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lunes, junio 20, 2011

Son mexicanos, son valientes

Por PABLO ORDAZ (El País.com, 19/06/2011)

No tuvieron que irse a la guerra, la guerra vino a buscarlos. Desde 2007 hasta ahora, más de 40.000 mexicanos han muerto víctimas de la guerra que sostienen calle a calle las organizaciones criminales y el Gobierno de Felipe Calderón. Día tras día, los periódicos cuentan historias espeluznantes de matanzas, decapitaciones, policías y políticos corrompidos por el narcotráfico. A ritmo de ametralladora, las editoriales publican libros sobre los principales carteles y hasta la revista Forbes sigue manteniendo en su nómina de multimillonarios al mítico Chapo Guzmán, el fugitivo líder del cartel de Sinaloa. El mal, por tanto, tiene su cuota de gloria en la vida cotidiana de México. El resto del paisaje lo conforman unas autoridades sin prestigio ni credibilidad y una sociedad asustada y desvertebrada, como ausente, sin capacidad de alzar la voz sobre el tableteo constante de las armas de alto poder. Sin embargo, de un tiempo a esta parte van saliendo a la luz historias de gente corriente que, lejos de claudicar o brincar la frontera hacia Estados Unidos, decidió anteponer la dignidad al miedo y enfrentarse al terror, muchas veces con la única protección de su pecho descubierto. Un cirujano de Ciudad Juárez que fue percatándose de que los sicarios a los que trataba de salvar la vida cada vez se parecían menos a él -un hombre de 40 años- y más a su hija adolescente. Una alcaldesa de la tierra caliente de Michoacán, una de las zonas más peligrosas de México, que un día -después de que unos criminales mataran a su marido- se levantó la blusa y mostró su cuerpo roto a tiros y su decisión de no claudicar. Un edil de Nuevo León al que los criminales ya han emboscado tres veces, llevándose por delante a varios de sus escoltas. Un poeta que perdió a su hijo y ahora recorre el país intentando a duras penas resucitar la conciencia cívica, el orgullo de ser mexicano. Son los nuevos héroes. El México heroico que lucha contra el México salvaje.

De pie junto al quirófano del Hospital General de Ciudad Juárez, el doctor Arturo Valenzuela, de 45 años y con una hija adolescente, se fue dando cuenta de que, hace solo tres años, a su quirófano llegaban dos heridos de bala a la semana, a veces tres, tipos duros, herederos de una estirpe acostumbrada a matar y a morir según las reglas de la droga y la frontera, pero que, mes a mes, la fisonomía de los heridos y de los muertos se iba suavizando hasta tener los rasgos de una mujer joven. Espantado, pensó en huir. "Lo tenía fácil", reconoce, "además de la mexicana, yo tengo la nacionalidad canadiense. Así que pensé que era hora de probar otra vida, de sacar a mi hija y a mis padres de aquí, de ponerlos a salvo cruzando la frontera". Una frontera que separa Ciudad Juárez de El Paso. La ciudad más peligrosa del mundo, de la ciudad más pacífica de Estados Unidos.

Al tiempo que valoraba la posibilidad de marcharse, el doctor Valenzuela también iba constatando, horrorizado, que en Ciudad Juárez ya se habían acabado los sicarios de 40 años. Ya no se trataba, pues, de una guerra tradicional entre carteles. Yo te mato a tres. Tú me matas a siete. Se trataba ya de una guerra total. Empujados por la pobreza, por la desigualdad, por la falta de afecto en una ciudad acostumbrada a tratar a las mujeres como esclavas -en la cadena de montaje o en la casa-, cientos de muchachos crecidos a la intemperie de barrios sin asfalto ni escuelas, sin energía eléctrica ni agua corriente, fueron engrosando las filas del único ejército que los aceptaba. A un ritmo endiablado, sin capacidad de elegir, esos muchachos bautizados a semejanza del último galán de la última telenovela, fueron subiendo rápidamente por la escalera del crimen. De halcón -el que alerta de la llegada de la policía- a camello. De camello a sicario. De sicario a muerto. El doctor Valenzuela pensó que la única manera de intentar interrumpir ese último salto mortal pasaba por quedarse. "Me dije que mi hija o mis padres no eran los únicos que lo estaban pasando mal. Que en la biografía de mi conciencia no podía escribir con tinta indeleble que cuando mi ciudad me necesitó, yo me fui. Así que me senté con otros médicos a ver qué se podía hacer...". No hace falta escribirlo. El doctor Valenzuela decidió quedarse.

"La primera marcha que organizamos fue en noviembre de 2008. Unos 200 médicos. Muchos con cubrebocas, por temor a represalias. Ya se habían disparado los secuestros, las extorsiones telefónicas y los homicidios con armas largas, aunque no tantos como ahora. Se estaba empezando a fraguar el Comité Médico Ciudadano y yo me sumé. Lo primero que hicimos fue crear una página de Internet con información práctica para enfrentar los secuestros. ¿Cómo piensa el secuestrador? ¿Qué víctima es más vulnerable? Incluso pusimos un botón de pánico para que la gente nos llamara en caso de necesidad, porque ya por entonces nadie se fiaba de la policía. Hay que tener en cuenta que en el año 2007, en Ciudad Juárez se denunciaron siete secuestros. En 2008 ya fueron 28. Al año siguiente ya había más de 200 denuncias... La gente no sabía qué hacer. Negociaban mal. Pagaban rescates espantosos. Cometían errores que ponían en peligro a la víctima. Y lo peor de todo: una vez que pagaban, ya jamás los dejaban en paz, seguían extorsionándolos. Mucha gente empezó a marcharse de la ciudad".

El párrafo anterior, sin interrupciones, es la pura declaración del doctor Valenzuela. En ese párrafo, y en los que vendrán después, está sintetizada la historia de lo que ha sucedido en México en los últimos cinco años, la clave apenas apuntada en la primera frase del reportaje: los mexicanos no fueron a buscar la guerra, la guerra se plantó un día en la puerta de su casa. La verdadera clase de tropa de esta guerra sin cuartel -es bueno no equivocarse- no la forman los miles de militares sacados urgentemente de los cuarteles o los miles de policías federales instruidos a toda prisa, conectados a una máquina de la verdad para certificar la pureza de sus intenciones, armados hasta los dientes después y finalmente puestos a patrullar en ciudades que a muchos de ellos les resultan hostiles y remotas. Los verdaderos soldados a la fuerza de esta guerra son los ciudadanos. Los concejales de ciudades pequeñas que, pese a la oferta de plomo o plata, deciden apretar los dientes y seguir sirviendo a sus comunidades. Las profesoras que, entre la clase de matemáticas y la de dibujo, tienen que enseñar ahora la de supervivencia. En caso de balacera, hay que tirarse al suelo, no levantar la cabeza, entonar tan fuerte como sea posible una canción divertida. "No pasa nada", les decía Martha Rivera Alanís a sus alumnos de seis años mientras fuera repicaban las balas, "nada más pongan sus caritas en el piso. Vamos a cantar fuerte una canción: ¡si las gotas de lluvia fueran chocolate...!". El vídeo que grabó aquella valiente maestra de Nuevo León venía a demostrar hasta qué punto la violencia forma ya parte de la vida cotidiana de México, pero también de qué forma los mexicanos de a pie lo enfrentan de forma valerosa. "Echándole ganas", por utilizar una expresión local.

Como le echan ganas cada día los periodistas mexicanos del norte. Hasta hace muy pocos años ejercían su oficio decente y tranquilamente en los pequeños diarios de las ciudades del norte, hasta que, de un día para otro, se convirtieron en corresponsales de guerra. Solo que ellos no se visten con chalecos antibalas, no presumen de haber estado en conflictos lejanos ni dan conferencias al regreso. Ellos -los periodistas de Chihuahua, de Tamaulipas, de Nuevo León- ni siquiera tienen que cruzar la calle para irse a la guerra. Lo hacen después de dejar a sus hijos en el colegio, a veces en el mismo colegio que los hijos de los criminales, temiendo cada día que, después de cubrir la última balacera en el barrio más bravo de la ciudad, el teléfono de la redacción suene y al otro lado de la línea una voz muy convincente sugiera que al reyezuelo local del cartel del Golfo o de Los Zetas no le gustaría que tal o cual dato ocupara la portada del día siguiente. Y a pesar de todo, los periodistas mexicanos siguen ejerciendo su oficio. La prueba es que la ONU acaba de otorgarle a México el dudoso galardón de haberse convertido en "el país más peligroso de América para ejercer el periodismo", un premio al que solo se opta reuniendo muchas coronas de flores.

Abrazo del poeta Javier Sicilia a Luz María Dávila, ambos con hijos asesinados en México.- TOMÁS BRAVO/REUTERS

Hay muchos alcaldes en México que, día a día, desprecian el dinero sucio y ponen en riesgo su vida. Pero tal vez no haya muchos que sean capaces de contarlo con el desparpajo del ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, alcalde de García, una localidad de 150.000 habitantes en el área metropolitana de Monterrey, la capital de Nuevo León.

-¿Cuántas veces han atentado contra usted?

-Tres.

-¿Cuál fue la primera?

-Cuando inicié mi campaña para alcalde, en junio de 2009.

-¿Por qué?

-Porque le dije a la gente lo que ya venía viendo desde hacía unos años, que los policías estaban involucrados en el narcotráfico, cobraban extorsiones, se dedicaban al narcomenudeo... Pero, a pesar de la amenaza de los criminales, gané la alcaldía.

-¿Y qué fue lo primero que hizo como alcalde?

-Puse al frente de la policía a un general incorruptible. Me lo mataron al cuarto día. Y yo, después de ir al funeral, eché al cuerpo de policía al completo, despedí a 165 agentes y empecé a reclutar a gente nueva. Contraté a otro militar incorruptible y empezamos a limpiar la ciudad. Clausuramos 250 narcotienditas, sacamos a los capos de la ciudad, metimos en la cárcel a 27 policías y otros salieron huyendo. Son esos los que me quieren matar. Estoy pisando muchos callos, pero no quiero que un día mis hijos digan que fui un cobarde.

-Y, ya como alcalde, ha sufrido dos atentados más...

-Se me pone la piel chinita al acordarme. Yo jamás he disparado un arma, nunca tuve una pistola. Pero nos emboscaron y tuve que poner mi camioneta blindada entre los sicarios y los escoltas para que no los fusilaran allí mismo. Ahí ya me mataron a uno...

-¿No tiene usted miedo, alcalde?

-Todos tenemos miedo, compadre. Pero yo lo sé controlar. Mire, hay gente que le tiene tanto miedo a la muerte que no aprende a disfrutar de la vida. Hay vivos que están ya muertos. Y yo no quiero ni ser un muerto en vida ni que mis hijos me recuerden como un cobarde.

En las dos historias siguientes también adquieren especial importancia los hijos. Los hijos pequeños de María Santos Gorrostieta y de Marisol Valles. Los hijos muertos de Marisela Escobedo, de Luz María Dávila y de Javier Sicilia.

El poeta Javier Sicilia, al frente de una marcha contra la violencia en las calles de Cuernavaca.- OMAR TORRES/AFP

María Santos Gorrostieta, la joven alcaldesa del pequeño municipio de Tiquicheo, en el Estado de Michoacán, apenas ocupó un par de días los titulares de la prensa. Dijo lo que tenía que decir y luego, sensatamente, volvió a desaparecer. Y lo que tenía que decir era que el 15 de octubre de 2009 sufrió el primer ataque del crimen organizado. ¿De quién exactamente? No se sabe. Estas cosas no suelen saberse en México, donde la impunidad supera el 98% de los casos. Aquel día, la joven alcaldesa fue atacada por un grupo de sicarios armados con rifles de asalto y granadas de fragmentación -esos juguetes que con tanta facilidad se pueden comprar en las 12.000 armerías estadounidenses abiertas junto a los 3.000 kilómetros de frontera con México-.

No lograron matarla, pero se llevaron por delante a su marido y padre de sus tres hijos pequeños. En cuanto se recuperó de sus heridas, María Santos regresó a sus labores de alcaldesa, pero solo tres meses después volvieron a atacarla. Esta vez, cuando salía de un acto en la Tierra Caliente del Estado de Guerrero. La camioneta Ford Lobo que conducía su hermano recibió varias ráfagas de metralleta. Tres proyectiles hicieron blanco en el tórax, la pierna y el abdomen de María Santos. De nuevo estuvo a punto de morir. De nuevo se salvó. Y fue entonces cuando la joven alcaldesa llamó a un fotógrafo, se remangó la blusa, mostró su hermoso cuerpo roto por los disparos y dijo: "A pesar de mi propia seguridad y la de mi familia, tengo una responsabilidad con mi pueblo, con los niños, las mujeres, los ancianos y los hombres que se parten el alma todos los días sin descanso para procurarse un pedazo de pan...; no es posible que yo claudique cuando tengo tres hijos a los que tengo que educar con el ejemplo". Dicho esto, María Santos Gorrostieta, la alcaldesa valiente de Tiquicheo, regresó de puntillas a sus labores de madre y alcaldesa.

María Santos sabía que no es prudente significarse demasiado. En ninguna dictadura lo es. Tampoco en esta del terror creciente que sufre México desde principios del año 2007. Tan creciente que un reciente estudio realizado por el experto Eduardo Guerrero para la revista Nexos demuestra que -en contra de la versión oficial- cada vez son más los municipios mexicanos azotados por la violencia. Si en 2007 eran 53 los municipios donde se registraron 12 o más homicidios ligados al crimen organizado, en 2008 ya pasaron a ser 84; en 2009 la cifra subió a 131 municipios y en 2010 ya fueron 200 las localidades con 12 o más ejecuciones. La cifra de lugares aquejados por el cáncer de la violencia se ha cuadruplicado en solo cuatro años y aún no se vislumbra una salida.

María Santos, alcaldesa de Tiquicheo, muestra el cuerpo roto por disparos de sicarios. En un ataque anterior había muerto su marido y padre de sus tres hijos.- CONTACTO CIUDADANO

Por eso, significarse es peligroso. Muchos de los protagonistas de nuestro México heroico lo supieron desde el principio. Otros lo fueron sabiendo. Del primer grupo mencionado podemos rescatar la lucha de una mujer llamada Marisela Escobedo.

Marisela tenía una hija de 16 años que se llamaba Rubí. La mataron en Ciudad Juárez en agosto de 2008, apenas unas semanas después de dar a luz a su bebé. Marisela, como otras muchas de las más de 500 madres cuyas hijas han sido asesinadas en la ciudad norteña, emprendió la búsqueda del asesino de su hija. Un año después, y gracias a su insistencia, la policía detuvo a un tal Sergio Rafael Barraza, el exnovio de Rubí, quien confesó que la había matado y quemado después, indicando a los agentes el lugar donde se encontraba el cadáver. Pese a todo, el convicto solo pasó unos meses en prisión. El 29 de abril de 2010 fue puesto en libertad por "falta de pruebas". Marisela volvió a echarse a la calle para seguir clamando justicia para su hija. Logró que el juicio fuera revisado, pero el asesino, lógicamente, ya había puesto pies en polvorosa. Barraza fue condenado en rebeldía a 50 años de prisión. Marisela se plantó entonces frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, el Estado fronterizo con Estados Unidos cuya ciudad más poblada y más violenta es Ciudad Juárez. La presencia de Marisela allí, durmiendo en plena calle, era un grito constante que dejaba al descubierto las graves carencias del sistema de seguridad y justicia en México. No pasó mucho tiempo hasta que empezó a recibir amenazas. Las denunció frente a las cámaras de televisión. "No me voy a esconder", dijo, "si me van a asesinar, tendrán que venir a asesinar aquí para vergüenza del Gobierno. Tengo amenazas por parte del asesino de mi hija, de su familia. Me han dicho que él ya está involucrado en un grupo del crimen organizado. ¿Qué está esperando el Gobierno? ¿Que venga y termine conmigo? Pues que termine conmigo, pero aquí enfrente del Palacio de Gobierno, a ver si les da vergüenza".

Así lo hicieron. Terminaron con ella allí mismo, en plena calle, frente al edificio símbolo de la autoridad, el jueves 16 de diciembre de 2010. El vídeo grabado por una cámara de seguridad hizo posible que todo México pudiera ver casi en directo la ejecución anunciada de Marisela Escobedo. Tres tipos la atacaron, ella cruzó la calle intentando salvarse, pero un sicario la alcanzó, le disparó mortalmente en la cabeza y se alejó caminando, tan campante, hasta que un coche blanco lo recogió y lo sacó del lugar.

Marisela -que hoy reposa junto a los restos de su hija Rubí- sabía que la iban a matar. Y aun así dio el paso. Marisol Valles, en cambio, no se percató en un principio de lo que significa enfrentarse al crimen. El pasado mes de octubre, ante la negativa de todos los hombres, decidió hacerse cargo de la policía de su municipio, Práxedis G. Guerrero, fronterizo con Estados Unidos, en pleno Valle de Juárez. Ante la estupefacción de medio mundo, Marisol Valles, de 20 años de edad, madre de una recién nacida y estudiante de Criminología, se convirtió en la jefa de 19 policías, nueve de ellos mujeres. Los antecedentes no eran halagüeños precisamente. Solo un par de días antes, en el pueblo de al lado, el crimen había abatido sin contemplaciones a un comisario y a su hijo. ¿Quién los mato? Posiblemente los mismos que, unas semanas después y sin que trascendiera a la opinión pública, empezaron a mandarle mensajes envenenados a Marisol Valles. Tal vez fueron los hombres de Vicente Carrillo, jefe del cartel de Juárez, o tal vez los del Chapo Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa. Lo que sí trascendió es que, cuatro meses después y sin decírselo ni al alcalde, la joven jefa de policía cogió a su hijo y cruzó la frontera para ponerse a salvo. No ha sido hasta ahora cuando, a través de una cadena de televisión estadounidense, Marisol Valles ha declarado con lágrimas en los ojos que sí, que tuvo miedo, que la amenazaron con asesinarla a ella, a su bebé, a su familia...

Mientras todo eso sucedía, muy cerca de allí, junto a un quirófano del Hospital General de Ciudad Juárez, el doctor Valenzuela seguía observando la progresiva destrucción de su ciudad, pero no solo de la suya. Como piezas de dominó que provocan con su caída la caída de las demás, muchas ciudades del norte del país se fueron convirtiendo en verdaderos campos de batalla -Tijuana, Reynosa, Matamoros- hasta terminar contagiando al seis doble, la joya de la corona, Monterrey, la capital del Estado de Nuevo León, otrora el orgullo indiscutible del México moderno y emprendedor y hoy una ciudad que vive de sobresalto en sobresalto. Sus vecinos se han acostumbrado a avisarse a través de las redes sociales -sobre todo a través de Twitter- de los bloqueos de carreteras que los sicarios de tal o cual cartel suelen organizar para evitar que los rivales o la autoridad los interrumpan mientras hacen de las suyas. Por ejemplo, el pasado martes, un vecino de Monterrey avisaba a través de su tuiter: "Situación de riesgo en Chapultepec y Revolución, hombres colgados en puente y disparos, eviten la zona #MtyFollow". El tuit informativo era contestado enseguida por TrackMty, una red ciudadana con más de 40.000 ciudadanos que intenta ayudar a los ciudadanos a no convertirse en víctimas de la violencia. Unas horas después, los periódicos locales ya traían la fotografía de los ahorcados en un puente del centro de Monterrey, a plena luz del día. La conmoción que viven ahora los regiomontanos ante la caída de su ciudad la vivieron ya hace tiempo los juarenses. También fueron testigos de cómo los intentos de rescatar la ciudad con la bayoneta calada fueron fracasando.

Lo cuenta el doctor Valenzuela: "Fue entonces cuando llegaron los militares a Juárez. Capturaron a muchos delincuentes. Pero no supieron armar los expedientes y los jueces los dejaban en libertad. La impunidad estaba por arriba del 98%. Ya teníamos una buena cantidad de homicidios todos los días, los secuestros se dispararon y se había puesto de moda el cobro de piso. A tu negocio llegaba un tipo, a cara descubierta, y te entregaba un papel con un número de teléfono: a partir de mañana recibirás protección a cambio de 5.000 pesos (300 euros) a la semana. Y si no pagabas... Empezaron a cerrarse gran cantidad de negocios y los homicidios ya superaban los 5.000. Ninguno se investigaba. La policía estaba infiltrada. La procuración de justicia no existía. Pedimos que viniera a la ciudad el presidente Felipe Calderón. Se nos dijo que el presidente iba a venir... Pero entonces pasó lo de Villas de Salvárcar y eso lo aceleró todo...".

Lo de Villas de Salvárcar... Hay un antes y un después de "lo de Villas de Salvárcar". Ocurrió el 31 de enero de 2010. Quince jóvenes que celebraban una fiesta en un barrio de Ciudad Juárez fueron acribillados. Desgraciadamente, no fue la crueldad del crimen lo que lo convirtió en famoso, sino unas declaraciones que hizo el presidente Felipe Calderón. Sin salirse de la versión oficial, que sostiene que la inmensa mayoría de los caídos desde 2007 son sicarios que se matan entre sí, el presidente de la República atribuyó la matanza a un ajuste de cuentas entre bandas. El patinazo no pudo ser mayor. Enseguida se supo que los muchachos eran en su mayoría buenos estudiantes y deportistas, víctimas de la espiral de locura y muerte que azota a Ciudad Juárez, donde en 2010, y a pesar del despliegue de más de 10.000 policías federales, se produjeron 3.100 homicidios. El presidente Calderón no tuvo más remedio que ir ocho días después a Juárez y disculparse ante los familiares de los muchachos. Una de las madres, Luz María Dávila, rota por el dolor, lo encaró: "Disculpe, señor presidente, yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es. Yo quiero justicia. Mis hijos eran dos muchachitos que estaba en una fiesta. Y quiero que usted se retracte de lo que dijo. Dijo que eran pandilleros. Mentira. Mis dos hijos estudiaban y trabajaban. No tenían tiempo de andar en la calle. Eran mis dos únicos hijos y ya no los tengo. Ahora quiero justicia. Ustedes siempre hablan y no hacen nada. Quiero que se ponga en mi lugar y sienta lo que ahorita estoy sintiendo yo. No me diga que sí, ¡haga algo, señor presidente!".

Aquella súplica sigue pendiente. La situación del país va de mal en peor. La cifra de asesinatos, de secuestros, de asaltos, de robos... va en aumento. Durante los últimos meses han sido cientos los cadáveres encontrados en fosas clandestinas. Hay zonas, como Tamaulipas, donde el Estado no es capaz de garantizar la seguridad ni en la carretera principal, la 101, la que une la capital del Estado, Ciudad Victoria, con la fronteriza Heroica Matamoros. Hace unas semanas se supo que una madrugada sí y otra también, grupos de sicarios a bordo de lujosas camionetas y manejando fusiles de alto poder se sitúan al borde de la carretera, dan el alto a los autobuses de línea, suben a ellos, eligen a punta de pistola a unas cuantas mujeres y a unos cuantos hombres y los bajan. A ellas las violan allí mismo y a ellos se los llevan para intentar extorsionar a sus familias. Luego los entierran en fosas clandestinas. ¿Cuántos? No se sabe. ¿Quiénes? Tampoco. ¿Por qué? Menos. Estas tres preguntas con sus respuestas -o la falta de ellas- se pueden aplicar a la guerra que vive México. Más de 40.000 muertos, 9.000 sin identificar, 5.000 desaparecidos...

Y justo ahora, cuando todas las veredas parecían conducir inexorablemente al precipicio, un rumor ha empezado a escucharse en la calle. A ratos sordo como un lamento. A veces indignado. Ante la incapacidad del Gobierno de detener la sangría constante -y también de abrazar a las víctimas de la barbarie-, un hombre de pelo cano, sombrero de paja y dos relojes en la mano izquierda, se ha puesto en camino. Se llama Javier Sicilia. Es poeta. Como la mayoría de los mexicanos, observaba con horror la deriva de su país. Pero también como la mayoría, permanecía quieto. El pasado 28 de marzo, su hijo Juan Francisco, de 24 años, fue asesinado en Cuernavaca junto a otros cuatro jóvenes y dos adultos. Sicilia, que se encontraba en Filipinas, regresó a México, anunció que jamás volvería a escribir poesía, puso junto a su reloj el de su hijo y se echó a la calle para intentar recuperar la conciencia cívica, enfrentarse al miedo, reclamar justicia.

-¿Por qué, en vez de encerrarse en su dolor, ha salido a la calle a decir basta?

-Por dignidad. Y por mi hijo. Porque su desgracia le está poniendo cara y nombre a la de 40.000 desconocidos. Y, sobre todo, porque tengo que hacer todo lo posible para que no muera ni un muchacho más.

A través del poeta Sicilia, de Marisela Escobedo o de Luz María Dávila, los mexicanos se han ido enterando de que la versión oficial no es del todo cierta. Que muchos de los 40.000 muertos tal vez sí fueran sicarios, pero que otros muchos no pudieron evitar su mala fortuna.

Un día, sin avisar, la guerra vino a buscarlos.

La sociedad civil quiere reformas y busca culpables

Hasta ahora, la sociedad civil había estado callada a pesar de la situación de extrema violencia que vive México. Sin embargo, una caravana encabezada por el poeta Javier Sicilia ha recorrido la mitad norte del país -desde Cuernavaca hasta Ciudad Juárez- para hacer visible el sufrimiento de las víctimas. Al llegar a su destino, se hizo público un pacto ciudadano por la paz. Estos son los principales puntos.

» 1. Exigimos esclarecer asesinatos y desapariciones y nombrar a las víctimas.

Se deben esclarecer y resolver los asesinatos, las desapariciones, los secuestros, las fosas clandestinas, la trata de personas y el conjunto de delitos que han agraviado a la sociedad. Determinar la identidad de todas las víctimas de homicidio es un requisito indispensable para generar confianza.

Exigimos a las autoridades estatales y federal la resolución pública que presente a los autores intelectuales y materiales de algunos de los casos emblemáticos que han agraviado a la sociedad, entre ellos la familia Reyes, Marisela Escobedo y su hija Rubí, las niñas y niños de la guardería ABC, la familia Le Barón, los jóvenes de Villas de Salvárcar, los jóvenes de Morelos.

Convocamos a la sociedad civil a rescatar la memoria de las víctimas de la violencia, a no olvidar y exigir justicia colocando en cada plaza o espacio público placas con los nombres de las víctimas.

» 2. Exigimos poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana. 

Se debe cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública y asumir una nueva estrategia de seguridad ciudadana con enfoque en los derechos humanos.

» 3. Exigimos combatir la corrupción y la impunidad.

Se requiere una amplia reforma en la procuración y administración de justicia que dote de verdadera autonomía al Ministerio Público y al Poder Judicial que establezca el control ciudadano sobre las policías y los cuerpos de seguridad, avance en la reforma de los juicios orales y establezca sistemas más efectivos de control judicial que reduzcan la discrecionalidad en los procedimientos y resoluciones de fondo.

» 4. Exigimos combatir la raíz económica y las ganancias del crimen.

La criminalidad y su violencia tienen como su motor las ganancias derivadas del narcotráfico, los secuestros, la trata de personas, la extorsión, la venta de protección y demás delitos que después reinyectan los recursos en la economía mediante el lavado de dinero. Exigimos un combate frontal al lavado de dinero y activos de los delincuentes.

» 5. Exigimos la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social.

Exigimos una política económica y social que genere oportunidades reales de educación, salud, cultura y empleo para jóvenes porque son las y los principales víctimas de esta estrategia.

» 6. Exigimos democracia participativa.

Mejor democracia representativa y democratización en los medios de comunicación.

Legalization Won’t Kill the Cartels

By Sylvia Longmire, a former officer and investigative special agent in the Air Force and the author of the forthcoming book Cartel: The Coming Invasion of Mexico’s Drug Wars (THE NEW YORK TIMES, 19/06/11):

For a growing number of American policy makers, politicians and activists, the best answer to the spiraling violence in Mexico is to legalize the marijuana that, they argue, fuels the country’s vicious cartels and smugglers. After all, according to official estimates, marijuana constitutes 60 percent of cartels’ drug profits. Legalization would move that trade into the open market, driving down the price and undermining the cartels’ power and influence.

Unfortunately, it’s not that easy. Marijuana legalization has many merits, but it would do little to hinder the long-term economics of the cartels — and the violent toll they take on Mexican society.

For one thing, if marijuana makes up 60 percent of the cartels’ profits, that still leaves another 40 percent, which includes the sale of methamphetamine, cocaine, and brown-powder and black-tar heroin. If marijuana were legalized, the cartels would still make huge profits from the sale of these other drugs.

Plus, there’s no reason the cartels couldn’t enter the legal market for the sale of marijuana, as organized crime groups did in the United States after the repeal of Prohibition.

Still, legalization would deliver a significant short-term hit to the cartels — if drug trafficking were the only activity they were engaged in. But cartels derive a growing slice of their income from other illegal activities. Some experts on organized crime in Latin America, like Edgardo Buscaglia, say that cartels earn just half their income from drugs.

Indeed, in recent years cartels have used an extensive portfolio of rackets and scams to diversify their income. For example, they used to kidnap rivals, informants and incompetent subordinates to punish, exact revenge or send a message. Now that they have seen that people are willing to pay heavy ransoms, kidnapping has become their second-most-lucrative venture, with the targets ranging from businessmen to migrants.

Another new source of cartel revenue is oil theft, long a problem for the Mexican government. The national oil company, Pemex, loses hundreds of millions of dollars’ worth of petroleum every year to bandits and criminal gangs who tap into pipelines and siphon it off. Now the cartels are getting involved in this business, working with associates north of the border to sell the oil to American companies at huge markups.

In 2009 a federal court convicted an American businessman of helping to funnel $2 million in petroleum products stolen from Pemex by a Mexican cartel, eventually selling it to a Texas chemical plant owned by the German chemical company BASF. The chemical company claims never to have known where the products came from.

Cartels are also moving into the market in pirated goods in Latin America. The market used to be dominated by terrorist groups like Hezbollah and Hamas, who operated in the triborder area of Argentina, Brazil and Paraguay. Now the field is being overtaken by Mexican cartels, which already have so much control over the sale of pirated CDs, DVDs and software that many legitimate companies no longer even bother to distribute their full-price products in parts of Mexico.

Taking another page from traditional organized crime, cartels are also moving into extortion. A cartel representative will approach the owner of a business — whether a pharmacy or a taco stand — demanding a monthly stipend for “protection.” If those payments aren’t made on time, the business is often burned to the ground, or the owner is threatened, kidnapped or killed.

A popular cartel racket involves branded products. For example, a cartel member — most often from Los Zetas and La Familia Michoacana, two of the largest and most diversified cartels — will tell a music-store owner that he has to sell CDs with the Zetas logo stamped on them, with the cartel taking a 25 percent cut of the profits. Noncompliance isn’t an option.

With so many lines of business, it’s unlikely that Mexican cartels would close up shop in the event of legalization, even if it meant a serious drop in profits from their most successful product. Cartels are economic entities, and like any legitimate company the best are able to adapt in the face of a changing market.

This is not to say that drug legalization shouldn’t be considered for other reasons. We need to stop viewing casual users as criminals, and we need to treat addicts as people with health and emotional problems. Doing so would free up a significant amount of jail space, court time and law enforcement resources. What it won’t do, though, is stop the violence in Mexico.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

Drug war: One cartel falls, another rises

By William C. Rempel, the author of At the Devil’s Table: The Untold Story of the Insider Who Brought Down the Cali Cartel (LOS ANGELES TIMES, 19/06/11):

Forty years after President Nixon declared war on drugs, the soaring body count from narco-violence in Mexico seems to mock the very notion of progress in that effort. But what is most discouraging about the rampant brutality across our border is that it’s largely a consequence of one of the drug war’s greatest triumphs.

Colombia’s Cali cocaine cartel, once the richest and most powerful crime syndicate in the world, fell as a direct result of U.S.-led law enforcement and diplomatic pressure about a decade ago. Its toppling remains one of the most significant blows inflicted on modern organized crime.

But the giant cartel’s collapse left a power vacuum, and Mexican drug gangs are still fighting, with often grisly methods, to determine who will fill it.

The Cali cartel could be as ruthless as any other, but it preferred bribery to violence in the normal course of business. The vertically integrated corporate-style enterprise was run by four billionaires who reigned over a global monopoly that controlled every aspect of the drug trade, from jungle coca production to New York street sales.

In its prime, the cartel was a $7-billion-a-year criminal masterpiece that had bought off an entire country. Colombia was the original “narco-democracy” and a haven for narco-gangsters.

During the 1990s, Cali cartel lawyers rewrote portions of the national constitution outlawing extradition. Drug bosses picked who ran the Cali telephone utility and secretly donated $6 million to elect presidential underdog Ernesto Samper.

Millions of cartel dollars were spent building community police stations. The bosses financed a hospital and a law library. They owned and operated Cali’s professional soccer team. In a nod to civic sensibilities, they refrained from carrying out most contract killings within the city limits. Over time, they came to be known as “the gentlemen of Cali.”

But the gentlemen were deadly serious about removing impediments to their business. The cartel had its own intelligence force and the capacity to tap any telephone in Cali. Its paid sources included street cops, senators and members of the elite anti-narcotics task force. American drug enforcement agents complained that the cartel seemed always to be a step ahead of them. They called its intelligence wing “the Cali KGB.”

Besides a staff of local lawyers, the bosses hired top U.S. defense lawyers, including several former federal prosecutors in Florida and a onetime Justice Department official from Washington, who was later convicted of racketeering.

The cartel accounting department tracked and processed massive volumes of cash. Paper currency from sales around the world was shipped by the ton, often aboard disposable aircraft. Old jetliners, typically stripped-down Boeing 727s, were bought for a few hundred thousand dollars and abandoned on airfields from Bogota to the Amazon jungle after discharging multimillion-dollar loads of $10′s, $20′s and $100 bills.

A revolving door of former legislators, governors and mayors formed the cartel’s lobbying division. They were paid to arrange meetings for the bosses with politicians and to spread the word that the gentlemen of Cali would be generous to friends. Elected officials were constantly wooed with cash, cars, women and luxury vacations.

And the cartel had its own war department. The bosses once paid more than $1 million to hire a team of British mercenaries to hunt down rival drug lord Pablo Escobar, outfitting the commandos with better arms than those of most Colombian military units. They also employed about 150 bodyguards to protect the godfathers and their families.

Armed employees included a small team of sicarios, or assassins, paid to enforce cartel discipline and eliminate security risks. Whenever possible their victims were to “disappear.” Unlike beheaded Mexican corpses, often left on prominent display, victims of the Cali cartel typically went into the Cauca River, never to be seen again.

What made the Cali cartel most dangerous, and the greatest menace to U.S. interests, was the way it bought off the Colombian government.

Imagine a country in which its president sends an emissary to apologize to drug lords when American diplomatic pressure forces him to crack down on traffickers. Or where police hotlines for anonymous crime tips are monitored 24/7 by the traffickers themselves. That was Colombia in the 1990s.

So far, there is no evidence that Mexican drug gangs are financing presidential elections. Traffickers are not picking who runs the national telephone company. And gangland lawyers aren’t drafting legislation to block extradition of their bosses. Mexico is not the sanctuary that Colombia once was.

But Mexico remains in jeopardy. So does much of Latin America. Unless cocaine demand and its enormous trafficking profits fall, drug war successes are likely to generate similar patterns: simply forcing major narco-operations from one country to another.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

sábado, junio 18, 2011

Rápida y Furiosa: La guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos se cobra más vidas

Por Amy Goodman (Democracy now!, 16 de junio de 2011)

Escuche (en español)

Las muertes violentas de Brian Terry y Juan Francisco Sicilia, con apenas meses de diferencia, en la cada vez más peligrosa frontera entre México y Estados Unidos, provocaron el inicio de una revisión tardía de la llamada “Guerra contra las drogas” y un cuestionamiento del modo en el que el gobierno de Estados Unidos está, en definitiva, empeorando el problema.

La noche del 14 de diciembre de 2010, el agente Brian Terry se encontraba en el desierto de Arizona, patrullando como parte de la Unidad Táctica del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (BORTAC, por sus siglas en inglés), una fuerza policial altamente entrenada y armada, descrita como la fuerza paramilitar de élite de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Esa noche el grupo participó en un tiroteo, en el que Terry murió. A pesar de que su muerte podría haberse convertido tan solo en otro acto violento asociado con el tráfico de drogas en la frontera, un detalle provocó que diera lugar a un fuerte enfrentamiento entre el gobierno de Obama y el Congreso de Estados Unidos: las armas halladas en la escena del crimen, fusiles AK-47, fueron probablemente vendidas a delincuentes mexicanos en el marco de una operación encubierta de la Agencia Estadounidense de Control del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).

Conocido con el nombre de “Operación Rápido y Furioso”, el programa secreto tenía como finalidad rastrear armas vendidas en Estados Unidos a supuestos intermediarios, personas que compran armas a nombre de otros. La operación de la ATF permitió que las armerías vendieran gran cantidad de armas a intermediarios que la ATF sospechaba compraban para cárteles de drogas mexicanos. En lugar de arrestar al intermediario, considerado por la ATF como un criminal relativamente menor, rastreaban las armas que ingresaban a México permitiría a la ATF arrestar a los cabecillas de los cárteles criminales. Al menos, ese era el plan.

Según el informe del Centro para la Integridad Pública, en el marco del programa “Rápido y Furioso” se vendieron al menos 1.756 armas. Alrededor de 300 fueron vendidas antes de que comenzara la operación. De esas más de 2.000 armas, tan solo 800 fueron recuperadas. Dos de las armas recuperadas fueron halladas en la escena del asesinato de Terry, en una región conocida como Peck Canyon, en la parte estadounidense de la frontera entre Nogales, México, y Tucson, Arizona.

El agente especial John Dodson de la ATF fue uno de los tantos agentes de campo que le dijo a sus superiores que la operación encubierta era imprudente. Sus preocupaciones no fueron atendidas y la operación continuó. Luego del asesinato de Terry, Dodson denunció la operación en primer lugar al Departamento de Justicia, luego al Senador republicano Charles Grassley. Grassley le pidió explicaciones al Fiscal General Eric Holder y ahora el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes -presidido por el representante republicano Darrell Issa- está llevando a cabo una serie de audiencias sobre el caso.

Al sur de la frontera, Juan Sicilia y otros seis jóvenes fueron brutalmente asesinados en marzo de este año, apenas otras siete víctimas inocentes de la arrasadora violencia que está padeciendo México y que ya se ha cobrado las vidas de 35.000 personas desde diciembre de 2006, cuando el Presidente mexicano Felipe Calderón comenzó su ofensiva contra los cárteles de droga. Javier Sicilia, el padre de Sicilia, es un reconocido poeta e intelectual mexicano. Poco después del asesinato de su hijo, Sicilia escribió su último poema, dedicado a él. Ahora está comprometido con la lucha contra la violencia y el derramamiento de sangre en su país. Encabezó una manifestación en mayo desde Cuernavaca, su ciudad natal, hasta la famosa plaza del Zócalo en Ciudad de México, en la que participaron 200.000 personas. El fin de semana pasado, encabezó otra marcha hacia la frontera, y luego hasta El Paso, Texas.

Sicilia está en contra de los cárteles, por supuesto. Pero también culpa a Calderón y a Estados Unidos. Pide que se ponga fin a la “Iniciativa Mérida”, a través de la cual Estados Unidos proporciona armas y entrenamiento a las fuerzas militares mexicanas para la lucha contra el narcotráfico. Sicilia también pide la legalización de las drogas, una petición en la que es acompañado sorprendentemente por el ex presidente mexicano conservador, Vicente Fox y cada vez más por el propio Calderón.

El Presidente Calderón viajará a Estados Unidos esta semana. Recientemente cuestionó a la industria armamentista estadounidense por lucrar con la venta de armas que terminan en México. También criticó el levantamiento de la prohibición de las armas de asalto en Estados Unidos, lo que provocó un gran aumento de la violencia con armas en México.

Un nuevo informe publicado por tres senadores demócratas de Estados Unidos establece que aproximadamente el 70 por ciento de las armas incautadas en México entre 2009 y 2010 provinieron de Estados Unidos. De las casi 30.000 armas incautadas en México durante ese período, más de 20.000 provinieron de Estados Unidos.

Si algo debería ser rápido y furioso en Estados Unidos es el impulso de políticas sensatas y prudentes sobre control de armas y drogas. Quizá cuando eso suceda, Javier Sicilia vuelva a escribir poesía.

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2011 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 600 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 300 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

viernes, marzo 18, 2011

La construcción colectiva de un narco

Por Juan Villoro, escritor (EL PERIÓDICO, 13/03/11):

El 9 de junio de 1993, una camioneta pick-up conducida por un capitán del Ejército de Guatemala se detuvo cerca de la frontera con México. En la parte trasera llevaba a un hombre maniatado, de baja estatura y mirada huidiza. Era Joaquín el Chapo Guzmán, de 36 años. Nacido en Badiraguato, máximo semillero del narcotráfico, había estudiado hasta tercero de primaria y creció en el triángulo dorado, donde confluyen los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua y los montes enrojecen con los cultivos de amapola. Su suerte parecía terminada.

El Chapo fue recibido por el capitán Jorge Carrillo Olea, coordinador general de Lucha Contra el Narcotráfico. Juntos abordaron un avión a Toluca. Los acompañaba el general brigadier Guillermo Álvarez Nahara, jefe de la Policía Judicial Militar.

Durante el trayecto, el general conversó con el detenido. Después de las privaciones que había sufrido, inexperto, deseoso de quedar bien, el Chapo hizo una detallada descripción del cártel que se había trasladado de Culiacán a Guadalajara y dominaba el narcotráfico en México. Dos características definían a ese narco de rango medio: tenía más información de la prevista e ignoraba el alcance de sus datos. Se trataba, a ojos vista, de alguien que podía ayudar a los servicios de inteligencia. Al aterrizar en México, Joaquín Guzmán fue trasladado al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez. Ahí hizo una declaración de 12 páginas, muy distinta de la que ofreció a bordo del avión. ¿Qué sucedió entretanto?

He tomado estos datos de Los señores del narco, extraordinario libro de Anabel Hernández. De acuerdo con la periodista, Álvarez Nahara comunicó al secretario de la Defensa las revelaciones que recibió a bordo del Boeing 727 y el militar las transmitió a la presidencia de la República.

Al llegar a la cárcel, relata en su libro Hernández, «un alto funcionario del Gobierno federal» le advirtió al Chapo de que no podía denunciar lo que sabía y seguir vivo. Necesitaba protección: «O cooperaba o se moría».

Al día siguiente (10 de junio de 1993) los mexicanos vimos el despliegue mediático en el que Joaquín Guzmán Loera fue presentado por el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari como criminal de altísima peligrosidad. Vestido con un uniforme beige, el prisionero sonreía, relajado. Un hombre agradable.

No es extraño que se agrande la culpabilidad de un detenido para resaltar los logros de la justicia. En el caso del Chapo esta operación parecía tener un doble fin: anunciar la captura de un pez gordo y contar con su colaboración.

Resulta imposible conocer con toda veracidad la historia oculta en esta detención. Lo cierto es que a partir de ese momento un reo en apariencia liquidado inició su ascenso hasta convertirse en el criminal más poderoso del continente americano.

La corrupción del sistema penitenciario le permitió pasar de Almoloya al penal de Puente Grande, donde operó con facilidad. El Chapo es alguien de inteligencia media, sin conocimientos financieros o de alta estrategia delictiva. Su principal golpe de ingenio había sido enviar cocaína a Estados Unidos en latas de chiles y su mayor recurso psicológico era la simpatía, que contrasta con su crueldad. La cárcel lo preparó para convertirse en otra persona. A diez años de su fuga, maneja un emporio de miles de empresas y está en la lista Forbes de los 100 hombres más ricos del planeta.

El mayor logro de Anabel Hernández consiste en describir la construcción colectiva de un criminal. Una poderosa red de complicidades políticas, empresariales y judiciales encontró en el Chapo al mal menor o al cómplice de ocasión para el narcotráfico. Estados Unidos no fue ajeno al entramado. La comisión dirigida por el senador John Kerry para investigar el caso Irán-contra reveló que los contrainsurgentes nicaragüenses también recibieron dinero del cártel de Medellín y el cártel de Guadalajara. La operación fue coordinada por la CIA, que entró en conflicto con la DEA.

El Chapo de la cárcel vestido de policía. Su insólita prosperidad ha coincidido con los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. ¿Ha burlado de modo inaudito a la justicia o ha contado con su apoyo? ¿El testigo protegido que se vio como mal menor es hoy el capo del PAN?

En El cártel de Sinaloa, que es otro libro imprescindible para conocer el negro revés de la vida mexicana, Diego Enrique Osorno informa de que el Chapo estaba destinado a ocupar plazas delictivas de mediana importancia, como la de Tecate, que le asignó Miguel Ángel Félix Gallardo. En diez años de gobiernos panistas alcanzó una fuerza inédita en la historia criminal mexicana. Su infamante década de oro no es producto de la sagacidad de un genio del mal, sino de la corrupción de un sistema.

El Chapo es menos dañino que las circunstancias que lo hicieron posible.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

lunes, abril 12, 2010

Charles Bowden habla sobre su artículo “La guerra en la casa del vecino"

Entrevista realizada el 16 de marzo de 2009


En la ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Juárez, una empleada del consulado de Estados Unidos y su marido fueron asesinados a tiros el sábado mientras conducían su vehículo utilitario. En un incidente no relacionado que ocurrió cerca, el marido de una empleada mexicana del consulado estadounidense fue asesinado del mismo modo. Se cree que estos homicidios son los primeros ataques letales contra funcionarios estadounidenses y sus familiares llevados a cabo por las poderosas organizaciones mexicanas de la droga. Desde la frontera entre Estados Unidos y México se comunica con nosotros el periodista Charles Bowden. “No hay una auténtica guerra contra las drogas”, escribe Bowden. “Más bien, lo que hay es violencia alimentada por el dinero que mueve la droga. Y hay industrias estadounidenses cuyos ingresos provienen principalmente de librar una guerra contra la droga”.

SHARIF ABDEL KOIDDOUS: Vamos a México, donde la espiral de violencia relacionada con la droga parece haber golpeado a los funcionarios de Estados Unidos por primera vez. En la ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Juárez, una empleada del consulado estadounidense y su marido fueron asesinados a tiros el sábado mientras conducían su vehículo utilitario. Su bebé de un año de edad fue encontrado ileso en el asiento trasero. En un incidente no vinculado pero próximo, el marido de una empleada mexicana del Consulado de Estados Unidos fue también asesinado a tiros. Se cree que estos asesinatos son los primeros ataques letales a funcionarios del gobierno de Estados Unidos y sus familias por parte de las poderosas organizaciones de narcotraficantes de México.

El Departamento de Estado estadounidense autorizó a los empleados gubernamentales de seis consulados en el norte de México a enviar a los miembros de su familia fuera de la región, debido a la perocupación por el aumento de la violencia relacionada con las drogas. El FBI, por su parte, mandó a la ciudad a un equipo de agentes para investigar los asesinatos.

AMY GOODMAN: En total, cerca de cincuenta personas murieron el fin de semana pasado en México a manos de las violentas pandillas relacionadas con la droga. Son las últimas víctimas fatales de un conflicto que ha asesinado ya a cerca de 19.000 personas desde que el presidente mexicano Felipe Calderón asumió el cargo en 2006. Estados Unidos ha respaldado al gobierno de Calderón con cientos de millones de dólares en entrenamiento y equipamiento militar, pero los críticos dicen que el aumento de la militarización de la llamada “guerra contra las drogas” sólo traerá consigo más muertes.

Para más información, se comunica con nosotros Charles Bowden, un periodista que ha cubierto ampliamente la violencia relacionada con la droga en México, autor del próximo libro Murder City: Ciudad Juárez and the Global Economy’s New Killing Fields (Murder City: Ciudad Juárez y los nuevos asesinatos de la economía global). Su último artículo para High Country News es “La guerra en la casa del vecino” (The war next door), disponible en hcn.org. Charles Bowden se comunica con nosotros vía telefónica desde Las Cruces, Nuevo México, justo al otro lado de la frontera de Ciudad Juárez.

Bienvenido a Democracy Now!, Charles Bowden. ¿Qué es lo que sucedió este fin de semana?

CHARLES BOWDEN: Bueno, gracias. El placer es mío. Lo que ha pasado es lo que pasa cada fin de semana: muerte. Lo que es diferente, o la razón por la que me están llamando ustedes ahora, es que ciudadanos estadounidenses, personas que trabajaban para el consulado estadounidense, han sido asesinados. Es imposible ver esto como un accidente, o ignorar que se trata de una provocación. El único hecho comparable es el secuestro del agente de la DEA Enrique Camarena en febrero de 1985, producido frente al Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, en el que fue torturado durante treinta horas, sacrificado y enterrado clandestinamente. Este hecho causó un gran impacto en el gobierno estadounidense. Ahora bien, lo que uno se tiene que preguntar es, dada esta experiencia, por qué alguien en el negocio de las drogas querría repetirla. Y yo no tengo una respuesta para esto, ni sé por qué estas personas fueron asesinadas o quién las mató. Lo que sí sé es que el viernes doce personas fueron masacradas en Juárez, y nadie en Estados Unidos le prestó ninguna atención a este suceso. Lo que sí sé es que el sábado masacraron a once personas masacradas, tres de las cuales trabajaban para la embajada estadounidense. Lo que sí sé es que el domingo otras ocho personas fueron asesinadas, que Juárez es la ciudad más violenta del mundo, se está desintegrando por varias razones.

¿Cuál será nuestra respuesta? Sospecho que más de lo mismo. Vamos apuntalar al ejército mexicano, que ha estado asesinado gente en la ciudad de forma imparable desde hace un año. Hay cientos de denuncias oficiales presentadas ante la oficina de derechos humanos del gobierno. Y vamos a anunciar nuestra nueva decisión de prestarle más atención a la guerra contra las drogas, que es la principal causante de que nuestro propio país albergue a la mayor población carcelaria del mundo.

Creo que su audiencia tiene que conocer que el presidente de México ha dicho repetidamente que no hay parte de México que no esté bajo su control. Tenemos una prueba positiva de esa afirmación hoy. Se sabe que está yendo a Ciudad Juárez. ¿En qué momento arribará? Es un secreto. ¿A dónde va a ir? Es secreto. ¿Con quién se va a entrevistar? Hasta ahora es secreto. Ese es el tipo de control que tiene sobre su propio país.

SHARIF ABDEL KOUDDOUS: El presidente Obama denunció como “brutales” los asesinatos de estas personas en Ciudad Juárez. Pero, ¿cuál es el papel de los Estados Unidos en todo esto? La llamada guerra contra las drogas en México ha sido financiada por Estados Unidos con al friolera suma de más de mil millones de dólares ¿A dónde va este dinero? Y, ¿cuál es el papel del ejército mexicano en todo esto?

CHARLES BOWDEN: Bueno, ¿a dónde va el dinero? Si examinamos el asunto, veremos que, principalmente, lo que estamos haciendo es venderles nuestro armamento. Es parte de nuestro querido complejo industrial-militar. Esto es lo que obtienen con el dinero. Pero el ejército mexicano ha estado históricamente relacionado con las drogas, desde hace décadas. Esto no es ningún secreto. Ellos ya supervisaban “Rancho Búfalo”, una inmensa plantación de marihuana en Chihuahua, en los años 70. Tenemos tres políticas en relación con México. En primer lugar, tenemos el acuerdo de libre comercio, que ha llevado a la quiebra a los pequeños agricultores del país y destruyó también a la pequeña industria mexicana. En segundo lugar, tenemos una política de inmigración que significa que un mexicano tendría que vivir 150 años para obtener una visa para poder emigrar a Estados Unidos, una política que ha desatado la mayor migración humana en el planeta. Y, tercero, tenemos la guerra contra las drogas, que a lo largo de cuarenta años ha conseguido que las drogas de alta calidad sean muy accesibles en nuestro país, y, a la vez, ha enriquecido a un puñado de criminales en México y en Estados Unidos. Esta es nuestra política.

SHARIF ABDEL KOUDDOUS: ¿Puedes darnos una imagen de Ciudad Juárez? ¿Cómo ha cambiado a lo largo de los años?

CHARLES BOWDEN: Bueno, lo que ha cambiado es… Es simple: el veintisiete por ciento de las casas de la ciudad están abandonadas. Lo que quiere decir 116.000 viviendas. Esto pasa en una ciudad en donde hay personas que viven en cajas de cartón. Diez mil negocios fueron abandonados o cerrados el año pasado. De treinta a sesenta mil personas de Juárez, principalmente los más ricos, se han trasladado del otro lado del río, a El Paso, en busca de seguridad, incluyendo al alcalde de Juárez, a quien le gusta pasar tiempo en El Paso. El editor del periódico de Ciudad Juárez vive en El Paso. Entre 100.000 y 400.000 personas simplemente han abandonado la ciudad. Una buena parte del problema es económico, no es sólo por la violencia. Al menos 100.000 puestos de trabajo en las fábricas que se encuentran en la frontera han desaparecido durante la recesión debido a la competencia de Asia. Existen allí de 500 a 900 pandillas y bandas criminales, las estimaciones varían. Y a eso hay que añadirle 10.000 soldados y agentes de la policía federal merodeando los alrededores. Te encuentras con una ciudad en la que nadie sale por la noche, donde los pequeños negocios son extorsionados, en donde, según datos oficiales, 20.000 automóviles fueron robados el año pasado y más de 2.600 personas fueron asesinadas. Una ciudad en la que nadie hace un seguimiento de las personas que han sido secuestradas y no han vuelto a aparecer, en donde nadie cuenta el número de personas enterradas en fosas secretas, algunas de las cuales, milagrosamente, cada tanto consiguen abrirse paso hacia la superficie, desenterrarse. Te encuentras con una situación desatroza. Y hay un millón de personas atrapadas en la ciudad que son demasiado pobres para irse. Y esas son las personas que el ejército mexicano y la policía mexicana deben asegurar que no se crucen con el Presidente hoy cuando llegue a la ciudad en su visita más o menos oficial. Ese es el estado de la ciudad.

AMY GOODMAN: Charles Bowden, Hillary Clinton dijo en marzo del año pasado «Sabemos que los traficantes de drogas están motivados por la demanda de drogas ilegales en Estados Unidos y que están armados gracias al tráfico de armas desde Estados Unidos» ¿Qué opina de esta declaración?

CHARLES BOWDEN: Bueno, para empezar, estas drogas se venden en Estados Unidos porque hay clientes. Pero Hillary Clinton considera que los estadounidenses no deben consumir sustancias que ella no aprueba. En cuanto a las armas, es un interrogante. Tú te estás refiriendo a un informe de la ATF que hace un seguimiento de las armas que han sido confiscadas en México. Según ese informe, entre un 20 y un 40 por ciento provenían de los Estados Unidos. La razón de que no sepamos de dónde vienen las otras es porque el ejército mexicano, que es el que las ha confiscado, no permite que sean examinadas por los agentes de la ATF. Ahora bien, lo que hay que entender es que, en un período de seis años, 150.000 soldados de un ejército de 250.000 han desertado. Imagino que algunos de los jóvenes que huyeron del ejército mexicano también se llevaron las armas con ellos. De todos modos, si cierras todas las tiendas de armas de Estados Unidos, los criminales en México seguirán armados. Entonces, estamos ante una política antidrogas que es un fracaso, pero nunca vamos a admitir eso. Se trata de una causa sagrada. Somos una nación de bebedores donde no está permitido fumarse un cigarrillo de marihuana.

SHARIF ABDEL KOUDDOUS: En tu último artículo publicado en el High Country News escribes: «No hay una auténtica guerra contra las drogas. Más bien lo que hay es violencia alimentada por el dinero que mueven las drogas. Y hay industrias estadounidenses cuyos ingresos provienen principalmente de librar una guerra contra las drogas». Por favor, explica lo que quieres decir con esto.

CHARLES BOWDEN: Cómo no. Gastamos entre 30 y 40 mil millones de dólares al año en agentes antinarcóticos. Si uno se molestara en salir de casa y andar un poco con el auto, vería que cada estado de la unión está salpicado de prisiones pequeñas, algunas de ellas privadas. Todas dependen de las leyes que prohíben las drogas. En México, los ingresos procedentes las drogas superan cualquier otra fuente de divisas, a excepción del petróleo, y es discutible. En otras palabras, si el Presidente Calderón consiguiera su objetivo de erradicar la fabricación de drogas en México, México colapsaría en un minuto. A eso es a lo que me refiero. Es decir, ¿por qué no aceptamos el hecho de que las drogas son como el alcohol? Se han convertido en parte de nuestra cultura. No van a desaparecer. Si queremos seguir considerándolas ilegales, podemos continuar viviendo como hasta ahora: encarcelando a nuestros ciudadanos, creando un estado policial, teniendo prisiones en todos lados. Pero hagamos lo que hagamos, van a permanecer en el vecindario, como hasta ahora.

Hace un tiempo se publicó un interesante estudio gubernamental en el que se afirmaba que en 232 ciudades de Estados Unidos existen organizaciones de narcotraficantes mexicanos. Mira, yo soy un poco mayor que, posiblemente, algunos de tus radioyentes, pero en 1975, cuando comprabas un cigarrillo de marihuana, no venía de Finlandia u otro lugar. Siempre han venido de aquí. Es un mercado. Lo que debemos hacer es decidir si es legal o ilegal. Eso es todo. Es como las apuestas. Tiene vida propia.

Pero con nuestras políticas estamos destruyendo, o ayudando a destruir, a nuestro país vecino. Aunque los problemas de México pueden atribuirse a varias razones, y la mayoría recae en los propios mexicanos, también es cierto que nuestras políticas económicas, como el NAFTA/TLCAN, nuestra política antidrogas, la guerra contra el narcotráfico y la militarización de México promovida por nuestro país han resultado ser un desastre para los mexicanos.

AMY GOODMAN: Charles Bowden, ¿cómo se relaciona esto con los cientos de mujeres que han sido asesinadas en Ciudad Juárez y en Chihuahua en los últimos 15 años? Estamos hablando de casi 500 o más.

CHARLES BOWDEN: Bueno, estamos hablando de casi 500 en los últimos 15 años en una ciudad que tenía un millón y medio de habitantes. Te cuanto cómo está relacionado. Básicamente, ninguno de estos crímenes ha sido resuelto jamás. Durante el mismo período, entre el 90 y el 95 por ciento de los asesinatos han sido cometidos contra hombres. Ninguno de esos crímenes ha sido resuelto. El año pasado, de los más de 2.600 asesinatos ocurridos en Juárez, se hicieron 30 arrestos. No resoluciones de los casos, solo arrestos. La manera en la que esto se puede traducir es: si eres mexicano cualquiera puede matarte y no le va a ocurrir nada. No importa si eres un niño, un hombre o una mujer, porque el sistema judicial no funciona. Puedo entender que la gente se enfoque en la muerte de mujeres por la atención pública que atrae, pero yo creo que debemos centrarnos en los seres humanos fallecidos. Esta ciudad mata a personas y a los asesinos no les pasa nada.

AMY GOODMAN: Vamos a tener que dejarlo aquí, pero continuaremos siguiendo este tema de cerca. Charles Bowden, gracias por estar con nosotros. Su último trabajo es «The War Next Door» y su próximo libro, «Murder City: Ciudad Juárez and the Global Economy’s New Killing Fields». Charles Bowden nos ha acompañado desde Las Cruces, Nuevo México, cerca de Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera.

Traducido por Pablo Ramos, Ter García y Democracy Now! en Español.

domingo, abril 04, 2010

Otro reto para Obama

Por Fernando Savater, escritor (EL PAÍS, 02/04/10):

Para quienes teníamos 20 años cuando mataron a Martin Luther King y recordamos al gobernador Wallace en la puerta de la Universidad de Alabama cerrando el paso al estudiante negro que había reivindicado su derecho constitucional a entrar en ella, la llegada de Obama a la presidencia de Estados Unidos supuso ante todo el cumplimiento de un sueño romántico juvenil: algo insólito, porque pocos llegan a realizarse. Entonces admiré al candidato vencedor, desde luego, pero sobre todo la transformación regeneradora del electorado que le votó.

Y me acordé de nuevo de Lindon B. Johnson, el presidente de la posguerra que más hizo por los derechos civiles y acabó con la segregación racial en las escuelas: los niños así educados con menos prejuicios fueron los que votaron 40 años después a Obama…

Pudiera uno haberse dado ya por satisfecho con ese triunfo, lo mismo que algunos aficionados en la Maestranza -si me disculpan ustedes el hoy peligroso símil taurino- se marchaban a casa después de ver hacer el paseíllo a Curro Romero, sin pedir más milagros al ruedo ni a la vida. Sin embargo, lo mejor estaba por llegar y es ahora, controvertido y limitado a la honrada estatura humana, cuando Barack Obama me merece auténtica admiración. Por haber intentado muchas cosas y haber logrado unas cuantas; por hablar con insólita claridad, a su país y al oportunismo “pacifista” de quienes le concedieron el Nobel; por haber irritado a los banqueros, haber decepcionado inicialmente a Michael Moore y conseguir que Fidel Castro le tache de “fanático imperialista”; por haberse puesto serio con Netanyahu y parece que marcar el inicio de un respaldo menos acrítico y más exigente a Israel; por haber luchado tenazmente por salvar lo más posible de su reforma sanitaria, pese a que quizá hubiese podido quedar bien aplazándolo todo para no “crispar” ni dividir al país; y -last but not least- por sacar de quicio a los frikis de nuestra izquierda y derecha mediáticas, que le acusan de ser demasiado americano o de querer “europeizar” Estados Unidos.

Ahora sí se gana un puesto en la cima política, no desde la beatitud inane del coro celestial sino a trompicones, renuncias parciales, fracasos y mandobles.

De modo que, aunque ya tiene lo suyo, es inevitable hacerle rogativas y pedirle todavía más… incluso quienes no somos ciudadanos de su país. ¿Por qué no enviarle también otra instancia? Mi solicitud es que reconsidere la actual situación de las llamadas drogas ilegales. Hace más de 20 años hice la única de mis profecías políticas que se ha cumplido… desgraciadamente, porque hubiera preferido equivocarme como siempre. Anuncié que la cruzada contra la droga no acabaría ni mucho menos con ella, todo lo contrario, pero en cambio pondría en grave riesgo la estabilidad de las democracias en Hispanoamérica. A la vista está lo que ocurre hoy en

México, como ayer en Colombia y otros países. Incluso en el nuestro, donde el 80% de los reclusos menores de 30 años están encarcelados por delitos referidos a esas sustancias arbitrariamente prohibidas.

A estas alturas ya nadie supone que las drogas, que han existido siempre en todas las sociedades humanas (¡y hasta en algunas animales!) van a ser erradicadas precisamente ahora, cuando la química ha alcanzado su máximo desarrollo y cualquiera puede montar un laboratorio en la cocina de su casa. Y cuando los cultivos de opiáceos se han convertido en la única esperanza de supervivencia en algunas zonas del planeta con su agricultura desmantelada y sin otro modo de aprovechar rentablemente el mercado internacional.

Sabemos desde que lo explicó nítidamente Milton Friedman que las drogas ilegales son la mercancía perfecta, cuyos beneficios aumentan según crece la persecución a que se las somete. Claro que de tal persecución no sólo se aprovechan los gánsteres que trafican con ellas, sino las redes de funcionarios que las persiguen, los políticos que las convierten en el Enemigo con mayúscula para distraer a la población de otros males más reales, etcétera. Quienes pagan la factura son los usuarios que perecen por adulteración o sobredosis de productos incontrolados, las víctimas de los enfrentamientos entre bandas mafiosas, los policías corruptos por el incesante flujo de dinero que mueve ese comercio y los policías asesinados por no haberse corrompido, etcétera. Inútil es hablar de la libertad personal pisoteada, porque en nuestras sociedades en las que los gastos sanitarios han convertido la salud en una obligación penal esa reclamación ni siquiera es ya comprendida.

Las tímidas voces que siempre se han alzado contra esta cruzada irracional vuelven a oírse ahora, en un tono más alto y -en Hispanoamérica- más angustiado. Incluso la crisis de la economía mundial favorece el despertar de algunos y en California el gobernador Schwarzenegger propone legalizar la marihuana para aumentar con el impuesto que la gravará los ingresos del Estado. Desde luego, es obvio que la despenalización de las drogas ahora prohibidas no erradicará por completo el crimen organizado, que sabe reciclarse con los cambios de mercado, pero puede ayudar decisivamente a disminuir sus beneficios y por tanto hacer a los mafiosos más vulnerables y más fáciles de controlar. La abolición de la Ley Seca no erradicó del todo el gansterismo pero dificultó la vida a los herederos de Al Capone y mejoró la seguridad cotidiana en numerosas comunidades antes sometidas a la violencia permanente.

¿Cuál es el papel de Estados Unidos en este problema? No sólo es que aporta millones de consumidores que sostienen el negocio y perpetúan una demanda criminógena para otras poblaciones americanas.

Lo peor es que sus autoridades, su DEA y demás bloquean a nivel internacional la posibilidad de un planteamiento diferente de este asunto, basado no en la prohibición sino en la homologación de los productos, la información verídica sobre su uso y su abuso, así como una educación eficaz para la templanza.

Nadie se atreve -aunque muchos quisieran- a discutir abiertamente sobre las alternativas a la cruzada vigente por miedo a las represalias del país más poderoso del mundo, que la apadrinó desde su comienzo. Sólo un presidente de Estados Unidos con audacia y visión de futuro podría desbloquear el atolladero actual. Y algunos pensamos que Barack Obama puede ser ese político providencial, al menos para iniciar un camino que será seguramente largo.

Encontrará sin duda una feroz oposición. Como los republicanos ultraderechistas son los últimos creyentes que quedan en la revolución comunista (por eso llaman “comunista” a quien intenta cualquier reforma seria que ponga en cuestión la pena de muerte, la venta libre de armas o propicie la asistencia sanitaria para todos), si Obama intenta un movimiento hacia la cordura en materia de drogas ya sabe el epíteto que le van a dedicar. Pero supongo que a estas alturas estará muy acostumbrado y el reto merece la pena.

Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona

miércoles, mayo 13, 2009

El "narco" se refugia en Centroamérica

Por ÁLVARO MURILLO - San José - (ElPais.com, 12/05/2009)

El helicóptero lo compraron mediante una cadena de socios y testaferros, con cuentas bancarias en el Golfo Pérsico. La semana pasada, viajaba con 395 kilos de cocaína desde la costa pacífica sur de Costa Rica hacia un hotel abandonado en el borde de la zona caribeña del país. La aeronave sufrió un accidente en lo más espeso de un bosque, en el que murieron el piloto, antiguo agente de la policía costarricense, y su pasajero, un joven mexicano, oriundo de Sinaloa. ¿Alguien duda ahora de que la guerra de las drogas en México, como cualquier guerra, tiene sus propios desplazados?

Centroamérica está ahora prensada entre dos grandes países que libran su propia batalla contra las bandas de narcotraficantes y también sufren las que se registran entre ellas. Al norte, México, con su escalada de violencia, caldeada por la cocaína; al sur, Colombia, con su historial de producción y una longeva tradición de carteles. No es que los siete países del istmo centroamericano desconozcan del todo la experiencia de alojar las redes del tráfico de la droga, pero quizá nadie sospechaba el valor que este angosto pedazo de tierra iba a tener para los carteles perseguidos en las dos potencias de la droga en el continente.

Bordeado por dos océanos, atestado de zonas montañosas, de poca fuerza de voluntad contra el dinero corrupto y debilitado por la condición de pobreza de casi la mitad de su población, Centroamérica vive ahora un cambio de funciones. Nadie se sorprende ya ante las evidencias de que la droga viaja hacia el norte por agua o tierra, ni de que en el camino quede el producto que cobran las bandas locales. Hacia el sur fluyen los dólares sucios, por más lavado que hagan. Ahora, sin embargo, la presión de las autoridades mexicanas y colombianas, reforzadas por Estados Unidos, empuja a las redes a usar Centroamérica como almacén y campo de operaciones.

Guatemala y Honduras fueron, por cercanía geográfica, los primeros en sentir lo que advirtió el propio vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, a los presidentes de la región en marzo. "Sabemos que el éxito de los esfuerzos contra las drogas en México y Colombia va a empujar a esos grupos hacia Centroamérica", señaló Biden segundos antes de subrayar la dificultad de Washington para aumentar la ayuda para la lucha contra el narcotráfico, por los ahogos económicos del momento.

El accidente del helicóptero en lo más tupido de las montañas de Costa Rica sólo sirvió para poner un ejemplo concreto. Las autoridades sospechan que el cargamento era uno de los primeros de este grupo de mexicanos, ya que en el hotel donde lo esperaban no se halló más que las condiciones aptas para comenzar a embodegar: una edificación con helipuerto, con vistas a todo un valle y cerca de caminos rurales que surcan una región montañosa y más bien deshabitada. La propiedad había sido arrendada por el piloto, amigo del propietario, a quien convenció de las ventajas de negociar con este grupo de inversores mexicanos.

Pero el helicóptero se precipitó a tierra y puso a la policía sobre la pista para armar el puzzle, o al menos para buscar sus piezas. Las autoridades revelaron que alguien fue más rápido que los equipos de rescate, llegó primero a la escena del accidente, sustrajo el rastreador de GPS y quizá algunos paquetes de droga, y se perdió en la montaña. Ahora es casi imposible conocer la ruta de vuelo que había seguido la aeronave en un espacio aéreo que permite a cualquiera con dinero evadir todo tipo de control policial y migratorio.

El caso se va conociendo a retazos. Uno de los últimos hallazgos de la prensa ha sorprendido aún más. El helicóptero aparece como propiedad de la gerente de la empresa que opera el principal aeropuerto de Costa Rica. La Policía Judicial evita publicar conjeturas, pero la opinión pública no cesa de vincular en sus conversaciones el narcotráfico con la corrupción, una combinación válida para cualquier país centroamericano, como recogía un informe publicado en Washington por el Departamento de Estado hace sólo dos meses.

Hasta ahora, la única solución mencionada es la coordinación entre países y un programa llamado Iniciativa Mérida, cuyo contenido económico, aportado por Estados Unidos, es casi una broma frente a los recursos del narcotráfico: para este año se han presupuestado 465 millones de dólares para México, Centroamérica y el Caribe; los mexicanos reciben 400 millones y dejan el resto para que los del sur afronten el problema de los desplazados del narco.

Las autoridades nacionales, mientras, se ven incapaces de mostrar algo de eficacia y al mismo tiempo aquietar los nervios de los ciudadanos por la creciente inseguridad. Los reportes sobre las toneladas de droga incautada dan, más que tranquilidad por la labor policial, una idea de los enormes volúmenes transportados y almacenados en la región.

jueves, abril 23, 2009

"Narcos" a las puertas del infierno

Por PABLO ORDAZ - México - (ElPais.com, 23/04/2009)

Dos días después de denunciar que El Chapo Guzmán, el narcotraficante más rico y más peligroso de México, era su vecino, que todo el mundo lo sabía menos las autoridades encargadas de detenerlo, el arzobispo de Durango, monseñor Héctor González, llegó al aeropuerto del Distrito Federal solo, cabizbajo, arrastrando una maleta y con una frase en los labios que resumía su desazón: "Estoy sordo y mudo".

Su denuncia no sólo no había sido tomada en cuenta, sino que los políticos lo habían ninguneado y muchos de sus compañeros de hábitos - escondidos detrás de un miedo al que a veces llaman prudencia - le recomendaron públicamente regresar al orden y la mesura. Y así estaba el obispo, "sordo y mudo", cuando, el martes por la tarde, las emisoras de radio contaron que muy cerca de Guanaceví - la población en la que según el arzobispo se esconde el famoso narcotraficante - acababan de aparecer los cuerpos acribillados a balazos de dos tenientes del Ejército. Los sicarios habían dejado escrito junto a sus cuerpos un mensaje muy claro: "Con El Chapo nunca van a poder ni sacerdotes ni gobernantes".

Lo que ni los políticos ni los curas habían querido tomar en consideración, sí llegó a preocupar al jefe del cartel de Sinaloa, que quiso cortar por lo sano cualquier intento de romper su muy bien cultivada red del silencio. Lo que tal vez no calculó fue la reacción de los compañeros de monseñor González. Tanto el arzobispo de México como el de Saltillo dieron un fuerte golpe en la mesa. El de México difundió un comunicado, titulado Narcotraficantes, en la Puerta del Infierno, en la que exhortaba a sus sacerdotes a dejar atrás el miedo: "La Iglesia recuerda que los mártires son su gloria y no su desgracia, y que si es preciso que los ministros de la Iglesia derramen su sangre por proteger a los fieles que Dios le ha encomendado, no dudarán en hacerlo".

El arzobispo de Saltillo, monseñor Raúl Vera, no fue tan espiritual. Dijo que la guerra del presidente Felipe Calderón está fracasando, que en México se vive una situación de "terrorismo puro", y que la culpa no sólo la tienen los narcotraficantes, sino "los políticos que dan soporte al crimen". Monseñor Vera dijo que el asesinato de los dos militares - que fueron sorprendidos mientras realizaban, vestidos de vaqueros, labores de inteligencia - demuestra que los narcotraficantes se ríen de la lucha de Calderón. "Se tiene que empezar", añadió, "a investigar y meter en la cárcel a gobernadores y presidentes municipales, porque muchos están coludidos con el crimen y las ejecuciones demuestran que el Estado no nos está dando garantía de vida a ningún ciudadano".

Lo que el Ejército no hizo - al menos para mantener las formas - tras la denuncia del arzobispo, sí lo empezó a ejecutar tras el asesinato de los dos tenientes. Numerosos convoyes militares, apoyados desde el aire por helicópteros artillados, iniciaron la búsqueda por Durango de los asesinos a sueldo de El Chapo. Ayer se supo que el Ford Fiesta en el que viajaban los militares, de 28 y 30 años, tenía agujereada su chapa por 58 disparos de fusil AK-47.

lunes, abril 20, 2009

Monseñor, la ley del silencio y el "narco"

Por PABLO ORDAZ - México - (ElPais.com, 20/04/2009)

¿Dónde está El Chapo Guzmán? La respuesta vale siete millones de dólares (5,4 millones de euros), aunque tal vez nadie la haya respondido aún porque se sospecha que la recompensa también puede incluir un salvoconducto al más allá. Joaquín Guzmán Loera (el mote de El Chapo se debe a su porte más bien chaparro) no sólo es el jefe del cartel de Sinaloa y el mayor narcotraficante de México, sino también, según el último número de la revista Forbes, uno de los hombres más ricos del mundo. Su fortuna, superior a los 1.000 millones de dólares (767 millones de euros), pero sobre todo su forma de obtenerla, el crimen organizado en su versión más sanguinaria, provocan más afonía que la locuacidad que persiguen los cinco millones que ofrece EE UU y los dos de México. Por eso tiene más valor lo que ha dicho el arzobispo de Durango...

¿Que qué ha dicho? Lo que mucha gente piensa en México, pero nadie se atreve a decir en voz alta. Exactamente: "Más adelante de Guanaceví, por ahí está El Chapo, por ahí vive, pero bueno, todos lo sabemos, menos la autoridad...".

La historia, que a cada momento se va cubriendo de más misterio, empezó el viernes. Ese día, el arzobispo del norteño Estado de Durango, Héctor González Martínez, llamó a los periodistas para denunciar que los sacerdotes de su diócesis -que también abarca el norte del Estado de Zacatecas- están sufriendo amenazas por parte de sicarios del crimen organizado: "Los extorsionan llamándolos por teléfono, amenazándolos con insistencia, gritándoles, diciéndoles malas palabras... Y la autoridad no hace nada".

Al arzobispo lo fue abandonando la santa paciencia y la bendita prudencia y empezó a dar nombres. Detalló los lugares donde operan dos de los carteles más peligrosos de México, la Familia Michoacana y "la gente de El Chapo", o lo que es lo mismo, el cartel de Sinaloa. Y finalmente señaló Guanaceví, un municipio entre montañas de 11.000 habitantes, como la guarida segura del fugitivo más famoso de México.

¿Que por qué es el más famoso de México? Por lo que se sabe de él y por lo que se intuye que él sabe. El Chapo Guzmán, que ya anda por los 55 años, fue detenido en 1993 en Guatemala. Dos años después lo trasladaron a un penal de México, de donde se fugó en 2001, dicen que escondido en un camión con ropa sucia. En México ya gobernaba Vicente Fox, del mismo partido (el Partido Acción Nacional) del actual presidente, Felipe Calderón. Nadie duda a estas alturas de que el Gobierno de Calderón es el primero de la historia de México que combate en serio al narcotráfico, pero también es verdad que sobre esa lucha tan cruenta -el sábado murieron ocho policías federales al repeler el intento de rescate de un narco al que trasladaban de prisión- se cierne una sombra de sospecha. ¿Por qué dejaron escapar a El Chapo? ¿Por qué no lo detienen? Las declaraciones del arzobispo echan más sal en la herida.

Por si a la historia le faltara un punto de misterio, las palabras del arzobispo fueron recogidas por todos los medios de comunicación de México, menos por los de... ¡Exacto! Los periódicos de Durango no publicaron la denuncia del arzobispo y los de difusión nacional, que todas las mañanas llegan a los quioscos del Estado norteño, se quedaron en el camino. Nadie sabe qué paso con ellos. Ni con el arzobispo. También a él se lo tragó la tierra. Como a su presunto vecino El Chapo.