Unir las flotas de Europa

Por Vice-Admiral (Retd) Anne-François de Saint Salvy was until recently in command of France’s Atlantic maritime zone in charge of maritime security, environmental protection, and policing at sea (Project Syndicate, 05/09/2012).

De las 23 fuerzas navales de Europa, sólo la de Francia posee un portaaviones plenamente operativo, el buque insignia Charles de Gaulle de 40.000 toneladas. Si bien el Reino Unido actualmente está construyendo dos portaaviones propios, la Marina Real está a años de distancia de poder ofrecer poder aéreo instantáneo desde el mar. Sin embargo, Europa está razonablemente equipada para defenderse de las amenazas externas. Más difícil le resultará, en cambio, hacer frente a los recortes presupuestarios que se avizoran en el horizonte.

La estrategia de seguridad marítima de Europa desde hace mucho tiempo está basada en dos principios elementales. Primero, las rutas comerciales marítimas, que representan casi el 85% de las exportaciones e importaciones totales de la Unión Europea, deben mantenerse libres y seguras. Y, segundo, los países europeos deben mantener la capacidad de lidiar con cualquier crisis de seguridad importante.

Los acontecimientos internacionales resaltan la relevancia de estas prioridades. Por ejemplo, las crecientes tensiones con Irán podrían obligar a Europa a desplegar sus fuerzas navales para formar un bloqueo alrededor del Golfo Pérsico, y así asegurar el tránsito del petróleo. De la misma manera, la piratería en el Golfo de Guinea y el Océano Indico, particularmente a lo largo de la costa de Somalia, amenaza las actividades marítimas de Europa, incluido su amplio comercio marítimo.

Por cierto, las crecientes preocupaciones sobre la piratería llevaron al lanzamiento en 2008 de la primera respuesta naval de la UE dentro del marco de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD): la Operación Atalanta. La operación, llevada a cabo anualmente y que involucra 5-10 navíos de combate, 1-2 buques auxiliares y 2-4 aviones de patrulla marítima, incluye fuerzas de 26 marinas europeas, y sin duda ayudó a desalentar, si no a eliminar, los ataques piratas.

El éxito de Atalanta, combinado con el rol preponderante de las fuerzas navales europeas en las operaciones del año pasado en Libia, demuestra que Europa posee gran parte de la infraestructura naval que necesita para asegurar su seguridad marítima.

Pero la crisis libia también reveló que la seguridad naval de Europa es limitada y rápidamente se ve demasiado forzada. Más de la mitad de las fuerzas navales francesas se desplegaron durante la crisis libia, durante la cual su tasa de actividad normal aumentó en 10-40%, a un costo de 40 millones de euros (50 millones de dólares), para no mencionar los trastornos del entrenamiento y el mantenimiento estándar.

Los activos navales no sólo son costosos en cuanto a su construcción; son extremadamente costosos de operar, ya que cada unidad requiere un equipo especializado y personal altamente capacitado. En consecuencia, las fuerzas navales suelen ser las primeras víctimas de los recortes en los presupuestos de defensa.

Y, sin embargo, si bien los despliegues navales no siempre ponen fin a los conflictos, son un componente vital de la respuesta militar ante cualquier crisis, y son críticos para garantizar la seguridad de Europa. En vista de esto, resulta imperativo que los gobiernos europeos adopten medidas de reducción de costos que no pongan en peligro sus activos navales.

En primer lugar, la UE debería asumir un rol preponderante a la hora de maximizar la eficiencia de la marina de cada estado miembro, creando mecanismos que faciliten el intercambio de información entre gobiernos, agencias marítimas y fuerzas navales. De hecho, con decisiones políticas sólidas se pueden lograr prácticamente los mismos objetivos que comprando barcos nuevos -y a un costo mucho menor.

Adoptar un marco legal integral sería un primer paso muy útil. De hecho, una mejor coordinación entre países contribuiría a un uso más costo-efectivo de los recursos y los equipos. Las estrategias de vigilancia, por ejemplo, suelen ser más costosas de lo necesario, debido a una mala comunicación. Que las marinas de Europa compartan información también ayudaría a identificar y cubrir las brechas existentes, abriendo así el camino para una infraestructura de seguridad marítima europea más eficiente.

Al mismo tiempo, para poder mantener un marco de seguridad capaz de enfrentar cualquier amenaza concebible a la seguridad, los gobiernos de Europa deberían preservar todo el espectro de sus activos navales. Arrumbar barcos por el hecho de ahorrar dinero podría tener consecuencias nefastas para la seguridad de Europa.

En lugar de concentrarse en achicar el volumen de las flotas existentes, los líderes europeos deberían centrarse en sacarles más provecho. Con este objetivo, las fuerzas navales y las agencias marítimas de Europa deberían fusionar sus capacidades, especialmente las relacionadas con las misiones de defensa y seguridad. Esto implicaría ahorros masivos, que podrían invertirse en avances tecnológicos, equipando así más las fuerzas navales de Europa para enfrentar amenazas futuras.

Evaluar con precisión el éxito de las operaciones marítimas requiere tiempo y atención, porque las capacidades navales no se pueden incrementar rápidamente. Si bien reducir estas capacidades podría parecer una manera conveniente de achicar costos, los gobiernos europeos no deben perder de vista sus prioridades de seguridad a largo plazo.

Por sobre todo, los líderes europeos deben promover una mayor cooperación naval. Después de todo, las capacidades navales son esenciales para la proyección de poder europeo, y cruciales para mantener la estabilidad geopolítica en todo el mundo.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

China’s Challenge at Sea

By Aaron L. Friedberg, a professor of politics and international affairs at Princeton and the author of A Contest for Supremacy: China, America and the Struggle for Mastery in Asia (THE NEW YORK TIMES, 05/09/11):

AMERICA’S fiscal woes are placing the country on a path of growing strategic risk in Asia.

With Democrats eager to protect social spending and Republicans anxious to avoid tax hikes, and both saying the national debt must be brought under control, we can expect sustained efforts to slash the defense budget. Over the next 10 years, cuts in planned spending could total half a trillion dollars. Even as the Pentagon saves money by pulling back from Afghanistan and Iraq, there will be fewer dollars with which to buy weapons or develop new ones.

Unfortunately, those constraints are being imposed just as America faces a growing strategic challenge. Fueled by economic growth of nearly 10 percent a year, China has been engaged for nearly two decades in a rapid and wide-ranging military buildup. China is secretive about its intentions, and American strategists have had to focus on other concerns since 9/11. Still, the dimensions, direction and likely implications of China’s buildup have become increasingly clear.

When the cold war ended, the Pacific Ocean became, in effect, an American lake. With its air and naval forces operating through bases in friendly countries like Japan and South Korea, the United States could defend and reassure its allies, deter potential aggressors and insure safe passage for commercial shipping throughout the Western Pacific and into the Indian Ocean. Its forces could operate everywhere with impunity.

But that has begun to change. In the mid-1990s, China started to put into place the pieces of what Pentagon planners refer to as an “anti-access capability.” In other words, rather than trying to match American power plane for plane and ship for ship, Beijing has sought more cost-effective ways to neutralize it. It has been building large numbers of relatively inexpensive but highly accurate non-nuclear ballistic missiles, as well as sea- and air-launched cruise missiles. Those weapons could destroy or disable the handful of ports and airfields from which American air and naval forces operate in the Western Pacific and sink warships whose weapons could reach the area from hundreds of miles out to sea, including American aircraft carriers.

The Chinese military has also been testing techniques for disabling American satellites and cybernetworks, and it is adding to its small arsenal of long-range nuclear missiles that can reach the United States.

Although a direct confrontation seems unlikely, China appears to seek the option of dealing a knockout blow to America’s forward forces, leaving Washington with difficult choices about how to respond.

Those preparations do not mean that China wants war with the United States. To the contrary, they seem intended mostly to overawe its neighbors while dissuading Washington from coming to their aid if there is ever a clash. Uncertain of whether they can rely on American support, and unable to match China’s power on their own, other countries may decide they must accommodate China’s wishes.

In the words of the ancient military theorist Sun Tzu, China is acquiring the means to “win without fighting” — to establish itself as Asia’s dominant power by eroding the credibility of America’s security guarantees, hollowing out its alliances and eventually easing it out of the region.

If the United States and its Asian friends look to their own defenses and coordinate their efforts, there is no reason they cannot maintain a favorable balance of power, even as China’s strength grows. But if they fail to respond to China’s buildup, there is a danger that Beijing could miscalculate, throw its weight around and increase the risk of confrontation and even armed conflict. Indeed, China’s recent behavior in disputes over resources and maritime boundaries with Japan and the smaller states that ring the South China Sea suggest that this already may be starting to happen.

This is a problem that cannot simply be smoothed away by dialogue. China’s military policies are not the product of a misunderstanding; they are part of a deliberate strategy that other nations must now find ways to meet. Strength deters aggression; weakness tempts it. Beijing will denounce such moves as provocative, but it is China’s actions that currently threaten to upset the stability of Asia.

Many of China’s neighbors are more willing than they were in the past to ignore Beijing’s complaints, increase their own defense spending and work more closely with one another and the United States.

They are unlikely, however, to do those things unless they are convinced that America remains committed. Washington does not have to shoulder the entire burden of preserving the Asian power balance, but it must lead.

The Pentagon needs to put a top priority on finding ways to counter China’s burgeoning anti-access capabilities, thereby reducing the likelihood that they will ever be used. This will cost money. To justify the necessary spending in an era of austerity, our leaders will have to be clearer in explaining the nation’s interests and commitments in Asia and blunter in describing the challenge posed by China’s relentless military buildup.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

El engaño llega en barco

Por Brahma Chellaney, profesor de Estudios Estratégicos en el Centro para Investigación de Políticas con sede en Nueva Delhi y autor de Asian Juggernaut y del libro de inminente publicación Water: Asia’s New Battlefield (Project Syndicate, 16/006/11):

El anuncio de China de que su primer portaaviones estará listo para zarpar a fin de este mes logró que la atención se volviera a centrar en las ambiciones navales del país. Lo mismo es válido para el comunicado del ministro de Defensa paquistaní de que su país recientemente le pidió a China que empezara a construir una base naval en su puerto de Gwadar, que tiene una ubicación estratégica en el Mar Arábigo.

Ambas revelaciones subrayan la preferencia de China por el subterfugio estratégico.

Después de comprar el portaaviones Varyag de la era soviética, de 67.500 toneladas -que era poco más que un casco cuando colapsó la Unión Soviética-, China en repetidas oportunidades negó tener alguna intención de repararlo para un despliegue naval. Por ejemplo, Zhang Guangqin, vicedirector de la Comisión Estatal China para la Ciencia, la Tecnología y la Industria para la Defensa Nacional, dijo en 2005 que no se estaba modificando el Varyag para un uso militar. Sin embargo, los trabajos para reparar la nave ya habían comenzado en Dalian, el principal astillero de China.

Para desviar la atención del verdadero plan, los medios estatales informaban sobre las intenciones de convertir al Varyag en un “casino flotante” cerca de Macau. Y, para darle credibilidad a esta afirmación, los dos portaaviones más pequeños de la era soviética que fueron comprados junto con el Varyag en 1998-2000 terminaron transformados en museos flotantes.

El primer reconocimiento oficial de que China estaba transformando el Varyag en un portaaviones desplegable totalmente restaurado llegó este mes, justo cuando ya estaba casi listo para zarpar. Y el reconocimiento vino de parte del general Chen Bingde, jefe del Ejército Popular de Liberación, en una entrevista con el Global Times, el portavoz duro del Partido Comunista.

El subterfugio también es evidente en los planes chinos en Gwadar, donde en 2007 se abrió un puerto comercial construido por China que todavía está subutilizado. Desde que comenzó la construcción del puerto, en general se consideró que Gwadar representaba el primer punto de apoyo estratégico de China en el Mar Arábigo, como parte de su estrategia de ensamblar un “cordel de perlas” a lo largo de las costas del Océano Índigo. Se sabía que Gwadar, que está frente a las rutas de navegación del Golfo y cerca de la frontera de Irán, terminaría convirtiéndose también en una base naval. Sin embargo, todo el tiempo, China seguía insistiendo en que la única función de Gwadar era comercial.

No sorprende, entonces, que los comentarios públicos del ministro de Defensa paquistaní, Ahmed Mukhtar, sobre una base naval en Gwadar incomodaran profundamente al gobierno de China. Al culminar una reciente visita a Beijing con el primer ministro paquistaní, Yousaf Raza Gilani, Mukhtar comunicó que el gobierno chino estaba más que contento de satisfacer cualquier pedido de ayuda que hiciera Pakistán, incluyendo llegar a un acuerdo para hacerse cargo de la operación del puerto de Gwadar después de que expirara el contrato existente con una compañía estatal de Singapur. China también le obsequió a Pakistán 50 aviones de combate JF-17.

Más importante aún, Mukhtar reveló que Pakistán le había pedido a China que comenzara a construir la base naval. “Nos sentiríamos agradecidos con el gobierno chino si se construyera una base naval en el sitio de Gwadar para Pakistán”, anunció en un comunicado. Posteriormente le dijo a un periódico británico en una entrevista: “Les hemos pedido a nuestros hermanos chinos que por favor construyeran una base naval en Gwadar”.

Después de que Pakistán revelara los planes para una base naval, China respondió con evasivas y dijo que “esta cuestión no se tocó” durante la visita. Dada la tendencia de China al sigilo estratégico, hasta las obras en el puerto de Gwadar se emprendieron de manera discreta. Es más, China no quiere agudizar las preocupaciones que generó en Asia el año pasado al descartar abiertamente el dictado de Deng Xiaoping, tao guang yang hui (“disimulen las ambiciones y oculten las garras”). En un puñado de cuestiones, entre ellas sus reclamos territoriales en el Mar del Sur de China y contra Japón e India, China se pasó el 2010 afianzando una posición más muscular.

En estas cuestiones, también, la brecha entre las palabras y las acciones de los funcionarios chinos es reveladora. Por ejemplo, China persistió en su embargo inesperado de tierras raras contra Japón durante siete semanas mientras seguía diciendo en público que no se habían impuesto restricciones a las exportaciones. Al igual que cuando el año pasado negaba el despliegue de tropas chinas en la región de Cachemira controlada por Pakistán para construir proyectos estratégicos, China puso de manifiesto una tendencia preocupante a oscurecer la verdad.

El Global Times, sin embargo, no se mostró tímido a la hora de anunciar el interés de China de establecer bases navales en el exterior. En un editorial reciente, “China necesita bases en el exterior para un rol global”, el periódico instaba al mundo exterior a “entender la necesidad de China de establecer bases militares en el exterior”.

La insurrección contra el régimen paquistaní en la provincia sureña de Baluchistan, rica en minerales, puede impedir el plan de China de transformar a Gwadar en un centro neurálgico de transbordo de energía para transportar petróleo del Golfo y de África a la zona occidental de China mediante oleoductos. Pero la insurgencia no es ninguna barrera para el uso de Gwadar por parte de China para proyectar poder en Oriente Medio y el este de África, y contra la península India. De hecho, para entrar en el juego marítimo de la Gran Potencia, China necesita a Gwadar para reparar su principal debilidad -la ausencia de un anclaje naval en la región del Océano Índigo, donde planea tener una presencia militar importante.

Lo que fue promocionado como un casino flotante ahora está siendo lanzado como la pieza central flotante del creciente poderío naval de China. De hecho, con un segundo portaaviones y más grande actualmente en construcción, tal vez no pase mucho tiempo antes de que China despliegue sus capacidades navales despachando un grupo de portaaviones de combate al Océano Índigo -si es que no decide apostar uno en Gwadar.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

El papel de las Fuerzas Armadas sirias en el marco de las revueltas

Por Carlos Echeverría Jesús, profesor contratado doctor en Relaciones Internacionales de la UNED (REAL INSTITUTO ELCANO, 03/06/11):

Tema: El régimen sirio ha recurrido a las Fuerzas Armadas y de Seguridad para prevenir, contener y reprimir las revueltas pacíficas que, a pesar de la violencia empleada, se han ido extendiendo en número, geografía y reivindicaciones por toda Siria desde marzo de 2011.

Resumen: El 18 de marzo se iniciaban las revueltas en Siria, un mes después de la salida del poder de Hosni Mubarak en Egipto y dos meses después de la huída de Zine El Abidine Ben Alí de Túnez. El presidente sirio, Bashar El Assad, ha puesto de manifiesto su voluntad de aferrarse al poder frente a quienes exigen su marcha, utilizando para ello su poderoso aparato de seguridad interior reforzado a partir de abril con el uso ya bien visible de sus Fuerzas Armadas. El empleo de las Fuerzas de Seguridad y Defensa ha sido una constante del régimen en el pasado y ante el reto de un contagio de la “primavera árabe”, el presidente Bashar no ha dudado en volver a usar la fuerza. Paradójicamente, el empleo de la violencia ante manifestaciones generalmente pacíficas se ha convertido en un problema para el futuro del propio régimen y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad una vez que la represión ha generalizado las protestas en la sociedad siria y conducido a su aislamiento regional e internacional. Este ARI describe la tradición del uso de la fuerza en el régimen sirio, las Fuerzas Armadas y de Seguridad empleadas en la represión y los principales responsables de sus acciones.

Análisis: Desde que en 1970 llegara al poder por un golpe de Estado el partido Baas (Renacimiento Socialista), las Fuerzas Armadas han constituido, junto con las poderosas Fuerzas de Seguridad, el instrumento en el que más han confiado los Assad para controlar el régimen que han impuesto en Siria. Para ello han colocado a miembros de la familia en la cúpula militar y entre los mandos de las unidades más importantes, quedando el resto de los puestos de responsabilidad en manos de la minoría alauí, la minoría chií a la que pertenecen los Assad y que representa sólo el 10% de la población. El control familiar o religioso de las Fuerzas Armadas y de las de Seguridad ha sido fundamental para explicar la duración del régimen sirio y su empleo actual para prolongarlo contra una creciente oleada de manifestaciones y protestas en las calles y plazas sirias.

Una vez desaparecido el partido Baas del poder en el vecino Irak, y con la Libia del coronel Muammar El Gaddafi en crisis por la combinación de revueltas e intervención de la OTAN, el régimen sirio es, junto con el iraní, el único régimen musulmán que aún perdura con una impronta revolucionaria. Ambos controlan y emplean las Fuerzas Armadas y de Seguridad en provecho de sus culturas revolucionarias, aunque el régimen sirio es todavía más refractario a los cambios políticos que el de los ayatolás, donde al menos la diversidad de candidatos en las elecciones – aunque todos pertenecen al aparato religioso-político dominante– simula una apariencia de democracia. A pesar de las semejanzas, el régimen tunecino ha sabido evitar el aislamiento, colaborando con terceros países en la lucha contra el terrorismo yihadista en la segunda mitad de la pasada década y explotando su papel de mediador regional entre palestinos e israelíes y entre suníes y chiíes. Ese papel le ha permitido a Damasco contar con el cortejo del mundo occidental, desde EEUU hasta la UE. También ha sabido explotar una tímida apertura. Por un lado, el jefe de Estado actual, Baschar El Assad, anunció algunas medidas tras suceder a su padre en junio de 2000 gracias a las cuales consiguió firmar un Acuerdo de Asociación en el marco del Proceso de Barcelona, aunque el hecho de que fuera el último en firmarse mostraba ya las dificultades de la relación. Por otro, Siria ha contado con una clase comercial y de negocios dinámica que ha llevado a dudar a los analistas a la hora de calificar a este régimen entre autoritario o totalitario, aunque la apertura económica ha estado vinculada a la corrupción económica de los dirigentes.

En clave regional, Siria ha chocado con Israel tanto en las guerras convencionales libradas hasta la fecha –1948, 1956, 1967 y 1973– como en los enfrentamientos producidos en Líbano, en el resbaladizo escenario allí creado desde la década de los años 70 o, recientemente, en el ataque quirúrgico realizado por la Fuerza Aérea israelí cuando en septiembre de 2007 destruyó las instalaciones de Daiz Alzour destinadas al programa nuclear militar cuidadosamente ocultado por el régimen de Bashar El Assad. La iniciativa de proliferación siria había pasado desapercibida en un contexto marcado por la guerra de Irak y por el desmantelamiento libio de sus programas de armas de destrucción masiva, incluyendo el nuclear, pero no se debe minusvalorar en un contexto estratégico de alta tensión convencional (Siria continúa desplegando sus tropas en torno al territorio ocupado por Israel desde 1967) y nuclear (Siria se resiste a que los inspectores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica visiten todas sus instalaciones).

El régimen sirio también ha venido prestando asistencia militar a Hezbolá en Líbano dentro de sus ambiciones hegemónicas regionales, en las que Líbano es uno de los jirones desgajados la “Gran Siria” (conocida como sham). Cabe recordar que Siria retiró su contingente militar en abril de 2005, en aplicación de la Resolución 1559 del Consejo de Seguridad, aunque ha seguido manteniendo hasta el presente sobre el terreno a elementos de sus servicios de inteligencia y ha facilitado tanto la llegada de armamento iraní a Hezbolá como la de sistemas de armas propias, destacándose los misiles contracarro Konet y Metis-M, ambos de fabricación rusa. Paralelamente, Siria ha facilitado los intentos de mediación turcos y saudíes y parece dispuesta a llegar a un acuerdo con Israel. Los juegos de influencias en el país de los cedros aumentan su complejidad si se tiene en cuenta el apoyo iraní a Hezbolá, la oposición de Arabia Saudí a una influencia iraní sobre los líderes suníes, en particular sobre los del Movimiento del Futuro que actualmente dirigen el gobierno interino de Beirut.

El régimen no ha dudado en recurrir a la fuerza cuando se ha visto en peligro, para preservar la unidad de un país que constituye un complejo mosaico de pueblos y de creencias y cuya coexistencia hay que controlar con firmeza en un entorno regional enormemente volátil. Lo ha hecho en el pasado, con ocasión de los brotes de islamismo radical suní que fueron aplastados en el pasado por el presidente Hafez El Assad, padre del presidente actual. Para ello ya se empleó a las Fuerzas Armadas en la represión de la revuelta violenta de los Hermanos Musulmanes sirios en la ciudad de Hama, entre el 3 de febrero y el 5 de marzo de 1982. La represión armada causó entonces la muerte de entre 15.000 y 30.000 personas, dentro del mayor secretismo. También lo ha hecho más recientemente para controlar con firmeza todos los brotes de separatismo kurdo y evitar verse atrapada en los problemas ocasionados por las minorías kurdas en Turquía, Irak e Irán, o desde el 18 de marzo de 2011, cuando el gobierno sirio optó por imitar la vía represiva seguida por Irán para hacer frente a las manifestaciones y evitar el contagio tunecino y egipcio.

Sin embargo, esta vez la violencia no ha podido pasar desapercibida en un contexto árabe abierto al mundo de las redes sociales, de Internet y de la televisión por satélite, que ha tomado conciencia de que el régimen sirio reprime violentamente a su pueblo. Aunque el presidente Bashar pueda ocultar la contabilización objetiva de las víctimas –más de 800 víctimas mortales y la detención de más de 8.000 personas en algo más de dos meses de revueltas según fuentes no contrastadas–, ya no puede ocultar los niveles de represión empleados por sus dirigentes y sus Fuerzas Armadas y de Seguridad a su población, a la comunidad árabe y a la internacional.

El aparato militar y de seguridad del régimen

Las Fuerzas Armadas cuentan con 325.000 efectivos (220.000 del Ejército de Tierra, 5.000 de la Marina de Guerra, 40.000 de la Fuerza Aérea y 60.000 de la Defensa Aérea). La cifra de reservistas es también imponente, y lógica para un país que vive en estado de guerra y que entre 1975 y 2005 mantuvo desplegado en Líbano un enorme contingente militar de unos 35.000 hombres, y numerosos efectivos de inteligencia: 314.000 reservistas repartidos entre los 280.000 del Ejército de Tierra, los 4.000 de la Marina de Guerra, los 10.000 de la Fuerza Aérea y los 20.000 de la Defensa Aérea.

Junto a los 8.000 miembros de la Gendarmería, adscrita al Ministerio del Interior, el régimen dispone de los 100.000 efectivos de la Milicia de los Trabajadores, pertenecientes al Partido y, por ello, firmemente fidelizados. De esta última salen, por ejemplo, en las últimas semanas los tristemente célebres shahbiba, milicianos pertenecientes a la minoría alauí y encuadrados en el Baas, que son infiltrados en las manifestaciones para manipularlas y facilitar la represión de las mismas. Históricamente existieron hasta mediados de los 80 las denominadas Brigadas de Defensa, con unos 10.000 miembros mandados por el entonces vicepresidente Rifaat El Assad, hermano del presidente, que pretendía ser con dicho instrumento de poder un contrapeso a los militares y hacerse con la Jefatura del Estado. A raíz de sufrir el presidente un infarto, en junio de 1984, Rifaat trató infructuosamente de hacerse con el poder y hubo de exiliarse, afincándose en Londres tras vivir a caballo entre Francia y España y volver sólo ocasionalmente a Siria. Hoy en día, Rifaat cuenta con 75 años de edad y, aunque su deseo es ver el derrocamiento del régimen, no se le conocen ni posibilidades ni intenciones serias de optar a la Jefatura del Estado. El presidente Hafed El Assad apostó entonces por su hijo Basel, militar y paracaidista, para la sucesión y contó para ello con el apoyo de la cúpula militar. Sin embargo, al fallecer Basel en un accidente de tráfico en 1994, optó por otro de sus hijos, Bashar, entonces afincado en Londres. Para asegurarse el reconocimiento de los mandos militares, Bashar, que se había formado como oftalmólogo en el Hospital Militar de Tishrin en Damasco y que se había marchado al londinense Western Eye Hospital para ampliar estudios, fue llamado por su padre para ingresar en 1994 en la Academia Militar de Homs, de donde salió en 1999 como coronel, y en junio de 2000 ocupó la Presidencia.

A diferencia de las Fuerzas Armadas egipcias y tunecinas, o incluso de las yemeníes, con las que algunos países occidentales han venido colaborando en los últimos años en materia de lucha contra el terrorismo yihadista salafista, las sirias no tienen una tradición de relaciones internacionales más allá de sus lazos con los antiguos países del este y, en particular, con Rusia. Por tanto, ni Occidente ni la comunidad internacional en su conjunto cuentan con interlocutores válidos dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad para tratar de influir sobre la situación sobre el terreno. Ello establece una diferencia añadida importante con respecto a los casos de Túnez y de Egipto y ayuda a explicar por qué no se han producido en Siria las deserciones que sí se han dado en los casos de Libia y de Yemen. Los militares y policías sirios no han participado habitualmente en las misiones internacionales de paz y seguridad –otra diferencia importante respecto a sus homólogos tunecinos y egipcios– y su intervención en Líbano a partir del inicio de la guerra civil en 1975 fue como fuerza de ocupación, aunque formalmente perteneciera a un contingente de la Liga Árabe. Aparte de sus relaciones fluidas con los militares iraníes –Siria fue el único país árabe que apoyó a Irán en la Primera Guerra del Golfo contra Irak entre 1980 y 1988– o con los argelinos, sus relaciones militares se reducen a los mantenidos con la Unión Soviética en el pasado y con Rusia, Bielorrusia y otros del antiguo bloque oriental, por lo que sus responsables militares y de seguridad son unos grandes desconocidos para las Fuerzas Armadas y de Seguridad del resto del mundo.

En el círculo más íntimo de Bashar El Assad destacan su hermano pequeño, el general Maher El Assad, a quien en diciembre de 2009 algunos medios dieron erróneamente como muerto por enfermedad en Beirut y que dirige la Guardia Republicana (las antiguas Brigadas de Defensa que creara su tío Rifaat), que ha sido especialmente activa en la represión de las revueltas. Algunas fuentes cifran sus efectivos en unos 70.000 miembros fieles al líder y a su círculo familiar, bien instruidos y dotados de moderno material. Maher entró el 25 de abril de 2011 en Deraa al frente de la 4ª División Acorazada para evitar, se decía, “la creación de un emirato islámico”. Formadas en gran medida por tropas y mandos alauíes, estas fuerzas han permanecido en Deraa desde entonces y han utilizado fuego de ametralladoras pesadas para disolver las manifestaciones. A partir del 2 de mayo, y para reforzar a la 4ª División Acorazada, han intervenido también en las acciones contra esta ciudad helicópteros de combate, y estos y la artillería se habrían cebado entre otros objetivos con la emblemática mezquita El Omari. El general Maher encabeza los listados de sanciones de EEUU y de la UE como máximo responsable de la represión.

La segunda persona más importante en el blindaje del círculo de poder supremo sirio es el general Assef Shawkat. El general Shawkat ya participó en la represión de la revuelta islamista de Hama, en 1982, y en su meteórica carrera en la inteligencia militar, tanto en Líbano como en Siria, ha contado siempre con la confianza presidencial de Hafez y de Bashar. Esto se debe a que siempre se ha mantenido fiel al presidente Hafez El Assad, incluso mientras fue miembro de las Brigadas de Defensa de Rifaat, cuando éste último pretendía desplazarle del poder. El presidente Hafez El Assad no sólo le premió introduciéndole en la elite del poder, sino que también le permitió casarse con su hermana, Bushra, y entrar en el clan familiar de los Assad. Su figura se visto envuelta en controversias debido a su implicación inicial, junto al general Maher, entre los potenciales instigadores de la muerte del primer ministro libanés Rafik Hariri, en 2005, a su nombramiento como jefe de los Servicios de Inteligencia ese año y a su nombramiento en 2010 como teniente general y posible ministro de Defensa. Se le ha incluido entre los sancionados, pero en segunda ronda, lo que reduce su papel en la represión al menos con la información disponible.

Otro mando importante es el teniente general Mohammed Nasif Kheirbek, miembro de la mismo tribu alauí kalibaya que el presidente Bashar y con lazos familiares comunes. Dirigió la Dirección General de Seguridad desde 1999 y es vicepresidente para Asuntos de Seguridad desde 2006. A pesar de su avanzada edad se le ha considerado como el enlace iraní en Damasco y un hombre clave en el sistema de seguridad de los Assad (el presidente Sarkozy acudió a él para que liberara a la súbdita francesa Clotilde Reiss, acusada de espionaje y liberada gracias a su intervención). Se le ha incluido en el segundo listado de sancionados por la UE y ya lo estuvo por EEUU, aunque su exclusión de las primeras listas parece alejarle de los puestos de máxima responsabilidad.

Al frente de la Dirección General de Seguridad (DGS), el órgano encargado de la represión interna figura Ali Mamluk. Procedente de la inteligencia militar se ha caracterizado hacia fuera por favorecer la cooperación antiterrorista siria con EEUU y hacia adentro por liderar la corrupción institucional. El general Hafez Makhlouf, primo del presidente, depende del anterior y está al frente de la DGS en Damasco. Primo de Bashar y hermano de Rami Makhlouf –otro de los sancionados internacionalmente por su relación con la corrupción del régimen–, sobrevivió al accidente de coche de Basel Al Assad y se encarga de controlar los servicios de inteligencia. Se le ha incluido desde el principio entre el grupo de responsables de la represión interna en Siria.

Fuera de los círculos puramente familiares, pero íntimamente ligados al poder y de la máxima confianza de este, destacan el jefe de Estado Mayor de la Defensa y el ministro de Defensa, Hassan Alí Turkmani y Alí Habib Mahmud, respectivamente. Ambos han hecho sus carreras en las Fuerzas Armadas, combatieron a Israel, han trabajado en inteligencia y se han ido sucediendo en los cargos contando con la confianza del círculo familiar de los Assad. El general Tukmani perteneció al comité central del partido Baas y ha sido jefe de Estado Mayor de la Defensa entre 2002 y 2004 y ministro de Defensa entre noviembre de 2004 y junio de 2009, destacando por sus intentos de modernizar el aparato militar sirio mediante adquisiciones a Rusia, a Bielorrusia y a otros socios tradicionales. Sin embargo, ha chocado con las limitaciones presupuestarias que han impedido a Siria renovar, entre otros equipos, el parque de carros y de aviones de combate y hacerse con los sistemas antiaéreos avanzados rusos S-300. Por su parte, el teniente general Alí Habib Mahmud sucedió a Turkmani como ministro de Defensa el 3 de junio de 2009, y tiene una dilatada carrera militar en la que combatió a Israel en Líbano en 1982 en el Valle de la Bekaa, mandó el contingente sirio que combatió a los iraquíes en la II Guerra del Golfo en 1991 y estuvo al frente de las Fuerzas Especiales desde 1994 hasta 2002, año en que fue designado adjunto al jefe de Estado Mayor de la Defensa, siendo jefe de Estado Mayor de la Defensa entre 2004 y 2009. Como ministro de Defensa y responsable de la represión armada, se le ha incluido desde el principio en los listados de sanciones, mientras que Tukmani no aparece en ellos.

También se le ha incluido, aunque en segunda instancia, al director de la Oficina de Seguridad Nacional del Partido Baas. Antiguo director de la DGS entre 2001 y 2005, se le considera ligado a las actividades encubiertas sirias en Líbano y fue el responsable de la primera represión violenta de las manifestaciones en Deraa, que generalizó su expansión por toda Siria. Sin embargo, no se incluyó al presidente Bashar desde el primer momento. Ya sea para introducir una separación entre los responsables directos y el responsable político o por otra razón no esclarecida hasta el momento, el presidente Bashar ha gozado de un margen de confianza amplio de la comunidad internacional que le ha visto prometer reformas que nunca ha emprendido, dictar órdenes de no disparar contra la población que no ha garantizado y que se ha limitado a excusarse con alusiones vagas a errores y a la falta de formación de las fuerzas de seguridad. Su inclusión, aunque sea a última hora, le hace responsable objetivo de las sanciones y, si se confirman las estimaciones sobre víctimas, candidato a acusaciones de crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional si finalmente se deciden a solicitarlo los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Las repercusiones de las revueltas sirias en sus Fuerzas Armadas y de Seguridad

En el contexto actual de las revueltas, sostenidas desde hace ya más de dos meses y con un alto coste en vidas, la firmeza del régimen y la falta de fisuras se explica por la cohesión existente en la cúpula del Estado. Las movilizaciones comenzaron en la localidad de Deraa, a pocos kilómetros de la frontera jordana, y desde el primer momento el poder fue capaz de blindar en buena medida el acceso a la información sobre las mismas y las reprimió con extrema dureza. Mientras el régimen transmitía al mundo la idea de que las movilizaciones obedecían y obedecen a una manipulación yihadista (el hecho de que en buena medida las movilizaciones en Deraa se hicieran en torno a la mezquita El Omari ayudó a ello) y cercó la localidad con carros de combate y vehículos acorazados desde el 25 de abril. Posteriormente se enviaron a principios de mayo medios militares similares a las localidades de Homs, Hama, Rastan y Banias para ahogar también en ellas las protestas. A lo largo de mayo las cinco localidades citadas, conservadoras y de mayoría suní, han sufrido la represión de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, y a ello hay que añadir acciones represivas en la propia Damasco en los días 20 y 21 de mayo. La utilización de las Fuerzas Armadas fue temprana –el 26 de marzo provocaron con su intervención en Latakia una veintena de muertos–, pero se ha ido generalizando a raíz de la intensificación y de la expansión de las protestas, hasta llegar a tomar el 21 de abril la ciudad de Homs, que alberga la Academia Militar y en la que el 17 de ese mes habían sido asesinados un general y sus dos hijos.

El régimen utilizó en las primeras semanas a las fuerzas de seguridad y a las milicias fieles al partido para intentar apagar las protestas, y excepcionalmente a los militares, pero acabó recurriendo sistemáticamente a estos para sofocar, con una contundencia aún mayor, lo que las anteriores no habían conseguido con sus sangrientas acciones. Las herramientas principales utilizadas hasta ahora implican a personas de la máxima confianza del presidente El Assad y de su cúpula militar y de seguridad, la mayoría de cuyos miembros se han formado en Rusia, en la Academia Militar de Frunze, la del antiguo KGB (hoy Servicio Federal de Seguridad, FSB) y la de las Fuerzas Especiales (GRU). Hasta el momento, las cadenas de mando se mantienen fieles al régimen y cuentan con la confianza del círculo familiar del presidente, sin que la escalada de la represión haya dividido a los mandos, tal y como ha ocurrido en Yemen, o que las fuerzas de seguridad y defensa se hayan opuesto a disparar contra la población civil, a diferencia de lo ocurrido en Túnez y Egipto.

También, y a diferencia de lo ocurrido en Libia, la renuencia de la comunidad internacional a intervenir diplomática o militarmente para contener la represión en Siria ha facilitado la escalada de la violencia. Como era de prever, ni la comunidad internacional tiene la capacidad de presionar y de influir que tuvo en Túnez, Egipto o Bahrein e, incluso, en Yemen para introducir cambios y contener la represión, ni tiene la posibilidad de intervenir militarmente como se ha hecho. La República Árabe de Siria sigue teniendo un régimen cerrado al exterior –en particular a los medios de comunicación extranjeros–, como lo es Irán, y su alianza con la República Islámica y su papel en Oriente Próximo obligan a los grandes actores internacionales, con EEUU y la UE a la cabeza, a mostrar una exquisita prudencia y a no ir más allá de las condenas verbales, primero, o de algunas sanciones por las medidas represivas tomadas, después. Mientras la diplomacia estadounidense trata de justificar su comportamiento diferenciado en Libia y en Siria y descarta una intervención militar, la UE, que hasta hace pocas semanas trataba de reforzar sus vínculos políticos y de cooperación con Siria, ha fracasado en su intento de promover ante el Consejo de Seguridad una declaración condenatoria por la escalada de la represión y el uso de las Fuerzas Armadas y se ha limitado a imponer el 6 de mayo sanciones a una docena de sus dirigentes políticos y militares, que se han ampliado el 23 de mayo con una lista adicional de personas sometidas a sanciones que, ahora sí, está encabezada por el presidente El Assad.

Conclusión

Perspectivas de futuro

Siria es un régimen en guerra formal contra Israel desde hace décadas, estando por ello bien dotado de armamento y munición y contando con Fuerzas Armadas suficientemente entrenadas. Esto hace que medidas como las sanciones que la UE comienza a aplicar, o la interceptación por Turquía a fines de abril de dos aviones cargados de armas destinadas a este país, no vayan a afectar seriamente a las capacidades del régimen para reprimir las revueltas. Las sanciones de la UE alcanzan ya a una veintena de altos cargos sirios incluyendo al jefe del Estado, pero no van más allá de impedirles desplazarse a territorio comunitario y bloquear sus cuentas bancarias. Además, la cohesión que se percibe en los círculos supremos de poder y la falta de capacidad de maniobra de terceros países permiten despejar cualquier escenario de guerra civil. Finalmente, la amenaza representada por los Hermanos Musulmanes sirios –y aún cuando el máximo líder de estos, Mohamed Riad Shaqfa, mostraba su apoyo a las revueltas el 12 de abril desde su exilio saudí– ni es tan importante como el régimen de Damasco pretende hacer creer ni es tan desdeñable como otros consideran. La tendencia visible a que las protestas se tiñan cada vez más de color religioso, como ocurriera a principios de los 80 cuando los Hermanos Musulmanes atentaron incluso contra la vida del presidente Hafez El Assad, el 26 de junio de 1980, siendo salvado in extremis por un guardaespaldas, no hará sino endurecer aún más la represión. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad sirias mantendrán su lealtad al régimen de los Assad hasta que vean en peligro su propia supervivencia. Sin relaciones directas con otras Fuerzas Armadas, ni la presión de sanciones internacionales más importantes que las aprobadas hasta ahora por la UE, será difícil distanciar a las Fuerzas Armadas sirias del régimen y sus círculos íntimos de decisión, al menos hasta que el nivel de la violencia pueda obligarles a cuestionarse su lealtad, tal y como ya ha ocurrido con algunos miembros del partido Baas, o cuando la debilidad del régimen les permita tomar partido por otras opciones de futuro. Hasta el momento, y aunque la oposición ha informado de algunos casos en las redes sociales, no se conocen casos de militares represaliados por haberse negado a ejecutar las órdenes de disparar a la población. A pesar del blindaje informativo, también parece difícil pensar que un alto mando militar pueda comportarse de igual manera que el general tunecino Rachid Ammar y negarse a cumplir las órdenes del presidente Ben Alí. La coincidencia entre la cúpula militar y la familia y los intereses de los Assad blindan hoy por hoy al régimen y su posición en el tablero regional contribuye a dar confianza a dichas elites para mantener el statu quo actual.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Armée et israélité

Par Alain Dieckhoff, pour l’IRSEM (LE MONDE, 01/04/11):

Israël a fréquemment été présenté comme l’archétype de la nation en armes où toute la société est mobilisée dans l’institution militaire et préparée à la guerre. Ce choix a été clairement affirmé par la loi sur le service militaire de 1949 qui a introduit le principe d’une armée de masse constituée de trois “étages”: un groupe restreint de soldats de carrière, des conscrits (hommes et femmes appelés sous les drapeaux à 18 ans respectivement pour 36 et 21 mois) et des réservistes (pendant longtemps, les hommes devaient effectuer un mois de période de réserve jusqu’à 54 ans, aujourd’hui ils le font généralement jusqu’à 43-45 ans). S’ajoutent à cela certains dispositifs complémentaires.

Ainsi, les adolescents, garçons et filles, âgés de 14 à 18 ans, sont invités, sur une base volontaire, à rejoindre les rangs du Gadna (Bataillons de la jeunesse). Dans cette organisation qui tient un peu du scoutisme, les jeunes bénéficient d’une préparation militaire (entraînement physique, connaissance du terrain, maniement d’armes légères…). Ils sont également sensibilisés aux problèmes de sécurité du pays, ce qui facilite considérablement leur incorporation future. Par ailleurs, la défense passive, chargée de protéger la population civile durant les guerres, regroupe les hommes de plus de 45 ans, ainsi que les jeunes gens n’ayant pas été jugés physiquement aptes à être intégrés à l’armée régulière. Enfin, une institution tout à fait originale mérite d’être signalée : la défense territoriale (Haganah Merhavit) qui dote les implantations isolées – surtout le long des frontières – de moyens humains et matériels pour se défendre elles-mêmes en cas d’attaque. Ce dispositif est fondé sur le principe de l’auto-défense qui a accompagné toute l’histoire du sionisme, les kibboutz ayant été conçus dans les années 1920 comme de véritables forteresses insérées dans les zones arabes de Palestine.

Les implantations intégrées au sein de la défense territoriale sont fortifiées, équipées d’artillerie légère, de mines…, tous les résidents ayant vocation à participer à la protection de leur lieu d’habitation. Les hommes mobilisables ne rejoignent donc pas des unités régulières mais assurent la sécurité sur place. La défense territoriale a été étendue en 1978 à toutes les colonies juives de Cisjordanie et de Gaza (jusqu’au retrait unilatéral de l’été 2005), ce qui leur a donné une certaine autonomie en matière militaire que certains exaltés d’extrême-droite ont mis à profit pour organiser des “raids punitifs” contre des Palestiniens. Ajoutons, pour terminer, que le système de la conscription et des réserves implique fortement les proches. Les parents sont régulièrement invités à rendre visite à leurs enfants dans les bases militaires, tandis que la période de réserve annuelle du chef de famille pèse autant sur l’épouse qui doit alors prendre seule en charge la maisonnée.

Directement ou indirectement, toute la nation est donc en principe impliquée dans l’effort de défense.

Comment interpréter cette proximité entre armée et nation ? L’approche longtemps dominante, de nature fonctionnelle, insiste sur la relation équilibrée entre les sphères militaire et civile. Sans doute, l’acuité des questions liées à la sécurité nationale donne-telle à l’armée une place éminente qu’elle n’a dans aucun autre pays occidental. Les militaires contribuent à la formulation de la politique étrangère puisqu’ils sont systématiquement consultés pour toutes les décisions ayant trait aux relations d’Israël avec ses voisins immédiats.

Ils participent souvent ès qualité aux négociations diplomatiques. Ainsi les plus hauts échelons de l’armée ont-ils été associés aux différents accords conclus avec l’OLP depuis 1994. L’armée est également fortement impliquée dans le domaine économique puisqu’elle supervise la mise en oeuvre des projets de l’industrie d’armement. Enfin, le parachutage des officiers israéliens en politique est une pratique généralisée : à l’exception des partis religieux et arabes, toutes les autres formations politiques représentatives du consensus sioniste ont des généraux et colonels (à la retraite) bien en vue. Pourtant, dans cette perspective fonctionnaliste, cette pénétration des militaires dans la sphère civile ne se serait pas accompagnée d’une militarisation de la société parce que cette dernière exerce des effets en retour sur l’institution militaire. Ainsi, l’arrivée régulière de réservistes contribuerait-elle à insuffler un esprit démocratique au sein de l’armée. Les fonctions civiles remplies par Tsahal (enseignement de l’hébreu aux nouveaux immigrants, réhabilitation des jeunes issus de milieux défavorisés…) permettraient en outre de maintenir constamment l’armée à l’écoute de la société. La perméabilité partielle des frontières entre le civil et le militaire a donc facilité le développement d’interactions mutuellement bénéfiques. Israël serait une Athènes moderne où l’éthos civique, constamment réactivé, entrave l’absolutisation du militaire.

Cette perception laudative de la nation en armes où l’armée est présentée comme en osmose avec la société a occupé initialement tout le champ des recherches sur les rapports entre les Israéliens et Tsahal. Elle a été remise en cause à compter des années 1980 par une série d’approches critiques qui ont replacé au centre du débat la question de la violence organisée et de son rôle structurant pour la société. L’analyse en termes institutionnels avait, il est vrai, eu tendance à privilégier la fonction d’intégration nationale de l’armée sur laquelle Ben Gourion avait d’emblée mis l’accent en affirmant que “Tsahal devait éduquer une génération pionnière, saine de corps et d’esprit, brave et loyale, qui guérira ” les divisions tribales et celles de la diaspora”. Ce rôle de creuset joué par l’armée, en particulier pour les nouveaux immigrants au cours des premières décennies, n’a assurément pas été négligeable, mais à trop insister sur ce point, on a souvent perdu de vue que l’armée israélienne servait avant tout à faire la guerre et qu’elle la fit à de multiples reprises.

Partant de l’omniprésence de l’expérience de la guerre, les perspectives novatrices ont battu en brèche l’idée qu’il existait un équilibre harmonieux entre les sphères civile et militaire. Elles ont, au contraire, insisté sur la centralité de la guerre dans l’organisation institutionnelle et culturelle de la société. Du fait de la menace permanente pesant sur la survie de l’état durant les premières décennies, l’ensemble de la société a été orienté vers la préparation à la guerre. Le système de réserves permet ainsi l’enrôlement rapide d’une majorité écrasante de la population juive de sexe masculin. Toutes les institutions publiques (ministères, mairies, compagnies de transport…) sont immédiatement mises à contribution en cas de mobilisation générale.

Quant à l’arrière, sa tâche est d’assurer le fonctionnement sans trop d’à-coups du système social en situation de crise. Toutefois, la société doit demeurer en état d’alerte constant car tant qu’un seul état de la région (de la Libye au Pakistan) refuse de reconnaître le droit d’Israël à l’existence, la situation conflictuelle persiste. Cette routinisation du conflit8 est entretenue par une conception extensive de la sécurité qui ne se limite pas à la défense du pays contre les ennemis extérieurs. Les propos de Ben Gourion sont particulièrement révélateurs: “La sécurité tient chez nous une place plus importante que dans les autres pays… elle suppose le peuplement des régions inoccupées, la dissémination de la population, la création d’industries dans tout le pays, le développement de l’agriculture…la sécurité implique la conquête de l’espace maritime et aérien et la transformation d’Israël en grande puissance maritime… elle passe par l’indépendance économique et le développement de la recherche et des compétences scientifiques”.

Si tant de domaines relèvent de la sécurité nationale, les menaces sont inévitablement perçues comme quasiment permanentes. Pareille situation est propice au développement d’un “militarisme civil”, partagé par les élites et la majorité du peuple, qui les amène à examiner prioritairement les questions diplomatiques, politiques, économiques à travers le prisme sécuritaire. Avec la tentation de tenir tout risque, même relativement mineur, pour un danger mortel pour l’existence de l’état et d’y répondre par la violence armée. La nation en armes n’est donc aucunement fondée, dans cette perspective développée par des sociologues critiques (Baruch Kimmerling, Uri Ben-Eliezer), sur une symbiose militaire/civil mais bien sur la “militarisation de la société”, c’est-à-dire la diffusion généralisée d’un mode de pensée sécuritaire où la guerre est tenue pour une réponse normale et légitime à des problèmes politiques.

Cette approche novatrice a un mérite insigne : elle souligne combien la participation à l’effort de guerre est l’élément déterminant de l’israélisation des Juifs. De façon symptomatique, nombre de conscrits considèrent que “l’armée est une expérience israélienne qui constitue une partie intégrante de notre culture”: le vrai indice de l’israélité, c’est l’appartenance à la communauté militaire. Le service militaire constitue un véritable rite de passage qui investit symboliquement ceux qui l’effectuent, d’une identité israélienne plénière et la dénie à ceux qui ne l’accomplissent pas.

Toutefois, cette israélité doit être constamment réitérée par la participation aux périodes de réserves.

S’y dérober revient à entrer dans un processus de mise à distance par rapport à l’état d’Israël. De plus, seul l’enrôlement régulier dans l’armée est censé légitimer pleinement l’opposition politique. C’est uniquement si l’on est loyal à l’institution militaire qu’il est permis d’exprimer son désaccord sur les questions touchant à la sécurité de l’Etat. Si l’on excepte les conscrits rejetés pour raisons médicales ou pour niveau éducatif trop faible, deux grandes catégories de la population israélienne sont ainsi écartées d’emblée de ” l’israélité normative ” : les Arabes et les Juifs ultra-orthodoxes. Les premiers (20 % de la population) ont été exclus d’office de l’obligation de service militaire – seules exceptions, les groupes minoritaires, druze et circassien – au motif que leur loyauté envers l’état était incertaine. A l’évidence, l’argument a du vrai mais il doit être replacé dans la définition même de l’état d’Israël comme état juif, c’est-àdire rattaché structurellement au groupe majoritaire.

L’exclusion des Arabes du service militaire s’inscrit ainsi dans un système plus large de différenciation (en matière de droits sociaux, de distribution d’aides publiques, de pratiques d’aménagement du territoire…) où la judéité de l’état établit de fait une distinction entre la communauté politique légale (regroupant tous les citoyens) et la communauté politique nationale (restreinte aux seuls Juifs). La situation des ultraorthodoxes (haredim) est différente. Un compromis accepté par Ben Gourion en 1948 avait accordé de généreux sursis – se transformant par la suite en exemptions – aux élèves des académies religieuses. De quelques centaines à l’origine, ces cas n’ont fait qu’augmenter au fil des années, passant de 8 250 en 1977 à 35 000 en 1999, pour se monter actuellement à 50 000. Environ 11 % de la population juive (masculine) échappe ainsi aux obligations militaires pour des raisons religieuses.

Bien que personne ne conteste l’appartenance pleine et entière des “hommes en noir” au peuple juif, la plupart des Israéliens laïques ne les considèrent pas vraiment comme subjectivement israéliens. En un sens, Arabes et haredim ont une israélité formelle mais pas réelle, et leur non-inclusion dans l’armée comme leur non-participation aux opérations militaires les placent hors de l’espace de légitimité politico-idéologique.

Ajoutons que le service militaire ne joue qu’un rôle secondaire dans l’israélisation des femmes juives. Certes, elles sont astreintes à des obligations militaires (21 mois) mais des exemptions relativement libérales permettent à un bon tiers d’y échapper en évoquant essentiellement des raisons religieuses. De plus, elles n’effectuent quasiment pas de périodes de réserves et ne sont pratiquement pas affectées à des tâches de combat (seules 2 % des recrues le sont), mais occupent surtout des fonctions administratives, médicales, sociales ou éducatives.

C’est la communauté des soldats, constituée sur une base ethnique et de “genre” (hommes juifs), qui incarne la nation en armes que les cinq guerres – si l’on inclut la guerre d’usure le long du canal de Suez – dans lesquelles Israël fut engagé entre 1947 et 1973 ont contribué à consolider. Vécues, à tort ou à raison, comme des confrontations militaires imposées à l’état hébreu pour assurer sa survie, leur bien-fondé ne fut à aucun moment discuté. Une première faille apparut pourtant en 1973 lors de la guerre de Kippour, lorsque égyptiens et Syriens surprirent un Israël convaincu que les Arabes ne disposaient d’aucune option militaire. Conflit difficile et meurtrier, cette guerre voit naître la première contestation publique des responsables militaires, au premier chef du général Dayan, alors ministre de la défense, accusés de graves négligences. Une commission d’enquête sanctionnera durement les chefs de l’armée et poussera Golda Meir à quitter le pouvoir. 1973 marque un tournant car, pour la première fois, Tsahal apparaît comme faillible.

Pour télécharger la note, rendez-vous sur le site de l’IRSEM

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Afghan atrocities and jihadist victories

By James S. Robbins, author of This Time We Win: Revisiting the Tet Offensive, executive director of the American Security Council Foundation and senior editorial writer for foreign affairs at The Washington Times (THE WASHINGTON TIMES, 25/03/11):

Jeremy Morlock, an American soldier who confessed to murdering three Afghan civilians in 2009 and 2010, was sentenced Wednesday to 24 years in prison by a military judge. Four more soldiers face murder charges, and an additional seven are being held for lesser crimes. Some say the actions of Morlock and other members of his so-called “kill team” stand as a moral indictment of the war effort, but they have it backward. The U.S. government recognizes wanton killing of civilians as a war crime and responds accordingly. Had Morlock been working for the jihadists, he would be hailed as a hero.

Last week, the German news weekly Der Spiegel released a series of grisly images taken by “kill team” members of soldiers posing with corpses of their victims. Morlock is seen in one of the photos holding one of the corpses by the hair, smiling broadly. The accompanying story gives details of the killings, in which the team systematically murdered civilians then tried to make the deaths look like the result of legitimate operations. Der Spiegel claims to have 40,000 more “kill team” images left to publish.

The usual crowd of anti-war critics has been remarkably silent about the “kill team” pictures, perhaps because they are unwilling to subject President Obama to the same degree of condemnation that they heaped upon George W. Bush. When the Abu Ghraib prisoner-abuse scandal broke in 2004, former Vice President Al Gore said that “what happened at that prison, it is now clear, is not the result of random acts of a few bad apples. It was the natural consequence of the Bush administration policy.” Democratic leaders such as Sen. John Kerry and Rep. Nancy Pelosi called on Secretary of Defense Donald H. Rumsfeld to resign, as did the New York Times and Boston Globe. Then-Sen. Joseph R. Biden also was part of that chorus, but Vice President Biden has been uncharacteristically mute on the broader ramifications of the actions of the “kill team.”

Seymour Hersh, writing online in the New Yorker, said that he believed that “these soldiers had come to accept the killing of civilians – recklessly, as payback, or just at random – as a facet of modern unconventional warfare. In other words, killing itself, whether in a firefight with the Taliban or in sport with innocent bystanders in a strange land with a strange language and strange customs, has become ordinary.” He concludes, “This is part of the toll wars take on the young people we send to fight them for us.”

It may be true that the 12 men facing trial had been dehumanized to the point where hunting down innocent Afghans became a form of sport. But it is wrong to generalize from their aberrant behavior and indict the entire U.S. military or the Afghan war effort. These are not typical soldiers, and their actions were beyond the pale. Most troops serving overseas are not marauding killers but highly trained, competent and professional. This does not lend itself to splashy headlines or blistering commentary, but the “kill team” stands out precisely because of its uniqueness.

Since the Vietnam War, there has been a cottage industry of war-crimes reporting, sometimes true, other times exaggerated, often simply false. The 1968 My Lai massacre, which made Mr. Hersh’s career, was an earlier example of American soldiers committing war crimes and being punished for them. But anti-war activists and politicians exploited the tragedy for political gain and left the impression that randomly killing civilians was the norm for U.S. troops in South Vietnam. The expression “baby killers” entered the contemporary lexicon, and radicals spit on returning troops. It was one of the low points in American history.

But while the illegal actions of a few soldiers were used to discredit the entire war effort, the same critics ignored the systematic, policy-driven slaughter of innocents perpetrated by America’s enemies. In the South Vietnamese city of Hue, more than 5,000 civilians and prisoners of war were slaughtered intentionally by communist forces during the Tet Offensive. But the tragedy at Hue became merely a footnote to the war. The anti-war left set about denying the event took place, and the mainstream media, so fixated on My Lai, gave the Hue massacre barely a mention.

Like the North Vietnamese communists, the Taliban, al Qaeda and other terror groups have no problem killing innocents. Murdering civilians is central to their rules of engagement; it is their standard operating procedure. To them, it is a matter of pride; they will behead a helpless captive and upload a video of the killing to YouTube. What we call an atrocity they call a job well done.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

With or Without Mubarak, the Generals Flourish

By Richard Bulliet, professor of history at Columbia University and author of Islam: The View from the Edge and The Case for Islamo-Christian Civilization (THE NEW YORK TIMES, 12/02/11):

“We must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex.” So said President Dwight D. Eisenhower in 1961. Americans understood this warning to refer to the incestuous relations between high-ranking military officers and the arms industry.

In the Arab world’s military autocracies, the industrial side of this complex is not arms manufacturing. The officer corps reaches into every profit center in the country.

Hosni Mubarak has now stepped down. His handing over the country’s government to the Supreme Council of the Egyptian Armed Forces, however, is not likely to threaten the economic ties that connect the army officer corps with the business world — ties that have been an almost continual feature of Egyptian society, and Arab society more generally, since the year 1250. Vice President Omar Suleiman may negotiate constitutional changes, but he will never agree to a restructuring of Egyptian politics that diminishes the privileges of the military.

Portrayals of the Egyptian military during the Egyptian standoff as a potential balancing force between an unyielding president and an angry street missed the underlying dynamic of rule by army officers in most Arab countries. The army rank and file live in barracks, but the officers enjoy the good life and are deeply committed to their relatives and cronies in the business community.

Yemen offers a clear example. Relatives and business partners of President Ali Abdullah Saleh, the general who has been in power even longer than Mubarak, play major roles in oil exploration, petroleum services, heavy equipment, highway building, cement production, mango farming, cotton exporting, mobile phones, banking and many other enterprises. Saleh’s relatives also number four colonels and two brigadier generals, with two more generals coming from the president’s home village. All of them hold high command positions.

For Egypt, one must multiply the Yemeni example many-fold and look not just at one family, but at the top officer ranks in general.

Big business and military privilege are intimately intertwined, and businessmen who do not have the right contacts encounter many obstacles. Thus the stake of the Egyptian officer corps and its relatives and cronies in any transition to democracy is not limited to military matters.

In Iran in 1979, the colonels and generals appointed by the shah, and the business people who obsequiously served his tyranny, fled the country. But that was a true revolution. The new government seized the property of the exiles and completely overturned the economic order.

Only now is the Islamic Republic’s Revolutionary Guards Corps creating the same sort of military-industrial collusion that has long been standard in the Arab world.

Egypt’s protesters and their well-wishers around the world hope for a soft landing, not a revolution. Some of them also hope for an open economic and political system that will encourage a new generation of entrepreneurs and elected officials to dig the country out of its mire. But the livelihood of millions of others depends on a continuation of the economic status quo. Or at least on a slow and orderly conversion to a new system.

Given the size, strength, and popularity of the Egyptian Army, it is impossible to imagine a democratic transition in which the military command structure does not play a leading role. By the same token, it is impossible to imagine an orderly transition that does not in some way accommodate the economic interests of that command structure and its business allies.

Hosni Mubarak was no Dwight Eisenhower. Instead of warning against his country’s military-industrial complex, he embodied it. The question now is whether the order he represented will still prevail under a (slightly) more democratic constitution.

We can look at Turkey as an example of how long it takes to turn an officer-dominated ship of state in a positive direction. The first free election after Mustafa Kemal Ataturk’s autocratic rule took place in 1950. Ten years later the army evicted those elected leaders in a coup. It staged further coups in 1971 and 1980. A more credible democracy did not arrive until the election of the AK Party in 2002, and even now there are periodic warnings of a fresh military coup.

Similarly, it may take 50 years for Egypt to overcome centuries of subservience to its army officers. But with Mubarak gone, it is the time to take the first step on that long and difficult road.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Adiós, Manás

Por Jesús López-Medel, abogado del Estado. Ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la OSCE (EL PERIÓDICO, 26/02/09):

De allí partieron en su último viaje. El último pedazo de tierra que pisaron estaba muy lejos de su país. Subieron a un avión del que algunos ya habían expresado a sus familiares sus temores, a pesar de sus abundantes horas de vuelo y su capacidad de sacrificio. Quienes hemos viajado con frecuencia a esos lugares evitábamos siempre esos aviones de fabricación soviética, los yakovlev, tupovlev, etcétera. Ellos no podían elegir. Eran militares. El Yak-42 despegaría para siempre de Bhisket hace ya seis años, hasta llegar a nunca jamás.

Kirguistán es uno de los cinco países ex soviéticos que integran Asia Central. Es ahora noticia por lo que supone la pérdida de la última base militar utilizada por Estados Unidos en esa inmensa región para apoyar a sus acciones en Afganistán. Tras los atentados del 11-S del 2001 en Nueva York, una de las reacciones de George Bush fue invadir Afganistán en la operación Libertad Duradera. Buscaban a Osama bin Laden y pretendían derrocar a los fanáticos talibanes que ellos mismos antes habían apoyado y armado para expulsar a los invasores soviéticos. Tuvieron el respaldo militar de muchas estados aliados.

POLÍTICAMENTE, todos bendecirían la acción. Incluso la Rusia de entonces que, al tiempo, estaba desplegando una acción muy represora en Chechenia. Les venía muy bien el todo vale norteamericano contra el terrorismo para seguir aniquilando ellos a los separatistas caucásicos. Para la invasión y guerra que desde entonces se vive allí, además del apoyo político y logístico de Pakistán, era necesario que desde otro flanco también las tropas pudieran tener bases de apoyo. En aquel tiempo, apenas 12 años después de desmantelarse la URSS, EEUU tendría todas las facilidades. Dos lugares estratégicos para su Ejército eran las bases que permitirían utilizar Uzbekistán y Kirguistán, antaño ruta de la seda, hoy de la droga. El primero, frontera con Afganistán, es una nación con gran historia donde está la mítica Samarcanda y otras ciudades aún más bellas, como Khiba y Bukhara. El despotismo y la represión causaron en el 2006 una matanza de casi 1.000 personas. Las condenas occidentales provocaron en el dictador Karimov el repliegue y la expulsión de EEUU de la base que le permitía, hasta entonces, utilizar Uzbekistán.

Solo quedaba, pues, la base de Manás situada en la capital de Kirguizistán. En ella, junto a las tropas yanquis, hay un contingente de 60 españoles. Hacen labores de apoyo a los compatriotas que están en el país afgano. Ahora han de volver.

Kirguistán, un país con abundantes y bellas montañas, ha decidido que el Ejército norteamericano debe marcharse. Otra dificultad más en los polvorines que Bush le ha dejado a su sucesor. Tras el progresivo abandono de Irak, la nueva Administración de Barack Obama se centrará en el avispero de Afganistán, aunque parece que allí puede haber un cambio de estrategia. La creciente influencia rusa en todo el espacio soviético, una vez recuperada tras evaporarse la URSS, ha sido determinante en esa expulsión.

De allí han de volver nuestros militares que, en turnos de pocos meses, rotaban. Algunos nunca volvieron. En mayo del 2003, 62 militares españoles fueron embarcados en ese avión de fabricación ucraniana. Horas después, la aeronave se estrellaba en Turquía. El cierre de la base de Manás requiere un recuerdo para ellos.

Allí estuve en dos ocasiones visitando a las tropas españolas en unas condiciones de seguridad casi bélicas administradas por las autoridades norteamericanas. Junto a la entereza y sacrificio de nuestros militares, recordaré siempre lo que allí vi.

Hicimos una ofrenda en recuerdo de quienes ocuparon el avión que tendría como destino la muerte. Fue una gran sorpresa que la placa conmemorativa de ellos estuviese escrita en inglés: “To the brothers and sisters…“. Pregunté el motivo, y se me dijo que había sido colocada por EEUU. Desde aquí, además de muertos, olvidados. Al regresar a España, comenté este hecho con algunas personas del ámbito político. Dos años y medio después, en diciembre del 2007, volví al país kirguiz de nuevo como observador internacional de la OSCE. Una vez más quise rendir homenaje a nuestros militares. La placa única seguía allí sola, colocada sobre la misma roca. Pude de nuevo echar en falta que no hubiera en español un recuerdo semejante. Junto a la emoción, volví a sentir pena.

EN 180 DÍAS el Ejército norteamericano debe abandonar Manás. Con ellos lo hará también el contingente español. Seguirán atendiendo a los compromisos internacionales de apoyo a nuestro aliado. Los militares no deben expresar sus temores o sus dudas. Así, tal vez ellos piensen que están allí en misión de paz en lucha contra el terrorismo internacional. Muchos civiles tenemos dudas sobre su utilidad, dada la inmensa complejidad orográfica del país afgano. En cualquier caso, desde sus planteamientos militares, ellos actúan guiados por la profesionalidad, la abnegación y el sacrificio que les caracteriza.

Cuando regresen de Kirguistán, que traigan la placa. Que sirva para mantener vivo el recuerdo de nuestros muertos. Tal vez la Ministra de Defensa, Carme Chacón, quiera rendirles honores a ellos y a sus familiares haciendo que esa placa, escrita en inglés, quede, junto a su memoria, en un lugar digno, aquí en España.

Las limitaciones al uso de la fuerza: la transferencia de autoridad (TOA) y las reglas de enfrentamiento (ROE) (ARI)

Por Luis Feliú Ortega, Teniente general del Ejército retirado (REAL INSTITUTO ELCANO, 19/02/09):

Tema: Las Fuerzas Armadas españolas desplegadas en misiones internacionales se ven limitadas en el uso de la fuerza según los acuerdos de Transferencia de Autoridad establecidos y de las Reglas de Enfrentamiento aprobadas.

Resumen: El uso de la fuerza en las operaciones de apoyo a la paz en misiones internacionales está regulado por el Derecho Internacional de forma genérica y por acuerdos específicos entre los responsables políticos y militares de cada misión. La misión de OTAN/ISAF en Afganistán ha puesto de relieve la existencia de limitaciones nacionales al empleo de las Fuerzas Armadas de sus contingentes (caveats) que impiden que la cadena de mando disponga libremente de ellas según sus necesidades operativas. Esta y otras misiones también han puesto de manifiesto la necesidad de que las fuerzas armadas desplegadas dispongan de unas reglas de enfrentamiento (ROE) adecuadas para evitar situaciones como las de Srebrenica, Kosovo o Irak, donde la mala definición de las ROE afectó el cumplimiento de la misión. Este ARI explica la razón y la forma en la que se establecen esas limitaciones en los acuerdos de transferencia de autoridad (TOA) entre la autoridad nacional que cede una unidad militar y la autoridad internacional que la encuadra, así como la forma en la que se definen las ROE para evitar extralimitaciones, por defecto o por exceso, en el uso de la fuerza en apoyo de las misiones internacionales.

Análisis: Las Fuerzas Armadas constituyen el máximo órgano coercitivo del Estado y por lo tanto son las únicas, junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que tienen legitimado el uso de la fuerza para hacer frente a las amenazas a la seguridad que afecten al Estado, a sus ciudadanos y a sus intereses. Constituyen el último recurso ante un ataque armado y actúan por la disuasión y, llegado el caso, por el combate.

Tradicionalmente y a las órdenes del gobierno del Estado, las Fuerzas Armadas tenían como misión fundamental alcanzar los objetivos estratégicos militares para “ganar la guerra” y que normalmente se conseguían mediante la destrucción o neutralización de las Fuerzas Armadas enemigas combatiendo en las distintas batallas de una campaña militar, hasta que el Estado enemigo se rendía o se llegaba a un armisticio. La guerra, decía Clausewitz, era la continuación de la política por otros medios o la forma de lograr los objetivos políticos por medio de la fuerza. Por eso, una vez en guerra, el mando político encomendaba al mando militar el empleo de las fuerzas sin otras limitaciones que sus propias capacidades para derrotar al adversario dentro del teatro de operaciones asignado en el que ejercía el mando supremo. Así pues, desde el mando supremo al último soldado, siguiendo las órdenes de los escalones sucesivos de la cadena jerárquica, los militares utilizaban sus armas contra el enemigo de acuerdo con los planes de operaciones y las órdenes tácticas de combate.

Durante la edad moderna, los ejércitos se enfrentaban normalmente en el campo de batalla y las armas se empleaban fundamentalmente entre los combatientes que, no obstante, seguían ciertas reglas no escritas. Pero, poco a poco, los armamentos se fueron perfeccionando y las destrucciones fueron siendo cada vez mayores, alcanzando además a la población civil no combatiente. Por eso, los Estados trataron de limitar el uso de la fuerza mediante sucesivos acuerdos[1] que fueron constituyendo lo que se llamó el Derecho de la Guerra. Posteriormente, la Carta de las Naciones Unidas de 1947 limitó para todos los Estados firmantes el uso de la fuerza a los casos previstos en el Capítulo VII, como es el caso de situaciones de amenaza para la paz y la seguridad internacionales (art 42), y a los de legítima defensa (art 51), excluyendo por tanto el uso de la fuerza o amenaza de la misma en las relaciones internacionales.

Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparecieron otro tipo de conflictos donde las Fuerzas Armadas combatían, no contra las de otro Estado sino contra combatientes irregulares o contra combatientes regulares no enemigos declarados, como fue el caso de las luchas contra la dominación colonial o la ocupación extranjera, se hizo necesario actualizar el Derecho de la Guerra para adaptarlo a estas nuevas situaciones. Por eso en 1949 se firman los nuevos Convenios de Ginebra donde se incluye ya, no solo el concepto de guerra sino el más amplio de conflicto armado y se hace más referencia a la población civil no combatiente. Más adelante y en los Protocolos Adicionales de 1977 se precisan los conceptos de conflicto armado internacional y de conflicto armado interno, por lo que el nombre antiguo de Derecho de la Guerra se sustituyó por el más moderno de Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA) [2] o Derecho Internacional Humanitario (DIH). Por otra parte, en el Convenio de Nueva York de 1994 y en el Estatuto de la Corte Penal Internacional se extiende la protección mencionada en los Convenios no sólo al personal combatiente sino también al personal que participe en las misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Por lo que respecta a España, debemos recordar que los combatientes de las Fuerzas Armadas españolas en un conflicto armado están sujetos además de a las normas internacionales mencionadas al Código Penal Común español y al Código Penal Militar español, como les ocurre a la mayoría de las Fuerzas Armadas de los Estados con respecto a sus legislaciones nacionales.

Es importante tener en cuenta que la forma de emplear la fuerza hoy en día ya no es la misma que en los conflictos anteriores. La misión genérica de las Fuerzas Armadas ya no es necesariamente como antes el destruir o derrotar a las fuerzas contrarias para lograr el objetivo estratégico que conduzca al objetivo político. El principal objetivo es lograr el efecto perseguido por la autoridad política y éste puede –y debe– conseguirse no sólo mediante el empleo de la Fuerzas Armadas sino mediante la combinación de los diversos medios de que dispone dicha autoridad, es decir, medios diplomáticos, económicos y psicológicos, entre otros, sin necesidad de tener siempre que derrotar al ejército enemigo. Es más, en muchos casos habrá incluso que evitar el choque directo o el producir determinadas destrucciones que pueden lograr el efecto contrario y perjudicar el logro del objetivo fijado, situaciones que se dan frecuentemente, por ejemplo, en la lucha contra la insurgencia llevada a cabo por fuerzas de estabilización.

Otro problema surgió cuando las Fuerzas Armadas empezaron a usarse por medio de pequeñas unidades que se encuadraban en unidades multinacionales. Se hacía necesario dar unas normas tanto a los mandos como a los propios combatientes sobre en qué circunstancias, contra quién y con qué intensidad deberían aplicar su fuerza y, sobre todo, quién podría ordenárselo. Para eso existen la transferencia de autoridad (Transfer of Authority, TOA) y las reglas de enfrentamiento (Rules of Engagement, ROE). Cuando un Estado pone una unidad de sus Fuerzas Armadas a disposición de una organización internacional, como pueden ser las Naciones Unidas, o multinacional, como puede ser la OTAN o una Coalición, no lo hace normalmente de forma incondicional, como si fuera un cheque en blanco sino que lo hace bajo ciertas condiciones y reteniendo ciertas atribuciones que se suelen especificar en el documento que denominamos TOA.

En la TOA se especifica la fecha y el lugar en que tiene lugar la transferencia de las fuerzas y la duración de la misma. Además, se especifica el grado de autoridad, es decir el tipo de “mando y control” transferido, de acuerdo con la terminología OTAN y aceptada por prácticamente todas las naciones. Así, no es normal que se transfiera el “mando orgánico” ya que la Autoridad Nacional suele retener siempre el mando para cuestiones de disciplina, administrativas y sostenimiento, entre otras. Tampoco se suele transferir, salvo excepciones, el “mando operativo” (operational command, opcom) completo ya que en este caso supondría que la autoridad receptora de la transferencia podría asignarle todo tipo de misiones operativas e incluso articular la unidad de distintas formas. Este es el caso, en España, de los Ejércitos de Tierra y Aire y la Armada cuando transfieren el “mando operativo” de determinadas unidades sobre las que ejercen el “mando orgánico” al Mando de Operaciones del JEMAD, pero éste suele transferir a su vez a un Mando conjunto o combinado solamente el “control operativo” (operational control, opcon). En este caso, el Mando al que se le ha transferido la unidad, puede ordenar determinadas misiones pero siempre dentro de la misión general especificada en la TOA y no puede reestructurar la fuerza sin autorización del JEMAD, que retiene el “mando operativo”.

Este fue el caso, por ejemplo, de la Agrupación Española (SPABAT) en la Fuerza de Protección de Naciones Unidas en Bosnia (UNPROFOR). El gobierno español, a través del JEMAD, había transferido el control operativo al comandante de UNPROFOR para la escolta de convoyes de ayuda humanitaria entre Mitkovic y Sarajevo por el valle del Neretva y por eso no pudo cumplir órdenes que se le intentaban dar para hacer interposición en Mostar o menos aún en el monte Igman, cerca de Sarajevo. Esta situación producía continuos roces entre el Mando de UNPROFOR y el de SPABAT, ya que el JEMAD no autorizaba el cambio de misión. Aun así, en la TOA se suelen también indicar determinadas limitaciones especiales o caveats que suelen afectar a la zona de operaciones o a la forma de empleo de las unidades. Este fue el caso de la Brigada española Plus Ultra en Irak, que no pudo aceptar tampoco la orden de actuar contra la milicia del clérigo Muhtada el Sadr y proceder a la detención o captura de su hermano. Las unidades españolas no tenían autorización para actuar contra la insurgencia salvo en defensa propia.

Las TOA aseguran que las fuerzas de un Estado van a ser empleadas en la forma y lugar en que el gobierno correspondiente ha decidido, pero en cambio son un inconveniente para los mandos multinacionales ya que no pueden disponer libremente de las fuerzas puestas a su disposición con lo que les dificulta enormemente la ejecución de sus planes de operaciones y la maniobra operativa. Los comandantes de la OTAN en Afganistán se han lamentado repetidas veces no sólo de las escasas fuerzas puestas a su disposición sino de la cantidad y diversidad de caveats de las mismas. Por ejemplo, no pueden trasladar libremente fuerzas de una región a otra cuando se ve amenazada y necesita refuerzos. No sólo los mandos multinacionales ven limitadas sus capacidades sino que también ponen a veces a los mandos de las unidades nacionales en situaciones difíciles pues pueden ser tildados de cobardes, insolidarios o insubordinados, al negarse a cumplir órdenes que se oponen a lo incluido en la TOA. En cualquier caso, lo que sí es imprescindible es que los términos de la TOA estén claros y sean entendidos y aceptados por ambas partes antes de prever el empleo de la unidad y en todo caso que el representante español (Senior National Representative) intervenga para aclarar dudas. La buena definición de las ROE tiene un valor añadido a la hora de decidir el envío o no de fuerzas al extranjero porque hoy en día los gobiernos y los Parlamentos nacionales estudian las ROE, entre otros elementos de juicio, antes de emitir su decisión y algunas veces rehúsan participar en la operación si no se levantan algunas restricciones o, empleando el lenguaje de esas misiones, si no se acuerdan unas ROE más robustas para asegurar la protección de las tropas.

En todo caso, estas limitaciones al uso de la fuerza afectan más bien a los mandos multinacionales y a los de las unidades que a los mandos inferiores y a los propios combatientes. Sin embargo, en las operaciones de tiempo de paz o en situaciones de crisis previas a conflictos armados, es muy frecuente que pequeñas unidades e incluso combatientes aislados se encuentren en situaciones en las que no sepan como reaccionar frente a acciones hostiles o si están autorizados o no a hacer uso de sus armas. Para ello se han establecido las ROE, que son directivas dirigidas a las fuerzas militares que definen las circunstancias, condiciones, grado y forma en que puede ser utilizada la fuerza, la amenaza de la misma o las acciones que podrían ser interpretadas como provocativas. No hay que confundirlas con las misiones o cometidos tácticos. Tampoco pueden limitar el derecho a la legítima autodefensa, sino que por el contrario deben basarse fundamentalmente en él. El derecho a la autodefensa de las personas o de las unidades, entendido como el uso de la necesaria y proporcional fuerza, ante un ataque o inminencia del mismo, está universalmente reconocido en cualquier situación (Art 51 de la Carta de las Naciones Unidas), por lo que las ROE no deben limitarlo. No obstante, también es universalmente aceptado que la autodefensa debe ser “necesaria”, es decir, que el uso de la fuerza sea indispensable para lograr la autodefensa; “proporcional”, en el sentido de que la respuesta sea ajustada a la amenaza percibida y que además se limite en grado, intensidad y duración a lo estrictamente necesario y no más; e “inminente”, en cuanto a que la necesidad sea manifiesta, oportuna y grave. En el caso de la Alianza Atlántica y de acuerdo con los principios de la misma, este derecho de autodefensa debe entenderse también en el sentido de actuar cuando otras unidades o personal aliado sufran un ataque o estén ante la inminencia del mismo. Es lo que se conoce en la OTAN como “autodefensa ampliada”.

Tanto la OTAN como Naciones Unidas y la UE establecen sus propias ROE para las operaciones que se realicen bajo su mando, las cuales deben ser respetadas por las unidades que los distintos Estados pongan a su disposición. Estas unidades pueden, a su vez, tener unas ROE con mayores limitaciones impuestas por sus respectivos gobiernos, responsables últimos del empleo de sus fuerzas armadas, pero nunca ser más permisivas. En este caso, el gobierno correspondiente, a través de su JEMAD, incluirá en la TOA estas limitaciones o modificaciones a las ROE para que los comandantes multinacionales lo tengan en cuenta a la hora de prever su empleo.

Un caso particular y frecuente en el que los contingentes nacionales que participen en una fuerza multinacional de paz pueden tener ROE más restrictivas que las de la OTAN o de la ONU es el de una situación en la que las fuerzas militares incluyan en su misión la protección de personas o propiedades y que en un momento determinado no rijan estrictamente los principios de autodefensa, como podría ser el caso de evitar la limpieza étnica, protección de refugiados o evacuación de no combatientes o incluso la protección de almacenes, depósitos, vías de comunicación o transportes críticos para la ayuda humanitaria. En estos casos no se trata estrictamente de autodefensa y aunque el derecho internacional humanitario reconoce el derecho a utilizar la fuerza necesaria y proporcional para poder cumplir la misión, determinados gobiernos pueden no autorizarlo a sus contingentes.

Como regla general, la OTAN, además de los principios señalados, establece que en todo caso los comandantes “deben hacer un prudente y razonable esfuerzo para controlar la situación sin tener que recurrir al uso de la fuerza” y añade que “cuando el tiempo y las condiciones lo permitan, se deberá proporcionar a los potenciales agresores la posibilidad de retirarse o cesar sus acciones, advirtiéndoles de que las fuerzas de la OTAN actuarán en caso contrario”. Finalmente, también se especifica que “en la mayor parte de las acciones de las misiones de paz como las de ayuda humanitaria, en general las fuerzas deberán evitar cualquier acción que pueda percibirse como provocativa o agresiva”. Estas directrices, aprobadas ya por consenso por los países de la OTAN, se comparten por la mayoría de los demás países que participan en operaciones en tiempo de paz.

En caso de conflicto armado en el que las Fuerzas Armadas están autorizadas a usar fuerza letal para alcanzar sus objetivos, puede haber ROE que establezcan ciertos límites a esta fuerza letal para hacer aún más restrictivas las normas del Derecho Internacional del Conflicto Armado que siempre es aplicable. Cuando esto ocurre, lo que los mandos militares deben solicitar de la autoridades políticas, más que ROE es que se les fijen claramente los objetivos a alcanzar y en su caso unas instrucciones políticas donde pueden especificarse las limitaciones, autorizaciones o restricciones en las acciones militares a ejecutar para cumplir la misión, pero siempre teniendo presente que se le conceda al mando militar la necesaria libertad de acción para que pueda llevar a cabo sus planes de operaciones.

En cualquier caso, la OTAN especifica claramente que cuando el Consejo Atlántico y el Comité de Planes de Defensa (North Atlantic Council, NAC; Defence Planning Committee, DPC), con el asesoramiento del Comité Militar, aprueban el plan de operaciones (OPLAN) del mando estratégico (Strategic Command, SC), en él se le deben dar las instrucciones necesarias “de forma sucinta y sin ambigüedades, sin que ni al comandante de la operación ni a sus subordinados les quede ninguna duda acerca de los límites o restricciones en el grado de fuerza que pueden utilizar”. Este párrafo entrecomillado es fundamental, tanto para las autoridades políticas como para las militares y, sin embargo, es de lo más difícil de conseguir porque los políticos y los diplomáticos tienden siempre a la ambigüedad con objeto de lograr el consenso o la aceptación por parte de la población, ocultando frecuentemente determinados aspectos de la misión. Para los mandos militares, en cambio, el aceptar una misión sin un plan de operaciones claramente aprobado y con una guía e instrucciones políticas claras puede hacer abortar la operación o, como mínimo, tener consecuencias graves no sólo desde el punto de vista político sino del desprestigio y falta de eficacia de la fuerza militar y, lo que es peor, la pérdida innecesaria de vidas humanas. La Historia actual está llena de ejemplos de estos fracasos: las “áreas seguras” de Srebrenica, Zepa y Gorazde en Bosnia-Herzegovina, donde la unidad holandesa no tenía ni instrucciones claras sobre la conducta a seguir, ni los medios adecuados, con lo que se produjo un verdadero genocidio; la campaña aérea contra los serbios de Kosovo en la que el General Clark carecía de libertad de acción e instrucciones claras sobre los objetivos a batir y, sobre todo, Irak, donde las unidades militares carecían en los primeros momentos de instrucciones concretas sobre cómo actuar ante los saqueos y desórdenes públicos.

En la Alianza Atlántica existe un documento no clasificado (NATO MC/362 Rules of Engagement) en el que se incluye un catálogo de posibles opciones ante diferentes situaciones además de unas instrucciones generales. Así, cuando se aprueba un plan de operaciones también se indican las ROE que le afectan y que se incluyen en un anexo al mismo. Las ROE deben ser aprobadas por las autoridades políticas al igual que el OPLAN y ambos documentos tienen la misma clasificación. Aunque el documento MC/362 es bastante exhaustivo, puede ocurrir que algunos mandos militares o determinadas naciones tengan la necesidad de proponer para aprobación unas ROE que no estén incluidas previamente en ese catalogo o que algunas naciones no acepten para sus contingentes determinadas reglas. Además, incluso durante el desarrollo de una operación militar, el mando militar puede solicitar que se implementen determinadas ROE del catalogo que no se habían previsto. Finalmente, otras veces las autoridades políticas pueden aprobar de antemano que para algunas ROE queda a la decisión del mando militar el lugar y momento de su aplicación.

Conclusiones: El uso de la fuerza puede ser necesario, como hasta ahora viene siéndolo, para resolver determinadas situaciones en las que sin emplear la fuerza corren grave riesgo la población civil, los contingentes o la propia misión. Ello no supone que pueda hacerse sin el debido control ni coordinación con otros medios y por eso especialmente en este tipo de misiones actuales, tanto a nivel internacional como nacional, se deben determinar con claridad los objetivos y límites el uso de la fuerza. Al mando militar de cada escalón se le deben dar instrucciones claras e inequívocas sobre el objetivo a alcanzar, la conducta a seguir en cada situación y el grado de fuerza a utilizar y limitaciones en su caso, sin inmiscuirse posteriormente en la forma de cumplir su misión salvo que se vulneren aquellas. Por otra parte, el Mando militar de una operación debe solicitar y requerir siempre, a través de su cadena jerárquica, que se le apruebe previamente el plan de operaciones con las opciones o instrucciones necesarias. De esta forma se minimizarán las situaciones difíciles tanto para los mandos militares como para las autoridades políticas. Aparte de las reglas del Derecho Internacional para los Conflictos Armados y del Derecho Internacional Humanitario, que son siempre de obligado cumplimiento, tanto las Organizaciones Internacionales como los propios gobiernos introducen nuevas limitaciones mediante lo que se conoce como TOA y ROE. Y en los nuevos procesos de decisión compartidos por gobiernos y Parlamentos para evaluar la participación en misiones internacionales, la definición adecuada de las TOA y de las ROE resulta decisiva como elemento de juicio a la hora de autorizar o no el envío de tropas al extranjero.

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Notas:

[1] Convenio Internacional de La Haya de 29 de junio de 1899 sobre Leyes y Usos de la Guerra Terrestre, Convenio de la Haya de 18 de octubre de 1907 relativo a la Ruptura de Hostilidades y Convenios de Ginebra de 1929.

[2] Convenios de Ginebra, revisión de 12 de agosto de 1949 y Protocolos Adicionales I y II de 1977.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona