La asombrosa vitalidad de la libertad de prensa, en su sentido más lato, y la hipó- tesis de que todos los errores, horrores, contradicciones y pecados saldrán a la luz, para vergüenza y escarnio de sus protagonistas, retornan a la candente actualidad en Estados Unidos con el tenebroso asunto de las torturas empleadas por la CIA contra algunos sospechosos de terrorismo. Luego de que la Casa Blanca publicara los memorandos redactados por los leguleyos para justificar las más duras técnicas de interrogatorio, asistimos al espectáculo de aparente masoquismo con el que muchos norteamericanos hurgan en las heridas que produjeron las controvertidas actuaciones de sus políticos, espías y soldados.
Diluvia sobre un terreno pantanoso porque recordamos las matanzas, los bombardeos y las películas de Vietnam, la filtración de los papeles del Pentágono sobre el falso origen de la guerra y otras mentiras; las intervenciones de la CIA con presidentes de todos los colores, detalladas en libros innumerables; los dislates paranoicos de Nixon aventados por el Watergate; la venta de armas a Irán con destino a los insurgentes de Nicaragua; los fracasos reiterados para eliminar a Castro o la frustración por no haber llegado hasta el corazón del Kremlin en más de 30 años de guerra fría.
DESPUÉS DE cada traumatismo nacional, las cloacas del imperio irrumpen en las calles. En esta ocasión, las revelaciones vienen de lo más alto porque el presidente Barack Obama, según su promesa electoral, ordenó la entrega a la prensa de cuatro memorandos secretos, parcialmente expurgados, que confirman las torturas practicadas por la CIA en los interrogatorios de 28 prisioneros durante la guerra contra el terrorismo declarada por el presidente Bush, en el 2002 y el 2005. Los documentos contienen la opinión de los abogados del Ministerio de Justicia para justificar tan reprobables métodos y remover los escrúpulos de los agentes encargados de practicarlos.
Los detalles y las precisiones macabras de los burócratas sobre las cautelas médicas y alimenticias, a fin de asegurar la supervivencia del detenido, son lo más parecido a la pornografía del horror y revelan los estragos jurídicos y políticos de esa combinación diabólica entre la psicosis de la seguridad, derivada de los atentados terroristas de Nueva York y Washington en el 2001, y la voluntad de la Administración de Bush de inventar la tortura legal, sin reparar en los valores democráticos, el Estado de derecho y el control puntilloso del Ejecutivo por parte del Congreso y la opinión publicada, últimas trincheras de la resistencia a la opresión de un sistema proclive al aumento incesante de las prerrogativas presidenciales.
La decisión de Obama, pese a las presiones adversas, incluidas las del director de la CIA, fue debatida al más alto nivel y salió adelante porque las torturas “socavan nuestra autoridad moral y no mejoran nuestra seguridad”, pero causó un gran revuelo y provocó una tormenta mediática con inevitable repercusión en el Congreso, donde se enconaron las posiciones partidistas. La opinión también está desgarrada entre la repugnancia por la vulneración de los principios y los dictados de la moral utilitaria. Las encuestas muestran que la mitad de los norteamericanos y el 52% de los independientes (sin partido) creen que los casos graves de terrorismo justifican que el Gobierno pondere el empleo de la tortura.
Con la publicación de los memorandos secretos, el presidente Obama trata de clausurar un capítulo poco edificante de la historia reciente en el que gobernantes y funcionarios asestaron duros golpes al imperio de la ley (rule of law) y los derechos humanos con el pretexto de la protección. Ahora bien, el repudio de la Administración de Bush no es suficiente para exonerar de culpa a unos poderes legislativo y judicial que cooperaron o se abstuvieron, literalmente miraron para otro lado, mientras se creaba un clima propicio para los excesos en la lucha contra el terrorismo.
LA VOLUNTAD de Obama del borrón y cuenta nueva suscitó acerbas críticas en los sectores izquierdistas, que demandan con una lógica aplastante la persecución judicial de los culpables de las atrocidades. Unos, como Mark J. McKeon, fiscal en el Tribunal Internacional para Yugoslavia, consideran que el derecho de gentes (la convención de la ONU sobre la tortura) fue vulnerado; otros arguyen que la actuación de los jueces será una prueba moral para EEUU, aunque advierten de que, a efectos prácticos, sería necesario que el país estuviera unido, lo que no es el caso, para resolver el dilema de principios o responsabilidad tras el que se oculta la problemática razón de Estado.
Con su promesa de cerrar Guantánamo y de proscribir la tortura en la lucha contra el terrorismo, restaurando plenamente la legalidad, pero protegiendo a sus contraventores, la proclama moral de Obama queda amputada y el alegato jurídico-político corre el riesgo de ahondar el debate entre los partidos sobre las enormes responsabilidades compartidas en una desviación de poder asumida por la clase política. Bush y los republicanos estuvieron acompañados por demasiados demócratas, a la defensiva en asuntos de seguridad, en el tortuoso camino hacia el infierno legal. ¿Hasta qué nivel y qué extensión debe alcanzar la investigación judicial, si se produce? ¿Se arriesgará Obama en el laberinto de una regeneración política explosiva?
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