Por Peter Singer, profesor de Bioética en la Universidad de Princeton. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia (EL PAÍS/THE GUARDIAN, 11/08/08):
El 25 de junio, en una votación histórica, la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Parlamento español declaró su apoyo al Proyecto Gran Simio, una propuesta para dar derecho a la vida y la libertad y proteger de la tortura a nuestros familiares no humanos más próximos: chimpancés, chimpancés pigmeos, gorilas y orangutanes. Otros países, como Nueva Zelanda y el Reino Unido, han tomado medidas para proteger a los grandes simios de los experimentos dañinos, pero ningún parlamento nacional había declarado que un animal puede ser un individuo con sus derechos.
La resolución, que se espera que apruebe el pleno del Parlamento, dice al Gobierno español que promueva una declaración similar en el ámbito de la Unión Europea. Asimismo, pide al Gobierno que apruebe, en el plazo de un año, una ley que prohíba someter a los grandes simios a experimentos potencialmente dañinos que no vayan en beneficio de ellos.
Mantener a los grandes simios en cautividad se permitirá sólo con fines de conservación, y siempre en condiciones óptimas para los monos. Además, la resolución recomienda que España tome medidas en foros y organizaciones internacionales para asegurar que se proteja a los grandes simios de los malos tratos, la esclavitud, la tortura, la muerte violenta y la extinción.
Paola Cavalieri y yo fundamos el Proyecto Gran Simio en 1993 con el fin de romper las barreras entre los animales humanos y los no humanos. Investigadores como Jane Goodall, Diane Fossey y Birute Galdikas han demostrado que los grandes simios son seres pensantes, con conciencia de sí mismos y ricas vidas emocionales, y prepararon el terreno para que se les extendieran los derechos esenciales.
Si consideramos los derechos humanos como algo que poseen todos los seres humanos, independientemente de su capacidad intelectual o emocional, ¿cómo podemos negarles derechos similares a los grandes simios, que sin duda sobrepasan a algunos seres humanos en racionalidad, conciencia de sí mismos y vínculos emocionales con otros? Sería mostrar un prejuicio contra otros simplemente porque no son miembros de nuestra especie; un prejuicio que llamamos especieísmo, para resaltar su parecido con el racismo. El Proyecto Gran Simio pretende cambiar nuestra forma de pensar sobre los grandes simios y sobre los animales en general. La resolución española representa la primera aceptación oficial de esa propuesta.
Es especialmente significativo el uso del término “esclavitud” como una cosa que no debemos hacer con los animales porque, hasta ahora, se ha supuesto que era justo que los animales fueran nuestros esclavos, que los utilizáramos como quisiéramos, para ti-rar de nuestros carros, ser cobayas de enfermedades humanas en investigación o producir huevos, leche y carne para alimentarnos. El hecho de que un Gobierno reconozca que puede estar mal esclavizar a los animales es una brecha importante en el muro de exclusividad moral que hemos construido en torno a nuestra propia especie. No obstante, mientras los parlamentarios españoles examinaban con simpatía los derechos de los animales, en Austria, 10 dirigentes de organizaciones legales de defensa de los animales iniciaban su quinta semana en prisión. Al amanecer del 21 de mayo, los agentes de policía irrumpieron en 23 lugares distintos, levantaron a las personas que encontraron en la cama, les colocaron la pistola en la cabeza y obligaron a un líder de una de las organizaciones a permanecer de pie y en calzoncillos en un lugar público durante dos horas. Confiscaron ordenadores y documentos, y dejaron incapacitado el movimiento de defensa de los animales cuando se disponía a lanzar una nueva iniciativa para consagrar la protección de los animales en la constitución austriaca.
Los 10 líderes arrestados están detenidos sin cargos ni acusaciones concretas, en virtud de una ley pensada para miembros de organizaciones criminales como la mafia. La policía no ha presentado ninguna prueba de que alguno de los detenidos hubiera participado en actos violentos. Sin embargo, un tribunal acaba de decretar su prisión preventiva hasta septiembre. Después de 17 días en la cárcel, tres fueron acusados de amenazar a una encargada de prensa de una tienda de modas impidiéndole que se fuera en su coche. A otro, Martin Balluch, le presentaron un expediente policial de 1.500 folios con el que pretendían justificar su detención. En el documento, su nombre sólo se menciona tres veces, todas ellas en relación con entrevistas que ha concedido a medios de comunicación o artículos que ha escrito.
Lo irónico es que Balluch, un hombre brillante con doctorados en Física y Filosofía, es, en el movimiento mundial de defensa de los animales, uno de los principales partidarios de la vía no violenta y democrática. En un ensayo que escribió para In Defense of Animals, un libro que edité en 2006, decía: “Ningún número posible de ataques guerrilleros del estilo de los realizados por el Frente de Liberación de los Animales habría podido hacer tanto daño a la industria de la cría intensiva como la nueva ley austriaca”.
En los últimos años, las organizaciones austriacas de defensores de los animales han tenido un éxito notable en su labor de convencer a votantes y legisladores para que apoyen leyes que vayan eliminando poco a poco las jaulas para gallinas ponedoras, la cría intensiva de conejos para carne y la cría de animales para pieles. Como escribe Balluch: “Una ley que prohíba toda una industria hace mucho más daño económico a la industria de maltratos a los animales que cualquier otra cosa que pueda hacer el movimiento en defensa de sus derechos”. La persecución policial del movimiento en defensa de los animales parece ser un intento por parte del partido conservador -que controla el Ministerio del Interior- y sus partidarios de la industria de utilización de los animales de responder a una campaña pacífica y legítima contra nuestra forma de tratar a los animales. Que pueda ocurrir una cosa así en una democracia europea es un escándalo.
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In a historic vote last month the Spanish parliament’s commission for the environment, agriculture, and fisheries declared its support for The Great Ape Project - a proposal to grant rights to life, liberty, and protection from torture to our closest nonhuman relatives: chimpanzees, bonobos, gorillas and orang-utans. Other countries, such as New Zealand and the UK, have taken steps to protect great apes, but no national parliament has declared that any animal could be a person with rights.
Keeping great apes in captivity will be allowed for purposes of conservation only, and then under optimal conditions for the apes. Moreover, the resolution recommends that Spain take steps in international forums to ensure that great apes are protected from maltreatment, slavery, torture and extinction.
Paola Cavalieri and I founded The Great Ape Project in 1993 to break down the barriers between human and nonhuman animals. Researchers such as Jane Goodall, Diane Fossey and Birute Galdikas have shown that great apes are thinking, self-aware beings with rich emotional lives, and thereby prepared the ground for extending rights to them.
If we regard human rights as something possessed by all human beings, no matter how limited their intellectual or emotional capacities may be, how can we deny similar rights to great apes? To do so would be to display a prejudice against other beings merely because they are not members of our species - a prejudice we call speciesism, to highlight its resemblance to racism. The Spanish resolution marks the first official acceptance of that view. The use of the term “slavery” in relation to animals is especially significant, for it has been assumed that animals are rightly our slaves, to use as we wish, whether to pull our carts, be models of human diseases for research, or produce eggs, milk, or flesh for us to eat. Recognition by a government that it can be wrong to enslave animals is a significant breach in the wall of exclusive moral significance we have built around our own species.
While Spanish parliamentarians were sympathetically considering the rights of animals, in Austria 10 leaders of lawful animal welfare organisations were beginning their fifth week in prison. Police had roused people from their beds, put guns to their heads and seized computers and files, disabling the animal-rights movement on the eve of it launching a new initiative to enshrine the protection of animals in the Austrian constitution. The leaders are being held without charge under a law aimed at members of criminal organisations such as the mafia, and a court has remanded all 10 to be held until September.
One, Martin Balluch, has been given a 1,500-page police file to justify his arrest. In the file his name is mentioned only three times, all in connection with media interviews or articles. Ironically Balluch, a brilliant man with doctorates in both physics and philosophy, is one of the foremost spokesmen in the worldwide animal rights movement for pursuing the nonviolent, democratic road to reform. In recent years, Austrian animal welfare organisations have been remarkably successful in persuading voters and legislators to support laws phasing out cages for egg-laying hens, cages for raising rabbits for meat, and raising animals for fur. As Balluch writes: “A law banning a whole industry does far more economic damage to the animal abuse industry than anything else the animal movement could do.”
The police persecution appears to be an attempt by the conservative party, which controls the ministry of the interior, and its animal industry supporters to strike back at a legitimate, peaceful challenge to the way we treat animals. That this can happen in a European democracy is shocking.
El 25 de junio, en una votación histórica, la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Parlamento español declaró su apoyo al Proyecto Gran Simio, una propuesta para dar derecho a la vida y la libertad y proteger de la tortura a nuestros familiares no humanos más próximos: chimpancés, chimpancés pigmeos, gorilas y orangutanes. Otros países, como Nueva Zelanda y el Reino Unido, han tomado medidas para proteger a los grandes simios de los experimentos dañinos, pero ningún parlamento nacional había declarado que un animal puede ser un individuo con sus derechos.
La resolución, que se espera que apruebe el pleno del Parlamento, dice al Gobierno español que promueva una declaración similar en el ámbito de la Unión Europea. Asimismo, pide al Gobierno que apruebe, en el plazo de un año, una ley que prohíba someter a los grandes simios a experimentos potencialmente dañinos que no vayan en beneficio de ellos.
Mantener a los grandes simios en cautividad se permitirá sólo con fines de conservación, y siempre en condiciones óptimas para los monos. Además, la resolución recomienda que España tome medidas en foros y organizaciones internacionales para asegurar que se proteja a los grandes simios de los malos tratos, la esclavitud, la tortura, la muerte violenta y la extinción.
Paola Cavalieri y yo fundamos el Proyecto Gran Simio en 1993 con el fin de romper las barreras entre los animales humanos y los no humanos. Investigadores como Jane Goodall, Diane Fossey y Birute Galdikas han demostrado que los grandes simios son seres pensantes, con conciencia de sí mismos y ricas vidas emocionales, y prepararon el terreno para que se les extendieran los derechos esenciales.
Si consideramos los derechos humanos como algo que poseen todos los seres humanos, independientemente de su capacidad intelectual o emocional, ¿cómo podemos negarles derechos similares a los grandes simios, que sin duda sobrepasan a algunos seres humanos en racionalidad, conciencia de sí mismos y vínculos emocionales con otros? Sería mostrar un prejuicio contra otros simplemente porque no son miembros de nuestra especie; un prejuicio que llamamos especieísmo, para resaltar su parecido con el racismo. El Proyecto Gran Simio pretende cambiar nuestra forma de pensar sobre los grandes simios y sobre los animales en general. La resolución española representa la primera aceptación oficial de esa propuesta.
Es especialmente significativo el uso del término “esclavitud” como una cosa que no debemos hacer con los animales porque, hasta ahora, se ha supuesto que era justo que los animales fueran nuestros esclavos, que los utilizáramos como quisiéramos, para ti-rar de nuestros carros, ser cobayas de enfermedades humanas en investigación o producir huevos, leche y carne para alimentarnos. El hecho de que un Gobierno reconozca que puede estar mal esclavizar a los animales es una brecha importante en el muro de exclusividad moral que hemos construido en torno a nuestra propia especie. No obstante, mientras los parlamentarios españoles examinaban con simpatía los derechos de los animales, en Austria, 10 dirigentes de organizaciones legales de defensa de los animales iniciaban su quinta semana en prisión. Al amanecer del 21 de mayo, los agentes de policía irrumpieron en 23 lugares distintos, levantaron a las personas que encontraron en la cama, les colocaron la pistola en la cabeza y obligaron a un líder de una de las organizaciones a permanecer de pie y en calzoncillos en un lugar público durante dos horas. Confiscaron ordenadores y documentos, y dejaron incapacitado el movimiento de defensa de los animales cuando se disponía a lanzar una nueva iniciativa para consagrar la protección de los animales en la constitución austriaca.
Los 10 líderes arrestados están detenidos sin cargos ni acusaciones concretas, en virtud de una ley pensada para miembros de organizaciones criminales como la mafia. La policía no ha presentado ninguna prueba de que alguno de los detenidos hubiera participado en actos violentos. Sin embargo, un tribunal acaba de decretar su prisión preventiva hasta septiembre. Después de 17 días en la cárcel, tres fueron acusados de amenazar a una encargada de prensa de una tienda de modas impidiéndole que se fuera en su coche. A otro, Martin Balluch, le presentaron un expediente policial de 1.500 folios con el que pretendían justificar su detención. En el documento, su nombre sólo se menciona tres veces, todas ellas en relación con entrevistas que ha concedido a medios de comunicación o artículos que ha escrito.
Lo irónico es que Balluch, un hombre brillante con doctorados en Física y Filosofía, es, en el movimiento mundial de defensa de los animales, uno de los principales partidarios de la vía no violenta y democrática. En un ensayo que escribió para In Defense of Animals, un libro que edité en 2006, decía: “Ningún número posible de ataques guerrilleros del estilo de los realizados por el Frente de Liberación de los Animales habría podido hacer tanto daño a la industria de la cría intensiva como la nueva ley austriaca”.
En los últimos años, las organizaciones austriacas de defensores de los animales han tenido un éxito notable en su labor de convencer a votantes y legisladores para que apoyen leyes que vayan eliminando poco a poco las jaulas para gallinas ponedoras, la cría intensiva de conejos para carne y la cría de animales para pieles. Como escribe Balluch: “Una ley que prohíba toda una industria hace mucho más daño económico a la industria de maltratos a los animales que cualquier otra cosa que pueda hacer el movimiento en defensa de sus derechos”. La persecución policial del movimiento en defensa de los animales parece ser un intento por parte del partido conservador -que controla el Ministerio del Interior- y sus partidarios de la industria de utilización de los animales de responder a una campaña pacífica y legítima contra nuestra forma de tratar a los animales. Que pueda ocurrir una cosa así en una democracia europea es un escándalo.
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In a historic vote last month the Spanish parliament’s commission for the environment, agriculture, and fisheries declared its support for The Great Ape Project - a proposal to grant rights to life, liberty, and protection from torture to our closest nonhuman relatives: chimpanzees, bonobos, gorillas and orang-utans. Other countries, such as New Zealand and the UK, have taken steps to protect great apes, but no national parliament has declared that any animal could be a person with rights.
Keeping great apes in captivity will be allowed for purposes of conservation only, and then under optimal conditions for the apes. Moreover, the resolution recommends that Spain take steps in international forums to ensure that great apes are protected from maltreatment, slavery, torture and extinction.
Paola Cavalieri and I founded The Great Ape Project in 1993 to break down the barriers between human and nonhuman animals. Researchers such as Jane Goodall, Diane Fossey and Birute Galdikas have shown that great apes are thinking, self-aware beings with rich emotional lives, and thereby prepared the ground for extending rights to them.
If we regard human rights as something possessed by all human beings, no matter how limited their intellectual or emotional capacities may be, how can we deny similar rights to great apes? To do so would be to display a prejudice against other beings merely because they are not members of our species - a prejudice we call speciesism, to highlight its resemblance to racism. The Spanish resolution marks the first official acceptance of that view. The use of the term “slavery” in relation to animals is especially significant, for it has been assumed that animals are rightly our slaves, to use as we wish, whether to pull our carts, be models of human diseases for research, or produce eggs, milk, or flesh for us to eat. Recognition by a government that it can be wrong to enslave animals is a significant breach in the wall of exclusive moral significance we have built around our own species.
While Spanish parliamentarians were sympathetically considering the rights of animals, in Austria 10 leaders of lawful animal welfare organisations were beginning their fifth week in prison. Police had roused people from their beds, put guns to their heads and seized computers and files, disabling the animal-rights movement on the eve of it launching a new initiative to enshrine the protection of animals in the Austrian constitution. The leaders are being held without charge under a law aimed at members of criminal organisations such as the mafia, and a court has remanded all 10 to be held until September.
One, Martin Balluch, has been given a 1,500-page police file to justify his arrest. In the file his name is mentioned only three times, all in connection with media interviews or articles. Ironically Balluch, a brilliant man with doctorates in both physics and philosophy, is one of the foremost spokesmen in the worldwide animal rights movement for pursuing the nonviolent, democratic road to reform. In recent years, Austrian animal welfare organisations have been remarkably successful in persuading voters and legislators to support laws phasing out cages for egg-laying hens, cages for raising rabbits for meat, and raising animals for fur. As Balluch writes: “A law banning a whole industry does far more economic damage to the animal abuse industry than anything else the animal movement could do.”
The police persecution appears to be an attempt by the conservative party, which controls the ministry of the interior, and its animal industry supporters to strike back at a legitimate, peaceful challenge to the way we treat animals. That this can happen in a European democracy is shocking.
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