Por Carlos Padrós, profesor de Derecho de la UAB y magistrado suplente del TSJC (EL PERIÓDICO, 05/04/08):
La teoría general que se explica en las facultades de Derecho narra que los delitos y las faltas pueden cometerse tanto por acción como por omisión. La horripilante historia de la muerte de la niña Mari Luz Cortés evidencia algunos ejemplos flagrantes de omisión con efectos racistas.
En primer lugar, la omisión que supone por parte del Estado el hecho de no suministrar los medios suficientes a la estructura judicial y policial para evitar que cosas como esta puedan pasar. Está claro que ha fallado el juez, pero los ciudadanos deberían saber que la mayoría de los jueces sufren una carga de trabajo absolutamente incompatible con los mínimos criterios de calidad de un servicio público tan delicado como es impartir justicia. Al igual que los médicos se quejan justamente de tener poco tiempo por paciente, muchos jueces se encuentran con que deben dictar un número elevado de sentencias (hasta una o más al día), sin posibilidad de reflexionar mucho los casos y ahondar en la potencial gravedad de los hechos. Ello obliga a despachar asuntos con relativa celeridad y algunos casos desastrosos pasan desapercibidos.
LOS PERIODISTAS destacan con frecuencia la lentitud de la justicia y el retraso judicial, y no se subraya nunca que se requieren más medios humanos y no más productividad. No son tolerables las críticas furibundas al juez del caso sin conocer las circunstancias de su juzgado. Además ¿cómo puede ser que no existan datos de domicilios personales consultables con un simple click informático? ¿Cómo es explicable la falta de funcionarios judiciales –incluso pagándoles mal– para los trámites administrativos de un juzgado? ¿Para cuándo la oficina judicial integral? Podríamos alargarnos mucho con estas omisiones, que, por ende, no son nuevas.
Económicamente, resulta más barato no proveer los medios para evitar el mal funcionamiento de la justicia e indemnizar en los casos en los que se produzca un daño. Sin embargo, desde el punto de vista social, resulta intolerable y explica en parte por qué la justicia es el servicio público peor valorado en las encuestas ciudadanas.
Lo que queda claro, también, es que el mal funcionamiento de la justicia perjudica casi siempre a las clases más populares. Los pobres tienen a la ley como única garantía de su libertad, y cuando esta no se aplica correctamente o se aplica tardíamente, los efectos perversos repercuten en una capa concreta de la sociedad (los condenados a muerte en Estados Unidos son en su gran mayoría negros pobres).
Los más poderosos tienen ya acceso a grandes bufetes de abogados cuya maquinaria logra absoluciones increíbles. El Gobierno que se ha de formar debería entender que la seguridad y la justicia son políticas verdaderamente sociales (junto con la educación y la sanidad). Hacen falta, pues, más políticas sociales de este tipo y menos asistencialismo (que, por populista, no es de izquierdas).
La segunda omisión es, si cabe, más indignante. La niña asesinada era de origen humilde y de etnia gitana. Los medios de comunicación destacan de manera sistemática los casos en los que la comunidad gitana protagoniza historias de marginalidad, tráfico de drogas y delitos varios. Los últimos casos son el realojo de familias gitanas en Poio (Pontevedra) o el intento de linchamiento de los vecinos en Mirandilla (Badajoz). Estos casos existen y no hay duda de que la actuación de gitanos concretos merece un severo reproche. Pero no podemos ni siquiera imaginar que las policías actúan con más diligencia para reprimir que para proteger a la comunidad gitana. Existen familias gitanas como la de Mari Luz Cortés y seguramente son la mayoría.
CASI NADIE ha destacado la templanza y la actitud cívica del entorno familiar de Mari Luz, y singularmente de su padre. Ha logrado transmitir una seguridad y una confianza en unas instituciones que, en su caso, parecen no merecerla. Ha evitado una tragedia que se hubiera producido de encender los ánimos del vecindario, comprensiblemente indignado. En medio de un dolor insufrible, nos ha dado a tantos payos de educación supuestamente exquisita una severa lección de civismo, contención y ética comunitaria. Pero esto no ha sido noticia.
Si la teoría de la comunicación dice que los periodistas destacan aquello que es excepcional (que un perro muerda a un hombre no es noticia, pero sí lo contrario), ¿por qué no se destaca en primeras páginas la actuación del padre gitano? En medio del torbellino de truculencias y aberración parece no encajar un hombre pulcro y cultivado que apela a la sensibilidad desde el más absoluto respeto a la condición humana. Ni una palabra vociferante ni un reproche al juez concreto o a la policía.
En este contexto, se está incurriendo en un verdadero racismo por omisión cuando solo aparece en los reportajes la comunidad gitana por hechos delictivos. De acuerdo con su tradición cultural y sus mecanismos de resolución de conflictos, los gitanos parece que deberían inclinarse con mayor facilidad a la venganza. La familia Cortés no lo hace, cuando se dan todas las circunstancias para ello. Debería destacarse y aplaudirse este hecho como mínimo homenaje y reconocimiento social a quien todo lo ha perdido.
La teoría general que se explica en las facultades de Derecho narra que los delitos y las faltas pueden cometerse tanto por acción como por omisión. La horripilante historia de la muerte de la niña Mari Luz Cortés evidencia algunos ejemplos flagrantes de omisión con efectos racistas.
En primer lugar, la omisión que supone por parte del Estado el hecho de no suministrar los medios suficientes a la estructura judicial y policial para evitar que cosas como esta puedan pasar. Está claro que ha fallado el juez, pero los ciudadanos deberían saber que la mayoría de los jueces sufren una carga de trabajo absolutamente incompatible con los mínimos criterios de calidad de un servicio público tan delicado como es impartir justicia. Al igual que los médicos se quejan justamente de tener poco tiempo por paciente, muchos jueces se encuentran con que deben dictar un número elevado de sentencias (hasta una o más al día), sin posibilidad de reflexionar mucho los casos y ahondar en la potencial gravedad de los hechos. Ello obliga a despachar asuntos con relativa celeridad y algunos casos desastrosos pasan desapercibidos.
LOS PERIODISTAS destacan con frecuencia la lentitud de la justicia y el retraso judicial, y no se subraya nunca que se requieren más medios humanos y no más productividad. No son tolerables las críticas furibundas al juez del caso sin conocer las circunstancias de su juzgado. Además ¿cómo puede ser que no existan datos de domicilios personales consultables con un simple click informático? ¿Cómo es explicable la falta de funcionarios judiciales –incluso pagándoles mal– para los trámites administrativos de un juzgado? ¿Para cuándo la oficina judicial integral? Podríamos alargarnos mucho con estas omisiones, que, por ende, no son nuevas.
Económicamente, resulta más barato no proveer los medios para evitar el mal funcionamiento de la justicia e indemnizar en los casos en los que se produzca un daño. Sin embargo, desde el punto de vista social, resulta intolerable y explica en parte por qué la justicia es el servicio público peor valorado en las encuestas ciudadanas.
Lo que queda claro, también, es que el mal funcionamiento de la justicia perjudica casi siempre a las clases más populares. Los pobres tienen a la ley como única garantía de su libertad, y cuando esta no se aplica correctamente o se aplica tardíamente, los efectos perversos repercuten en una capa concreta de la sociedad (los condenados a muerte en Estados Unidos son en su gran mayoría negros pobres).
Los más poderosos tienen ya acceso a grandes bufetes de abogados cuya maquinaria logra absoluciones increíbles. El Gobierno que se ha de formar debería entender que la seguridad y la justicia son políticas verdaderamente sociales (junto con la educación y la sanidad). Hacen falta, pues, más políticas sociales de este tipo y menos asistencialismo (que, por populista, no es de izquierdas).
La segunda omisión es, si cabe, más indignante. La niña asesinada era de origen humilde y de etnia gitana. Los medios de comunicación destacan de manera sistemática los casos en los que la comunidad gitana protagoniza historias de marginalidad, tráfico de drogas y delitos varios. Los últimos casos son el realojo de familias gitanas en Poio (Pontevedra) o el intento de linchamiento de los vecinos en Mirandilla (Badajoz). Estos casos existen y no hay duda de que la actuación de gitanos concretos merece un severo reproche. Pero no podemos ni siquiera imaginar que las policías actúan con más diligencia para reprimir que para proteger a la comunidad gitana. Existen familias gitanas como la de Mari Luz Cortés y seguramente son la mayoría.
CASI NADIE ha destacado la templanza y la actitud cívica del entorno familiar de Mari Luz, y singularmente de su padre. Ha logrado transmitir una seguridad y una confianza en unas instituciones que, en su caso, parecen no merecerla. Ha evitado una tragedia que se hubiera producido de encender los ánimos del vecindario, comprensiblemente indignado. En medio de un dolor insufrible, nos ha dado a tantos payos de educación supuestamente exquisita una severa lección de civismo, contención y ética comunitaria. Pero esto no ha sido noticia.
Si la teoría de la comunicación dice que los periodistas destacan aquello que es excepcional (que un perro muerda a un hombre no es noticia, pero sí lo contrario), ¿por qué no se destaca en primeras páginas la actuación del padre gitano? En medio del torbellino de truculencias y aberración parece no encajar un hombre pulcro y cultivado que apela a la sensibilidad desde el más absoluto respeto a la condición humana. Ni una palabra vociferante ni un reproche al juez concreto o a la policía.
En este contexto, se está incurriendo en un verdadero racismo por omisión cuando solo aparece en los reportajes la comunidad gitana por hechos delictivos. De acuerdo con su tradición cultural y sus mecanismos de resolución de conflictos, los gitanos parece que deberían inclinarse con mayor facilidad a la venganza. La familia Cortés no lo hace, cuando se dan todas las circunstancias para ello. Debería destacarse y aplaudirse este hecho como mínimo homenaje y reconocimiento social a quien todo lo ha perdido.
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