Por Rogelio Alonso, profesor de Ciencia Política, Universidad Rey Juan Carlos (ABC, 06/08/08):
LA detención de Radovan Karadzic ha sido ampliamente respaldada desde medios periodísticos y políticos. Pocas han sido las críticas hacia una decisión entendida como necesaria para hacer justicia y poder enfrentarse al pasado. El amplio consenso suscitado surge al aceptarse que la aplicación de la Justicia resulta imprescindible a pesar del tiempo transcurrido desde la comisión de los crímenes imputados. Este proceder confirma que no debe tolerarse la impunidad en escenarios donde se han perpetrado salvajes violaciones de derechos humanos. Además la forma en la que desde distintos ámbitos se ha destacado el procesamiento de Karadzic sugiere que éste también pretende ser ejemplarizante para otros contextos.
Sin embargo, en un entorno más cercano el asesinato de seres humanos ha sido interpretado de manera radicalmente distinta. En un país como España que durante décadas ha sufrido un terrorismo etarra responsable de cientos de víctimas mortales se escuchan con frecuencia apelaciones al pragmatismo para justificar la impunidad hacia los responsables de crímenes terroristas. Así ocurrió durante la negociación entre el gobierno y ETA, periodo en el que la impunidad se presentó como una suerte de mal necesario e inevitable que supuestamente habría de contribuir al final del terrorismo.
Mediante una intensa acción propagandística se intentó construir un proceso eufemísticamente denominado de «paz» sustentado en la impunidad hacia los perpetradores de la violencia terrorista y en el olvido de las graves transgresiones cometidas en el pasado. Reveladoras resultaban en este sentido las palabras de un formador de opinión como Juan Luis Cebrián: «El problema entre memoria, reconciliación y reparación lo viviremos siempre, también si hay un proceso de paz con ETA. Un proceso que la derecha ya está mistificando, que no implicaría concesiones políticas y que conduciría a un acuerdo sobre los presos, que han cometido terribles asesinatos. Esto contradice el espíritu de reparación y justicia, pero la cuestión es si la paz y la convivencia futura merecen la renuncia al pasado» (El País, 21/7/2005).
Al margen de que los acontecimientos posteriores demostraran la existencia de evidentes «concesiones políticas», altamente cuestionable resultaba también la necesidad de anteponer una indefinida «paz» a la ineludible necesidad de «reparación y justicia» propia de una sociedad democrática. Así se desprendía del testimonio de Mikel Buesa al reclamar del Gobierno «un comportamiento democrático que haga de la protección de los más débiles y de la igualdad ante la ley su guía»: «Cualquier gobierno debería atender en este asunto a la razón moral de las víctimas en su reclamación de justicia. Es a esa razón a la que, tres meses antes de su asesinato, cuando también se especulaba con una posible negociación, apeló mi hermano Fernando Buesa al declarar que «quien ha cometido un delito no tiene bula por el hecho de que se diga que ese delito tiene motivaciones políticas; porque pensar que la Justicia debe regirse por criterios políticos es negar la propia Justicia»».
Esa misma necesidad de impedir que flagrantes violaciones de derechos humanos queden indemnes es la que motiva el enjuiciamiento de Karadzic. Idéntica exigencia es la que se aprecia en otros entornos que desde nuestro país fueron manipulados durante el denominado «proceso de paz» con objeto de avalar actitudes contrarias a las aspiraciones de justicia de las víctimas del terrorismo. Frente a quienes propugnaban impunidad para ETA defendiendo la coacción que definía la «paz» como únicamente posible a cambio de dicha injusticia con las víctimas del terrorismo, se escuchaban voces que reclamaban un respeto a la legalidad como la que ahora aplica el Tribunal Penal Internacional. «¿Qué impide que el crimen se repita si al final todo proscribe, todo se sana, todo se olvida?», se preguntaba el filósofo Reyes Mate al intentar centrar el debate sobre las víctimas del terrorismo en el lugar del que otros lo apartaron, pues, «no es de sentimientos de lo que hay hablar, sino de hacer justicia».
Las palabras de Luis Pérez Aguirre, director del Servicio de Paz y Justicia de Uruguay, ofrecen argumentos a favor de tales reivindicaciones. En referencia a las políticas con las que se intentó apaciguar a los perpetradores de la violencia en su país años atrás, señaló: «Se ha dicho que hurgar en estos acontecimientos del pasado es abrir nuevamente las heridas del pasado. Nosotros nos preguntamos, por quién y cuándo se cerraron esas heridas. Ellas están abiertas y la única manera de cerrarlas será logrando una verdadera reconciliación nacional que se asiente sobre la verdad y la justicia respecto de lo sucedido. La justicia tiene esas mínimas y básicas condiciones».
En contra de los coherentes principios que se desprenden de esa insobornable reivindicación de justicia, la negociación con ETA alimentó dinámicas muy diferentes. En lugar de disuadir al terrorista mediante la firme aplicación de la Justicia, se propuso eximirle de la misma y del cumplimiento de la legalidad, afianzando así la lógica creencia en la utilidad de la violencia. No sólo se beneficiaron de dicha tolerancia etarras como Otegi o de Juana. Además otro destacado dirigente terrorista como Gerry Adams fue agasajado en nuestro país por políticos y periodistas, entre ellos el que se brindó a presentar la edición española de sus memorias. A menudo se critica la hipocresía de quienes ignoran el sufrimiento que la violencia causa en entornos lejanos. En cambio, pocas veces se denuncia la doble moral de quienes se identifican como firmes defensores de los derechos humanos al condenar ciertas atrocidades mientras aceptan para determinados violadores de esos mismos derechos humanos una impunidad indeseada para otros.
Es pues contradictorio propugnar una desigual aplicación de la justicia internacional y nacional en función de la nacionalidad del criminal o del contexto en el que se producen dichas violaciones. Si el enjuiciamiento de Karadzic demuestra la necesidad de reparación impidiendo el escarnio del dolor de las víctimas, similar receta debe aplicarse al terrorismo de ETA en una sociedad plenamente democrática como la española. Diversos son los ejemplos en el ámbito internacional que demuestran la eficacia de tales exigencias.
En marzo de 2005 el primer ministro de Kosovo dimitió de su cargo después de que el Tribunal para la ex Yugoslavia le acusara de crímenes de guerra. En esas mismas fechas el presidente de la Unión de Serbia y Montenegro enfatizaba que su «entrada en el futuro a través de la puerta de Europa» exigía el obligado pago de las «deudas con el pasado» contraídas por quienes violaron masivamente los derechos humanos en dicha región, lo cual requería el cumplimiento de sus responsabilidades con el Tribunal Penal Internacional. Esta alta institución consiguió que diversos generales se presentaran ante la misma, rendición motivada en gran medida por los deseos de Serbia de congraciarse con la Unión Europea ante su futura solicitud de ingreso en la comunidad. Asimismo el presidente croata vio cómo la Unión Europea bloqueó el inicio de las negociaciones de adhesión hasta la entrega del general Ante Gotovina, también acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad.
Se aprecia por tanto, como condición necesaria para el avance de dichas sociedades, un rotundo afán por evitar la impunidad. Se deduce pues que el revisionismo histórico favorece la legitimación y justificación de la violencia cometida en el pasado haciendo peligrar la normalización de áreas que han sido testigo de conflictos violentos. Esa fórmula no contribuye a «cicatrizar heridas», sino más bien a mantenerlas abiertas. Es ésta una conclusión de mayor aplicación, si cabe, a un País Vasco en el que la organización terrorista ETA viola exclusiva y sistemáticamente los derechos humanos. Por ello la justicia internacional ofrece lecciones a quienes todavía aspiran a una falsa «reconciliación» que injustamente renuncie a diferenciar entre quienes deberían resultar «vencedores» -las víctimas de ETA- y «vencidos» -los terroristas-.
LA detención de Radovan Karadzic ha sido ampliamente respaldada desde medios periodísticos y políticos. Pocas han sido las críticas hacia una decisión entendida como necesaria para hacer justicia y poder enfrentarse al pasado. El amplio consenso suscitado surge al aceptarse que la aplicación de la Justicia resulta imprescindible a pesar del tiempo transcurrido desde la comisión de los crímenes imputados. Este proceder confirma que no debe tolerarse la impunidad en escenarios donde se han perpetrado salvajes violaciones de derechos humanos. Además la forma en la que desde distintos ámbitos se ha destacado el procesamiento de Karadzic sugiere que éste también pretende ser ejemplarizante para otros contextos.
Sin embargo, en un entorno más cercano el asesinato de seres humanos ha sido interpretado de manera radicalmente distinta. En un país como España que durante décadas ha sufrido un terrorismo etarra responsable de cientos de víctimas mortales se escuchan con frecuencia apelaciones al pragmatismo para justificar la impunidad hacia los responsables de crímenes terroristas. Así ocurrió durante la negociación entre el gobierno y ETA, periodo en el que la impunidad se presentó como una suerte de mal necesario e inevitable que supuestamente habría de contribuir al final del terrorismo.
Mediante una intensa acción propagandística se intentó construir un proceso eufemísticamente denominado de «paz» sustentado en la impunidad hacia los perpetradores de la violencia terrorista y en el olvido de las graves transgresiones cometidas en el pasado. Reveladoras resultaban en este sentido las palabras de un formador de opinión como Juan Luis Cebrián: «El problema entre memoria, reconciliación y reparación lo viviremos siempre, también si hay un proceso de paz con ETA. Un proceso que la derecha ya está mistificando, que no implicaría concesiones políticas y que conduciría a un acuerdo sobre los presos, que han cometido terribles asesinatos. Esto contradice el espíritu de reparación y justicia, pero la cuestión es si la paz y la convivencia futura merecen la renuncia al pasado» (El País, 21/7/2005).
Al margen de que los acontecimientos posteriores demostraran la existencia de evidentes «concesiones políticas», altamente cuestionable resultaba también la necesidad de anteponer una indefinida «paz» a la ineludible necesidad de «reparación y justicia» propia de una sociedad democrática. Así se desprendía del testimonio de Mikel Buesa al reclamar del Gobierno «un comportamiento democrático que haga de la protección de los más débiles y de la igualdad ante la ley su guía»: «Cualquier gobierno debería atender en este asunto a la razón moral de las víctimas en su reclamación de justicia. Es a esa razón a la que, tres meses antes de su asesinato, cuando también se especulaba con una posible negociación, apeló mi hermano Fernando Buesa al declarar que «quien ha cometido un delito no tiene bula por el hecho de que se diga que ese delito tiene motivaciones políticas; porque pensar que la Justicia debe regirse por criterios políticos es negar la propia Justicia»».
Esa misma necesidad de impedir que flagrantes violaciones de derechos humanos queden indemnes es la que motiva el enjuiciamiento de Karadzic. Idéntica exigencia es la que se aprecia en otros entornos que desde nuestro país fueron manipulados durante el denominado «proceso de paz» con objeto de avalar actitudes contrarias a las aspiraciones de justicia de las víctimas del terrorismo. Frente a quienes propugnaban impunidad para ETA defendiendo la coacción que definía la «paz» como únicamente posible a cambio de dicha injusticia con las víctimas del terrorismo, se escuchaban voces que reclamaban un respeto a la legalidad como la que ahora aplica el Tribunal Penal Internacional. «¿Qué impide que el crimen se repita si al final todo proscribe, todo se sana, todo se olvida?», se preguntaba el filósofo Reyes Mate al intentar centrar el debate sobre las víctimas del terrorismo en el lugar del que otros lo apartaron, pues, «no es de sentimientos de lo que hay hablar, sino de hacer justicia».
Las palabras de Luis Pérez Aguirre, director del Servicio de Paz y Justicia de Uruguay, ofrecen argumentos a favor de tales reivindicaciones. En referencia a las políticas con las que se intentó apaciguar a los perpetradores de la violencia en su país años atrás, señaló: «Se ha dicho que hurgar en estos acontecimientos del pasado es abrir nuevamente las heridas del pasado. Nosotros nos preguntamos, por quién y cuándo se cerraron esas heridas. Ellas están abiertas y la única manera de cerrarlas será logrando una verdadera reconciliación nacional que se asiente sobre la verdad y la justicia respecto de lo sucedido. La justicia tiene esas mínimas y básicas condiciones».
En contra de los coherentes principios que se desprenden de esa insobornable reivindicación de justicia, la negociación con ETA alimentó dinámicas muy diferentes. En lugar de disuadir al terrorista mediante la firme aplicación de la Justicia, se propuso eximirle de la misma y del cumplimiento de la legalidad, afianzando así la lógica creencia en la utilidad de la violencia. No sólo se beneficiaron de dicha tolerancia etarras como Otegi o de Juana. Además otro destacado dirigente terrorista como Gerry Adams fue agasajado en nuestro país por políticos y periodistas, entre ellos el que se brindó a presentar la edición española de sus memorias. A menudo se critica la hipocresía de quienes ignoran el sufrimiento que la violencia causa en entornos lejanos. En cambio, pocas veces se denuncia la doble moral de quienes se identifican como firmes defensores de los derechos humanos al condenar ciertas atrocidades mientras aceptan para determinados violadores de esos mismos derechos humanos una impunidad indeseada para otros.
Es pues contradictorio propugnar una desigual aplicación de la justicia internacional y nacional en función de la nacionalidad del criminal o del contexto en el que se producen dichas violaciones. Si el enjuiciamiento de Karadzic demuestra la necesidad de reparación impidiendo el escarnio del dolor de las víctimas, similar receta debe aplicarse al terrorismo de ETA en una sociedad plenamente democrática como la española. Diversos son los ejemplos en el ámbito internacional que demuestran la eficacia de tales exigencias.
En marzo de 2005 el primer ministro de Kosovo dimitió de su cargo después de que el Tribunal para la ex Yugoslavia le acusara de crímenes de guerra. En esas mismas fechas el presidente de la Unión de Serbia y Montenegro enfatizaba que su «entrada en el futuro a través de la puerta de Europa» exigía el obligado pago de las «deudas con el pasado» contraídas por quienes violaron masivamente los derechos humanos en dicha región, lo cual requería el cumplimiento de sus responsabilidades con el Tribunal Penal Internacional. Esta alta institución consiguió que diversos generales se presentaran ante la misma, rendición motivada en gran medida por los deseos de Serbia de congraciarse con la Unión Europea ante su futura solicitud de ingreso en la comunidad. Asimismo el presidente croata vio cómo la Unión Europea bloqueó el inicio de las negociaciones de adhesión hasta la entrega del general Ante Gotovina, también acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad.
Se aprecia por tanto, como condición necesaria para el avance de dichas sociedades, un rotundo afán por evitar la impunidad. Se deduce pues que el revisionismo histórico favorece la legitimación y justificación de la violencia cometida en el pasado haciendo peligrar la normalización de áreas que han sido testigo de conflictos violentos. Esa fórmula no contribuye a «cicatrizar heridas», sino más bien a mantenerlas abiertas. Es ésta una conclusión de mayor aplicación, si cabe, a un País Vasco en el que la organización terrorista ETA viola exclusiva y sistemáticamente los derechos humanos. Por ello la justicia internacional ofrece lecciones a quienes todavía aspiran a una falsa «reconciliación» que injustamente renuncie a diferenciar entre quienes deberían resultar «vencedores» -las víctimas de ETA- y «vencidos» -los terroristas-.
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