Por Ferran Requejo, catedrático de Ciencia Política en la UPF y autor de Las democracias, Ariel, 2008 (LA VANGUARDIA, 26/02/09):
La situación de los derechos humanos sigue mostrando un panorama desolador en buena parte de los estados del planeta. Ello supone un incumplimiento grave de la Declaración Universal de la ONU de 1948. Que el tema sea muy conocido no lo transforma en menos grave. Pero buena parte de las democracias liberales también presentan incumplimientos concretos en la protección de dichos derechos. De los últimos informes independientes pueden presentarse los casos de RD Congo y España como ejemplos de ambos tipos de incumplimiento.
La realidad actual del Congo es dramática. Y como casi todo lo que se refiere al continente africano su presencia en los medios de comunicación es mucho menor que lo que sugiere la gravedad de los hechos. Ni las instituciones del Estado ni las de carácter internacional han logrado controlar los enfrentamientos entre grupos armados. El ejército parece estar sumido en el caos, especialmente en el este del país. Hasta el punto de que el Gobierno se apoya en milicias que se enfrentan militarmente al Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) de Laurent Nkunda, el cual se presenta como protector de la comunidad tutsi frente a las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), de composición hutu. Así, el genocidio ruandés de 1994 resuena hoy en el Congo oriental. La población civil se halla a merced de unos grupos armados que se disputan la hegemonía y el control de recursos naturales. El mandato teórico de la ONU es claro: ordena a las fuerzas de mantenimiento de la paz que usen todo medio necesario para proteger a la población civil y a las organizaciones humanitarias. Pero ni esto ni el teórico e incumplido embargo de armas establecido hace unos años impiden la desprotección de la población. Las cifras del conflicto son atroces: cinco millones de muertos en la última década; existencia de entre 3.000 y 7.000 niños soldados; más de un millón de desplazados sólo en el este; multitud (no cuantificada) de casos de violencia sexual a mujeres y niñas…
El Congo actual ejemplifica la necesidad de contar con unas instituciones internacionales que garanticen la seguridad personal y un mínimo de derechos a la población. Y hay bastantes más casos en el mundo de impunidad total ante violaciones de derechos (véase el Informe 2008 de Amnistía Internacional).
Los países desarrollados no se enfrentan a situaciones de este dramatismo. Sin embargo, la práctica de los derechos humanos resulta claramente mejorable también en el mundo de las democracias. En el ámbito internacional se firman documentos, pero son los estados quienes deben ponerlos en práctica. Y es en el paso de la retórica gubernamental a la acción cuando se comprueban los agujeros en la calidad de los liderazgos democráticos.
En relación con el caso español, es obvio que se ha avanzado en los últimos años, pero son varias las organizaciones internacionales que vienen denunciando casos continuados de tortura, denegaciones de asilo decididas sin condiciones procesales adecuadas, o falta de tutela efectiva de derechos en relación con personas inmigrantes. En diciembre del 2008 el Gobierno español aprobó un plan de derechos humanos. Es un documento que incluye hasta 172 medidas. Un objetivo es la lucha contra la xenofobia y el racismo. Es un paso en la buena dirección, pero habrá que ver cómo se traduce en la práctica para que, por ejemplo, los interrogatorios de los detenidos sean más transparentes o que no se repitan casos como el de los vuelos secretos o el de deportaciones sin garantías. También para que cesen las prácticas de tortura cuya existencia vienen denunciando desde hace años diversas organizaciones humanitarias, y para que no escape a una protección eficaz la violencia contra mujeres inmigrantes. Si una denuncia puede convertirse en un expediente de expulsión es obvio que se desincentiva que se produzcan. Y siguen dándose islas de impunidad al no existir investigaciones independientes. La mera presentación de un informe anual en el Parlamento corre el riesgo de convertirse en un ritual retórico más. Un punto clave para el éxito del plan es que se establezcan evaluaciones externas. Si se quiere que haya un avance significativo en la protección de los derechos humanos, la evaluación debe ser externa e independiente de las administraciones. Las evaluaciones internas o mixtas siempre despiertan un halo de sospecha al ser las instituciones del Estado a la vez juez y parte.
En el ámbito de las democracias se deben refinar los mecanismos de información y de control de la situación de los derechos humanos, con participación de organizaciones de la sociedad civil. En el ámbito internacional, los dirigentes de las principales potencias mundiales son hoy moral y políticamente responsables de que no se esté avanzando hacia una reforma de las instituciones internacionales que sea capaz de garantizar la seguridad y una protección de los derechos humanos. Se precisa un liderazgo político que galvanice un multilateralismo con incidencia práctica en los asuntos mundiales. Este debiera ser un punto fundamental en la agenda exterior de la nueva Administración norteamericana con apoyo de la UE. La geoestrategia relacionada con los derechos humanos también debiera plantearse hoy en términos globales.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
La situación de los derechos humanos sigue mostrando un panorama desolador en buena parte de los estados del planeta. Ello supone un incumplimiento grave de la Declaración Universal de la ONU de 1948. Que el tema sea muy conocido no lo transforma en menos grave. Pero buena parte de las democracias liberales también presentan incumplimientos concretos en la protección de dichos derechos. De los últimos informes independientes pueden presentarse los casos de RD Congo y España como ejemplos de ambos tipos de incumplimiento.
La realidad actual del Congo es dramática. Y como casi todo lo que se refiere al continente africano su presencia en los medios de comunicación es mucho menor que lo que sugiere la gravedad de los hechos. Ni las instituciones del Estado ni las de carácter internacional han logrado controlar los enfrentamientos entre grupos armados. El ejército parece estar sumido en el caos, especialmente en el este del país. Hasta el punto de que el Gobierno se apoya en milicias que se enfrentan militarmente al Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) de Laurent Nkunda, el cual se presenta como protector de la comunidad tutsi frente a las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), de composición hutu. Así, el genocidio ruandés de 1994 resuena hoy en el Congo oriental. La población civil se halla a merced de unos grupos armados que se disputan la hegemonía y el control de recursos naturales. El mandato teórico de la ONU es claro: ordena a las fuerzas de mantenimiento de la paz que usen todo medio necesario para proteger a la población civil y a las organizaciones humanitarias. Pero ni esto ni el teórico e incumplido embargo de armas establecido hace unos años impiden la desprotección de la población. Las cifras del conflicto son atroces: cinco millones de muertos en la última década; existencia de entre 3.000 y 7.000 niños soldados; más de un millón de desplazados sólo en el este; multitud (no cuantificada) de casos de violencia sexual a mujeres y niñas…
El Congo actual ejemplifica la necesidad de contar con unas instituciones internacionales que garanticen la seguridad personal y un mínimo de derechos a la población. Y hay bastantes más casos en el mundo de impunidad total ante violaciones de derechos (véase el Informe 2008 de Amnistía Internacional).
Los países desarrollados no se enfrentan a situaciones de este dramatismo. Sin embargo, la práctica de los derechos humanos resulta claramente mejorable también en el mundo de las democracias. En el ámbito internacional se firman documentos, pero son los estados quienes deben ponerlos en práctica. Y es en el paso de la retórica gubernamental a la acción cuando se comprueban los agujeros en la calidad de los liderazgos democráticos.
En relación con el caso español, es obvio que se ha avanzado en los últimos años, pero son varias las organizaciones internacionales que vienen denunciando casos continuados de tortura, denegaciones de asilo decididas sin condiciones procesales adecuadas, o falta de tutela efectiva de derechos en relación con personas inmigrantes. En diciembre del 2008 el Gobierno español aprobó un plan de derechos humanos. Es un documento que incluye hasta 172 medidas. Un objetivo es la lucha contra la xenofobia y el racismo. Es un paso en la buena dirección, pero habrá que ver cómo se traduce en la práctica para que, por ejemplo, los interrogatorios de los detenidos sean más transparentes o que no se repitan casos como el de los vuelos secretos o el de deportaciones sin garantías. También para que cesen las prácticas de tortura cuya existencia vienen denunciando desde hace años diversas organizaciones humanitarias, y para que no escape a una protección eficaz la violencia contra mujeres inmigrantes. Si una denuncia puede convertirse en un expediente de expulsión es obvio que se desincentiva que se produzcan. Y siguen dándose islas de impunidad al no existir investigaciones independientes. La mera presentación de un informe anual en el Parlamento corre el riesgo de convertirse en un ritual retórico más. Un punto clave para el éxito del plan es que se establezcan evaluaciones externas. Si se quiere que haya un avance significativo en la protección de los derechos humanos, la evaluación debe ser externa e independiente de las administraciones. Las evaluaciones internas o mixtas siempre despiertan un halo de sospecha al ser las instituciones del Estado a la vez juez y parte.
En el ámbito de las democracias se deben refinar los mecanismos de información y de control de la situación de los derechos humanos, con participación de organizaciones de la sociedad civil. En el ámbito internacional, los dirigentes de las principales potencias mundiales son hoy moral y políticamente responsables de que no se esté avanzando hacia una reforma de las instituciones internacionales que sea capaz de garantizar la seguridad y una protección de los derechos humanos. Se precisa un liderazgo político que galvanice un multilateralismo con incidencia práctica en los asuntos mundiales. Este debiera ser un punto fundamental en la agenda exterior de la nueva Administración norteamericana con apoyo de la UE. La geoestrategia relacionada con los derechos humanos también debiera plantearse hoy en términos globales.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
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