El Ministerio de la Identidad

Por Javier Otaola (EL CORREO DIGITAL, 24/10/07):

Las andanzas -en Francia- del denominado Ministerio de la Identidad Nacional -dirigido por Brice Hortefeux- y asociado a la Inmigración en el Gobierno Fillon siempre me producen cierta inquietud. ¿Qué nos habría parecido una cartera ministerial semejante en la República Federal Alemana, o en Inglaterra o en España? ¿Y en el País Vasco o en Cataluña?

Presumo que un gobierno de Su Graciosa Majestad jamás habría incurrido en semejante ocurrencia. ¿Una administración de las identidades que componen la Gran Bretaña? ¿Hay alguien que se atormente sobre el ser de Inglaterra? ¿De Escocia?…La identidad británica se gestiona en los pubs, en los teatros, en las discotecas y en las casas discográficas ‘England made me’, cantaba Elton John.

La gestión administrativa y política de la identidad nacional -del ser nacional- me parece un sinsentido dado que la identidad política se define en la Constitución y la identidad ‘nacional’, si es algo, no soporta con naturalidad su gestión burocrática y política. Si es algo, lo es seguramente de una manera espontánea, cotidiana, fluida, transitiva, y se materializa de una manera consuetudinaria y tácita. Los franceses, siguiendo su vocación napoleónica, parece que no se han resistido a la tentación de codificar y gestionar administrativamente la identidad nacional. Y además parece que pretenden hacerlo asociando la identidad a la gestión de la inmigración, lo que no hace sino añadir inquietud a la inquietud. La identidad republicana francesa ya está definida como ciudadanía en cada una de sus ciudades, la Carta de salvaguarda de los derechos humanos firmada en Saint Denis lo declara en su primer artículo: «Derecho a la ciudad: 1. La ciudad es un espacio colectivo que pertenece a todos sus habitantes que tienen derecho a encontrar las condiciones para su realización política, social y ecológica, asumiendo deberes de solidaridad. 2. Las autoridades municipales fomentan, por todos los medios de que disponen, el respeto de la dignidad de todos y la calidad de vida de sus habitantes».

Aparte de eso la cultura francesa se hace y se deshace cada día en su literatura, su cine, su música, su lengua y sus costumbres. ¿Qué puede aportar a esa dinámica social de la identidad un ministerio?

La palabra ’ser’ complica muchas veces la vida; es a mi juicio una palabra excesiva, abrumadora, difícil, escurridiza y, como dice Andrés Ortiz-Osés, es paradójica ya que «el ser codice el no-ser»: ¿Qué es en realidad ser vasco, español, francés….? ¿Qué supone ese ’ser’ de participación en una esencia determinada?

La importancia política -y militar- del ’ser’ nacional era lógica en un mundo ya histórico en el que la hostilidad y el antagonismo de las naciones europeas junto a la relativa falta de porosidad de los Estados y las culturas hacía a los individuos manifestaciones clónicas de identidades colectivas anteriores y superiores a las pequeñas identidades personales. No creo que hoy lo sea del mismo modo.

Un buen amigo que comparte conmigo la simpatía por Escocia, descendiente de una importante familia de industriales y entusiasta militante de un partido independentista vasco me enseñaba un día en el salón de su magnífica casa cerca de San Juan de Luz la galería de retratos de sus antepasados, todos ellos ilustres por diversos motivos, y me señaló a uno de ellos, creo recordar que iba vestido con una levita roja, con blanca peluca y coleta, lo que le daba cierto aire dieciochesco a lo Moratin, y me dijo: «Éste es el último de los miembros de mi familia que fue español. Hasta éste, todos nosotros fuimos leales españoles, a partir de éste todos somos vascos. ¿Tú qué eres, vasco o español?».

La pregunta así, a bocajarro, a pesar de lo tópica y típica, me pilló desprevenido y me dio un vislumbre de mi dificultosa identidad. Mi respuesta seguramente no le satisfizo: Soy ‘gente’ -quisiera ser buena gente- con el estatuto jurídico de ‘ciudadano español’ en el que lo más importante -políticamente- para mí es lo de ‘ciudadano’.

Durante mucho tiempo ha sido también costumbre en el ruedo ibérico preguntarse sobre el ’ser de España’ y muy especialmente desde la famosa y fatídica fecha de 1898. Gracias a Dios esos dolores del ’ser nacional’ que como migrañas atacaban a don Miguel de Unamuno han dejado de estar de moda y disfrutamos hoy entre nosotros de magníficos novelistas que aún expresándose en castellano hacen novelística inglesa, o filósofos donostiarras que respiran ‘esprit’ francés e incluso, lo que es más significativo, tenemos una Liga nacional de fútbol llena de extracomunitarios, brasileños y croatas, tenemos también hermeneutas vasco-aragoneses o positivistas castellanos que piensan en alemán.

Salvo para algunos castizos profesionales, parece que se disuelve la vieja idea de lo español como una esencia eterna, definida metafísicamente desde Recaredo al general Franco, hecha de catolicismo, sangre visigoda y esa virtud tan celebrada en ciertos círculos de la gallardía. Hoy -gracias a Dios y a la Constitución de 1978- lo español se manifiesta de una manera plural desde Santiago de Compostela a Sevilla, desde Bilbao a Santa Cruz, desde Madrid a Barcelona.

La amalgama de identidad cultural, religiosa y política, la explotación ideológica del casticismo, el entendimiento cañí de la nacionalidad del que hizo gala el franquismo por desgracia no es una maldición exclusivamente españolista. Queda el terrorismo de ETA -y sus adláteres- que promueve una identidad coactiva bajo la amenaza de las pistolas y las bombas.

Con la creación del Ministerio de la Identidad Nacional y la Inmigración, la misma Francia-paradigma del nacionalismo cívico- parece que acoge ciertos postulados del nacional-casticismo de Le Pen, que no es otra cosa que un intento de liquidación del discurso republicano y su sustitución por un discurso ‘nacionalitario’ galo-francés.

Esta revitalización de lo identitario como proyecto político es la que pretenden los nacionalismos subestatales en Europa, en la mayor parte de los casos como reacción frente a políticas muchas veces brutales de asimilacionismo cultural propiciadas por el correspondiente nacionalismo estatal, lo que ha provocado en ciertos mediadores de opinión una simpatía acrítica hacia todo tipo de movimiento que quiera traducir en poder político estatal o paraestatal emociones colectivas de vinculación a una tierra conocida y próxima, a una lengua minorizada, a un imaginario colectivo idealizado, a otro casticismo político no contaminado, virginal, alternativo, abierto a todas las esperanzas por ser más virtual que real: Córcega, Padania, Flandes, Euskal Herria…

Paradójicamente, en nuestras sociedades desarrolladas se han disparado las posibilidades de autodeterminación individual, lo que permite la construcción de identidades personales variadísimas, multiformes, con ‘elecciones particulares’ libérrimas en cuanto a opciones religiosas, o arreligiosas, sexuales, profesionales, gastronómicas, morales y estéticas, culturales y cultuales.

Yo mismo, que no soy especialmente atípico, adoro la comida china e hindú, leo literatura en francés e inglés, me atrevo con el euskera y el catalán, bebo vodka ruso y sueco, cerveza belga, me comunico a través de Internet con EE UU, Portugal, Bélgica… me he inscrito en una parroquia anglicana -¿Dios salve a la Iglesia de Inglaterra!-, me hincho a escuchar jazz americano y barroco italiano, mi primera novia fue una surinameña de color chocolate, me he enamorado y casado con una mujer andaluza, me he comprado un pequeño apartamento en las Landas francesas, veraneo en Cataluña y Andalucía, me entusiasma la Semana Santa sevillana y el cine ‘made in Hollywood’, apadrino a un niño ecuatoriano, tengo a mis familiares difuntos enterrados en un verdadero cementerio marino en Bermeo pero también en Entre Ríos (Argentina), y cuando quiero hacer algo exótico lo que hago es ver una corrida de toros o un partido de cesta punta. Con este magma de intereses y solicitudes, ¿qué significa realmente identidad? ¿Qué tiene que ver mi identidad, por otro lado tan abigarrada, con mi proyecto político como ciudadano?

Quizá -¿ojalá!- todo lo que aprendimos en el sangriento siglo XX nos ha preparado para hacer verdad las palabras de Ernesto Sábato: «Aceptemos pues la Historia como es, siempre sucia y entremezclada, y no corramos detrás de pretendidas identidades. Los dioses del Olimpo que aparecen como arquetipos de la identidad griega no eran seres puros, contaminados como estaban por las divinidades egipcias y asiáticas. La Historia está hecha a base de afirmaciones falsas, de sofismas y de olvidos».

Ciudadanía: el verdadero ‘mal’

Por Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado (EL PAÍS, 26/07/07):

Un obispo ha denunciado la aceptación de la asignatura Educación para la Ciudadanía como forma de directa colaboración con “el mal”; y sostenido que su establecimiento es más constrictivo de lo que lo fueron las clases de religión del franquismo. Como suena. Además, menudean las incitaciones de esa procedencia a una suerte de “guerra santa” o revuelta incivil contra la implantación de tal materia escolar, lo que permite pensar que el doble exabrupto traduce una posición institucional reflexivamente adoptada.

La primera sensación es de estupor, dada la enormidad de las afirmaciones. Pero si se piensa en la peripecia histórica del vigente status de ciudadanía, la impresión será distinta. Porque éste, en su versión actual, como atributo de hombres libres con derecho a autodeterminarse en lo que atañe a su conciencia, se abrió camino en lucha tenaz con las fuerzas dominantes de la sociedad estamental, incluida la Iglesia.

Es una obviedad de necesario recuerdo que la milenaria institución tiene un nutrido y poco brillante palmarés de oposiciones radicales, con frecuencia cruentas, al reconocimiento de, prácticamente, todos los derechos que forman el actual patrimonio constitucional. Y se sabe bien que el Estado liberal, como incipiente marco del ciudadano y espacio de ciudadanía, se formó trabajosamente ganando parcelas de autonomía frente a diversos tipos de intervenciones invasivas en la esfera del sujeto. Una de ellas, de singular peso, la eclesiástica, regularmente al amparo del “poder temporal”. De ahí que la primera piedra del orden jurídico-político del Estado de derecho fuera la separación de éste de la moral; que no hace falta decir con qué clase de obstáculos tuvo que medirse. En un suma y sigue, al que como es de ver, todavía podrían faltarle muchos renglones…

Así las cosas -aunque no guste a quienes permanecen anclados en una perspectiva político-cultural ancien régime y aspiran a una forma de gobierno confesional de la polis- en sociedades como la nuestra y en contextos como el europeo de hoy, la esfera pública sólo puede ser laica. Lo que significa tanto libertad de religión como inmunidad frente a cualquier imposición que guarde relación con ella. Es decir, derecho humano fundamental a decidir libremente en la materia; y deber del Estado de prestar las bases, la cultural incluida, para la autonomía de esa decisión.

Es el planteamiento que late en las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que en nombre de la “tolerancia en una sociedad democrática” aconseja elaborar programas escolares en los que el hecho religioso reciba un tratamiento acorde con la posición del Estado constitucional en la materia: “cursos sobre las religiones y sobre la moral laica con una presentación diferenciada y cuidadosa” de las primeras.

No se descubre nada diciendo que las sociedades democráticas, esencial y afortunadamente plurales, descansan sobre una red de valores básicos compartidos que es lo que permite con-vivir a personas con adscripciones y actitudes diversas, muy especialmente en materia de religión (antigua acreditada fuente de guerras y conflictos). Por otra parte, es asimismo claro que estos marcos de convivencia han debido construirse con alto coste; despejando el terreno de imposiciones despóticas, con la consecuente pérdida de poder para los gestores de tal clase de situaciones opresivas. Cuesta, pero cabría entender que el recuerdo de éstas sea motivo de añoranza para quienes fueron sus beneficiarios. Ahora bien, lo que no puede admitirse es el subrepticio recurso a semejante tipo de oscuros precedentes como fuente de supuestos derechos adquiridos. Algo así es lo que hay tras la estrategia que se comenta, abiertamente dirigida a replantear las relaciones Estado-Iglesia conforme a un retroparadigma que debió quedar enterrado con los inolvidables “cuarenta años” y que no tiene nada que ver con la Constitución.

Vale, por más que preocupe, que alguien tenga dificultades personales para aceptar en conciencia los principios, laicos por definición, que están en la base del “contrato social” en acto. Pero la experiencia histórica y actual demuestra que su vigencia efectiva es la única garantía acreditada de la pacífica convivencia de sujetos diversos y el mejor antídoto contra fundamentalismos. Así las cosas, ¿con qué razón democrática podría cuestionarse la legitimidad del Estado constitucional para velar por el conocimiento y difusión de aquéllos?

La Iglesia puede ver pecado en el divorcio, en la no consideración del feto como persona, en alguna moral sexual, en la investigación con células-madre y en tantas cosas como ella decida. Pero no imponer esa óptica, ni obstaculizar el cumplimiento por el Estado de su deber constitucional de difundir en la ciudadanía la cultura de los valores que permiten vivir en paz con la diferencia. Por otra parte, educar a los escolares en la serena aceptación de esas y otras opciones como legítimas en el plano de la vida civil; sin prejuzgar ni excluir su valoración religiosa, ni poner obstáculos a que ésta se produzca y opere en el terreno que le corresponde ¿no es acaso dotarles del bagaje necesario para mantener una relación respetuosa y enriquecedora consigo mismos y con los demás? ¿No es contribuir a que vivan y dejen vivir con dignidad?

Cuando, como en el caso del obispo aludido, la respuesta a estas preguntas es agresivamente negativa, mal asunto. Porque entonces se impone otra: ¿es la Educación para la Ciudadanía lo intolerable o, más bien, la condición de ciudadano igual con plenitud de derechos, como modelo político-jurídico de subjetividad, lo que no se soporta? Alguien tendría que decirlo de una vez, sin subterfugios.

¿Ciudadanos o feligreses?

Por Fernando Savater, catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid (EL PAÍS, 04/07/07):

En los últimos tiempos han proliferado los libros en torno al fenómeno religioso o, más bien, contra la religión: Daniel Dennett, Richard Dawkins, Michel Onfray, Sam Harris, André Comte-Sponville, Christopher Hitchens… En ese catálogo, los autores anglosajones destacan por su agresividad y también por un cierto candor misionero en su refutación de las viejas creencias. Incluso dedican numerosas páginas a demoler las pruebas tradicionales de la existencia de Dios (que no han mejorado desde Tomás de Aquino), empeño que a estas alturas del siglo XXI, y con Hume, Kant y Freud a nuestras espaldas, resulta casi conmovedor de puro antiguo, como bordar fundas para almohadas o algo así. Al parecer dan por descontado que aportando razones lograrán librar a los ilusos de convicciones que, ay, ninguno de ellos ha adquirido por vía racional. Dicho sea en su descargo, los autores citados son más bien científicos (o partidarios de subordinar la filosofía a la ciencia, como antaño fue “criada de la teología”), o sea, expertos en el manejo de los números y en la experimentación con los hechos, pero deficientes en la comprensión de los símbolos.

También hace simpática su irritación la obstinación oscurantista con que los creyentes norteamericanos se emperran en convertir la Biblia en un tratado de geología o de paleontología inspirado por la divinidad. Que hoy todavía, cuando tanto ha llovido ya desde el Diluvio, en el país científicamente más desarrollado del mundo, el llamado “diseño inteligente” tenga el triple de aceptación popular entre la población que lo enseñado por la biología actual sobre la evolución de las especies es como para impacientar a cualquiera. Sobre todo cuando este abuso de piedad tiene efectos prácticos peligrosos, pues uno de cada tres norteamericanos piensa que no es urgente tomar ninguna medida contra el cambio climático porque en esas cosas hay que fiarse de la voluntad de Dios…

Como en Europa tal uso fundamentalista de la religión no es corriente, el acercamiento que incluso los más críticos tenemos al fenómeno de la creencia religiosa suele ser más matizado. A mi libro La vida eterna algunos le han reprochado un planteamiento demasiado comprensivo de la fe (otros muchos lo han censurado por lo contrario, desde luego). Una reseña acaba con gracia lamentando que “a este paso, acabar con la religión nos va a costar Dios y ayuda”. La verdad es que no considero tal liquidación un objetivo deseable (además de que lo tengo por imposible). Me parece que la religión es un tipo especial de género literario, como la filosofía, y combatirla como una plaga más sin atender los anhelos que expresa es empobrecedor no sólo para la imaginación, sino hasta para la razón humana. Temo que tan crédulos son quienes utilizan la Biblia para combatir a Darwin como los que dan por sentado que una dosis adecuada de neurociencia disipará todas las brumas teológicas. Además, he vivido lo suficiente para no pretender privar a nadie de ningún consuelo que pueda hallar frente a la desbandada del tiempo y el dolor, aunque yo no lo comparta. El único consejo adecuado que se me ocurre para los que padecen exceso de celo religioso es el que, inútilmente, ya formuló hace mucho Santayana: “Las doctrinas religiosas harían bien en retirar sus pretensiones a intervenir en cuestiones de hecho. Esta pretensión no es sólo la fuente de los conflictos de la religión con la ciencia y de las vanas y agrias controversias entre sectas; es también la causa de la impunidad y la incoherencia de la religión en el alma, cuando busca sus sanciones en la esfera de la realidad y olvida que su función propia es expresar el ideal”.

Sin embargo, parece que los jerarcas eclesiásticos no están dispuestos a que nos olvidemos en España de los aspectos más nefastos de la influencia religiosa en el orden social. La campaña contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que incluso lleva a algunos orates de confesionario a promover nada menos que la objeción de conciencia de alumnos y profesores, constituye una muestra abrumadora de la manipulación descarada de la ignorancia popular que ha sido durante siglos marca de la Santa Casa. Se engaña con descaro a la gente diciendo que esta materia interfiere con el derecho de los padres a educar moralmente a sus hijos, que sólo los padres poseen tal derecho y que, si el Estado intenta instruir en valores, se convierte en totalitario o al menos en partidista (esto último por culpa de Gregorio Peces-Barba, al que creíamos un bendito). ¡Cuánta ridiculez! Por supuesto, no faltan los que invocan enseguida a la Constitución en su apoyo. Después de que ciertos abogados del Gobierno de Zapatero nos han enseñado asombrosamente que los ciudadanos españoles tienen derecho constitucional a votar a partidos que excusan o amparan el asesinato de sus adversarios ideológicos, he aquí que los antigubernamentales pretenden que la Constitución reserva el monopolio de la educación moral a los padres, sean de la ideología que fuere. A este paso, la gente terminará cogiendo miedo a la Constitución, a la que se presenta como cueva original de tales disparates…

Afortunadamente, en este caso basta con consultar el texto constitucional para salir de dudas. En efecto, el punto tercero del artículo 27 de nuestra Carta Magna establece que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Pero antes, el segundo dice que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Los padres tienen derecho a formar religiosa y moralmente a sus hijos, pero el Estado tiene la obligación de garantizar una educación que desarrolle la personalidad y enseñe a respetar los principios de la convivencia democrática, etc. ¿Acaso esta tarea puede llevarse a cabo sin transmitir una reflexión ética, válida para todos sean cuales fueren las creencias morales de la familia? También los padres tienen derecho a alimentar a sus hijos según la dieta que prefieran, pero, si el niño a los ocho años pesa 100 kilos o sólo seis, es casi seguro que los poderes públicos intervendrán, porque -más allá de los gustos de cada cual- existe una idea común de lo que es un peso saludable. De igual modo, existe una concepción común de los principios de respeto mutuo y de pluralismo valorativo en que se funda la ciudadanía, y hay que asegurar que sean bien comprendidos por quienes mañana tendrán que ejercerlos. La libertad de conciencia, por fin aceptada por la Iglesia tras perseguirla durante doscientos años, admite perspectivas morales distintas, pero enmarcadas dentro de normas legales compartidas, como mínimo común denominador democrático.

Este planteamiento nada tiene que ver con los excesos del sectarismo izquierdista, como creen o fingen creer los ultramontanos. En su libro La justicia social en el Estado liberal, Bruce Ackerman lo describe así: “El sistema educativo entero, si se quiere, se asemeja a una gran esfera. Los niños llegan a la esfera en diferentes puntos, según su cultura primaria; la tarea consiste en ayudarles a explorar el globo de una manera que les permita vislumbrar los significados más profundos de los dramas que transcurren a su alrededor. Al final del viaje, sin embargo, el ahora maduro ciudadano tiene todo el derecho a situarse en el punto exacto donde comenzó, o puede también dirigirse resueltamente a descubrir una porción desocupada de la esfera”. El proyecto de Educación para la Ciudadanía va en esta dirección liberal, y probablemente hará falta cierto rodaje hasta que perfile sus contenidos y los profesores acierten con el método de enseñanza. No todos los manuales serán igual de adecuados (ya rueda alguno deplorable por ahí, junto a otros buenos), pero lo mismo pasa en historia, literatura… o ética, asignatura que nadie consideró totalitaria a pesar de que “competía” con la enseñanza moral familiar.

Lo que me asombra es la postura del PP en este asunto. La presidenta de la Comunidad de Madrid se enorgullece (entrevista en Abc, 1-VII-07) de haber dispuesto de tal modo los asuntos educativos en sus dominios que no se dará Educación para la Ciudadanía. ¡Enhorabuena! Pero ¿qué diríamos si escuchásemos tal muestra de rebelión imbécil a Ibarretxe o Carod Rovira? Si los defensores de la unidad de España -que es la igualdad ante la ley del Estado de Derecho- piensan así, no es raro que prospere el separatismo. Por lo demás, lo de esta asignatura no es más que un síntoma de la complacencia con lo peor del clericalismo y el integrismo antiliberal. Ya he tenido ocasión de leer a César Vidal y a algún otro carca apologías de los gemelos polacos por su firmeza reaccionaria frente al “pensamiento único” progresista. ¿Son realmente éstos los ideólogos de choque del PP? ¿Su proyecto político va a dirigirse hacia la sana y vaticana “polaquización” de España? Pues si es así nada, con su pan se lo coman.

Iglesia y ciudadanía

Por Ian Gibson, escritor (EL PERIÓDICO, 06/07/07):

Perder el control de las mentes juveniles siempre ha sido la peor pesadilla no solo de la Iglesia católica, sino de todos los dogmatismos y fanatismos que han ido brotando a lo largo de los siglos. Inculcar al niño las hipótesis de turno como si fuesen verdades eternas demostradas y comprobadas; imponer el mapa de ruta consagrado por la tradición, sin tolerar desvíos; consignar los castigos preparados por la deidad ofendida para los discrepantes, de modo que la lección, apuntalada por el miedo, cale hondo… siempre ha sido la práctica de los guardianes de la ortodoxia, y cabe suponer que será así, irremediablemente, hasta el fin de los tiempos.

Hay una conclusión que, a la vista de ello, se impone. Y es que cada vez que vuelven a levantar la voz los enemigos de la libertad, que no duermen nunca, incumbe hacerles vigoroso frente dialéctico, en nombre de la cultura, de la razón, de la caridad y de los logros conseguidos pese a ellos por la humanidad, a duras penas, en su difícil caminar hacia la luz y hacia la vida. Incumbe hacerles frente, no intentar apaciguarlos. Porque, como se ha visto siempre, los matones desprecian a quienes les dan coba, y se crecen esperando el momento de acabar con ellos. En plena guerra civil, Antonio Machado pronosticó una y otra vez que Francia y Gran Bretaña, tan miserables en su actitud con la Repú- blica asediada, pagarían su política conciliadora con Hitler. Y así resultó.

SIEMPRE me han gustado los términos ciudadano, ciudadanía, así como los relacionados cívico y civil, que llevan en las entrañas, se diría que con orgullo, su ilustre raíz romana, y hacen pensar, indefectiblemente, en los derechos y responsabilidades del individuo y en el concepto del bien común. Por ello me parece lamentable y bochornoso que la jerarquía ca- tólica española haya decidido ir a la lucha sin cuartel, en la recta final electoral, contra la asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía, que va a introducir el Gobierno a partir de septiembre. Los prelados me recuerdan a sus antecesores de los años 30, cuando la CEDA, que nunca apoyó lealmente el régimen republicano, proclamaba que la escuela laica era poco menos que una creación del diablo, y obraba en consecuencia.

Los libros de texto de la nueva asignatura ya están publicados. Cualquiera puede consultar los contenidos en la web del Ministerio de Educación. La enseñanza tan rechazada por la Conferencia Episcopal consistirá, en síntesis, en fomentar, desde la educación primaria, el reconocimiento de la dignidad de todas las personas, el respeto al prójimo –sea del color que sea y tenga las creencias que tenga–, el diálogo, la tolerancia, la solidaridad, la cultura de la paz, la diversidad de las personas, el rechazo del racismo, la xenofobia y la homofobia; en insistir en la igualdad de hombres y mujeres; y en explicar a los alumnos los derechos y las obligaciones del ciudadano en la España democrática de hoy. Todo ello dentro del marco de la Constitución y de los compromisos internacionales del país. Y en perfecta consonancia con los valores predicados y preconizados por Cristo.

Pero los obispos no lo quieren ver así. Especialmente inquietos, como siempre, ante el hecho sexual, que quisieran encauzado exclusivamente a través del matrimonio de hombres y mujeres, están molestos sobre todo, según parece, por la carta de naturaleza acordada por la flamante asignatura a la homosexualidad. Enseñar que la “nefanda desviación” no es tal va en contra de todo lo que ha dicho el catolicismo desde siempre, con las innumerables víctimas consiguientes. ¿Qué hacer? ¿Admitir que se han equivocado? ¿Lamentar haber impuesto, en nombre del Salvador, tanta tortura, tanta inmolación, tanto dolor, tanto sufrimiento? ¿Pedir perdón? ¡Pedir peras al olmo!

EN SU declaración oficial sobre la asignatura de marras –similar a la que se enseña en al menos 15 países europeos–, los obispos, ante el “desafío” que supone la misma (”El Estado se arroga un papel de educador moral”), aseveran que “la gravedad de la situación no permite posturas pasivas ni acomodaticias”. Las posturas, es decir, deben ser activas, y “se puede recurrir a todos los medios legítimos para defender la libertad de conciencia y de enseñanza”. Se trata, en realidad, de una llamada a la desobediencia civil. El hecho de que Rajoy haya dicho que si accede al poder abolirá la asignatura está dando ánimos a los prelados, y parece inevitable que a lo largo de los próximos meses mareen mucho la perdiz. Un indicio de lo que nos viene encima lo acaba de proporcionar –¿quién si no?– el arzobispo de Toledo. Para monseñor Antonio Cañizares la nueva asignatura se basa “en el nihilismo”. Es “una reducción cultural en la que Dios no cuenta”, un “laicismo excluyente”. Agrede a la familia e impone un relativismo moral inaceptable. Acogerla sería, para un católico, colaborar con “el mal”.

La lectura es perversa, maquiavélica, patética. Y demuestra que la jerarquía española es incapaz de adaptarse a los tiempos que corren. Qué pobre.

Cuánto saben los ciudadanos de política

Por Marta Fraile, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto Universitario Europeo de Florencia y doctora-miembro del CEACS, Instituto Juan March. Ha enseñado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universidad de Essex. En la actualidad es profesora ayudante-doctora en el departamento de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid (FUNDACIÓN ALTERNATIVAS, 08/05/07):

Para que cualquier ciudadano sea competente debería presentar un mínimo conocimiento de las reglas de funcionamiento del sistema democrático en el que vive. Las ventajas de una ciudadanía competente en el ámbito de la política son evidentes: los dirigentes políticos que desarrollan sus programas de gobierno ante ciudadanos competentes tendrán más dificultades para incumplir sus mandatos y para traicionar el interés general que las elites políticas de países donde la mayoría de sus ciudadanos presenta un bajo nivel de competencia política.

A pesar de las dificultades técnicas para medir de forma fiable cuál es el nivel de conocimiento político de la ciudadanía, se ha presentado evidencia que muestra un nivel medio-bajo de conocimiento político de los ciudadanos en España. Además, se observa una desigual distribución de este recurso político entre la ciudadanía. En concreto, se muestra que las desigualdades socioeconómicas se reproducen en el terreno de lo político, ya que el nivel más alto de competencia política se localiza entre los hombres de edad intermedia (entre los 30 y los 55 años) y con mayores niveles de educación, justamente los ciudadanos que disfrutan de mayores oportunidades para la adquisición y procesamiento de información política.

Asimismo, la desigualdad de oportunidades se refleja en las motivaciones para la información y el entendimiento de lo político. Este trabajo muestra que el nivel de conocimiento político de los ciudadanos es mayor conforme más tiempo dedican a informarse de política. No obstante, las fuentes que se utilizan para conseguir dicha información parecen ser relevantes: los medios de comunicación escritos. Por el contrario, el consumo de información política en la televisión no presenta ninguna influencia en el nivel de competencia política de los ciudadanos.

De acuerdo con estos resultados, se discuten propuestas localizadas en dos áreas generales de actuación: los medios de comunicación y el sistema educativo. Por lo que se refiere a los medios de comunicación, se ha identificado un contexto de polarización de la información política en España en el que las medidas de promoción del conocimiento político de los ciudadanos que se proponen tienen que ir dirigidas, en primer lugar, a intentar suavizar esa polarización; y, en segundo lugar, a lograr una mejor distribución de la información política.

Se discuten, por tanto, medidas destinadas a mejorar la calidad de la información política de los telediarios de la televisión pública, como la aprobación de algunas reglas estandarizadas para dar cobertura igualitaria a todos los partidos políticos en las noticias. También se discuten propuestas de financiación del uso de la televisión por cable y de Internet para todos los hogares como una política de inversión en la competitividad futura del país. Y en el marco de las nuevas tecnologías, las subvenciones para la creación de páginas web informativas o incluso de videojuegos políticos educativos.

Otras propuestas van dirigidas al fomento (a través de subvenciones) de la creación de periódicos locales que no pertenezcan a ninguno de los grandes grupos mediáticos, así como el fomento de la lectura de periódicos en los colegios e institutos, para crear hábitos en el futuro ciudadano.

Por lo que se refiere a la educación cívica, se distingue entre la educación a jóvenes y a adultos, destacando el mayor potencial de inversión y efecto en la educación a jóvenes, puesto que constituyen la materia prima de la ciudadanía para el futuro. Se ha propuesto incentivar la educación cívica, sobre todo en los institutos, ya que sus efectos a largo plazo parecen ser mayores que en la escuela (primaria y/o secundaria). También se ha defendido la necesidad de un mayor compromiso por parte del Gobierno que impulsa la educación cívica para que las medidas legislativas vayan acompañadas de apoyo presupuestario que permita aumentar la formación del profesorado y mejorar las condiciones estructurales de la oferta educativa pública. Sólo así la educación por la ciudadanía contribuirá a aumentar las competencias políticas de los estudiantes.

Finalmente, los programas de educación cívica para adultos deberían concentrarse en lugares donde mayores desventajas socioeconómicas existan, pues es donde los ciudadanos adultos han carecido durante más tiempo de los recursos necesarios como para poder informarse e implicarse en política. Además, se defiende que estos programas deberían ser gestionados a través de las organizaciones políticas que operan en el ámbito local o de barrio, puesto que son ellas las que cuentan con la capacidad de conectar con los ciudadanos.

Leer artículo completo (PDF).

Quienes se oponen al condón promueven los abortos

México, 1 Abr (Notimex).-

El ombudsman capitalino, Emilio Alvarez-Icaza, externó que son los ciudadanos los que tienen derecho a manifestarse y no las instituciones, y que quienes se oponen al condón y la planificación familiar son los que promueven los abortos.

En entrevista reiteró que el aborto es un problema de salud, pues es la tercera causa de fallecimiento en el Distrito Federal y la quinta en el país, y que sólo la cifra de muertes por esa práctica en la ciudad de México representa 14 por ciento de la mortalidad materna a nivel nacional.

"Se trata de que entendamos la separación que hay de derechos sexuales y reproductivos. Se trata justamente de hacer el mismo mecanismo de educación sexual, porque justamente los que se oponen al condón y la planificación familiar son los que promueven los abortos", comentó.

El funcionario respondió al vocero del Arzobispado, Hugo Valdemar, quien el sábado le reclamó sus declaraciones contra la Iglesia Católica por su postura en torno al aborto, e informó que presentará una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En entrevista, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Distrito Federal (CDHDF) insistió hoy que el vocero podrá presentar la queja y manifestarse contra el aborto en su calidad de persona, pero no se puede hacer uso del poder simbólico para imponer visiones morales.

"Como ciudadanos pueden hacer lo que quieran, pero que participen en la lógica de ciudadanos, no que se use el poder simbólico en el ámbito religioso para participar en el ámbito público-político", expuso.

"Eso no es la regla de la democracia (.) Como ciudadanos tienen todo el derecho a expresarse y salir a la calle, pero que no se confunda, porque las instituciones no tienen derechos, son las personas", añadió.

Entrevistado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el ombudsman capitalino dijo que respeta "profundamente" los derechos de los religiosos, pero que si desean interponer una denuncia o queja en su contra "antes lean la Ley de la Comisión, probablemente no la conocen".

"Hay una artículo justamente para ese tipo de actitudes, en el que se establece que no se puede sancionar al titular de la Comisión o a los visitadores por sus actos y opiniones", informó.

Alvarez-Icaza Longoria declaró que la democracia tiene reglas, instituciones y valores que se fomentan en el Estado laico, por lo que determinó que si se quiere hacer una discusión en lo público, se tiene que hacer en un ámbito laico.

"Las instituciones democráticas son las que se generan a través de la decisión popular, a través de las urnas y a través de las boletas. Los púlpitos no son urnas ni son curules. Si la gente quiere participar en la discusión de los público, que lo haga con las instituciones de la democracia", declaró.

Los valores de la democracia son el diálogo, la tolerancia y el respeto, por lo que no se pueden acompañar de imposiciones morales y tampoco que se piense que el Estado es custodio o policía de alguna concepción moral, por muy mayoritaria que se considere, añadió.

Se reconoció católico, pero dijo que tiene una clara concepción de una teología que no está fundada ni en la violencia ni en la amenaza, y que además él separa su fe de su obligación de Estado.

El ciudadano escéptico

Por Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB (LA VANGUARDIA, 22/03/07):

La irrupción de Bayrou como serio candidato a la presidencia francesa puede ser un claro síntoma de la crisis por la que atraviesan las formas tradicionales de hacer política en los países de nuestro entorno, incluido, por supuesto, el nuestro. A mi modo de ver, esta crisis de la política se proyecta, al menos, en tres campos, todos ellos relacionados entre sí: primero, en la relación entre gobernantes y gobernados; segundo, en las ideas de derecha e izquierda, y, tercero, en el papel actual de los partidos políticos.

En efecto, debido al lenguaje que se usa cada vez con más frecuencia, hay un cierto hartazgo de la política de blanco y negro, del estás conmigo o estás contra mí, de mensajes únicamente dirigidos a criticar al adversario. A su vez, la confianza del ciudadano en su líder comienza a flaquear: ya no se le cree a pies juntillas, ya no convence el simple brillo de su carisma sino que se le exigen explicaciones razonables. Por fortuna, está aumentando el número de ciudadanos sanamente escépticos, personas que no se casan con nadie, que inteligentemente desconfían por principio de sus gobernantes, aun habiéndoles votado.

En segundo lugar, hay una evidente crisis de las ideas de derecha e izquierda que los partidos de uno y otro signo dicen representar. Ojo: no digo, ni mucho menos, que ya no existan la derecha y la izquierda. Ambas nociones se han distinguido históricamente siempre por lo mismo: la derecha quiere conservar el orden existente y la izquierda cambiarlo favoreciendo una mayor libertad e igualdad entre las personas. Lo que digo es que hoy ni los partidos de derecha son absolutamente conservadores ni, sobre todo, los de izquierda ofrecen cambios sustanciales a favor de la libertad y la igualdad. El ciudadano inteligente al que antes aludíamos al contemplar la situación ahonda en su escepticismo y, además de desconfiar de sus gobernantes, pasa a desconfiar también de las tradicionales ideologías acabadas en ismo,tan de moda en el siglo pasado. Su reacción ante cualquier propuesta, de cualquier partido, consiste en decir: “Veamos”. Y, seguidamente, pasa a analizarla desde su propia perspectiva.

En cuanto a los partidos, quizás nunca han sido gran cosa, aparte de instrumentos imprescindibles para representar a los ciudadanos, pero en estos momentos, por lo menos en España (probablemente también en Francia), su crédito está bajo mínimos por diversos factores, entre ellos su ávido sectarismo y su opaco funcionamiento interno, pero, muy especialmente, por sus ansias de controlar todo aquello que en la sociedad se mueve y puede perjudicar sus intereses, empezando por sus deseos de controlar los medios de información, una de las amenazas más graves con las que se enfrenta la actual democracia. Pues bien, a nuestro escéptico ciudadano los partidos tradicionales ya no le sirven como instrumento de participación política, precisamente considera que son el principal factor que impide la participación. Por tanto, se abstiene de asomarse a ellos y, con flema británica, tiende a esperar a que cambien, se sitúa en una cómoda posición de wait and see.

Tengo la impresión de que la inesperada subida electoral de François Bayrou en Francia tiene que ver con todo eso. Bayrou es el antilíder mediático: un francés de origen campesino que, de alguna manera, aún sigue practicando este viejo oficio. Además, no está encerrado en posturas ideológicas dogmáticas, sino que, frente a los graves problemas con los que Francia se enfrenta, ofrece soluciones pragmáticas y razonables, difícilmente encajables en los rígidos esquemas tradicionales. Por último, Bayrou casi no tiene partido: la UDF es una organización minúscula si la comparamos con la UMP de Sarkozy y el PS de Royal. Pero quizás aquí esté una de las razones para atraerse al ciudadano escéptico del que hablábamos, harto de la prepotencia de los grandes aparatos burocráticos y de unos líderes tan radiantes del glamour que les montan sus asesores de imagen como vacíos de ideas propias, siempre lanzando eslóganes ideados por otros asesores y dispuestos a dar el giro ideológico necesario indicado por los gurús que manejan las encuestas.

Nuestro escéptico elector francés prefiere la autenticidad de Bayrou a los indudables encantos de la inconsistente Ségolène Royal o a la contrastada experiencia del duro Nicolas Sarkozy. ¿Y la ideología?, me dirán ustedes. Como hemos dicho antes, el ciudadano escéptico lo es también respecto a las ideologías, a las palabras, palabras, palabras: se trata de un tipo pragmático, confía en los hechos, en la competencia técnica y en el sentido común.

Las actitudes políticas están cambiando en las sociedades occidentales. Hay una parte creciente de la sociedad que no se identifica con las derechas e izquierdas de toda la vida y ha optado por pensar por su cuenta. Para otros, en cambio, derecha o izquierda forman parte de su identidad personal, hablan de lealtad a la derecha o a la izquierda como si con ellos tuvieran una relación personal, dicen “soy” de derechas o de izquierdas con la seguridad de quien está en posesión de la verdad y tiene una indudable superioridad moral sobre los adversarios.

Nuestro ciudadano escéptico sonríe y se dispone a votar a Bayrou con esperanza y sin convencimiento, según el sano espíritu del viejo poeta. Y quizá, tras votar, se tome un Calvados escuchando al irónico y combativo Georges Brassens: “Mourir pour des idées, l´idée est excellente, moi j´ai failli mourir de ne l´avoir pas eu…”.

La fotografía de la pesadilla

John Carlin 18/03/2007

La imagen de ese buitre acechando a una niña moribunda en África le persiguió en vida. Con ella atrapó el Pulitzer, pero también la maldición de una pregunta: “¿Qué hiciste para ayudarla?”. A Kevin Carter, cronista gráfico de la Suráfrica del 'apartheid', la presión le empujó al suicidio. Un periodista testigo de aquellos años rememora su figura.

Un hombre blanco perfectamente bien alimentado observa cómo una niña africana se muere de hambre ante la mirada expectante de un buitre. El hombre blanco hace fotos de la escena durante 20 minutos. No es que las primeras no fueran buenas, es que con un poco de colaboración del ave carroñera le salía una de premio, seguro. Niña famélica con nariz en el polvo y buitre al acecho: bien; no todos los días se conseguía una imagen así. Pero lo ideal sería que el buitre se acercara un poco más a la niña y extendiese las alas. El abrazo macabro de la muerte, el buitre Drácula como metáfora de la hambruna africana. ¡Ésa sí que sería una foto! Pero el hombre esperó y esperó, y no pasó nada. El buitre, tieso como si temiera hacer huir a su presa si agitara las alas. Pasados los 20 minutos, el hombre, rendido, se fue.

No se debería de haber desesperado. Una de las fotos se publicó en la portada de The New York Times y acabó ganando un premio Pulitzer. Pero incluso así se desesperó. Y mucho. El hombre blanco era un fotógrafo profesional llamado Kevin Carter. A los dos meses de recibir el premio en Nueva York se suicidó.

Hay dos preguntas. La primera, ¿por qué se suicidó? La segunda, ¿por qué no ayudó a la niña? La respuesta a la primera es relativamente fácil. La respuesta a la segunda es más interesante. Remontemos.

Continuar leyendo.

No exportar la crispación

Por Neil Kinnock, comisario británico durante de 10 años y líder de Partido Laborista; Denis MacShane, Joyce Quine y Keith Vatz ex ministros británicos de Asuntos Europeos; y Gary Titley, líder del grupo laborista en el Parlamento Europeo. Traducción de News Clips (EL PAÍS, 17/03/07):

No acostumbramos comentar la política nacional de otros países con Gobiernos elegidos democráticamente, ni intervenir en sus debates internos. Sin embargo, el pasado sábado, el Partido Popular organizó una manifestación en las calles de Londres para protestar contra la política antiterrorista del presidente Zapatero. No tenemos la más mínima objeción en cuanto a que los partidos de la oposición usen el Reino Unido como plataforma para expresar sus opiniones, pero en esta ocasión no podemos dejar pasar sin comentario alguno la protesta escenificada en nuestro país.

Todos nosotros hemos estado profundamente implicados en los asuntos europeos, tanto en la Comisión y el Parlamento europeos como en los ministerios para Europa de los Gobiernos británicos. Y todos hemos trabajado codo con codo junto a nuestros colegas españoles de Gobiernos de izquierdas y de derechas. Sabemos que el terrorismo de ETA es un mal y hemos colaborado durante muchos años con los diferentes Gobiernos españoles para erradicar este cáncer cuando ha buscado refugio en Reino Unido, viniera de donde viniera. Nuestro Gobierno seguirá haciéndolo. Y el primer ministro Tony Blair también ha dejado claro que también seguiremos apoyando al Gobierno español en su búsqueda de la paz y de una solución al problema vasco. No pueden compararse directamente los dos procesos, pero sabemos por nuestra experiencia con Irlanda del Norte que el diluir un conflicto político violento puede ser largo y doloroso.

Para poder seguir adelante se deben tomar decisiones difíciles. Ésa es la labor de los Gobiernos elegidos democráticamente. Como dijo Tony Blair en su visita a Madrid del pasado año: “Lo único que he aprendido [de Irlanda del Norte] es que no hay modo de hacer que estas cosas funcionen si no es con una determinación tenaz de conseguir el éxito… Hay muchos altibajos y muchas dificultades, pero merece la pena perseverar y, aunque a veces es difícil hacerlo, éste es siempre el buen camino”.

En los países libres, encontrar la solución a problemas complicados es tarea de los Gobiernos y de los partidos de la oposición. En nuestra opinión, es poco probable que exportar la crispación a las calles de Londres favorezca ese proceso. Y aún menos cuando el debate se centra exclusivamente en un asunto específico de un país, aunque sea uno tan grave como el terrorismo doméstico.

Hemos visto de primera mano la contribución que puede hacer España en los foros internacionales y la importancia que tiene como socio en Europa. Como una de las economías más fuertes del Continente, España ha participado activamente en la elaboración de la actual política de la Unión Europea y, en la actual situación de fluidez en cuanto al futuro de la UE, sabemos que su voz será importante a la hora de guiar los próximos pasos.

La seguridad común y el bienestar de los ciudadanos europeos dependen, por ejemplo, de que encontremos soluciones consensuadas a varios problemas que se nos presentan ahora a todos. El cambio climático podría tener consecuencias profundas y perjudiciales para todos los países, y para hacerle frente se requiere una acción conjunta. Europa ha guiado el camino en lo referente al cambio climático; ahora está a punto de dar otro paso adelante y necesitará redoblar sus esfuerzos de nuevo en los años venideros. El crimen organizado y el tráfico de personas no conocen fronteras ni límites internacionales, y sólo podemos ocuparnos de ellos mediante la acción colectiva. La inmigración en toda Europa es un fenómeno que está transformando comunidades y ciudades, desde Sevilla hasta Estocolmo. La futura gestión de los flujos migratorios, que tienen un impacto muy real en las vidas de los ciudadanos, debe guiarse por políticas que sean sensatas y justas para todos.

Encontrar las políticas correctas requiere serias discusiones y debates que impliquen a todo el mundo, porque estamos hablando de problemas reales e importantes para todos los europeos. Para los electores que tenemos el privilegio de representar aquí, en Gran Bretaña, y para el pueblo español. Y para que eso suceda, debemos mirar hacia afuera, no hacia adentro.

¿Qué ética universal? ¿Y qué ciudadanía?

Por Juan Antonio Martínez Camino, secretario general de la Conferencia Episcopal Española (EL MUNDO, 09/03/07):

Para los católicos es posible -y aun necesaria- una ética universal. Baste con aludir aquí a la arraigada doctrina de la ley natural, considerada, en cierto sentido, como previa a la ley de Cristo, y accesible, como principio, a todos los hombres, cristianos o no.

San Francisco Javier, en el mejor estilo universitario parisino del XVI, dedicaba largos días a disputar con los bonzos del Japón acerca de la existencia de un Dios omnipotente y bueno, creador del universo y de todas las razas humanas. Ellos le argüían que, de ser así, ese Dios no habría esperado a la llegada de Javier y de sus misioneros para darles a conocer a los japoneses un mensaje tan importante, consolador y decisivo. El navarro les respondía que el Creador había grabado en el corazón de todos los hombres -también de los antiguos nipones- su Ley de salvación.

La LOE ha planteado problemas inéditos en la democracia al introducir en el sistema educativo una nueva asignatura llamada Educación para la Ciudadanía (EpC). Hay quien escribe ahora que el fondo de la cuestión consiste en si se puede o no enseñar una ética universal o si solamente se pueden enseñar morales religiosas. Al parecer, la EpC representaría la ética universal y, por tanto, común a todos, frente a las enseñanzas morales de las religiones, que, en el mejor de los casos, no pasarían de representar opciones parciales y privadas de algunos. De ahí deducen algunos que los obispos, cuando rechazaron la EpC en su Declaración del pasado 28 de febrero, estarían propugnando, nada más y nada menos, que un peligroso escepticismo ético, ya que se mostrarían apegados a lo parcial y a lo privado, olvidando lo universal -¿y verdadero?-.

El problema de la posibilidad de una ética universal es ciertamente un asunto importante y concomitante con la cuestión que nos ocupa. Pero no es, a mi modo de ver, el nudo del problema que ahora se plantea. La cuestión está en si el Estado está legitimado o no para imponer a todos a través del sistema educativo una formación de la conciencia ética obligatoria y evaluable. Ésa es la infausta novedad de la EpC. Es curioso que algunos filósofos que ahora se aprestan a escribir los libros de texto de la nueva asignatura no parezcan preocupados por la inquietante creación de un instrumento coactivo para uniformar las conciencias de los jóvenes escolares. ¿Dónde queda el derecho fundamental de esos ciudadanos, que son los padres de los alumnos a quienes se pretende concienciar de esa manera?

La Constitución Española reconoce a los padres el derecho originario e inalienable de ser ellos quienes decidan qué tipo de educación moral habrán de recibir sus hijos. El Estado no puede sustraerles ese derecho arbitrando una asignatura como la EpC, cuyo objetivo es una formación moral de las conciencias, al margen de la libre elección de los padres. ¿Cómo es posible que los filósofos aludidos se muestren tan poco sensibles a este fundamental ejercicio de libertad y, en cambio, tan solícitos por asistir al Estado en tal invasión de las conciencias?

Es probable que esos escritores crean haber resuelto de modo incontrovertible qué es lo perteneciente al ámbito de la ética universal-común y qué lo restante para el campo de las opciones parciales-privadas. Siendo así, se sienten autorizados para colaborar con ciertos poderes públicos en la imposición de sus descubrimientos universales a los ciudadanos que, al menos hasta ahora, no han sido capaces de moverse más que en las oscuridades de lo parcial y de lo privado. La EpC traerá por fin la luz de lo universal para todos. Al menos, cuando los autores de los libros de texto crean en los mencionados descubrimientos.

Pero las cosas son más complejas de lo que parecen. Porque, en primer lugar, quienes así argumentan no pueden negar el hecho cierto de que al menos la moral religiosa católica plantea una pretensión de universalidad asistida de razones no menos concluyentes que las de quienes la tildan de «particular» desde otra supuesta universalidad. ¿Quién va a dirimir este litigio intelectual? ¿El Estado o el filósofo colaborador? Y aquí brota enseguida la segunda fuente de complejidad: es ingenuo, falso (y peligroso) suponer que el Estado y sus filósofos estén mejor capacitados que la sociedad (padres, escuelas, iglesias, etcétera) para representar lo verdaderamente universal y, sobre todo, para hacerlo vitalmente efectivo en las conciencias de las personas.

Ante estas complejidades tocantes a la fundamentación de la ética, los ordenamientos democráticos del mundo de la posguerra arbitraron los mecanismos legales apropiados para tratar de garantizar la libertad de enseñanza y de conciencia.

La piedra angular de dichos mecanismos es el reconocimiento expreso del derecho primordial de la sociedad (padres y escuelas) a formar la conciencia ética de las nuevas generaciones. Si este derecho no se respeta, como sucede en el caso de la LOE y de los decretos que la desarrollan, nos encontraremos tal vez con una moral de Estado (o mejor, de ciertos grupos de poder) impuesta a todos por la fuerza de la ley, pero no necesariamente con la moral universal que responde a la naturaleza personal del ser humano.

Valgan dos muestras al respecto, tomadas de las enseñanzas que serán legalmente obligatorias para los alumnos de Secundaria de todos los centros. Las copio de la mencionada Declaración de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, titulada La Ley Orgánica de Educación (LOE), los Reales Decretos que la desarrollan y los derechos fundamentales de padres y escuelas:

La primera: «La verdad no juega papel alguno en los Decretos…». La segunda: «En cambio, el nuevo concepto de homofobia forma parte de los contenidos previstos como enseñanzas mínimas por los Reales Decretos. Bajo tal concepto se esconde una visión de la constitución de la persona más ligada a las llamadas orientaciones sexuales que al sexo. De ahí que el sexo, es decir, la identidad de la persona como varón o como mujer, sea suplantado por el género, precisamente cuando se señalan los criterios según los cuales se evaluará la conciencia moral de los alumnos de Secundaria».

Es cierto que la rarísima Ley de reforma del Código Civil en materia de matrimonio, de junio de 2005, presupone una visión del hombre guiada por la llamada «ideología del género», sucintamente caracterizada en el párrafo tomado de la Declaración episcopal. Por eso nos encontramos hoy en España con que, para el Código, el matrimonio no es la unión de un varón y una mujer; es decir, nos encontramos con que el matrimonio no es reconocido por la ley. Pero eso no quiere decir que la sociedad comparta mayoritariamente tales disposiciones, al menos, con suficiente conocimiento de causa. Y, aun en el caso de que así fuera, un filósofo no debería nunca confundir mayoritario con universal, opinión con verdad. El filósofo sabrá valerse, pero, ¿y el alumno cuya conciencia haya sido formada según un programa carente del concepto de verdad?

En definitiva, mientras los instrumentos para determinar qué ética universal y qué ciudadanía sean en verdad universales sigan siendo los que suelen ser, la mejor manera de colaborar razonablemente a la formación moral de las personas, que han de ser también buenos ciudadanos, será asumir el papel que a cada uno le corresponde en una sociedad activa y responsable.

Ante la actual situación legal, los padres y las escuelas harán muy bien en defender sus derechos por todos los medios legítimos a su alcance, incluida, en su caso, la objeción de conciencia, si así lo juzgan necesario.

Los apolíticos

El año pasado escuché a una joven señora, casada, con preparación académica, integrante de una influyente corriente de opinión en la comunidad local, responder a una pregunta del tipo: Y usted… ¿qué opina?, con las siguientes palabras: ¡Soy apolítica!

Después de quedar asombrado por unos instantes, reaccioné y pensé inmediatamente: si le preguntara a esta señora acerca de una cuestión religiosa, como podría ser el tema del sacerdocio femenino o el aborto, o la misma existencia de Dios, me respondería: ¿Soy a-religiosa, o mejor dicho, soy atea?

Sinceramente, ¿una persona puede ser apolítica o atea? ¿Puede permanecer aislada y al margen de la realidad de su comunidad?

Frente al problema de la seguridad pública, ¿podemos permanecer neutrales?

Le preguntaría a los apolíticos: ¿Si en la escuela donde asisten sus hijos se impartiera una educación deficiente, con inadecuados planes de estudios y con un profesorado mal preparado, ustedes permanecerían apáticos y no se inconformarían?

Frente al problema del aborto, ¿a ustedes le da lo mismo que nazcan o mueran miles de niños, inocentes de la decisión que tomen sus padres, cada año?

Si su colonia popular o fraccionamiento residencial se quedara sin agua potable o para bañarse durante más de un mes, ¿permanecerían tan tranquilos como siempre?

Ante una injusticia de las autoridades que repercutiera en detrimento de la integridad física y moral de los ciudadanos, ¿continuarían en la indiferencia permanente?

Naturalmente que sí, ya que son apolíticos.

Ser político no significa ser militante activo de un determinado partido político ni implica participar de tiempo completo en un proceso electoral, como tampoco ser religioso implica tener que ser necesariamente sacerdote o miembro de una congregación religiosa.

Ser político, como ser religioso, implica tener una posición clara y definida respecto a los problemas y cuestiones sociales, religiosas, culturales, políticas y éticas que ocurren en la comunidad. Significa opinar y defender las ideas propias acerca de los temas que se discuten y son de vital importancia para el buen funcionamiento de nuestra sociedad. Significa participar activamente en la toma de decisiones de nuestra localidad.

Podemos no participar activamente en un partido político, podemos no estar inscritos en una cofradía o en un seminario, pero no podemos permanecer al margen ni aislados de lo que ocurre a nuestro alrededor.

Podemos ser malos ciudadanos, apáticos, indiferentes, indecisos y timoratos, pero no podemos ser ni ateos ni apolíticos. Debemos creer en algo o en alguien, tener ideas propias y definidas, expresarlas y defenderlas.

No podemos escondernos tras el escudo de la imparcialidad o la insensibilidad, si eso significa eludir los problemas o permanecer al margen de la toma de decisiones que son trascendentales para nuestra sociedad.

SITSMS crea una herramienta que aumenta la participación ciudadana en los Ayuntamientos, mediante el envío de SMS

Los Ayuntamientos de Alella y de Alcalà de Guadaira han aumentado la participación ciudadana durante el periodo de implantación del sistema.

SITSMS, la compañía líder en España en el envío de 35 millones de SMS en el año 2005, ha creado Gov SITSMS, una plataforma de soluciones SMS para las administraciones públicas con el fin de facilitar las vías de comunicación entre éstas y las personas.

El Ayuntamiento de Alella fue el primero que apostó por esta herramienta innovadora, el cual advirtió que el SMS era la comunicación más efectiva para llegar a casi el 93% de su población. Después del primer periodo de implementación, la entidad ha notado el incremento de la participación ciudadana tanto por la asistencia a las actividades culturales y deportivas que organizaba la entidad, como también por la recepción de SMS por parte de las personas con información sobre incidencias en los espacios y servicios públicos (transporte, cableado y red eléctrica, convivencia, etc.), o bien simplemente con sugerencias o mensajes de agradecimiento.

En el caso del Ayuntamiento de Alcalà de Guadaira, la mayor utilidad para ellos ha sido la comunicación vía SMS del calendario contributivo a sus ciudadanos y demás anuncios institucionales.

La compañía SITSMS, que el año anterior ha conseguido una facturación superior a 4 millones de euros, ofrece un gateway propio en el que las empresas e instituciones consiguen personalizar sus mensajes y segmentar la información según el público al que se dirigen. “Se trata de un sistema muy simple: una vez ingresados los datos de las personas al ordenador, el software reconoce los parámetros a tener en cuenta como día, idioma, edades, intereses, para luego enviar el SMS correspondiente” agrega Marc Bonavia, Director de Marketing de SITSMS.

Asimismo, esta iniciativa del servicio de SMS del Ayuntamiento de Alella ha resultado finalista en los Premios de Comunicación de la Diputació de Barcelona en la categoría INNOVA, al mejor proyecto innovador en el campo de las nuevas tecnologías.

La Religión frente a la educación cívica y científica

Para Juan Antonio Aguilera Mochón, profesor de Bioquímica y Bilogía Molecular de la Universidad de Granada "la fuerte reacción del Episcopado español contra una nueva asignatura en la escuela, la ‘Educación para la ciudadanía’, nos acerca a la raíz de los conflictos que plantea una vieja asignatura, la de Religión. Ante la argumentación de los obispos de que la nueva materia entra en su exclusivo dominio, el de los valores, me parece necesario que hagamos una breve incursión en los terrenos de la religión católica escolar, pues casi siempre que se discute sobre la asignatura de Religión no se presta atención a sus contenidos concretos.

Por más que la Iglesia reclame la exclusividad sobre los dictámenes acerca del bien y del mal, lo cierto es que las democracias se permiten asumir unos valores básicos, unos derechos humanos mínimos, que posibiliten y alienten una convivencia en igualdad y en libertad (otra cosa es hasta qué punto se consiga). Y esto es lo duro y lo que se suele callar aunque sea un clamor: las religiones -al menos las que por aquí circulan con éxito- en algunos aspectos no alcanzan esos mínimos, más aún: ni siquiera pueden tolerarlos. La Iglesia católica, en particular, tiene grandes dificultades para aceptar el que se exija la igualdad de derechos de la mujer, y no puede admitir que las personas, sean o no católicas, opten por el tipo de sexualidad y de convivencia que quieran. Así se entiende la amenaza episcopal de desobediencia civil frente a una asignatura que defienda valores democráticos. Se entiende porque de ahí vendrán graves problemas en la escuela: por ejemplo, ¿cómo van a asimilar los niños el que por un lado se les aclare que los homosexuales tienen la misma dignidad y los mismos derechos que los heterosexuales, y por el otro -en Religión- se les diga que la homosexualidad es una aberración? Lo extraordinariamente llamativo es que una organización pueda, dentro de la legalidad, atacar o violar derechos fundamentales de las personas: además de lo dicho sobre los homosexuales, ¿cómo se acepta que una asociación legal discrimine radicalmente a las mujeres? ¿Se imaginan que se legalizara una asociación que sostuviera y enseñara que el celibato es una aberración que no se puede permitir, y que aceptara negros pero no les permitiera acceder a cargos?".

Continuar leyendo.

Ciudadanos2010

Dentro de las contribuciones presentadas en el III Congreso Online del Observatorio para la Cibersociedad merece atención la referente a la presentación del proyecto Ciudadanos2010.net, la cual ya se lleva a cabo en 134 municipios españoles.

Este es un proyecto organizado por la Agencia de noticias Europa Press y cofinanciado por la Unión Europea a través de la convocatoria Profit del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo cuyo objetivo fundamental es fomentar la participación ciudadana en el ámbito municipal utilizando las nuevas tecnologías.

Para ello, recrea en Internet el concepto del ágora griega o plaza pública en la que tanto los ciudadanos como sus representantes políticos y civiles exponen públicamente aquellas propuestas que consideran de interés para la comunidad y las someten a debate y deliberación del conjunto de los participantes. Aquellas propuestas con un mayor respaldo ciudadano son susceptibles de ser votadas por el Ayuntamiento en el pleno municipal y puestas en marcha con la implicación de los ciudadanos y las asociaciones que han participado en el proceso de deliberación.

El proyecto Ciudadanos2010.net está basado en el programa europeo eEurope2010 que defiende una Sociedad de la Información para todos y en la Carta Europea de la Autonomía Local, proclamada en Estrasburgo en 1985, que establece el principio de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos reconocido y fomentado por los propios gobiernos locales.

En términos de innovación democrática destacan los siguientes objetivos:

1. Desarrollar nuevas formas de organización de la ciudadanía y de las estructuras de gobierno para que exista una retroalimentación entre todos los actores, con el consiguiente enriquecimiento y ajuste en la renovación de las políticas públicas.

2. Establecer un abanico amplio de formas de participación que permita que todos aquellos ciudadanos que lo deseen tengan oportunidades de participar en la vida pública municipal.

3. Promover el acceso a la participación lo más amplio y equitativo posible haciendo un esfuerzo por llegar a los ciudadanos y entidades menos receptivos a la participación.

4. Lograr una comunicación eficaz entre administración y ciudadanos de modo que éstos estén informados de las actuaciones municipales, las autoridades conozcan las necesidades y demandas de los ciudadanos, y ambos debatan sobre los problemas de la ciudad y sus soluciones.

5. Perfeccionar las instituciones, procedimientos y normas que permitan que la ciudadanía fiscalice el ejercicio del gobierno.

6. Contribuir a generar una cultura para la participación ciudadana que amplíe la visión y la intervención de la ciudadanía y ésta fortalezca así su poder en el sistema democrático.

7. El desarrollo del capital social de la ciudad potenciando el tejido de entidades ciudadanas y el voluntariado.

8. La promoción entre las autoridades y los funcionarios municipales de un estilo de gestión participativa.

Y en términos de fomento de la Sociedad de la Información:

a. Generar una comunidad virtual con intereses comunes basados en el territorio que fomente la deliberación y el debate democrático a través de Internet en el ámbito municipal.

b. Proporcionar a la ciudadanía nuevas posibilidades de comunicación con sus vecinos, asociaciones y autoridades municipales gracias al uso de Internet.

c. Aportar razones consistentes para que los segmentos de población ajenos a Internet sientan interés por las posibilidades de la Red, y puedan conectarse de forma gratuita y con el asesoramiento correspondiente, contribuyendo a reducir la brecha digital.

d. Generar y difundir nuevos contenidos y servicios online de naturaleza específicamente local, contribuyendo a crear un espacio electrónico más plural y representativo de la comunidad de ciudadanos.

Con el fin de lograr el correcto funcionamiento del Proyecto Europa Press pone a disposición de cada uno de los ayuntamientos participantes en toda España una plataforma de participación ciudadana adaptada a las características de la población y garantiza su buen funcionamiento durante toda la duración del proyecto.

El equipo de gobierno de cada ayuntamiento se implica en la dinamización del proyecto tanto participando (formulando al menos una propuesta mensual en la plaza pública) como fomentando la participación (dando a conocer el proyecto entre los vecinos y asociaciones y encauzando la participación en los centros de acceso a Internet gestionados por el ayuntamiento). Además, nombra a un coordinador local del proyecto, responsable de incorporar a la plataforma web a aquellas asociaciones interesadas en participar, a las entidades públicas o privadas que deseen colaborar en la difusión del proyecto y será el encargado de dar cuenta periódicamente de las novedades del proyecto a través de la "Hoja de Avisos".

A todos aquellas personas que se encuentren involucradas actualmente en el manejo de asuntos públicos o colaboradores en las distintas instancias de la administración pública, les recomiendo acudir a esta página web e intercambiar experiencias.

Quien esté interesado en conocer el documento completo, favor de pedir por este medio.