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sábado, septiembre 12, 2009

Disparad contra la Ilustración

Por Rafael Argullol, escritor (EL PAÍS, 07/09/09):

En los últimos tiempos, algunos de los mejores profesores abandonan precipitadamente la Universidad acogiéndose a jubilaciones anticipadas. Con pocas excepciones, las causas acaban concretándose en dos: el desinterés intelectual de los estudiantes y la progresiva asfixia burocrática de la vida universitaria. La mayoría de los profesores aludidos son gentes que en su juventud apostaron por aquel ideal humanista e ilustrado que aconsejaba recurrir a la educación para mejorar a la sociedad y que ahora se baten en retirada, abatidos algunos y otros aparentemente aliviados ante la perspectiva de buscar refugio en opciones menos utópicas.

El primero de los factores es objeto de numerosos comentarios desde hace dos o tres lustros. Un amigo lo resumía con contundencia al considerar que los estudiantes universitarios eran el grupo con menos interés cultural de nuestra sociedad, y eso explicaba que no leyeran la prensa escrita, a no ser que fuera gratuita, que no acudieran a libros ajenos a las bibliografías obligatorias o que no asistieran a conferencias si no eran premiadas con créditos útiles para aprobar cursos. Aunque podría matizarse la afirmación de mi amigo, en términos generales responde a una realidad antipática pero cierta, por más que todos los implicados en el circuito de la enseñanza reconozcan que no se trata de la mayor o menor inteligencia o sensibilidad de los universitarios actuales con respecto a generaciones precedentes, sino de otra cosa.

Esta “otra cosa” es lo que ha desgastado irreparablemente a los profesores que optan por marcharse a casa. Éstos no se han sentido ofendidos tanto por la ignorancia como por el desinterés. Es decir, lo degradante no ha sido comprobar que la mayoría de estudiantes desconocen el teorema de Pitágoras -como sucede- o ignoran si Cristo pertenece al Nuevo o al Antiguo Testamento -como también sucede-, sino advertir que esos desconocimientos no representaban problema alguno para los ignorantes, los cuales, adiestrados en la impunidad ante la ignorancia, no creían en absoluto en el peso favorable que el conocimiento podía aportar a sus futuras existencias.

Naturalmente, esto es lo descorazonador para los veteranos ilustrados, quienes, tras los ojos ausentes -más soñolientos que soñadores- de sus jóvenes pupilos, advierten la abulia general de la sociedad frente a las antiguas promesas de la sabiduría. Los cachorros se limitan a poner provocativamente en escena lo que les han transmitido sus mayores, y si éstos, arrodillados en el altar del novorriquismo y la codicia, han proclamado que lo importante es la utilidad, y no la verdad, ¿para qué preferir el conocimiento, que es un camino largo y complejo, al utilitarismo de laposesión inmediata? Sería pedir milagros creer que la generación estudiantil actual no estuviera contagiada del clima antiilustrado que domina nuestra época, bien perceptible en los foros públicos, sobre todo los políticos. Ni bien ni verdad ni belleza, las antiguallas ilustradas, sino únicamente uso: la vida es uso de lo que uno tiene a su alrededor.

Esta atmósfera antiilustrada ha penetrado con fuerza también en el organismo supuestamente ilustrado y, con frecuencia, anacrónico de la Universidad. Ahí podríamos identificar la otra causa del descontento de algunos de los profesores que optan por el retiro, originando, en el caso de los mejores, una auténtica sangría intelectual para la Universidad pública, cuyo coste social nadie está evaluando. A este respecto, la renovación universitaria ha sido sumamente contradictoria en estos últimos decenios. De un lado ha existido una notable voluntad de adaptación a las nuevas circunstancias históricas, con particular énfasis en ciertas tecnologías e investigaciones de vanguardia como la biogenética; de otro lado, sin embargo, las viejas castas universitarias, rancios restos feudales del pasado, han sido sustituidos por nuevas castas burocráticas, que predican una hipotética eficacia que muchas veces roza peligrosamente el desprecio por la vertiente científica y cultural de la Universidad. En los mejores casos, por consiguiente, los centros universitarios se aproximan al funcionamiento empresarial eficaz, y en los peores, a una suerte de academia de tramposos.

Lógicamente, ni unos ni otros resultan satisfactorios para el profesor que quería adaptar el credo ilustrado al presente. Si la Universidad pública se articula sólo con intereses empresariales, está condenada a aceptar la ley de la oferta y la demanda hasta extremos insoportables desde el punto de vista científico. Los estudios clásicos o las matemáticas nunca suscitarán demandas masivas ni estarán en condiciones de competir con las carreras más utilitarias. Pero el día en que el consumo de tecnología no suscite ya ninguna curiosidad por los principios teóricos que posibilitaron el desarrollo de la técnica y la Universidad se pliegue a esa evidencia, lo más coherente será rendirse definitivamente y olvidarse de que en algún momento existió algo parecido a un deseo de verdad.

Mientras esto no suceda, al menos definitivamente, el riesgo de una Universidad excesivamente burocratizada es el triunfo de los tramposos. No me refiero, desde luego, a los tramposos ventajistas que siempre ha habido, sino a los tramposos que caen en su propia trampa. La Universidad actual, con sus mecanismos de promoción y selectividad, parece invitar a la caída. En consecuencia, los jóvenes profesores, sin duda los mejor preparados de la historia reciente y los que hubiesen podido dar un giro prometedor a nuestra Universidad, se ven atrapados en una telaraña burocrática que ofrece pocas escapatorias. Los más honestos observan con desesperanza la superioridad de la astucia administrativa sobre la calidad científica e intentan hacer sus investigaciones y escribir sus libros a contracorriente, a espaldas casi del medio académico. Los oportunistas, en cambio, lo tienen más fácil: saben que su futura estabilidad depende de una buena lectura de los boletines oficiales, de una buena selección de revistas de impacto donde escribir artículos que casi nadie leerá y de un buen criterio para asumir los cargos adecuados en los momentos adecuados. Todo eso puntúa, aun a costa de alejar de la creación intelectual y de la búsqueda científica. Pero, ¿verdaderamente tiene alguna importancia esto último en la Universidad antiilustrada que muchos se empeñan en proclamar como moderna y eficaz?

Los veteranos profesores de formación humanista que últimamente abandonan las aulas creen que sí. Por eso se retiran. No obstante, es dudoso que su gesto tenga repercusión alguna. Para tenerla debería encontrar alguna resonancia en el entorno en que se produce. No es así. Nuestra Universidad, como nuestra escuela, es un mero reflejo. La sociedad en la que vivimos no sólo no tiene intención de compartir los ideales ilustrados, juzgados ilusorios e inservibles, sino que dispara contra ellos siempre que puede. Desde el escaño, desde la pantalla, desde el estudio, desde donde sea. El pensamiento ilustrado no ha demostrado que proporcionara la felicidad. Y esto se paga.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

jueves, abril 24, 2008

¿Cómo seleccionar al profesorado?

Por Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB (LA VANGUARDIA, 24/04/08):

Ultimamente han aparecido diversas noticias sobre incidentes universitarios protagonizados por estudiantes. Aparentemente, sólo los alumnos son críticos con el actual rumbo de la política universitaria. Pero no es así. Hace bien poco, más de ochocientos profesores dirigieron una carta abierta a la ministra del ramo mostrando su disconformidad con el nuevo método de selección del profesorado. No sólo los estudiantes están inquietos y preocupados.

En efecto, aunque haya pasado inadvertido, las pruebas de acceso al profesorado han sufrido un giro radical mediante determinadas modificaciones de la ley de Universidades, reguladas más específicamente en el RD 1312/ 2007, de 5 de octubre pasado. En los últimos años, desde la nueva ley del 2001, se accedía a los cuerpos de profesores mediante las pruebas de habilitación. Ahora se ha pasado a un nuevo sistema: el de las acreditaciones.

Las pruebas de habilitación se convocaban a nivel nacional para un número determinado de plazas de una área de conocimiento (asignatura, para entendernos), el tribunal que debía resolverlas era elegido mediante sorteo entre todos los especialistas de dicha área, tenían carácter público (es decir, podía presenciarlas cualquier persona interesada) y quienes se presentaban a las mismas realizaban de forma oral los ejercicios (aunque algunos de ellos debían presentarse previamente por escrito) para demostrar sus conocimientos y su madurez mediante la presentación de su currículum docente e investigador, la metodología empleada en su campo científico, la exposición de una lección del programa elegida por sorteo y la presentación de un trabajo original de investigación. En cada uno de estos ejercicios, el opositor dialogaba abiertamente con los miembros del tribunal para que estos pudieran verificar plenamente la consistencia de sus afirmaciones. Superar esta prueba de habilitación era un requisito imprescindible para ser incorporado, con rango de funcionario, a una plaza concreta de universidad, que debía obtenerse en un posterior concurso para dicho puesto docente.

Ningún sistema de selección es perfecto, ni en la universidad ni en la empresa privada. Este tampoco lo había sido. Sin embargo, creo que la habilitación permitía al tribunal valorar de forma bastante objetiva la calidad de los aspirantes. Además, el requisito de publicidad, en cierta manera, suponía un freno a la arbitrariedad.

En definitiva, si los miembros del tribunal eran objetivos, la habilitación permitía no equivocarse mucho y poder escoger así a los mejores.

El nuevo sistema, llamado de acreditación, también de carácter nacional y que también requiere un posterior concurso para desempeñar una plaza concreta, es bien distinto. El tribunal no es designado por sorteo, sino por las autoridades universitarias estatales, tampoco es necesario que los miembros del tribunal sean profesores especialistas en las materias que han de juzgar, ni siquiera hay propiamente pruebas, sino que el tribunal se limita a examinar los currículos de los candidatos, sin ninguna entrevista personal con ellos; así, la opacidad contrasta con la publicidad del sistema anterior. Además, el real decreto mencionado establece un baremo obligatorio para el tribunal en el que la investigación cuenta sólo entre el 50 y el 55 por ciento y, en lo demás, hasta llegar a cien, deben considerarse unos méritos, o bien de muy difícil apreciación objetiva o bien ajenos a las condiciones que deben valorarse en un profesor de universidad, es decir, el conocimiento de la materia de su especialidad y la capacidad para transmitirlo. Veamos estos aspectos.

La calidad docente tiene, como es lógico, un especial peso: entre 35 y 40 puntos de este baremo. Ahora bien, ya que el sistema no ofrece al tribunal la posibilidad de escuchar las explicaciones del concursante sobre el programa de su asignatura ni comprobar sus conocimientos y aptitudes pedagógicas, es muy difícil que el tribunal pueda puntuar con fundamento. Además, el real decreto citado también obliga a tener en cuenta otras labores, ajenas al saber científico, como son la dedicación a otras actividades profesionales en empresas e instituciones, el haber desempeñado puestos de gestión en la universidad o cargos relacionados con la educación y la ciencia en la Administración estatal o autonómica. No creo que ello deba exigirse a un profesor y, además, es muy difícil que un tribunal académico sea capaz de juzgar con conocimiento de causa el acierto o desacierto del concursante en el desempeño de tales cargos.

Una buena universidad es, fundamentalmente, un conjunto de buenos profesores que transmiten unos conocimientos básicos y te indican los libros que debes leer, y cómo debes leerlos, para ampliar durante el resto de tu vida estos conocimientos. Dudo que el actual proceso de selección del profesorado se encamine hacia esta meta. La ley de 1984 no garantizaba en absoluto que ello fuera así. En el año 2001 se rectificó con el sistema de habilitación en una dirección a mi modo de ver acertada. El actual sistema de acreditación todavía no se ha comenzado a ensayar pero muy probablemente es el que dará peores resultados.