Por César Molinas, director del informe Instrumentos Financieros para la Jubilación de la Fundación de Estudios Financieros (EL PAÍS, 16/05/09):
La política del avestruz acostumbra a llevar a resultados desastrosos. De aquellos que la practican dijo Gorgeous George Carman, el célebre abogado londinense, que “entierran su cabeza en la arena dejando expuestas sus partes pensantes”. España no debe adoptar esta actitud irresponsable con su sistema de pensiones: es necesario reformarlo y, para hacerlo bien, primero hay que debatir para llegar a un consenso. Hay que debatir porque en tema de pensiones hay en España opiniones muy diversas, intereses muy encontrados y recetas muy divergentes. Hay que llegar a un consenso porque las reformas necesarias deben ser comprendidas y apoyadas por el conjunto de la sociedad.
En este artículo me propongo contestar a las cuatro preguntas siguientes: ¿Por qué hay que debatir sobre las pensiones? ¿Qué debe debatirse? ¿Cómo debe organizarse el debate? ¿Cuándo debe comenzar?
Comencemos por la primera de ellas. ¿Están equivocados la inmensa mayoría de los estudiosos cuando pronostican que, si no se reforma a tiempo, el sistema de pensiones público español tendrá problemas de financiación en menos de dos décadas? ¿Yerran todos los organismos económicos internacionales -OCDE, FMI, Comisión Europea- que urgen al Estado español a reformar las pensiones? ¿Aciertan, en cambio, los que aseguran que nuestro sistema es sólido y sostenible, y que ponerlo en duda crea una alarma innecesaria entre la población? Sería muy útil que el CIS hiciese una encuesta para conocer de manera actualizada lo que piensa la población sobre el futuro de las pensiones pero, con alarma o sin alarma, guste o no guste, el debate está ya servido y no se puede detener. Debatir sobre si hay que debatir, como parecen intentar algunos, resulta en discusiones estériles y en confusión. Hay que delimitar los temas, establecer una metodología y un calendario. Sólo así podrán tomarse las medidas oportunas, si acabaran demostrándose necesarias.
¿Cuáles son las cuestiones que deben debatirse? En primer lugar, la evolución previsible del sistema de pensiones públicas bajo hipótesis demográficas y económicas razonables. A este respecto hay muchísimos estudios de economistas, demógrafos, académicos e instituciones diversas que muestran que el sistema, sin reformas, no es sostenible a largo plazo. El denominador común de estos estudios es el siguiente. Para que un sistema de reparto como el español, en el que las cotizaciones de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados, sea viable desde una óptica financiero-actuarial es preciso que los compromisos de pago de pensiones que adquiere el Estado crezcan a una tasa menor o igual que la masa salarial. En caso contrario, inevitablemente, se acaba generando un déficit insostenible. Pues bien, con la actual normativa legal, los compromisos crecen a una tasa que resulta ser más del doble que la del crecimiento salarial, incluso en los escenarios más optimistas. Esto hace que el sistema sea actuarialmente insolvente. Por otra parte, no conozco ningún estudio que avale las tesis de que el sistema español de reparto, tal y como está, sea sostenible.
En segundo lugar debe discutirse la situación del sistema complementario de pensiones privadas. Tras más de 20 años de funcionamiento, el sistema languidece sin haber conseguido progresos relevantes en la consecución de sus objetivos. Se ha generado muy poco ahorro-previsión: el patrimonio de los planes y fondos de pensiones en España no supera 8% del PIB, cifra que compara mal con el 130% de Holanda, el 77% del Reino Unido o el 14% de Portugal. Por otra parte, la industria financiera no ha sido capaz de generar un mercado de pensiones vitalicias privadas a precios razonables, objetivo éste primordial del sistema complementario. A mi juicio, el sistema complementario español debe replantearse sin descartar, a priori, ninguna alternativa. Hoy en día es un sistema voluntario, pero inspirándose en los dos países europeos que han reformado recientemente sus pensiones -Suecia y Reino Unido- podría hacerse total o parcialmente obligatorio. Hoy en día es un sistema de gestión privada, pero esto no tiene por qué ser necesariamente así: el sistema complementario sueco, por ejemplo, es de gestión pública.
Y, en tercer lugar, debería discutirse la arquitectura básica de nuestro sistema de pensiones, es decir, la interacción entre el reparto y la capitalización, a la luz de la experiencia de reforma internacional de la que, insisto, Suecia y el Reino Unido son ejemplos muy relevantes.
Un sistema de pensiones tiene que atender a dos objetivos diferentes. En primer lugar, como dijo Beveridge, tiene que “garantizar unos mínimos vitales por debajo de los cuales no debe permitirse que nadie caiga”. En segundo lugar, tiene que minimizar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores cuando se jubilan. En España se han hecho progresos en el primer objetivo, pero se ha retrocedido en el segundo. Por una parte, las contribuciones del Estado para complementos de mínimos, financiadas con impuestos generales, han permitido fortalecer la dimensión asistencial del sistema de pensiones sin merma del principio de contributividad (a más cotización mayor pensión). Pero, por otra parte, el Estado está reduciendo las pensiones futuras mediante la no actualización plena de las bases máximas de cotización con el IPC. Esto hace derivar al sistema público hacia un sistema de mínimos y, dado el carácter subrepticio de la medida y el mal funcionamiento del sistema complementario, puede acabar creando un grave problema a muchos futuros pensionistas. Es, pues, necesario discutir cómo debe modificarse la arquitectura del sistema para que pueda atender mejor, simultáneamente, a los dos objetivos arriba mencionados.
Paso ahora a responder a mi tercera pregunta: ¿cómo debe organizarse el debate? Vaya por delante que hay que evitar a toda costa seguir el método tradicional, inmortalizado por Goya en su célebre Duelo a garrotazos. La experiencia de los países que han tenido éxito reformando sus pensiones debería servir de guía. Como se apunta en el informe Instrumentos Financieros para la Jubilación de la Fundación de Estudios Financieros “tanto en Suecia como en el Reino Unido el proceso de reforma comenzó con el nombramiento de una comisión independiente, compuesta por personas de elevada autoridad moral, con el mandato de elevar un informe al Gobierno o al Parlamento con propuestas de reforma. Tras periodos de consulta a expertos y agentes sociales, que consiguieron generar amplios debates en las respectivas sociedades, las recomendaciones de las comisiones fueron tomadas como base de las reformas”. Aunque en España hay poca tradición de este tipo de debates, hay algunas experiencias muy positivas como el Grupo Especial de Trabajo que armonizó las recomendaciones de los grupos Olivencia y Aldama sobre gobernanza de sociedades cotizadas.
¿Y el Pacto de Toledo? Dicho Pacto, constituido en la actualidad como una Comisión Parlamentaria no Permanente, no es el instrumento adecuado para generar y liderar con independencia el gran debate que, en mi opinión se necesita. Además, su mandato está circunscrito a las pensiones públicas. Sin embargo, el Pacto podría muy bien ser el marco en el que se decidiese la constitución de la comisión independiente a la que me estoy refiriendo.
Por último, ¿cuándo debería comenzar el debate? Pues hoy mismo, dado que no comenzó ayer. Los sistemas de pensiones tienen muchísima inercia: dentro de dos décadas es el inmediato futuro. Una reforma modesta adoptada hoy puede tener efectos muy sustanciales dentro de 20 años, pero para que tenga esos mismos efectos en 10 años, la medida tendrá que ser mucho más agresiva. Cuanto más se tarde en comenzar el debate y el proceso de reformas, más radicales y traumáticas deberán ser éstas. Aún estamos a tiempo para adoptar de manera gradual y respetuosa de todos los derechos adquiridos un conjunto de reformas menores que, en su conjunto, garanticen la viabilidad de las pensiones públicas basadas en el sistema de reparto. Pero no hay tiempo que perder. Por lo que respecta al sistema complementario, las reformas tendrán que ser de mucho más calado, pero, dado su tamaño, es un sistema con mucha menos inercia que el sistema público. En cualquier caso es fundamental discutir y abordar las reformas de ambos sistemas simultáneamente.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
La política del avestruz acostumbra a llevar a resultados desastrosos. De aquellos que la practican dijo Gorgeous George Carman, el célebre abogado londinense, que “entierran su cabeza en la arena dejando expuestas sus partes pensantes”. España no debe adoptar esta actitud irresponsable con su sistema de pensiones: es necesario reformarlo y, para hacerlo bien, primero hay que debatir para llegar a un consenso. Hay que debatir porque en tema de pensiones hay en España opiniones muy diversas, intereses muy encontrados y recetas muy divergentes. Hay que llegar a un consenso porque las reformas necesarias deben ser comprendidas y apoyadas por el conjunto de la sociedad.
En este artículo me propongo contestar a las cuatro preguntas siguientes: ¿Por qué hay que debatir sobre las pensiones? ¿Qué debe debatirse? ¿Cómo debe organizarse el debate? ¿Cuándo debe comenzar?
Comencemos por la primera de ellas. ¿Están equivocados la inmensa mayoría de los estudiosos cuando pronostican que, si no se reforma a tiempo, el sistema de pensiones público español tendrá problemas de financiación en menos de dos décadas? ¿Yerran todos los organismos económicos internacionales -OCDE, FMI, Comisión Europea- que urgen al Estado español a reformar las pensiones? ¿Aciertan, en cambio, los que aseguran que nuestro sistema es sólido y sostenible, y que ponerlo en duda crea una alarma innecesaria entre la población? Sería muy útil que el CIS hiciese una encuesta para conocer de manera actualizada lo que piensa la población sobre el futuro de las pensiones pero, con alarma o sin alarma, guste o no guste, el debate está ya servido y no se puede detener. Debatir sobre si hay que debatir, como parecen intentar algunos, resulta en discusiones estériles y en confusión. Hay que delimitar los temas, establecer una metodología y un calendario. Sólo así podrán tomarse las medidas oportunas, si acabaran demostrándose necesarias.
¿Cuáles son las cuestiones que deben debatirse? En primer lugar, la evolución previsible del sistema de pensiones públicas bajo hipótesis demográficas y económicas razonables. A este respecto hay muchísimos estudios de economistas, demógrafos, académicos e instituciones diversas que muestran que el sistema, sin reformas, no es sostenible a largo plazo. El denominador común de estos estudios es el siguiente. Para que un sistema de reparto como el español, en el que las cotizaciones de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados, sea viable desde una óptica financiero-actuarial es preciso que los compromisos de pago de pensiones que adquiere el Estado crezcan a una tasa menor o igual que la masa salarial. En caso contrario, inevitablemente, se acaba generando un déficit insostenible. Pues bien, con la actual normativa legal, los compromisos crecen a una tasa que resulta ser más del doble que la del crecimiento salarial, incluso en los escenarios más optimistas. Esto hace que el sistema sea actuarialmente insolvente. Por otra parte, no conozco ningún estudio que avale las tesis de que el sistema español de reparto, tal y como está, sea sostenible.
En segundo lugar debe discutirse la situación del sistema complementario de pensiones privadas. Tras más de 20 años de funcionamiento, el sistema languidece sin haber conseguido progresos relevantes en la consecución de sus objetivos. Se ha generado muy poco ahorro-previsión: el patrimonio de los planes y fondos de pensiones en España no supera 8% del PIB, cifra que compara mal con el 130% de Holanda, el 77% del Reino Unido o el 14% de Portugal. Por otra parte, la industria financiera no ha sido capaz de generar un mercado de pensiones vitalicias privadas a precios razonables, objetivo éste primordial del sistema complementario. A mi juicio, el sistema complementario español debe replantearse sin descartar, a priori, ninguna alternativa. Hoy en día es un sistema voluntario, pero inspirándose en los dos países europeos que han reformado recientemente sus pensiones -Suecia y Reino Unido- podría hacerse total o parcialmente obligatorio. Hoy en día es un sistema de gestión privada, pero esto no tiene por qué ser necesariamente así: el sistema complementario sueco, por ejemplo, es de gestión pública.
Y, en tercer lugar, debería discutirse la arquitectura básica de nuestro sistema de pensiones, es decir, la interacción entre el reparto y la capitalización, a la luz de la experiencia de reforma internacional de la que, insisto, Suecia y el Reino Unido son ejemplos muy relevantes.
Un sistema de pensiones tiene que atender a dos objetivos diferentes. En primer lugar, como dijo Beveridge, tiene que “garantizar unos mínimos vitales por debajo de los cuales no debe permitirse que nadie caiga”. En segundo lugar, tiene que minimizar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores cuando se jubilan. En España se han hecho progresos en el primer objetivo, pero se ha retrocedido en el segundo. Por una parte, las contribuciones del Estado para complementos de mínimos, financiadas con impuestos generales, han permitido fortalecer la dimensión asistencial del sistema de pensiones sin merma del principio de contributividad (a más cotización mayor pensión). Pero, por otra parte, el Estado está reduciendo las pensiones futuras mediante la no actualización plena de las bases máximas de cotización con el IPC. Esto hace derivar al sistema público hacia un sistema de mínimos y, dado el carácter subrepticio de la medida y el mal funcionamiento del sistema complementario, puede acabar creando un grave problema a muchos futuros pensionistas. Es, pues, necesario discutir cómo debe modificarse la arquitectura del sistema para que pueda atender mejor, simultáneamente, a los dos objetivos arriba mencionados.
Paso ahora a responder a mi tercera pregunta: ¿cómo debe organizarse el debate? Vaya por delante que hay que evitar a toda costa seguir el método tradicional, inmortalizado por Goya en su célebre Duelo a garrotazos. La experiencia de los países que han tenido éxito reformando sus pensiones debería servir de guía. Como se apunta en el informe Instrumentos Financieros para la Jubilación de la Fundación de Estudios Financieros “tanto en Suecia como en el Reino Unido el proceso de reforma comenzó con el nombramiento de una comisión independiente, compuesta por personas de elevada autoridad moral, con el mandato de elevar un informe al Gobierno o al Parlamento con propuestas de reforma. Tras periodos de consulta a expertos y agentes sociales, que consiguieron generar amplios debates en las respectivas sociedades, las recomendaciones de las comisiones fueron tomadas como base de las reformas”. Aunque en España hay poca tradición de este tipo de debates, hay algunas experiencias muy positivas como el Grupo Especial de Trabajo que armonizó las recomendaciones de los grupos Olivencia y Aldama sobre gobernanza de sociedades cotizadas.
¿Y el Pacto de Toledo? Dicho Pacto, constituido en la actualidad como una Comisión Parlamentaria no Permanente, no es el instrumento adecuado para generar y liderar con independencia el gran debate que, en mi opinión se necesita. Además, su mandato está circunscrito a las pensiones públicas. Sin embargo, el Pacto podría muy bien ser el marco en el que se decidiese la constitución de la comisión independiente a la que me estoy refiriendo.
Por último, ¿cuándo debería comenzar el debate? Pues hoy mismo, dado que no comenzó ayer. Los sistemas de pensiones tienen muchísima inercia: dentro de dos décadas es el inmediato futuro. Una reforma modesta adoptada hoy puede tener efectos muy sustanciales dentro de 20 años, pero para que tenga esos mismos efectos en 10 años, la medida tendrá que ser mucho más agresiva. Cuanto más se tarde en comenzar el debate y el proceso de reformas, más radicales y traumáticas deberán ser éstas. Aún estamos a tiempo para adoptar de manera gradual y respetuosa de todos los derechos adquiridos un conjunto de reformas menores que, en su conjunto, garanticen la viabilidad de las pensiones públicas basadas en el sistema de reparto. Pero no hay tiempo que perder. Por lo que respecta al sistema complementario, las reformas tendrán que ser de mucho más calado, pero, dado su tamaño, es un sistema con mucha menos inercia que el sistema público. En cualquier caso es fundamental discutir y abordar las reformas de ambos sistemas simultáneamente.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
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