Por Xulio Ríos, director del Observatorio de la Política China (EL CORREO DIGITAL, 08/08/08):
Sea como sea, habrá fiesta en Pekín. Luces y fuegos de artificio en el Estadio Nacional, impresionante en su arquitectura, en una ceremonia-anticipo de lo que aguarda al mundo en esplendor y diseño. Nadie como los chinos ha logrado sofisticar tanto el arte de la transformación superficial. Pero la procesión va por dentro.
Pudiera pensarse que las rebeliones violentas que se han registrado en las últimas semanas en las provincias de Guizhou o Zhejiang, con ataques e incendios de edificios oficiales (del Gobierno, del Partido, de la Policía, etcétera), son hechos aislados, pero, al contrario, son el iceberg de un malestar cívico, a veces tan intenso, que ni la tregua olímpica puede lograr silenciar. A juzgar por dichos síntomas, el proyecto político de Hu Jintao se encuentra en la cuerda floja.
Desde sus inicios, en 2002, el líder chino ha propiciado un doble mensaje: giro social de la reforma y lucha contra la corrupción. Han pasado seis años, pero el balance no es muy alentador. En el primer caso, los discursos han sido muchos y también los compromisos respaldados formalmente por infinitos ceros que según el primer ministro Wen Jiabao deberían reducir las desigualdades, mejorar la vida en el campo y, en definitiva, socializar la prosperidad acumulada durante treinta años de galopante desarrollo. Pero las palabras y la realidad parecen alejarse y las informaciones que los medios chinos repiten sin cesar respecto a la mejora general del nivel de vida, ni los propios chinos se las acaban de creer. Y si en un primer momento había comprensión y esperanza, lo que ahora está surgiendo es rencor y desconfianza, sentimientos que se profundizan a medida que la crisis económica global repercute de forma negativa en las capas más humildes de la sociedad en forma de aumento de los precios de bienes básicos (en especial, la comida), ésos que han garantizado buena parte de la estabilidad hasta el momento. También aquí la vida parece subir más de lo sugerido por el IPC.
En cuanto a la corrupción, Hu Jintao ha adoptado muchas medidas en diversos planos destinadas a ensalzar el gobierno de la virtud (el código de los sarcásticos ‘ocho honores y deshonores’) por parte de los funcionarios públicos, pero también a acentuar la profesionalización de la lucha contra esta lacra, ya sea en forma de prevención o de represión. Se ha creado una agencia estatal específica, eso sí, subordinada a la oficina correspondiente del Partido, es decir, sin independencia efectiva, y se han ensanchado los márgenes de transparencia pública de los casos detectados. Pero la percepción social es que la corrupción aumenta, un fenómeno, estructural donde los haya, cada vez más asociado al hecho del monopolio político en el ejercicio del poder y a la abusiva utilización de este problema en las luchas intestinas. Y la permanente sospecha de fraude y connivencia con el delito prevalece sobre la presunción de honestidad de los empleados gubernamentales.
China se queja de la injusticia que suponen las críticas occidentales en materia de derechos humanos o de represión en Tíbet, del acoso a la antorcha olímpica, y de la incapacidad exterior para comprender el enorme esfuerzo que está realizando para coger de nuevo el paso de la sociedad global. Y pudiera no faltarle razón cuando denuncia los dobles raseros y la utilización interesada de sus problemas internos.
Pero una injusticia sin quebrantos anida hoy en su interior y abre una profunda brecha en la credibilidad de sus propios ciudadanos, rendidos ante la evidencia fáctica de que los conflictos del PCCh no son con la clase empresarial o los nuevos ricos, muy cómodos con la gobernanza comunista y poco interesados en otros desarrollos sociales o políticos, sino con los inmigrantes rurales, los campesinos, los desempleados, sectores importantes de la clase media, todos ellos descreídos progresivamente del mensaje redentor y patriótico del PCCh. A ello hay que sumar el vaticinio de que el probable relevo de Hu Jintao apuesta por la intensificación de las complicidades entre el poder y los nuevos poderes económicos emergentes.
El desgaste social del poder del PCCh y este divorcio exacerbado entre la alegría que sugiere la fiesta olímpica y la penuria que rodea aún la vida de millones de personas puede servir de caldo de cultivo de descontentos cualificados que se distancien del PCCh, cada vez más diezmado por las elites político-económicas a nivel territorial, abriendo paso, desde la izquierda, a otras opciones, socavando los intentos de ‘pluralizar’ la vida política de forma ordenada con el alargamiento de la base social del Gobierno (con más incorporación de personalidades independientes) y el beneplácito a un mayor protagonismo de otros partidos, sin merma de su subordinación al PCCh.
Esa fractura de las dos Chinas (una a la que le va de maravilla con el mercado y otra que ya ni con lupa consigue apreciar algún residuo de socialismo) constituye una severa amenaza que el Gobierno y el PCCh no pueden tomar a la ligera, exigiéndoles un mayor empeño y contundencia para pasar de las palabras a los hechos. De lo contrario, terminada la fiesta de Pekín, las grietas abiertas podrían hacer temblar de nuevo las bases de su sistema político, desbordando los anuncios de una mayor democracia, por el momento asumida como privilegio experimental de los miembros del PCCh.
Sea como sea, habrá fiesta en Pekín. Luces y fuegos de artificio en el Estadio Nacional, impresionante en su arquitectura, en una ceremonia-anticipo de lo que aguarda al mundo en esplendor y diseño. Nadie como los chinos ha logrado sofisticar tanto el arte de la transformación superficial. Pero la procesión va por dentro.
Pudiera pensarse que las rebeliones violentas que se han registrado en las últimas semanas en las provincias de Guizhou o Zhejiang, con ataques e incendios de edificios oficiales (del Gobierno, del Partido, de la Policía, etcétera), son hechos aislados, pero, al contrario, son el iceberg de un malestar cívico, a veces tan intenso, que ni la tregua olímpica puede lograr silenciar. A juzgar por dichos síntomas, el proyecto político de Hu Jintao se encuentra en la cuerda floja.
Desde sus inicios, en 2002, el líder chino ha propiciado un doble mensaje: giro social de la reforma y lucha contra la corrupción. Han pasado seis años, pero el balance no es muy alentador. En el primer caso, los discursos han sido muchos y también los compromisos respaldados formalmente por infinitos ceros que según el primer ministro Wen Jiabao deberían reducir las desigualdades, mejorar la vida en el campo y, en definitiva, socializar la prosperidad acumulada durante treinta años de galopante desarrollo. Pero las palabras y la realidad parecen alejarse y las informaciones que los medios chinos repiten sin cesar respecto a la mejora general del nivel de vida, ni los propios chinos se las acaban de creer. Y si en un primer momento había comprensión y esperanza, lo que ahora está surgiendo es rencor y desconfianza, sentimientos que se profundizan a medida que la crisis económica global repercute de forma negativa en las capas más humildes de la sociedad en forma de aumento de los precios de bienes básicos (en especial, la comida), ésos que han garantizado buena parte de la estabilidad hasta el momento. También aquí la vida parece subir más de lo sugerido por el IPC.
En cuanto a la corrupción, Hu Jintao ha adoptado muchas medidas en diversos planos destinadas a ensalzar el gobierno de la virtud (el código de los sarcásticos ‘ocho honores y deshonores’) por parte de los funcionarios públicos, pero también a acentuar la profesionalización de la lucha contra esta lacra, ya sea en forma de prevención o de represión. Se ha creado una agencia estatal específica, eso sí, subordinada a la oficina correspondiente del Partido, es decir, sin independencia efectiva, y se han ensanchado los márgenes de transparencia pública de los casos detectados. Pero la percepción social es que la corrupción aumenta, un fenómeno, estructural donde los haya, cada vez más asociado al hecho del monopolio político en el ejercicio del poder y a la abusiva utilización de este problema en las luchas intestinas. Y la permanente sospecha de fraude y connivencia con el delito prevalece sobre la presunción de honestidad de los empleados gubernamentales.
China se queja de la injusticia que suponen las críticas occidentales en materia de derechos humanos o de represión en Tíbet, del acoso a la antorcha olímpica, y de la incapacidad exterior para comprender el enorme esfuerzo que está realizando para coger de nuevo el paso de la sociedad global. Y pudiera no faltarle razón cuando denuncia los dobles raseros y la utilización interesada de sus problemas internos.
Pero una injusticia sin quebrantos anida hoy en su interior y abre una profunda brecha en la credibilidad de sus propios ciudadanos, rendidos ante la evidencia fáctica de que los conflictos del PCCh no son con la clase empresarial o los nuevos ricos, muy cómodos con la gobernanza comunista y poco interesados en otros desarrollos sociales o políticos, sino con los inmigrantes rurales, los campesinos, los desempleados, sectores importantes de la clase media, todos ellos descreídos progresivamente del mensaje redentor y patriótico del PCCh. A ello hay que sumar el vaticinio de que el probable relevo de Hu Jintao apuesta por la intensificación de las complicidades entre el poder y los nuevos poderes económicos emergentes.
El desgaste social del poder del PCCh y este divorcio exacerbado entre la alegría que sugiere la fiesta olímpica y la penuria que rodea aún la vida de millones de personas puede servir de caldo de cultivo de descontentos cualificados que se distancien del PCCh, cada vez más diezmado por las elites político-económicas a nivel territorial, abriendo paso, desde la izquierda, a otras opciones, socavando los intentos de ‘pluralizar’ la vida política de forma ordenada con el alargamiento de la base social del Gobierno (con más incorporación de personalidades independientes) y el beneplácito a un mayor protagonismo de otros partidos, sin merma de su subordinación al PCCh.
Esa fractura de las dos Chinas (una a la que le va de maravilla con el mercado y otra que ya ni con lupa consigue apreciar algún residuo de socialismo) constituye una severa amenaza que el Gobierno y el PCCh no pueden tomar a la ligera, exigiéndoles un mayor empeño y contundencia para pasar de las palabras a los hechos. De lo contrario, terminada la fiesta de Pekín, las grietas abiertas podrían hacer temblar de nuevo las bases de su sistema político, desbordando los anuncios de una mayor democracia, por el momento asumida como privilegio experimental de los miembros del PCCh.
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