Esta semana, los esfuerzos realizados por el fundador de Wikileaks,
Julian Assange, para evitar su extradición a Suecia recibieron un duro
revés. La Corte Suprema de Gran Bretaña ratificó la orden de detención
que había sido dictada en su contra en diciembre de 2010. Tras anunciar
una decisión dividida de 5 contra 2, los magistrados sorprendieron a
muchos especialistas en cuestiones jurídicas al otorgar a Assange la
posibilidad de apelar su fallo. Es la primera vez que la Corte Suprema
de Gran Bretaña otorga la posibilidad de reconsiderar un fallo en más de
diez años. El último precedente es el famoso juicio de extradición del
ex-dictador chileno, Augusto Pinochet. El fallo contra Assange fue
dictado a pocos días de que se cumplan dos años del arresto del soldado
Bradley Manning en Irak, por haber presuntamente filtrado a Wikileaks
miles de documentos confidenciales del gobierno estadounidense. Ambos
casos nos sirven para recordar que, en la mayoría de los casos, mientras
los denunciantes sufren, los criminales de guerra se salen con la suya.
Assange no ha sido formalmente acusado de cometer ningún delito, y,
sin embargo, ha permanecido en arresto domiciliario desde que hace casi
dos años Suecia emitiera una “Orden de Detención Europea”. Es importante
resaltar que la orden de detención por cargos de violación, coerción
ilegal y acoso sexual no fue emitida por un juez sino por un fiscal que
busca interrogar a Assange en Suecia. Por su parte, Assange ofreció
reunirse con las autoridades suecas en su embajada de Londres o en
Scotland Yard, pero la propuesta fue rechazada.
Assange y sus simpatizantes sostienen que la orden de detención forma
parte de un intento del gobierno estadounidense para encarcelarlo, o
incluso ejecutarlo, y dar de baja su sitio de denuncias. En abril de
2010, Wikileaks difundió un video del ejército estadounidense con el
nombre de “Asesinato colateral”, en el que se muestra cómo un
helicóptero Apache mata a por lo menos 12 civiles iraquíes, entre los
que se encontraban un camarógrafo de Reuters y su chofer.
En julio de 2010, Wikileaks difundió los llamados Diarios de la
Guerra de Afganistán: miles y miles de comunicaciones secretas del
ejército estadounidense que exponen el registro oficial de la violenta
ocupación de Afganistán, la cantidad de víctimas civiles y hechos que
podrían ser catalogados como crímenes de guerra. Pocas semanas después,
las autoridades suecas emitieron la orden de detención.
Hay tantas personalidades públicas estadounidenses que han llamado a
asesinar a Assange que se creó un sitio web para catalogar las amenazas.
El ex gobernador del estado de Arkansas, candidato a la presidencia y
comentador de Fox News, Mike Huckabee, afirmó: “Me parece que cualquier
castigo inferior a la ejecución sería una pena muy ligera.” Asimismo, el
prominente conservador Bill Kristol declaró: “¿Por qué no hacer uso de
nuestros diversos recursos para hostigar, secuestrar o neutralizar a
Julian Assange y a sus colaboradores, donde sea que estén?”
Las amenazas de muerte proferidas por ideólogos de la derecha son una
cosa. Sin embargo, lo que más preocupa a Assange de su extradición a
Suecia es que ello pueda derivar en una extradición a Estados Unidos.
Wikileaks también difundió lo que denominó los “Archivos de inteligencia
global”, un paquete de cinco millones de correos electrónicos de una
empresa privada de inteligencia a nivel mundial llamada Stratfor, cuyas
oficinas se encuentran en Austin, Texas. El 26 de enero de 2011, el
vice-presidente de inteligencia de la empresa, Fred Burton, escribió en
un correo electrónico: “No publicar. Tenemos un auto de procesamiento
secreto contra Assange. Por favor, proteger.” Si se ha dictado una orden
de procesamiento en secreto, es posible que Assange sea puesto en
custodia de Estados Unidos poco después de aterrizar en Suecia. En ese
caso, se podrían presentar cargos contra él por espionaje (el gobierno
de Obama ha invocado la ley en más ocasiones que todos los demás
gobiernos anteriores juntos), lo cual podría conducir a una cadena
perpetua o a la pena de muerte.
En el Reino Unido siempre se evalúan cuidadosamente las solicitudes
de extradición. Prueba de ello fue la celebre cruzada del juez Baltasar
Garzón con miras a procesar al ex-dictador chileno, Augusto Pinochet,
por los casos de tortura cometidos durante su gobierno, entre 1973 y
1990. En base a la orden de procesamiento de Garzón, Pinochet fue
arrestado durante un viaje a Londres, en 1998. Después de 16 meses de
audiencias, los tribunales británicos finalmente decidieron que Pinochet
podría ser extraditado a España. Tras la resolución, el gobierno
británico intervino y anuló la sentencia, permitiendo a Pinochet que
volviera a Chile.
Garzón es famoso por defender casos relacionados a los derechos
humanos en todo el mundo siguiendo el principio de jurisdicción
universal, lo cual lo llevó a procesar a Osama bin Laden por los ataques
del 11 de septiembre y a investigar las denuncias de abusos contra los
prisioneros de la prisión estadounidense de la Bahía de Guantánamo.
Cuando Garzón inició sus investigaciones sobre los abusos cometidos
durante el gobierno fascista del General Francisco Franco, quien mantuvo
el poder en España durante 40 años, la derecha española inició una
ofensiva en contra del juez. A principios de 2012, Garzón fue
inhabilitado, hecho que puso fin a su carrera en la magistratura.
Tanto el juez Garzón como Julian Assange se enfrentaron a poderes
bien afianzados, ya sea que se trate del gobierno, del ejército o de las
empresas. Bradley Manning está siendo acusado por las mismas razones.
Sus vidas han cambiado, en diferentes grados, para siempre. Su libertad,
sus carreras y sus reputaciones han sido amenazadas o destruidas. Esta
semana, Hillary Clinton hará la primera visita oficial estadounidense a
Suecia en años. ¿Por qué? ¿Qué papel está jugando el gobierno
estadounidense en el caso Assange? Los acontecimientos de esta semana
están relacionados de manera crucial con el derecho de la población a la
información y dan cuenta clara de por qué los que denuncian las
prácticas ilegítimas deben ser protegidos por la ley.
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
© 2012 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Diego Guzmán. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero
internacional que se emite diariamente en más de 550 emisoras de radio y
televisión en inglés y en más de 350 en español. Es co-autora del
libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos
extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique
Cono Sur.
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