Por Jorge Zermeño Infante, Embajador de México en España (ABC, 07/02/09):
Como Embajador de México, me llena de inmenso orgullo la excelente relación entre nuestros países. México quiere profundamente a España y esta nación tiene iguales y entrañable vínculos con mi país. Por lo mismo, estoy conciente de la preocupación que se produce cuando llegan noticias lamentables sobre hechos violentos en México, producidos por enfrentamientos entre mafias delictivas.
Agradezco al prestigioso diario ABC la oportunidad de narrar brevemente qué está haciendo el gobierno mexicano para atender eficientemente este asunto.
Desde el primer día de su mandato, el presidente Felipe Calderón fue claro respecto del combate al crimen organizado que estaba por iniciar en ese año 2006: «Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero e incluso y por desgracia, vidas humanas. Pero ténganlo por seguro, esta es una batalla en la que yo estaré al frente, es una batalla que tenemos que librar y que, unidos los mexicanos, vamos a ganar a la delincuencia.»
Así ha sido. Una lucha frontal, compleja, muchas veces incomprendida, pero una lucha contra las mafias del crimen organizado que era impostergable. Históricamente, México fue un «país de paso» de drogas hacia los Estados Unidos de América. Adicionalmente, en los últimos diez años y de manera paulatina, mi país se fue transformando (por las actividades propias de esas agrupaciones delictivas) en un país productor-consumidor. De ahí que los criminales empezaran a pelear por el control de territorios y a alterar la vida pública en algunas regiones y ciudades del país, donde promovían la venta de enervantes entre jóvenes y niños. Ante ello, el gobierno del presidente Calderón no podía quedarse con los brazos cruzados. No ha sido la acción del gobierno de México lo que ha generado esa violencia, sino que fue la violencia entre mafias lo que obligó a la acción inmediata -y con toda la fuerza del Estado mexicano- a fin de combatir a esas minorías violentas para salvaguardar los derechos y libertades de las mayorías pacíficas. Así debe ser en democracia y en un país que aspira a un Estado de Derecho pleno.
Los hechos violentos que conocemos en los medios informativos dan cuenta clara de cruentos enfrentamientos entre esas bandas rivales, como resultado, por un lado, de exitosas operaciones de los cuerpos de seguridad nacionales que implicaron capturas e incluso diversas extradiciones de importantes capos de las drogas hacia los Estados Unidos de América. Por el otro, porque se han realizado eficientes acciones para desarticular la red financiera de esas agrupaciones, a fin de obstruirles el enorme margen de maniobra, de compra de armas y de corrupción que sus millonarios recursos económicos les brindaban. Esto se reforzó con la recién aprobada Ley de Extinción de Dominio, la cual establece que todos los bienes relacionados o vinculados con los actos de delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, lavado de dinero, robo de vehículos, trata de personas, terrorismo o cualquier otro delito federal, serán trasferidos al gobierno.
Para mostrar el impacto de lo anterior, basta señalar que, del 1 de diciembre de 2006 al 1 de enero de 2009, el gobierno mexicano ha detenido a 56,846 personas relacionadas con el crimen organizado y ha incautado 69.9 toneladas de cocaína, 3,944 toneladas de mariguana y 42.3 toneladas de precursores químicos para metanfetaminas. En materia de armas, se han asegurado 30,231 armas (16,401 armas largas, en su mayoría fusiles de asalto, 3 millones 860 mil 977 cartuchos y municiones y 2,186 granadas). Se suma a lo anterior, la incautación de 13,913 vehículos terrestres y 338 aeronaves diversas. A los narcotraficantes se les han confiscado (en efectivo) 312 millones de dólares y 132 millones de pesos.
Han sido importantes logros contra el crimen organizado y también -hay que decirlo- contra policías y autoridades del Estado que lamentablemente estaban asociados a esas bandas. Para ello, nos dimos a la tarea de depurar instituciones y hacer más eficaces a las corporaciones policíacas. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las modificaciones al Código Penal Federal serán instrumentos jurídicos que facilitarán esa depuración y que buscan profesionalizar el trabajo de las policías en México. La reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal busca poner punto final a la impunidad que ha prevalecido durante tantos años. México adoptará «de manera gradual» un sistema de justicia oral bajo los principios de publicidad, contradicción, concertación e inmediación que permitirá juicios con un régimen de protección a los derechos de las víctimas, más rápidos, transparentes y equitativos que los actuales.
Pocas naciones en el mundo pueden presumir de haber propiciado -en este lapso de tiempo- tan duros golpes a la delincuencia organizada. Por lo mismo, cuando algunas voces de los Estados Unidos califican a México como un Estado Fallido están afirmando un despropósito, dado que la solidez de las instituciones mexicanas es, precisamente, lo que ha permitido la realización de este esfuerzo.
Es claro que falta mucho por hacer. México insistirá en que se cumpla la ley estadounidense que prohíbe la exportación de armas a países en los cuales están prohibidas. En este sentido, la reciente reunión entre el presidente Felipe Calderón y el presidente Barack Obama arroja nuevas señales de cooperación bilateral en esta materia, como una necesidad fundamental no sólo para México, sino para la seguridad de ambas naciones.
Hoy, millones de extranjeros visitan nuestro país cada año -sea por turismo o por viajes de negocios- y dan cuenta del buen trato y bienestar que representó estar con nosotros. A pesar de la crisis financiera global, la inversión extranjera en México sigue siendo signo de esa confianza. Las empresas instaladas en nuestro país (entre ellas, las más importantes de España) obtienen positivos resultados financieros, por encima de los reportados en el resto de Latinoamérica. ¿Por qué razón? Porque México (al margen de esta batalla contra el crimen organizado) trabaja y apuesta por el futuro. No cabe duda que esta crisis financiera global impacta a todas las naciones, pero México ha demostrado un gran nivel de responsabilidad en las medidas gubernamentales para hacer frente a esta dura adversidad económica. Tener como base la disciplina en el gasto público, nos ha permitido contar con un nivel de reservas -90 mil millones de dólares- que respaldan a nuestra economía, una baja inflación durante los últimos 13 años y ser uno de los principales destinos de inversión extranjera, lo que da cuenta de la confianza y de los buenos resultados de quienes apuestan por México.
Hoy, mi país es una magnífica nación y será mucho mejor mañana porque estamos ciertos de que ganaremos esta lucha contra las mafias. Apostamos y trabajamos responsablemente para ello, con los costos que implica.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
Como Embajador de México, me llena de inmenso orgullo la excelente relación entre nuestros países. México quiere profundamente a España y esta nación tiene iguales y entrañable vínculos con mi país. Por lo mismo, estoy conciente de la preocupación que se produce cuando llegan noticias lamentables sobre hechos violentos en México, producidos por enfrentamientos entre mafias delictivas.
Agradezco al prestigioso diario ABC la oportunidad de narrar brevemente qué está haciendo el gobierno mexicano para atender eficientemente este asunto.
Desde el primer día de su mandato, el presidente Felipe Calderón fue claro respecto del combate al crimen organizado que estaba por iniciar en ese año 2006: «Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero e incluso y por desgracia, vidas humanas. Pero ténganlo por seguro, esta es una batalla en la que yo estaré al frente, es una batalla que tenemos que librar y que, unidos los mexicanos, vamos a ganar a la delincuencia.»
Así ha sido. Una lucha frontal, compleja, muchas veces incomprendida, pero una lucha contra las mafias del crimen organizado que era impostergable. Históricamente, México fue un «país de paso» de drogas hacia los Estados Unidos de América. Adicionalmente, en los últimos diez años y de manera paulatina, mi país se fue transformando (por las actividades propias de esas agrupaciones delictivas) en un país productor-consumidor. De ahí que los criminales empezaran a pelear por el control de territorios y a alterar la vida pública en algunas regiones y ciudades del país, donde promovían la venta de enervantes entre jóvenes y niños. Ante ello, el gobierno del presidente Calderón no podía quedarse con los brazos cruzados. No ha sido la acción del gobierno de México lo que ha generado esa violencia, sino que fue la violencia entre mafias lo que obligó a la acción inmediata -y con toda la fuerza del Estado mexicano- a fin de combatir a esas minorías violentas para salvaguardar los derechos y libertades de las mayorías pacíficas. Así debe ser en democracia y en un país que aspira a un Estado de Derecho pleno.
Los hechos violentos que conocemos en los medios informativos dan cuenta clara de cruentos enfrentamientos entre esas bandas rivales, como resultado, por un lado, de exitosas operaciones de los cuerpos de seguridad nacionales que implicaron capturas e incluso diversas extradiciones de importantes capos de las drogas hacia los Estados Unidos de América. Por el otro, porque se han realizado eficientes acciones para desarticular la red financiera de esas agrupaciones, a fin de obstruirles el enorme margen de maniobra, de compra de armas y de corrupción que sus millonarios recursos económicos les brindaban. Esto se reforzó con la recién aprobada Ley de Extinción de Dominio, la cual establece que todos los bienes relacionados o vinculados con los actos de delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, lavado de dinero, robo de vehículos, trata de personas, terrorismo o cualquier otro delito federal, serán trasferidos al gobierno.
Para mostrar el impacto de lo anterior, basta señalar que, del 1 de diciembre de 2006 al 1 de enero de 2009, el gobierno mexicano ha detenido a 56,846 personas relacionadas con el crimen organizado y ha incautado 69.9 toneladas de cocaína, 3,944 toneladas de mariguana y 42.3 toneladas de precursores químicos para metanfetaminas. En materia de armas, se han asegurado 30,231 armas (16,401 armas largas, en su mayoría fusiles de asalto, 3 millones 860 mil 977 cartuchos y municiones y 2,186 granadas). Se suma a lo anterior, la incautación de 13,913 vehículos terrestres y 338 aeronaves diversas. A los narcotraficantes se les han confiscado (en efectivo) 312 millones de dólares y 132 millones de pesos.
Han sido importantes logros contra el crimen organizado y también -hay que decirlo- contra policías y autoridades del Estado que lamentablemente estaban asociados a esas bandas. Para ello, nos dimos a la tarea de depurar instituciones y hacer más eficaces a las corporaciones policíacas. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las modificaciones al Código Penal Federal serán instrumentos jurídicos que facilitarán esa depuración y que buscan profesionalizar el trabajo de las policías en México. La reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal busca poner punto final a la impunidad que ha prevalecido durante tantos años. México adoptará «de manera gradual» un sistema de justicia oral bajo los principios de publicidad, contradicción, concertación e inmediación que permitirá juicios con un régimen de protección a los derechos de las víctimas, más rápidos, transparentes y equitativos que los actuales.
Pocas naciones en el mundo pueden presumir de haber propiciado -en este lapso de tiempo- tan duros golpes a la delincuencia organizada. Por lo mismo, cuando algunas voces de los Estados Unidos califican a México como un Estado Fallido están afirmando un despropósito, dado que la solidez de las instituciones mexicanas es, precisamente, lo que ha permitido la realización de este esfuerzo.
Es claro que falta mucho por hacer. México insistirá en que se cumpla la ley estadounidense que prohíbe la exportación de armas a países en los cuales están prohibidas. En este sentido, la reciente reunión entre el presidente Felipe Calderón y el presidente Barack Obama arroja nuevas señales de cooperación bilateral en esta materia, como una necesidad fundamental no sólo para México, sino para la seguridad de ambas naciones.
Hoy, millones de extranjeros visitan nuestro país cada año -sea por turismo o por viajes de negocios- y dan cuenta del buen trato y bienestar que representó estar con nosotros. A pesar de la crisis financiera global, la inversión extranjera en México sigue siendo signo de esa confianza. Las empresas instaladas en nuestro país (entre ellas, las más importantes de España) obtienen positivos resultados financieros, por encima de los reportados en el resto de Latinoamérica. ¿Por qué razón? Porque México (al margen de esta batalla contra el crimen organizado) trabaja y apuesta por el futuro. No cabe duda que esta crisis financiera global impacta a todas las naciones, pero México ha demostrado un gran nivel de responsabilidad en las medidas gubernamentales para hacer frente a esta dura adversidad económica. Tener como base la disciplina en el gasto público, nos ha permitido contar con un nivel de reservas -90 mil millones de dólares- que respaldan a nuestra economía, una baja inflación durante los últimos 13 años y ser uno de los principales destinos de inversión extranjera, lo que da cuenta de la confianza y de los buenos resultados de quienes apuestan por México.
Hoy, mi país es una magnífica nación y será mucho mejor mañana porque estamos ciertos de que ganaremos esta lucha contra las mafias. Apostamos y trabajamos responsablemente para ello, con los costos que implica.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
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