Por Jaume Pallé, técnico del Área de Políticas Institucionales de la Fundació del Món Rural (EL PERIÓDICO, 24/02/09):
En el último Consejo de Ministros de Agricultura de la UE se aprobó una nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC) que se aplicará hasta la próxima revisión, en el 2013, cosa que pone fin a la llamada “revisión médica de la PAC”. Se trata de una reforma que profundiza en el espíritu de la que se hizo en el 2003. Esto es, orientar hacia el mercado este sistema de ayudas comunitarias a los payeses, y avanzar en su simplificación administrativa.
Pero el debate sobre la Política Agraria Común no acaba aquí. Al contrario: ahora es el momento de empezarlo, de pensar en su horizontes más allá del 2013. Durante años se han cuestionado las ayudas al sector agrario, como si el agricultor viviera solo de subvenciones. En cambio, jamás se ha cuestionado –o, al menos, nunca se ha hecho con tanto ruido– el dinero que, más o menos directamente, se destina a las grandes industrias multinacionales que, seguramente, están menos necesitadas de apoyo. Algunas de ellas –como, por ejemplo, Nissan, de plena actualidad, o de otras grandes compañías– posteriormente han llevado a cabo medidas de reestructuración de su plantilla y/o directamente han optado por cerrar y deslocalizar su producción, lo que ha llevado a muchos de sus trabajadores al paro.
EN ESTOS CASOS, los recursos públicos con los que se ha ayudado a estas empresas no han cumplido plenamente su finalidad y, en cambio, no se han oído tantas voces cuestionándolos como ocurre con las ayudas a los agricultores. También las pequeñas y medianas empresas de los otros sectores económicos disfrutan en mayor o menor medida de ayudas procedentes de fondos públicos. A modo de ejemplo para ilustrar cuál es el alcance de este apoyo, baste decir que el buscador de ayudas del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), dependiente de la Generalitat de Catalunya, al introducir el criterio de búsqueda “industria”, nos da 228 resultados referentes a programas o líneas de ayuda.
De la misma forma que hay que ver el apoyo a todas estas industrias como una estrategia de país, de favorecer la creación de riqueza y de puestos de trabajo, es necesario ver también las ayudas al sector agrario como una estrategia para alcanzar unos objetivos que son de interés general, y no como una herramienta de caridad para los agricultores. El hecho de tener asegurado el suministro alimentario a precios estables y asequibles supone un beneficio para el conjunto de la ciudadanía. El papel medioambiental de la actividad agraria nos interesa a todos, todo el mundo disfruta de un territorio y de un paisaje que serían muy diferentes si no hubiera payeses y payesas que contribuyen a mantenerlo mediante el desarrollo de su trabajo.
ES CUESTIÓN DE interés general el mantenimiento de una actividad económica que genera riqueza y puestos de trabajo en territorios rurales en los que es difícil poder encontrar otras vías de desarrollo profesional. Sin el papel social de la Política Agraria Común, en el sentido de contribuir al mantenimiento de explotaciones en zonas en las que es difícil ser competitivo, sería más complejo evitar que el campo se vaya despoblando, con los consiguientes costes sociales y medioambientales que ese abandono de la población rural conllevarían. Por todo esto, la Política Agraria Común ha sido y es un instrumento fundamental, y es necesario que lo siga siendo más allá del vencimiento en el 2013.
Por otra parte, es necesario dar la vuelta a la idea de que las ayudas que se destinan al sector agrario distorsionan la competencia en el mercado. Precisamente pensando en garantizar que haya una competencia leal y real, la Política Agraria Común es un instrumento muy necesario para que los payeses europeos puedan competir en igualdad de condiciones con países de otras zonas del mundo. En determinados aspectos –como, por ejemplo, los relativos al respeto al medioambiente, el bienestar animal o las condiciones laborales–, el cumplimiento de la normativa comunitaria supone un sobrecoste para los agricultores europeos con respecto a los de otros países que tienen una normativa en cierto modo menos exigente, cosa que les permite disfrutar de unos costes de producción más bajos. La PAC, por lo tanto, debe tener como objetivo compensar este sobrecoste que tienen que soportar los productores de la Unión Europea.
POR TODOS estos motivos expuestos, los miembros de la Fundació del Món Rural creemos que está sobradamente justificado y legitimado que se continúen destinando fondos europeos específicos para apoyar al sector agrario. En consecuencia, no nos podemos dormir en el debate acerca de si la Política Agraria Común tiene razón de ser, sino que tenemos que empezar a pensar cómo tiene que ser esta política. Es necesario construir una Política Agraria Común sólida, cohesionada y dotada de recursos suficientes para que pueda seguir apoyando a uno de los pilares de nuestra sociedad: aquel que nos alimenta.
Será una inversión segura: el payés no se deslocaliza.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
En el último Consejo de Ministros de Agricultura de la UE se aprobó una nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC) que se aplicará hasta la próxima revisión, en el 2013, cosa que pone fin a la llamada “revisión médica de la PAC”. Se trata de una reforma que profundiza en el espíritu de la que se hizo en el 2003. Esto es, orientar hacia el mercado este sistema de ayudas comunitarias a los payeses, y avanzar en su simplificación administrativa.
Pero el debate sobre la Política Agraria Común no acaba aquí. Al contrario: ahora es el momento de empezarlo, de pensar en su horizontes más allá del 2013. Durante años se han cuestionado las ayudas al sector agrario, como si el agricultor viviera solo de subvenciones. En cambio, jamás se ha cuestionado –o, al menos, nunca se ha hecho con tanto ruido– el dinero que, más o menos directamente, se destina a las grandes industrias multinacionales que, seguramente, están menos necesitadas de apoyo. Algunas de ellas –como, por ejemplo, Nissan, de plena actualidad, o de otras grandes compañías– posteriormente han llevado a cabo medidas de reestructuración de su plantilla y/o directamente han optado por cerrar y deslocalizar su producción, lo que ha llevado a muchos de sus trabajadores al paro.
EN ESTOS CASOS, los recursos públicos con los que se ha ayudado a estas empresas no han cumplido plenamente su finalidad y, en cambio, no se han oído tantas voces cuestionándolos como ocurre con las ayudas a los agricultores. También las pequeñas y medianas empresas de los otros sectores económicos disfrutan en mayor o menor medida de ayudas procedentes de fondos públicos. A modo de ejemplo para ilustrar cuál es el alcance de este apoyo, baste decir que el buscador de ayudas del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), dependiente de la Generalitat de Catalunya, al introducir el criterio de búsqueda “industria”, nos da 228 resultados referentes a programas o líneas de ayuda.
De la misma forma que hay que ver el apoyo a todas estas industrias como una estrategia de país, de favorecer la creación de riqueza y de puestos de trabajo, es necesario ver también las ayudas al sector agrario como una estrategia para alcanzar unos objetivos que son de interés general, y no como una herramienta de caridad para los agricultores. El hecho de tener asegurado el suministro alimentario a precios estables y asequibles supone un beneficio para el conjunto de la ciudadanía. El papel medioambiental de la actividad agraria nos interesa a todos, todo el mundo disfruta de un territorio y de un paisaje que serían muy diferentes si no hubiera payeses y payesas que contribuyen a mantenerlo mediante el desarrollo de su trabajo.
ES CUESTIÓN DE interés general el mantenimiento de una actividad económica que genera riqueza y puestos de trabajo en territorios rurales en los que es difícil poder encontrar otras vías de desarrollo profesional. Sin el papel social de la Política Agraria Común, en el sentido de contribuir al mantenimiento de explotaciones en zonas en las que es difícil ser competitivo, sería más complejo evitar que el campo se vaya despoblando, con los consiguientes costes sociales y medioambientales que ese abandono de la población rural conllevarían. Por todo esto, la Política Agraria Común ha sido y es un instrumento fundamental, y es necesario que lo siga siendo más allá del vencimiento en el 2013.
Por otra parte, es necesario dar la vuelta a la idea de que las ayudas que se destinan al sector agrario distorsionan la competencia en el mercado. Precisamente pensando en garantizar que haya una competencia leal y real, la Política Agraria Común es un instrumento muy necesario para que los payeses europeos puedan competir en igualdad de condiciones con países de otras zonas del mundo. En determinados aspectos –como, por ejemplo, los relativos al respeto al medioambiente, el bienestar animal o las condiciones laborales–, el cumplimiento de la normativa comunitaria supone un sobrecoste para los agricultores europeos con respecto a los de otros países que tienen una normativa en cierto modo menos exigente, cosa que les permite disfrutar de unos costes de producción más bajos. La PAC, por lo tanto, debe tener como objetivo compensar este sobrecoste que tienen que soportar los productores de la Unión Europea.
POR TODOS estos motivos expuestos, los miembros de la Fundació del Món Rural creemos que está sobradamente justificado y legitimado que se continúen destinando fondos europeos específicos para apoyar al sector agrario. En consecuencia, no nos podemos dormir en el debate acerca de si la Política Agraria Común tiene razón de ser, sino que tenemos que empezar a pensar cómo tiene que ser esta política. Es necesario construir una Política Agraria Común sólida, cohesionada y dotada de recursos suficientes para que pueda seguir apoyando a uno de los pilares de nuestra sociedad: aquel que nos alimenta.
Será una inversión segura: el payés no se deslocaliza.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
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