Por Jordi Casabona, copresidente de la 14ª Conferencia Internacional del Sida. Presidente de la Fundación Sida y Sociedad (EL PERIÓDICO, 11/08/08):
Se ha clausurado en México la 17ª Conferencia Internacional del Sida (CIS), que ha tenido el mérito de ser la primera realizada en un país de América Latina, de haber contado con traducción al castellano y de haber dado la oportunidad de participar a las comunidades de esta región. Pero, como en las últimas ediciones, la reunión no ha estado exenta de polémica.
Por un lado, la falta de novedades científicas y la creciente presencia mediática han convertido las CIS en una plataforma para que gobiernos y agencias internacionales compitan por hacer visibles su contribución a la lucha contra la enfermedad, y en la que las oenegés reivindican la inclusión de sus opiniones en las agendas técnicas y políticas. Por otro, el coste cada vez más elevado (la CIS de México ha costado más de 24 millones de dólares), junto con el glamur de las recepciones que la industria farmacéutica y las agencias internacionales ofrecen, contrasta con las necesidades de los millones de personas de las que se habla. Pese a los entusiasmos de afectados y oenegés, entristece ver cómo a menudo el discurso políticamente correcto no es otra cosa que una estrategia hacia el beneficio. Ha llegado el momento de revisar la relación de coste y efectividad de las CIS y, si acaso, concretar sus objetivos y reducir su magnitud.
A DIFERENCIA de lo ocurrido en el 2002, cuando se celebró en Barcelona la 14ª –y el Gobierno español dejó pasar la oportunidad para entrar en la escena internacional de la lucha contra el sida–, el actual Ejecutivo ha hecho un claro esfuerzo para estar presente. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, participaron en la inauguración y anunciaron la contribución de España con 600 millones de euros al Fondo Global en los próximos años y un aumento de 10 millones en la aportación a Onusida. Pese a que estas aportaciones nos convierten en el séptimo país donante del mundo, se necesita también otro tipo de actuaciones para asegurar la presencia e influencia de la comunidad científica y las organizaciones españolas en la escena internacional.
España sigue teniendo un papel privilegiado por tener un papel básico en la cooperación con América Latina, pero para hacerlo hay que concretar líneas estratégicas y apostar por proyectos a medio y largo plazo, técnicamente sólidos y efectivos en el territorio.
En la conferencia de México se han dicho muchas cosas, y entre ellas, ¡oh sorpresa!, una vez más, que no hay ni vacuna ni microbicidas efectivos, y que se va a tardar bastante en tenerlos. Sin que esto quiera decir que no tengan que estar en las agendas de investigación, sí hay que tenerlo claro a la hora de dar prioridad los recursos y los mensajes. Podemos afirmar de nuevo que con los tratamientos antirretrovirales no se parará la epidemia, y que la infección por el virus –y su impacto– nos acompañará bastantes años. En la conferencia de Barcelona introdujimos dos componentes nuevos: la prevención y la implementación de programas. En México se ha reforzado el mensaje de que, además de garantizar el acceso a los tratamientos, hay que poner énfasis en la prevención basada en la evidencia científica y su correcta evaluación.
En España existe una gran desproporción entre los recursos destinados a los tratamientos y los de prevención, que a menudo se reducen a campañas de promoción de la salud. La prevención también tiene una base científica y hay intervenciones que se han demostrado efectivas. Por ello, los políticos deberían apoyar y exigir que las intervenciones preventivas se hagan con el mismo rigor con que se hace el trabajo clínico.
Es la ocasión idónea para los programas con objetivos concretos y evaluables que integren prevención y asistencia. Esto significa movilizar más recursos y favorecer espacios interdisciplinares de consenso. Como no tenemos tradición, es un reto organizativo y económico, pero es la única forma de asegurar los derechos de las personas con riesgo, la reducción del número de nuevas infecciones y la sostenibilidad del tratamiento de los infectados.
PASADOS 26 años desde los primeros casos de sida, estamos ante algo que es mucho más que una enfermedad. El sida se ha convertido en un fenómeno social, político y económico sin precedentes que ha contribuído a incentivar la investigación biomédica, la metodología epidemiológica y la reivindicación de los derechos humanos y civiles, como ninguna otra enfermedad ha hecho en la historia. El sida da visibilidad y genera recursos, y si bien –como tanto ha reclamado Onusida– el liderazgo y la movilización de recursos son básicos para articular una respuesta efectiva, cuando la visibilidad y los recursos se convierten en objetivos, la dificultan.
El sida y las CIS seguirán teniendo glamur, pero sería una negligencia que este nos alejara de los objetivos de la salud pública. Hay millones de personas que no se lo merecen.
Se ha clausurado en México la 17ª Conferencia Internacional del Sida (CIS), que ha tenido el mérito de ser la primera realizada en un país de América Latina, de haber contado con traducción al castellano y de haber dado la oportunidad de participar a las comunidades de esta región. Pero, como en las últimas ediciones, la reunión no ha estado exenta de polémica.
Por un lado, la falta de novedades científicas y la creciente presencia mediática han convertido las CIS en una plataforma para que gobiernos y agencias internacionales compitan por hacer visibles su contribución a la lucha contra la enfermedad, y en la que las oenegés reivindican la inclusión de sus opiniones en las agendas técnicas y políticas. Por otro, el coste cada vez más elevado (la CIS de México ha costado más de 24 millones de dólares), junto con el glamur de las recepciones que la industria farmacéutica y las agencias internacionales ofrecen, contrasta con las necesidades de los millones de personas de las que se habla. Pese a los entusiasmos de afectados y oenegés, entristece ver cómo a menudo el discurso políticamente correcto no es otra cosa que una estrategia hacia el beneficio. Ha llegado el momento de revisar la relación de coste y efectividad de las CIS y, si acaso, concretar sus objetivos y reducir su magnitud.
A DIFERENCIA de lo ocurrido en el 2002, cuando se celebró en Barcelona la 14ª –y el Gobierno español dejó pasar la oportunidad para entrar en la escena internacional de la lucha contra el sida–, el actual Ejecutivo ha hecho un claro esfuerzo para estar presente. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, participaron en la inauguración y anunciaron la contribución de España con 600 millones de euros al Fondo Global en los próximos años y un aumento de 10 millones en la aportación a Onusida. Pese a que estas aportaciones nos convierten en el séptimo país donante del mundo, se necesita también otro tipo de actuaciones para asegurar la presencia e influencia de la comunidad científica y las organizaciones españolas en la escena internacional.
España sigue teniendo un papel privilegiado por tener un papel básico en la cooperación con América Latina, pero para hacerlo hay que concretar líneas estratégicas y apostar por proyectos a medio y largo plazo, técnicamente sólidos y efectivos en el territorio.
En la conferencia de México se han dicho muchas cosas, y entre ellas, ¡oh sorpresa!, una vez más, que no hay ni vacuna ni microbicidas efectivos, y que se va a tardar bastante en tenerlos. Sin que esto quiera decir que no tengan que estar en las agendas de investigación, sí hay que tenerlo claro a la hora de dar prioridad los recursos y los mensajes. Podemos afirmar de nuevo que con los tratamientos antirretrovirales no se parará la epidemia, y que la infección por el virus –y su impacto– nos acompañará bastantes años. En la conferencia de Barcelona introdujimos dos componentes nuevos: la prevención y la implementación de programas. En México se ha reforzado el mensaje de que, además de garantizar el acceso a los tratamientos, hay que poner énfasis en la prevención basada en la evidencia científica y su correcta evaluación.
En España existe una gran desproporción entre los recursos destinados a los tratamientos y los de prevención, que a menudo se reducen a campañas de promoción de la salud. La prevención también tiene una base científica y hay intervenciones que se han demostrado efectivas. Por ello, los políticos deberían apoyar y exigir que las intervenciones preventivas se hagan con el mismo rigor con que se hace el trabajo clínico.
Es la ocasión idónea para los programas con objetivos concretos y evaluables que integren prevención y asistencia. Esto significa movilizar más recursos y favorecer espacios interdisciplinares de consenso. Como no tenemos tradición, es un reto organizativo y económico, pero es la única forma de asegurar los derechos de las personas con riesgo, la reducción del número de nuevas infecciones y la sostenibilidad del tratamiento de los infectados.
PASADOS 26 años desde los primeros casos de sida, estamos ante algo que es mucho más que una enfermedad. El sida se ha convertido en un fenómeno social, político y económico sin precedentes que ha contribuído a incentivar la investigación biomédica, la metodología epidemiológica y la reivindicación de los derechos humanos y civiles, como ninguna otra enfermedad ha hecho en la historia. El sida da visibilidad y genera recursos, y si bien –como tanto ha reclamado Onusida– el liderazgo y la movilización de recursos son básicos para articular una respuesta efectiva, cuando la visibilidad y los recursos se convierten en objetivos, la dificultan.
El sida y las CIS seguirán teniendo glamur, pero sería una negligencia que este nos alejara de los objetivos de la salud pública. Hay millones de personas que no se lo merecen.
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