El gran saqueo

Por Joaquín Estefanía, director del Informe sobre la Democracia en España, de la Fundación Alternativas (EL PAÍS, 09/05/11):

Por más que venda libros y se multipliquen los programas de televisión que amparan el “pensamiento positivo” (en realidad, pensamiento mágico), es muy difícil observar la crisis económica como una opción superadora. La “destrucción creativa” lo será para los que sobrevivan, no para los millones de ciudadanos que van quedando por el camino. Lo cuenta la periodista Bárbara Ehrenreich, en su estupendo libro Sonríe o muere: hay gente “a la que habían echado del trabajo y que se dirigía cuesta abajo y sin frenos hacia la pobreza, a la que se decía que debía ver su situación como una oportunidad (…) La persona que pensaba en positivo no solo se sentiría mejor mientras buscaba trabajo, sino que para ella ese trámite acabaría antes y más felizmente”.

Esta descripción es contraria a la realidad. Empiezan a aparecer datos en España que permiten conocer las primeras huellas profundas de la Gran Recesión en los hogares, en términos de pobreza y de distribución de la renta. Este primer balance no es precisamente favorable para una buena parte de los ciudadanos españoles: a diferencia de otros momentos de crisis en los 30 años largos de democracia española, ahora hay más desigualdad porque los pobres son más pobres porque están perdiendo bienestar; los sectores más afectados son los más vulnerables al desempleo (y no los pensionistas y la gente mayor), dado que la composición del mercado de trabajo es clave para interpretar lo que está sucediendo. Y, lo que es peor, las políticas públicas no se adecuan a la nueva situación ni a los riesgos que ello implica.

Existen al menos dos trabajos que han analizado esta recomposición social en España, a la luz de varios fenómenos concatenados: la entrada exponencial y compulsiva de inmigrantes en la última década, atraídos por las posibilidades de trabajo y las condiciones de vida; sus expectativas limitadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria, que había sido parte sustancial del modelo de crecimiento; y definitivamente truncadas -las expectativas de los inmigrantes y de una buena parte de la población activa autóctona- por la gran crisis económica en la que estamos instalados. Estos dos trabajos de la Fundación Alternativas son el Informe sobre la Democracia en España (IDE-2011), de próxima aparición, en el que los investigadores del equipo del profesor Ruiz-Huerta han profundizado en estos asuntos, y el texto titulado Pobreza y privación material en España en el periodo 2004-2008: del auge económico al inicio de la recesión, de la profesora Rosa Martínez.

Para entender lo ocurrido en España en las tres décadas largas de democracia, estas se pueden dividir en cinco etapas. La primera fase está representada por el largo periodo de estancamiento desde el inicio de la crisis del petróleo hasta la mitad de los años ochenta. Básicamente el periodo en que gobernó UCD y algo el PSOE. Entonces no hubo un empeoramiento de la desigualdad y de la pobreza, que incluso mejoraron levemente. La intensa destrucción del empleo y el tránsito de tasas de paro inferiores al 5% a registros superiores al 20% no se tradujeron en desigualdad y pobreza porque crecieron las remuneraciones, en un periodo altamente inflacionista, y porque se desarrollaron algunos de los componentes del Estado de bienestar al amparo del proceso democrático.

La segunda fase dura desde la mitad de los ochenta hasta el primer tercio de los noventa. Corresponde a los Gobiernos de Felipe González. En una coyuntura en la que la mayoría de los países de la OCDE, subordinados a la revolución conservadora -especialmente Estados Unidos y Reino Unido- registran espectaculares aumentos de la desigualdad, esta se reduce en España. ¿Causas?, la recuperación del empleo, aunque no se lograra reducir significativamente la tasa de paro y buena parte de los puestos de trabajo se sustentaran en el aumento de la temporalidad; y el incremento del gasto redistributivo con la puesta en marcha de nuevas prestaciones sociales y el fortalecimiento de programas que ya existían.

La tercera fase es el trienio recesivo 1992-1994, también con los socialistas en el poder. Breve pero intenso proceso de estancamiento, con tasas negativas de crecimiento del PIB. El paro aumentó 10 puntos (desde el 15% al 25%), y hubo un fuerte crecimiento de los indicadores de pobreza y desigualdad, rompiendo la tendencia de las décadas anteriores.

La cuarta fase va desde 1995 hasta el inicio de la actual crisis, en el verano de 2007. Final de los Ejecutivos socialistas, las dos legislaturas de Aznar y los primeros años de Zapatero. La prolongada etapa de crecimiento no compensa los aumentos de pobreza y de desigualdad del trienio anterior: un gran número de los puestos de trabajo creados son de bajos salarios y en buena medida temporales; hay un aumento muy moderado, durante los primeros años, del gasto social, con un cierto distanciamiento respecto a los niveles medios de la UE; pérdida de la capacidad distributiva de la imposición sobre la renta y disminución del efecto redistributivo de las prestaciones sociales monetarias debido al aumento del número de beneficiarios y al distanciamiento de las cuantías respecto a los niveles medios de renta, etcétera.

La fase actual de recesión y estancamiento tiene sus propias peculiaridades negativas. La más importante de ellas es el rápido crecimiento de la tasa de paro en los sustentadores principales de los hogares (al antiguo “padre de familia”) que asciende casi a un millón de personas. En anteriores crisis, los efectos negativos del desempleo de jóvenes y cónyuges se compensan con el empleo de los sustentadores principales y el sistema de protección del paro, que evitaron un intenso aumento tanto de la desigualdad y de la pobreza como de las tensiones sociales. En este contexto de crisis, el paro de los sustentadores principales ha crecido más y de forma más veloz que en cualquier otro momento de la historia. Igualmente revelador en este cambio sociológico es el número de hogares en los que todos los activos se encuentran desempleados (también más de un millón). Por último, es significativo observar el incremento de hogares que no reciben ni ingresos de trabajo, ni del sistema de pensiones, ni prestaciones por desempleo (por ser sus integrantes parados de larga duración); es una población cuyo único recurso es el acceso a los sistemas autonómicos de rentas mínimas, dada la reciente eliminación del programa temporal de prestación por desempleo e inserción.

Conclusión: el volumen de paro y su composición son la manifestación más tangible del empeoramiento de los indicadores sobre el estado de la distribución de la renta en relación con objetivos razonables de equidad. Aunque la crisis ha afectado a todos, la capacidad de defensa y recuperación es muy diferente según el lugar que cada cual ocupa en la distribución de la renta. Ha aumentado el riesgo de pobreza entre los parados, aunque ha mejorado ese mismo índice entre los pensionistas.

Dos notas finales: a pesar de los esfuerzos realizados desde las políticas públicas, la insuficiencia de medidas de protección al desempleo, la falta de articulación de las rentas mínimas autonómicas y las restricciones financieras de las Administraciones públicas suscitan serios interrogantes sobre el peligro de inestabilidad social. Por último, los analistas advierten contra un espejismo: la recuperación económica, a la luz de la experiencia, no implica una mejora inmediata de las variables distributivas, dada la segmentación del mercado de trabajo y la precariedad de muchos de los empleos creados.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Empleo y políticas de empleo en el Norte de África: de causas de las revueltas a claves de la transición

Por Iván Martín, investigador asociado del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (REAL INSTITUTO ELCANO, 05/04/11):

Tema: Una variable fundamental de la función de estabilidad social a corto y medio plazo de los países árabes mediterráneos, de Marruecos a Siria, es la situación del empleo y las políticas de empleo. Y dicha variable dependerá mucho de la oferta que la UE haga a esos países.

Resumen: Existe un amplio consenso acerca de que una de las principales causas de las recientes revueltas contra los regímenes políticos en Túnez y en Egipto fue el malestar de la población ante el deterioro de las condiciones de vida y de las perspectivas económicas. La falta de perspectivas de empleo para los jóvenes, en particular, fue una de sus principales motivaciones para echarse a la calle en Túnez o en Egipto y exigir el cambio de régimen y, con él, el cambio de política económica. Sin embargo, en el nuevo escenario surgido tras la caída de los regímenes tunecino y egipcio, toda la atención se está poniendo en la reforma política y la transición democrática, sin un debate ni un análisis sobre las políticas económicas necesarias para garantizar la estabilidad. La UE, que por su proximidad y su fuerza de gravitación tiene una influencia determinante en las opciones económicas de estos países, debe elegir entre dos opciones. Por un lado, una simple reorientación de su asistencia hacia el acompañamiento del proceso de democratización y, por otro, el replanteamiento radical de su oferta a la región y, con ella, del modelo de sus relaciones económicas con el Mediterráneo.

Análisis

Revueltas y empleo

El viernes 14 de enero de 2011 pasará a la historia por ser el día en que Zine El-Abidine Ben Ali abandonó el país y se inició el proceso de transición a la democracia en Túnez, una auténtica segunda independencia. Pero entre el maremágnum de noticias que rodearon ese momento, los saqueos y los ataques a emblemas de la familia del presidente, pasó inadvertido que el día anterior, en el momento álgido de las revueltas, 24 oficinas públicas de empleo habían sido quemadas en todo el país y dos más ocupadas por jóvenes airados. Esta ira de los manifestantes contra las delegaciones físicas de la política de empleo del régimen evidencia una de las principales causas del descontento de la población y, sobre todo, de los jóvenes que protagonizaron las revueltas: la falta de empleo y de perspectivas económicas.

Un repaso rápido de algunas cifras justifica esa centralidad del empleo: sobre una población total de 180 millones de personas en los ocho países árabes mediterráneos (de Marruecos a Siria, excluida Libia), tan sólo 50 millones tienen un empleo, es decir, menos del 30% de la población total y menos del 45% de la población en edad de trabajar (en España, esa cifra es del 60%). Los salarios medios apenas superan los 100 euros mensuales en Egipto, no llegan a los 150 en Siria y están por debajo de los 300 euros en Marruecos y Argelia (en Túnez el salario mínimo legal, que actúa como techo salarial efectivo en el sector informal, es de 139 euros). Las tasas de desempleo, que no son muy significativas debido a la elevada tasa de inactividad, afectan sobre todo a los jóvenes y a las mujeres (sólo una de cada cinco mujeres en edad de trabajar forma parte de la población activa). Además, paradójicamente, aumentan con el nivel de educación, de modo que el desempleo de los licenciados universitarios se ha convertido en un gran problema político en casi todos los países de la región.

Las perspectivas a medio plazo son aún más inquietantes (véase la Tabla 1). En los próximos 10 años, simplemente para absorber el aumento de la población en edad de trabajar, es decir, la llegada al mercado laboral de las cohortes de jóvenes que ahora tienen entre cinco y 15 años, sin que aumente el número de desempleados actuales, será necesario crear más de 15 millones de empleos adicionales en la región. Eso supone entre un 30% y un 60% más que el empleo creado durante los años de elevado crecimiento económico registrado entre 2002 y 2007.

Tabla 1. Estimación de las necesidades anuales de creación de empleo hasta 2020 (1)

 (1) Bajo los supuestos de mantenimiento de las tasas de participación en la población activa y del número de desempleados.

Fuente: Estudio “Labour Market Performance and Migration Flows in Arab Mediterranean Countries: Determinants and Effects”, Comisión Europea, 2010.

El diagnóstico está hecho. En el citado estudio de 2010 de la Comisión Europea se subrayaba que “es necesario actuar de inmediato, porque el statu quo en materia de empleo corre el riesgo de provocar daños irreparables a las perspectivas de desarrollo de estos países”, creando “tensiones en su tejido social que podrían afectar gravemente a la cohesión y la estabilidad social en la región, incrementando las presiones migratorias”. El propio Fondo Monetario Internacional asumía poco después el mismo lenguaje y en octubre de 2010 sostenía que “cada vez está más claro que la región no puede permitirse el statu quo” en relación con sus mercados de trabajo (Regional Economic Outlook. Middle East and Central Asia, p. 37). En la misma línea apunta la reciente Comunicación de la Comisión Europea del 8 de marzo de 2011 en la que se propone una “Asociación para la democracia y la prosperidad compartida con el sur del Mediterráneo”.[1] En ella, la Comisión reconocía que “los disturbios en varios países del sur del Mediterráneo están claramente vinculados con las debilidades económicas. Muchas de estas economías se caracterizan por una distribución desigual de la riqueza, reformas económicas y sociales insuficientes, escasa creación de empleo, sistemas educativos y de formación profesional muy débiles que no producen las cualificaciones requeridas por el mercado de trabajo y un nivel muy bajo de integración comercial regional”.

Empeoramiento de las perspectivas económicas

Aunque ya preocupantes con anterioridad a la crisis actual, lo cierto es que a corto plazo las revueltas han deteriorado las perspectivas económicas de los países del Norte de África y, por tanto, su capacidad para acometer una política social y de empleo más consistente. Tanto el turismo como las inversiones extranjeras se están resintiendo gravemente del aumento de la inestabilidad y de la incertidumbre y tardarán en recuperarse. También las exportaciones han sufrido un severo retroceso. El nuevo ministro de Hacienda egipcio estimaba en dos puntos porcentuales la rebaja del crecimiento directamente causada por las revueltas en 2011, y las autoridades tunecinas estiman la caída del crecimiento en entre dos y tres puntos porcentuales. Las agencias de calificación crediticia no han tardado en revisar las “notas” de la deuda externa de Túnez y de Egipto: la agencia Moody’s rebajó la calificación de Túnez el 19 de enero y el 31 de enero las tres grandes agencias de calificación (Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch) hicieron lo propio con Egipto “ante el aumento del riesgo político”. La apertura de la Bolsa de Valores de El Cairo tras 55 días de suspensión, el 23 de marzo, provocó la peor caída de su historia, un desplome del 8,9% que se acumula al 16% que ya había perdido en la semana anterior a su cierre. Otros países de la región, como Marruecos, Jordania y Argelia, ya se están resintiendo también.

Por otro lado, la presión sobre la política económica ha aumentado mucho. El éxito de las movilizaciones populares y la eclosión de unas reivindicaciones largamente reprimidas están provocando una proliferación de huelgas y movilizaciones reclamando mejoras salariales en ambos países, y muchas empresas se han visto obligadas ya a duplicar o triplicar los salarios. Los trabajadores y ciudadanos de esos países no sólo aspiran a “disfrutar de las mismas libertades que nosotros [los europeos] damos por sentadas”, como se señala en la Comunicación de la Comisión antes citada, sino que también aspiran a compartir nuestro nivel de vida y de desarrollo.

Ahora bien, objetivamente, dichas movilizaciones operan como factor de disuasión para la inversión extranjera y la iniciativa empresarial. Más aún, la falta de un liderazgo sólido y de una buena vertebración de las reivindicaciones por parte de sindicatos y otras organizaciones sociales se traduce en una falta de mecanismos de contención de las demandas corporativistas de los distintos sectores en el marco de un pacto económico y social más amplio a escala nacional. Tal marco permitiría acometer la reconstrucción económica sobre unas bases sólidas y equitativas.

Los gobiernos de la región son conscientes de la importancia del empleo en el nuevo contexto. Por ejemplo, en Marruecos, el gobierno no tardó ni una semana tras la caída del régimen tunecino en ceder a las movilizaciones de los licenciados en paro y anunciar que les reservaría 1.880 puestos de libre designación en la Administración, sin concurso ni oposición. El nuevo ministro de Empleo tunecino, pese a denunciar el intento de Ben Ali de congraciarse con la población anunciando por televisión la creación de 300.000 empleos en dos años sólo tres días antes de abandonar el país, tiene previsto habilitar a 14.000 nuevos funcionarios y se propone crear de inmediato la figura del contrato en prácticas en la Administración pública para 10.000 licenciados en paro, además de un amplio plan de obras públicas cuyo principal objetivo es mantener la actividad económica y crear empleo a corto plazo (Le Monde, 21/III/2011). Por su parte, Siria anunció el 20 de marzo la creación de 63.000 empleos más en el sector público, con un coste de 18.000 millones de dólares. Pero ninguna de esas medidas aporta una solución estructural al problema del desempleo ni conseguirá apaciguar las demandas sociales de mejoras salariales y acceso al empleo. Al contrario, tales medidas imponen de hecho una carga futura al presupuesto del Estado que puede acabar desviando recursos de las inversiones públicas y el gasto social o educativo.

También la UE es consciente del reto del empleo y de su interdependencia con los países mediterráneos. En su Declaración del 11 de marzo de 2011, el Consejo Europeo señalaba que “el desarrollo económico y las perspectivas de empleo, especialmente para los jóvenes, son de una importancia capital para estabilizar la democracia”.[2] La propia Comisión Europea, en su Comunicación del 8 de marzo de 2011, tras observar que los acontecimientos en curso en la vecindad sur “tendrán consecuencias duraderas no sólo para los pueblos y los países de la región, sino también para el resto del mundo, y en particular para la UE”, insistía en que todo lo realizado hasta ahora “debería ir acompañado por políticas sociales y de empleo integradas, que incluyan la articulación entre las iniciativas de formación profesional y las necesidades del mercado de trabajo, el diálogo social, la provisión de redes de seguridad social y la transformación del sector informal”. Lo que no indicaba es cómo se propone contribuir a esos objetivos.

Función de estabilidad social: la clave europea

El hecho es que la función de estabilidad social en el Norte de África parece estar infradeterminada: en las circunstancias actuales, no hay una fórmula que permita compatibilizar el trinomio formado por las reformas necesarias, la mejora de la competitividad en un entorno de globalización económica y la satisfacción de las expectativas legítimas de la población (trabajo decente, condiciones de vida dignas y convergencia progresiva con los niveles de vida de la UE). Los regímenes anteriores optaron, con el apoyo de la UE, por las dos primeras, obviando el umbral de sostenibilidad social y acumulando así la frustración de amplios segmentos de la población. Los riesgos de emergencia de opciones populistas son evidentes en un contexto que combine apertura económica con baja competitividad –y por tanto la exclusión de regiones y grupos sociales enteros– y elecciones democráticas.

En este contexto, la oferta económica que haga la UE a los países mediterráneos puede servir de clave para asegurar la cohesión y encontrar una solución a dicha ecuación que contribuya a reforzar la transición política y no la socave. Así sucedió en las sucesivas ampliaciones europeas, y en cierta medida está sucediendo en Turquía y en los Balcanes. Dicha oferta debe articularse en dos planos, uno genérico en relación con el modelo de relaciones económicas entre el norte y el sur del Mediterráneo y otro más específico sobre las políticas de empleo.

“Prosperidad compartida”

La rapidez de los cambios de régimen, al menos en Túnez y Egipto, junto con el protagonismo en las revueltas de los jóvenes –más que de los movimientos sindicales y sociales de oposición organizados– y las expectativas sociales ante el nuevo contexto político hacen muy improbable que los países árabes mediterráneos puedan superar por sí solos la espiral de demandas sociales y corporativas, la mayor inestabilidad que se deriva de ellas y el consiguiente deterioro de las perspectivas económicas. Ante este escenario, una de las pocas alternativas para estabilizar la situación y ofrecer un panorama de mejora que contenga las reclamaciones sociales a corto plazo puede venir de las perspectivas de integración en el espacio económico europeo. Curiosamente, sólo los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y de los Países Bajos han subrayado en las últimas semanas la importancia de esta vía (véase el artículo conjunto publicado en European Voice, 24/III/2011).

Esta alternativa requeriría que la UE ofreciera un paquete de medidas económicas a corto y medio plazo bien moduladas y ligadas a avances en el proceso democrático que fuera capaz de cambiar de manera determinante las perspectivas económicas de estos países, algo que ni la Unión para el Mediterráneo (UpM) ni la Política Europea de Vecindad (PEV) han conseguido hasta ahora. Un cambio así sólo puede conseguirse si la UE les ofrece un conjunto de incentivos económicos equiparable al que ofrece a los países candidatos a la adhesión, es decir:

1. Plena apertura del mercado interior europeo (incluida la liberalización agrícola, administrada hasta ahora en dosis homeopáticas), con perspectivas incluso de una integración a medio o largo plazo en los mecanismos de la Política Agrícola Común.
2. Un horizonte inequívoco de libre movilidad de personas como el que ofreció ya a los países del Este de Europa, de Ucrania a Georgia, en la Declaración del Consejo Europeo de mayo de 2009, en la que se creó la Asociación Oriental.
3. Un aumento sustancial de la asistencia financiera acorde con el objetivo de convergencia económica real, pero también una reorientación de la misma en función de dicho objetivo, algo que la UE tiene perfectamente ensayado mediante el instrumento de los fondos estructurales de la Política Regional, diseñados específicamente para promover la cohesión y el “desarrollo de las regiones más pobres” (otro de los objetivos enunciados por la Comisión en su nuevo enfoque hacia los países del Sur).[3]

Se trata, ni más ni menos, de retomar el modelo de integración que la UE ha utilizado con éxito como instrumento de modernización y transformación de sus vecinos. Es decir, de recuperar la filosofía original de la PEV (“todo menos las instituciones”), un modelo que evidentemente debería plantearse en un formato modulable y ser ofrecido también a los países de la vecindad Este. La aplicación de este modelo serviría, además, para acelerar el proceso histórico de ampliación de la esfera de influencia de la UE que la caracteriza desde su propia creación en 1958, y contribuir a la creación de un bloque económico regional potente que refuerce a Europa en el marco del proceso de globalización, integrando su periferia menos desarrollada.

Si la UE es capaz de sobreponerse a su propia parálisis política y de diseñar un paquete de estas características, no sólo estará ante un proyecto capaz de relanzar la propia integración europea, como lo fueron en su día el mercado interior, la moneda única o la ampliación, sino que convertiría las relaciones económicas con sus vecinos mediterráneos en un vector de superación de la crisis económica actual. Desde el punto de vista de los países mediterráneos y su proceso de transición, un horizonte claro de plena integración en el espacio económico europeo podría actuar como fuerza moderadora de las demandas sociales a corto plazo y contribuiría a centrar los esfuerzos de los agentes sociales en el diseño y la aplicación de las reformas políticas y económicas necesarias, y no en la obtención de réditos corporativistas a corto plazo. La propia condicionalidad inherente a una oferta de esta naturaleza contribuiría a responsabilizar a los agentes sociales, que tendrían fuertes incentivos para renunciar a conquistas individuales o corporativistas a corto plazo a cambio de avances colectivos significativos a medio y largo plazo, so pena de perder su legitimidad. En esencia, esa fue la ecuación de estabilidad, reforma y progreso social que impulsó el desarrollo de España en la segunda mitad de los años 70 (con los Pactos de la Moncloa, que presuponían una función de demandas sociales bien articulada por sindicatos y partidos políticos), los 80 (con la perspectiva de la entrada en la Comunidad Europea, que facilitó por ejemplo el difícil proceso de reconversión industrial) y los 90 (las transferencias recibidas del presupuesto comunitario permitieron acometer prácticamente sin oposición social la gigantesca operación de ajuste macroeconómico previa a la entrada en el euro, con unas consecuencias sociales sumamente duras).

La actual situación en Libia, con los costes de la operación militar (que superan ya a los compromisos europeos de ayuda adicional a la región) y la gestión de los flujos migratorios sobrevenidos ofrecen una pista sobre el coste de las alternativas a esta visión de integración euromediterránea.

“Políticas de empleo integradas”

La otra clave para impulsar un desarrollo económico y social compatible y simultáneo con el proceso de democratización en el Norte de África es el desarrollo de la dimensión social de la cooperación euromediterránea, tanto bilateral como multilateral.[4]

En el plano bilateral, es preciso impulsar en los países mediterráneos políticas nacionales de empleo bien definidas. Tales políticas nacionales deberían incluir políticas activas eficaces para facilitar la transición de los jóvenes entre el sistema educativo y la vida laboral y la integración de las mujeres en el mercado de trabajo. También son fundamentales unos servicios públicos de empleo concebidos desde la perspectiva de la cohesión territorial y la prestación de servicios de apoyo a los desempleados, y de intermediación tanto interna como internacional. Por último, dichas políticas deberían estar igualmente articuladas con unas políticas industriales activas que impulsen la creación de empleo cualificado en la región, uno de los eslabones débiles del proceso de modernización económica de estos países (cuyo nivel de industrialización se redujo entre 1970 y 2007, según el Informe sobre Desarrollo Humano Árabe 2009). En este sentido, la UE y los Estados miembros pueden prestar una preciosa asistencia técnica y financiera en ambos ámbitos, como han hecho en el ámbito de la política comercial o macroeconómica.

Igualmente, las políticas de empleo deberían cobrar protagonismo en el marco de la aplicación de la PEV y todos sus instrumentos (planes de acción, apoyo presupuestario, hermanamientos, cooperación transfronteriza, etc.). Para ello, habría que empezar por el reforzamiento institucional de los ministerios de Empleo y sus capacidades de definición de políticas. La reactivación de los acuerdos de migración legal entre la UE y los países mediterráneos contribuiría igualmente a mejorar las perspectivas de los mercados de trabajo en estos últimos y a visualizar la voluntad europea de integración efectiva de los países mediterráneos, con todas sus consecuencias.

En el plano multilateral, hasta el año 2007 el empleo, pese a ser ampliamente reconocido como el principal reto económico y social de la región, estuvo prácticamente ausente de la cooperación euromediterránea, salvo un pequeño programa regional de reforzamiento de los sistemas de formación profesional. Desde entonces la situación ha mejorado sensiblemente. En 2008 y 2010 se organizaron sendas conferencias ministeriales euromediterráneas de empleo (la más reciente, en Bruselas en noviembre de 2010, fue la última conferencia ministerial de la UpM hasta la fecha) y en ellas se acordó un “Marco de Acciones en materia de empleo, empleabilidad y trabajo decente” para el conjunto de la región.[5]

Pero, aunque “la aplicación del Marco de Acciones integrado aprobado en Marrakech [en la conferencia ministerial de 2008] se ha hecho aún más urgente ante la presión de la crisis del empleo y la necesidad de recuperación”, y cabría decir que aún más tras las recientes revueltas, lo cierto es que hasta ahora no ha pasado de la retórica voluntarista. Sin embargo, los nueve ejes de actuación contemplados en el Marco de Acciones constituyen la osatura de una auténtica Estrategia Euromediterránea de Empleo. Además, en términos de metodología, los ministros se inspiran claramente, a la hora de diseñar el “diálogo regional en materia de empleo”, en el Método Abierto de Coordinación de supervisión multilateral de políticas ampliamente ensayado ya en el seno de la UE. Se trata del mecanismo de coordinación previsto entre los Estados Miembros en aquellos casos en que las instituciones comunitarias no tienen competencias propias, como sucede en el ámbito de las políticas sociales y de empleo, y estaría implícitamente basado en el reconocimiento de que el empleo en la región mediterránea, y, por consiguiente, las políticas de empleo de todos los países mediterráneos, son una cuestión de interés común (interdependencia). Ello entrañaría lógicamente, de acuerdo con el método comunitario, un cierto “derecho de información” de todos los socios sobre dichas políticas, la definición de estrategias conjuntas y, en última instancia, la mutualización de los recursos para ponerlas en práctica.

Para ello, sería necesario operacionalizar dicho Marco de Acciones, estableciendo calendarios de aplicación y movilizando recursos específicos y otorgando un mayor protagonismo de supervisión técnica a la Comisión Europea para impulsar y gestionar el proceso, tarea hasta ahora encomendada a un Grupo de Trabajo de expertos que se reúne únicamente una vez al año. Por esta nueva fase, habría que convocar una nueva conferencia ministerial (la próxima no está prevista hasta finales de 2012) con aquellos países europeos y mediterráneos dispuestos a participar en una nueva “Estrategia Euromediterránea de Empleo”, que idealmente debería incluir también aspectos migratorios.

Otro vector complementario, aunque más exigente, sería ofrecer a los países asociados mediterráneos más avanzados (por ejemplo, en el marco del “estatuto avanzado”) la posibilidad de integrarse plenamente en la dinámica de la Estrategia Europa 2020 (“Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”),[6] aprobada por la UE en junio de 2010 y que articulará todas las acciones comunitarias en materia de crecimiento, competitividad y empleo durante los próximos 10 años, así como el uso de los fondos estructurales durante el próximo período presupuestario 2014-2020. La Estrategia Europa 2020 se propone como una hoja de ruta para aumentar a largo plazo la competitividad de las economías europeas y preservar el modelo social europeo (“¿Dónde queremos que esté Europa en 2020?”) en torno a los siguientes ejes: empleo, innovación y competitividad; cambio climático; y educación y lucha contra la pobreza. Un análisis detallado pone de manifiesto que en realidad existe un alto grado de solapamiento de objetivos entre la Estrategia Europa 2020 y las diferentes capas de la cooperación UE-Mediterráneo y, por consiguiente, que es perfectamente viable plantear una Estrategia Europa-Mediterráneo 2020 en el ámbito del crecimiento y del empleo.[7] La integración de los países del sur del Mediterráneo en su espacio económico haría a Europa más competitiva.

Eso sí, esta redefinición de las políticas de empleo y de las prioridades de la cooperación económica euromediterránea debe llevar aparejado un replanteamiento del modelo económico auspiciado por la UE y las instituciones financieras internacionales en la región. Dicho modelo se ha centrado hasta ahora en el ajuste macroeconómico, la liberalización y la competitividad (bajos salarios, bajos impuestos, baja regulación), sin tener en cuenta las consecuencias sociales de esas políticas ni la prioridad del empleo, no sólo como mecanismo de integración económica de la mayor generación de jóvenes de la historia de estos países, sino como condición necesaria para la estabilidad en una sociedad democrática.

Una oportunidad para España

En este contexto, España tiene un papel sumamente importante que desempeñar, no sólo por su implicación directa en la región como país mediterráneo y su mayor exposición comercial a los socios mediterráneos,[8] sino por su propia experiencia de transición democrática y desarrollo económico y, más recientemente, por la gestión de un modelo migratorio que ha conseguido integrar sin excesivas tensiones cuatro millones de inmigrantes laborales en una década.

La transición española está considerada como un modelo ejemplar, precisamente por la conjugación del proceso de democratización con la implantación del Estado de Bienestar (que sentó las bases de un reparto más equitativo de la riqueza y sobre todo de la reducción de la exclusión social) y el desarrollo del Estado de las autonomías (que acercó el proceso político a los ciudadanos y a los territorios). Pero ese proceso fue sin duda lubricado por las perspectivas de plena integración en la Comunidad Europea (con el consiguiente aflujo de inversión extranjera) y, en particular por los fondos estructurales europeos.

Ahora bien, la proyección de esa experiencia no debe limitarse a la organización de seminarios, las asesorías áulicas o la disolución pasiva de la acción española en las políticas de cooperación de la UE en la región. La política mediterránea de España no puede fiarse exclusivamente al soft power que le otorga su experiencia de modernización y democratización y la incondicionalidad que se le supone en la defensa de los intereses de los socios mediterráneos. España debe defender activamente en el seno de las instituciones comunitarias, empezando por la inminente negociación de las Perspectivas Financieras 2014-2020, un modelo de integración de los países mediterráneos en la órbita económica y política europea similar al modelo del que ella se benefició. Debe hacerlo, además, recurriendo a todos los instrumentos de una diplomacia moderna como la elaboración de marcos conceptuales, simulaciones y otros instrumentos de negociación y lobby que articulen y difundan sus posiciones, estrategias de diplomacia pública o articulación con la acción de los ministerios sectoriales (incluido el de Trabajo). Aunque España lleva al menos desde 2005 reconociendo la conveniencia de un horizonte de extensión de los fondos estructurales a los socios mediterráneos, por lo menos en el marco del estatuto avanzado (así lo recogieron tímidamente las Conclusiones de la Cumbre Euromediterránea de 2005 en Barcelona, y a ello alude también el documento conjunto sobre el estatuto avanzado UE-Marruecos de 2008), aún no conocemos cuáles son el concepto y las propuestas concretas españolas al respecto, como tampoco se ha conocido hasta ahora un plan alternativo al empantanamiento de la cooperación multilateral euromediterránea causado por el embrollo de la UpM.

Por otra parte, la problemática situación del empleo en la que se halla inmersa España en el frente interno no debe servir de excusa para que el Ministerio de Trabajo e Inmigración se desentienda de las dinámicas regionales en este ámbito en el Mediterráneo. España tiene, pese a la actual crisis del empleo, una valiosa experiencia en gestión de políticas de empleo, tanto a nivel nacional como a nivel regional o local, y los instrumentos y los recursos para compartirla con sus países vecinos mediterráneos (mediante hermanamientos, asistencia técnica, cooperación descentralizada, etc.). En el último lustro, la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo (AECID) ha financiado proyectos en materia de empleo o políticas de empleo en América Latina y en el Sahel; no hay razón para no hacerlo en el Magreb y todo el norte de África, donde las prioridades de la cooperación española han sido otras.

Conclusión

Millones o billones para la estabilidad en Europa

En la visita realizada a Túnez el 21 de febrero por la alta representante de la UE para la Política Exterior, Catherine Ashton, ésta anunció a sus interlocutores tunecinos la aprobación de una ayuda extraordinaria de 17 millones de euros como apoyo inmediato a corto plazo a la transición democrática y asistencia a las regiones más pobres del interior. La respuesta de un ministro tunecino fue muy elocuente: “¿ha dicho millones o billones?”. Más tarde, el ministro de Industria tunecino observó que Bruselas parecía no entender la escala de los cambios históricos que se están produciendo en el sur del Mediterráneo. En cualquier caso, en su oferta a los países mediterráneos, la UE no sólo se juega el alcance de sus ambiciones como actor global, en la medida en que sea capaz o no de anclar a los países de la ribera sur del Mediterráneo al área de influencia europea, sino que también se juega que el signo de una de las variables de su propia función de estabilidad sea positivo o sea negativo.

[1] http://www.eeas.europa.eu/euromed/docs/com2011_200_en.pdf.

[2] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/119784.pdf.

[3] Sobre la lógica y las posibilidades de extensión de los fondos estructurales a los países mediterráneos, véase Iván Martín (2009), “Perspectives financières 2014-2020: Quels instruments financiers pour la Méditerranée?”, en: Europe-Méditerranée. Enjeux, Stratégies, Réformes, Monographies méditerranéennes nº 7, IEMed, Barcelona, p. 48-57.

[4] Véase Iván Martín (ed.), 20+10: 30 propuestas para desarrollar una verdadera dimensión social en la Asociación Euromediterránea, Casa Mediterráneo, Friedrich Ebert Stiftung y Plataforma No-Gubernamental Euromed, Alicante, 2010.

[5] http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/brussels/downloads/employment.pdf.

[6] Comunicación de la Comisión Europea COM(2010) 2020 final, 3/III/2010.

[7] Iván Martín (2010): “La Estrategia Europa 2020 y el Mediterráneo: retos y perspectivas para la cooperación territorial”, documento de trabajo, Proyecto Medgovernance, Junta de Andalucía.

[8] Véase Gonzalo Escribano (2011), “Cambio político y economía en el mundo árabe: algunas implicaciones para España”, ARI nº 49/2011, Real Instituto Elcano.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

La falsa panacea de la flexibilidad del mercado laboral

Por Heleen Mees, economista y abogada holandesa. Su libro más reciente, Weg met het deeltijdfeminisme!, examina el feminismo de tercera generación. También es autora de un libro sobre derecho de la Unión Europea y fundadora del comité de acción de mujeres Women on Top (Project Syndicate, 22/03/11):

La competitividad se ha convertido en una de las palabras económicas de moda en nuestros tiempos. Barack Obama la pregonó a los cuatro vientos durante su discurso sobre el Estado de la Unión en enero, y los líderes europeos desde el conservador David Cameron en Gran Bretaña hasta el socialista José Luis Zapatero en España y el nuevo ministro de Economía de Japón Kaoru Yosano la abrazaron como una prioridad. Ahora bien, ¿qué tipo de competitividad tienen en mente?

Cuando se le preguntó durante una entrevista en septiembre de 2007 si los gobiernos europeos deberían liberalizar los códigos laborales de sus países, Alan Greenspan, el ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, respondió que las leyes de protección del empleo de Europa inhibían significativamente el desempeño económico y resultaban en un desempleo crónicamente alto en todo el continente. En Estados Unidos, a la gente se la puede despedir más fácilmente que en cualquier otro país, y la tasa de desempleo en aquel momento estaba entre las más bajas del mundo.

Pero ya no estamos en septiembre de 2007 y el desempleo estadounidense es del 9,4%, no del 4,5%. Y, según el sucesor de Greenspan, Ben Bernanke, no hay motivos para suponer que la tasa de desempleo alcance el 5% -normalmente considerada la tasa de desempleo natural- en el futuro cercano.

En los años 2000, Estados Unidos perdió dos millones de empleos en el sector privado en general -el total cayó de 110 millones en diciembre de 1999 a 108 millones en diciembre de 2009, a pesar del gasto masivo del consumidor-. Esa caída del 1,4% se produjo en una década en la que la población de Estados Unidos creció aproximadamente el 9,8%.

Para entender lo que está sucediendo, consideremos el caso de Evergreen Solar, el tercer fabricante más grande de paneles solares en Estados Unidos, que anunció en enero que cerraría su principal fábrica estadounidense, despediría a sus 800 empleados en el lapso de dos meses y trasladaría la producción a China. La gerencia de Evergreen mencionó el mayor respaldo gubernamental que existe en China como su razón para el traslado.

Evergreen es sólo uno de muchos casos que sugieren que Estados Unidos podría encontrarse en medio de lo que el economista de Princeton Alan Blinder en 2005 definió como la Tercera Revolución Industrial. Según Blinder, entre 42 y 56 millones de empleos estadounidenses –aproximadamente un tercio de todos los empleos en los sectores privado y público en el país- son vulnerables de terminar en el exterior. Blinder también predijo que el mercado laboral flexible y fluido de Estados Unidos se adaptaría mejor y más rápido a la globalización que los mercados laborales europeos.

En todo caso, recién estamos en las primeras etapas de esa revolución, y el resultado sigue siendo incierto. Pero una comparación preliminar entre Alemania, la mayor economía de Europa, y Estados Unidos sugiere que la primera está mejor equipada para arreglárselas en la era de la globalización.

Multinacionales alemanas como Siemens y Daimler están aumentando la inversión para satisfacer la demanda tanto de los mercados emergentes como del mercado interno. Las compañías planean incorporar cientos de miles de empleos en todo el mundo sólo este año. Mientras que muchos de estos empleos estarán en Asia, ambas compañías dicen que también sumarán empleos altamente calificados en Alemania.

¿Hay que agradecerle por esto a la rigidez del mercado laboral de Alemania? En realidad, podría ser parte de la explicación. Un estudio reciente de la Oficina de Planificación Central en Holanda muestra que los trabajadores con un contrato permanente reciben más capacitación financiada por el empleador que los trabajadores con un contrato temporario.

A los empleadores estadounidenses les resulta mucho más fácil eliminar trabajadores de su plantilla –o, como dice Robert Gordon de la Northwestern University, desechar todas las sillas de playa- que a los empleadores alemanes. El código laboral de Alemania prohíbe este tipo de despidos, pero los empleadores alemanes, a su vez, supuestamente son menos proclives que los empleadores estadounidenses a despedir empleados, porque han invertido más en el capital humano de sus compañías. Con menos capacidades específicas vinculadas a la empresa que sus pares alemanes, los trabajadores norteamericanos son más susceptibles a los despidos.

De hecho, Siemens, aparentemente consciente de los beneficios de la rigidez del mercado laboral, adoptó la medida inusual de prometerles a sus empleados un trabajo de por vida. El año pasado, la compañía selló un acuerdo con el sindicato IG Metall que incluye una promesa de no despido para su fuerza laboral alemana compuesta por 128.000 trabajadores.

Una explicación más importante para el actual éxito económico de Alemania tal vez sea el sustancial apoyo del gobierno que las industrias alemanas reciben sobre una base estructural, especialmente la industria automotriz. La economía estadounidense, por otra parte, está empantanada en el persistente énfasis que ponen sus responsables de políticas en el consumo y los recortes impositivos (muy notablemente para los súper ricos) por sobre la inversión.

Estados Unidos necesita cambiar el curso de su política económica. Una década de tasas de interés históricamente bajas derivó en desequilibrios económicos a favor de sectores que están altamente apalancados: el sector financiero, el mercado inmobiliario y el capital riesgo. Esto se produjo a expensas de sectores que son más dependientes de la financiación mediante la emisión de acciones. Ahora que la burbuja inmobiliaria estalló, Estados Unidos se encuentra falto de capacitación, falto de educación y falto de maniobra en la competencia global por empleo.

Ahora sabemos que la desregulación del mercado laboral no asegura una resiliencia económica y una rápida creación de empleos. Por el contrario, la mejor solución probablemente sea una diversidad de contratos laborales. Una cierta dosis de rigidez del mercado laboral puede tener sentido económico para aquellos empleos que requieren capacidades y capacitación específicas vinculadas a la empresa, junto con una mayor flexibilidad para los empleos que requieren menos capacidades.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Salarios contra competitividad

Por Joan Carles Gallego, secretario general de CCOO de Catalunya (EL PERIÓDICO, 21/03/11):

La irrupción de la cancillera Angela Merkel en el debate abierto en relación con la negociación colectiva, reclamando un cambio en el mecanismo de fijación de salarios, ha abierto una discusión que de nuevo obvia los problemas reales de nuestra economía, que no radican en el coste del factor trabajo, sino en la estructura económica sectorialmente desequilibrada y en la débil dotación de capital físico y de conocimiento disponible.

De nuevo los grupos de presión que representan intereses de sectores importantes de la economía, por poderosos, que se proyectan bajo el título de expertos economistas, manifiesto de los 100, etcétera, aprovechan para satanizar la fijación del salario en la negociación colectiva en base a la referencia del IPC, y reclaman adaptar el incremento salarial a la evolución de la productividad de la empresa. Una posición que olvida el papel que juegan los salarios en la economía de mercado y desconoce las dificultades de usar la productividad como variable de referencia.

Los sueldos son la principal, y mayoritariamente única, fuente de ingresos de la población asalariada del país. Por lo tanto, el salario representa el nivel adquisitivo y de bienestar de la mayor parte de la población. Los incrementos anuales de los sueldos, y de la ocupación, son determinantes en la evolución del consumo y, por lo tanto, de la demanda interna del país, un factor decisivo en el crecimiento económico. Los salarios son un componente importante de la estructura de costes de la empresa y, si bien los costes de personal no pueden crecer de manera continuada por encima de los incrementos de productividad, aquellos no son la única variable que actúa en la estructura del gasto.

Por todas estas razones, en la negociación colectiva se pactan incrementos de los salarios nominales que garantizan el mantenimiento del poder adquisitivo de la población asalariada. Y para hacerlo hasta ahora venimos utilizando la previsión de inflación, ajustando a posteriori las posibles desviaciones con las cláusulas automáticas de revisión salarial, que actúan cuando la inflación real supera la prevista. Y es también en la negociación colectiva donde se tienen que establecer los mecanismos para repartir parte de los incrementos de productividad para mejorar el poder adquisitivo de los salarios.

Esta secuencia permite mantener el potencial de compra de los trabajadores y, por lo tanto, el nivel de consumo agregado del sistema. También posibilita mejorar la capacidad adquisitiva del salario al aplicar una parte de los incrementos de la productividad, y otras partes a reinversión productiva o a retribución de los accionistas, lo que debe permitir el incremento de la demanda interna, vía consumo e inversión, contribuyendo así al crecimiento económico.

Este mecanismo funciona a nivel agregado, mientras que a escala de empresa puede necesitar de algún elemento corrector en función del contexto que hay que prever en la propia negociación colectiva. Pero pretender como única fórmula la adaptación salarial a la evolución de la productividad, como quieren determinados grupos de presión, comportará ineficiencias económicas y no mejorará la competitividad. A las dificultades para medir la productividad a nivel general, sectorial o de empresa, tenemos que añadir el carácter anticíclico del propio concepto de productividad, puesto que constatamos que en momentos de crisis hay incrementos de productividad y, por el contrario, en momentos de crecimiento la evolución de la productividad es más templada. Lo vemos estos últimos años en los que la crisis ha provocado una destrucción de ocupación proporcionalmente superior a la que ha representado la disminución del producto interior bruto (PIB), lo que da como resultado un crecimiento importante de la productividad aparente del trabajo: un 7,3% acumulado en tres años. Estos datos nos llevarían a la contradicción de fomentar un crecimiento mayor de los salarios en años recesivos y a bajar los salarios en la fase expansiva del ciclo.

Quizá sería más fácil hablar de beneficios que de productividad para medir la evolución de los sueldos. En cualquier caso, se necesitará mejorar los mecanismos de información y participación de los trabajadores si queremos que la negociación funcione, pero desgraciadamente la cultura empresarial de nuestro país es todavía reticente a abordar un aspecto que en la Unión Europea hace años que se ha superado.

Curiosamente, entre las propuestas de estos grupos ninguna hace referencia a limitar el abanico de remuneraciones salariales, que hoy llega a superar el múltiplo de 100, o a mejorar los mecanismos de cohesión social. Los estudios sobre las economías escandinavas demuestran que la competitividad más alta se registra en las sociedades más sindicalizadas, con menores desigualdades sociales y retributivas y con mayores prestaciones de servicios; garantizan la cohesión social, sin olvidar las inversiones en calificación, investigación e innovación.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Quemado por el trabajo

Por Ricardo Cayuela Dalmau, profesor de Psicología del Trabajo, facultad de Psicología Blanquerna (LA VANGUARDIA, 25/04/10):

La creciente incidencia en el entorno laboral de la psicopatología conocida como burn-out (“quemado por el trabajo”) recomienda orientar su difusión, incidiendo en los aspectos de prevención. Mas allá del tratamiento individual, analizando el origen de un síndrome individual, pero que implica a dos componentes; al trabajador y a la organización. En consecuencia podremos establecer criterios compartidos de intervención para prevenir esta patología desde la doble vertiente de responsabilidad.

De entre las dos decenas de definiciones de burn-out existentes, la de Gil Monte – “todo trabajador que se enciende con su trabajo, puede llegar a acabar quemándose en él”- nos permite ubicar el origen de este síndrome en la decepción que siente el trabajador al no ver logradas sus expectativas, ni compensados sus esfuerzos laborales… En cambio debe de enfrentarse a una realidad laboral muy diferente a la imaginada, lo que le desimplica progresivamente de la tarea, provocándole un intenso agotamiento emocional, en el que se mezcla la impotencia para alcanzar sus objetivos y la falta de recursos para lograrlo. Se genera así un desajuste laboral que se alarga en el tiempo controlándose de forma tardía y con mayor coste de remisión.

Un psiquiatra norteamericano, Freudenberg, buscando respuestas sobre el estrés crónico, define en el año 1974 el burn-out como una vivencia de agotamiento emocional y pérdida de interés por la actividad laboral. En 1976 Malasch se refiere al burn-out como una sobrecarga emocional en un proceso gradual de pérdida de responsabilidad profesional y desinterés por la tarea.

El burn-outes una forma de acoso psicosocial, que no se debe confundir con el mobbing. En el burn-out, el sentimiento de acoso lo constituye la propia tarea que desborda y paraliza al trabajador, quien se autopercibe sin recursos ni capacidad suficiente para reaccionar. En el mobbing el trabajador es acosado específicamente por terceros. Tampoco hay que confundir burn-out con boreout, en la medida en que una cosa es estrés en el trabajo y otra aburrimiento en el trabajo. El boreout se caracterizaría por una respuesta más controlada y adaptativa que conduciría inicialmente a contrarrestar el aburrimiento, con unas posiciones de fingimiento, engaño o disimulo. Esta desmotivación prolongada podría llegar a derivar en síntomas psicosomáticos menos controlables.

Lo que estaría ocurriendo en los episodios de burn-out se referiría a unas exigencias laborales que para el afectado no se corresponderían con el acuerdo laboral pactado entre trabajador y empresario. Los trabajadores con síndrome de burn-out se caracterizarían por una tendencia inicial a entregarse plenamente a su trabajo incluso en clave de cierto comportamiento adictivo (workaholic)que ante la progresiva decepción se suprimiría para enquistarse, dejando paso a un sentimiento de impotencia, frustración y parálisis.

Estaríamos por tanto ante un importante desnivel entre contratante y contratado, al producirse una evolución irregular entre las demandas del puesto de trabajo y las expectativas ante el mismo. Por lo tanto el burn-out además de un abordaje individual requeriría de una intervención conjunta (puesta en común de los desajustes y voluntad mutua de su revisión) en un proceso de mediación y equilibrio tutelado por un experto.

La decepción que llevaría al burn-out se evidenciaría más en periodos en los que se inicia un nuevo proyecto profesional, momento de expectativas idealizadas y promesas que luego no se materializarían. Se detectaría mayor incidencia del burnout en la asunción de turnos horarios irregulares, en los sectores de salud o de servicios, en los procesos bruscos de cambio organizativo, siendo la mujer nuevamente el colectivo mas vulnerable.

Culturas tan diferentes como la de Europa y Japón nos muestran unos parecidos efectos devastadores del que finalmente constituye un estrés agudo. En el caso de Francia, sociedad muy jerarquizada, con los recientes suicidios (24) en una misma empresa, Télécom, y en el caso de Japón, territorio marcado por el confucionismo, con la muerte súbita por karoshi (derrame cerebral o ataque al corazón) de numerosos trabajadores, en muchos casos en su mismo puesto de trabajo (media de 3.000 muertes anuales).

Vemos finalmente como el estrés laboral extremo preside dos escenarios de trabajo que, aunque diferentes, desembocan igualmente en la muerte de los afectados. Se pone en evidencia que, a pesar de las diferencias, la coincidencia en la progresiva y absoluta intolerancia ante un trabajo que resulta tan angustiante como agotador llega hasta el extremo de morir por él. Al parecer nadie podría intervenir con efectividad para prevenir y evitar esta pérdida de vidas, ni siquiera en una sociedad aparentemente tan avanzada y preocupada por los trabajadores como la nuestra.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Las mujeres en el cambio de modelo productivo

Por María Pazos Morán, investigadora del Instituto de Estudios Fiscales y autora del libro Economía e Igualdad de Género: Retos de la Hacienda Pública en el Siglo XXI (EL PAÍS, 01/09/09):

Este otoño podría tener como protagonista, por fin, el gran debate pendiente sobre el cambio de modelo productivo, pues su necesidad parece ser el único acuerdo unánime entre todos los agentes sociales. Tras muchos meses de medidas dispersas y cortoplacistas, la sociedad española parece haberse convencido de que esta crisis es una oportunidad para abordar los problemas estructurales que aquejan a nuestra economía. Así pues, no puede ser más pertinente la propuesta de una Ley de Economía Sostenible por parte del Gobierno.

¿Estará la igualdad de género presente en este debate? A juzgar por las declaraciones, debería tener un lugar central. Todos los políticos relevantes (y por supuesto las políticas) han afirmado ya que la desigualdad es socialmente injusta y económicamente ineficiente.

Tenemos una población femenina altamente formada cuyo capital humano se despilfarra en precariedad, subempleo, contratos a tiempo parcial, inactividad, economía sumergida y desempleo, fenómenos que lastran el funcionamiento del mercado de trabajo y merman la productividad. Para pasar del ladrillo al ordenador, podríamos empezar por no seguir despilfarrando el capital humano existente. La pobreza infantil, los problemas demográficos o la violencia machista también están intrínsecamente relacionados con la marginación y la falta de autonomía de las mujeres, así en España como en Afganistán. En definitiva, como repiten todos los organismos internacionales aunque sólo cuando de estos temas se trata, la eliminación de las desigualdades de género es necesaria para un desarrollo humano, social y económico sostenible a nivel mundial.

Una vez reconocidos los problemas, hay que identificar cuál es el modelo de sociedad al que queremos dirigirnos a medio/largo plazo, para así planificar las reformas estructurales necesarias. Resulta aquí imprescindible preguntarse si es posible hoy una sociedad que integre a las mujeres (incluyendo muy especialmente a las mujeres inmigrantes y a las mujeres jóvenes) sin eliminar la división sexual del trabajo.

En otro momento histórico quizás fuera comprensible el sueño de una sociedad en la que las mujeres siguieran siendo las principales responsables del trabajo doméstico y de cuidados, aunque con normas rígidas para proteger sus empleos y con generosas prestaciones compensatorias a cargo de los presupuestos públicos.

Este modelo (denominado por Diane Sainsbury de separación de roles de género) ha demostrado su fracaso aún en países como Noruega, con un mercado de trabajo altamente regulado y con un elevadísimo gastopúblico, pues no ha conseguido ni compensar a las mujeres ni evitar la segregación horizontal y vertical del empleo. Pero es que la configuración actual de los mercados de trabajo hace que esa vía sea hoy inimaginable. Al contrario, el intento de blindar los empleos de las mujeres provoca aún más segregación, ya que se traduce para los empresarios en costes extra-salariales que se unen a la ya mayor probabilidad de ausencias femeninas para tareas de cuidados. Así, sobre todo en presencia de un exceso de oferta masculina más flexible, la aversión al riesgo aconsejará contratar hombres para los puestos estables y de responsabilidad.

Intentar mantener al 50% de la mano de obra a golpe de subvención no solamente resulta ineficiente sino que es imposible. En lugar de ello, basta con eliminar la causa de su vulnerabilidad, que no es ni más ni menos que su mayor dedicación al cuidado.

Esta eliminación de los roles de género, antes impensable, está ya en el imaginario colectivo. La incorporación de los hombres a las tareas domésticas, junto con buenos servicios públicos y horarios más cortos a tiempo completo, se perfila como una condición sine-qua-non para la incorporación de las mujeres al empleo de calidad por su propio pie, sin que ni ellas ni nadie tengan que sacrificar su carrera profesional ni su vida personal.

De paso, pero muy importante, no viene nada mal que la otra mitad arrime el hombro por igual en lugar de despilfarrar su capital cuidador, y más en tiempos de crisis económica y demográfica.

Por último, hay que computar las externalidades positivas de un cambio en el modelo actual de comportamiento masculino, pues este comportamiento diferencial provoca enormes problemas humanos y económicos en ámbitos tan variados como el fracaso escolar, la conducción temeraria o la violencia de género.

Afortunadamente, la división sexual del trabajo está deslegitimada y hoy la mayoría de la ciudadanía española se identificaría con un modelo de sociedad de personas sustentadoras/cuidadoras en igualdad (individual earner/carer según Sainsbury). Así pues, basta con orientar las políticas públicas a ese modelo de sociedad. Para ello disponemos de muchos estudios sobre los efectos de unas y otras medidas, pues en las últimas décadas se ha acumulado una gran experiencia internacional y se ha desarrollado enormemente la investigación sobre el impacto de las políticas públicas.

El problema no es que se alcen voces contra estos objetivos, sino que se ignoran cuando se trata de política económica. Y ese olvido no sólo puede llevarnos a retrasar el cambio sino, lo que es mucho más grave, a caminar irreversiblemente en sentido contrario. Por ejemplo, la promoción del contrato a tiempo parcial es una causa de precariedad femenina y de ineficiencias en el mercado de trabajo, pero además establece una norma muy difícil de revertir.

Cuando Holanda o Suecia están luchando contra esta lacra social y económica, no parece muy razonable caer en ella. Igualmente, ya se está estableciendo la norma de que el cuidado de dependientes se resuelve por la vía de la "paguita" a las cuidadoras familiares, inicialmente prevista como excepcional en la Ley de Dependencia. La crisis, que es una oportunidad para cambiar el modelo, también puede acentuar el impacto de estas medidas perjudiciales para las mujeres y para la economía.

El programa de reformas necesario para el cambio de modelo está esencialmente contenido en el manifiesto Feminismo ante la crisis, promovido por 28 entidades y 400 personas a título individual (www.feminismoantelacrisis.com). No todas las propuestas suponen un aumento del gasto público. Al contrario, se propone la eliminación de figuras regresivas como la tributación conjunta en el IRPF, lo que ya aconseja hacer la propia Exposición de Motivos de la vigente Ley 35/2006 del IRPF, y lo que supondría un considerable ahorro fiscal. Otras medidas han sido ya promesas electorales, como la universalización de la educación infantil desde los cero años; y otras, como los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, responden a una demanda a la que ningún agente social se opone explícitamente.

Pero el mayor enemigo de las reformas estructurales es, junto al cortoplacismo, el de las resistencias no declaradas, de las que ya se lamentaba Clara Campoamor en su libro Mi pecado mortal, recordando cómo sus razones en pro del voto femenino ni se rebatían ni se apoyaban sino que simplemente se acallaban.

Por ello, el mejor escenario imaginable es el que avanza la vicepresidenta Económica al declarar que “todas, absolutamente todas las figuras tributarias están en revisión”. Ojalá sea así y, por fin, se configure el pacto social para el New Deal inclusivo, feminista, ecológico y demográficamente viable que tantas personas estamos reclamando.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Los rostros femeninos de la crisis

Por Emma Riverola es creativa publicitaria y novelista, autora de Cartas desde la ausencia (EL PAÍS, 08/05/09):

Tranquila, así podrás dedicarte un poco más a los niños. Una frase parecida es la que suele saludar a una mujer recién incorporada al paro, si su sueldo no era el único de la unidad familiar. Generalmente es pronunciada por otra mujer que, como ella, lleva años tratando de conciliar la vida profesional y la familiar sin más resultado que frustración, al observar que sus compañeros masculinos disfrutan de mejor sueldo que el suyo, y remordimiento, por el convencimiento de que no presta a sus hijos toda la atención que debiera.

Después de años de esfuerzo, de demostrar que somos tan válidas como los hombres, de prepararnos mejor y obtener mejores resultados académicos, seguimos ocupando los puestos más precarios y peor retribuidos del mercado laboral.

Ahora la crisis nos sorprende, como siempre, en inferioridad de condiciones. ¿Quién se atreve a reclamar jornada reducida cuando es el puesto de trabajo lo que está en juego? ¿Cómo exigir un sueldo más justo cuando cada noche se ruega por mantenerlo?

El miedo se adueña de la escena para paralizar nuestras reivindicaciones. El mismo temor que debemos vencer para plantar cara a los abusos empresariales, a las mezquindades y la miopía de los directivos o a la feroz competencia de los compañeros, sin tantas prisas por regresar a casa a tiempo para bañar a los niños o prepararles la cena.

Y así seguimos manteniendo nuestra guerra particular entre el rol de madre y el de profesional. Dilema desquiciante que los genes han tenido la gentileza de regalarnos y que nuestros hijos se encargan, cada día, de recordarnos. ¿Por qué tú nunca vienes a buscarme al cole?

Ella, la mujer que acompaña a los hijos al colegio, tampoco duerme bien últimamente. Cada noche, cuando su pareja llega de trabajar, le pregunta cómo le ha ido el día. Teme que mañana sea él quien pase a engrosar las cifras de los titulares de los diarios. Entonces ella buscará un empleo. Lo ha pensado infinidad de veces. No cree que consiga gran cosa, hace años que dejó de trabajar, cuando los críos eran pequeños y todo lo que ganaba se le iba en canguros y guarderías. Ahora, se conformaría con cualquier cosa. Un sueldo, sólo quiere un sueldo.

Conjurando el fantasma de la vida en la calle, se aferra a su mísera paga la mujer de 40 años, sola, en paro y con hijos a su cargo. Así la definen las estadísticas. Es el perfil medio de los perceptores de la renta mínima de inserción. Y aún se sabe con suerte, porque al menos no depende totalmente de la buena voluntad de familiares o amigos.

¿Se acordará mi marido de dar la merienda a los críos? La duda asalta a la mujer que ha ampliado la jornada reducida desde que su pareja perdió el empleo en la obra. Él no lleva bien esto de encargarse de los pequeños. No está acostumbrado. Y eso que ella, cada noche, les prepara la comida del día siguiente. Pero son demasiados cambios para asimilarlos en tan poco tiempo.

Todas ellas son, somos, múltiples caras femeninas de esta crisis. Y lo peor está por venir. Cuando arrecie la destrucción de empleo en el sector servicios, mayoritariamente femenino, o cuando la batalla por un puesto de trabajo sea tan brutal que arroje más mujeres a la cuneta, tradicionalmente menos competitivas que sus compañeros de profesión.

Hay quienes reconocen el papel de la mujer en la resolución de anteriores crisis. Como en la de los años 90, cuando la economía de muchos hogares logró sostenerse gracias a los empleos femeninos en el sector servicios o con la incorporación de la mujer a trabajos irregulares. Debe de ser cierto, aunque yo no recuerdo que nadie nos diera las gracias por el esfuerzo. Tampoco se las dieron a nuestras abuelas cuando salieron de casa para trabajar en las fábricas mientras los hombres luchaban en el frente. La guerra acabó, los hombres volvieron y ellas fueron condenadas, de nuevo, al ostracismo.

Esta crisis es una sacudida al sistema socioeconómico actual. Quizás, con tanto zarandeo, se abra una brecha para los conocimientos, la capacidad de resistencia y la inteligencia emocional de la mujer. Entonces podríamos, por el bien de todos, cambiar las normas del juego y no perpetuar para nuestros hijos los males de una sociedad que inocula el virus de la desigualdad desde la cuna.

Hay muchos modos de librar esta lucha. El hombre que no ayuda, sino que comparte las tareas del hogar. El jefe que premia la eficacia, no las horas. La mujer que cuando llega al poder, se exige no renunciar a su papel de madre. O el político que impulsa, con valentía y creatividad, medidas en favor de la conciliación.

Estas líneas no están escritas ni publicadas un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Trabajo decente

Por Ramón Jáuregui Atondo, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista (EL CORREO DIGITAL, 01/05/09):

Desde la Revolución Francesa, y el nacimiento de los centros fabriles de finales del siglo XVIII, la historia de lo que luego llamaríamos movimiento obrero ha estado marcada por una constante: el progreso en la mejora de las condiciones de trabajo de quienes sólo podían ofrecer su mano de obra, su fuerza laboral. Esa historia está jalonada de luchas gloriosas, de pactos y conflictos, de batallas heroicas con victorias históricas y derrotas aleccionadoras. Las huelgas de Chicago de finales del siglo XIX nos dejaron las ocho horas de jornada máxima, pero la derrota de los mineros ingleses frente al Gobierno de la señora Thatcher, cien años después, arrastraron a los sindicatos británicos y anunciaron la crisis del sindicalismo local frente a la economía global. La dialéctica entre capital y trabajo está en el origen y en el eje de los debates ideológicos de estos dos últimos siglos. El marxismo, las experiencias comunistas, la socialdemocracia y hasta la doctrina social de la Iglesia beben de sus fuentes y se han nutrido de las fuertes pulsiones y de los grandes antagonismos que la caracterizan.

La aparición de los sindicatos aumentó considerablemente la capacidad de negociación y favoreció la mejora progresiva de las condiciones laborales. Mirando aquí cerca, bastaría recordar la importancia de la creación de UGT en las minas del hierro vizcaíno y su influencia en las grandes conquistas laborales de hace un siglo. Desde entonces, hasta finales del siglo XX, el mundo del trabajo ha conocido una progresión evidente. Desde el nacimiento de la Seguridad Social, que protege al trabajador «desde la cuna hasta la tumba» como decía Beveridge (enfermedad, invalidez, paro, jubilación), hasta el nacimiento de una rama del Derecho (el Derecho Laboral), nacida y desarrollada bajo el principio ‘pro-operario’, todo en el mundo laboral ha ido progresando hacia valores de justicia y de dignidad.

¿Sigue siendo cierto este progreso hoy en día? ¿De verdad podemos afirmar que esta constante de conquistas sociales y de mejora en las condiciones de trabajo se sigue produciendo? Hace sólo unos días, la OCDE publicó un informe deprimente. El 60% de los trabajadores en el mundo carece de un marco legal que los proteja. La organización cifra en 1.800 millones el número de trabajadores que se desenvuelven en la economía informal, un nivel récord. Lejos de disminuir, el peso de los trabajadores ‘en negro’ crecerá hasta representar dos tercios en 2020. El informe alerta sobre las desventajas que tiene el alza del empleo sumergido. La principal es la caída de los salarios en países pobres sin red de protección social. Las mujeres, que ocupan mayoritariamente los trabajos menos cualificados, son las más afectadas por este fenómeno, así como los jóvenes y los trabajadores de mayor edad. El empleo sumergido representa tres cuartas partes del total en el África subsahariana, más de dos tercios en el sur y sureste de Asia y la mitad en Latinoamérica, Oriente Próximo y el norte de África.

No, no es sólo una imagen del mundo en desarrollo. No se trata de un fenómeno de los países emergentes. La devaluación de las condiciones del trabajo es una incesante consecuencia de la globalización económica y afecta también a nuestro mundo occidental. La externalización productiva, es decir, la producción subcontratada en todo el mundo, arrastra a la baja los marcos laborales bajo los rigores de una competencia salvaje en los costes. Europa y el mundo occidental en general que habían logrado un equilibrio entre justicia y eficiencia competitiva, ven peligrar su futuro y sus propios Estados del bienestar económico si no se rinden y aceptan los nuevos paradigmas de la economía globalizada y de la competencia planetaria. Éstos, los nuevos paradigmas del mundo laboral en concreto, son tres palabras cargadas de significados económicos que han penetrado como caballos de Troya en el delicado universo de los equilibrios laborales: flexibilidad, desregulación e individualización.

Los mercados exigen flexibilidad y las empresas trasladan este concepto -irrebatible en términos económicos y competitivos- a las relaciones laborales. Flexibilidad para entrar y salir del empleo, flexibilidad en los horarios y en las jornadas laborales, flexibilidad o movilidad laboral, profesional o geográfica. En el reino de la flexibilidad, los derechos de los trabajadores resultan un obstáculo para la competitividad. Lo mismo ocurre con la fuerte presión desregulatoria que se ejerce desde las empresas, en beneficio -dicen- del empleo. Cuanto más desregulado sea el trabajo, más empleo se crea. Ésta es la ley maldita con la que nos marcan el camino las sociedades del pleno empleo. Traducido, desregular es liberalizar la relación laboral y dejarla libre de salarios mínimos, convenios colectivos, leyes de Derecho necesario, etcétera. Por último, la individualización de las relaciones laborales es una tendencia creciente en un modelo de producción cada vez más atomizado en pequeñas empresas que, en una cadena infinita de subcontratación, han fragmentado las grandes empresas y los viejos centros fabriles. En la nueva economía ‘de pymes y oficinas urbanas’ la contratación se individualiza y se procura evitar la interlocución colectiva.

Es un mundo laboral devaluado. Es una quiebra crecientemente preocupante de las tendencias sobre las que habíamos construido nuestro mundo laboral a lo largo del pasado siglo que exige, a mi juicio, un replanteamiento profundo de este espacio vital que es el trabajo. Las cifras de paro que está provocando la peor crisis económica que hemos conocido en los últimos setenta años no ayudan a esta reconquista. El paro, principalmente en sectores de poca cualificación profesional, precisamente en los que la presión de la inmigración laboral es más frecuente e intensa, se convierte en una nueva palanca hacia la degradación de salarios y condiciones de trabajo en general.

Este preocupante panorama no es definitivo ni irreversible. La conciencia mundial hacia la justicia sociolaboral no para de crecer, tanto en los países desarrollados como en los emergentes. En el corazón de las gentes, desde Lima hasta Bangkok, desde la Patagonia hasta el río Bravo, sigue latiendo una irresistible pulsión de dignidad y justicia en el trabajo, y el capitalismo no podrá refundarse si no es sobre estas bases elementales de relación laboral. Si la sostenibilidad es una exigencia de cualquier negocio, si la responsabilidad social de las empresas es una condición de competitividad, si los expertos y los dirigentes máximos de los grandes países están redefiniendo las reglas de los mercados financieros, si se habla incluso de la reformulación del capitalismo, la revisión de los mercados laborales hacia la dignidad laboral, el trabajo decente y la justicia social no podrá ser olvidada. No por casualidad, la OIT ha establecido como bandera de sus reivindicaciones frente a la economía global una expresión que cobra actualidad en plena crisis del empleo: el trabajo decente.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Voy al paro, pero secuestro al jefe

Por ANTONIO JIMÉNEZ BARCA - París - (ElPais.com, 13/04/2009)

El martes, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, decidió ya entrar en la polémica y se preguntó en voz alta en una alocución pública: "¿Pero qué es esto de ir por ahí secuestrando gente? No dejaré que pasen cosas así", señaló. Sarkozy se refería a la nueva forma de protestar de determinados trabajadores cuando les cerca el paro o el despido: secuestrar a los dirigentes de la empresa como medida de presión, como medio para alcanzar más repercusión o, simplemente, como mero ejercicio del derecho al pataleo.

Todo empezó en marzo, cuando un grupo de trabajadores retuvo contra su voluntad al presidente de la fábrica de Pontonx-sur-Adour (Landes) de Sony Francia toda una noche. Protestaban contra lo que consideraban una indemnización insuficiente del plan de despidos que se iba a producir en la factoría. "No tenemos mucho que perder: ya hemos perdido el trabajo", se justificó uno de los trabajadores. La moda se extendió rápidamente en un país que cuenta con más de un 8% rampante de paro y donde el goteo de fábricas que cierran o que ajustan su plantilla es constante.

Hace unas dos semanas, ante un despido de 110 empleados, los trabajadores del grupo estadounidense 3M en Pithievers (Loiret) retuvieron al director. A otro ejecutivo de otra empresa los empleados le obligaron a desfilar junto a ellos en una manifestación.

El caso más sonado se produjo cuando un sector de la plantilla de Caterpillar en Grenoble secuestró durante un día en sus despachos a cuatro directivos para obligarles a desbloquear las negociaciones por el despido de 733 trabajadores. El mismo Sarkozy intervino para anunciar que velaría para solucionar el asunto. Esto pareció calmar a los obreros, que liberaron a los directivos. "Nosotros somos humanos", dijo uno de ellos.

Otro de los empleados que participaron en el secuestro, Patrick Martínez, aseguraba hace días en televisión con toda la resignación y la amargura de la crisis pintada en su cara de cincuentón de inminente parado sin porvenir:

-Yo no quiero secuestrar a los jefes. Yo sólo quiero salvar mi puesto de trabajo. Eso es todo.

Según se extendían los casos de empresarios-rehenes y la polémica saltaba a la calle, los políticos se pronunciaban sobre el asunto. El domingo pasado, la ex-candidata socialista a presidir la República, Ségolène Royal, manifestó: "No es agradable que te secuestren, y es ilegal privar a alguien de su libertad de movimientos, pero los trabajadores deben romper por algún lado esta injusticia". Martine Aubry, secretaria general del Partido Socialista francés (PS), añadió: "Ninguna violencia que atente contra la libertad de las personas está justificada, pero la violencia social se está ejerciendo con tal brutalidad que puede llegar a explicar casos como los que vemos". Sarkozy no había dicho nada hasta el martes, cuando lanzó su pregunta retórica: "¿Pero qué es esto de ir secuestrando a la gente...?".

La respuesta le llegó ese mismo martes por la noche: la plantilla de la empresa británica de adhesivos Scapa en Ballegarde-sur Valserine (Ain) secuestró en un despacho a cuatro de sus dirigentes, tres ingleses y un francés, para obligarles a renegociar los despidos. Les retuvieron una noche. Al día siguiente, los jefes y los trabajadores se reunían en el Ayuntamiento del pueblo, después de que liberaran a los directivos y éstos se comprometieran a seguir discutiendo.

Hay sociólogos que creen que "el pueblo se está divorciando de las élites", como afirmaba Denis Muzet, al comentar estos secuestros en Les Echos. Las distintas asociaciones patronales han señalado con mucha preocupación la escalada del fenómeno, y recuerdan: "Afecte a quien afecte la crisis, nunca se puede vulnerar la ley".

Con todo, hasta ahora, ningún empresario o ejecutivo ha denunciado la agresión, por lo que nadie ha sido detenido.

La OIT y las ruinas de la economía mundial

Por Daniel Reboredo, historiador (EL CORREO DIGITAL, 10/04/09):

Las naciones victoriosas de la Gran Guerra se empeñaron en beneficiarse de su triunfo bélico, de la eliminación temporal de las potencias rusa y alemana y de la desaparición de los imperios austrohúngaro y turco para consolidar su dominio sobre el mundo, redistribuir las colonias y territorios de ultramar que habían conquistado y establecer en Europa una organización que perpetuaría la impotencia de los vencidos y haría imposible una guerra de revancha. La Conferencia de Paz de París y los tratados de 1919-1920 (Versalles, Saint-Germain-en-Laye, Neully-sur-Seine, Trianon y Sèvres) fueron un compromiso entre los principios wilsonianos y la antigua diplomacia europea representada por sus interlocutores. En la esfera política y territorial los mencionados principios sufrieron grandes reveses, aunque gran parte de los tratados de paz que debían impedir una nueva guerra se confeccionaron acorde a los mismos.
El Pacto de la Sociedad de Naciones que confirió a un consejo de 9 miembros, cinco de ellos permanentes (Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y EE UU), la tarea de resolver los conflictos que surgieran entre ellas; el desarme de los países vencidos; la revisión de los tratados que ya no eran aplicables; el control de las antiguas colonias alemanas y la administración de algunos territorios turcos que los vencedores asumieron y, finalmente, la creación de una Oficina Internacional del Trabajo recogían lo más destacable de los citados tratados.

Un 11 de abril de 1919 nacía de las ruinas de la Europa decimonónica una de las organizaciones más longevas del planeta, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyos noventa años serán conmemorados con múltiples actividades en todos los continentes y cuyos precedentes encontramos en las ideas de Robert Owen y Daniel Legrand y en la Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores fundada en Basilea en 1901. El aniversario de su creación, de los cuarenta artículos de su Constitución redactados por la Comisión de Legislación Internacional del Trabajo (presidida por el, a su vez, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo, Samuel Gompers) y de la celebración de la Primera Conferencia Internacional del Trabajo (Washington, 29 de octubre de 1919), durante la que se aprobaron los primeros seis convenios en la historia de las normas laborales internacionales con la presencia de cuarenta delegaciones de otros tantos países, coincide con la peor crisis económica y financiera de la Historia de la Humanidad. Preocupaciones humanitarias (explotación de los trabajadores y miseria, injusticia y privaciones de los mismos y sus familias), políticas (posibilidad de conflictos sociales e incluso de una revolución) y económicas dieron forma a la OIT. La frase inicial de la Constitución («la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social») incorporaba una cuarta razón, la que agradecía a los trabajadores su esfuerzo en la guerra y la que pretendía evitar otro conflicto bélico de las mismas dimensiones. El texto constitucional se convirtió en la Parte XIII del Tratado de Versalles y de ella emanó una organización tripartita, única en su género, que reunía en sus órganos ejecutivos a los representantes de los trabajadores, de los empresarios y de los gobiernos.

La OIT se estableció en Ginebra en el verano de 1920 y lamentablemente en pocos años, a pesar del interés de muchos de sus miembros, el entusiasmo inicial se atenuó ante los múltiples frentes en que se movía. Desde su primer director, el francés Albert Thomas, hasta el último, el chileno Juan Somavia, la Organización ha evolucionado hasta las posiciones actuales que no pierden la referencia de la promoción del trabajo decente como medio para generar y preservar el empleo y los ingresos de los ciudadanos. Los primeros seis convenios son ahora ciento ochenta y ocho y los cuarenta países se han convertido en ciento ochenta y dos. Noventa años han obrado el milagro. Pero como en tantas ocasiones acaece, los deseos no se corresponden con la realidad. Los sueños se limitan y constriñen cuando se llevan a la práctica, lo que no debe impedirnos reconocer su labor y la necesidad de su existencia. Recordemos que la Organización formula normas internacionales del trabajo (convenios y recomendaciones) fijando condiciones mínimas en materia de derechos laborales fundamentales (libertad sindical, derecho de sindicación, derecho de negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso, etcétera), presta asistencia técnica (política de empleo, legislación del trabajo y relaciones laborales, condiciones de trabajo, etcétera) y fomenta el desarrollo de organizaciones independientes de trabajadores y de empresarios y les facilita formación y asesoramiento técnico.La ingente labor de la OIT es una pequeña gota en el océano de los derechos laborales y del trabajo digno y más en estos momentos en los que el desempleo mundial ha subido hasta cotas desconocidas y en los que el empleo debe ser el centro de las políticas económicas y sociales. La reciente reunión del G-20 ha servido para constatar y reconocer, por primera vez, el fracaso de las políticas neoliberales que han destrozado el sistema financiero mundial y la necesidad de que la economía mundial se asiente en otros principios y valores que, junto con controles exhaustivos, disciplinen el capital especulativo y eliminen los paraísos fiscales.

Pero lo acordado en Londres es insuficiente para poner fin a la crisis, para evitar otras de la misma naturaleza y para acabar con el sufrimiento humano que genera la actual organización de las relaciones económicas internacionales. De ahí que la OIT plantee la necesidad de un pacto mundial por el empleo que contrarreste las conclusiones del estudio denominado ‘La crisis financiera y económica’ y, sobre todo, las de su informe anual titulado ‘Tendencias mundiales del empleo’. En ambos constatan las pocas medidas adoptadas para la economía real (creación de empleo y protección social) y las numerosas dirigidas al rescate del mundo financiero, así como que la crisis económica mundial aumentará el desempleo a nivel mundial en 2009, con respecto a 2007, en una cantidad comprendida entre los 18 y los 30 millones de trabajadores, llegando a más de 50 millones si el contexto internacional continúa empeorando. La principal, y única, lectura positiva de un panorama tan desolador como el que nos rodea quizás se encuentre en la propia crisis financiera y en la oportunidad que ofrece de desarrollar un orden económico más justo, democrático y descentralizado. Las resistencias son muchas pero la coyuntura para conseguirlo es inmejorable.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Salir de la crisis exige coherencia

Por Guillem López-Casasnovas, catedrático de Economia de la UPF (EL PERIÓDICO, 23/03/09):

Es discutible que el debate de la crisis deba centrarse con tanta intensidad como se hace hoy en día en el mercado de trabajo. Su flexibilización, los cambios en la regulación, los ajustes en los convenios, las prácticas de revisarlos y las cláusulas de indexación salarial están en la picota. Pero, en realidad, lo que hace buena una economía es la productividad y no la presión ejercida sobre los salarios. Y la productividad se basa en los costes unitarios, es decir los costes por unidad producida (de output), no solo de los elementos necesarios para hacerla (inputs). En este sentido, es de sobras conocido que la evolución de los costes y del output no solo depende de lo que ocurra con los salarios.

Para la competitividad, el coste laboral es, sin duda, importante, pero también lo son la retribución del capital, los márgenes de intermediación, los costes financieros y del resto de consumo, y la fiscalidad. Si hoy tenemos un modelo con una productividad tan pobre, seguro que no es atribuible exclusivamente a los trabajadores. Me pregunto qué se ha hecho de las plusvalías tan exageradas que han tenido las rentas del capital durante casi dos décadas. ¿Quizá se han reinvertido para hacer posibles cambios en la estructura productiva y en la renovación necesaria de los equipamientos que apuntalaron mejor la economía?

LAS RENTAS que han surgido del esfuerzo productivo, ¿a qué se han dedicado? ¿No tienen algunos empresarios parte también de responsabilidad? Si el rendimiento del capital tuviera que subir al ritmo de la productividad financiera, ¿cuál debería ser el tipo de interés hoy vigente? ¿Guardaron proporción los dividendos y los márgenes con los incrementos de los costes salariales unitarios? ¿Cuándo veremos a un empresario de banca que se comprometa a trabajar por un euro y participación futura de beneficios, si los hay? ¿Es aceptable continuar inyectando liquidez a las entidades financieras sin garantizar el crédito a las empresas? ¿Es coherente pedir, desde la protección que ofrece la función pública, el libre despido? ¿Es legítimo pedir esfuerzos adicionales a los trabajadores cuando el Estado no acaba de ejercer el suficiente control fiscal sobre los que guardan fuera del país (en paraísos fiscales) el capital que aquí amasaron?

Para que las propuestas de política económica sean efectivas deben fundamentarse en un discurso creíble. Las confusiones son, en este sentido, varias. Que se destruyan puestos de trabajo quizá sea necesario, y cuanto más pronto, mejor. A menudo, lo que se entiende en Europa por rigidez del mercado de trabajo es lo contrario: la resistencia a ir al paro, retrasar los ajustes de plantillas. Esta es, además, la actuación más practicada ante una crisis de oferta, cuando sobra producción, tal como hemos tenido en el sector de la construcción en nuestro país. Intentar ralentizar el desempleo en este u otro sector puede ser tan difícil como inútil. Si el argumento de la ayuda pública es no perder empleo, el subsidio será injusto (premiará a los peores), ineficiente (porque no es selectivo) y de un coste prohibitivo (alguien tendrá que pagar tarde o temprano). Pan para hoy, hambre para mañana.

Parece lógico, por lo tanto, que quien pide ayudas tenga que ofrecer algo más que salvar el empleo a corto plazo: un programa de reestructuración viable, mayor eficiencia energética, compromisos de reinversión futura, etcétera. Además, en una crisis también de demanda (consumo) como la actual, no debería preocupar tanto el nivel de paro en sí mismo, sino de dónde procede. Si las indemnizaciones son demasiado elevadas, puede provocar que una reconversión, que por otra parte busca hacer viable la empresa, termine en concurso de acreedores, con el cierre irreversible de la empresa. Para evitar esto sí deberán dedicarse todos los esfuerzos necesarios. Si este no es el caso, probablemente, no.

Es cierto que todos estos procesos de destrucción de empleo afectarán a la demanda. Pero fomentar el consumo puede hacerse más razonablemente desde los subsidios de desempleo (ampliándolo, si cabe) que manteniendo salarios en empresas que no tienen futuro. Si lo que queremos es mantener el consumo, valdrá la pena subsidiar a parados y no erosionar excesivamente el poder adquisitivo de los trabajadores. En este sentido, es muy discutible que, si hasta hace poco se proponía que los aumentos de sueldos no tuvieran en cuenta las variaciones de los precios energéticos (es decir, que solo se computara la inflación subyacente), no se haga ahora, cuando, si se detraen las variaciones del precio del petróleo en la inflación, aún estamos con un IPC positivo.

POR OTRO lado, la garantía de una cláusula de revisión salarial a finales de año tampoco debería dar miedo. Otra cosa es que, en las actuales circunstancias, estas salvaguardas deba soportarlas exclusivamente la empresa. Hay que evitar que, por una circunstancia como esta, la reconversión de una empresa viable termine en cierre, lo que supondría la pérdida definitiva de una parte del mercado, es decir, la capacidad de la empresa (know how) para estar presente en él y, acto seguido, el deterioro del capital humano del trabajador y social del país.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona