Reino Unido-Ecuador-Suecia: la crisis del preservativo

Por José Antonio Martín Pallín. Abogado. Magistrado emérito del Tribunal Supremo. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Gimebra) (El país, 28/08/2012).

La crisis política y diplomática entre el Reino Unido y Ecuador ha marginado momentáneamente a la crisis económica. Para analizarla hagamos, por un momento, abstracción de los ingredientes políticos y personales del embrollo. Un ciudadano australiano de visita a Suecia establece una relación amistosa con una ciudadana sueca que finaliza en la intimidad de un dormitorio. Según la mujer, después de haber compartido sus mutuas apetencias, se quedaron dormidos. En ese trance el varón se desvela y decide renovar sus deseos sexuales mientras la mujer dormía.

Hasta aquí, la versión que la ciudadana sueca manifiesta a una fiscal para que persiga el hecho penalmente. El elemento del crimen radicaba en que, aprovechándose de la duermevela, el varón no se había colocado el preservativo. A la representante del Ministerio Público le pareció que la versión facilitada carecía del más mínimo sustento delictivo y decide archivar la imputación. Entran en escena abogados y policías que aconsejan a la sueca para que presente una denuncia por violación. Otra fiscal decide abrir una investigación preliminar para comprobar lo que era evidente.

Ante la inconsistencia de los cargos aparece otra mujer que le acusa de haberse negado a ponerse el preservativo “contrariando su expreso deseo”. Con estos mimbres Suecia acuerda poner en marcha una demanda de extradición y el Reino Unido decide entregar al varón a la jurisdicción de los tribunales suecos. El Convenio Europeo de extradición exige que la información facilitada para justificar la petición sea suficiente, completa y de contenido inequívocamente delictivo. Ante la respuesta positiva de los tribunales ingleses podemos razonablemente preguntarnos: ¿hubiera entregado el Reino Unido a un ciudadano británico reclamado por hechos semejantes?

Suecia no alega ninguna otra infracción. Ahora bien, a nadie se le escapa que lo que está en juego es mucho más que una ofensa sexual. El sistema judicial inglés demostró una gran sensibilidad y finura jurídica en el caso Pinochet. Sus jueces no pueden ignorar que, según las previsiones del Convenio Europeo, no se permite la extradición cuando existen razones fundadas para creer que la solicitud, camuflada bajo un delito común, se ha presentado con el fin de perseguir a una persona en consideración a razones políticas.

Volvamos a la realidad y detengámonos en los personajes y en los elementos componentes de este embrollo. El protagonista es Julián Assange, dueño y fundador de Wikileaks, que ha difundido informaciones reservadas que afectan a las actividades del Pentágono y del servicio exterior norteamericano. El Estado al que afecta la información de manera directa es, ni más ni menos, que los Estados Unidos de Norteamérica. Los comparsas, Suecia, el Reino Unido, las ciudadanas suecas y la fiscal escandinava. A última hora y de manera imprevista, entra en escena la República de Ecuador que introduce un factor multilateral en el enredo.

Si EE UU considera vulnerada su seguridad nacional deben reclamar directamente a Julián Assange, sin valerse de intermediarios. Calificar la difusión de los documentos como un delito de traición es más que discutible. Tendrán que explicar a una parte de su sociedad por qué rompen la interpretación de la Corte Suprema sobre el valor de la Primera Enmienda, que consagra la libertad de expresión e información. La Corte declaró la licitud e incluso la conveniencia de que los ciudadanos norteamericanos conociesen el contenido de los Papeles del Pentágono sobre la intervención, inicialmente subrepticia, en la guerra del Vietnam. Deberán desautorizar al presidente Kennedy que proclamó el compromiso del Gobierno de facilitar información auténtica y transparente sobre la cosa pública, tratando a los ciudadanos como adultos responsables. Por último, no pueden seguir ocultando las condiciones de internamiento del soldado Manning ni las violaciones de sus derechos constitucionales.

El derecho a recibir información veraz es un pilar básico de una sociedad democrática avanzada. La reacción de los sectores conservadores de la sociedad norteamericana revela que las bases fundacionales de la nación se están debilitando.

Suecia está adoptando un penoso papel en esta historia. Nadie cuestiona su sistema judicial pero se puede desconfiar razonablemente de la politización de algunos sectores de la Fiscalía. Si quieren juzgarle por agresión sexual tienen la obligación de asumir solemnemente el compromiso de no extraditarlo a EE UU. La verdad es que, en el caso de que el juicio llegara a celebrarse, nos depararía momentos escabrosos e interrogatorios subidos de tono. El debate sobre el preservativo será un elemento insoslayable.

El Reino Unido es por lo menos sospechoso de actuar como intermediario de los intereses de EE UU. La torpeza del diplomático británico que amenazó con entrar por la fuerza en la embajada ecuatoriana desató las justificadas protestas del gobierno suramericano y de la OEA con la excepción de Canadá, EE UU y la exótica aportación de Trinidad- Tobago.

Si Suecia retira la petición de entrega o celebra el juicio con un posible resultado absolutorio la intriga se desvanece y habría que urdirla con nuevos materiales. En este tinglado de la antigua farsa faltan personajes. Se escuchan voces escandalizadas ante el mutismo de un actor que debería tener un papel estelar en el reparto. Julian Assange es un ciudadano australiano, aunque algunos pudieran pensar que es un apátrida.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

WikiLeaks and Free Speech

For Michael Moore and Oliver Stone, Academy Award-winning filmmakers (The New York Times, 21/08/2012).

We have spent our careers as filmmakers making the case that the news media in the United States often fail to inform Americans about the uglier actions of our own government. We therefore have been deeply grateful for the accomplishments of WikiLeaks, and applaud Ecuador’s decision to grant diplomatic asylum to its founder, Julian Assange, who is now living in the Ecuadorean Embassy in London.

Ecuador has acted in accordance with important principles of international human rights. Indeed, nothing could demonstrate the appropriateness of Ecuador’s action more than the British government’s threat to violate a sacrosanct principle of diplomatic relations and invade the embassy to arrest Mr. Assange.

Since WikiLeaks’ founding, it has revealed the “Collateral Murder” footage that shows the seemingly indiscriminate killing of Baghdad civilians by a United States Apache attack helicopter; further fine-grained detail about the true face of the Iraq and Afghanistan wars; United States collusion with Yemen’s dictatorship to conceal our responsibility for bombing strikes there; the Obama administration’s pressure on other nations not to prosecute Bush-era officials for torture; and much more.

Predictably, the response from those who would prefer that Americans remain in the dark has been ferocious. Top elected leaders from both parties have called Mr. Assange a “high-tech terrorist.” And Senator Dianne Feinstein, the California Democrat who leads the Senate Select Committee on Intelligence, has demanded that he be prosecuted under the Espionage Act. Most Americans, Britons and Swedes are unaware that Sweden has not formally charged Mr. Assange with any crime. Rather, it has issued a warrant for his arrest to question him about allegations of sexual assault in 2010.

All such allegations must be thoroughly investigated before Mr. Assange moves to a country that might put him beyond the reach of the Swedish justice system. But it is the British and Swedish governments that stand in the way of an investigation, not Mr. Assange.

Swedish authorities have traveled to other countries to conduct interrogations when needed, and the WikiLeaks founder has made clear his willingness to be questioned in London. Moreover, the Ecuadorean government made a direct offer to Sweden to allow Mr. Assange to be interviewed within Ecuador’s embassy. In both instances, Sweden refused.

Mr. Assange has also committed to traveling to Sweden immediately if the Swedish government pledges that it will not extradite him to the United States. Swedish officials have shown no interest in exploring this proposal, and Foreign Minister Carl Bildt recently told a legal adviser to Mr. Assange and WikiLeaks unequivocally that Sweden would not make such a pledge. The British government would also have the right under the relevant treaty to prevent Mr. Assange’s extradition to the United States from Sweden, and has also refused to pledge that it would use this power. Ecuador’s attempts to facilitate that arrangement with both governments were rejected.

Taken together, the British and Swedish governments’ actions suggest to us that their real agenda is to get Mr. Assange to Sweden. Because of treaty and other considerations, he probably could be more easily extradited from there to the United States to face charges. Mr. Assange has every reason to fear such an outcome.The Justice Department recently confirmed that it was continuing to investigate WikiLeaks, and just-disclosed Australian government documents from this past February state that “the U.S. investigation into possible criminal conduct by Mr. Assange has been ongoing for more than a year.” WikiLeaks itself has published e-mails from Stratfor, a private intelligence corporation, which state that a grand jury has already returned a sealed indictment of Mr. Assange. And history indicates Sweden would buckle to any pressure from the United States to hand over Mr. Assange. In 2001 the Swedish government delivered two Egyptians seeking asylum to the C.I.A., which rendered them to the Mubarak regime, which tortured them.

If Mr. Assange is extradited to the United States, the consequences will reverberate for years around the world. Mr. Assange is not an American citizen, and none of his actions have taken place on American soil. If the United States can prosecute a journalist in these circumstances, the governments of Russia or China could, by the same logic, demand that foreign reporters anywhere on earth be extradited for violating their laws. The setting of such a precedent should deeply concern everyone, admirers of WikiLeaks or not.

We urge the people of Britain and Sweden to demand that their governments answer some basic questions: Why do the Swedish authorities refuse to question Mr. Assange in London? And why can neither government promise that Mr. Assange will not be extradited to the United States? The citizens of Britain and Sweden have a rare opportunity to make a stand for free speech on behalf of the entire globe.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

El limbo jurídico y diplomático de Assange

Por Felipe Sahagún, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO (El Mundo, 17/08/2012).

Desde que el cofundador de Wikileaks se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres el 19 de junio para pedir asilo, el conflicto ofrecía dos salidas: la concesión o el rechazo de dicha petición. A partir de ayer, concediéndole asilo, Ecuador desafía abiertamente a EEUU, al Reino Unido, a Suecia y a Australia, los cuatro países con causas abiertas contra Julian Assange, y deja al fugitivo en un limbo jurídico y diplomático de muy difícil solución sin nuevas concesiones de las partes implicadas, pues todas han hecho del caso un símbolo de principios y valores que trascienden con mucho el problema personal del acusado: su entrega a Suecia y su posible extradición por Suecia a EEUU.

Para el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, una vez subido al carro de Wikileaks para tapar sus ataques contra la prensa nacional, es muy difícil dar marcha atrás. Resulta chocante con qué rapidez los regímenes que menos respetan la libertad de prensa y los derechos humanos (Rusia, China, Irán, Cuba…) han expresado su solidaridad con Assange y Correa en esta crisis.

Assange puede permanecer indefinidamente en la embajada ecuatoriana o intentar burlar, con escasas posibilidades de éxito, la estrecha vigilancia policial y escapar del Reino Unido. Lo mejor es seguir negociando, con la ayuda de los amigos de Wikileaks y de los países que aún les apoyan, como la Rusia de Putin.

Aprobada la entrega de Assange a Suecia por tres tribunales británicos -incluido el Supremo-, el Gobierno de David Cameron, en coordinación permanente con el estadounidense, se ha negado en todo momento a aceptar condiciones como la no extradición a EEUU que superaban su jurisdicción. Nada que objetar.

Assange, acusado en Suecia de dos delitos de agresión sexual y de una violación, siempre ha mantenido que se trata de un montaje dirigido por Washington para sentarlo en un banquillo estadounidense por la publicación de centenares de miles de documentos diplomáticos secretos o reservados. Ecuador se ha agarrado a ello como a un clavo ardiendo y le ha concedido el asilo porque, como dijo ayer su ministro de Exteriores, en EEUU puede ser juzgado por un tribunal militar y condenado a muerte o a cadena perpetua.

Rechazando todos los recursos de Assange, los tribunales británicos alegan que se han limitado a aplicar la Ley de Extradición británica de 2003, que incorporó la extradición automática europea negociada apresuradamente en respuesta a los atentados del 11-S, y el Gobierno Cameron insiste en que está obligado a cumplir las sentencias de sus tribunales.

¿Cuánto tiempo permanecerá Assange en el recinto diplomático ecuatoriano? ¿Se atreverá el Gobierno británico a enviar a la policía para detenerlo o esperará a que intente salir para hacerlo? Si la policía británica entra en la embajada, ¿se puede justificar legalmente o colocaría al Gobierno británico a la altura de regímenes parias como el iraní? ¿Están cerradas todas las opciones diplomáticas?

Si el Reino Unido, como insinuó el miércoles en un comunicado el Foreign Office, intentara detenerlo dentro de la sede diplomática sin autorización de Ecuador, estaría violando las Convenciones de Viena de 1961 y de 1963 sobre relaciones diplomáticas y consulares.

En el artículo 22 de la Convención de 1961 se especifica que «las premisas de la misión son inviolables» y que «los agentes del Estado receptor [en este caso el Reino Unido] no pueden entrar en ellas salvo con el consentimiento de la misión».

En el artículo 31 de la Convención de 1963 se extiende el mismo privilegio de inviolabilidad a las sedes consulares. «Las autoridades del Estado receptor no entrarán en la zona utilizada exclusivamente para el trabajo consular, salvo con el consentimiento del responsable del puesto consular, de quien él designe o del responsable de la misión».

El Diplomatic and Consular Premises Act de 1987, citado por Londres para justificar su amenaza a Ecuador, difícilmente legalizaría la entrada forzada de agentes británicos en la embajada. Está pensado para situaciones de peligro graves para la seguridad nacional, amenazas sanitarias serias o similares. Nunca se ha aplicado y el caso Assange no justifica que se aplique ahora.

En su apartado 1, esa ley del 87 permite al secretario de Estado británico retirar el estatus diplomático o consular a una sede, pero en condiciones difícilmente aplicables cuando alguien solicita asilo en dicha sede y siempre que lo avale el derecho internacional, cuestión que tendría que resolverse en la Corte Internacional de Justicia de la Haya y no en la mesa de William Hague, como ha sucedido esta semana, aprovechando las vacaciones del primer ministro y de su viceprimer ministro; aunque es impensable que Hague haya actuado por su cuenta.

Lo más sensato sería que Londres y Quito dejaran el conflicto en manos de la Corte Internacional o de un árbitro neutral. Ecuador estaría dispuesto, seguramente, a aceptarlo, pero dudo mucho que, en una época de renacionalización y redefinición de soberanías como la que vivimos, EEUU y el Reino Unido acepten tal compromiso. Washington, en particular, siempre se ha mostrado reacio a dejar los intereses del país en manos de organizaciones internacionales.

Aunque en su desafío, el presidente ecuatoriano parece un diminuto David frente a Goliat, no está solo y el error británico del miércoles, al amenazar con entrar por la fuerza en la sede diplomática ecuatoriana, le ha facilitado apoyos con los que no contaba en América Latina y en otras partes del mundo.

El ministro ecuatoriano de Exteriores dejó para el final de su rueda de prensa la concesión de asilo y concentró su prolija y bien documentada intervención en la amenaza británica y en los argumentos legales de la defensa de Assange en los últimos tres años. «No nos someteremos al tutelaje de nadie». «Nos amenazan con golpearnos salvajemente si no nos comportamos». «No podemos tolerar chantajes». Toda su intervención fue una retahíla de proclamas soberanistas y nacionalistas más propias de otros tiempos, pero realmente Londres se lo puso fácil.

Para la vieja izquierda y para quienes comulgan a pies juntillas con la ideología chavista y sus vertientes ecuatoriana y boliviana, la decisión de Correa es un acto valiente de otro líder dispuesto a resistir la presión del más fuerte y sus referencias a unas 20 cartas, acuerdos, tratados y convenciones internacionales en defensa de Assange -desde la Carta de la ONU hasta las últimas convenciones contra el terrorismo, pasando por la Declaración de los Derechos Humanos del 48 y las convenciones de Ginebra- una base legal más que respetable. Para quienes entienden que, con su comportamiento, los responsables de Wikileaks pusieron en peligro la seguridad nacional de EEUU y que este país tiene todo el derecho de llevar a los tribunales a los responsables de la filtración de material secreto y reservado, el discurso del ministro Patiño fue otro derroche de demagogia barata, bien arropada jurídicamente.

¿Se resolvería el conflicto si, como dio a entender ayer Patiño, EEUU aceptara un juicio civil de Assange y garantías de que no será condenado a muerte ni a cadena perpetua? ¿Puede alguien, en su sano juicio, esperar semejante concesión de la primera superpotencia del planeta? ¿Cabe esperar de Suecia, tan lejanos ya los tiempos de Olof Palme, la promesa de que Assange no será extraditado a EEUU? Con su comunicado del miércoles, el secretario del Foreign Office, William Hague, dio a Correa la excusa que necesitaba para confundir una causa criminal con un conflicto de soberanía e independencia y para anunciar una decisión que, según funcionarios ecuatorianos próximos al caso, había tomado hace semanas.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Wikileaks, crímenes de guerra y el principio Pinochet

Por Amy Goodman, (Democracy now!, 1 de junio de 2012)

Esta semana, los esfuerzos realizados por el fundador de Wikileaks, Julian Assange, para evitar su extradición a Suecia recibieron un duro revés. La Corte Suprema de Gran Bretaña ratificó la orden de detención que había sido dictada en su contra en diciembre de 2010. Tras anunciar una decisión dividida de 5 contra 2, los magistrados sorprendieron a muchos especialistas en cuestiones jurídicas al otorgar a Assange la posibilidad de apelar su fallo. Es la primera vez que la Corte Suprema de Gran Bretaña otorga la posibilidad de reconsiderar un fallo en más de diez años. El último precedente es el famoso juicio de extradición del ex-dictador chileno, Augusto Pinochet. El fallo contra Assange fue dictado a pocos días de que se cumplan dos años del arresto del soldado Bradley Manning en Irak, por haber presuntamente filtrado a Wikileaks miles de documentos confidenciales del gobierno estadounidense. Ambos casos nos sirven para recordar que, en la mayoría de los casos, mientras los denunciantes sufren, los criminales de guerra se salen con la suya.

Assange no ha sido formalmente acusado de cometer ningún delito, y, sin embargo, ha permanecido en arresto domiciliario desde que hace casi dos años Suecia emitiera una “Orden de Detención Europea”. Es importante resaltar que la orden de detención por cargos de violación, coerción ilegal y acoso sexual no fue emitida por un juez sino por un fiscal que busca interrogar a Assange en Suecia. Por su parte, Assange ofreció reunirse con las autoridades suecas en su embajada de Londres o en Scotland Yard, pero la propuesta fue rechazada.

Assange y sus simpatizantes sostienen que la orden de detención forma parte de un intento del gobierno estadounidense para encarcelarlo, o incluso ejecutarlo, y dar de baja su sitio de denuncias. En abril de 2010, Wikileaks difundió un video del ejército estadounidense con el nombre de “Asesinato colateral”, en el que se muestra cómo un helicóptero Apache mata a por lo menos 12 civiles iraquíes, entre los que se encontraban un camarógrafo de Reuters y su chofer.

En julio de 2010, Wikileaks difundió los llamados Diarios de la Guerra de Afganistán: miles y miles de comunicaciones secretas del ejército estadounidense que exponen el registro oficial de la violenta ocupación de Afganistán, la cantidad de víctimas civiles y hechos que podrían ser catalogados como crímenes de guerra. Pocas semanas después, las autoridades suecas emitieron la orden de detención.

Hay tantas personalidades públicas estadounidenses que han llamado a asesinar a Assange que se creó un sitio web para catalogar las amenazas. El ex gobernador del estado de Arkansas, candidato a la presidencia y comentador de Fox News, Mike Huckabee, afirmó: “Me parece que cualquier castigo inferior a la ejecución sería una pena muy ligera.” Asimismo, el prominente conservador Bill Kristol declaró: “¿Por qué no hacer uso de nuestros diversos recursos para hostigar, secuestrar o neutralizar a Julian Assange y a sus colaboradores, donde sea que estén?”

Las amenazas de muerte proferidas por ideólogos de la derecha son una cosa. Sin embargo, lo que más preocupa a Assange de su extradición a Suecia es que ello pueda derivar en una extradición a Estados Unidos. Wikileaks también difundió lo que denominó los “Archivos de inteligencia global”, un paquete de cinco millones de correos electrónicos de una empresa privada de inteligencia a nivel mundial llamada Stratfor, cuyas oficinas se encuentran en Austin, Texas. El 26 de enero de 2011, el vice-presidente de inteligencia de la empresa, Fred Burton, escribió en un correo electrónico: “No publicar. Tenemos un auto de procesamiento secreto contra Assange. Por favor, proteger.” Si se ha dictado una orden de procesamiento en secreto, es posible que Assange sea puesto en custodia de Estados Unidos poco después de aterrizar en Suecia. En ese caso, se podrían presentar cargos contra él por espionaje (el gobierno de Obama ha invocado la ley en más ocasiones que todos los demás gobiernos anteriores juntos), lo cual podría conducir a una cadena perpetua o a la pena de muerte.

En el Reino Unido siempre se evalúan cuidadosamente las solicitudes de extradición. Prueba de ello fue la celebre cruzada del juez Baltasar Garzón con miras a procesar al ex-dictador chileno, Augusto Pinochet, por los casos de tortura cometidos durante su gobierno, entre 1973 y 1990. En base a la orden de procesamiento de Garzón, Pinochet fue arrestado durante un viaje a Londres, en 1998. Después de 16 meses de audiencias, los tribunales británicos finalmente decidieron que Pinochet podría ser extraditado a España. Tras la resolución, el gobierno británico intervino y anuló la sentencia, permitiendo a Pinochet que volviera a Chile.

Garzón es famoso por defender casos relacionados a los derechos humanos en todo el mundo siguiendo el principio de jurisdicción universal, lo cual lo llevó a procesar a Osama bin Laden por los ataques del 11 de septiembre y a investigar las denuncias de abusos contra los prisioneros de la prisión estadounidense de la Bahía de Guantánamo. Cuando Garzón inició sus investigaciones sobre los abusos cometidos durante el gobierno fascista del General Francisco Franco, quien mantuvo el poder en España durante 40 años, la derecha española inició una ofensiva en contra del juez. A principios de 2012, Garzón fue inhabilitado, hecho que puso fin a su carrera en la magistratura.

Tanto el juez Garzón como Julian Assange se enfrentaron a poderes bien afianzados, ya sea que se trate del gobierno, del ejército o de las empresas. Bradley Manning está siendo acusado por las mismas razones. Sus vidas han cambiado, en diferentes grados, para siempre. Su libertad, sus carreras y sus reputaciones han sido amenazadas o destruidas. Esta semana, Hillary Clinton hará la primera visita oficial estadounidense a Suecia en años. ¿Por qué? ¿Qué papel está jugando el gobierno estadounidense en el caso Assange? Los acontecimientos de esta semana están relacionados de manera crucial con el derecho de la población a la información y dan cuenta clara de por qué los que denuncian las prácticas ilegítimas deben ser protegidos por la ley.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2012 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Diego Guzmán. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 350 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Salvar al soldado Manning

Por Nicole Muchnik es periodista y escritora. Traducción de Juan Ramón Azaola (EL PAÍS, 15/03/11):

¿Quién conoce a Bradley Manning, a ese soldado de 23 años, de cara redonda, pelo rubio, no muy alto, y que, por desgracia, tenía que esconder una homosexualidad muy mal vista en el ejército norteamericano, donde se prefería el “don’t ask, don’t tell”, hasta que la reciente ley del 21 de noviembre de 2010 hizo que la cosa fuera más transparente?

Destinado a un servicio de inteligencia en Irak, y sometido a un cierto aislamiento debido a ese veto poco propicio a la comunicación entre compañeros de tropa, el joven Bradley encontró en Internet con qué ocupar su soledad. Como encargado de analizar las informaciones, nuestro soldado tenía acceso a redes informáticas protegidas, y así, en principio como mera distracción, logró acceder a decenas de miles de documentos confidenciales almacenados en distintas bases de datos.

Siempre para compensar su aislamiento, Bradley se comunica mucho con un tal Adrian Lamo, un hacker avezado también él. Le confía sus descubrimientos y también que acaba de transmitir a Wikileaks cables clasificados de la diplomacia americana (unos 260.000) más 92.000 documentos clasificados sobre la guerra en Afganistán, pero que hay como 10 veces más. Le habla de la asombrosa facilidad con la que los consigue copiar: “Servidores débiles, contraseñas débiles, seguridad material débil, contraespionaje débil, análisis de señal descuidado (…). Entraba en la sala informática con un CD en la mano (…) luego borraba la música y creaba un archivo comprimido (…). Nadie sospechó nada”. Y, como el cándido joven que parece ser, expresa su estupefacción: “He visto arreglos políticos casi criminales (…). Cosas increíbles, horribles, que deben pertenecer al dominio público y no quedarse en un servidor en una oscura habitación de Washington”.

Según The New York Times, Adrian Lamo se asustó ante la enormidad del asunto y denunció a Bradley. Detenido primero en una prisión militar de Kuwait, Manning fue trasladado en julio a una celda de aislamiento de la base de los marines en Quantico, Virginia. “23 horas de aislamiento sobre 24, con un paseo de una hora, otra hora de televisión, sin almohada, sin sábanas y sin ningún efecto personal desde julio de 2010″, según Amnistía Internacional, que denunciaba el 24 de enero “el trato inhumano infligido por Estados Unidos”.

Cuando esta ONG elevó una protesta a Robert Gates, secretario de Defensa del gobierno de Barack Obama, Bradley Manning fue sometido a condiciones aún más severas, al serle asignada la categoría de los detenidos con riesgo de suicidio, bajo las órdenes del comandante James Averhart, quien se habría “extralimitado”, en opinión de responsables norteamericanos citados por la cadena NBC. Es decir, dejado únicamente en ropa interior y sin sus gafas hasta que la llegada de sus abogados hizo que se levantasen tales medidas de protección.

El relator para la tortura de Naciones Unidas ha anunciado la apertura de una investigación. El 2 de marzo, las autoridades le impusieron la obligación de dormir desnudo. El soldado Manning está también obligado a presentarse desnudo al ser llamado a las 5 de la mañana. Lo que pone de manifiesto que Guantánamo no está solamente en Guantánamo. Acusado en primer lugar de “transferencia de documentos confidenciales clasificados a una fuente no autorizada”, Manning acaba de ser inculpado por la justicia militar con 22 nuevos cargos de acusación, entre ellos el de “colusión con el enemigo”, según ha anunciado el Pentágono, por lo que puede enfrentarse a una pena de 52 años de prisión. Si cuida su colesterol y camina por su celda todas las mañanas, a su salida le quedarían entre cinco y 10 años para disfrutar de la vida. Por su parte, el comité de apoyo al soldado ha previsto celebrar una manifestación ante la base de Quantico el próximo 20 de marzo.

Pero ¿quién se preocupa por Bradley Manning? Mientras que Julian Assange, el patrón de Wikileaks, suscita todas las pasiones intelectuales y se enreda en otras pasiones más terrestres; provoca primero una verdadera revolución de la información y eventualmente de la política mundial; se erige en paladín sin miedo y sin reproche de la transparencia democrática, hendiendo en los chanchullos y las hipocresías de todas las cancillerías y Gobiernos del planeta, o rebajado al nivel de traidor megalómano de baja estofa, en resumen que la historia sigue su curso entre la saga heroica y la crónica de sucesos, el verdadero héroe se pudre en una cárcel de seguridad.

Los grandes periódicos europeos, entre ellos EL PAÍS, no han tenido problemas en publicar los documentos. The New York Times incluso ha consultado, antes de la publicación, con todo lo que había que consultar en Washington: Casa Blanca, Departamento de Estado, CIA y FBI, extrañándose de que no le haya sido presentada prohibición alguna, ningún “no publicar”.

Sin embargo, mientras resulta difícil ignorar y no tomar partido respecto a las amenazas de extradición y de prisión de Assange, solo unos pocos se ocupan de hacer pública la situación de Manning: un comité de apoyo, una página de Facebook para recaudar los fondos necesarios para su defensa y la página pacifista antiwar.com, para la cual “este joven tan valeroso e idealista” ha suscitado el despertar del pueblo norteamericano. Tal vez también el de algunos otros.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona