Noticias y comentarios sobre Ciencia Política, Administración Pública, Economía, Cultura y Arte.
viernes, mayo 06, 2011
Torture apologists stain triumph over bin Laden
miércoles, mayo 27, 2009
La crueldad de Dante
La decisión del presidente Obama de dar a conocer los documentos sobre las prácticas interrogatorias de Guantánamo y Abu Ghraib y, al mismo tiempo, no ordenar la investigación de quienes llevaron a cabo tales prácticas, me recordó un caso bien anterior, en el que el sistema legal es también utilizado para justificar la tortura, y en el cual el torturador tampoco es condenado por sus acciones. Ocurre casi al final del viaje al infierno de Dante, en el Canto XXXII de su Comedia.
Siguiendo a Virgilio por los varios círculos infernales, Dante llega al lago glacial en el que las almas de los traidores son presas hasta el cuello en el hielo. Entre las terribles cabezas que gritan y maldicen, Dante cree reconocer la de un cierto Bocca degli Abati, culpable de haber traicionado a los suyos y haberse aliado al enemigo. Dante pide a la inclinada cabeza que le diga su nombre y, como es ya su costumbre a lo largo del mágico descenso, promete al pecador fama póstuma en sus versos cuando vuelva al mundo de los vivos. Bocca le contesta que lo que desea es precisamente lo contrario, y le dice a Dante que se vaya y no lo fastidie más.
Furioso ante el insulto, Dante coge a Bocca por el pescuezo y le dice que, a menos que confiese su nombre, le arrancará cada pelo de la cabeza. “Aún si me dejases calvo”, le contesta el desdichado, “no te diría quien soy, no te mostraría mi cara/ aunque mil veces me azotases”. Entonces Dante le arranca “otro puñado de pelo”, haciendo que Bocca lance aullidos de dolor. Mientras tanto, Virgilio, encargado por la voluntad divina de guiar al poeta, observa y guarda silencio.
Podemos interpretar ese silencio de Virgilio como aprobación. Varios círculos antes, en el Canto VIII, cuando los dos poetas navegan a través del Río Estigio, Dante, viendo cómo uno de los condenados se alza de las aguas inmundas, le pregunta, como siempre, de quién se trata. El alma pecaminosa no le da su nombre, sólo le dice que es “uno que llora” y Dante, sin conmoverse, lo maldice ferozmente. Virgilio, sonriente, toma a Dante en sus brazos y lo alaba con las palabras que San Lucas usó para alabar a Cristo. Entonces Dante, alentado por la reacción de su maestro, le dice que nada le daría mayor placer que ver al condenado volver a hundirse en el fango atroz. Virgilio le dice que así ocurrirá, y el episodio concluye con Dante agradeciendo a Dios la concesión de su deseo.
A través de los siglos, los comentadores de Dante han intentado justificar estos actos como ejemplos de “noble indignación” u “honorable cólera”, que no es un pecado como la ira (según Santo Tomás de Aquino, uno de las fuentes intelectuales de Dante), sino una virtud nacida de una “causa justa”. El problema, claro está, reside en la lectura del adjetivo “justo”. En el caso de Dante, “justo” se refiere a su comprensión de la incuestionable justicia de Dios. Sentir compasión por los condenados es “injusto” porque significa oponerse a la imponderable voluntad divina.
Tan sólo tres cantos antes, Dante cae desmayado de piedad cuando el alma de Francesca, condenada a girar para siempre en el vendaval que castiga la lujuria, le cuenta su triste caso. Pero ahora, más avanzado en su ejemplar descenso, Dante ha perdido su flaqueza sentimental y su fe en la autoridad es más robusta.
Según la teología dantesca, el sistema legal impuesto por Dios no puede ser tachado ni de erróneo ni de cruel; por lo tanto, todo lo que decrete debe ser “justo” aun cuando se halle más allá del entendimiento humano. Las acciones de Dante -la tortura deliberada del prisionero preso en el hielo, su sórdido deseo de ver al otro prisionero ahogarse en el lodo- deben ser entendidas (dicen los comentadores) como una humilde obediencia a la Ley y a una incuestionable Autoridad Mayor.
Un argumento similar es propuesto hoy en día por quienes argumentan contra la investigación y condena de los torturadores. Y sin embargo, habrá pocos lectores de Dante que no sientan, al leer esos pasajes infernales, un mal sabor de boca. Quizás sea porque, si la justificación de la aparente crueldad dantesca yace en la naturaleza de la voluntad divina, entonces, en lugar de sentir que las acciones de Dante son redimidas por la fe, el lector siente que la fe es envilecida por las acciones de Dante.
De la misma manera, el implícito perdón a los torturadores, sólo porque los abusos ocurrieron en un pasado inmutable y bajo la autoridad y ley de otra administración, en lugar de alimentar la fe en la política del Gobierno actual, la envilece. Peor aún: tácitamente aceptada por la Administración de Obama, la vieja excusa de “sólo obedecí las órdenes” adquirirá renovado crédito y servirá de antecedente para futuras exoneraciones.
G. K. Chesterton dijo alguna vez: “Obviamente, no puede haber seguridad en una sociedad en la que el comentario de un juez de la Corte Suprema, diciendo que asesinar está mal, sea visto como un epigrama original y deslumbrante”. Lo mismo puede decirse de una sociedad que, bajo no importa qué circunstancias, rehúsa investigar y condenar infames actos de tortura.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
miércoles, mayo 20, 2009
Los torturadores voluntarios de Bush
Los documentos relativos a las prácticas de tortura empleadas en las cárceles de la CIA que el Gobierno de Obama hizo públicos el pasado 16 de abril arrojan una nueva luz sobre esta cuestión: ¿cómo explicarse la facilidad con la que han aceptado la tortura y la han aplicado a sus prisioneros unas personas que actúan en nombre del Gobierno estadounidense?
Los documentos que se acaban de publicar no revelan los casos de tortura concretos: éstos son de sobra conocidos por todos los que en su día quisieron enterarse. Sin embargo, aportan abundante información sobre la forma en la que se llevaban a cabo las sesiones de tortura y sobre cómo la entendían los agentes que la practicaban.
Lo más sorprendente es descubrir la existencia de una normativa increíblemente meticulosa, formulada en los manuales de la CIA y retomada, a su manera, por los responsables jurídicos del Gobierno de George W. Bush. Hasta ahora era posible imaginar que tales prácticas eran una muestra de lo que se suele denominar “atropellos”, infracciones involuntarias de las normas provocadas por la urgencia del momento. Por el contrario, lo que se percibe en los documentos recién conocidos es que se trata de unos procedimientos pautados hasta en sus menores detalles, al milímetro, perfectamente cronometrados.
Así, las formas de tortura son 10, número que posteriormente será elevado a 13. Se dividen en tres categorías, cada una de ellas con diversos grados de intensidad: preparatorias (desnudez, manipulación de la alimentación, privación del sueño), correctivas (los golpes) y coercitivas (duchas de agua fría, encierro en cajas, suplicio de la bañera).
En el caso de las bofetadas, el interrogador, según estos manuales, debe golpear con los dedos separados, en un punto equidistante entre el extremo de la barbilla y la parte inferior del lóbulo de la oreja.
La ducha de agua fría aplicada al prisionero desnudo puede durar 20 minutos si el agua está a cinco grados, 40 minutos si está a 10 grados, y hasta 60 minutos si está a 15 grados.
La privación del sueño no debe ser superior a 180 horas, pero tras un reposo de ocho horas, se puede recomenzar.
La inmersión en la bañera puede durar hasta 12 segundos, durante un periodo que no debe exceder las dos horas diarias, y ello durante 30 días seguidos (un preso particularmente resistente pasó por este suplicio 183 veces en marzo de 2003).
El encierro en una caja de dimensiones muy reducidas no debe ser superior a dos horas, pero si la caja permite que el prisionero esté de pie, se puede prolongar hasta ocho horas seguidas, 16 por día. Si se introduce un insecto en el interior, no se le debe decir al prisionero que la picadura será dolorosa o incluso mortal.
Y así sucesivamente durante páginas y páginas.
Nos enteramos también por estos documentos de cómo se forma a los torturadores. La mayoría de esas torturas está copiada del programa que siguen los soldados americanos que se preparan para enfrentarse a situaciones extremas (lo que permite a los responsables concluir que se trata de pruebas absolutamente soportables). Y lo que todavía es más importante, se elige a los torturadores entre aquellos que han tenido “una larga experiencia escolar” en este tipo de pruebas extremas; dicho en otras palabras, los propios torturadores han sido torturados en una primera fase de su formación. Tras la cual, un cursillo intensivo de cuatro semanas basta para prepararlos para su nuevo trabajo.
Los socios indispensables de los torturadores son los consejeros jurídicos, cuya labor es garantizar la impunidad legal de sus colegas. Esto constituye otra novedad: la tortura ya no se presenta como una infracción de la norma común, lamentable pero excusable, sino que se convierte en la propia norma legal. En este caso, los juristas recurren a otra serie de técnicas. Para librarse de la ley, los interrogatorios deben realizarse fuera del territorio nacional de Estados Unidos, aunque puedan efectuarse en bases norteamericanas en terceros países.
Tal como se define legalmente, la tortura implica la intención de producir un gran sufrimiento. Se sugerirá, por consiguiente, a los torturadores que nieguen la presencia de esa intención. De tal modo que no se abofetea al preso para producirle dolor, sino para sorprenderlo y humillarlo. En cuanto al objetivo de encerrarlo en una caja de reducidas dimensiones no es provocar un desorden sensorial, sino producirle cierta sensación de incomodidad.
El verdugo debe insistir siempre en su “buena fe”, en sus “convicciones sinceras” y en lo razonable de sus premisas. Se han de utilizar sistemáticamente eufemismos: “Técnicas reforzadas”, en lugar de tortura; “experto en interrogatorios”, en lugar de torturador.
También se evitará dejar huellas físicas, y, por esta razón, se preferirá la destrucción mental a los daños físicos; asimismo, se destruirán inmediatamente las posibles grabaciones o tomas visuales de las sesiones.
Otros colectivos colaboran en la práctica de la tortura: el contagio se extiende allende el limitado círculo de los torturadores. Aparte de los juristas que se encargan de dar legitimidad a sus actividades, en los documentos se menciona sistemáticamente a los psicólogos, a los psiquiatras y a los médicos (obligatoriamente presentes en todas las sesiones), además de a las mujeres (los torturadores son hombres, pero la humillación es aún mayor, más grave, cuando hay mujeres presentes) y a los profesores de universidad que proveen justificaciones morales, legales o filosóficas.
¿A quién debemos considerar hoy responsable de esta perversión de la ley y de los principios morales más elementales?
Los ejecutores voluntarios de la tortura lo son menos que los altos cargos y los magistrados que la justificaron y la fomentaron; y éstos, menos responsables, a su vez, que quienes teniendo el poder de tomar decisiones políticas les pidieron que lo hicieran.
Los Gobiernos extranjeros aliados, sobre todo los europeos, también tienen su parte de responsabilidad: pese a haber estado siempre al corriente de la existencia de estas prácticas y de haberse beneficiado de la información obtenida por estos medios, nunca, ni antes ni ahora, se preocuparon por alzar la más mínima protesta, ni siquiera hicieron el más leve signo de desaprobación. Quien calla otorga. ¿Habría que sentarlos en el banquillo?
En una democracia, la condena de los políticos consiste en privarlos del poder no reeligiéndolos. Y con respecto a los otros profesionales, se esperaría que sean sus iguales quienes les impongan el castigo, pues ¿quién querría ser alumno de semejante profesor, paciente de un médico tal o juzgado por un juez así?
Si se quiere comprender por qué estos valientes estadounidenses aceptaron tan fácilmente convertirse en torturadores, de nada vale intentar encontrar argumentos en el odio o en un miedo ancestral a los musulmanes o a los árabes. No. La situación es mucho más grave.
Lo que nos enseñan los documentos estadounidenses que acaban de hacerse públicos es que, siempre y cuando forme parte de un colectivo y esté respaldado por él, cualquier hombre que obedezca a los nobles principios dictados por el “sentido del deber”, por la necesaria “defensa de la patria”, o que se deje arrastrar por un temor elemental por la vida y el bienestar de los suyos, puede convertirse en torturador.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
lunes, mayo 11, 2009
“Nosotros no torturamos”
Cuando en septiembre del 2006 se le preguntó si había algo malo en cómo trataban los interrogadores estadounidenses a los prisioneros “valiosos” en Guantánamo y otros lugares, George W. Bush dio la célebre respuesta: “Nosotros no torturamos”.
La definición de la tortura es notablemente escurridiza, pero desde hace tiempo sabemos que el ex presidente había sido, por decirlo de alguna forma, mezquino con la verdad. Como mínimo, los interrogadores estadounidenses estaban violando las Convenciones de Ginebra contra el trato “cruel, inhumano o degradante” ratificadas por EE. UU.
Atar a una persona a una tabla y sumergirla hasta casi ahogarla una y otra vez, u obligar a un preso - desnudo y cubierto de sus propios excrementos-a estar de pie con las manos encadenadas al techo durante días hasta que sus piernas se hincharan el doble de su tamaño normal puede no haber sido tortura en los documentos preparados por los abogados del Gobierno, pero esas prácticas ciertamente son crueles, inhumanas y degradantes.
El primer acto de Obama como presidente fue prohibir la tortura inmediatamente. Ahora la pregunta es qué hacer con respecto a lo sucedido, y específicamente en cuanto al hecho de que los funcionarios más altos de EE. UU. no sólo toleraron sino que ordenaron estas acciones. ¿Se debe acaso enjuiciar a los funcionarios responsables, incluido Bush, por haber violado la ley? ¿Se deben dar a conocer y publicar todos los detalles de lo sucedido? ¿Debe establecerse una comisión especial para investigar? ¿O sería mejor, en palabras de Obama, “mirar hacia el futuro y no hacia el pasado”?
El ex vicepresidente Dick Cheney ha dicho varias ocasiones que no se arrepiente de lo que él llama técnicas de “interrogatorio mejorado”, como los simulacros de ahogamiento, porque “mantuvieron a nuestro país” libre de ataques terroristas. En su opinión, la prohibición de Obama hace que EE. UU. sea “vulnerable”. Es decir, los escrúpulos liberales sobre la moralidad, la legalidad y las convenciones internacionales sobre la tortura son insensatas e irresponsables. La implicación es clara: si hay otro ataque terrorista contra Estados Unidos, sabremos a quién culpar.
Así pues, es mucho lo que está en juego en el “debate sobre la tortura” que se ha apoderado de EE. UU. De un lado están Cheney y sus aliados, que ven la tortura en términos pragmáticos; si hay una amenaza grave a la seguridad colectiva, incluso una democracia liberal debe ensuciarse las manos. A nadie le gusta torturar, pero la seguridad es más importante que los escrúpulos morales, y las leyes siempre tendrán que ajustarse o afinarse. Del otro lado están quienes condenan la tortura como abominación moral que no puede admitirse en ninguna circunstancia.
Pero estas no son las bases sobre las que actualmente se está llevando a cabo el debate sobre la tortura en EE. UU.. Por razones comprensibles, muchos de quienes apoyan la decisión de Obama de prohibir la tortura están tratando de responder a la visión pragmática de Cheney con un argumento igualmente pragmático. Sostienen, a diferencia de Cheney, que la tortura no es la mejor forma de mantenernos seguros. Una persona que sufre un dolor extremo dirá cualquier cosa y proporcionará información poco fiable. Afirman que hay otros métodos de interrogatorio más sofisticados, que no sólo son más humanos (y legales), sino también más efectivos.
Para hacer entender este punto al público en general, al que en EE. UU. todavía es muy fácil convencer del punto de vista de Cheney de que la tortura es justificable si salva vidas, los comentaristas y políticos liberales han solicitado que se establezca una comisión especial que investigue a fondo el historial de la administración pasada. Creen que esto demostrará claramente que la tortura es contraproducente. No sólo daña en gran medida la imagen del país y el Estado de derecho, sino que es probable que haga aumentar, y no disminuir, el terrorismo.
Pero, ¿son estos realmente los términos adecuados en que se debe llevar a cabo el debate? Si la tortura es un mal absoluto, independientemente de las circunstancias, la cuestión de su efectividad es irrelevante. Debatir en esos términos amenaza con diluir el principio moral.
Queda la pregunta de por qué debe condenarse absolutamente la tortura, mientras que otros actos de guerra, como los bombardeos, que causan más daño a la vida humana, podrían ser aceptables como consecuencia inevitable de la defensa nacional. Naturalmente los bombardeos pueden ser crímenes de guerra si se utilizan como acto de terrorismo contra personas desarmadas. Pero a menudo las operaciones militares en las que mueren o resultan heridos civiles no pueden calificarse automáticamente como crímenes, siempre que su objetivo no sea infligir deliberadamente dolor o humillación a un individuo indefenso, aunque sea un enemigo. En el caso de la tortura, ese es el objetivo y por ello es distinta de otros actos de guerra. Un destacado comentarista de derechas estadounidense opinó recientemente que todo intento de pedir cuentas a los torturadores y sus jefes de la administración Bush sería una burla “de los esfuerzos de los duros y valientes estadounidenses que nos cuidan mientras dormimos”. Aparte de que torturar personas no es lo mismo que combatir y requiere muy poco valor, es una interpretación totalmente errónea. Tras años de torturar gente en una de las “guerras sucias” más salvajes de América del Sur, los generales de Brasil decidieron acabar con ella, porque su uso institucionalizado estaba socavando la disciplina y la moral de las fuerzas armadas. Estaba ridiculizando a hombres que debían ser duros y valientes, pero que se habían convertido en matones.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
sábado, mayo 09, 2009
El príncipe torturador
Primero un hombre vestido con una chilaba blanca dispara de noche alrededor de otro sentado en el suelo que grita aterrorizado y pide piedad. Después golpea sus testículos con un aguijón eléctrico para arrear ganado y se lo introduce en el ano. Vierte a continuación el líquido de un mechero sobre los testículos de la víctima y les prende fuego antes de preguntar dónde está la sal. Cuando la encuentra la esparce sobre las heridas sangrantes. Por último, le atropella varias veces con un coche todoterreno. Se oye el crujido de sus huesos.
El torturador es el jeque Issa Ben Zayed Al Nahyan, hermano del jeque Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, soberano de Abu Dabi y presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Actúa con la ayuda de un policía uniformado y de otros hombres vestidos con chilabas. Su víctima es Mohamed Shah Poor, un comerciante afgano al que le reprocha haber perdido un cargamento de cereales, valorado en unos 4.000 euros, que el jeque había adquirido.
El jeque Al Nahyan pidió a un hombre de su confianza que grabase en vídeo el suplicio al que sometió a Poor en 2004. Cinco años después la cadena de televisión estadounidense ABC News emitió, el 22 de abril, amplios extractos de los 45 minutos de aquel rodaje provocando un escándalo en EE UU y poniendo en apuros a la monarquía emiratí.
Interior zanjó el asunto
Ante las acusaciones formuladas contra un miembro de la familia real los Emiratos no tuvieron más remedio que reaccionar. No pusieron en duda la autenticidad de las imágenes. El Ministerio del Interior publicó, primero, un comunicado dando el asunto por zanjado porque ambas partes -el afgano Poor salió milagrosamente con vida- habían decidido resolver el incidente "de manera privada renunciando a recurrir a los tribunales".
Human Rights Watch, la ONG estadounidense de defensa de los derechos humanos, no se dio por satisfecha. Envió el 28 de abril una carta [en inglés] al presidente de los Emiratos en la que le pide que un órgano independiente investigue los hechos.
La respuesta fue algo más convincente. La Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia emiratí aseguró entonces, en otro comunicado [en inglés], que "el Gobierno de Abu Dhabi condena inequívocamente las acciones mostradas en ese video". Después anunció que "llevará a cabo de inmediato un examen exhaustivo del asunto y dará a conocer sus conclusiones". Acaso tenga más trabajo del previsto.
El vídeo fue entregado a ABC News por Bassam Nabulsi, un hombre de negocios estadounidense de origen árabe afincado en Houston, que fue socio del jeque Al Nayan y se trasladó a vivir a Abu Dhabi. Se ganó su confianza cuando le atendió en Houston donde acudió a un centro médico.
El jeque llegó a pedir incluso al hermano de Nabulsi que inmortalizase en vídeo los tormentos porque, según él socio tejano, "le gustaba verlos más tarde en el palacio real". El empresario tejano afirma ahora a través de su abogado, Anthony Buzbee, que posee nada menos que dos horas de grabaciones de torturas infligidas a 25 personas, varias de ellas inmigrantes sudaneses.
Cuando aún residía en Abu Dhabi se las mostró a funcionarios del Departamento de Seguridad Interior de EE UU, que instruyen in situ a la policía local, y estos le aconsejaron que se marchara inmediatamente del país. En su informe sobre los derechos humanos en los Emiratos en 2008 el Departamento de Estado señala [en inglés], no obstante, que "un miembro de la familia real torturó a un extranjero que le cobró de más en un negocio de compraventa de cereales".
Víctima de sus tormentos
Nabulsi acabó cayendo en desgracia, por razones no aclaradas, a ojos del jeque Al Nahyan. Se convirtió en una nueva víctima de sus tormentos. Ingresó además en prisión y fue juzgado y condenado por poseer medicamentos sin recetas expedidas por un médico de Abu Dhabi -él asegura que se la extendió un facultativo de Houston- antes de ser expulsado. Ahora le ha denunciado a Al Nahyan por torturas ante un tribunal federal de EE UU. El Gobierno de los Emiratos aseguró que en ningún momento fue maltratado.
"Es una de las cosas más horribles que he visto en mi vida", afirmó el congresista demócrata Jim McGovern, después de haber visto el vídeo. "Mi impresión es que esto es sólo la punta del iceberg", añadió. McGovern, que es copresidente de la comisión de derechos humanos de la Cámara de Representantes, escribió una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, expresando su "horror, repulsa e irritación" ante la actuación de los Emiratos.
"El video complica el acuerdo de EE UU con los Emiratos", titulaba el diario The New York Times [en inglés] anticipando algunas de las consecuencias de la exclusiva televisiva. El Congreso de EE UU puede poner trabas a la ratificación de un acuerdo sobre cooperación nuclear civil con los Emiratos concluido en enero, días antes de que George Bush traspasase la presidencia a Barack Obama. Por de pronto, la nueva Administración va a retrasar el envío del tratado a las cámaras hasta que los ánimos se calmen, según la televisión CNN.
martes, mayo 05, 2009
La revelación de "Secretos" en la década del 70 no destruyó a la nación
El Presidente Barack Obama prometió un gobierno “más transparente…más creativo”. Su publicación de los memorandos sobre la tortura, y la esperada publicación por parte del Pentágono de más fotos de maltrato a detenidos, es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, aseguró a la CIA que no procesará a quienes acataron la orden de torturar que dio el gobierno de Bush. Quizá el Congreso no esté de acuerdo con esta indulgencia, ya que importantes senadores están pidiendo que se lleven a cabo investigaciones.
El Senador demócrata de Michigan, Carl Levin, es presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, y acaba de publicar un informe de 262 páginas titulado “Investigación sobre el trato a detenidos en custodia de Estados Unidos”. Levin dijo que el informe “representa una condena tanto de las políticas de interrogación del gobierno de Bush, como de los altos funcionarios del gobierno que intentaron culpar de los abusos a soldados de bajo rango. Las afirmaciones…de que los abusos a los detenidos podrían ser atribuidos a actos no autorizados de ‘algunos descarriados’ eran siplemente falsas”. El Senador demócrata de Vermont, Patrick Leahy, y la Senadora demócrata de California, Dianne Feinstein, también están proponiendo realizar investigaciones.
El interés del Senado en realizar una investigación cuenta con el apoyo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Apoyan la iniciativa desde la Presidenta de la Cámara y diputada demócrata de California, Nancy Pelosi, hasta el Presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, el diputado demócrata de Michigan John Conyers, que le dijo recientemente al Huffington Post, “Vamos a ir tras ellos”.
Amrit Singh, abogada que forma parte del equipo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), dijo que las fotos del Pentágono “proporcionan una prueba visual de que el maltrato a prisioneros por parte de personal estadounidense no era una aberración sino una práctica generalizada, que se extendió mucho más allá de los muros de Abu Ghraib. Su revelación es fundamental para ayudar a la población a entender la dimensión y la escala de los abusos a prisioneros, al igual que para responsabilizar a los funcionarios de alto rango por haber autorizado o permitido dichos abusos”. La ACLU también obtuvo un fallo favorable para obtener documentos vinculados a la destrucción, por parte de la CIA, de 92 cintas de video que muestran a funcionarios aplicando técnicas severas de interrogatorio. Las cintas desaparecieron, supuestamente, pero permanecen las notas sobre el contenido de las mismas, y un juez federal ordenó su publicación.
En diciembre de 2002, cuando el programa de tortura de Bush estaba en plena vigencia, el entonces Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, aprobó una serie de técnicas de interrogatorio severas descritas en un memorando redactado por William Hayes Segundo (uno de los llamados “Seis de Bush” que están siendo investigados por el Juez español Baltasar Garzón). Al final del memorando, debajo de su firma, Rumsfeld escribió a mano: “Yo estoy de pie de 8 a 10 horas al día. ¿Por qué el tiempo para estar de pie se limita a 4 horas?” Rumsfeld clasificó cuidadosamente la información durante sus años en el gobierno.
La población estadounidense enfrentó una crisis similar a mediados de la década del 70. Mientras se revelaba el escándalo de Watergate, aumentaban las pruebas generalizadas de la actividad ilegal llevada a cabo por el gobierno, como el espionaje a nivel nacional y la infiltración y el desmantelamiento de grupos políticos legales, en su mayoría grupos contra la guerra, en una amplia ofensiva secreta del gobierno contra quienes pensaban diferente. En respuesta, se creó el Comité Selecto del Senado para Estudiar las Operaciones del Gobierno con Respecto a Actividades de Inteligencia. Se hizo conocido como Comité Church, por su presidente, el Senador demócrata de Idaho, Frank Church. El Comité Church documentó y denunció actividades extraordinarias de la CIA y el FBI, como los intentos de la CIA de asesinar a líderes extranjeros, y el programa de contrainteligencia del FBI, COINTELPRO, que espió ampliamente a importantes líderes como, por ejemplo, al Dr. Martin Luther King Jr.
No solo las prácticas son similares, sino también las personas. Frederick A.O. Schwarz Jr., el Presidente del Consejo de Abogados del Comité Church, advirtió que dos personas durante el gobierno de Ford intentaron impedir el trabajo del comité: “Rumsfeld y luego [Dick] Cheney fueron personas que pensaron que no debería saberse nada acerca de estas operaciones secretas, y que debería haber la mayor interferencia posible”.
La viuda de Church, Bethine Church, ahora de 86 años de edad, continúa siendo muy activa en la vida política en Idaho. Fue tan activa en Washington en la década del 70 que era conocida como la “tercera senadora de Idaho”. Bethine me dijo que debe haber una investigación similar sobre lo que está sucediendo ahora: “Cuando piensas en todas las cosas que el Comité Church intentó aclarar y cuando piensas que Cheney y toda esa gente se manejó en un estado de total secreto—siempre hay algo secreto en todo lo que hacen—y que no querían que se supiera nada… Creo que la gente debe saber lo que sucedió. Y es por eso que pienso que [se necesita] un comité independiente, fuera del Congreso, que analice el problema en su totalidad y de cuenta de todo lo que sucedió”.
—————————————————
Amy Goodman es presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero internacional diario de una hora de duración que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en 200 emisoras en español. En 2008 fue distinguida con el “Right Livelihood Award”, también conocido como el “Premio Nobel Alternativo”, otorgado en el Parlamento Sueco en diciembre.
© 2009 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Los torturadores deberían ser castigados
Escuche
SPOKANE, Washington — George W. Bush afirmó insistentemente que Estados Unidos no practicaba la tortura.
Sin embargo, los cuatro memorandos de la Oficina de Consejo Legal de la época de Bush, publicados la semana pasada por el Departamento de Justicia del gobierno de Barack Obama, pintan un panorama totalmente diferente. Los memorandos desclasificados dieron autorización legal para aplicar “técnicas severas de interrogatorio” utilizadas por el gobierno de Bush durante los años posteriores al 11 de septiembre de 2001. Autorizaron—como enumera el memorando del 1° de agosto de 2002, del entonces Vice Fiscal General Jay Bybee—a “golpear a los detenidos contra una pared, abofetearlos en el rostro, confinarlos en condiciones de hacinamiento, obligarlos a permanecer de pie contra una pared sosteniéndose con los dedos, forzarlos a permanecer en posiciones incómodas, privarlos del sueño, colocar insectos en una celda de confinamiento, y [permitieron] el submarino”.
Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), durante el gobierno de Bush, la Oficina de Consejo Legal “se convirtió en la facilitadora de la conducta ilegal del gobierno, publicando docenas de memorandos con la finalidad de permitir graves violaciones al derecho nacional e internacional”.
Los memorandos autorizan lo que el Comité Internacional de la Cruz Roja denominó, en un informe filtrado, “trato y técnicas de interrogatorio (…) equiparables a la tortura”.
Estas técnicas de tortura fueron desarrolladas por dos psicólogos de Spokane, Washington: James Mitchell y Bruce Jessen. Su empresa, Mitchell, Jessen & Associates, brindó capacitación especializada a miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para lidiar con la captura por parte de fuerzas enemigas. El programa de entrenamiento se llama SERE, sigla que significa Sobrevivencia, Evasión, Resistencia, Escape. Mitchell y Jessen, ambos psicólogos, fueron contratados por el gobierno de Estados Unidos para entrenar a interrogadores en técnicas que, según afirmaron, harían desmoronar a los prisioneros.
Utilizaron la técnica SERE en un sentido inverso. Esta técnica había sido desarrollada originalmente para ayudar a la gente a soportar y sobrevivir a la tortura. En cambio, ellos la utilizaron para entrenar a una nueva generación de torturadores.
La periodista Katherine Eban escribió un artículo de denuncia sobre Mitchell y Jessen en 2007, denominado “Rorschach y Awe”. Le pregunté sobre ellos a la luz de los memorandos de tortura. Describió a Mitchell y Jessen de la siguiente manera: “Eran, ya sabes, académicos que querían estar de algún modo en la palestra operativa, que es un plano muy atractivo para estar. Pero, de hecho, eran profesores y supervisores del programa SERE, donde solamente monitoreaban el bienestar de los soldados. No eran científicos. No tenían datos, según mis fuentes, para demostrar que al invertir estas tácticas, serían efectivas para obtener información. Entonces, la descripción que obtuve, también de colegas suyos, es que estos tipos eran amateurs. Ya sabes, psicólogos amateurs, como el personaje de Jodie Foster en el Silencio de los Inocentes. Y no lo eran. Pero, aparentemente, –y ahora podemos ver realmente el alcance de esto– fueron muy convincentes al vender el uso de estas tácticas a la CIA”.
Los memorandos brindan detalles atroces de las torturas implementadas. El submarino fue utilizado cientos de veces en una serie de prisioneros. El memorando de Bybee incluye esta autorización kafkiana: “Les gustaría colocar a [Abu] Zubaydah en una celda de confinamiento con un insecto. Nos informaron que, al parecer, él tiene miedo a los insectos. En particular, les gustaría decirle a Zubaydah que pretenden colocar un insecto que pica en la celda junto con él”.
Luego de que el Presidente Barack Obama dijo que no debería haber procesamientos, esta semana fue recibido en la CIA con bombos y platillos. Le pregunté a Mark Benjamin, el periodista que inicialmente reveló la noticia de Mitchell y Jessen, acerca de la postura de Obama. Y esto fue lo que me dijo: “Si te fijas en las declaraciones del Presidente y las unes a las declaraciones de Rahm Emanuel, el Jefe de Gabinete, y de Eric Holder, el Fiscal General (…) verás que en los últimos días el gobierno de Obama anunció que nadie, ni la gente que llevó a cabo el programa de tortura, ni los que diseñaron el programa, ni la gente que autorizó el programa, ni quienes dijeron que era legal –a pesar de que sabían que honestamente no lo era– ninguna de esas personas afrontará cargos. El Fiscal General anunció que el gobierno, además, pagará los honorarios legales de las personas en contra de las que se hayan presentado cargos en cualquier parte del mundo, o que tengan que comparecer ante el Congreso. Les proporcionarán abogados (…), les han dado inmunidad total (…) a cambio de nada”.
La Presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, le pidió a Obama que postergara la decisión de descartar los procesamientos hasta que su Comité termine una investigación que completará en los próximos seis meses. Mientras que Obama promete dejar libres a los torturadores, otros los están buscando. Bybee, actualmente, se desempeña como juez federal. Movimientos de base, desde Common Cause (Causa Común) hasta el Centro por los Derechos Constitucionales, están solicitando al Congreso que presente una acusación formal en su contra. En España, el juez Baltasar Garzón —que logró el procesamiento del dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad— tiene a Bybee y a otros cinco funcionarios del gobierno de Bush en la mira de futuros procesamientos.
Durante años, la gente ha sentido que se ha dado la cabeza contra una pared (y algunos sufrieron esto literalmente, como lo detallan los memorandos). Sin embargo, el día en que se celebraron las elecciones nacionales, parecía que esa pared se había convertido en una puerta. Pero la puerta está apenas entreabierta. Si se abre de una patada o se cierra de un portazo, no depende del Presidente. Aunque posiblemente él ocupe el cargo de mayor poder en la Tierra, hay una fuerza más poderosa: la gente comprometida que exige un cambio. Necesitamos un criterio universal de justicia. Los torturadores deberían ser castigados.
—————————————————
Amy Goodman es presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero internacional diario de una hora de duración que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en 200 emisoras en español. En 2008 fue distinguida con el “Right Livelihood Award”, también conocido como el “Premio Nobel Alternativo”, otorgado en el Parlamento Sueco en diciembre.
© 2009 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Sombra de banquillo
La publicación de una serie de documentos secretos sobre las técnicas de interrogatorio a los detenidos en la ‘guerra contra el terrorismo’ ha situado a los altos dirigentes políticos de la Administración Bush en el punto de mira de los operadores jurídicos norteamericanos (incluido el fiscal general, Eric Holder), por si pudieran ser objeto de una imputación penal como responsables de las presuntas torturas infligidas a los prisioneros de Guantánamo. Ahora bien, para que prosperase dicha imputación debería demostrarse, en primer lugar, que las técnicas de interrogatorio constituyen ‘tortura’; en segundo lugar, que el presidente Bush, el vicepresidente Cheney, el secretario de Defensa Rumsfeld o la consejera presidencial Rice tuvieron pleno conocimiento de las mismas; y, en tercer lugar, que exista un procedimiento para culparles por ellas aunque obviamente no hayan practicado, ni presenciado siquiera, las técnicas de interrogatorio a los detenidos en dicha prisión.
En términos jurídicos, la Convención de Naciones Unidas de 1984 -ratificada por Estados Unidos diez años más tarde- define la tortura como «todo acto por el cual se inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia». Aunque las autoridades norteamericanas han sostenido siempre que el trato a los detenidos por terrorismo no incurría en esta aberrante práctica, informes neutrales de Amnistía Internacional (2004), Naciones Unidas (2006) o Cruz Roja Internacional (2007) han afirmado lo contrario. Pero ninguno de estos informes resulta tan revelador como el emitido en noviembre de 2008 por el propio Senado estadounidense (’Inquiry into the treatment of detainees in U.S. custody’), fruto del análisis exhaustivo de más de 200.000 páginas de documentos -incluidos los considerados secretos hasta esta semana-, que ofrece todo lujo de detalles sobre el modo en que se realizaban los interrogatorios a los detenidos por terrorismo.
Una mera lectura de sus 19 conclusiones revela que Rumsfeld y asesores directos de Bush (Alberto Gonzales) y de Cheney (David Addington) fueron los artífices de la elaboración de un estatus ‘paralegal’ de los detenidos, a los que no sólo se privaría de los derechos reconocidos en la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra, sino que se aplicaría el manual de técnicas de interrogatorio utilizado en las academias militares para adiestrar a sus alumnos en la resistencia frente a una eventual captura por el enemigo; técnicas que incluyen el ahogo por inmersión, el sometimiento a posturas estresantes o a ruido ensordecedor durante días, la privación del sueño, la aplicación de altas o bajas temperaturas, la amenaza con graves daños al detenido o a su familia y otras vejaciones semejantes que encajan a la perfección en el concepto de tortura y cuya práctica fue ‘ordenada’ por el Gobierno norteamericano, de acuerdo con ese informe del Senado. ¿Sería posible entonces una persecución penal contra los responsables políticos de esta violación de los derechos humanos?
El Derecho penal democrático sólo permite sancionar a un ciudadano cuando se acredita su «responsabilidad personal» en el hecho cometido, ya sea como autor o como partícipe. Sin embargo, a raíz del atroz genocidio cometido por el régimen nazi, los penalistas han trabajado para fundamentar la imputación del delito no sólo a quien realiza directamente la conducta punible, sino a quien maneja la estructura de poder en cuyo seno se comete. Desde el juicio a Eichmann en Jerusalén (1961) -por la matanza de miles de judíos- hasta la condena a los jefes políticos de la Alemania Oriental (1994) -por los crímenes del Muro-, pasando por el ejemplar castigo a la Junta Militar Argentina (1985) -por la desaparición y asesinato de miles de personas durante la dictadura, justificadas también por el embate del terrorismo-, distintos tribunales se han enfrentado a este problema. Y todos han condenado como asesinos a quienes no habían matado directamente a nadie, creando una valiosa jurisprudencia que podría aplicarse sin duda al caso norteamericano. De acuerdo con esos precedentes, quien domina un aparato de poder, dotado de estructura jerárquica, donde las decisiones tomadas ‘arriba’ son ejecutadas desde luego por los subordinados, no es sólo instigador de los delitos cometidos por éstos, sino el auténtico ‘autor’ del hecho, porque lo domina y tiene capacidad para decidir si se comete o no. Exactamente eso es lo que ha ocurrido con las torturas infligidas a cientos de personas por miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desde 2001 en la sedicente ‘guerra contra el terror’, torturas que son patrimonio del Gobierno Bush, cuyos altos dirigentes podrían ser condenados como autores de las mismas, si nos atenemos al escalofriante informe del Senado norteamericano y a la elocuente afirmación del fiscal general, Eric Holder, quien ha declarado recientemente que «nadie está por encima de la ley» en ese país.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
"Señora Rice, ¿qué piensa de los métodos utilizados por Bush con los presos?"
Parecía que iba a ser una simple visita a un colegio de primaria de Washington pero fue todo un test en tercer grado. La antigua secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, acudió a una escuela judía de la capital estadounidense para dar una charla y enseñar a los niños la importancia de viajar y aprender idiomas con vistas al futuro laboral.
Según el programa previsto, Rice tenía que hablar tranquilamente ante varias decenas de chavales y después abrir un turno de preguntas. Todo parecía un mero trámite, pero los estudiantes resultaron ser más quisquillosos que los periodistas en una rueda de prensa. Según informa el diario The Washington Post, hubo niños que le preguntaron sobre los métodos de tortura del Gobierno de George W. Bush.
Los jóvenes escolares querían saber y preguntaban. "¿Qué piensa sobre las cosas que el presidente Obama está diciendo sobre los métodos utilizados por Bush para conseguir información de los detenidos?", preguntó Misha Lerner. La cara de asombro de la ex responsable de Exteriores fue manifiesta, pero salió al paso: "Déjame decirte que el presidente Bush fue muy claro con lo que él quería hacer para proteger al país. Porque después del 11 de septiembre, nosotros queríamos proteger a la nación. Y fue muy claro que no haría nada, nada, que estuviera en contra de la ley o las obligaciones internacionales. Así que el presidente solo quería autorizar las políticas para proteger Estados Unidos".
La ex secretaria de Estado de EE UU, Condoleezza Rice, habla para los estudiantes en el colegio de primaria de Washington.- APLa madre del estudiante reconoció poco después que el chico solo le preguntó en casa que si trabajase para el Gobierno de Obama, podría llevar a cabo los métodos de los que se hablaba a todas horas en televisión. Más de un niño se preguntó lo mismo.
Días antes, Rice había asegurado en una conferencia en la Universidad de Stanford que el waterboarding (asfixia simulada con agua) era legal "por definición si fue autorizada por el presidente". Estas palabras crearon polémica en EE UU cuando la nueva Administración de Obama ha dejado la puerta abierta a llevar ante la ley a los responsables de crear todo el entramado legal para permitir las torturas en la Inteligencia Nacional y el Ejército.
Obama y las torturas de la CIA
La asombrosa vitalidad de la libertad de prensa, en su sentido más lato, y la hipó- tesis de que todos los errores, horrores, contradicciones y pecados saldrán a la luz, para vergüenza y escarnio de sus protagonistas, retornan a la candente actualidad en Estados Unidos con el tenebroso asunto de las torturas empleadas por la CIA contra algunos sospechosos de terrorismo. Luego de que la Casa Blanca publicara los memorandos redactados por los leguleyos para justificar las más duras técnicas de interrogatorio, asistimos al espectáculo de aparente masoquismo con el que muchos norteamericanos hurgan en las heridas que produjeron las controvertidas actuaciones de sus políticos, espías y soldados.
Diluvia sobre un terreno pantanoso porque recordamos las matanzas, los bombardeos y las películas de Vietnam, la filtración de los papeles del Pentágono sobre el falso origen de la guerra y otras mentiras; las intervenciones de la CIA con presidentes de todos los colores, detalladas en libros innumerables; los dislates paranoicos de Nixon aventados por el Watergate; la venta de armas a Irán con destino a los insurgentes de Nicaragua; los fracasos reiterados para eliminar a Castro o la frustración por no haber llegado hasta el corazón del Kremlin en más de 30 años de guerra fría.
DESPUÉS DE cada traumatismo nacional, las cloacas del imperio irrumpen en las calles. En esta ocasión, las revelaciones vienen de lo más alto porque el presidente Barack Obama, según su promesa electoral, ordenó la entrega a la prensa de cuatro memorandos secretos, parcialmente expurgados, que confirman las torturas practicadas por la CIA en los interrogatorios de 28 prisioneros durante la guerra contra el terrorismo declarada por el presidente Bush, en el 2002 y el 2005. Los documentos contienen la opinión de los abogados del Ministerio de Justicia para justificar tan reprobables métodos y remover los escrúpulos de los agentes encargados de practicarlos.
Los detalles y las precisiones macabras de los burócratas sobre las cautelas médicas y alimenticias, a fin de asegurar la supervivencia del detenido, son lo más parecido a la pornografía del horror y revelan los estragos jurídicos y políticos de esa combinación diabólica entre la psicosis de la seguridad, derivada de los atentados terroristas de Nueva York y Washington en el 2001, y la voluntad de la Administración de Bush de inventar la tortura legal, sin reparar en los valores democráticos, el Estado de derecho y el control puntilloso del Ejecutivo por parte del Congreso y la opinión publicada, últimas trincheras de la resistencia a la opresión de un sistema proclive al aumento incesante de las prerrogativas presidenciales.
La decisión de Obama, pese a las presiones adversas, incluidas las del director de la CIA, fue debatida al más alto nivel y salió adelante porque las torturas “socavan nuestra autoridad moral y no mejoran nuestra seguridad”, pero causó un gran revuelo y provocó una tormenta mediática con inevitable repercusión en el Congreso, donde se enconaron las posiciones partidistas. La opinión también está desgarrada entre la repugnancia por la vulneración de los principios y los dictados de la moral utilitaria. Las encuestas muestran que la mitad de los norteamericanos y el 52% de los independientes (sin partido) creen que los casos graves de terrorismo justifican que el Gobierno pondere el empleo de la tortura.
Con la publicación de los memorandos secretos, el presidente Obama trata de clausurar un capítulo poco edificante de la historia reciente en el que gobernantes y funcionarios asestaron duros golpes al imperio de la ley (rule of law) y los derechos humanos con el pretexto de la protección. Ahora bien, el repudio de la Administración de Bush no es suficiente para exonerar de culpa a unos poderes legislativo y judicial que cooperaron o se abstuvieron, literalmente miraron para otro lado, mientras se creaba un clima propicio para los excesos en la lucha contra el terrorismo.
LA VOLUNTAD de Obama del borrón y cuenta nueva suscitó acerbas críticas en los sectores izquierdistas, que demandan con una lógica aplastante la persecución judicial de los culpables de las atrocidades. Unos, como Mark J. McKeon, fiscal en el Tribunal Internacional para Yugoslavia, consideran que el derecho de gentes (la convención de la ONU sobre la tortura) fue vulnerado; otros arguyen que la actuación de los jueces será una prueba moral para EEUU, aunque advierten de que, a efectos prácticos, sería necesario que el país estuviera unido, lo que no es el caso, para resolver el dilema de principios o responsabilidad tras el que se oculta la problemática razón de Estado.
Con su promesa de cerrar Guantánamo y de proscribir la tortura en la lucha contra el terrorismo, restaurando plenamente la legalidad, pero protegiendo a sus contraventores, la proclama moral de Obama queda amputada y el alegato jurídico-político corre el riesgo de ahondar el debate entre los partidos sobre las enormes responsabilidades compartidas en una desviación de poder asumida por la clase política. Bush y los republicanos estuvieron acompañados por demasiados demócratas, a la defensiva en asuntos de seguridad, en el tortuoso camino hacia el infierno legal. ¿Hasta qué nivel y qué extensión debe alcanzar la investigación judicial, si se produce? ¿Se arriesgará Obama en el laberinto de una regeneración política explosiva?
Guantánamo, las huellas de la tortura
El candidato a la presidencia de los Estados Unidos Barack Obama se fijó en Guantánamo para visibilizar el cambio que prometía, por eso, al día siguiente de su toma de posesión anunció el cierre de ese extraño lugar, declarando ilegal la tortura que allí se practicaba. Era un gesto ético que debía devolver la confianza de sus conciudadanos en los valores humanitarios sobre los que se había construido el país y que había que mantener “también en tiempos difíciles”.
Pero la ética tiene sus exigencias. Hay una ética complaciente que interpreta el crimen o la tortura como atentados a la moralidad de la ley, de suerte que bastaría ajustar la ley a los derechos humanos para que todo quedara sanado. Y hay otra ética que exige, a quien la invoque, hacerse cargo de los destrozos que las torturas legales causan en la sociedad para poder “mirar hacia delante y no hacia atrás” como quiere su jefe de Gabinete, Rahm Enmanuel. La ética política propia de los tiempos que corren es de ese tipo. La autoridad de la ley, con ser importante, lo es menos que los daños en humanidad que causa un crimen o la tortura en la sociedad, es decir, en el verdugo, en la víctima y en el resto de ciudadanos.
La sociedad, es verdad, no reacciona de la misma manera ante el crimen político que ante la tortura porque ve en el crimen una amenaza a lo más propio y, en la tortura, un instrumento del Estado, a veces exagerado, destinado a proteger vidas y haciendas. Minusvalorar la tortura es, sin embargo, un grave error porque su práctica mina las bases de la convivencia.
El crimen mata, en efecto, físicamente, mientras que la tortura busca la deshumanización del torturado. Jean Améry, un superviviente de Auschwitz que no pudo sacudirse nunca la ignominia de los castigos que padeció, dejó escrito un testimonio esclarecedor de esa bajada a los infiernos. “Con el primer golpe”, dice, “se quebranta la confianza en el mundo del que esperas cuide de tu ser físico y metafísico. Es como una violación sexual. La violación corporal es una forma consumada de aniquilación total de la existencia”. Aniquilación de la existencia humana porque el dolor obliga a renunciar a las convicciones más profundas para concentrarse en el cuerpo. Sólo se es piel, carne y huesos. La vergüenza por haber sacrificado su vida espiritual le acompañará de por vida. La última etapa de ese proceso de deshumanización consiste en reconocer la superioridad del torturador. “¿Cómo puede uno recibir golpes”, dice Robert Antelme, otro superviviente, “y pretender tener razón?”. Quien es capaz de reducir a un hombre a mero cuerpo tiene que ser “un dios o al menos un semidiós”, precisa Améry.
Lo que sí es innegable es que mediante la tortura el ser humano alcanza el éxtasis del poder, a saber, expulsar al otro de la condición humana. De Guantánamo nos vino una sobria confesión que coincide con las noticias que nos han llegado de los campos nazis: “Ahora soy medio animal y dentro de un mes seré un animal del todo”.
La deshumanización alcanza también al torturador. En la escuela de Himmler se preparaba a los cachorros nazis para sus futuras tareas enseñándoles “a soportar el sufrimiento ajeno”. Recibían el certificado de aptitud cuando lograban extirpar de sí mismos todo sentimiento de piedad. Y es que no se viola en vano la dignidad del otro. Hay que pagar con el precio de la propia indignidad. El funcionario de la prisión de Guantánamo podrá volver a casa, una vez cumplido el horario, y oír música, pero seguirá con la infamia que se ha ganado. La ley de obediencia debida, que invoca Obama, podrá liberarle de la condena pero no del destrozo humanitario.
Tampoco queda intocada la humanidad del espectador. El ciudadano de una sociedad con Guantánamo al fondo sólo puede vivir su vida si considera aquel lugar como un espacio marginal en el que se han suspendido excepcionalmente los derechos humanos. Un lugar así sólo es soportable a la buena conciencia si se nos presenta como un paréntesis, como una excepcionalidad.
Guantánamo es, desde luego, un lugar marginal, excepcional, extramuros de la polis estadounidense. No una cárcel, donde sí hay derechos, sino un “espacio sin ley” en el que los retenidos no son acusados de nada preciso, ni hay tribunales a los que recurrir, ni juicio a la vista, ni siquiera son declarados prisioneros de guerra sino inscritos como “combatientes ilegales”. Se les priva del derecho pero no se les deja en paz, sino que quedan sometidos al albur del carcelero cuya voluntad es la única ley. Guantánamo era lo más parecido a un campo de concentración, con un agravante. Una de las pocas normas que los nazis observaron con regularidad prusiana con los deportados consistía en desnaturalizarlos completamente, es decir, en despojarlos de los pocos derechos civiles que les habían dejado las leyes de Nürenberg de 1935. Por eso una orden del capitán de la SS, Dannecker, ordenaba que los judíos “deberían ser privados de su ciudadanía bien antes o bien en el día de su deportación”. Llegaban al Lager desprovistos de su categoría de sujetos de derechos para que fuera legal el uso de toda forma de violencia. Por lo que sabemos, a los “combatientes ilegales” de Guantánamo se les ahorraba esa formalidad, aunque las consecuencias eran parecidas en cuanto a la privación de derechos. Lo problemático de Guantánamo es que, aunque física y legalmente sea un lugar marginal o excepcional, moralmente está en el centro. Esa ciudad sin ley no se la inventaron los carceleros, sino que la decidieron los Bush, Cheney, Rice, Rumsfeld, es decir, los estrategas de una política que ha sacudido al mundo.
Éstas son las secuelas sociales de la tortura, un proceso de deshumanización que afecta al torturado, al torturador, al dirigente y al ciudadano que hizo su vida en ese tiempo como si Guantánamo no existiera.
Si Obama se plantea dejar atrás el legado de George W. Bush y “colocar a Estados Unidos en el buen lugar de la historia”, no le bastará con cerrar Guantánamo, cambiar la ley sobre torturas y aceptar que el fiscal general persiga a los abogados de los informes que cuadraron el círculo haciendo que actos de lesa humanidad adquirieran el rango de prácticas legales. Al fin y al cabo, los abogados hacen informes, dan opiniones y eso no parece que sea delito, por muy descabelladas que sean. La responsabilidad alcanza desde luego a los dirigentes políticos, y, más allá de las responsabilidades políticas, el problema es la salud moral de una sociedad que vivió felizmente teniendo al lado un campo de concentración.
Reflexionando sobre la significación de Guantánamo, el politólogo italiano, Giorgio Agamben, ha llegado a decir que el campo es el símbolo de la política moderna. Es desde luego una exageración pero el exabrupto apunta en una dirección que debería dar que pensar. Se multiplican, por un lado, los “espacios sin ley” aplicados preferentemente a emigrantes sin papeles, mientras que, por otro, “tres cuartas partes del mundo han recurrido a la tortura en los últimos años”, según Amnistía Internacional. ¿Será que vamos hacia una democracia con muchas leyes y poco derecho?
Elie Wiesel dejó dicho que “los santos son los que mueren antes del final”. La resistencia del ser humano respecto a la tortura tiene un límite. Mientras no se supere ese punto es posible la dignidad, pero una vez alcanzado no hay santidad ni heroicidad que valgan. El torturador busca ese límite porque en él está el secreto que espera arrancar del torturado. Dick Cheney lo justifica diciendo que gracias a esas confesiones se ha garantizado la seguridad de los que ahora le critican. En La Obra, Kafka también habla de un ser vivo tan obsesionado con la seguridad que al final los túneles que deberían protegerle se convirtieron en su propia trampa.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
viernes, mayo 01, 2009
Incógnitos torturadores futuros
Son muchos los que afirman que todo ser humano es un torturador en potencia, aunque sólo ejercerá como tal si se dan las circunstancias propicias para ello. Según esta teoría, si todavía somos respetables ciudadanos adversos a la tortura es sólo porque la vida no nos ha deparado aún ninguna situación suficientemente extrema, en la que todos llegaríamos a practicarla. Inquietante posibilidad, que, en la siniestra hipótesis de resultar cierta, rebajaría drásticamente nuestra autoestimación como especie viviente.
Recordemos algunos casos de especial significación. El doctor Josef Mengele era un joven médico y antropólogo alemán que, en la II Guerra Mundial, fue reclutado para una unidad de infantería. Herido en el frente ruso, fue declarado no apto para el combate. La enfermedad de un oficial médico del campo de concentración de Auschwitz motivó que fuera designado para sustituirle. Allí Mengele se encontró con miles de condenados a muerte a su absoluta disposición para todo tipo de atroces experimentos de laboratorio. Aquello hizo emerger su verdadera y profunda naturaleza criminal, que en otras circunstancias (sin guerra, sin nazismo, sin campos de exterminio) probablemente no hubiera llegado a manifestarse jamás.
En 1957 el entonces comandante francés Paul Aussaresses participaba en la llamada batalla de Argel contra las fuerzas del FLN que luchaban por la independencia de aquel territorio. En un libro publicado en 2001, siendo ya un anciano general alejado del servicio activo, Aussaresses confesó desvergonzadamente las indignidades (asesinatos disfrazados como suicidio, torturas hasta la muerte a simples sospechosos) que él había protagonizado personalmente 44 años atrás. Crímenes y torturas perfectamente inútiles, pues Argelia logró su independencia pocos años después. Aquel tardío alarde, cínicamente publicitado, le valió ser expedientado, despojado de su rango y del derecho a usar el uniforme, y expulsado de la Orden de la Legión de Honor por decisión de su Gran Maestre, el entonces presidente Chirac.
Si Francia hubiera asumido sólo diez años antes el carácter inevitable del proceso descolonizador no hubiera existido la batalla de Argel ni la de Indochina, y los grandes torturadores uniformados como Aussaresses hubieran permanecido toda su carrera como hombres de honor supuestamente intachables, cuyas manos nunca se hubieran pringado en actos bochornosos. Pero, una vez más, fue la circunstancia histórica la que creó la oportunidad, revelando al torturador vocacional que llevaban dentro.
En 1973, el capitán Jorge Silva, de la Fuerza Aérea de Chile, fue capturado por su actitud adversa al golpe de Pinochet. En la AGA (Academia de Guerra Aérea) fue torturado con brutales descargas eléctricas. En una ocasión, como consecuencia de un exceso de voltaje, se le produjo una hemorragia nasal. Sus torturadores, creyendo que estaba sin conocimiento o tal vez muerto, le retiraron la capucha, lo que, pese a su estado, le permitió verles las caras. ¿Y quiénes eran? Pues nada menos que los entonces comandantes de su mismo cuerpo Edgar Ceballos y Ramón Cáceres (hoy condenados por la justicia chilena), a los que Silva conocía y apreciaba. Sin aquel golpe militar, ambos comandantes hubieran seguido siendo aparentemente dignos de aprecio como compañeros y como superiores. Pero llegó la barbarie pinochetista y pudieron dar rienda suelta a su insospechada capacidad criminal.
En la obra teatral La muerte y la doncella de Ariel Dorfman -adaptada después como gran película por Roman Polanski-, un médico suramericano ejercía su profesión con toda normalidad en una ciudad del Cono Sur. Pero llegaron las dictaduras militares de los años setenta y el doctor Miranda fue contratado por las fuerzas de seguridad para prestar apoyo técnico a los represores. Se trataba de evitar que, por falta de práctica y conocimientos médicos de los torturadores, sus víctimas murieran entre sus manos de forma prematura, antes de haber podido exprimir toda su posible información. Pero el ámbito de impunidad garantizada que ofrecía el antro de tortura, clandestino, oficialmente inexistente, con sus víctimas encapuchadas que jamás podían ver la cara de sus verdugos, y la certeza de saber que de allí sólo salían muertas, creó una situación tan delirante que el respetable doctor, saltando por encima de los límites de su función técnica inicial, acabó sucumbiendo a la tentación de dedicarse, él también, a todo tipo de torturas y abusos sexuales, perpetrados contra víctimas femeninas en particular. Esta terrible vena sádica del doctor nunca hubiera emergido sin la dictadura.
¿Simple personaje teatral y cinematográfico? De ninguna manera. Los doctores Mengele y similares, igual que los muy reales comandantes Aussaresses, Ceballos, Cáceres y tantos más, existieron, existen, y volverán a existir cada vez que surjan situaciones que vuelvan a colocar patas arriba los valores morales, legales y simplemente humanos que hacen posible la convivencia digna y mantienen en pie esta delicada construcción que llamamos la civilización.
¿Podemos concluir, en consecuencia, que todos nosotros, tan respetables dentro de un mundo normal regido por leyes (aunque imperfectas) y castigos (aplicados a las conductas criminales), nos convertiríamos en desalmados torturadores tan pronto como esas leyes dejaran de regir y esos castigos dejaran de amenazarnos? Nuestra respuesta es rotundamente negativa.
No todos los seres humanos somos torturadores en potencia. Pero algunos sí que lo son. No todos lo somos, ni lo seríamos aunque nos garantizaran la impunidad. Ni aunque nos pagaran grandes sumas por ejercer esa repugnante actividad. Pero, incluso afirmando que no todos seríamos capaces de hundirnos en esa infamia, la cuestión es: ¿sólo lo sería un pequeño porcentaje de sádicos y psicópatas, o también lo sería un número considerable de individuos tenidos por normales?
Lamentablemente, los estudios efectuados en diversas universidades norteamericanas (experimento Milgram y otros) registraron porcentajes preocupantes de individuos normales capaces de torturar a sus semejantes, con el simple requisito de que se les proporcione una motivación supuestamente válida: la obediencia a una autoridad que les garantice la impunidad.
A la vista de tantos casos trágicos -reales y nada experimentales- que llenan los informes de las diferentes Comisiones de la Verdad y de los organismos defensores de derechos humanos, no podemos sustraernos a la gran pregunta: ¿cuántos de nuestros vecinos, cuántos de nuestros colegas de profesión, cuántos de nuestros parientes, cuántas de las personas aparentemente normales con las que departimos y nos cruzamos a diario, demostrarían su capacidad como torturadores si se dieran determinadas situaciones? ¿Cuántos se pondrían a aplicar descargas eléctricas de alto voltaje al cuerpo de sus semejantes, o tantas otras formas de destrozar a un ser humano? ¿Cuántos y quiénes lo harían si colapsaran las admirables garantías que, por ejemplo, proporciona una Constitución como la nuestra?
Recordemos, una vez más, la frase de Ernesto Sábato, tras promulgarse en Argentina las leyes de impunidad de 1986 y 1987, y los posteriores indultos de 1989 y 1990: “Hoy, los argentinos tenemos la inmensa vergüenza de saber que, al recorrer nuestras calles y plazas, nos cruzamos con cientos de asesinos y torturadores de la peor especie que circulan con plena libertad”. En términos similares, pero pasando del pasado al futuro (Sábato se refería a torturadores ya identificados como tales), nosotros diríamos: los ciudadanos de cualquier sociedad en paz y democracia tenemos que convivir con la penosa incógnita de cuántos de nuestros semejantes con los que nos cruzamos, no identificados en absoluto como peligrosos, serían capaces de aniquilar nuestra dignidad e integridad física si las circunstancias se lo permitieran.
Esto nos ratifica en una valiosa conclusión: son precisamente las leyes democráticas, pese a su a veces desesperante imperfección, las que ejercen la impagable función de defender nuestra integridad física y moral, protegiéndonos de las ocultas fieras de apariencia humana que se mueven entre nosotros, sin ningún cartel identificador que las señale como los temibles torturadores que podrían llegar a ser.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
Obama, ante las torturas de la CIA
Las muchas vías de investigación de las abusivas «técnicas de interrogatorio» practicadas por la administración Bush conducen a un hecho inconveniente y terco: la tortura no es sólo inmoral, sino también ilegal. Esto significa que una vez que sepamos toda la verdad, estaremos obligados por ley a actuar al respecto.Comprensiblemente, la Administración Obama quiere evitar entramparse en un largo y agotador drama legal que casi seguro será partidista y divisorio. Pero no estoy seguro de que sea posible esquivar las implicaciones delictivas de lo que ya sabemos, por no hablar de lo que podríamos descubrir en el curso de una investigación integral de estilo «comisión de la verdad» con acceso a todos los testigos y documentos relevantes.
Con la cuestión moral, el Gobierno ha sido directo y honrado.Una de las primeras acciones del presidente Obama fue anunciar que Estados Unidos no va a practicar más el interrogatorio por ahogamiento ni ningún otro método abusivo, diciendo que tales aberraciones son contrarios a los valores y las tradiciones de la nación. El fiscal general Eric Holder afirmaba durante su vista de confirmación que «el interrogatorio por ahogamiento es constitutivo de tortura». Esta claridad refrescante y admirable supone un acusado contraste con la neblina de equívocos legalistas entre los que la Administración Bush disimulaba sus cárceles secretas.
Con la cuestión legal, sin embargo, el equipo Obama viene siendo mucho menos tajante. Esto es lo que decía Dennis Blair, director de Inteligencia nacional, a su personal acerca de los abusos en los interrogatorios a través de una nota la semana pasada: «Me gusta pensar que yo no habría aprobado esos métodos en el pasado, pero no critico a aquellos que tomaron las decisiones en aquel momento, y decididamente defenderé a aquellos que llevaron a cabo los interrogatorios cumpliendo las órdenes que recibieron».Por dejar constancia de lo evidente, esto no tiene ni pies ni cabeza. Si Blair no ha autorizado «esos métodos» -parte de los cuales cumplen claramente la definición legal de tortura, en mi opinión- entonces ¿por qué exonerar a aquellos que ordenaron los abusos y a aquellos que los llevaron a cabo?
Al menos Blair, a cargo de los agentes que desempeñaron los abusos, tiene motivos para mostrarse tan equívoco a propósito de la transparencia.Y podemos estarle agradecidos por refutar de forma tajante la defensa de la tortura que se cita con mayor frecuencia: que la asfixia por ahogamiento, la privación del sueño, las posturas tensionales y los demás abusos eran necesarios para obtener información vital que protegió a los estadounidenses de otro ataque de Al Qaeda. «La información más importante salió de interrogatorios en los que se utilizaron esos métodos», escribía Blair. Pero en un comentario independiente, añadía que «no existe forma de saber si esa misma información se podría haber obtenido o no a través de otros medios».
La gente se derrumba bajo torturas y canta lo que sabe, junto a lo que no sabe y lo que piensa que sus torturadores quieren escuchar. Pero no hay manera de estar seguros de si esa valiosa información habría surgido por métodos tradicionales -y legales- de interrogatorio. Incluso si los expertos tienen opiniones encontradas acerca de la eficacia de la tortura, hay un punto en el que no pueden discrepar: la tortura viola el Derecho estadounidense y el internacional. ¿Qué abusos son constitutivos legalmente de tortura? Eso probablemente dependa del criterio legal que se aplique. Como mínimo, me parece que está claro que la asfixia por ahogamiento sería declarada ilegal en caso de ser sometida a escrutinio judicial. La práctica se ha considerado tortura por lo menos desde la Inquisición española, excepto, al parecer, entre las paredes de la Oficina de Asesoramiento Legal de George W. Bush. No sé qué más vamos a descubrir si un panel burocrático de investigación de algún tipo se constituye. Pero lo que ya sabemos es suficiente para poder asegurar que antes o después, los abusivos métodos de interrogatorio autorizados por George W. Bush y Dick Cheney entre otros funcionarios van a chocar con la ley. Nuestro sistema, actuando sin intervención, no está diseñado para dar a conocer y después ignorar actos ilegales.
La Administración Obama no lo tiene fácil. Nadie quiere ver caer a agentes de base de la CIA especializados en interrogatorios por lo que sus superiores les dijeron que era legal, especialmente si los superiores no rinden cuentas. Pero la imputación criminal de funcionarios de máxima graduación de la administración anterior carecería de precedentes, y no está claro adónde podría conducir.Va a ser difícil detener este tren una vez en marcha, no obstante.El Estado de Derecho es uno de los principios fundacionales de EEUU. No es algo opcional. Nuestras leyes contra la tortura exigen ser obedecidas.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
domingo, abril 19, 2009
La CIA torturaba con manual
Los interrogadores de la CIA sabían del pánico a los insectos de Abu Zubaida, sospechoso de pertenecer a Al Qaeda, e idearon la forma más sencilla de hacerle hablar: alimentar sus fobias. "Informáis a Zubaida de que le vais a meter un bicho en la caja en la que está encerrado". Esta recomendación para sacar información del sospechoso está recogida en uno de los cuatro documentos, hasta ahora secretos, hechos públicos esta semana y redactados por los abogados de George W. Bush en el Departamento de Justicia para justificar los métodos usados por la Agencia Central de Inteligencia para interrogar a prisioneros en la guerra contra el terrorismo.
Pero los arquitectos de la doctrina del terror sabían que bordeaban la ilegalidad, que debían diseñar un manual de tortura que no pudiera definirse legalmente como tal, por lo que todas las técnicas aprobadas llegan hasta el límite de lo que se considera (o ellos consideraban) trato cruel o inhumano, prohibido por la octava enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Por eso, la siguiente recomendación a los agentes de la CIA es decirles que en lugar de un insecto venenoso introdujeran en la caja (otra de las técnicas recomendadas para romper la voluntad del detenido) de Zubaida una inofensiva oruga. Esta técnica de interrogatorio nunca llegó a ser puesta en práctica. El coordinador de los muyaidin en Afganistán se libró de ser encerrado en una caja hermética bañado en insectos. Pero existe en negro sobre blanco.
Como existe el waterboarding, o asfixia simulada, que sí se utilizó para sacar información de Zubaida. Tumbado sobre una tabla, boca arriba, con los pies más altos que la cabeza, con una toalla o trapo que le cubría la boca, al detenido se le echaba agua desde una altura de 30 centímetros durante treinta o cuarenta segundos. "La sensación de ahogamiento es inmediata cuando se retira el trapo", se lee en uno de los informes.
"El objetivo es causar pánico", se añade. Se recomienda que el proceso sea repetido cuantas veces sea necesario. También se anota que el waterboarding es mucho más efectivo si se aplica junto a la privación de sueño o la manipulación en la dieta.
Tiempos oscuros en la historia de Estados Unidos que ahora salen a la luz. "Nuestro país ha atravesado un capítulo negro y doloroso de su historia", declaró Barack Obama tras conocerse la publicación de los informes del Departamento de Justicia. Capítulo que se cierra sin castigo, ya que el presidente ha decidido no llevar ante los tribunales a los responsables. "Aquellos que cumplieron con sus obligaciones fiándose de buena fe del asesoramiento legal del Departamento de Justicia no serán enjuiciados", declaró Obama. "Ya he puesto punto final a las técnicas descritas en los informes", concluyó el mandatario.
El debate interno hasta llegar a la decisión de desclasificar los informes y no enjuiciar a los responsables de esos interrogatorios ha sido intenso dentro de la Casa Blanca. "Es hora de reflexionar y no de castigar", reiteró el presidente en un comunicado y en una carta enviada a los agentes de la CIA, carta en la que les aseguraba que la nación debía proteger sus identidades "tanto como ellos protegen nuestra seguridad".
"Sería injusto procesar a los entregados hombres y mujeres que trabajaban para proteger América por una conducta que fue autorizada por el Departamento de Justicia", manifestó en el mismo sentido el fiscal general del Estado, Eric Holder. Leon Panneta, actual director de la CIA, escribió en un mensaje a sus empleados: "La CIA responde según el deber lo requiere". Dennis C. Blair, director de Inteligencia Nacional, quita peso al asunto y recuerda que esos informes se escribieron cuando los hombres de la CIA trabajaban frenéticamente para evitar que se produjera un nuevo 11-S. "Estos métodos, leídos en una soleada y segura mañana de abril de 2009, perturban y parecen terribles", declaró esta semana Blair. "Pero sin ninguna duda defenderé a aquellos que entonces los redactaron".
Los cuatro memorandos describen gráficamente y con todo lujo de detalles los brutales métodos que la CIA utilizó en las cárceles secretas que la Agencia tenía dispersas por el mundo sobre cerca de dos docenas de detenidos que, entre 2002 y 2005 (época a la que pertenecen los informes), fueron considerados terroristas que disponían de información vital sobre las operaciones de Al Qaeda.
Basándose en esas técnicas, los interrogadores desnudaban, esposaban y cubrían la cabeza de los detenidos antes de ser interrogados. Cuando el interrogatorio comenzaba, el agente de la CIA de turno descubría el rostro del sospechoso. Si éste no resultaba cooperativo, se abría el catálogo de horrores.
Los informes recomiendan abofetear con la mano abierta: "Produce sorpresa, susto y humillación"; lanzar contra una falsa pared al detenido (técnica llamada walling): "no se trata tanto de hacer daño como de asustar ante el impacto y ruido que produce"; obligar a adoptar "posiciones estresantes"; amarrar al detenido a la pared con un collar de plástico; quitarle la comida; impedirle dormir (hasta un máximo de 180 horas, siete días y medio)... despojarle de toda su ropa y sólo permitirle ponerse un pañal durante la noche...
Algunas de estas técnicas, como desnudar a un detenido, privarle del sueño o ponerle una capucha sobre la cabeza, están prohibidas en el Manual de Campo del Ejército de EE UU. A pesar de ello, entre 2002 y 2005, el Departamento de Justicia autorizó a los agentes de la CIA a aumentar la presión sobre detenidos como Zubaida en aras de la seguridad nacional, recurriendo a métodos de interrogatorio que, incluso hoy en día, el propio Estados Unidos, considera tortura.
lunes, julio 28, 2008
'Tropa de élite', o de cómo un torturador se convierte en héroe
Un disfraz inédito tomó las calles de Río de Janeiro el pasado carnaval. Miles de niños sonrientes, vestidos de negro, lucían en sus camisetas un siniestro escudo: una calavera atravesada por un machete y dos pistolas. Los populares trajes de Superman o de princesa cogían polvo en las tiendas. Este año la moda fue sambar vestido como el capitán Nascimento, y repetir sus sobrecogedoras frases. Nascimiento es el héroe torturador que protagoniza el filme brasileño Tropa de élite, estrenado hace meses en su país de origen y hace sólo diez días en España. Un éxito fulgurante que ganó el Oso de Oro del Festival de Berlín y cuyos espectadores españoles ya se cuentan por decenas de miles.
La estilizada calavera que saltaba entre los confetis y serpentinas del carnaval es el escudo del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), cuerpo conocido por sus métodos para combatir el crimen: tortura, asesinatos y ejecuciones sumarias. ¿Cómo es posible que estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos hayan sido mimetizados de manera festiva, si no con admiración, por buena parte de la población brasileña?
La película trascendió el ámbito meramente cinematográfico desde antes de su estreno. Para entonces más de 12 millones de personas ya la habían visto en DVD piratas tras filtrarse una copia del filme durante la fase de posproducción. "Era como si estuviésemos en los Mundiales, cuando la selección de Brasil se convierte en el objeto de todas las conversaciones", señala el antropólogo Luiz Eduardo Soares, coautor de Elite de la tropa, libro que inspiró la película. La jerga de los personajes de la cinta se trasladó al habla cotidiana. Las frases del filofascista Nascimiento llegaron a ser coreadas por miles de hinchas en el estadio de Maracanã, en Río. Más de 250.000 personas descargaron en sus móviles canciones de la banda sonora. Cuando finalmente llegó a las pantallas, la cinta dirigida por José Padilha se había convertido en la más vista en la historia de Brasil.
Una de las claves del éxito de Tropa de élite es que por primera vez los brasileños vieron en una película todos los matices y el conjunto de una historia que hasta entonces sólo conocían por partes (a través del telediario o por experiencias personales fragmentadas). El filme recrea una operación llevada a cabo por el BOPE en 1997. Meses antes de una visita del papa Juan Pablo II, el grupo fue enviado a una violenta favela próxima al arzobispado de Río de Janeiro. Su reto era sanear el área, es decir, "limpiarla" de traficantes y delincuentes. La operación se cobró más de 30 muertos y decenas de detenidos. Con este telón de fondo, Padilha muestra sin medias tintas una policía brutal, deteriorada por la corrupción: narcotraficantes que siembran el terror y una clase media que consume las drogas que financian a los grupos que dominan las favelas con ramificaciones no sólo en los estamentos policiales, sino también políticos.
La fuerte polémica que rodeaba al filme se intensificó con su estreno. Mientras parte del público se estremecía en la butaca por la crudeza de las escenas, otros espectadores aplaudían. Estas reacciones opuestas no sorprenden a los estudiosos de la violencia en Brasil. "Encuestas recientes ya nos alertaban de que la brutalidad policial y la tortura de delincuentes son aprobadas por cerca de un 30% de la población", añade Soares. "Mirándose en el espejo de la realidad en la pantalla grande, los espectadores adoptan la posición que tienen en la sociedad", concluye. El director de Tropa de élite, José Padilha, va más allá. Cree que la película canalizó el sentimiento de impotencia frente al crimen. "Los brasileños están hasta la coronilla de sufrir la violencia, ya sea de una policía corrupta o de traficantes armados", explica por teléfono a ELPAÍS.com. "El filme no desencadenó esta reacción del público, sólo la canalizó y le dio una medida".
Profundo conocedor de la sociedad local, el antropólogo Roberto da Matta resalta la importancia de analizar el efecto Tropa de élite teniendo en cuenta el contexto. "Si el espectador no conoce el entorno en el que ocurre la historia, cree que los brasileños están locos al apoyar la acción brutal de la policía", dice. "Pero Río es una ciudad contaminada por el tráfico de drogas y el 90% de las personas han sufrido atracos. Yo mismo he tenido en dos ocasiones un revólver del 38 contra el pecho", revela Da Matta.
Con explicación o sin ella, el hecho es que Tropa de élite ha sido recibida con entusiasmo fuera de Brasil. El Oso de Oro le ha abierto a esta película el camino que ya recorriera Ciudad de Dios, de Fernando Meireles, que consiguió cuatro nominaciones al Oscar. 45.000 espectadores españoles la han visto en los 10 días que lleva en cartel: 12.000 de ellos en el último fin de semana. Las dos películas presentan una violencia cruda, con un montaje que no da respiro y un guión ágil (ambas han sido escritas por Bráulio Mantovani). "Los dos filmes, además, hacen una fuerte crítica social", añade Padilha. Estas características están definiendo los rasgos de lo que en Brasil ya se conoce como cine de retomada.
La jerga y los disfraces que llevaban los niños en carnaval tampoco deberían parecer preocupantes, concluye Da Matta, quien apunta el carácter ambivalente del carioca: mofarse de cualquier cosa, incluso de las más graves. No es casualidad que en anteriores carnavales cientos de Bin Ladens bailaran por las calles.
Licencia para torturar
Parte de la policía brasileña ha interpretado el éxito de la película Tropa de élite como una especie de luz verde para hablar menos y maltratar más. El caso más extremo ocurrió en diciembre pasado en el estado de Rio Grande do Sul. Para vengar el asesinato de un agente, unos 10 policías torturaron a cuatro jóvenes: tres hijos del homicida y un amigo de 16 años. A uno de ellos le introdujeron el palo de una escoba por el recto; a todos les golpearon durante una hora y les privaron de oxígeno cubriéndoles la cabeza con bolsas de plástico. Según las víctimas, los torturadores citaban al filme mientras les daban la paliza. "Tristemente, algunos policías creen que ahora cuentan con una especie de aprobación popular para actuar como en la película", reconoce el coronel Luiz Fernando Puhl, encargado de controlar los abusos policiales en el Estado. En febrero, 15 agentes fueron procesados por tortura. Todos han sido suspendidos de sus funciones hasta que se conozca la sentencia. La pena prevista es de dos a ocho años de prisión.
Aunque éste sea el que más claramente demuestra la influencia de Tropa de élite en la policía, no se trata de un caso aislado. En mayo, un periodista, un fotógrafo y un chófer del diario carioca O Día que investigaban para un reportaje en una favela de Río fueron secuestrados y torturados durante siete horas y media por milicias paramilitares vinculadas con la policía. El fiscal baraja que los autores eran policías que operan en la zona y se disputan las barriadas con las bandas de narcotraficantes. Al ser descubiertos en su investigación, los periodistas recibieron descargas eléctricas, patadas y puñetazos, pero lograron salir vivos. Sólo en los tres primeros meses de 2008, la policía de Río mato a más de medio millar de presuntos delincuentes, un 12% más que en el mismo período de 2007. Se trata de la cifra más elevada de los últimos 10 años, según las estadísticas del Instituto de Seguridad Pública de Río.
viernes, julio 11, 2008
Del triunfo a la tortura / From triumph to torture
Hace dos semanas hice entrega del Premio de Periodismo Martha Gellhorn 2008 a un joven palestino, Mohammed Omer. Otorgado en memoria de la gran corresponsal de guerra estadounidense, el premio se destina a periodistas que pongan de manifiesto la labor propagandística de las instancias oficiales, «las chorradas oficiales», como las denominaba Gellhorn. Mohammed compartió los más de 6.250 euros del premio con Dahr Jamail. A sus 24 años, ha sido su ganador más joven. Como se lee en la exposición de motivos del premio, «informa cada día desde una zona en guerra en la que él es además un prisionero. Su tierra natal, Gaza, sufre un asedio, hambre, ataques y olvido. El es un testigo profundamente humano de una de las grandes injusticias de nuestro tiempo. Es la voz de los que no la tienen». Mohammed, el mayor de ocho hermanos, ha visto cómo la mayoría de ellos han caído muertos, heridos o han resultado mutilados. Una excavadora israelí arrasó su casa mientras su familia estaba dentro e hirió de gravedad a su madre. Aún así, según el ex embajador holandés Jan Wijenberg, «es una voz moderada que insta a los jóvenes palestinos no a cultivar el odio sino a buscar la paz con Israel».
Llevar a Mohammed a Londres para que recibiera el premio requirió una operación diplomática de gran envergadura. Israel ejerce un control insidioso sobre las fronteras de Gaza y sólo se le permitió salir con la escolta del embajador holandés. El 26 de junio, en su viaje de vuelta, tenía que encontrarse en el paso fronterizo del Puente de Allenby con un representante del Gobierno holandés, que esperaba a las puertas del edificio israelí, ignorante de que Mohammed había sido detenido por el Shin Bet, los servicios israelíes de seguridad, de triste fama. Mohammed fue conminado a desconectar su teléfono móvil y a quitarle la batería. Preguntó si podía hacer una llamada a su escolta de la embajada holandesa y, de manera brusca, se lo negaron. Un hombre empezó a curiosear en su equipaje, rebuscando minuciosamente entre sus documentos. «¿Dónde está el dinero?», preguntó. Mohammed sacó unos pocos dólares estadounidenses. «¿Dónde están esas libras inglesas que tienes?».
«Caí en la cuenta -ha manifestado Mohammed- de que iba detrás del importe del premio Martha Gellhorn. Le respondí que no lo llevaba conmigo. ‘¡Estás mintiendo!’, exclamó. Yo estaba rodeado por ocho agentes del Shin Bet, todos ellos armados. El hombre al que llamaban Avi me ordenó que me quitara toda la ropa. Ya me habían hecho pasar por una máquina de rayos X. Me quité toda la ropa menos los calzoncillos y me insistió en que tenía que quitarme absolutamente todo. Cuando me negué, Avi echó mano a su arma. Yo empecé a sollozar: ‘¿Por qué me tratan así ustedes? Yo soy un ser humano’. ‘Esto no es nada comparado con lo que vas a ver ahora’, dijo. Desenfundó su pistola, me apretó el cañón contra la cabeza y, dejando caer todo el peso de su corpachón sobre mí, me quitó los calzoncillos a la fuerza. A continuación, me obligó a bailar una especie de danza. Otro hombre, que se reía a carcajadas, me preguntó ‘¿Por qué has traído perfumes?’. Le contesté ‘Son regalos para personas que quiero’. ‘¡Vaya, vaya! ¿En vuestra cultura sabéis qué es el amor?’, replicó».
«Cuando se mofaban de mí -ha contado Mohammed-, con lo que más disfrutaban era burlándose de las cartas que había recibido de lectores en Inglaterra. En aquel momento llevaba 12 horas sin comer ni beber, y sin ir al retrete, y como me habían obligado a estar de pie, las piernas se me doblaban. Vomité y perdí el conocimiento. Sólo recuerdo a uno de ellos que me clavaba las uñas en las ojeras, debajo de los ojos, y me arañaba y me desgarraba. Me cogió la cabeza y me hundió los dedos con fuerza por detrás de las orejas, en el nervio auditivo, entre la cabeza y el tímpano. El dolor se volvió insoportable cuando me clavó dos dedos a la vez. Otro hombre me pisó en el cuello, presionando fuerte contra el suelo. Estuve así, tirado, más de una hora. La habitación me pareció un compendio de dolor, ruido y terror».
Llamaron a una ambulancia y encargaron que trasladaran a Mohammed al hospital, pero sólo después de que hubiera firmado una declaración que eximía a los israelíes de los padecimientos sufridos durante su detención. El médico palestino, en un alarde de valor, se negó y advirtió que iba a ponerse en contacto con el acompañante de la embajada holandesa. Alarmados, los israelíes permitieron que se marchara la ambulancia. La respuesta israelí ha sido la habitual en estos casos, que Mohammed era «sospechoso» de contrabando y que «perdió el equilibrio» en el curso de un interrogatorio realizado con todas las garantías, según informó el martes la agencia de noticias Reuters.
Grupos israelíes de defensa de los derechos humanos han documentado las torturas que sufren los palestinos por agentes del Shin Bet con «palizas, inmovilizaciones dolorosas, flexión de la espalda, potro y privación prolongada del sueño». Amnistía Internacional ha informado en numerosas ocasiones de que Israel recurre generalmente a la tortura, cuyas víctimas terminan saliendo de ella como meras sombras de lo que en su día fueron; algunas ni siquiera aparecen. Israel figura en uno de los lugares más altos de la clasificación internacional en asesinatos de periodistas, especialmente de periodistas palestinos, que no reciben más que una atención mínima en comparación con la información prestada al caso de Alan Johnston, de la BBC.
El Gobierno holandés ha manifestado su conmoción por el trato dado a Mohammed Omer. El ex embajador Jan Wijenberg ha declarado que «no se trata de un incidente aislado sino que forma parte de una estrategia a largo plazo para acabar con la vida social, económica y cultural de los palestinos. Soy consciente de la posibilidad de que en un futuro no lejano Mohammed Omer caiga asesinado a manos de cualquier francotirador israelí o por un bombardeo».
Mientras Mohammed recibía el premio en Londres, el nuevo embajador de Israel en Gran Bretaña, Ron Proser, se quejaba públicamente de que hay muchos británicos que ya no aprecian como antes la singularidad de la democracia israelí. Quizá ahora ya la aprecien.
********************
Two weeks ago, I presented a young Palestinian, Mohammed Omer, with the 2008 Martha Gellhorn Prize for Journalism. Awarded in memory of the great US war correspondent, the prize goes to journalists who expose establishment propaganda, or “official drivel”, as Gellhorn called it. Mohammed shares the prize of £5,000 with Dahr Jamail. At 24, he is the youngest winner. His citation reads: “Every day, he reports from a war zone, where he is also a prisoner. His homeland, Gaza, is surrounded, starved, attacked, forgotten. He is a profoundly humane witness to one of the great injustices of our time. He is the voice of the voiceless.” The eldest of eight, Mohammed has seen most of his siblings killed or wounded or maimed. An Israeli bulldozer crushed his home while the family were inside, seriously injuring his mother. And yet, says a former Dutch ambassador, Jan Wijenberg, “he is a moderating voice, urging Palestinian youth not to court hatred but seek peace with Israel”.
Getting Mohammed to London to receive his prize was a major diplomatic operation. Israel has perfidious control over Gaza’s borders, and only with a Dutch embassy escort was he allowed out. Last Thursday, on his return journey, he was met at the Allenby Bridge crossing (to Jordan) by a Dutch official, who waited outside the Israeli building, unaware Mohammed had been seized by Shin Bet, Israel’s infamous security organisation. Mohammed was told to turn off his mobile and remove the battery. He asked if he could call his embassy escort and was told forcefully he could not. A man stood over his luggage, picking through his documents. “Where’s the money?” he demanded. Mohammed produced some US dollars. “Where is the English pound you have?”
“I realised,” said Mohammed, “he was after the award stipend for the Martha Gellhorn prize. I told him I didn’t have it with me. ‘You are lying’, he said. I was now surrounded by eight Shin Bet officers, all armed. The man called Avi ordered me to take off my clothes. I had already been through an x-ray machine. I stripped down to my underwear and was told to take off everything. When I refused, Avi put his hand on his gun. I began to cry: ‘Why are you treating me this way? I am a human being.’ He said, ‘This is nothing compared with what you will see now.’ He took his gun out, pressing it to my head and with his full body weight pinning me on my side, he forcibly removed my underwear. He then made me do a concocted sort of dance. Another man, who was laughing, said, ‘Why are you bringing perfumes?’ I replied, ‘They are gifts for the people I love’. He said, ‘Oh, do you have love in your culture?’
“As they ridiculed me, they took delight most in mocking letters I had received from readers in England. I had now been without food and water and the toilet for 12 hours, and having been made to stand, my legs buckled. I vomited and passed out. All I remember is one of them gouging, scraping and clawing with his nails at the tender flesh beneath my eyes. He scooped my head and dug his fingers in near the auditory nerves between my head and eardrum. The pain became sharper as he dug in two fingers at a time. Another man had his combat boot on my neck, pressing into the hard floor. I lay there for over an hour. The room became a menagerie of pain, sound and terror.”
An ambulance was called and told to take Mohammed to a hospital, but only after he had signed a statement indemnifying the Israelis from his suffering in their custody. The Palestinian medic refused, courageously, and said he would contact the Dutch embassy escort. Alarmed, the Israelis let the ambulance go. The Israeli response has been the familiar line that Mohammed was “suspected” of smuggling and “lost his balance” during a “fair” interrogation, Reuters reported yesterday.
Israeli human rights groups have documented the routine torture of Palestinians by Shin Bet agents with “beatings, painful binding, back bending, body stretching and prolonged sleep deprivation”. Amnesty has long reported the widespread use of torture by Israel, whose victims emerge as mere shadows of their former selves. Some never return. Israel is high in an international league table for its murder of journalists, especially Palestinian journalists, who receive barely a fraction of the kind of coverage given to the BBC’s Alan Johnston.
The Dutch government says it is shocked by Mohammed Omer’s treatment. The former ambassador Jan Wijenberg said: “This is by no means an isolated incident, but part of a long-term strategy to demolish Palestinian social, economic and cultural life … I am aware of the possibility that Mohammed Omer might be murdered by Israeli snipers or bomb attack in the near future.”
While Mohammed was receiving his prize in London, the new Israeli ambassador to Britain, Ron Proser, was publicly complaining that many Britons no longer appreciated the uniqueness of Israel’s democracy. Perhaps they do now.
