Por Joan Herrera y Raúl Romeva, diputados de ICV en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo (EL PAÍS, 09/08/08):
El pasado 17 y 18 de junio, el Parlamento Europeo sometió a debate y votación la Directiva de Retorno, también conocida como directiva de la vergüenza.
La articulación de las políticas de inmigración en la Unión Europea es una vieja aspiración de los y las europeístas, y también de quienes conocen de cerca la realidad de la inmigración, un fenómeno común al conjunto del continente. Esperábamos de la Unión una respuesta común a los retos de la integración, a los retos de la participación política de las personas migradas y, evidentemente, a la dramática situación de las personas que intentan acceder al continente europeo de forma irregular. Nada más y nada menos que el proceso ya iniciado tímidamente en el Consejo Europeo de Tampere en 1999.
Sin embargo, nada de ello hemos conseguido. Frente a los retos que plantea la inmigración, la Comisión, los jefes de Estado y de Gobierno y de la mayoría del Parlamento Europeo han optado por resolver, en primer lugar y por delante de todo, la manera en cómo se gestiona la inmigración en frontera, dando validez así a quienes prefieren una concepción “seguritaria” del fenómeno.
El contenido de la norma es de sobra conocido: 18 meses de retención por haber cometido una falta administrativa (vivir en Europa de manera “ilegal”), prohibir el retorno durante cinco años, abandonando también a su suerte a los menores (que podrán ser repatriados incluso a un país que no sea el suyo), y legalizar unos centros de internamiento (que el mismo Parlamento condenó hace algunos años) que son una indignidad en la pretendida Europa de los derechos.
La norma, además, como ya han señalado diversos juristas, supone una grave vulneración del derecho internacional, y en concreto de la Convención sobre Derechos del niño de 1989 y de la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963, ambas ratificadas por el conjunto de países de la Unión Europea.
Dicho esto, quisiéramos entrar a valorar dos argumentos que repetidamente se nos han recordado por parte de los defensores de la norma y que consideramos una aberración: en primer lugar, que la norma supone un avance en relación con la legislación vigente en muchos estados miembros de la Unión y, en segundo lugar, que dicha norma no tendrá efectos en España.
En relación con el primer argumento, discrepamos rotundamente en la manera en como se pretende armonizar la legislación en la Unión. El principio según el cual el mínimo denominador común debe ser la norma armonizada nos puede llevar a una tendencia perversa de ir a la baja en todos los derechos sociales existentes.
No es un fenómeno nuevo, la directiva de las 65 horas de trabajo semanales o la conocida directiva Bolkestein con su ya famoso principio del país de origen funcionan en la misma lógica: hacer norma europea la norma menos garantista. Si ello es así, convertiremos el proceso de construcción europea en una máquina imparable de destruir derechos y conquistas sociales, y allí, a la izquierda verde no van a encontrarnos.
Y en relación con el argumento según el cual la norma no tendrá efectos en España, y sin entrar a valorar aquí la esquizofrenia que supone defender una norma porque no va a ser aplicada, nos gustaría recordar que una Directiva europea es jurídicamente vinculante en nuestro país, que el acervo comunitario forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno y que, siendo por lo tanto una norma que sí debe aplicar España, nada impediría, llegado el caso, adaptar la legislación española a los márgenes más duros de la misma.
Lejos queda ya aquella Europa que nos obligó a adaptar nuestra legislación en favor de más derechos, como por ejemplo los ambientales. La lógica parece ahora invertida.
Por todo ello, nos oponemos a dicha norma. Porque supone una gran paso atrás en derechos, porque vulnera el derecho internacional, y porque establece una manera de construir Europa que rechazamos tajantemente.
Y no estamos solos frente a ello. Nos gustaría recordar aquí una multitud de organizaciones sociales, así como la misma Internacional Socialista o el Consejo de Europa, que se han opuesto a la misma.
Todo ello cuestiona con más fuerza el lamentable papel del Gobierno español, que, según afirmó el ponente del informe del Parlamento Europeo que validó la directiva, el señor Manfred Weber, fue uno de los que más presionó para endurecer su contenido.
Si Zapatero será recordado por iniciar su primera legislatura por una serie de avances en derechos sociales que nosotros apoyamos sin fisuras, esta segunda la ha iniciado empantanado en la crisis económica e impulsando medidas claramente de derechas. El presidente no para de recordarnos que no permitirá que los más débiles paguen la crisis económica, pero de momento ya se la ha hecho pagar a los más débiles de entre los débiles, a quienes
El pasado 17 y 18 de junio, el Parlamento Europeo sometió a debate y votación la Directiva de Retorno, también conocida como directiva de la vergüenza.
La articulación de las políticas de inmigración en la Unión Europea es una vieja aspiración de los y las europeístas, y también de quienes conocen de cerca la realidad de la inmigración, un fenómeno común al conjunto del continente. Esperábamos de la Unión una respuesta común a los retos de la integración, a los retos de la participación política de las personas migradas y, evidentemente, a la dramática situación de las personas que intentan acceder al continente europeo de forma irregular. Nada más y nada menos que el proceso ya iniciado tímidamente en el Consejo Europeo de Tampere en 1999.
Sin embargo, nada de ello hemos conseguido. Frente a los retos que plantea la inmigración, la Comisión, los jefes de Estado y de Gobierno y de la mayoría del Parlamento Europeo han optado por resolver, en primer lugar y por delante de todo, la manera en cómo se gestiona la inmigración en frontera, dando validez así a quienes prefieren una concepción “seguritaria” del fenómeno.
El contenido de la norma es de sobra conocido: 18 meses de retención por haber cometido una falta administrativa (vivir en Europa de manera “ilegal”), prohibir el retorno durante cinco años, abandonando también a su suerte a los menores (que podrán ser repatriados incluso a un país que no sea el suyo), y legalizar unos centros de internamiento (que el mismo Parlamento condenó hace algunos años) que son una indignidad en la pretendida Europa de los derechos.
La norma, además, como ya han señalado diversos juristas, supone una grave vulneración del derecho internacional, y en concreto de la Convención sobre Derechos del niño de 1989 y de la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963, ambas ratificadas por el conjunto de países de la Unión Europea.
Dicho esto, quisiéramos entrar a valorar dos argumentos que repetidamente se nos han recordado por parte de los defensores de la norma y que consideramos una aberración: en primer lugar, que la norma supone un avance en relación con la legislación vigente en muchos estados miembros de la Unión y, en segundo lugar, que dicha norma no tendrá efectos en España.
En relación con el primer argumento, discrepamos rotundamente en la manera en como se pretende armonizar la legislación en la Unión. El principio según el cual el mínimo denominador común debe ser la norma armonizada nos puede llevar a una tendencia perversa de ir a la baja en todos los derechos sociales existentes.
No es un fenómeno nuevo, la directiva de las 65 horas de trabajo semanales o la conocida directiva Bolkestein con su ya famoso principio del país de origen funcionan en la misma lógica: hacer norma europea la norma menos garantista. Si ello es así, convertiremos el proceso de construcción europea en una máquina imparable de destruir derechos y conquistas sociales, y allí, a la izquierda verde no van a encontrarnos.
Y en relación con el argumento según el cual la norma no tendrá efectos en España, y sin entrar a valorar aquí la esquizofrenia que supone defender una norma porque no va a ser aplicada, nos gustaría recordar que una Directiva europea es jurídicamente vinculante en nuestro país, que el acervo comunitario forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno y que, siendo por lo tanto una norma que sí debe aplicar España, nada impediría, llegado el caso, adaptar la legislación española a los márgenes más duros de la misma.
Lejos queda ya aquella Europa que nos obligó a adaptar nuestra legislación en favor de más derechos, como por ejemplo los ambientales. La lógica parece ahora invertida.
Por todo ello, nos oponemos a dicha norma. Porque supone una gran paso atrás en derechos, porque vulnera el derecho internacional, y porque establece una manera de construir Europa que rechazamos tajantemente.
Y no estamos solos frente a ello. Nos gustaría recordar aquí una multitud de organizaciones sociales, así como la misma Internacional Socialista o el Consejo de Europa, que se han opuesto a la misma.
Todo ello cuestiona con más fuerza el lamentable papel del Gobierno español, que, según afirmó el ponente del informe del Parlamento Europeo que validó la directiva, el señor Manfred Weber, fue uno de los que más presionó para endurecer su contenido.
Si Zapatero será recordado por iniciar su primera legislatura por una serie de avances en derechos sociales que nosotros apoyamos sin fisuras, esta segunda la ha iniciado empantanado en la crisis económica e impulsando medidas claramente de derechas. El presidente no para de recordarnos que no permitirá que los más débiles paguen la crisis económica, pero de momento ya se la ha hecho pagar a los más débiles de entre los débiles, a quienes
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