Noticias y comentarios sobre Ciencia Política, Administración Pública, Economía, Cultura y Arte.
sábado, septiembre 01, 2012
Creyentes arrepentidos
viernes, junio 17, 2011
ETA y la libertad de expresión en México
sábado, septiembre 12, 2009
Qué se ha hecho y qué se debe hacer con ETA
Los últimos acontecimientos evidencian, y la propia evolución de los terroristas nos confirma, que la lucha que mantenemos la sociedad vasca y el conjunto de la sociedad española es la lucha de la democracia y sus instituciones contra la antidemocrática pretensión por parte de los terroristas de someter al conjunto de la sociedad. Lo que la sociedad comprueba con mayor claridad es que no hay ninguna idea política detrás del ejercicio de la violencia y que únicamente serán vencidos los terroristas si mantenemos y perfeccionamos la unidad política y si garantizamos la permanente acción policial y judicial, utilizando todos los instrumentos del Estado de Derecho. Que únicamente serán vencidos si insistimos a lo largo del tiempo (siempre, invariablemente), que no hay ni habrá nunca nada que dialogar ni negociar con quienes utilizan el terrorismo contra la sociedad y para mantener su negocio mafioso. Que únicamente serán vencidos si incidimos en la deslegitimación de la violencia en todos los espacios de la sociedad, especialmente en el ámbito educativo, y si defendemos proyectos políticos abiertos e integradores y respetuosos con la legalidad vigente (aunque pretendan modificarla): el Estatuto de Gernika y la Constitución Española.
Sin ánimo de cuestionar la indispensable unidad política contraterrorista, me pregunto, al objeto de evitar los errores del pasado que tanto dolor nos están causando, qué se ha hecho en estos treinta años de democracia para que siga perviviendo una organización asesina. Porque los terroristas que nos amargan la vida no son alienígenas llegados a Euskadi en paracaídas. Es este espacio del ámbito europeo el único lugar donde jóvenes se muestran dispuestos a empuñar las armas. Es éste el único lugar donde decenas de miles les jalean, les excusan y les apoyan. El único lugar donde una menguante pero todavía demasiado extensa parte de la población se muestra dispuesta a constituir y votar opciones políticas convergentes con la organización terrorista. El único lugar donde se acosa a quienes tratan de defender la democracia y luchar contra el asesinato del que piensa diferente. Y el único lugar donde una todavía nada desdeñable proporción de la ciudadanía sigue mirando para otro lado.
Me pregunto en alto como llevo haciéndolo demasiados años: ¿Qué se ha dicho durante tantos años desde las tribunas parlamentarias? ¿Qué se ha dicho desde los púlpitos? ¿Qué se ha transmitido en las aulas? ¿Qué papel han jugado los medios de comunicación? Hablemos claro: la pretensión de acabar definitivamente con la coacción violenta no casa bien con la defensa que se ha venido haciendo del diálogo y la negociación, mensaje que los terroristas utilizan para perpetuarse en el tiempo y mantener su clientela; no casa bien con el permanente rechazo de determinados partidos políticos a la actual Ley de partidos, ley avalada recientemente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; no casa bien con la aprobación en las Juntas de Bizkaia de una proposición que insta a no permitir la entrada de uniformados, guardias civiles inclusive (esos que nos defienden y que los terroristas asesinan), a la Casa de Juntas de Gernika, tipo de propuesta gratuita que procura un caldo de cultivo que utiliza la organización para justificar sus crímenes; no casa bien con afirmar que se comparten los fines pero no los medios de ETA; no casa bien con poner permanentemente en cuestión la legitimidad del Gobierno vasco e incluso llamarlo ‘amañado’ por la aplicación de la actual Ley de partidos; no casa bien con llamar a los miembros de ETA patriotas, abertzales descarriados o románticos; no casa bien con criticar cada medida antiterrorista que se propone, desde la aprobación de la ley de partidos a la retirada de carteles que realizan apología del terrorismo, la incisiva acción policial o la prohibición de realizar homenajes públicos; no casa bien con rechazar que existan vencedores y vencidos, pues es de justicia que los vencidos acaben siendo los que han utilizado la violencia y los vencedores los que nos hemos resistido a ella; no casa bien, en fin, con llamar extranjeros a quienes no somos nacionalistas, pues también de estas afirmaciones vive y se eterniza ETA. Y éste es el hábitat que debe ser corregido, la labor pendiente, nuestro objetivo como ciudadanos y políticos.
Queda mucho por hacer pero terminaré con un mensaje sincero de esperanza: es ahora mayoritaria la idea de que no hay nada que negociar con los terroristas, es ahora más perfeccionada la acción policial y la colaboración internacional, es ahora más contundente la acción judicial y están ahora la sociedad vasca y española más unidas y mejor preparadas para resistir sin doblegarse al chantaje terrorista. No demos un paso atrás. Y conste mi apoyo absoluto al nuevo Gobierno vasco en su pretensión de no ceder ante las amenazas y activar todos los instrumentos del Estado de Derecho para vencer definitivamente a los terroristas.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
viernes, mayo 01, 2009
Euskadi no es Europa
Un día Txomin Ziluaga, viejo amigo a pesar de todo, me explicó que uno de los logros de la izquierda abertzale había sido que sus seguidores dejaran de sentirse europeos. Era un efecto de la refundación ideológica en que Krutvig, desde su Vasconia, había mostrado las ventajas de encubrir el casticismo sabiniano con la máscara de una lucha colonial por la independencia.
La fascinación ante la revolución sandinista en Nicaragua fue la más clara expresión de esa mentalidad, por desgracia legitimadora de algo mucho más miserable y agresivo: la práctica sistemática del terror, disfrazado de lucha armada.
Aunque como todo discurso reaccionario, el del radicalismo abertzale proceda a la captación de la terminología progresista -recordemos la alternativa democrática de ETA- y a invertir los significados al modo del Arbeit macht frei -los adversarios del terror serían los fascistas-, la aprobación de los crímenes políticos por ETA y su entorno no deja la menor duda en cuanto a su total incompatibilidad con la democracia.
Nada tiene que ver con la Europa de hoy, y sí, Sabino mediante, con los movimientos totalitarios que en nombre de la concepción biológica del Volk -pariente de ese sagrado pueblo vasco de identidad milenaria- implantaron una lógica de exterminio contra los enemigos raciales y políticos.
El último comunicado de ETA expresa inmejorablemente esa condición de movimiento totalitario. Como siempre, detención de terroristas supone represión intolerable, pero sobre todo destaca la voluntad de aniquilar físicamente al próximo Gabinete socialista, presentado nada menos que como “gobierno del fraude para cualquier abertzale” de un lado y como “gobierno del fascismo y de la vulneración de los derechos”, carente de “legitimidad democrática”. La supuesta continuidad con la vieja dictadura es subrayada al llamar “caudillo” a Patxi López. Consecuencia: “serán objetivo prioritario de ETA”. Palabras de criminales puros y duros.
La elaboración del argumento central no corresponde, sin embargo, al grupo terrorista. Desde las elecciones, ha sido el nacionalismo democrático quien protagonizó y protagoniza en Euskadi un espectáculo permanente de deslegitimación de la democracia. Algo inédito en el mundo occidental. Ni por quedar en primer lugar en un sistema pluripartidista se ganan las elecciones, ni hay en Euskadi “la mayoría enorme” de abertzales, ni una alianza poselectoral para formar gobierno monocolor es un frente, ni sobre todo en un régimen representativo cuentan los votos por encima de los escaños. Ibarretxe, Urkullu, Egibar, lo saben y a pesar desarrollan una intensísima maniobra de intoxicación orientada a emborronar el resultado de las elecciones y a ahondar aun más la fractura en el interior de la sociedad vasca. Nada hay más antidemocrático que la idea de que sólo un determinado partido encarne al conjunto de la sociedad y tenga por consiguiente el derecho a gobernarla.
Pero es que esa labor de destrozona tiene lugar en un espacio político donde ETA está aun presente. La acusación etarra contra la táctica impuesta desde el Estado, enlaza con la interpretación de Egibar y Urkullu que ven en el Gobierno PSE el resultado de una conspiración estatal. Cuando la banda llama “caudillo” a Patxi López, encuentra un esperpéntico respaldo en el Manifiesto de Aberri Eguna del PNV donde la españolización remite a José Antonio Primo de Rivera. Y el PNV va aún más allá al tender la mano a la izquierda abertzale con la acusación de que esa conspiración de Estado españolista tuvo lugar “alterando las reglas del juego democrático e impidiendo que toda la sociedad vasca esté representada en el Parlamento Vasco”. ETA no tiene nada que añadir: la subida al poder del PSE es el resultado de “una trampa y un engaño” electorales, luego actuemos (si podemos) en consecuencia.
La relación del nacionalismo democrático con la organización terrorista vuelve así a sacarnos del espacio europeo. Es una especie de juego donde ETA aparece y desaparece según conveniencia. De entrada, Ibarretxe declara su inutilidad para la causa vasca. ETA sobra. Una vez dicho esto, sin embargo, el PNV sueña con aceptar de nuevo los utilísimos votos parlamentarios dictados por ETA y por eso denuncia la exclusión de sus satélites como fraude jurídico made-in-Madrid para echar del gobierno a los nacionalistas.
Estamos ante un caso de ceguera voluntaria, por partida doble, y de enorme responsabilidad por lo que tiene de apoyo indirecto al terrorismo, sin evitar además la división entre el partido de Urkullu y la izquierda abertzale. Ibarretxe y el PNV saben que gracias a la acción policial y a la aplicación de la Ley de Partidos se encuentra ETA en una situación de honda crisis. No les importa. La segunda ceguera es aún más dolosa: fingen ignorar que Batasuna y sus sucesoras son un simple instrumento político de la organización armada y que por consiguiente su vida legal implicaba la de ETA en la sociedad vasca. La obstinada defensa de su legalidad no es así sino una interesada protección de la estructura del terror, sustentada además en la comunidad ideológica abertzale.
¿Cabe esto en la UE? Es el gran reto para el nuevo gobierno de Patxi López: encauzar la política vasca -PNV incluido- hacia las pautas y los usos europeos.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
viernes, noviembre 21, 2008
¿Golpe «determinante» contra ETA?
Por Rogelio Alonso, profesor de Ciencia Política. Universidad Rey Juan Carlos (ABC, 18/11/08):
La detención de Garikoitz Aspiazu es, sin duda, una muy buena noticia para la lucha antiterrorista. Sin embargo, conviene matizar la euforia que ha llevado al presidente del Gobierno a calificarla de «determinante». El debilitamiento de la banda que provoca la neutralización de cualquier terrorista se acrecienta cuando éste ocupa una relevante posición en el organigrama, como ocurre con el citado activista. Importante es subrayarlo sin que ello degenere en un erróneo triunfalismo que transmita un análisis equivocado sobre la situación real de una organización terrorista que, desgraciadamente, aún tiene capacidad de infligir daño. Valorar el positivo alcance de esta detención requiere una necesaria prudencia sobre las consecuencias de la misma para ETA. Así debe ser porque el acoso policial no siempre se ha visto complementado con la acción política que debía apuntalar la abnegada y exitosa labor de los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La experiencia reciente lo confirma y obliga a plantear reflexiones que eviten la repetición de errores cometidos en el pasado.
En octubre de 2004, la policía asestaba un golpe de gran magnitud al detener en Francia a Mikel Antza y Soledad Iparraguirre, máximos dirigentes de la banda. En agosto de 2004 otro prominente activista, Francisco Múgica Garmendia, junto con otros destacados presos, admitía que «nunca en la historia de esta organización nos hemos encontrado tan mal». Aceptaban por ello «la incapacidad de potenciar la lucha armada y la imposibilidad de acumular fuerzas que posibiliten la negociación en última instancia con el poder central». Sin embargo, en tan delicado momento para la banda como resultado de una asfixiante presión policial y judicial, el gobierno español entabló negociaciones con ETA, debilitando a los etarras que exigían el final de la violencia sin contrapartidas. Al contrario de lo que mantuvo Zapatero al defender el diálogo con ETA, esa política no contribuyó al final del terrorismo, sino que lo incentivó. La negociación con ETA demostró que el gobierno estaba dispuesto a poner en suspenso sus instrumentos de coacción, asumiendo por tanto parte de los planteamientos terroristas.
El gobierno justifica ese experimento aludiendo a unas voluntariosas intenciones que, no obstante, tuvieron negativos efectos al fortalecer la moral de los terroristas. Estos han interpretado que su violencia forzó al gobierno a abandonar el Pacto por las Libertades y que el terrorismo fue recompensado con unas negociaciones en las que el marco jurídico y político iba a negociarse al margen de las instituciones democráticas. La documentación de la banda es inequívoca a este respecto, confirmando esa interpretación favorable para los terroristas y la inexistencia de fisuras en relación con su decisión de romper la tregua. Además, en el debate interno que siguió a dicha ruptura se recomendaba intensificar la violencia «como vía de presión».
La negociación ha dañado la credibilidad del gobierno en un frente como el propagandístico del que también depende el debilitamiento de ETA. Los textos de la banda y del diario Gara abundan en esta cuestión, como refleja un artículo de febrero de 2008 titulado «No negociarás», el primer mandamiento del candidato. En él se exponen las contradicciones de sucesivos políticos españoles que tras oponerse categóricamente al diálogo con la banda han terminado por propugnarlo. Esa incoherencia se destaca a menudo en un diario utilizado por los terroristas para potenciar su cohesión ante las dificultades. Numerosos han sido los artículos en los que se ha contrarrestado el impacto de los sucesivos éxitos policiales con la expectativa de una inevitable negociación. El propio Gobierno y quienes defendieron la negociación han reforzado esa lógica: ¿por qué han de ser determinantes los descabezamientos de ETA si se ha reconocido que en última instancia el diálogo es necesario para acabar con el terrorismo y que al final el gobierno siempre vuelve a la mesa de negociación?
En ese contexto, para el terrorista y su entorno las contundentes declaraciones con las que ahora se niega cualquier diálogo futuro adolecen de suficiente credibilidad. La organización terrorista recuerda que esa firmeza también se manifestó en el pasado para revelarse únicamente aparente. A modo de ejemplo, el 23 de mayo de 2005 María Teresa Fernández de la Vega advertía que a la banda «sólo le queda la deposición de las armas y el abandono definitivo de la violencia», recalcando que «sólo a partir de ahí se podrán explorar las vías de diálogo». No fue esa la única incongruencia de quienes aceptaron compaginar negociación y violencia, sentando un precedente del que ahora se vale la banda para intentar capear las adversidades. Así lo exponía el editorial de un diario que apoyó la negociación entre el gobierno y ETA a pesar de incumplirse el mandato del Congreso español que exigía unas premisas que jamás existieron.
Con el significativo título de «Ilegalizar, deslegitimar» («El País» 19/9/2008), este periódico reconocía implícitamente que la tolerancia del gobierno hacia partidos políticos instrumentalizados por ETA había legitimado a la banda. Así, en relación con la ilegalización de ANV, el diario admitió finalmente: «Los indicios de que Batasuna había colonizado ese viejo partido para burlar la ley eran abrumadores, y aun así el Gobierno y la fiscalía sólo instaron la ilegalización de la mitad de sus listas. Se invocaron para ello razones jurídicas, aunque era obvio que la decisión estaba condicionada por el deseo de evitar la ruptura definitiva de la ya agonizante tregua. Hoy es evidente que, además de incoherente jurídicamente (un partido no puede ser en parte legal y en parte ilegal), fue un mal cálculo». Así pues, tras legitimar a los criminales, la política antiterrorista debía recuperar su deslegitimación. Estas inconsistencias no le pasan desapercibidas a una organización terrorista que recurre a una larga tradición de contactos para justificar que el terrorismo etarra constantemente obtiene la recompensa de una nueva negociación pese a las promesas de sucesivos gobiernos de que nunca va a ser así. Esos antecedentes y las expectativas que generan le reportan a ETA aliento y réditos en momentos de debilidad.
En consecuencia, nuestra experiencia antiterrorista revela que la política y los políticos son los que a menudo han entorpecido el excelente trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Desgraciadamente en ocasiones la eficacia de los cuerpos policiales se ha visto comprometida por maniobras e intereses políticos que han subestimado e incluso despreciado la paciente profesionalidad de quienes mejor conocen a los terroristas. De ese modo se ha obstaculizado la materialización de aquella premonición del etarra Domingo Iturbe: «Primero nos detendrán a nosotros, después cogerán las armas y los zulos y por último nos cogerán el dinero. Entonces no habrá nada que negociar».
Ésta y similares confesiones de otros etarras confirman que el final de ETA es posible sin una negociación que siempre ha servido para eludir la derrota de los terroristas cuando más debilitados se encontraban. Por ello, frente a pulsiones coyunturales de los políticos, la política antiterrorista exige una continuidad y una determinación inalterables en el tiempo que en décadas de democracia jamás hemos conocido. Las progresivas lecciones aprendidas demuestran que una presión firme e integral en todos los frentes en los que actúa ETA la debilita sobremanera. Pero también hemos contemplado cómo dicha presión política, policial, social, judicial e ideológica se aplaca cuando la expectativa de derrota se sustituye por el diálogo. La esperanza para ETA derivada de esos escenarios de negociación ha impedido que otras importantes detenciones hayan llegado a ser tan «determinantes» como desearíamos. Existe pues una enorme responsabilidad política para que las victorias frente a ETA que con tanto sacrificio se obtienen no pierdan su valor por culpa de los decisores políticos.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
sábado, octubre 04, 2008
Siempre faltan veinte minutos
Por Gregorio Morán (LA VANGUARDIA, 04/10/08):
En el País Vasco bastan veinte minutos para que alguien prepare la matanza. No hace falta ejercer de pitoniso para saber que estamos bajo la amenaza de un gran atentado. Fue un milagro que no ocurriera en el último intento, hace apenas dos semanas. Tres coches simultáneos cargados de explosivos. Cien kilos, doscientos… Seguirán subiendo. La próxima vez alcanzará trescientos o la media tonelada. A partir de que alguien decide colocar un coche para que estalle, a partir de ese momento, todo está fuera de control. Entramos en el terreno de lo probable y lo casual, que casi nunca coinciden.
El coche bomba a la manera de ETA tiene un punto notable de diferencia con la furgo del terrorista islámico. En un caso el conductor se inmola, en el otro goza contemplando cómo inmola a los demás.
Técnicamente es de una sencillez apabullante. Se prepara el coche en un garaje francés, con óptimas condiciones de seguridad, se pasa la frontera y basta con tres instrucciones, tres, para que ese vehículo derroche muerte por sus cuatro costados, o por dos, o por uno, como en el caso del cuartel de la Ertzaintza, en Ondarroa. Todo terrorista piensa que la policía, cualquier policía, no tiene otra cosa que hacer que ocuparse de ellos, que estar obsesionada con ellos.
La operación de ETA ante el cuartel autonómico de Ondarroa - la ekintza, según su lenguaje de uso- partía de una consideración típicamente militante, según la cual, los ertzainas deberían estar tan obsesionados por el temor a ETA que no pegarían ojo. Si hubiera sido así, en el cuartel de Ondarroa habría habido una matanza. Pero era de madrugada y los maderos - que también son maderos aunque hablen euskera- dormían, y apenas si hicieron caso del aventado que lanzó un par de cócteles molotov contra el cuartel para provocar la salida de los ertzainas. Si llegan a estar despiertos y hubieran salido rápido, habría provocado una matanza.
El coche bomba colocado en la Caja Vital de Vitoria adquiere un carácter simbólico, y aunque no causara víctimas sino daños, provoca a su vez una cierta inquietud. ¿Quién está libre de salir a pasear al perro y encontrarse cortado por la metralla? Confieso sin ningún rubor que fui de los que en un primer momento pensaron que los atentados del 11 de marzo del 2004 en Madrid podían ser obra de ETA.
Había quienes lo descartaban por el volumen de la tragedia; parecía demasiado brutal y con demasiados muertos para ser de ETA. No era eso lo que confundía la operación, y aquellos genios del PP que manipularon la información, sabían que la atribución del atentado no venía dada por los muertos, sino por las características del acto. Podía haberlo hecho ETA, sin duda alguna, y muchos ex dirigentes de la organización tuvieron las mismas dudas, hasta que se fueron conociendo algunos datos que aquel mefistófeles sacristanesco, Ángel Acebes, tuvo buen cuidado en ocultar.
Cuando se prepara un atentado se piensa en los objetivos, no en las víctimas. Eso, según el lenguaje posmoderno aportado por los ejércitos convencionales, se denomina “daños colaterales”, pero aun antes de que se inventara tan brillante terminología, ya se habían producido en España atentados de esas características. Por ejemplo, la matanza de la calle Correo en Madrid. Colocaron los explosivos en los lavabos de una cafetería vecina a la Puerta del Sol. Viví las consecuencias en primera persona aquella mañana espantosa de 1974. Era la primera vez que ETA organizaba un atentado matanza, concebido así, para causar el máximo daño sin reparar en gastos. Trece muertos y ochenta y cuatro heridos. Es pena que se haya muerto Eva Forest, porque era una de las pocas protagonistas que hubieran podido aportar luz sobre aquella tropelía. (En cierta ocasión traté de hablar del asunto con Alfonso Sastre, su marido, y la conversación fue tan breve que no llegamos al postre). ¿Ya nadie se acuerda de los atentados poli-milis de ETA en las estaciones de tren, que se tradujeron durante muchos años en el fin de las consignas en las grandes estaciones? Cualquiera de ellos hubiera podido provocar una matanza. Es muy cruel, pero muy sencillo, porque matar resulta facilísimo si tienes voluntad de hacerlo y una base social que te jalee el crimen. Nadie prepara un coche bomba en la idea de que no haga más que gastos de mobiliario. ¿Se acuerdan de Hipercor en Barcelona? Produjo una matanza que cortó las importantes bases electorales de Herri Batasuna en Catalunya, pero no produjo bajas en Euskadi, fuera de la deserción del eurodiputado Txema Montero.
La perversidad de un atentado con coche bomba tiene su ritual. Por ejemplo, la que le costó la vida a Luis Conde en la residencia del Patronato Militar de Santoña. Bien avanzada la noche, un vehículo se para en una cabina telefónica de un pueblo vasco con fuerte implantación de Herri Batasuna.
Marca el teléfono de la DYA, o de los bomberos o de una radio, para decirles cuánto tiempo tendrán los artificieros para desactivar un coche bomba que han colocado frente al Patronato Militar de Santoña.
Saben que el teléfono será localizado y la voz analizada, por tanto el lenguaje está distorsionado y es casi un telegrama que lleva la clave. Esa clave gracias a la cual las policías saben que es ETA y no un aventado con ganas de tocar los cojones, cosa que últimamente prolifera.
Veinte minutos fue el tiempo que concedieron en Santoña. ¿Cómo desalojas, en veinte minutos y en la madrugada, cuando todo el mundo que puede duerme, un edificio largo y ancho? ¿Y por qué debes fiarte de que son veinte minutos, y no quince, o treinta? Debes pensar que son quince, pero en el fondo de tu cabeza actúas con la idea de que van a ser treinta. Y el terrorista juega contigo a esta gincana de la muerte. ¿Debes acojonarte y salir corriendo? ¿O debes actuar en caballero de película que recoge sus cosas y no se amilana ante el peligro? Al peligro le da lo mismo, porque seas un caballero temerario o un acojonado, vas a volar igual. Tienes veinte minutos. Y la perversidad del terrorista, en traje de gala criminal, es que espera de ti un comportamiento de caballero temerario, para que vueles por los aires y él pueda decir a los suyos: “Avisé, pero como son gilipollas no me creyeron”. Ocon mayor probabilidad: “Nos ocurre a todos los gudaris, nunca nos creen y piensan que somos como ellos. Nosotros cuando decimos veinte minutos, son veinte minutos”. Así pillaron al dignísimo y humilde Luis Conde, un militar de paso al que le gustaba viajar, por ese gesto honorable y descuidado de ir a recoger algo, cualquier chorrada que dejó aparcada y que le gustaría que no desapareciera, y porque veinte minutos nunca son veinte minutos del todo. Y le mataron. En Santoña, allí donde estuvo el penal más famoso del franquismo, allí donde el nacionalismo vasco traicionó con alevosía a la República acosada por el enemigo franquista. Hay un libro, en mi opinión magnífico, sobre ese funesto pacto de Santoña, donde el Partido Nacionalista Vasco y el Estado fascista de Mussolini, representado por el general Roatta, pactaron que la guerra era un problema entre españoles y que a ellos no les iba para nada. Lo escribió, y muy bien, el periodista Xuan Cándano (La Esfera de los Libros, 2006)
Se está mascando la tragedia. Un gran atentado matanza que pretenda colocar las cosas en su cenit. Tensar la cuerda con la esperanza de romperla; eso que en el País Vasco se denomina sokatira y que tiene su momento más angustioso cuando las dos fuerzas en presencia están en el orto de su tensión y la cuerda queda fija, vibra pero no se mueve, a la espera de desplazarse a un lado u otro, dependiendo de la potencia de cada lado. No resulta agradable escribirlo, pero la dinámica de las cosas, o mucho me equivoco, o lleva a Omagh, aquel terrible atentado irlandés, vísperas del final del terrorismo del IRA.
Síntomas de final del túnel no los veo aún, pero el fantasma de Omagh sí se dibuja en el horizonte. El día que ETA denominó “socializar el sufrimiento” a justificar el atentado de masas y descartar cualquier veleidad sobre la existencia de inocentes -una idea de raíz católica que los teólogos de Herri Batasuna entreveían con la misma galanura que el pecado original o Moisés bajando con las tablas de la ley y encontrándose a su pueblo desmadrado-, ese día, digo, empezó la cuenta atrás que lleva a la matanza. Ojalá me equivoque.
domingo, septiembre 28, 2008
La esquizofrenia de Creonte
Por Pedro J. Ramírez, director de El Mundo (EL MUNDO, 28/09/08):
Me envía Maite Pagaza la película que acaba de presentar la Fundación Víctimas del Terrorismo, instándome a que la vea con el señuelo de que «sólo dura 14 minutos». Hacía tiempo que no empleaba tan bien un cuarto de hora y no se arrepentirán si, siguiendo mi consejo, aprovechan el enlace que mantendremos activo durante las jornadas de hoy y mañana en la portada de nuestra edición electrónica (www.elmundo.es).
Se titula Las Voces de Antígona y consiste en la reconstrucción del mito de la heroína de Sófocles que al enterrar el cadáver de su hermano Polinices desafía y desobedece el decreto del dictador de Tebas, Creonte, que ordenaba que permaneciera insepulto por no haber sido «un buen patriota». La peculiaridad del cortometraje reside en que cada uno de los episodios de la tragedia clásica aparece ilustrado por el relato de una Antígona contemporánea, hasta sumar una decena de testimonios que cruzan las fronteras de las ideologías, las generaciones e incluso las referencias étnicas y culturales.
Así, la memoria de Ana María Vidal Abarca, viuda de un comandante asesinado por ETA en el 80, sirve para recordar el ostracismo emocional, la clandestinidad en el dolor, al que la comunidad nacionalista, con la complicidad de la Iglesia vasca, condenaba en aquellos años a las familias de las víctimas, como si la colaboración de los ejecutados por la banda con el supuesto opresor atávico de la polis euskalduna las hiciera merecedoras, en palabras de Creonte, del castigo adicional de «ver el cadáver devorado y maltratado por aves rapaces y por perros».
Así, la anécdota de Cristina Cuesta sobre los dueños de la cafetería guipuzcoana que, tras el asesinato de su padre -delegado de Telefónica en la zona-, le sugirieron a ella y sus amigas que tomaran la cerveza en otro sitio porque habían recibido amenazas por tenerlas como clientes, viene a reconstruir la cobardía moral de Ismene, la hermana de Antígona que se declara paralizada por el miedo, «incapaz de actuar y oponer resistencia» a la autoridad porque «el realizar acciones superiores a las posibilidades de uno no tiene sentido alguno».
Así, la denuncia de Natividad Rodríguez, viuda del dirigente socialista Fernando Buesa, describiendo cómo en los días posteriores al crimen brotaban a su paso pintadas de tinta roja con el «ETA, ¡mátalos!», pone en evidencia que la obsesión de todo totalitarismo -como el que practicaban quienes instaban a Creonte a adoptar las medidas más extremas contra los «traidores» a su concepción integrista de Tebas- es perseguir a sus enemigos más allá de la propia muerte.
Así, la firme entereza de Aisha Mohamed, viuda de un policía nacional de origen magrebí («Nos tienen que oír»), Pilar Ruiz, madre de Joseba Pagaza («Que el grito de libertad de mi hijo llegue al mundo»), o Pilar Elías, obligada a vivir en el mismo inmueble que el asesino de su marido Ramón Baglieto («No nos van a callar»), al declararse dispuestas a seguir reivindicando la memoria de sus deudos, permite constatar que 26 siglos después, la insumisión, la valerosa rebeldía ante la injusticia siguen respondiendo a la llamada de la sangre desde lo más hondo y noble del corazón humano con la misma indesmayable convicción que llevó a la heroína de Sófocles a cumplir con su destino.
Son, en efecto, las «voces de Antígona». Voces de mujer como las de Teresa Jiménez-Becerril o Irene Villa, como las de María San Gil o Rosa Díez, como las de la propia Maite Pagaza o la hermana de Miguel Angel Blanco. Voces que emocionan y enardecen. Voces que turban la mirada, quiebran el aliento y te hielan el alma. Ninguna ley de igualdad logrará que los sentimientos de un varón produzcan similares grados de empatía. Es el grito profundo de la especie, es el ansia de perpetuación y trascendencia, es el instinto de conservación del ser humano clamando desde el útero de las entrañas de la Tierra.
Hegel definió esta tragedia como «la más sublime de todos los tiempos». Antígona se resigna a ser castigada con la peor de las penas -el enterramiento en una gruta tapiada con apenas un poco de comida- por haber transgredido un código cruel y absurdo, sectario y maniqueo: «Sin haber conocido el tálamo, sin haber escuchado los cantos de mi boda, sin haber obtenido asignación de matrimonio alguno ni de una criatura infantil… me encamino viva a las profundidades de los muertos». Bertolt Brecht y Jean Anouilh, Salvador Espriu y María Zambrano, Carl Orff y Rolf Hochhuth son algunos de los últimos grandes creadores subyugados por la dimensión de ese sacrificio. Ni siquiera Zapatero, con ayuda de Zerolo, podrá conseguir que la palabra mater signifique nunca algo distinto de aquello a lo que renuncia Antígona.
He querido encontrar alguna forma especial de dejar constancia de mi aplauso, reconocimiento y admiración hacia el brillante guión y la sobria locución de Felipe Hernández Cava -colaborador habitual de nuestras páginas culturales-, hacia la inteligente realización de Pedro Arjona, hacia la emocionante música compuesta para la ocasión por Javier López de Guereña y hacia la serena eficacia con que Jorge M. Reverte ha producido esta película; y no se me ha ocurrido otra mejor que retomar la narración allí donde ellos la terminan.
La última cita de Sófocles que se escucha en la pantalla es la severa pregunta con la que el adivino Tiresias pone contra las cuerdas a Creonte: «¿Qué heroicidad hay en volver a matar al que ya está muerto?». Pero en ese mismo monólogo hay una apelación, no a la clemencia, sino a la cordura del tirano: «Recapacita, pues común a todos los hombres es equivocarse; pero después de equivocarse ya no es insensato ni desdichado quien, tras caer en esa enfermedad, procura curarse y no hacerse inflexible».
¿Pero a quién iría dirigida hoy, aquí y ahora esta recomendación? Comprendo perfectamente el significado de ese plano en el que la fachada de Ajuria Enea va cayendo como una persiana sobre el espectador que los autores de Las Voces de Antígona han incluido justo antes de la intervención de la madre de Pagaza. Para mí también es obvio que Creonte es Ibarretxe, pues no en vano su propio hijo, Hemon, le fustiga con palabras que muy bien podría haber pronunciado Josu Jon Imaz durante alguna de sus discusiones en familia: «Aquellos que piensan que sólo ellos tienen razón o que sólo ellos tienen una lengua y un alma que no tiene nadie más, aparecen vacíos si se les quita el caparazón».
Ese es el problema del nacionalismo: que debajo de su máscara tribal no hay nada consistente que justifique su razón de ser como oferta política diferenciada. Y menos en la era de la globalización, la Europa sin fronteras y la revolución de internet. Pero Ibarretxe ha recogido el martillo pilón de manos de ese viejo terrible en que se ha convertido Arzalluz y como lehendakari trata de mantener a los suyos, dale que te pego, picando piedra en la cantera, acantonados en el dogma del soberanismo. Hasta Otegi le desborda en lucidez cuando plantea que «algo estaremos haciendo mal si resulta que llevamos 100 años liberando Euskal Herria y no lo hemos conseguido».
No en vano el animal emblemático de Tebas es el mismo elegido por ETA como símbolo: la serpiente. Cualquiera diría que el Coro de ancianos de la ciudad no sólo está hablando de lo que ocurrió tras el incesto de Edipo con su madre, de la guerra civil entre sus hijos Eteocles y Polinices o de la tragedia que se cierne ahora tanto sobre Antígona como sobre su verdugo, sino también del espanto recurrente que una y otra vez se apodera del espacio político y social en el País Vasco que conocemos: «A aquellos cuya morada sea sacudida por el dios no les falta desastre alguno, sino que éste les persigue durante un sinfín de generaciones. Desde la fundación de la casa están recayendo penalidades sobre penalidades y no consigue librar de ellas una generación a la siguiente».
El Coro identifica el origen de sus males con «el funesto carcoma de los dioses infernales» -o sea la hubris, o sea la arrogancia- y explica muy bien la dinámica que desencadena la violencia más extrema: «Es igual que el oleaje del mar que cuando, impulsado por los airados vientos tracios, invade el oscuro fondo submarino, remolinea desde las profundidades la negruzca arena y hace que rujan con estruendo los acantilados azotados por los vientos y los embates de las olas». Se habla mucho del árbol y las nueces, pero desde que llegó a Ajuria Enea ni un solo día ha dejado Ibarretxe de «impulsar los airados vientos tracios», destinados a remover «la negruzca arena» del agravio imaginario y el victimismo irredentista que sirven de caldo de cultivo al «estruendo» de las pistolas.
Sólo el coraje de Antígona, invocando principios superiores a sus leyes arbitrarias, y la denuncia de Tiresias, símbolo del compromiso del intelectual en el proceso de formación de la opinión pública, hacen tambalearse el mundo fanático de Creonte. Su primera reacción es considerar que la una es una loca peligrosa que amenaza el principio de autoridad y el otro, un mensajero venal que trafica con sus pronósticos. Pero cuando ellos, como estas mujeres admirables que velan por la memoria, dignidad y justicia debidas a las víctimas del terrorismo, o los escritores y activistas que las respaldan no dan un solo paso atrás ni siquiera ante el riesgo de la muerte, Creonte empieza a sentirse corroído por la duda.
Es el momento de su esquizofrenia. Pasa de un confortable sistema monolítico en el que el ejercicio del poder es algo lineal y consecuente a un incómodo dualismo en el que las palabras se neutralizan entre sí y los hechos se contradicen unos a otros. En ésas está ahora Ibarretxe, homenajeando a las víctimas y dando a la vez hilo a la cometa de sus verdugos.
«Por eso tengo mi alma con mucha desazón», dice Creonte intuyendo la que se le puede venir encima. «Pues el ceder es cosa espantosa, pero a su vez enfrentarme y lastimar así mi coraje con un desastre entra también en la categoría de lo espantoso».
Entonces Sófocles introduce en la tragedia un golpe de efecto que parece anticipar los juegos de enredo de la commedia dell’arte. Viendo la nueva disposición del dictador, el Corifeo le da un doble consejo con tintes perentorios: «Ve allá y saca a la muchacha del cobertizo subterráneo y dispón sepultura para el cadáver que yace a la vista de todos». Creonte se resiste pero termina accediendo porque «no se debe en modo alguno sostener un combate condenado al fracaso». Lo que ocurre es que aplica los remedios en el orden inverso al que le han recomendado: primero entierra a Polinices y cuando se dirige a liberar a Antígona recibe la noticia de que ella ya se ha inmolado en el altar del cautiverio al que le ha llevado su trágico deber. La catarsis se reproduce en cadena cuando el hijo del tirano, Hemon, y su madre Eurídice optan por el mismo camino del suicidio. La hecatombe aplasta a Creonte. Además de malvados, los fanáticos suelen ser bastante tontos.
No es otra la sensación que produce la imagen de Ibarretxe acudiendo inesperadamente al primer homenaje que se rendía en el Parlamento vasco a un militar asesinado por ETA y dando el pésame al jefe del acuartelamiento de Araca y a los demás compañeros del brigada Conde, para reincorporarse de inmediato a la ridícula tarea de mantener en pie, con respiración asistida, un plan desquiciado que implica la expulsión de ese Ejército de ocupación del País Vasco; un plan que, como mínimo, sirve de coartada moral y aliento a quienes están preparando ya la bomba que matará a la siguiente persona uniformada. El lehendakari debería hacer exactamente lo contrario porque en este caso el orden de factores sí altera el producto: primero, desactivar esa bomba, quitándole la espoleta soberanista; luego, contribuir al rito mortuorio con su pésame en versión rostro de espátula.
Creonte únicamente se viene abajo cuando esa «funesta carcoma de los dioses infernales» no sólo se lleva por delante a su empecinada antagonista, sino también a sus seres más queridos: «¡Ay, yerros de mis mentes demenciales, intransigentes, mortales! ¡Oh vosotros que contempláis a los asesinos y las víctimas entre sí emparentados! ¡Ay de mí, qué cosas más desdichadas las decisiones que tomé!».
Si ETA hubiera llegado a consumar la sádica matanza de ertzainas que perpetró en Ondarroa, atrayendo a los agentes autonómicos con cócteles molotov hacia el lugar en el que iba a estallar el coche bomba, ahora veríamos a Ibarretxe dándose de golpes en la pared, tirándose de sus últimos cabellos y entonando esta palinodia. Y si no saliera de él, no faltaría en el Euskadi Buru Batzar quien le escribiría tal guión. No digamos nada si el asesinado fuera un día un jerifalte del propio PNV.
Todos saben que así que pasen otros 100 años la farsa de su independentismo de chapela sólo seguirá engendrando dolor y muerte, pero al único que se atrevió a insinuarlo en público lo condenaron primero al exilio y luego a una precoz jubilación dorada. Las voces de Antígona taladran ya sus tímpanos, pero en lugar de actuar en consecuencia estos tozudos jelkides se limitan a tratar de cubrir las apariencias.
Lo que Sófocles les advierte es que siempre llega un momento en el que todo se precipita. «La intransigencia es con mucho la más grande calamidad que asedia al hombre», concluye el Mensajero que comunica al tirano los desastres por él desencadenados. «Llevadme fuera de aquí, a mí, que más que un miserable soy uno que ya no existe», suplica Creonte tratando de inspirar en vano esa compasión ante el sufrimiento que él sólo supo expresar tarde, mal y nunca. El Coro sentencia entonces que «los razonamientos inmoderados de los arrogantes tienen como castigo golpes inmoderados» y la oscuridad y el silencio de los siglos vuelven a adueñarse del teatro griego de la vida.
jueves, septiembre 04, 2008
El hombre de Alcatraz
Durante el mes de junio de 1976 -son las ventajas de firmar y fechar los libros- devoré una novela del escritor Thomas E. Gaddis titulada El hombre de Alcatraz. La obra narraba la historia de Robert Stroud -después interpretada en el cine por un soberbio Burt Lancaster-, condenado a perpetuidad por matar al hombre que maltrataba a la mujer que amaba. Stroud fallecía en 1963 ¡tras una reclusión de cincuenta y cuatro años! en las penitenciarias de Mc Neil, Leavenworth y Alcatraz desde 1909. En dicho momento Howard Taft ocupaba la Presidencia de los Estados Unidos, no se había producido el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, en Rusia gobernaba el zar Alejandro II y el Titanic no se había flotado. Un hombre que terminaba transformándose por amor a los pájaros en un reputado ornitólogo. En todos esos años Stroud no volvió a cometer ningún acto de violencia, retractándose de cualquier comportamiento vengativo. Una lectura que me convirtió sentimentalmente en un declarado enemigo de la cadena perpetua. Más tarde, al estudiar Derecho, me convencí racionalmente de la certeza de mi juvenil rechazo.
Pues bien, el día tres de agosto De Juana Chaos abandonaba la cárcel. Uno de los más abyectos criminales terroristas, responsable de la muerte de veinticinco personas, salía de prisión después de ¡cumplir solamente veintiún años! Una bestia que, estando en la cárcel, brindaba por el asesinato de un concejal de Pamplona y se carcajeaba de la muerte de otro y de su mujer en Sevilla. Un execrable criminal que nada más dejar la prisión hacía circular un texto para ser leído en un acto homenaje en San Sebastián, lo que ha merecido la investigación de la Audiencia Nacional por si la conducta fuera constitutiva de un delito de enaltecimiento de terrorismo. A los jueces corresponde ahora su valoración. Una situación que ha abierto el debate sobre la constitucionalidad y oportunidad de la cadena perpetua. Toda vez que De Juana Chaos carece de cualquier semejanza con el regenerado Robert Straud.
Es evidente que el Estado ha de tomar las medidas para impedir que tales sucesos, que son un escarnio para la ciudadanía y un insulto para las víctimas, puedan volver a producirse. Aunque, dicho esto, el principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras desfavorables no puede invocarse. Es la grandeza del Estado de Derecho y de la ley. El Derecho y la ley nos obligan a todos, y todos debemos acatar -incluidos los poderes públicos y los jueces- lo en ellos previsto. Incluso, y reconozco que no es sencillo al hablar de semejante asesino, cuando su aplicación se ha confirmado manifiestamente inadecuada. Por ello, si ésta es insuficiente, y la norma no garantiza la finalidad querida, lo que hemos de proceder es a su pronta denuncia e inmediata modificación. Para mí el asunto está claro: la cadena perpetua, entendida como pena que impone su íntegro cumplimiento hasta la muerte del condenado, no cabe en la Constitución de 1978. Estimo que no es compatible con lo dispuesto en su artículo 25.2: «Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social…». Es difícil conciliar la finalidad, no sólo punitiva, que es desde luego muy importante de la pena, sino también de reinserción, con una condena a perpetuidad. Me adhiero pues a las acertadas opiniones vertidas por uno de los padres de la Constitución, el profesor Peces-Barba, quien declaraba su inconstitucionalidad además en cualquier circunstancia: «Si se dice que no es para toda la vida, entonces ya no es cadena perpetua, y si se aplica como tal rompe con la idea de que la pena tiene como función la reinserción de los condenados».
El camino se encuentra, a mi parecer, en la agravación de las penas de privación de libertad -de cuarenta años desde 2003- y en posibilitar su «íntegro cumplimiento». Una política introducida ya en el presente Código Penal, y que sí alcanzará a los responsables del atentado de Barajas en 2006. La denominada doctrina Parot elaborada por el Tribunal Supremo supuso un paso adecuado en la buena dirección, pero es insuficiente para dar respuesta a situaciones donde no se da la rehabilitación, ni la reinserción. Al tiempo, debemos auspiciar -éste es el auténtico reto pendiente de nuestra legislación penal- una adecuada proporcionalidad entre la gravedad de los delitos y las penas. Junto a lo dicho, se ha de arbitrar simultáneamente el establecimiento de penas accesorias de la condena principal perfeccionadoras de la misma. Hay que detenerse pues en las medidas de garantía, antes de seguridad, del artículo 96 del Código Penal en relación con los delitos de terrorismo, esto es, las órdenes de alejamiento, la proscripción de visitar ciertos lugares y la prohibición de dirigirse a las víctimas. Finalmente deben arbitrarse los medios legales y económicos para que se satisfagan las responsabilidades civiles a las víctimas, muchas veces burladas por sus asesinos, que transfieren irregularmente la propiedad de sus bienes y se declaran insolventes. Por más que, en última instancia, el Estado, en cuyo servicio perdieron éstas su vida, se haga cargo de las justas indemnizaciones de no ser posibles.
Es verdad que existen países con una asentada democracia y con un respeto escrupuloso a los derechos fundamentales que mantienen la cadena perpetua (Francia, Inglaterra, Estados Unidos o Alemania). Es verdad que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha admitido la extradición a sus países de origen de ciudadanos que tendrán que afrontar presumiblemente condenas a perpetuidad. Es verdad que el Estatuto Penal Internacional, refrendado por España, prevé su fijación para delitos de genocidio y contra la humanidad. Es verdad que la regulación de la cadena perpetua no se configura hoy sólo con los perfiles clásicos -el reo fallecía siempre recluido en la cárcel-; su regulación permite su conformación de manera más flexible, con mecanismos habilitadores de una revisión temporal, acreditada la voluntad de reinserción. Y también es verdad que tal medida se extendería exclusivamente a delitos especialmente odiosos. No seré yo por tanto quien diserte sobre su incompatibilidad con los sistemas políticos democráticos. Pero, aún así, la sigo considerando de difícil encaje entre nosotros: la cadena perpetua supone de antemano prejuzgar que no va a haber/o puede haber rehabilitación y abre las puertas asimismo a una pena indefinida o de duración indeterminada. No garantiza tampoco la reeducación y reinserción social y atenta hasta la dignidad de toda persona, al margen de los problemas prácticos para introducir medidas revisoras temporales. ¡Hasta el asesino De Juana Chaos goza de dignidad personal. En esto también nos diferenciamos con él!
Además, la veo una sanción innecesaria -pues el aumento exponencial de las penas no siempre resulta eficaz- y ciertamente desmesurada. Es casi la otra cara de la misma moneda: la pena de muerte. La vía es la antedicha atención a las mentadas medidas de seguridad, menos invasivas de los derechos fundamentales. De otra forma, entiendo, habría que modificar la Constitución. Aunque sigo pensando que ésta -de aprobarse tras la previa reforma constitucional- no es la reacción humana exigible, ni la acción penal conveniente. Las palabras de Federico Trillo son muy acertadas: «En la interpretación más estricta de la Constitución no cabe la pena de reclusión perpetua… El debate de la cadena perpetua al modo clásico decimonónico de que se pudra en la cárcel es un debate inútil, superado, y un debate que probablemente no nos lleve a ninguna parte».
Razones jurídicas al margen, debe ser horrible ser De Juana Chaos. Incluso para la propia bestia. Por eso me niego a cerrar estas reflexiones con su sola causa. Me quedo -lo recordaba mi admirado Ignacio Camacho- con la generosidad de las familias de las víctimas y la superioridad moral de una sociedad que ha renunciado a cualquier sentimiento de venganza. ¡De Juana Chaos, que más quisiera él, no es el hombre de Alcatraz!
jueves, agosto 07, 2008
Lecciones de justicia internacional
LA detención de Radovan Karadzic ha sido ampliamente respaldada desde medios periodísticos y políticos. Pocas han sido las críticas hacia una decisión entendida como necesaria para hacer justicia y poder enfrentarse al pasado. El amplio consenso suscitado surge al aceptarse que la aplicación de la Justicia resulta imprescindible a pesar del tiempo transcurrido desde la comisión de los crímenes imputados. Este proceder confirma que no debe tolerarse la impunidad en escenarios donde se han perpetrado salvajes violaciones de derechos humanos. Además la forma en la que desde distintos ámbitos se ha destacado el procesamiento de Karadzic sugiere que éste también pretende ser ejemplarizante para otros contextos.
Sin embargo, en un entorno más cercano el asesinato de seres humanos ha sido interpretado de manera radicalmente distinta. En un país como España que durante décadas ha sufrido un terrorismo etarra responsable de cientos de víctimas mortales se escuchan con frecuencia apelaciones al pragmatismo para justificar la impunidad hacia los responsables de crímenes terroristas. Así ocurrió durante la negociación entre el gobierno y ETA, periodo en el que la impunidad se presentó como una suerte de mal necesario e inevitable que supuestamente habría de contribuir al final del terrorismo.
Mediante una intensa acción propagandística se intentó construir un proceso eufemísticamente denominado de «paz» sustentado en la impunidad hacia los perpetradores de la violencia terrorista y en el olvido de las graves transgresiones cometidas en el pasado. Reveladoras resultaban en este sentido las palabras de un formador de opinión como Juan Luis Cebrián: «El problema entre memoria, reconciliación y reparación lo viviremos siempre, también si hay un proceso de paz con ETA. Un proceso que la derecha ya está mistificando, que no implicaría concesiones políticas y que conduciría a un acuerdo sobre los presos, que han cometido terribles asesinatos. Esto contradice el espíritu de reparación y justicia, pero la cuestión es si la paz y la convivencia futura merecen la renuncia al pasado» (El País, 21/7/2005).
Al margen de que los acontecimientos posteriores demostraran la existencia de evidentes «concesiones políticas», altamente cuestionable resultaba también la necesidad de anteponer una indefinida «paz» a la ineludible necesidad de «reparación y justicia» propia de una sociedad democrática. Así se desprendía del testimonio de Mikel Buesa al reclamar del Gobierno «un comportamiento democrático que haga de la protección de los más débiles y de la igualdad ante la ley su guía»: «Cualquier gobierno debería atender en este asunto a la razón moral de las víctimas en su reclamación de justicia. Es a esa razón a la que, tres meses antes de su asesinato, cuando también se especulaba con una posible negociación, apeló mi hermano Fernando Buesa al declarar que «quien ha cometido un delito no tiene bula por el hecho de que se diga que ese delito tiene motivaciones políticas; porque pensar que la Justicia debe regirse por criterios políticos es negar la propia Justicia»».
Esa misma necesidad de impedir que flagrantes violaciones de derechos humanos queden indemnes es la que motiva el enjuiciamiento de Karadzic. Idéntica exigencia es la que se aprecia en otros entornos que desde nuestro país fueron manipulados durante el denominado «proceso de paz» con objeto de avalar actitudes contrarias a las aspiraciones de justicia de las víctimas del terrorismo. Frente a quienes propugnaban impunidad para ETA defendiendo la coacción que definía la «paz» como únicamente posible a cambio de dicha injusticia con las víctimas del terrorismo, se escuchaban voces que reclamaban un respeto a la legalidad como la que ahora aplica el Tribunal Penal Internacional. «¿Qué impide que el crimen se repita si al final todo proscribe, todo se sana, todo se olvida?», se preguntaba el filósofo Reyes Mate al intentar centrar el debate sobre las víctimas del terrorismo en el lugar del que otros lo apartaron, pues, «no es de sentimientos de lo que hay hablar, sino de hacer justicia».
Las palabras de Luis Pérez Aguirre, director del Servicio de Paz y Justicia de Uruguay, ofrecen argumentos a favor de tales reivindicaciones. En referencia a las políticas con las que se intentó apaciguar a los perpetradores de la violencia en su país años atrás, señaló: «Se ha dicho que hurgar en estos acontecimientos del pasado es abrir nuevamente las heridas del pasado. Nosotros nos preguntamos, por quién y cuándo se cerraron esas heridas. Ellas están abiertas y la única manera de cerrarlas será logrando una verdadera reconciliación nacional que se asiente sobre la verdad y la justicia respecto de lo sucedido. La justicia tiene esas mínimas y básicas condiciones».
En contra de los coherentes principios que se desprenden de esa insobornable reivindicación de justicia, la negociación con ETA alimentó dinámicas muy diferentes. En lugar de disuadir al terrorista mediante la firme aplicación de la Justicia, se propuso eximirle de la misma y del cumplimiento de la legalidad, afianzando así la lógica creencia en la utilidad de la violencia. No sólo se beneficiaron de dicha tolerancia etarras como Otegi o de Juana. Además otro destacado dirigente terrorista como Gerry Adams fue agasajado en nuestro país por políticos y periodistas, entre ellos el que se brindó a presentar la edición española de sus memorias. A menudo se critica la hipocresía de quienes ignoran el sufrimiento que la violencia causa en entornos lejanos. En cambio, pocas veces se denuncia la doble moral de quienes se identifican como firmes defensores de los derechos humanos al condenar ciertas atrocidades mientras aceptan para determinados violadores de esos mismos derechos humanos una impunidad indeseada para otros.
Es pues contradictorio propugnar una desigual aplicación de la justicia internacional y nacional en función de la nacionalidad del criminal o del contexto en el que se producen dichas violaciones. Si el enjuiciamiento de Karadzic demuestra la necesidad de reparación impidiendo el escarnio del dolor de las víctimas, similar receta debe aplicarse al terrorismo de ETA en una sociedad plenamente democrática como la española. Diversos son los ejemplos en el ámbito internacional que demuestran la eficacia de tales exigencias.
En marzo de 2005 el primer ministro de Kosovo dimitió de su cargo después de que el Tribunal para la ex Yugoslavia le acusara de crímenes de guerra. En esas mismas fechas el presidente de la Unión de Serbia y Montenegro enfatizaba que su «entrada en el futuro a través de la puerta de Europa» exigía el obligado pago de las «deudas con el pasado» contraídas por quienes violaron masivamente los derechos humanos en dicha región, lo cual requería el cumplimiento de sus responsabilidades con el Tribunal Penal Internacional. Esta alta institución consiguió que diversos generales se presentaran ante la misma, rendición motivada en gran medida por los deseos de Serbia de congraciarse con la Unión Europea ante su futura solicitud de ingreso en la comunidad. Asimismo el presidente croata vio cómo la Unión Europea bloqueó el inicio de las negociaciones de adhesión hasta la entrega del general Ante Gotovina, también acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad.
Se aprecia por tanto, como condición necesaria para el avance de dichas sociedades, un rotundo afán por evitar la impunidad. Se deduce pues que el revisionismo histórico favorece la legitimación y justificación de la violencia cometida en el pasado haciendo peligrar la normalización de áreas que han sido testigo de conflictos violentos. Esa fórmula no contribuye a «cicatrizar heridas», sino más bien a mantenerlas abiertas. Es ésta una conclusión de mayor aplicación, si cabe, a un País Vasco en el que la organización terrorista ETA viola exclusiva y sistemáticamente los derechos humanos. Por ello la justicia internacional ofrece lecciones a quienes todavía aspiran a una falsa «reconciliación» que injustamente renuncie a diferenciar entre quienes deberían resultar «vencedores» -las víctimas de ETA- y «vencidos» -los terroristas-.
miércoles, agosto 06, 2008
ETA o la fertilidad
Cuando en septiembre del 96 mi ex compañero de colegio Soares Gamboa me envió una carta relatando con todo detalle cómo en el 85 el comando Madrid dirigido por De Juana Chaos, del que él era miembro, había intentado asesinarme a la salida de un partido del Estudiantes al que providencialmente no acudí -«un artefacto rudimentario… un sencillo mecanismo que se clavaría en la rueda delantera izquierda y… ¡boom!… ahora no podría charlar contigo»-, una única idea martilleó mi cabeza durante días. La comenté con el titular de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, durante uno de nuestros habituales encuentros de entonces.
-Al leer algo así te das cuenta de cómo estás en manos del destino. Fíjate, si yo hubiera ido hace 10 años a aquel partido de baloncesto ni habrían nacido mis dos hijos pequeños, ni habría podido fundar EL MUNDO…
-Bueno, esto último no les habría importado demasiado a algunos de mis compañeros de Gobierno. Ja, ja, ja…
Aunque la broma del biministro -además de reflejar la patología del felipismo en su fase más aguda- deslindara oportunamente la paternidad biológica de la intelectual, lo que latía detrás de mis palabras era el espanto ante el hecho de que el terrorismo no sólo se incauta de la felicidad presente de sus víctimas sino que además les expropia su capacidad de fecundar el futuro. En esa interrupción de la cadena de la vida, en esa amputación de lo que está por venir, en esa castración a cañonazos de toda posibilidad de transmitir las ideas o los genes radica el cruel sadismo de quienes alegan que es imprescindible matar españoles para que su Euskadi viva.
El coche bomba y el tiro en la nuca son, pues, los más macabros métodos anticonceptivos jamás aplicados. Cercenan de cuajo la capacidad de proyectarse, verterse y reproducirse de los así inmolados. Pero además determinan por la ósmosis del miedo la conducta de los otros, bloqueando sus instintos morales básicos, restando vigor a sus proyectos individuales y colectivos, esterilizando su capacidad de moldear la convivencia democrática. Por eso decía Roosevelt que sólo había que temerle al miedo mismo: una sociedad de cobardes es una sociedad de eunucos.
He ahí la explicación de por qué nada nos estremece tanto como la intromisión del terrorismo en el mundo frágil de la infancia, donde el presente balbucea y el futuro se adivina imponente. El criminal infame que es De Juana adquiere directamente la condición de monstruo abominable, de abyecto esputo de la naturaleza, el día en que, tras el asesinato del matrimonio Jiménez Becerril, contempla impávido las imágenes de sus tres hijos huérfanos y se jacta de que «aquí en la cárcel sus lloros son nuestras sonrisas». Y cuando tras el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza se alinean en el suelo unos pequeños ataúdes en los que los restos de unas niñitas reventadas escoltan para siempre a los de sus padres, es cuando nos conjuramos en silencio a que nunca, jamás de los jamases, bajo ningún concepto, truene lo que truene, así que se abran 1.000 zanjas bajo nuestros pies y lluevan meteoritos desde el cielo, permitiremos que ni estos canallas inhumanos ni quienes hipócritamente presentan sus actos ignominiosos como la «expresión de un conflicto» se salgan con la suya.
La voz de cada uno de los niños asesinados por ETA en ése y otros episodios similares -ekintzas les llaman los muy hijos de… Sabino Arana- clama en nombre propio y en el de todos los que ni siquiera contaron con la oportunidad de existir. «Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas», dice Aute en su ya mítica y siempre emocionante canción de cuna -canción de tumba- sobre los fusilamientos de septiembre del 75. Ellos son los más indefensos.
Repaso los rostros de las 25 personas que, con menos suerte que yo, salieron de su casa una mañana, inconscientes de que acudían a una trágica cita con De Juana y su comando, y no puedo dejar de pensar en que las últimas nanas de la cebolla que quedan por dedicar a las víctimas del terrorismo son las que merecen esos «hijos que no tuvieron», ese futuro tembloroso e imperfecto que llevaba camino de ser y no fue nunca, esa luz, ese aliento, esa ilusión, ese sueño, esa quimera adherida a ellos como la capa de vaho en el cristal sobre la que cada invierno se escriben mensajes con la yema de los dedos. En su caso todo fue borrado de un zarpazo.
¿Cómo es posible que los magistrados Guillermo Ruiz Polanco, Alfonso Guevara y María Angeles Barreiro no hayan sido conscientes de la tremenda tecla simbólica que estaban pulsando al decretar la puesta en libertad de Elena Beloki, tan sólo un año después de su condena a 13 de cárcel como dirigente de ETA, atendiendo a su petición de poderse someter en condiciones adecuadas a un «tratamiento de fertilidad»? ¿Qué ropajes morales recogieron la mañana en cuestión estas tres señorías en la sala de togas? ¿Se desvistieron allí accidentalmente de toda sensibilidad humana o es que ya se la habían olvidado en casa? ¿Habían dormido mal? ¿Habían bebido demasiado? ¿A alguno de ellos le había dado un pasmo durante el trayecto en su vehículo o se encontraba simplemente abotargado por la rutina mediocre de la vida?
La excarcelación de De Juana Chaos nos duele y llena de frustración; es una herida que sangra y será fuente de debates y reproches sobre 30 años de torpezas e ingenuas imprevisiones, pero en definitiva es un sacrificio en el altar de la inexorabilidad de las leyes. No había alternativa sin menoscabo de la seguridad jurídica. Y con el corazón encogido ofrecemos este desgarrador tributo al Estado de Derecho. El PSOE tenía que haber liquidado mucho antes el vergonzante Código Penal franquista. El PP debió haber introducido la cadena perpetua con juicio de revisión para los criminales múltiples de modo que salieran los arrepentidos como Soares Gamboa y no los recalcitrantes como De Juana. Pero ya es tarde y pagamos con vigilante dignidad nuestros errores. Dura lex, sed lex.
Lo de Elena Beloki es distinto. Es muchísimo peor porque es gratuito. Porque es una ocurrencia, una necia frivolidad del ponente -Ruiz Polanco- respaldada por el extravagante conformismo del otras veces firme presidente de la sala -Guevara- y por la pasividad de la tercera en concordia -Barreiro-. Es humillante, es ofensivo, es un insulto a la inteligencia, un agravio a las víctimas y un ultraje al mero concepto de equidad. ¿O es que acaso va a ser doctrina de la Audiencia Nacional excarcelar a partir de ahora a toda reclusa que solicite condiciones ambientales idóneas para quedarse embarazada? Piensen dos minutos la respuesta porque en caso afirmativo la ministra de Igualdad tendría que tomar cartas en el asunto para que recibieran idéntico trato todos los reclusos varones con pretensión y ánimo de inseminar a su pareja pasada, presente o futura. ¿O es que no existe también el derecho a realizarse a través de la paternidad?
Es tal la estulticia argumental, tal la insoportable levedad del auto, tal la tomadura de pelo, la befa y el escarnio que laten tras este episodio que es imposible quedarse ya de brazos cruzados. Si Zapatero no se ha recuperado aún del profundo impacto que le produjo la entrevista con el padre de Mari Luz -«Usted es el presidente del Gobierno, usted es la persona a la que yo he votado para que cosas así no pasen y para que si pasan las arregle»-, estoy seguro de que muchos españoles sentirán como yo que el caso Beloki, una semana después del revolcón en Estrasburgo por la emboscada a Liaño, es la gota que colma el vaso. Hay que meterle mano a la Justicia, empezando por la jurisdicción penal, empezando por la Audiencia Nacional.
Es obvio que un juez de vigilancia penitenciaria nunca concedería a una reclusa común este privilegio. Que lo hagan unos magistrados especializados en la lucha antiterrorista, conocedores del currículo de la susodicha, resulta inconcebible. Beloki fue primero compañera del propio De Juana; después, pareja de Josu Ternera en la guerra y en el amor, durante la etapa sangrienta de la voladura de la casa cuartel de Zaragoza; y hasta su detención era la jefa del aparato internacional de la banda y novia oficial del líder de las Gestoras Proamnistía, Juan María Olano. Entre tanto había tenido tiempo de falsificar todo un historial académico -matrículas de honor incluidas- como estudiante de Periodismo, al modo de De Juana, con la ayuda de hasta una docena de profesores abertzales de la Universidad del País Vasco.
Jueces, policías y fiscales llevaban 20 años buscándole las vueltas, convencidos de que tan etarra es quien pega los tiros como quien contribuye decisivamente a que otros los peguen. Cuando por fin le habían caído 13 años por integración en banda armada en grado de dirigente, llegan estos tres pánfilos y la sacan a la calle con sólo uno de cumplimiento efectivo con la mandanga de la fertilidad asistida.
Lo han hecho con un auto irrecurrible ante el Supremo y sin margen jurisprudencial alguno para que las víctimas acudan en amparo ante el Constitucional. En España nadie vela de verdad por ellas.
Pues bien, para mayor inri resulta que el tal Ruiz Polanco nunca debió haber tenido la oportunidad de resolver sobre este caso. En 2004 el expediente disciplinario abierto por el Consejo a raíz de la excarcelación de otro etarra como consecuencia de su olvido en prorrogar la prisión provisional desembocó en una sanción de un año de suspensión y la consiguiente pérdida de la plaza en la Audiencia. ¿Cómo es posible que un cuatrienio después nos encontremos de nuevo a este pimpollo haciendo de las suyas en el mismo tribunal especial, cuando para poder acceder a sus plazas se requieren ocho años de permanencia en el orden jurídico penal? Muy sencillo: porque Ruiz Polanco contaba con la protección del presidente de la sala, Javier Gómez Bermúdez, y el íntimo amigo de éste en el Consejo, José Merino, les cocinó a ambos un dictamen según el cual sería posible permanecer en ese escalafón aun estando apartado del mismo por sanción. Surrealista. Desde que se le computó a Eligio Hernández su etapa de gobernador civil como años de ejercicio efectivo del derecho para poderle nombrar fiscal del Estado, no se había visto un enjuague semejante. ¿A quién le pedimos cuentas ahora?
La Audiencia Nacional sólo tiene razón de ser como excepción al principio aleatorio del juez natural si acredita su funcionalidad de cara al eficaz cumplimiento de las tareas de alta sensibilidad que tiene encomendadas. Y ni la obtusa adjudicación de sus plazas anteponiendo la antigüedad a cualquier mérito, ni el carácter vitalicio de las mismas, ni lo poco que pueden decir y hacer las víctimas en un supuesto como éste en el que se modifica el régimen carcelario de un reo emblemático, ni la propia falta de mecanismos de revisión de disparates tan escandalosos son síntomas de que eso esté ocurriendo. Si tiene que seguir funcionando así, mejor que la desmantelen.
De momento Elena Beloki, portavoz de matarifes, jerifalta de una banda terrorista con casi 1.000 cadáveres a las espaldas, ha depositado sus 6.000 euros de fianza y afronta su tratamiento de fertilidad en las «condiciones psicológicas adecuadas». Esfumadas las opciones de sus víctimas, le ha llegado a ella el turno de ser madre. Ya que los asesinados no pueden fecundar y parir, que pase la vez a sus verdugos. Cuenten los niños que vendrán por los que no vinieron, que de bebés todos parecen iguales.
Tal vez Ruiz Polanco, Guevara y Barreiro contribuyan a conseguir así lo que por falta de pericia, tino o estímulo no estuvo al alcance de De Juana, Ternera y Olano. Pero la gran familia etarra celebrará el embarazo de Beloki y el nacimiento de uno o varios nuevos gudaris como simiente del porvenir. El día del feliz alumbramiento la magistrada podría ejercer de comadrona, el presidente de la sala proponerse como padrino y el atrabiliario ponente mamporrero mostrar desde el balcón la criatura, anunciando que por fin un tribunal español habrá logrado el milagro de obtener vida de la muerte. ¿O no están para eso nuestros jueces?
miércoles, julio 16, 2008
Algo hay que hacer
Se trata, no cabe duda, de una cuestión delicada. Por una parte, atacar a las fuentes de financiación de ETA es parte necesaria y esencial de la lucha contra la banda terrorista. Como cualquier otra organización productiva (aunque sus indeseables manufacturas sean crímenes, coacciones y terror), la pandilla etarra tiene el dinero como principal combustible: empobrecerla es debilitarla; privarla de fondos equivaldría casi a pararle definitivamente los pies, todo un sueño. No hablemos de crisis, es una palabra maldita y proscrita, pero digamos que hay que ‘desacelerar aceleradamente’ a ETA. Mientras siga siendo pudiente, en tanto reciba fondos y tenga una envidiable liquidez (como ha sucedido durante tantos años), predicar contra ella y afearle su conducta seguirá siendo una tarea tan melancólicamente inútil como tratar de hacer sonrojar con argumentos morales a la General Motors.
Por otro lado, los tributarios de ETA suelen serlo a la fuerza, por las malas. Los terroristas entienden la dimensión coactiva de la palabra ‘impuestos’ mejor que nadie. De modo que quienes desde hace tanto tiempo vienen contribuyendo económicamente a la solvencia de esta mafia fanática (empresarios, profesionales, comerciantes, cocineros, etcétera) hay que suponer que pagan su cuota a regañadientes, para evitar males mayores y bajo el peso de graves amenazas. Algunos de ellos han padecido atentados de advertencia, secuestros e incluso de vez en cuando han visto a un colega ejecutado sumariamente por la banda para que se tomen las cosas en serio y no planten cara a la extorsión. En una sociedad tan universalmente sometida a la violencia mafiosa de los ‘liberadores’ que pretenden esclavizarnos, es lógico sentir cierta comprensión por quienes ceden ante estos temibles recaudadores y terminan cotizando para evitar represalias contra ellos, sus negocios o sus familias.
Sin embargo, estas consideraciones compasivas no agotan ni mucho menos la cuestión, como parecen creer el consejero Azkarraga y otros. Contribuir a la financiación de una banda terrorista es un delito en cualquier tierra de garbanzos. Imagínense lo que sería asumir que una red de extorsionados paga regularmente a Al-Qaida cantidades considerables a lo largo y lo ancho de Europa para que financien sus atentados masivos: tremendo, pero hay pocas probabilidades de que tal cosa ocurra porque ya las policías del continente tienen brigadas especiales para perseguir cualquier desviación de fondos hacia los sicarios de Bin Laden. Y eso a pesar de que, dado el carácter suicida y bastante ‘económico’ del modelo terrorista de este grupo, la acumulación de fondos le resulta mucho menos imprescindible que a ETA. Por supuesto, contra la Mafia no se empezó tampoco a luchar mínimamente en serio hasta que el juez Falcone (finalmente asesinado) comprendió que atacar sus finanzas era el único camino practicable, por largo y difícil que fuera, para desmantelar la organización criminal. En gran medida, el juez Baltasar Garzón -a fin de cuentas insustituible, por mucho que a veces puedan discutirse algunas de sus iniciativas o cambios de rumbo- aprendió de su mentor Falcone que para combatir a ETA hay que actuar no sólo contra los pasamontañas negros sino sobre todo contra los etarras de cuello blanco y corbata. El asunto sin duda causa trastorno social y se presta a asimilaciones poco matizadas, como temo que suceda en los macroprocesos contra el entorno etarra: pero no olvidemos que la fuerza de ETA y el secreto de su parcial invulnerabilidad proviene de su capacidad para infiltrarse e infiltrar -por las buenas o por las malas- todas las capas sociales.
Desde luego, no creo que todo el que se aviene a pagar a ETA simpatice con la banda ni mucho menos forme parte de su organigrama. Pero tampoco son sencillamente ‘víctimas’. Las verdaderas y principales víctimas de ETA no son quienes han cedido a su chantaje sino quienes se han resistido a él y han afrontado las consecuencias de tal firmeza cívica. La coartada legal para no condenar a quienes financian a ETA es el ‘miedo invencible’ que padecen por las amenazas de los terroristas. Pero miedo en el País Vasco tienen no sólo los empresarios, comerciantes y cocineros, sino todo el mundo: profesores de universidad, concejales de partidos no nacionalistas, periodistas y tanta otra gente de cualquier condición que sabe lo que se juega si se significa contra los violentos o, no lo olvidemos, contra sus ideales políticos. Tenemos miedo y yo el primero, para qué decirles más. Pero también muchos tenemos miedo al miedo, miedo a la sociedad sometida al terror. Por eso nos aguantamos el miedo y plantamos cara al terrorismo y al nacionalismo obligatorio que quieren imponer. Y por eso muchas personas que no tenían más que su trabajo y su familia han tenido que emigrar de Euskadi para no convertirse en víctimas dóciles, sometidas a sus verdugos y pagándoles las balas que amenazaban dispararles. Porque no nos engañemos: si de verdad el temor es una excusa redentora, entonces la invencible será ETA y no el propio miedo.
De modo que lo único claro es que como hasta ahora no se puede seguir, y que algo hay que hacer. El miedo es comprensible pero la necesidad de evitar eficazmente que se convierta en complicidad, también. Porque lo intolerable es que un día se nos cuente que el País Vasco es un modelo de desarrollo económico y que somos la envidia del mundo, para a la mañana siguiente venirnos gimoteando que si los empresarios pagan es porque los pobrecillos no tienen más remedio. Bueno, pues eso también hay que contabilizarlo en el desarrollo y el bienestar: y revela la miseria de nuestra condición, no su excelencia. Ojalá que en las necesarias pesquisas judiciales que se están llevando a cabo no paguen justos por pecadores. Pero no olvidemos que todos tenemos derecho a exigir que los pecadores no engorden y medren gracias a los sobresaltos de los justos más timoratos.