivó el conflicto); en definitiva, el Estado, en su intento por captar parte de la renta, utilizó un instrumento genérico sobre el conjunto de la actividad sin considerar las heterogeneidades internas de la red productiva (una alternativa es utilizar instrumentos impositivos que recaigan sobre el flujo de recursos y/o el nivel de riqueza, específico para cada segmento que conforma la red).
La norma tuvo, adicionalmente, un efecto negativo no contemplado: destruyó el mercado de futuro de granos; y con ello: (1) acotó al mínimo la posibilidad de financiarse a partir de ventas a futuro; (2) eliminó del horizonte temporal la perspectiva de ganancias extraordinarias (imán que mueve al capitalismo); (3) introdujo una extrema volatibilidad institucional en un negocio que tiene ciclos de maduración largos y una forma de organización basada en contratos. Es decir afectó una porción sustantiva de la estructura básica de funcionamiento de la red. En menos de un año hubo cuatro modificaciones de alícuotas de los impuestos al comercio exterior en distintos períodos que van desde la decisión de siembra a su cosecha y venta. Las tensiones condujeron a un paro agrario que se prolongó durante varios meses y concluyó con la derogación parlamentaria de la medida, hecho que no significó una solución de mediano y largo plazo al conflicto por el reparto de la renta generada ni de su utilización social.
Conclusiones: Crecientemente y por diversas razones, el agro argentino ha ido modificando su forma de organización interna en pro de conformar redes de producción e innovación basadas en relaciones que van más allá de los intercambios comerciales puntuales regidos por los precios y que involucran el desarrollo de capacidades técnicas y productivas derivadas, no sólo de la productividad individual, sino también de la calidad de los vínculos de intercambio entre los diversos actores que conforman la actividad.
Actualmente, el agro evidencia hoy un dinamismo similar al registrado a principios del siglo XX. En el marco de un proceso co–evolutivo ha ido generando nuevos perfiles empresarios, formas de financiamiento, articulaciones con la industria y los servicios (aguas arriba y aguas abajo), e incluso, instituciones. Pero en un contexto local e internacional muy dinámico, esta realidad aún con algunos rasgos de excelencia, es sólo un punto de partida acotado en su proyección futura si no se refuerzan los aspectos menos favorables del sistema y se sientan las bases de recreación permanente de competitividad a futuro.
Los recientes incrementos en los precios internacionales inyectaron rentas adicionales que fueron rápidamente descontadas por los nodos mas concentrados de la red y por el propio Estado a través de la elevación de los impuestos al comercio exterior bajo al forma de retenciones móviles; menos favorecidas resultaron empresas medianas y pequeñas que se dedican a la producción y/o la provisión de insumos; se trata de un segmento de claro dinamismo innovador que vio lesionada sus expectativas y con ello sus conductas futuras.
Las retenciones móviles, más allá de captar muy imperfectamente las rentas adicionales, pusieron en riesgo el propio modelo de organización. Ante una reducción en los niveles absolutos de ingresos (y con ello de rentas esperadas y de convalidación de incrementos en los precios de los activos) y un cambio en las reglas de juego que afectan elementos esenciales del modelo –las condiciones de entorno sobre la cuales se pactan los contratos; los mercados de futuro– el conjunto de agentes económicos que la componen se abroqueló en la protesta.
En vistas a los resultados, esta herramienta –las retenciones móviles– ha demostrado ser poco eficiente en diversos aspectos: (1) para captar parte de la cuasi renta sectorial y asignarla al desacople de los precios locales de los internacionales (para mejorar la distribución del ingreso); (2) para generar las condiciones que permitan afianzar y profundizar (hacia la agroindustria) el desarrollo actual de la actividad; (3) para afectar el gravamen al verdadero sujeto rentista (el dueño) del factor fijo (la tierra) y en simultáneo mantener las señales de precio para los agentes económicos que dinamizan la red.
Las políticas públicas carecieron de una visión sistémica de la actividad y utilizaron instrumentos más acordes con el viejo modelo agrario que con el actual sistema de producción en red. Ausentes quedaron, en la solución de corto plazo, para las partes del conflicto, la visión estratégica en el marco de las enormes posibilidades que abren las favorables condiciones internacionales para afianzar un proceso de desarrollo que se había iniciado en la post crisis de 2000.
Notas:
[1] Proceso productivo que permite implantar las semillas sin remover la tierra (arado, rastrado, sembrado, rastrado) con una apreciable reducción de costes, mejora en el mantenimiento de los suelos y uso de la humedad.
martes, septiembre 02, 2008
El miedo a los transgénicos
En el mes de julio entró en el Parlament una petición popular para pedir que Catalunya sea declarada libre de transgénicos. En los próximos meses, el Parlament debatirá esta petición tras comprobar que cuenta con el número de firmas necesarias. Este tipo de declaraciones están previstas en las normativas vigentes en Europa y necesitan un fuerte apoyo por razones muy definidas. La petición llega en un momento en el que el futuro de las tecnologías aplicadas para la producción agrícola están en el centro de intensas discusiones en todo el mundo.
El cultivo de plantas modificadas genéticamente se está extendiendo en todo el mundo hasta sobrepasar este año los 100 millones de hectáreas. Se trata de grandes cultivos como la soja, el maíz, el algodón y la colza en superficies minoritarias de otras plantas como la papaya o el clavel. Las modificaciones genéticas que han sido introducidas van dirigidas sobre todo a hacer que las plantas resistan a plagas de insectos o que permitan la utilización de algún herbicida. En Europa solo se cultiva un maiz resistente a un insecto, el taladro, contra el que el maiz no presenta una resistencia natural.
LA INTRODUCCIÓN de estas variedades se realiza en el marco de unas regulaciones definidas en todo el mundo desde finales de los años 80 y modificadas en Europa en el 2001 y 2003. Tratan de asegurar que las nuevas variedades de plantas no planteen ningún problema para la salud humana o animal o para el medioambiente distinto de las variedades no modificadas. Una planta modificada puede ser aprobada en Europa para ser cultivada o solo para ser importada. Una vez aprobada, esta puede ser comercializada en toda Europa. En este sentido, Catalunya está, hasta que no se decida lo contrario, en el marco del Estado español, de la Unión Europea y de la Organización Mundial del Comercio que impiden poner barreras al libre comercio de productos como las semillas, sus granos y sus derivados. En Europa, los productos derivados de las plantas modificadas genéticamente para consumo humano o animal deben ir etiquetadas con la correspondiente información.
¿Significa esto que un país no puede declarar que no quiere una de estas plantas? Las normativas europeas prevén que un país pueda declarar que no quiere comercializar alguna de estas plantas. Es lo que se llama una cláusula de salvaguardia que contempla que cuando un país piensa que alguna de estas plantas puede producirle un problema de salud o de medioambiente en su territorio puede pedir que se le permita prohibir la introducción en su casa. Esto significa que debe hacerse una demanda para una planta específica y que hay que aportar datos que demuestren que en el territorio en cuestión se dan unas características tales que si se introdujera una de estas plantas se produciría un perjuicio para la salud o el medioambiente.
Países como Austria, Hungría o Grecia han presentado demandas en este sentido, pero el examen de los datos aportados por parte del panel científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria encargado del tema aun no ha encontrado ningún caso en el que se demostrara que podría presentarse algún riesgo. Hay voces que piden una revisión del sistema, pero de momento no está en marcha.
Habría que definir también lo que quiere decirse con ausencia de transgénicos. Ya hemos dicho que hay que distinguir entre cultivo e importación. Si se propusiera no importar ningún grano o derivado de un producto transgénico, esto significaría detener la importación de maíz o soja, un componente esencial de los piensos con que se alimenta nuestro ganado y que vienen de países como Estados Unidos o Argentina, que son los mayores cultivadores de transgénicos del mundo. O también asegurar que el algodón con el que se fabrica gran cantidad de prendas de vestir no procede de plantas modificadas genéticamente.
Incluso el papel de nuestros euros lleva fibra de algodón que quizá procede de una planta transgénica. Para el cultivo, en nuestro país solo se utiliza un maíz que los agricultores deciden plantar porque sus semillas les permiten proteger sus cosechas del ataque del taladro. La experiencia ha demostrado que los agricultores saben decidir con prudencia cuándo y cómo utilizar estas nuevas semillas que les salvan de importantes pérdidas.
EN TODO el mundo se está produciendo un intenso debate sobre cómo responder a las demandas en la agricultura. Nos hallamos en un entorno complejo en el que la demanda de alimentos aumenta mientras nos preguntamos sobre los efectos ambientales de la agricultura intensiva y en no poder aumentar la superficie cultivada. Todo esto ocurre en medio de cambios climáticos, con el precio del petróleo afectando a la agricultura y en una economía globalizada en la que los alimentos pueden recorrer miles de kilómetros antes de llegar al consumidor. Desde el mismo momento del inicio de la agricultura, los agricultores han sabido incorporar las tecnologías que se desarrollaban para responder a las demandas de productos para nuestra alimentación, pero también para producir fibras, medicamentos, plantas ornamentales y también combustibles. Cómo queremos situarnos en este entorno tecnológico es una discusión compleja, el uso de plantas transgénicas es un buen síntoma.
miércoles, julio 16, 2008
Cambiar la política agrícola europea
De la política agraria común (PAC) la gente conoce a menudo los aspectos más folclóricos y perversos, como son las jugosas subvenciones que reciben la duquesa de Alba y la reina de Inglaterra o, años atrás, las montañas de leche y mantequilla almacenadas después de haberlas retirado del mercado, que a veces acababan su singladura pudriéndose. En realidad, la PAC nació con el Tratado de Roma, hace 51 años, en el contexto de una Europa que salía de la posguerra, en el marco de los seis estados que fundaron el Mercado Común, en los que la producción propia de alimentos no llegaba al 65% de sus necesidades. Unos países que habían sufrido la segunda guerra mundial, que recordaban las cartillas de racionamiento y unos precios altísimos en los alimentos de primera necesidad. Pese a que en 1957 se registraba una fuerte recuperación de la economía basada en el impulso de la industria, la agricultura no seguía el mismo ritmo y los recursos que una familia media destinaba a la cesta de la compra eran de casi el 70% de sus ingresos.
ES EN ESTE contexto que en el artículo 39 del Tratado se define una política agraria común para relanzar la agricultura y la ganadería en la vertiente productivista, estabilizar los precios, incrementar las rentas de los agricultores y equilibrar los diferentes territorios agrícolas con enormes diferencias de productividad y, por tanto, de renta. Hay que tener en cuenta, también, la obsesión de alemanes y franceses por controlar la inflación a partir de los precios de los alimentos, componente básico en el cálculo del IPC, ya que entonces ponderaban mucho.
La PAC se articuló con unos aranceles comunes elevadísimos que desconectaron el Mercado Común del mercado mundial, con una política de precios y de mercados que pretendía garantizar los intereses de los agricultores; con la retirada de excedentes, que se compraban y se almacenaban, y los intereses de los consumidores, evitando los precios al alza en años de mala cosecha, vaciando los silos o autorizando, si era preciso, importaciones a precios más bajos. Esas políticas sirvieron para garantizar una estabilidad en los precios agroalimentarios y también un progresivo incremento de las producciones, tanto en los sectores protegidos, generalmente de la agricultura continental, como en los que funcionaban según las leyes del mercado, la agricultura mediterránea.
Paralelamente a esas políticas intervencionistas, en el campo se estaba produciendo la revolución verde según el modelo americano: mecanización, abonos químicos, pesticidas, nuevos sistemas de riego y cada vez más tecnología.
Durante los años 60, y en un espacio de tiempo corto, la suma de la PAC y los cambios en los sistemas de producción provocaron excedentes en muchos sectores, principalmente en los más mecanizados. Esos excedentes empezaron a ser un grave problema de espacio físico para el almacenaje, y también económico, porque desequilibraba los presupuestos de la PAC. No tener claros los objetivos de la PAC hizo que los responsables políticos de la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) rechazaran medidas estructurales como las que proponía el holandés Mansholt.
Se acabó aprobando lo peor: exportar al mercado mundial todo lo que sobraba, aunque fuera al precio de tener que subvencionar la diferencia entre los precios elevados del mercado interior y los mucho más bajos de los mercados exteriores.
Y con esta medida –conocida como dumping (venta por debajo del precio)–, ya tuvieron la guerra declarada, especialmente con la primera gran potencia exportadora, EEUU, que nos acusó de prácticas ilícitas que distorsionaban el comercio mundial. Porque esta distorsión convirtió a Francia en el segundo país exportador de cereal del mundo. Y fue en el marco del GATT (los acuerdos para el libre comercio) en el que los negociadores americanos exigieron abiertamente a la UE de los Quince un cambio en las medidas proteccionistas de la PAC, principalmente en los aranceles y en las subvenciones a la exportación. Y eso que ellos también ayudaban a su agricultura, a menudo con presupuestos muy superiores a los de la UE, pero lo hacían con un sistema mucho más pragmático que mantenía su mercado interior conectado al mercado mundial.
La anunciada reforma de la PAC, que empezó a aplicarse en 1992, fue la consecuencia del pulso en el seno del GATT entre las dos grandes potencias y que ganó EEUU, imponiendo el desarme arancelario y la eliminación de las subvenciones a la exportación, los grandes obstáculos para las exportaciones americanas.
AQUELLA reforma fue una nueva ocasión perdida, porque no se aprovechó la crisis para impulsar una serie de medidas estructurales de modernización, de acuerdo con las exigencias de los mercados, de las competencias en materia de política agraria que conservaban los estados miembros, y la necesidad europea de contar con una agricultura fuerte y competitiva. En su lugar, se optó por un sistema de ayudas a la producción que en teoría debía compensar la pérdida de renta de los agricultores, por la conexión con el mercado mundial, con precios a la baja que en la práctica ha servido para beneficiar a la agricultura más rica y a una serie de personajes y empresas que nada tienen que ver con el oficio de agricultor. Y que van desde la duquesa de Alba hasta la reina de Inglaterra, el príncipe de Mónaco o Mario Conde.
Todo este desaguisado, que nada tiene que ver con el artículo 39 del Tratado de Roma, que nunca se ha derogado, se paga con dinero público. Como ahora se habla de nuevo de reformar la PAC, los que ya nos ponemos a temblar nos preguntamos: ¿lo harán con los mismos criterios que en las reformas anteriores?