Isegoría

Por Antonio Elorza, catedrático de Ciencia Política (EL PAÍS, 20/07/07):

El debate protagonizado por John F. Kennedy y Richard Nixon en las elecciones presidenciales norteamericanas de 1959 suele ser citado como ejemplo de la primera vez en que la televisión interviene de modo decisivo a la hora de determinar un resultado político. Lo cierto es que sólo unos meses antes, el 16 de julio, ese genio de la comunicación que es Fidel Castro había dado ya el aldabonazo de convertir la televisión en palanca de poder, nada menos que ejecutando un golpe de Estado desde la pantalla, con el efecto inmediato de provocar la deposición del presidente Urrutia. La alocución televisada de Fidel constituyó el núcleo de una maniobra iniciada en la mañana del mismo día jugando con otro medio, la prensa, al anunciar desde la primera plana de Revolución su dimisión como primer ministro -no como jefe de las Fuerzas Armadas, por si acaso-, para desencadenar la movilización de masas en torno al palacio presidencial, cuyos fundamentos serán proporcionados por el líder guerrillero en su intervención televisada, sin que por supuesto Urrutia tenga oportunidad de acceder al medio. Sólo le quedará huir y buscar refugio en la Embajada de Venezuela, mientras Fidel ponía en marcha su interminable monopolio de poder. Fue la muestra de que una eficaz manipulación de los nuevos medios, al conjugar el manejo de las masas por el líder con una implacable censura ejercida sobre el discurso del oponente, podía crear la ficción de una nueva forma democrática, la democracia de la plaza pública y de su difusión por la imagen, una falsa democracia que en la práctica arrancará de cuajo las raíces de la libertad política.

La entrada en escena de la televisión, a mediados del pasado siglo, es también un ejemplo del peso ejercido por los cambios tecnológicos sobre el ejercicio y los límites de esa libertad. Los conceptos de fondo permanecen inmutables desde la polis griega. Las dos condiciones para la existencia de la democracia son, en primer término, la isonomía, la capacidad de los ciudadanos para intervenir activamente en el proceso de toma de decisiones, y en segundo, la isegoría, el acceso a la palabra, que en las sociedades modernas incorpora el derecho a una información veraz. A lo largo de la historia, la isegoría irá experimentando mutaciones en el citado plano técnico, desde la intervención oral en la asamblea al blog, así como en cuanto al marco económico y organizativo en el cual se inscribe la comunicación, y, en fin, su contenido se verá afectado por la incidencia de las censuras. Y es preciso hablar de censuras en plural, ya que tan censoria es la interferencia del gabinete de censura clásico o de la Inquisición que veta la emisión de un mensaje o procede contra el mismo una vez emitido, como la llamada telefónica del asesor del ministro al editor de un telediario, o la oscura e implacable acción permanente dentro de un periódico del personaje encargado de garantizar la publicación de artículos y mensajes ajustados a los intereses económicos y políticos de la empresa. La primera censura es en gran medida visible; la segunda, críptica por naturaleza, rara vez descubre sus cartas al exterior. Ambas responden en sus actuaciones a la leyenda relativa a las horas de la vida, observable en el viejo reloj de la iglesia vasca de Urruña, que evocara Pío Baroja: todas hieren, la última mata.

Modernidad y manipulación enlazaron muy pronto, yendo más allá de las formas de periodismo de masas, cuya ilustración más conocida fuera recreada por Orson Welles en su Ciudadano Kane. Correspondió a los fascismos ensayar con éxito la configuración de un espectáculo permanente, de falsa interactividad, a efectos de ejercer un control absoluto sobre la mentalidad de los ciudadanos. Primero, con la radio. Pronto, gracias a la novedad del cinematógrafo, eficacia y esplendor se conjugan en las realizaciones de Leni Riefenstahl, pero faltan la inmediatez y la recurrencia que proporcionará el medio televisivo. Por añadidura, en la visión de los colaboradores de Goebbels, el discurso del otro sólo tiene cabida una vez sometido ala deformación que lo ridiculiza, de acuerdo con el principio de que más vale destruir al adversario que dar forma a una oferta propia: practicado también, con notable torpeza, por la iconografía soviética, dicho principio llegará a la propaganda electoral española, vía Norteamérica, con la imagen de Aznar transformado en dobermann dentro del corto electoral socialista de 1993.

En el mundo occidental, hasta la década de 1990, el imperio de la imagen, con la exigencia de unos altos costes para la emisión de todo mensaje eficaz, tuvo lugar una inevitable postergación de la galaxia Gutenberg. Quedaron lejos los tiempos en que el escaso capital exigido para publicar un diario convirtió al periódico en “el libro del obrero”. Las leyes del márketing no sólo se aplicaron a la propaganda económica, sino al discurso político. La aspiración a la isegoría, contenida en los grandes textos del pensamiento y de la Constitución, se vio reemplazada por la generalización del ciudadano como consumidor pasivo. En el límite del poder que controla el medio, se pasó al medio que determina el poder, merced a un ejercicio permanente de manipulación de los mensajes: Berlusconi.

Hasta cierto punto, Internet ha hecho estallar este entramado. Vuelve la isegoría. Los emisores se multiplican con la facilidad para crear páginas web y poner en práctica la interactividad. De ahí la vocación censoria al respecto de regímenes como el chino o el cubano y, en sentido contrario, el importante papel que desempeñan los blogs a la hora de crear un discurso relativamente libre, a pesar del estado de vigilancia permanente, en países como Irán. Hasta el punto de que en la propia esfera del poder de los ayatolás se crean los blogs propios para llegar a sectores sociales renuentes frente a la lengua de palo empleada por los medios de comunicación oficiales. Mediante el blog, el censor toma entonces el disfraz de paladín de la libertad de expresión. Análogo riesgo afecta a la interactividad, convertida en emblema de una participación libre de los ciudadanos en los medios. Es algo que recuerda al elogio irreflexivo de la movilidad social ascendente como indicador de la democracia, sin tener en cuenta que todo depende de cuál es el sujeto que determina su funcionamiento. Ningún régimen favoreció más un ascenso social ilimitado que el despotismo otomano: un esclavo podía llegar a ser visir, eso sí, con el pequeño riesgo de que su amo y señor, el sultán, truncase la brillante carrera enviando un día al triunfador una cuerda de seda para que se ahorcara. Son demasiado amplias las posibilidades de manipulación en las secciones de cartas de lectores desde la dirección de los diarios o en las llamadas de personas anónimas, sobre todo en los programas de televisión. Cabe pensar que el ideal de un Gran Manipulador en los medios consiste hoy en un monopolio de emisión ejercido bajo la cobertura de un bosque de blogs, foros, etc., de significación final nula. Como siempre, y aquí con especial cuidado, el poder ha de estar sometido a control para no caer en una falsa isegoría.

Porque, en otro sentido, la trama constituida por la articulación de poder político, poder económico y medios de comunicación es hoy más tupida que nunca. A su modo, el Gobierno de Aznar emprendió con resolución un acercamiento al modelo de Berlusconi, poniendo a su servicio una red de intereses económicos y mediáticos, oculta a la mirada de la opinión, pero de gran cohesión. De ahí el cerco puesto en su día a PRISA y la persistencia con la cual, aun perdida La Moncloa, se han mantenido intoxicaciones tales como la teoría de la conspiración. Por su parte, el modelo socialista que le ha sucedido encaja más con la revolución tecnológica en curso, consumando la disolución del discurso político oficial en una sucesión de slogans -en relación con ETA, “el proceso de paz”, “el diálogo”, ahora “la unidad”-, dejando en manos de sus medios la responsabilidad de elaborar bajo su mando las explicaciones, dentro de un molde de extrema rigidez, y de proceder a la destrucción sistemática de la imagen del adversario (en justa correspondencia aquí con la labor permanente de satanización ejercida desde el PP).

¿Qué queda entonces de la isegoría, e incluso si la misma resulta inalcanzable, de la posibilidad de ejercer la disidencia ante los dos bloques? Pensando en el año electoral que nos aguarda, cabe vaticinar que por muchos blogs que sirvan de salsa al autoritarismo, bien poca cosa.

Blancas juegan y ganan

Por Pablo Salvador Coderch, catedrático de Derecho Civil de la Universitat Pompeu Fabra (EL PAÍS, 20/07/07):

Sólo en el ajedrez, un juego antiguo de guerra, las piezas son blancas o negras. La realidad es mucho más compleja, multicolor, y quienes juegan con ella pasando por alto esta diferencia, lo hacen a su riesgo y pierden la partida.

Esto es, precisamente, lo que ha ocurrido en el caso del año judicial norteamericano (Parents Involved in Community Schools c. Seattle School District No 1): la cuestión planteada ante el Tribunal Supremo federal era si el consejo de un distrito escolar podía o no clasificar a los alumnos en función de su raza para asignarlos luego a un centro concreto, distinto del preferido por los padres y situado, por ejemplo, a más de quince kilómetros de su casa, cuando había otro a sólo uno y medio. No, por supuesto, ha resuelto una mayoría de cinco jueces.

Como era de esperar, los precandidatos por el Partido Demócrata a las elecciones presidenciales del año que viene han protestado contra un tribunal tachado de conservador, The New York Times ha publicado un editorial en contra y cada cual ha asumido su papel. Mas, insisto, las cosas no son blancas o negras.

Al caso lo ha matado la tosquedad supina de la distinción bipolar, que introducía un consejo escolar de Seattle, entre “blancos” y “no blancos”, como si anduviera jugando al ajedrez con los padres. Es decir, de un lado, estarían los caucásicos; del otro, se amontonarían negros, indios americanos, hispanos y asiáticos de mil procedencias y culturas. Diferenciar así a la gente es de una simpleza descomunal, el equivalente legal a pegarse un tiro en el zapato. Al presidente del Tribunal, John Roberts -abogado excelente y juez muy conservador nombrado por Bush y confirmado por tres cuartas partes de los senadores, aunque ni Hillary Clinton ni Barack Obama le votaron-, le ha faltado tiempo para escribir que “bajo la ordenanza del distrito de Seattle, una escuela con un 50% de escolares de origen asiático, otro 50% blancos, pero sin ningún afroamericano, se consideraría equilibrada; en cambio, otro centro escolar con un 30% de asiáticos, un 25% de afroamericanos, otro 25% de latinos y un 20% de blancos no lo sería”. Como para entender esto habría que abjurar de toda fe en la razón humana, Roberts no ha tenido la más mínima dificultad para convencer al actual juez bisagra del Tribunal, el magistrado Anthony Kennedy, y llevarse el gato al agua. Y lo mismo ha pasado en otro caso, acumulado al anterior, de un distrito de Kentucky cuyo consejo escolar distinguía salvajemente entre “negros” y “otros”, sin más. Así, escribe la mayoría, decisiones de ingeniería social basadas exclusivamente en la raza de los afectados no resultan aceptables. De todos modos, y para salvar la doctrina anterior del Tribunal sobre discriminación positiva, Roberts ha tenido que hacer equilibrios: la raza, por sí sola, dice, nunca puede valer como criterio decisivo, pero si es uno más, entre otros factores relevantes, entonces puede resultar admisible. Con todo, Roberts no ha conseguido formar mayoría para el desarrollo lógico de su tesis, según la cual Estados Unidos de América forma “una nación de individuos” y toda política legal que tratara de reflejar en sus escuelas o instituciones una distribución racial coincidente con la demográfica -el llamado equilibrio racial- sería inconstitucional. El magistrado Kennedy no le ha seguido en esto, pues cree, con razón, que los consejos escolares deben poder disponer de medios para juntar a niños de distintos orígenes culturales o étnicos, para decidir dónde construir escuelas, tener en cuenta la composición demográfica de los vecindarios, asignar recursos adicionales a tal o cual iniciativa o realizar seguimientos de resultados escolares según la raza de los escolares.

La actual minoría liberal del Tribunal ha puesto el grito en el cielo. Esta decisión, escribe el generalmente ponderado magistrado Stephen Breyer, pone en peligro al derecho del país y a la nación entera. Exagera, pero hace bien en prevenir al país de lo que resta por hacer en discriminación racial. La minoría casi se atreve a publicar lo inefable: el problema racial en Estados Unidos se centra en la implosión de su cultura negra. Las demás son cuestiones de inmigración, de otro orden, por tanto.

Mas cada país tiene sus tradiciones culturales en tema escolar y, por eso, sus casos son de importación difícil. Los franceses, por ejemplo, jamás admitirían una política basada en el reconocimiento explícito de la raza de los escolares, aunque su pomposo sistema de la “Carta Escolar”, en cuya virtud manda el criterio de la proximidad geográfica entre el domicilio de los padres y el centro, sólo ha servido para trasladar al precio de los pisos la mejor calidad de las escuelas de su barrio: cuando se atranca la puerta a la economía, ésta entra por la ventana. Los suecos, socialdemócratas serios, establecieron hará unos quince años un sistema admirable de libre elección entre centros públicos o privados, todos financiados o subsidiados por el Estado, y montado sobre la base de un orden estricto de peticiones. Los finlandeses, en cambio, priman a sus escuelas públicas, pero seleccionan con rigor luterano a sus maestros y les pagan muy bien. En Cataluña, les retribuimos francamente mal y les seleccionamos con métodos sonrojantes: en el último concurso de acceso de los profesores de enseñanza pública hemos privilegiado de forma escandalosa los años de interinidad de los candidatos sobre su mérito y capacidad demostrados en un concurso. Así, hay cosas aún peores que regular la realidad como si fuera un juego. Hacerle trampas a la gente es una de ellas. Pero acabará por enterarse.

El reñidero kosovar

Por Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y autor de Guerra en Kosova. Un estudio sobre la ingeniería del odio, 2001 (EL PAÍS, 20/07/07):

Al calor del plan Ahtisaari, que, como es sabido, se propone conceder una independencia tutelada a Kosovo, han reaparecido muchos de los tópicos que se manejaron, un decenio atrás, con respecto a la desintegración de Yugoslavia. Baste con recordar la letanía sobre los reconocimientos unilaterales alemanes o la sugerencia, comúnmente encubierta, de que las autoridades serbias sus razones tenían para encarar de manera vehemente unas u otras secesiones. Es llamativo que en ese magma de atropellos intelectuales pocos recuerden lo que ocurrió en Kosovo, a partir de 1989, merced a las políticas abrazadas por la Serbia de Milosevic: la autonomía fue abolida, se instauró una ley marcial saldada en palmarias violaciones de derechos y se desplegó un genuino régimen de apartheid contra la mayoría albanesa de la población. Antes de la reconversión bélica del conflicto, y durante ocho años, la respuesta albanokosovar consistió, por añadidura, en el aprestamiento de un movimiento de desobediencia civil no violenta.

No faltan los expertos que, con argumentos ponderados, sugieren que ese escenario de violaciones de derechos bien puede convertirse hoy en justificación mayor para el reconocimiento de un horizonte de autodeterminación en Kosovo. No nos engañemos, sin embargo, al respecto. Si, por un lado, el plan Ahtisaari no prevé en realidad una fórmula de autodeterminación -preconiza directamente la independencia-, por el otro lo razonable es huir de explicaciones conspiratorias y aducir que las potencias occidentales se disponen a reconocer un Kosovo independiente en virtud de un prosaico ejercicio de realpolitik: es más sencillo dar rienda suelta a las querencias de la mayoría albanesa de la población que atender a las demandas de la minoría serbia local. Y ello resulta ser así tanto más cuanto que se antoja impensable una reacción agresiva en Belgrado.

Es verdad, con todo, que el embrollo kosovar se ve hoy marcado por un problema de enjundia cual es el hecho de que la minoría serbia, y con ella otras, se ha visto privada desde 1999 de sus derechos más elementales. Semejante situación no es sino una secuela más del rotundo fracaso del protectorado que cobró cuerpo luego de una intervención, la de la OTAN, de la que debería ocuparse el Tribunal de La Haya. Ninguno de sus objetivos ha sido satisfecho: la democratización no ha progresado, la economía se halla estancada, las mafias se mueven a sus anchas y a duras penas ha germinado nada que merezca el nombre de sociedad civil, circunstancias todas que -parece- deberían aplazar la apertura de una discusión sobre el futuro del país. No está de más señalar, claro, que al amparo del protectorado han despuntado tramados intereses como los que se han revelado de la mano de la base norteamericana de Bondsteel, con su pequeño Guantánamo. Como no está de más agregar que las fuerzas albanokosovares, impregnadas de un irrefrenable maximalismo que ha marginado a quienes podían servir de puente entre comunidades -no les han ido a la zaga en ello sus homólogas serbias-, han aplazado para el día después de la independencia la resolución de los problemas más perentorios.

Si alguien se pregunta por las razones que invitan a resolver con prisa desmesurada el reñidero kosovar, y habida cuenta de que no parece que pueda invocarse al respecto el deseo acuciante de retirar soldados y funcionarios foráneos, habrá que volver los ojos hacia las demandas de los principales agentes en confrontación: si entre los partidos serbios impera la percepción de que el protectorado no es sino una lamentable antesala de la independencia, la mayoría de las fuerzas albanokosovares consideran que aquél se ha prolongado de manera injustificada. Por si poco fuera, y del lado de estas últimas, en la trastienda se barrunta la amenaza de declarar unilateralmente la mentada independencia en caso de que las negociaciones no lleguen a buen puerto.

Nada de lo dicho desmiente la importancia de lo que piensa la mayoría de los habitantes de Kosovo, que, a buen seguro, y de resultas de los avatares del decenio de 1990, defienden la secesión con respecto a Serbia en provecho de la creación de un Estado independiente (y no, por cierto, de una unificación con Albania). Conviene señalar al respecto la interesada liviandad de los argumentos esgrimidos por quienes se aferran al designio de negar cualquier horizonte de autodeterminación y secesión, como si el hecho de que Kosovo en el ordenamiento jurídico yugoslavo careciese de tales potestades cerrase toda discusión. Es verdad, eso sí, que las perspectivas que abre el plan Ahtisaari son delicadas de puertas afuera: un Kosovo independiente parece llamado a provocar movimientos en otros escenarios, y en singular, en la vecina República Serbia de Bosnia. Lo suyo es prestar atención, por lo demás, a la posición de Rusia: aunque aparentemente hostil a la independencia kosovar, Moscú podría sacar partido de esta última y reclamar la aplicación de fórmulas similares en el Transdniestr, en Abjazia y en Osetia del Sur. No es más edificante, aun así, la actitud de Estados Unidos, embaucado en el designio de hacer las cosas difíciles a terceros, y la de varios miembros de la Unión Europea que postulan una independencia tutelada en Kosovo mientras rechazan firmemente horizontes similares a la hora de encarar contenciosos internos.

Olvidemos ahora que la mayoría de las opiniones, serenas y respetables, hostiles al plan Ahtisaari invocan argumentos centrados en la estabilidad y en modo alguno se interesan por las presuntas querencias de las gentes, y recordemos que es legítimo que tales opiniones reclamen un rechazo frontal de un Kosovo independiente. Quienes así razonan deberán explicar a continuación, bien es verdad, qué futuro postulan para ese castigado país, no vaya a ser que las fórmulas alternativas que manejen sean aún más problemáticas que las que Ahtisaari ha colocado sobre la mesa.

En cualquier caso, sobran los motivos para rescatar una pregunta muchas veces formulada los últimos meses: por qué en Kosovo se habría de reconocer lo que en otros lugares se niega con firmeza. Al lector hay que recordarle, eso sí, que hay dos maneras de resolver el entuerto correspondiente: si la primera aconseja cortar por lo sano cualquier perspectiva de independencia para Kosovo, la segunda sugiere que no hay ningún mal en examinar los activos que se derivarían de extender a otros escenarios la fórmula kosovar.

Riqueza a costa de los asalariados

Por Francesc Sanuy, abogado (EL PERIÓDICO, 20/07/07):

En vísperas del pasado debate de política general, los ciudadanos españoles asimilaban con perplejidad toda una serie de informaciones contradictorias. Se nos decía que éramos líderes de la UE en crecimiento económico, en creación de puestos de trabajo, en construcción de viviendas, en compra de empresas a los países vecinos y en incremento del número de millonarios. Pero, a la vez, éramos los primeros en consumo de cocaína, en número de divorcios, en déficit exterior –el mayor del mundo en términos relativos y el segundo en términos absolutos después de EEUU–, en número de asalariados mileuristas, o en prostitución (en las comarcas de Girona no hay ni un solo municipio que no tenga al menos un puticlub) y en remesas de inmigrantes instalados aquí, que ya representan el 5% de los ingresos totales por turismo y unos 2.000 millones de euros al año.

SON COSAS que han ocurrido muy de prisa y sin ninguna intervención de los poderes públicos. Son el resultado del laissez-faire, laissez-passer y de la incapacidad del Gobierno de controlar las fronteras, la especulación urbanística o la inflación. Es lógico, por tanto, que de pronto nos encontremos ante la necesidad de un cambio de modelo, consecuencia imprevista de una actitud inconsciente de hacer surfing y dejarse llevar por el oleaje. Ya no vale aquel concepto que expresaba el canciller Helmut Schmidt cuando decía que las inversiones de hoy son los beneficios de mañana y los nuevos puestos de trabajo del futuro.Ahora todo vale en un total boxing sin reglas que convierte el enriquecimiento obsceno, sin límites ni regulaciones, en una finalidad en sí mismo. Y, naturalmente, en esta ley de la selva, se impone la voluntad del más fuerte o más apalancado por el poder, y siempre a costa de las mismas víctimas, es decir, de los trabajadores asalariados. ¿Saben que en determinados sectores ya hace muchos años que no suben los sueldos porque hay dos millones de inmigrantes dispuestos a realizar el mismo trabajo en condiciones inferiores? ¿O que, en otros, la amenaza de deslocalización también ha significado la congelación salarial?

No debe extrañarnos, pues, que la OCDE, el organismo que agrupa la treintena de países más industrializados y civilizados del mundo, haya publicado un informe que indica que España es el único país miembro que en los últimos tres años ha sufrido un descenso real de los salarios del 4%. Estamos, pues, ante un caso sin precedentes en el mundo entero que rompe todas las normas éticas y todos los principios de justicia social generalmente aceptados. Una escandalosa prosperidad que en lugar de repartir la riqueza, la acumula en manos de los ricos y en detrimento de la clase trabajadora. Hasta el extremo de causar un intolerable resultado que es la pérdida de peso relativo de los salarios en el conjunto del PIB mientras que aumenta el porcentaje del total que va a parar a las rentas del capital. Y eso que el número de trabajadores ha aumentado en todo este periodo.Sin embargo, pocos políticos se refieren a esta cuestión que erosiona de forma imparable y constante el poder adquisitivo de las familias y su capacidad de llegar a final de mes. Ni tampoco al hecho de que las tarifas de las empresas de servicios públicos de primera necesidad (hoy privatizadas y gestionadas por los amigos del poder de turno) reciban autorizaciones del Gobierno respectivo para ser aumentadas hasta extremos que no compensan la inflación, sino que pasan a ser su principal causante. O que las puedan revisar cada tres meses, frente a la revisión anual de convenios. Se ha hablado, eso sí, de los 2.500 euros por bebé mientras se hunde la familia en su conjunto o se sigue menospreciando la pensión de las viudas.Al parecer, ya no está vigente el principio de que hay que crear riqueza a fin de poder repartirla y que ahora puede hacerse exactamente lo contrario en nombre de la socialdemocracia. Hemos pasado, pues, de los políticos que hablan como las hermanitas de los pobres a los que actúan como las amiguitas de los ricos.

Y MENOS MAL que a la hora de predicar en el desierto aún se ha escuchado una voz, la de Josep Maria Álvarez, secretario general de la UGT de Catalunya, que ha dicho que la polarización de la renta y el retroceso de los salarios como parte de la riqueza nacional no es justa, porque crecer a costa de los salarios, además de ser inmoral como aquí se ha dicho, también es insostenible. ¡Gracias, compañero! Probablemente, eres uno de los pocos que se han dado cuenta de lo que ocurre cuando los ricos son cada vez más ricos, y los pobres, cada vez más pobres. En esto ha coincidido con el Instituto de Competitividad y Prosperidad de Toronto, que presenta como un éxito del Canadá la capacidad de conciliar la prosperidad con la igualdad económica. Porque el 20% más pobre de la población se siente todavía más desvalido si no se reduce la brecha de la desigualdad de los ingresos. Y cuando quedan desbordados por los nuevos plutócratas, su percepción les hace sentir amargados por el creciente diferencial que les impide mantener su modesto y merecido nivel de vida.

El terror como instrumento político

Por Manuel Medina Ortega, diputado socialista en el Parlamento Europeo y catedrático de Relaciones Internacionales (EL MUNDO, 19/07/07):

A l terminar su jornada de trabajo, quizás algo aburrida, pero siempre llena de preocupaciones y problemas urgentes que hay que resolver para solucionar las dificultades de la vida diaria, el ciudadano europeo medio -trabajador, pensionista, jubilado, intelectual o ama de casa- suele disponer de algún tiempo para retirarse a su hogar y tratar de relajarse delante del televisor, normalmente en compañía de su familia.

Lo que ve entonces en los boletines de noticias no resulta muy agradable: bombardeos, con los instrumentos más sofisticados de la guerra moderna, de ciudades o de pequeñas aldeas perdidas en el desierto; ataques suicidas con camiones-bomba a mercados llenos de gente, escuelas y hospitales; asesinatos de dirigentes políticos, sindicales, religiosos o judiciales con medios espectaculares… Las víctimas que vemos en la pantalla son, por lo general, personas inocentes que no tienen responsabilidad alguna en los orígenes de la violencia y cuyo único delito ha sido encontrarse en el lugar equivocado en el momento justo en el que se produjo el acto de terror.

Para cualquier estudioso de la Historia política no constituye nada nuevo la utilización del terror como medio para la consecución de objetos políticos. El emperador mogol Tamerlán, en su inexorable marcha por Asia central, destruía las ciudades y exterminaba a sus habitantes, aun después de haberlas dominado, si le habían opuesto la menor resistencia, para así disuadir a los habitantes de la próxima ciudad a conquistar de que tomaran cualquier tipo de medida defensiva.

Cuando el alto mando de la Luftwaffe alemana decidió bombardear sistemáticamente ciudades como Guernica o Coventry no trataba de conseguir un objetivo táctico inmediato. A través del terror sobre la población civil indefensa, se pretendía conseguir la finalidad estratégica de forzar la rendición del enemigo. Finalmente, toda la estrategia nuclear se basa en la disuasión por el terror, es decir, la destrucción total garantizada del conjunto de la población de la potencia enemiga. La guerra constituye siempre una legitimación del terror y sus principales víctimas son hoy las poblaciones civiles, en mayor medida que los militares, quienes se encuentran más protegidos y mejor preparados para ella.

El teórico militar alemán von Clausewitz sostenía que la guerra era «la continuación de la política por otros medios» y completaba esta tesis con la afirmación de que en la contienda cada uno de los bandos trata de utilizar la fuerza hasta el límite para hacerla insoportable al enemigo. Sólo el agotamiento de los ejércitos enfrentados impide que se llegue a la utilización extrema de la fuerza contra la población civil indefensa.

Las sociedades democráticas occidentales aborrecen la violencia. Un conjunto de garantías proporcionadas por el sistema electoral y por un poder judicial independiente, así como el control de las fuerzas represivas del Estado por las autoridades políticas y por los jueces, han eliminado el uso de la fuerza en el normal desarrollo de la actividad política. Además, el funcionamiento de las economías modernas posindustriales, altamente tecnificadas, resulta incompatible con cualquier género de violencia. Incluso los conflictos laborales con niveles de confrontación relativamente moderados, como las huelgas o los cierres patronales, resultan hoy disfuncionales para la vida económica, lo que lleva a sistemas de negociación y arbitraje muy precisos entre empresarios y trabajadores para impedir cualquier forma de conflicto económico.

Pensamos, por ejemplo, en los pactos españoles de La Moncloa y de Toledo. Pero esto no ha sido siempre así en nuestras sociedades. Basta leer las tragedias históricas de Shakespeare, como Ricardo III, basadas en las Crónicas de los Reyes de Inglaterra, o la Crónica castellana del Canciller López de Ayala, para darse cuenta del papel que representó el terror en el pasado político de Europa en sus manifestaciones más crudas y sangrientas.

En tiempos más próximos, la Guerra Civil española y las dos guerras mundiales son un buen ejemplo de la utilización del terror como instrumento para la consecución de fines políticos.

Ahora bien, el terror, como cualquier otro instrumento, sólo resulta eficaz si es utilizado en un contexto ajustado al fin político que se persigue. De no ser así, se vuelve en contra de los que lo utilizan. Robespierre desencadenó el Terror durante la Revolución francesa desde el Comité de Salud Pública para imponer su proyecto igualitario de sociedad democrática. La Alemania nazi decidió el bombardeo indiscriminado de las ciudades para doblegar a Inglaterra. El Terror revolucionario de Robespierre fue seguido en Francia de la contrarrevolución de Termidor y acabó desembocando en el poder dictatorial de Napoleón, que recreó una nueva sociedad clasista.

Churchill acabó devolviéndole la pelota a Hitler tras los bombardeos de los barrios de Londres. En 1945, la población civil alemana acabó sufriendo las consecuencias de los bombardeos de saturación de los Aliados, incluyendo la destrucción de la hermosa ciudad de Dresde en los últimos días de la guerra, y borrando toda posibilidad de vuelta al poder de los nacionalistas extremos que llevaron al país al desastre.

Las sociedades democráticas suelen adquirir, con un alto nivel de autodisciplina y conciencia cívica, una gran capacidad de resistencia al terror, tanto en la paz como en la guerra. Los intentos desestabilizadores por parte de organizaciones políticas basadas únicamente en la acción directa, eufemismo a veces utilizado por los terroristas, se estrellaron, a principios del siglo XX, en la modalidad del anarquismo, con la relativa estabilidad de los incipientes sistemas democráticos burgueses. Lo mismo ocurrió con la ofensiva terrorista de la Rote Armee Fraktion (RAF) en Alemania occidental, de las Brigate Rosse en Italia y del IRA en Irlanda tras la Segunda Guerra Mundial.

En España, ETA y otras organizaciones terroristas han fracasado en su intento de truncar el desarrollo democrático. El sistema democrático suele ser la mejor garantía de estabilidad frente a estas formas de terror, a pesar de la dureza de algunos de sus golpes contra la población civil, que reconoce la naturaleza de la agresión y que sabe que no puede plegarse ante ella.

En la lucha contra el terror, es esencial que las sociedades democráticas no renuncien a los valores que les son propios ni a las garantías jurídicas consolidadas para derrotar a los terroristas. De lo contrario, éstos habrían conseguido sus objetivos sin necesidad de ganar la batalla. Guantánamo, el recurso a la tortura contra los prisioneros y los vuelos de la CIA han sido un verdadero regalo a la causa del terrorismo mundial. Los gobiernos democráticos enfrentados al terror han de triunfar cada día en la batalla política ganándose el corazón de los ciudadanos y no dando al enemigo ninguna baza o elemento de injusticia que pueda servir de pretexto para justificar su acción.

El bombardeo indiscriminado de la población civil indefensa en lugares como Afganistán, Irak o Palestina se convierte en fuerza moral y de legitimación de los movimientos violentos de resistencia, como ha reconocido recientemente el presidente de Afganistán, Hamid Karzai, tras los bombardeos por las fuerzas aéreas occidentales contra núcleos civiles inocentes. Por el contrario, la acción constante de los gobiernos democráticos de Europa de aproximación a la población civil y la búsqueda de entendimientos con fuerzas políticas que pueden sentirse inclinadas a posiciones radicales, para disuadirles de toda tentación violenta, priva a las organizaciones terroristas del caldo de cultivo que buscan en la sociedad civil. Aisladas, relegadas a un sector irreductible de intolerancia en una sociedad que disfruta de las garantías democráticas, las organizaciones terroristas acaban siendo expulsadas de la corriente dominante de esa sociedad y quedan incapacitadas para causar daño en la sociedad en la que pretenden desarrollarse.

La lucha contra el terrorismo en las sociedades democráticas tiene que jugarse, así, en dos tableros: el de la acción policial y judicial defensiva o represiva y el de la acción política inteligente que deje a las organizaciones terroristas fuera del marco de la sociedad civil, de la vida normal de la gente para que se puedan seguir llevando a cabo las actividades ordinarias con el apoyo de las instituciones democráticas.

La pesadilla industrial de China

Por Orville Schell, director Arthur Ross del Centro de la Sociedad Asia sobre Relaciones entre Estados Unidos y China Copyright: Project Syndicate, 2007. Traducido del inglés por D. Meléndez Tormen

En Occidente, los medios tienen el hábito de alimentar histerias. Irónicamente, cuando se trata de China, la última histeria tiene relación con los alimentos mismos. La ejecución esta semana del ex jefe de la Administración de Medicamentos y Alimentos China (SFDA), Zhen Xiaoyu, que aceptó casi un millón de dólares en sobornos, muestra que la paranoia ha arraigado en China también.

Primero hubo una serie de artículos acerca de comida para mascota que contenía melamina (un derivado del carbón), medicamento para la tos y pasta de dientes adulterados con dietileno-glicol (una sustancia química industrial de sabor suave utilizada en líquido de frenos y anticongelante), trenes de juguete decorados con pintura con base de plomo, antibióticos infectados con bacterias, baterías de teléfonos móviles que explotaban y neumáticos de automóviles con defectos.

Ahora la atención se ha vuelto hacia la comida. La prensa mundial está llena de historias acerca de miel que contiene endulzantes industriales, alimentos en latas contaminadas con bacterias y una cantidad excesiva de aditivos, licor de arroz adulterado con alcohol industrial, y peces, anguilas y camarones cultivados en piscifactorías a los que se les dio grandes dosis de antibióticos y luego se los lavó con formaldehído para bajar los niveles de bacterias.

En respuesta a ello, el Gobierno de China actuó de manera casi instantánea. La Administración General de Calidad y Supervisión, Inspección y Cuarentena llevó a cabo una investigación e informó de que cerca de un quinto de todos los productos fabricados en China para uso doméstico no cumplían las normas de calidad y seguridad. Al mismo tiempo, los organismos de control aumentaron las inspecciones, cerraron cerca de 180 empresas productoras de alimentos y ahora publican los nombres de los transgresores en su sitio web.

Más aún, no sólo se ejecutó a Zhen Xiaouyu, sino que Cao Wenzhuang, que estaba a cargo del registro de medicamentos en la SFDA, fue sentenciado a muerte por aceptar cerca de 300 mil dólares en sobornos de las farmacéuticas. No hay duda de que ambos veredictos fueron calculados, como el famoso proverbio chino lo expresa, para “asustar a los monos matando algunos pollos”.

¿Por qué nos sorprende esto? Después de todo, el “capitalismo con características chinas” ha sido una caótica ley de la selva durante un buen tiempo. Cerca de un 75% de los alimentos en China hoy es producido por emprendedores pequeños, privados y sin licencia, que son difíciles de controlar.

Poco conocedores de los cambios tectónicos de China, los extranjeros han estado invirtiendo, comprando, haciendo transacciones y alabando destempladamente su increíble “auge económico” que, no obstante, tiende a caminar sobre la cuerda floja sobre un infierno. El temor a ser acusados de “una obsesión antichina” ha dificultado que los así llamados “amigos de China” hablen abiertamente de su lado más oscuro.

Sin embargo, el mismo pueblo chino ha estado lejos de no tener conciencia de que la pureza de sus alimentos, medicamentos, agua y aire está en duda. La xiadao xiaoxi (voz de la calle) desde hace mucho está llena de rumores de que las cosas se están poniendo feas. Una compañía de poca monta molió una sustancia mineral y la puso en tubos de gel para venderla como medicamento. Los campesinos de una aldea barrieron el depósito de basuras de un hospital para buscar artículos quirúrgicos desechados, los lavaron en un canal cercano, los volvieron a empaquetar el plástico sellado que decía “esterilizado” y los revendieron al mismo hospital a menor precio. Por supuesto, no ha sido muy de ayuda el que el Partido Comunista aborrezca la libertad de prensa e impida la existencia de una sociedad civil sólida, ya que ambos elementos son pilares fundamentales para recibir información de retroalimentación para asegurar el bienestar de cualquier país. Tampoco ha ayudado el que los organismos de control en China estén muy por detrás del crecimiento de su economía. Por ejemplo, la oficina de Pekín de la Administración Estatal China para la Protección del Medio Ambiente tiene menos de 300 empleados, mientras que la entidad equivalente en Estados Unidos emplea a más de 17.000.

La alocada carrera de China hacia el fuqiang (riqueza y poder) le ha dado pocas oportunidades de desarrollar todas las instituciones compensatorias que cualquier sociedad desarrollada, no digamos ilustrada, necesita para lograr equilibrio y salud social. Sin embargo, en el mundo globalizado de hoy, donde las fronteras nacionales se han convertido en sinapsis de incontables tipos de interacciones incontrolables, los problemas de cada país se han convertido en problemas de todos. Así, antes de que en Occidente nos apresuremos a censurar los problemas de control de calidad de China, deberíamos recordar nuestra complicidad en hacer de China el parque industrial del mundo y el vertedero global de muchas ramas de la industria que producen desechos tóxicos. Si bien podemos lamentar la pérdida de empleos industriales por la terciarización,ciertamente no lamentamos exportar enormes cantidades de contaminantes a este país.

China puede llegar a sentir la voracidad con que ha abrazado la industrialización. Los chinos ya están comenzando a despertar de la obsesión por el desarrollo que los acosara desde que comenzaran a emerger de la revolución cultural y su escasez de productos básicos. En un mundo de escasez, más siempre parecía mejor.

Pero ahora, de la misma manera que Occidente comenzó a entender hace décadas que el medio natural tiene límites, China está mostrando las primeras señales de entrar en una fase postindustrial. De modo que, en lugar de simplemente cerrar las puertas a los productos chinos, deberíamos pensar en ayudar a China abriendo las puertas de nuestros organismos de control a los reguladores chinos.

Hacerlo en realidad es ayudarnos a nosotros mismos, ya que, incluso con “competidores estratégicos” como China, vivimos en un espacio común global donde compartimos el aire, el agua, los bienes manufacturados y hasta la comida.

Irán, el último verdugo de menores

Por Delia Padrón, presidenta de Amnistía Internacional España (LA VANGUARDIA, 19/07/07):

En el 2006, poco después de cumplir 18 años, Sina Paymard fue conducido a la horca para ser ejecutado. Cuando ya tenía la soga alrededor del cuello, le preguntaron cuál era su última voluntad. Respondió que le gustaría tocar el ney, una flauta típica de Oriente Medio. La música conmovió tanto a los familiares de la persona asesinada que se encontraban presentes que aceptaron el pago punitivo de la diyat (dinero de sangre) en lugar de la muerte, como permite la legislación iraní.

Irán es uno de los mayores ejecutores del mundo, y se encuentra además en la vergonzosa situación de ser el último país que mata a personas que han cometido delitos siendo menores de 18 años. Tiene el macabro honor de haber ejecutado desde 1990 a 24 - de las cuales once eran menores de edad-, más que cualquier otro país. Otras muchas se encuentran condenadas a muerte, pero las autoridades siguen negando estas ejecuciones. Esta práctica casi ha desaparecido en el resto del mundo. Gobiernos de todas las regiones han ratificado los tratados internacionales que prohíben estas ejecuciones y han introducido reformas en sus legislaciones nacionales para hacer efectiva dicha prohibición. Los últimos países en sumarse han sido Yemen, China, Pakistán y EE. UU.

Aunque escasas en comparación con la cifra total de ejecuciones en Irán - más de 170 en el 2007-, es preocupante la indiferencia del Gobierno iraní hacia los compromisos y obligaciones contraídos en virtud del derecho internacional en relación con la aplicación de la pena de muerte a menores y a la protección de la infancia. Se cree que algunos miembros del Gobierno y del poder judicial están a favor al menos de reducir, si no de abolir, la pena de muerte en estos casos, pero los progresos son muy lentos.

Afortunadamente, ha surgido en el país un movimiento contra esta práctica inhumana formado por gente diversa. Las autoridades han hostigado a muchos de estos activistas, pero el trabajo realizado tanto dentro como fuera de Irán ha tenido un impacto decisivo y puede seguir teniéndolo.

El caso de Leyla Mafi es un ejemplo. Fue detenida durante el registro de un burdel cuando tenía 17 años, tras una vida de prostitución forzada, abusos y violaciones desde los ocho años. Fue condenada a muerte en el 2004 por “actos contra la castidad”. En un proceso injusto, tampoco se tuvo en cuenta que tenía la edad mental de una niña de ocho años, según los asistentes sociales. Activistas de dentro y fuera de Irán se movilizaron por su caso, y una campaña de Amnistía Internacional encontró eco en los medios internacionales. A consecuencia de la presión, las autoridades iraníes anunciaron que se revisaría su causa. El 27 de marzo del 2005, el tribunal revocó la condena de muerte.

Una vez más, la acción coordinada y sostenida de gente corriente ha sido capaz de hacer que las cosas cambien. Y el Gobierno iraní debe saber que los activistas de derechos humanos vamos a redoblar la presión hasta conseguir la abolición total de la pena de muerte en la legislación de Irán.

Corea y la diplomacia

Por Mabel González Bustelo, periodista y analista del Centro de Investigación para la Paz (EL CORREO DIGITAL, 19/07/07):

Corea del Norte ha cerrado las cinco instalaciones que componen el complejo nuclear de Yongbyon, según han verificado inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Se trata del primer paso de un proceso que será largo y complejo, y cuyos objetivos finales, mucho más ambiciosos, incluyen la desnuclearización de la península y la firma de un tratado de paz definitivo entre ambas Coreas. La noticia es positiva, pese a dificultades que quedan por delante. Y si demuestra algo de forma clara es que una diplomacia multilateral real, dirigida a la no proliferación nuclear, es mucho más eficaz que los discursos ideologizados y huecos que la Administración Bush había utilizado y sigue usando, por ejemplo, en Irán.

El cierre es parte de un acuerdo alcanzado el pasado mes de febrero en el marco de las conversaciones a seis bandas, en las que participan Corea del Norte y del Sur, China, Japón, Rusia y EE UU. Los próximos pasos deberían ser el desmantelamiento de la planta y la declaración por parte de Corea del Norte de todos sus programas y actividades nucleares. A cambio recibirá 950.000 toneladas de combustible y verá aliviadas las sanciones económicas, además de ’salir’ de la lista de Estados que patrocinan el terrorismo. Posteriormente, los seis países implicados abordarían la desnuclearización de la península, así como la negociación de un acuerdo de paz que ponga fin formalmente a la guerra de Corea (reemplazando al alto el fuego de 1953, que nunca se convirtió en permanente).

Varios factores complicarán el proceso de negociación, entre otros, la doctrina nuclear de EE UU en el Pacífico, donde ha aumentado su presencia y conduce regularmente ejercicios militares; el historial de enfrentamientos entre Corea del Norte y Japón; o el carácter impredecible del régimen coreano. Los escépticos recuerdan, además, que el cierre de Yongbyang es reversible. Tampoco está claro si Corea del Norte tiene más programas nucleares desconocidos hasta ahora o qué pasará con las armas nucleares de las que dispone. Pero la mayor dificultad es la desconfianza entre todas las partes.

Sin embargo, y a pesar de las posibles complicaciones, el paso adoptado por Corea del Norte es altamente simbólico y la valoración debe ser positiva. La gestión de la crisis nuclear coreana en los últimos meses, que ha dejado de lado las posturas ideologizadas de los neoconservadores para apostar por el pragmatismo, se ha demostrado mucho más eficaz que la anterior. Durante años, la aproximación de EE UU a esta cuestión se basó en amenazas y declaraciones altisonantes sin contenido real, y en desmarcarse del acuerdo que había conseguido el Gobierno de Bill Clinton en 1994. La estrategia fue un rotundo fracaso: durante ese tiempo, Corea del Norte prosiguió sus programas y logró enriquecer suficiente plutonio para obtener, al menos, seis bombas nucleares, realizando su primera prueba en octubre del año pasado. El fracaso abrió la puerta a una aproximación más realista, liderada por el subsecretario de Estado Christopher Hill, que condujo al acuerdo de febrero y a los acontecimientos de los últimos días. Ni el vicepresidente Dick Cheney ni sus colaboradores han tenido suficiente poder como para vetarlo. Al menos en este caso, la era de los neoconservadores parece haber pasado.

Ahora sería importante extraer las lecciones adecuadas. Una estrategia basada en la diplomacia multilateral, el diálogo y la negociación es mucho más eficaz que las amenazas o el aislamiento. Esto debería aplicarse a Irán, cuyo programa nuclear debería ser abordado en el marco de negociaciones globales sobre seguridad regional. Pero, sobre todo, es preciso reforzar los marcos multilaterales. Las potencias nucleares reconocidas por el Tratado de no Proliferación no han cumplido sus compromisos: no sólo mantienen más de 12.000 cabezas nucleares activas, sino que están modernizando sus arsenales y transformando la doctrina para que pasen a ser armas tácticas. Esto mina su credibilidad cuando tratan de convencer a otros países de que renuncien a un programa nuclear. Si no se reconocen y abordan estas incoherencias, casos como el de Corea del Norte o el de Irán serán cada vez más frecuentes.

Las elecciones parlamentarias de Armenia, la presidencia española de la OSCE y la resolución del conflicto de Nagorno-Karabaj

Por Alberto Priego Moreno, investigador de la UNISCI, Universidad Complutense de Madrid (REAL INSTITUTO ELCANO, 18/07/07):

Tema: El conflicto de Nagorno-Karabaj ha limitado la estabilidad del Cáucaso desde hace siglos. La implicación de actores internacionales (Irán, Rusia, Turquía, EEUU o Francia) ha complicado más aún la resolución del mismo.

Resumen: Nagorno-Karabaj es una “pequeña” montaña en disputa entre Azerbaiyán y Armenia. A finales de los años 80 el conflicto se convirtió en una guerra abierta que segó la vida de más de 15.000 personas. En 1994 se estableció un alto el fuego, tutelado por la OSCE, que debe convertirse en un futuro en acuerdo de paz. El líder de este proceso debe ser la OSCE, que en 2007 se encuentra bajo presidencia española. Parece que las perspectivas de futuro son positivas aunque el acuerdo definitivo se hará esperar al menos hasta 2009.

Análisis: Por poner una fecha, el conflicto de Nagorno-Karabaj tiene su origen en la década de los 20. Sin embargo, durante la conquista rusa del Cáucaso (siglo XIX) más de 500.000 armenios llegaron a la zona atendiendo a la llamada del Zar, que los consideraba su principal aliado en la región. Por ello, los armenios desempeñaban un papel muy importante que les permitía controlar la economía y la política incluso en aquellas zonas donde no eran mayoría.

El conflicto de Nagorno-Karabaj

El 5 de julio de 1921 el incipiente Gobierno soviético declaraba que la región de Nagorno-Karabaj formaba parte de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán. En 1923 se formalizaba oficialmente la situación con la declaración de Nagorno-Karabaj como una Región Autónoma (Oblast) con un alto grado de autonomía. Esta situación fue continuamente criticada por la República Socialista Soviética de Armenia que nunca cedió en sus reivindicaciones sobre el Alto de Karabaj.

A finales de los años 80, la situación se hizo más tensa y las reclamaciones armenias fueron acompañadas de duras protestas callejeras. En enero de 1988, los Soviets de Armenia y de Nagorno-Karabaj presentaron 80.000 firmas para pedir formalmente la incorporación del enclave a Armenia. Tanto Bakú como Moscú rechazaron categóricamente la petición armenia, lo que provocó violentas manifestaciones en Stepanakert (la capital de Nagorno-Karabaj). El resultado fue el asesinato de dos azeríes a manos de los armenios. A modo de venganza, grupos incontrolados de azeríes organizaron violentos disturbios en la ciudad de Sumgait (Azerbaiyán), donde vivía una importante colonia armenia. Un total de 31 personas fueron asesinadas y más de 300 resultaron heridas, siendo la mayoría de ellos armenios.

En diciembre de 1989 los Soviets de Nagorno-Karabaj y de Armenia aprobaron una declaración conjunta pidiendo, de nuevo, la reunificación de los dos territorios bajo una nueva entidad denominada República Unida de Armenia. Esta declaración propició graves enfrentamientos tanto en Armenia como en Azerbaiyán. Precisamente en la capital azerí se produjo el hecho más trágico, el Enero Negro de Bakú. El 19 del citado mes, 17.000 soldados soviéticos asaltaron a los manifestantes que protestaban contra la separación de Nagorno-Karabaj. La represión soviética dejó 143 muertos y más de 700 heridos. Hoy un monumento en la zona más alta de Bakú guarda la memoria de las víctimas.

El Golpe de Estado de agosto 1991 provocó la descomposición de la URSS y la escisión de Nagorno-Karabaj. El 30 agosto de 1991 Azerbaiyán declaró su independencia y unos días más tarde Nagorno-Karabaj hizo lo mismo, algo que fue inmediatamente revocado por Bakú. Sin embargo, esto no frenó los ánimos secesionistas de los karabakis que, en diciembre de ese mismo año, organizaron un referéndum de independencia ilegal en el que los azeríes no podían participar. La razón esgrimida por los armenios era que Azerbaiyán, al haberse proclamado como sucesor de la República Democrática de Azerbaiyán (1918-1920), no poseía ninguna soberanía sobre el enclave ya que ésta nunca había sido reconocida.

Entre abril de 1991 y junio de 1992 Azerbaiyán lanzó una ofensiva conocida como Operation Ring cuyo objetivo era controlar el enclave. La operación buscaba limitar las actividades violentas de los armenios. Sin embargo, las tropas azeríes apoyadas por las OMON (unidades especiales de policía) cometieron algunas violaciones de derechos humanos.

El 6 de enero de 1992 Stepanakert declaró su independencia, dando pie a una oleada de violencia que desembocó en un enfrentamiento armado que se extendió hasta 1994, fecha de la firma del alto el fuego. Después de dos años de guerra abierta, Armenia consiguió controlar por completo Nagorno-Karabaj más siete distritos azeríes (Kelbajar, Aghdam, Fizuli, Jebrail, Zangelan, Lanchin y Qubadl) que rodean al mismo.

Las cifras son confusas pero se calcula que unas 17.000 personas (11.000 azeríes y 6.000 armenios) perdieron la vida en el conflicto y más de 45.000 resultaron heridas. Además, más de 700.000 azeríes se vieron obligados a abandonar sus casas convirtiéndose en personas desplazadas. En la actualidad unos 18.000 soldados armenios y 45.000 azeríes permanecen desplegados en la zona “velando” por el cumplimiento del alto el fuego. Sin embargo los incidentes entre ambas partes son frecuentes.

Los esfuerzos de la OSCE y el Proceso de Minsk

En marzo de 1992, la entonces CSCE reunida de urgencia en Helsinki asumió el reto de ser el principal instrumento para la solución del conflicto del Alto de Karabaj. Se creó un grupo de seguimiento (compuesto por Alemania, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, la República Checa, Eslovaquia, EEUU, Francia, Italia, Rusia, Turquía y Suecia) con el mandato de crear una conferencia (a celebrar en Minsk) para la resolución del conflicto. La filosofía debía estar basada en los principios y las obligaciones de la OSCE. Había nacido el conocido como Grupo de Minsk.

En 1993 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó cuatro resoluciones en las que se pedía la retirada de las fuerzas ocupantes y se reafirmaba el apoyo de dicha organización al proceso de paz liderado por la OSCE.

Un año más tarde, en la cumbre de la OSCE de Budapest (1994), el Grupo de Minsk se vio fortalecido por el establecimiento de una co-presidencia que sería ostentada por Rusia y Suecia. Sus principales funciones serían: el mantenimiento del alto el fuego y el apoyo en las negociaciones para la consecución del Political Agreement on the Cessation of the Armed Conflict. Para llevar a cabo estos cometidos se desplegó un equipo multinacional de la OSCE.

En 1996, en Lisboa, el Grupo de Minsk elaboró una recomendación para la resolución del conflicto basada en tres principios:

(1) Respeto a la integridad territorial de Armenia y Azerbaiyán.

(2) El acuerdo sobre el estatus de Nagorno-Karabaj se fijaría de acuerdo al autogobierno pero confiriéndole el más alto grado de autonomía dentro de Azerbaiyán.

(3) Garantizar la seguridad de toda la población de Nagorno-Karabaj, tanto armenios como azeríes.

El acuerdo, que obtuvo el respaldo de los miembros de la OSCE, fue vetado por Armenia. Según el entonces presidente de Armenia, Levan Ter-Petrosian (natural de Alepo, Siria), el acuerdo predeterminaba el estatus de Nagorno-Karabaj, algo que contradecía el espíritu del propio Proceso de Minsk.

A finales de 1996, la presidencia suiza de la OSCE propuso reemplazar a Finlandia como co-presidente del grupo de Minsk por Francia. Rápidamente, Bakú protestó ya que debido a la importante diáspora armenia residente en el país galo (400.000), éste no era considerado un país neutral. Para “compensar” Bakú pidió la inclusión de EEUU como co-presidente. Así, el Grupo de Minsk quedó co-presidido por tres países: Francia, Rusia y EEUU.

Después de la Cumbre de Lisboa se han producido algunos avances y algunos retrocesos, aunque la sensación general es de que el proceso está estancado. Como principales avances deben ser destacadas las reuniones a nivel de presidente de 1999 y de 2001 y el compromiso alcanzado en 2002 de reunirse, con mayor asiduidad, a nivel de viceministros de Asuntos Exteriores. En 2004 el proceso se vio revitalizado. Entre mayo de 2004 y septiembre de 2005 se produjeron un total de 11 encuentros a nivel de ministros de Asuntos Exteriores; es lo que se conoce como el Proceso de Praga.

Desde el lanzamiento del Proceso de Praga se han producido algunas reuniones entre el presidente Robert Kocharian y el presidente Ilham Aliyev, ya sea en el marco del Grupo de Minsk de la OSCE, como el de Varsovia (septiembre de 2005), o en el marco de la CEI, como el de Kazan (agosto de 2005) o el último de San Petersburgo (junio de 2007).

Posibles soluciones para Nagorno-Karabaj

Desde luego, la pacificación de la región del Alto de Karabaj resulta fundamental para la estabilización de todo el Cáucaso Sur, tal y como ha sido señalado por los líderes del G-8 reunidos en Alemania. Sin embargo, ni existe una única solución ni tan siquiera un camino claro a seguir. Son muchas y muy variadas las distintas posibilidades que se han barajado para solucionar el conflicto, aunque ninguna de ellas ha satisfecho a las partes implicadas.

Para Azerbaiyán su óptimo sería una reconquista de la región de Nagorno-Karabaj y de los siete distritos ocupados por las fuerzas armenias. Aunque esta opción parece lejana porque implicaría una vuelta a las armas, sí que es deseada por algunos de los sectores más nacionalistas. De hecho, se corre el peligro de que si Azerbaiyán ve inviable cualquier solución pactada pueda optar por la opción militar. No obstante, en los últimos años el presupuesto militar de Azerbaiyán ha sufrido incrementos importantes.

Sin embargo, la opción más razonable para Bakú es la concesión de un alto grado de autonomía a la región, siempre que ésta permanezca dentro de Azerbaiyán. El presidente de Azerbaiyán apuntó al estatus de Tartastán (Federación Rusa) como un ejemplo a seguir. Esta posibilidad, que eliminaría toda opción de independencia, ha sido categóricamente rechazada por el presidente de facto de Nagorno Karabaj, Arkadi Ghoukasian.

Por su parte, la mejor opción para Yereván es la independencia de Nagorno-Karabaj y posterior integración en Armenia. En principio, esta opción no es aceptada por la parte azerí aunque Bakú podría aceptar algunas modificaciones de la misma que incluirían compensaciones territoriales. Éstas pasarían por la retirada de las tropas armenias de los siete distritos ocupados y además cesiones territoriales en torno a la región de Meghri con el fin de unir la región de Nakhichevan con Azerbaiyán.

Entre estas dos opciones hay una gama de posibles soluciones entre las que, probablemente, se encuentre la que ponga fin al conflicto. Mucho se ha especulado sobre la opción del referéndum, algo que ha generado mucha polémica ya que muchos puntos, como quién votaría o cuándo se llevaría a cabo, permanecen aún sin aclarar.

Otra de estas opciones es la creación de una confederación entre el Alto de Karabaj y Azerbaiyán. Así, Nagorno-Karabaj sería un Estado reconocido internacionalmente, aunque la representación correspondería a Bakú. Por su parte, Stepanakert se encargaría de las políticas domésticas, lo que le permitiría gozar de una amplia autonomía. Esta opción disgusta por igual a armenios, azeríes y karabakis, lo que le resta posibilidades de triunfar.

Por el momento, ambos ejecutivos se encuentran más o menos cómodos con el statu quo. En el caso de Armenia su posición es inmejorable ya que controlan toda la región de Nagorno-Karabaj y siete distritos que le proporcionan un glacis de seguridad. Por otro lado, el hecho de tener un enemigo exterior proporciona al Gobierno armenio una válvula de escape frente a su población que a veces está más centrada en Nagorno Karabaj que en los problemas cotidianos.

Por su parte, Azerbaiyán, tras la puesta en marcha del oleoducto Bakú-Tblisi-Ceyhán, está viviendo un momento único de crecimiento económico. La exportación de barriles de petróleo está proporcionando un crecimiento económico a Azerbaiyán de casi el 30%, lo que le permite, por un lado, alcanzar un nivel de vida aceptable para sus ciudadanos y, por el otro, conseguir dinero para alcanzar una superioridad militar con Armenia.

Sin embargo, la celebración de elecciones presidenciales (2008) en ambos países hace pensar que la solución del conflicto pueda permanecer secuestrada hasta el año 2009. La prueba más evidente han sido las últimas elecciones parlamentarias celebradas el pasado mayo en Armenia donde, de nuevo, el conflicto de Nagorno Karabaj ha “secuestrado” los comicios. Valgan dos ejemplos para ilustrar esta afirmación.

En primer lugar, cabe destacar la presencia de grupos ultranacionalistas en la sociedad armenia. Unos meses antes de las elecciones, concretamente en febrero, se abortó un intento de Golpe de Estado dirigido por dos héroes de Nagorno-Karabaj, Vartan Malkhasian y Zhirayr Sefilian. Ambos pertenecían a asociaciones de excombatientes que abogan por una vuelta a las armas.

En segundo lugar, hay que destacar la victoria obtenida por la coalición gubernamental (Partido Republicano, Partido Próspero y ARF) que lidera el primer ministro Sergey Sarkissian que es, como Kocharian, originario de Karabaj. Sarkissian era ministro de Defensa y fue nombrado primer ministro el pasado marzo tras la repentina muerte de Andranik Markarian. Las elecciones del pasado 12 de mayo no sólo le han reforzado como primer ministro sino que le han lanzado en la carrera de las presidenciales de marzo, ya que parece que será el candidato de Robert Kocharian.

Sin embargo, el nuevo ejecutivo armenio deberá dar algún paso hacia delante para la resolución del conflicto ya que, aunque su situación es relativamente cómoda, Nagorno-Karabaj les está privando de participar en las principales iniciativas regionales. Hace unos años el conocido oleoducto Bakú-Tblisi-Ceyhan pasó de largo por Armenia y ahora el proyecto ferroviario Tblisi-Akhalkalaki-Kars lleva el mismo camino.

Además, la presencia de poderosas diásporas armenias en distintos países como EEUU y Francia complica incluso la vida política de estos países. El caso más significativo es el de EEUU donde, debido a las presiones ejercidas por los lobbies armenios (Armenian Assembly of America y Armenian National Committee of America), no se ha podido reemplazar a John Evans como embajador en Yereván. La polémica gira en torno al posible reconocimiento por el Congreso del genocidio de 1915, ya que la nueva presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, se ha caracterizado por ser una defensora de la causa armenia.

En esta misma línea hay que señalar que el Committee for Assignations of the Chamber of Representatives del Congreso ha doblado su ayuda a Nagorno Karabaj, pasando de 3 a 6 millones de dólares. Sin embargo, por contra, la ayuda militar (2008) asignada a Armenia y Azerbaiyán será la misma (7 millones de dólares), evitando así la parcialidad en el conflicto.

Otro de los países donde el conflicto de Nagorno-Karabaj tiene una importante presencia es Francia. Siendo ministro del Interior, el actual presidente de Francia Nicolas Sarkozy afirmó la necesidad de que Turquía cumpliera tres condiciones para ser miembro de la UE. La primera, la creación de una comisión bilateral e igualitaria que esclareciera los hechos de 1915; la segunda, la inmediata apertura de la frontera armenio-turca; y la tercera, la supresión del artículo 301 del Código Penal turco que penaliza cualquier alusión al genocidio armenio. Sin embargo, la posición del presidente Francés es absolutamente equilibrada ya que ha hecho público su deseo de visitar Azerbaiyán en breve.

Turquía también es otro de los países afectados por el conflicto de Nagorno-Karabaj. La solidaridad turco-azerí (una nación, dos Estados) limita la posición de Ankara a nivel internacional, al tiempo que perjudica seriamente sus opciones de integración europea. El reciente asesinato del periodista armenio-turco Hrant Dink o los problemas judiciales del Premio Nobel Orhan Pamuk nos muestran el gran impacto de la cuestión armenia en la sociedad turca.

El papel de Rusia es absolutamente fundamental para la resolución del conflicto. Los rusos son el mayor apoyo de los armenios en la región tanto política como militarmente. La principal prueba es que Armenia tiene una cláusula de defensa colectiva en su Tratado de Amistad y Cooperación con Rusia y Azerbaiyán no. Además, Armenia forma parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (CSTO) que sucedió al Tratado de Tashkent y, en cambio, Azerbaiyán no. Sin su ayuda, Armenia jamás habría podido resistir las ofensivas militares azeríes.

El último actor implicado en el conflicto es la República Islámica de Irán, quien también es uno de los más firmes apoyos de Armenia. Teherán sostuvo energéticamente a Armenia cuando se produjo el bloqueo turco-azerí. Sin este apoyo su situación hubiera sido mucho más complicada. Cabe preguntarse por qué la República Islámica de Irán apoyó a Armenia frente a un país musulmán y chií como es Azerbaiyán. La respuesta es múltiple, ya que son muchos los problemas entre Bakú y Teherán. El primero es la gran minoría de azeríes (20 millones) que viven en el norte de Irán y que sueñan con superar la artificial división que creó el Tratado de Turkmenchai en el siglo XIX. La segunda responde a la adopción por la República de Azerbaiyán de un modelo kemalista y pro-occidental tras la independencia en 1991 en lugar del teocrático-iraní. La tercera se centra en las disputas que ambos países mantienen en el Mar Caspio por la propiedad de algunos yacimientos petrolíferos.

Conclusiones

La presidencia española de la OSCE y las perspectivas de futuro

Aunque las elecciones presidenciales en Armenia y en Azerbaiyán van a ser una losa para alcanzar la paz entre estos dos países, la presidencia española de la OSCE tiene ante sí una oportunidad histórica. Según algunos analistas, la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes en conflicto es única.

Sin embargo, parece que el éxito de una futura negociación pasa por encontrar un acuerdo que implique al mismo tiempo una retirada de las fuerzas armenias de los siete distritos azeríes y garantías sobre el futuro estatus de Nagorno-Karabaj que convenzan a los Karabakis.

En la cabeza de todos está el ejemplo de Kosovo. Buena parte del futuro de Nagorno-Karabaj depende de lo que ocurra en la región balcánica, ya que para muchos, incluyendo al presidente Putin, es un caso muy similar.

En este proceso, la OSCE y la presidencia española juegan un papel decisivo ya que es, desde luego, el interlocutor adecuado para la consecución de la paz en un conflicto anquilosado que está minando la estabilidad de una zona que, hoy, es ya periferia directa de la UE.

El extremismo islámico y la estabilidad de Pakistán

Por Antía Mato Bouzas, especialista en el área de Asia Meridional por la Universidad Jawaharlal Nehru, Nueva Delhi (REAL INSTITUTO ELCANO, 18/07/07):

Tema: El desenlace de los hechos en la Mezquita Roja de Islamabad pone de nuevo en evidencia el problema del extremismo religioso en Pakistán, que ha agudizado aún más la crisis interna en que vive el país desde hace varios meses por la creciente movilización contra el presidente, el general Musharraf.

Resumen: El texto analiza el incidente ocurrido en la Mezquita Roja de Islamabad en el contexto de la fallida política de Musharraf de combatir el extremismo religioso en el país y en un momento en que la oposición al presidente comienza a cobrar fuerza. La reaparición en un primer plano nacional de la violencia extremista, que en realidad siempre ha estado presente, puede tener efectos adversos en la convocatoria de elecciones parlamentarias anunciada por el presidente para los próximos meses. Parte de la actual situación deriva de la conflictiva relación entre el poder militar, en este caso, y el poder religioso, cuyas relaciones se deterioraron mucho a raíz de la intervención internacional en Afganistán y como consecuencia de la adhesión de Pakistán a la lucha contra al-Qaeda y el régimen talibán. El conflicto afgano actual ha tenido consecuencias negativas para la estabilidad y las esperanzas de democratización de Pakistán, pero a ello también ha contribuido una política poco acertada por parte de la comunidad internacional, especialmente de EEUU, que no ha sabido arrancar firmes compromisos al Gobierno de Islamabad.

Análisis: El asalto al complejo de la Mezquita Roja de Islamabad por parte del ejército paquistaní durante la madrugada del pasado 10 de julio terminaba con el desafío lanzado al Gobierno por el clérigo radical Abdul Rashid Ghazi y sus seguidores, pero se saldaba también con varios centenares de muertos ocasionados durante la semana de asedio y posterior ataque. Las protestas callejeras del maulana y sus estudiantes y seguidores habían subido de tono en los últimos meses, por su violencia y por sus demandas de imposición de un Estado islámico en Pakistán similar al anterior régimen talibán en el país vecino. Si bien Musharraf mostró una inusual paciencia para lograr la rendición del clérigo mediante interlocutores de los partidos religiosos, al final recurrió a la solución militar.

Tras el suceso se han producido atentados en el noroeste del país que han causado varias decenas de bajas militares. La llamada a la lucha contra el Gobierno paquistaní del líder segundo de al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, puede haber contribuido al empeoramiento de la situación, pero lo cierto es que estas proclamas ya se habían producido con anterioridad, dado que Pakistán se comprometió con la lucha antiterrorista tras los atentados del 11 de septiembre. A pesar de ello, la situación se ha agravado en los últimos días en el área fronteriza con Afganistán, al romperse la frágil tregua que el Gobierno mantenía con los jefes tribales de la zona.

El caso de la Mezquita Roja supone el último episodio de la tensa situación que vive Pakistán desde hace varios meses y que ha acentuado aún más los interrogantes que se ciernen sobre la estabilidad y la gobernabilidad de este país. El suceso también cuestiona seriamente la capacidad y el interés de Musharraf en combatir el extremismo islámico. El momento actual parece especialmente crítico, puesto que se espera que próximamente se celebren elecciones en el país para renovar el parlamento y las asambleas provinciales, aunque no está claro si tendrán lugar antes o después de la elección del presidente. El general también debe abandonar su cargo de jefe de las fuerzas armadas antes del final de 2007; de todas maneras, no sería de extrañar un incumplimiento de esa promesa, tal como ha hecho Musharraf con anterioridad.

La relación entre el extremismo islámico y el poder militar y político en Pakistán

Uno de los principales hechos que llama la atención en este caso de violencia extremista es que haya tenido lugar en una zona relativamente céntrica de Islamabad, la capital del país y una de las ciudades más seguras y vigiladas. A esta situación se une la circunstancia de que las actividades del clérigo Abdul Rashid Ghazi y sus seguidores –entre los que se encontraban las estudiantes de la escuela coránica femenina adyacente a la Mezquita Roja– eran conocidas y toleradas por las fuerzas de seguridad desde hacía meses. Por lo tanto, resulta difícil comprender que la agencia de servicios secretos, el experimentado ISI (Inter-Service Intelligence), no haya tenido conocimiento de la entrada de armas en la mezquita y de los propósitos del clérigo.

Además, durante el desarrollo de la crisis, se produjo un nuevo intento de asesinato del presidente (del que no ha transcendido mucha información), que ha contribuido a añadir mayor confusión a la verdadera situación interna en el país. Estos hechos llevan a pensar que Musharraf pueda tener algún tipo de oposición dentro del ejército, si bien resulta difícil determinar el alcance y el sentido político de la misma. No hay que olvidar que en diciembre de 2003 el presidente sufrió dos atentados en un breve espacio de tiempo, uno de cuales fue llevado a cabo con la implicación de oficiales de rangos inferiores.

Lo que sí parece cierto es que la controvertida relación entre los grupos extremistas y el poder militar y político en Pakistán, gestada particularmente hace casi tres décadas a raíz del conflicto afgano, sigue estando vigente, tal y como demuestran las ambivalencias existentes en la actualidad en la lucha contra los taliban. Desde que a principios de los años ochenta, al amparo del Gobierno del dictador Zia ul-Haq, se facilitara el entrenamiento militar y adoctrinamiento ideológico de los jóvenes en las escuelas coránicas para luchar contra la invasión soviética en el país vecino –particularmente en las localizadas en las provincias a lo largo de la frontera afgana–, la violencia extremista se ha convertido en un instrumento más del poder para servir determinados fines políticos y estratégicos. Incluso los precarios gobiernos democráticos de Benazir Bhutto y de Nawaz Sharif durante la década pasada no alteraron esta relación, pues eran incapaces de revisar cuestiones de especial sensibilidad para el ejército, como la política afgana o la disputa de Cachemira.

A partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y el consiguiente giro de la política de Musharraf con respecto al Gobierno afgano de los talibán, parecía evidente que se iba a producir una disociación entre el extremismo religioso y el poder militar y político, dada la presión internacional sobre Pakistán. Sin embargo, ésta no ha tenido lugar, aunque el Gobierno paquistaní haya destacado sus esfuerzos por combatir el terrorismo de al-Qaeda y por regular la educación en las escuelas coránicas a fin de erradicar los ideales de intolerancia religiosa que fomentan la violencia. Las razones pueden obedecer al difícil equilibrio de poder (por el necesario respaldo de los partidos religiosos), a las dificultades de abordar un tema de especial sensibilidad en el país como es la reforma de las escuelas coránicas y quizá también a motivos de estrategia, dado el realineamiento regional causado por la intervención internacional en Afganistán. En este último caso, hay que tener en cuenta que el Gobierno paquistaní se sigue mostrando ambiguo frente a la causa de los talibán, a pesar de que condene contundentemente a al-Qaeda.

La situación de las escuelas coránicas en Pakistán

El suceso de la Mezquita Roja también pone de manifiesto la compleja situación de las escuelas coránicas paquistaníes y las poco eficaces medidas del Gobierno para reformar estas instituciones. Por un lado, se cuestiona su interés y capacidad para hacerlo, pues además de tratarse de una medida posiblemente impopular, los partidos islamistas de la coalición Muttahida Majlis-e-Amal (MMA) han sido desde el año 2002 los principales apoyos parlamentarios de Musharraf y son generalmente reacios a la intromisión en lo que constituye su principal su feudo de poder. Por otro lado, se podría discutir también la efectividad de una posible reforma, es decir, si bastaría con regularizar y adaptar el currículum de estas instituciones. En una interesante reflexión publicada en el periódico paquistaní The Dawn el pasado día 9 de julio, el profesor Muhammad Zakria Zakar ponía en duda la difícil relación entre las madrasas y la modernidad, tanto por el sistema de aprendizaje y los ideales que se imparten en ellas, como por el papel que las jóvenes generaciones formadas al amparo de estos centros tendrán en una sociedad paquistaní cambiante.

El problema de las escuelas coránicas también está directamente relacionado con la pésima situación de la educación primaria pública, que se extiende a todo el sistema educativo, puesto que estas instituciones son un recurso para muchas familias pobres que ven en estos centros una oportunidad para la formación de sus hijos (de acuerdo con los principios religiosos del islam), además de procurarles alojamiento y comida en numerosos casos. Por ello, no resulta extraño escuchar las palabras del propio Musharraf equiparando las escuelas coránicas a ONG, en vez de afrontar la responsabilidad que tiene el Estado en este tema. Según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD de 2006, el gasto en educación en Pakistán entre 2002 y 2004 se situaba en un 2% del PIB, mientras que el de defensa era de un 3,5%.

A pesar de que existe una confusión sobre las cifras, se estima que el número de escuelas coránicas en Pakistán supera ligeramente las 10.000 (como consta un informe del International Crisis Group publicado en 2002 sobre la situación de estos centros), pero un buen número de ellas siguen sin estar inscritas oficialmente. Por otra parte, hay que tener en cuenta que no todas estas escuelas ofrecen el mismo tipo de formación, puesto que algunas se limitan a que los alumnos aprendan a memorizar el Corán durante un par de horas al día. A veces también resulta muy difícil distinguir lo que es una madrasa en función de sus instalaciones y los servicios que ofrece.

Sin embargo, en lo que no hay duda es en la relación de estos centros con la expansión de la lucha de tipo yihadista, no sólo en Afganistán sino también en Cachemira, y con el fomento de la violencia interreligiosa en el país. Además del conocido enfrentamiento entre suníes (que constituyen el 75% de la población) y chiíes (en torno al 25%), existen rivalidades entre las distintas escuelas de pensamiento del islam suní, principalmente entre los barelvis (que representan un islam tradicional o popular) y los deobandis (cuya ideología se puede calificar de purista y de muy crítica con Occidente), pero también hay notables diferencias entre los deobandis y el islamismo ortodoxo que defiende políticamente la Jamaat-i-Islami. Así, por ejemplo, los deobandis, escuela a la que pertenecía el clérigo Rashid Ghazi, apoyan generalmente a los talibán, mientras que el islamismo ortodoxo y popular no suele identificarse con ellos.

Los otros frentes abiertos del presidente: la sociedad civil y la demanda de elecciones con garantías

A pesar de que el caso de la Mezquita Roja ha atraído de nuevo el interés internacional en el problema del extremismo religioso en Pakistán, durante los últimos meses Musharraf ha tenido que hacer frente a las crecientes movilizaciones por todo el país ante su controvertido cese del presidente del Tribunal Supremo, el juez Iftikhar Chaudhry. Estas manifestaciones se han convertido en una verdadera oposición a su régimen. A lo largo de los meses de abril y mayo tuvieron lugar diversas protestas por el cese del juez en varias ciudades, si bien no exentas de violencia por el choque entre la oposición y los simpatizantes gubernamentales, como los enfrentamientos que causaron unos 34 muertos el 12 de mayo en Karachi. Fruto de ese convulso clima, el Gobierno amenazó a principios de junio con restringir la libertad de información, lo que significó un nuevo enfrentamiento con los medios de comunicación.

Esa realidad muestra las crecientes dificultades que tiene el general Musharraf para mantenerse en el poder ante el aumento de la presión existente, interna y externa, para que se celebren elecciones democráticas en el menor plazo posible. No obstante, la evolución política en Pakistán resulta muy confusa, pues a la incertidumbre sobre las intenciones del presidente, y también del ejército, hay que añadir las dudas sobre capacidad que pueden tener los principales partidos –el PPP (Partido Popular de Pakistán) de Benazir Bhutto y el PML-N (Liga Musulmana de Pakistán, facción Nawaz) de Nawaz Sharif– para cooperar y contribuir a una verdadera normalización democrática.

Los líderes exiliados de la oposición firmaron el año pasado en Londres un acuerdo en el que se comprometían a colaborar en la restauración democrática. A pesar de ello, en un intento de dividir a ambas fuerzas políticas, parece ser que Musharraf ha contactado con el PPP con el objetivo de, eventualmente, acordar un reparto de poder. Si esto es así, indicaría una falta de confianza entre los dos partidos tradicionales. Cualquier nuevo Gobierno de carácter civil que se forme en Pakistán debe afrontar la delicada pero necesaria tarea de redefinir el papel de ejército en la sociedad y, para ello, se hace indispensable la cooperación entre las dos principales fuerzas políticas, el PPP y el PML-N.

La influencia del conflicto afgano en Pakistán y el papel de la comunidad internacional

Los actos terroristas que se han sucedido tras el asalto a la Mezquita Roja evidencian las peligrosas ramificaciones del conflicto afgano y el grave problema de seguridad que tiene Pakistán, aunque de algún modo este país haya contribuido a crearlo. Los atentados en la Provincia Fronteriza Noroccidental y la ruptura de una frágil tregua que el Gobierno había pactado con los jefes tribales de Waziristán del Norte el año pasado vuelven a desestabilizar una región que hasta ahora ejercía de amortiguador, mediante un acuerdo tácito de no-injerencia, con lo que ocurría en el país vecino.

Si bien la evolución de la situación actual depende de la capacidad del ejército para responder a estos actos violentos, la cuestión de fondo está en al ambigüedad de la política del Gobierno paquistaní frente a los talibán, cuya afinidad no es tanto de tipo ideológico como estratégico. La comunidad internacional, y especialmente EEUU (por ser el actor internacional con mayor influencia en la región), tiene la percepción de que Pakistán no hace lo suficiente para combatir a los talibán en sus fronteras, pues hay abundantes referencias de que algunos de ellos se refugian en la zona fronteriza del norte y en la provincia de Baluchistán.

Es importante tener en cuenta que parte del problema reside en el reordenamiento regional que ha causado la intervención internacional en Afganistán y en la instalación en el poder de un Gobierno próximo a los intereses del gran rival de Pakistán, la India. Esta realidad refleja en cierta medida el impasse a que ha conducido la política estadounidense de ofrecer contraprestaciones económicas y militares a Pakistán como recompensa por su colaboración frente a la lucha contra el terrorismo. Por un lado, esta acción no ha contribuido a mejorar la situación interna del país en términos de estabilidad y perspectivas democráticas y, por otro, a excepción del proceso de diálogo con la India (que el Gobierno norteamericano ha respaldado), tampoco ha tenido los efectos deseados a nivel regional, especialmente con respecto a Afganistán.

Quizás la cuestión principal se halla en que si se desea que Pakistán desarrolle un papel más decisivo en la estabilidad de la zona, sería conveniente que se tuviesen en cuenta sus necesidades –principalmente en cuanto a su viabilidad como una democracia estable y también en cuanto a su seguridad–, frente a la habitual actitud de considerar este país en función de los intereses regionales, léase Afganistán, la India o incluso China. No obstante, el mayor obstáculo de esta política radica en la falta de proyección estratégica de los propios principales responsables paquistaníes de la toma de decisiones.

Conclusiones: Cabe esperar que, en el mejor de los escenarios, durante las próximas semanas vaya cediendo la espiral de atentados que ya asola una parte del país y que ya se han cobrado más de medio centenar de víctimas. En caso contrario, la estabilidad de Pakistán correría un serio peligro, lo que desencadenaría consecuencias muy negativas para Afganistán e incluso podría repercutir negativamente en el otro foco de tensión regional, en Cachemira. El control de la situación depende de la capacidad de actuación del ejército, pero éste es también parte del problema, o al menos sí lo son algunos de sus mandos (respaldados desde ámbitos políticos), que practican una política ambigua en relación a los grupos extremistas.

El caso de la Mezquita Roja ha restado protagonismo a las movilizaciones que se están desarrollando en varias ciudades del país en oposición a Musharraf y que reclaman una forma de Estado bien distinta a la de los clérigos radicales, es decir, un retorno a la democracia. Éste debería constituir el primer paso a dar por el presidente y despejar el confuso futuro político del país, dejando que un Gobierno elegido democráticamente pudiese afrontar las reformas necesarias con la suficiente visión estratégica que el país necesita urgentemente para evitar la actual deriva.

La comunidad internacional entiende que la estabilidad de Pakistán es crucial en la región, y especialmente con respecto a Afganistán, pero por ello tendría que redefinir su estrategia hacia el Gobierno de Islamabad, pues la política de compensaciones económicas a cambio de compromisos en la lucha antiterrorista se ha mostrado poco creíble y difícil para ambas partes.

Argentina derriba la última barrera

Por Prudencio García, investigador y consultor internacional del Instituto Ciencia y Sociedad, y profesor del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado de la UNED (EL PAÍS, 18/07/07):

Los periodistas se agolpaban, aquel 30 de diciembre de 1990, ante la puerta de la prisión. No era para menos: el general golpista Jorge Videla, ex jefe de la primera Junta Militar (condenado ya por sentencia firme a prisión perpetua), iba a salir en libertad, como consecuencia del segundo indulto otorgado por el entonces presidente argentino Carlos Menem a los principales responsables de los horrores de la dictadura militar de 1976-1983, con sus miles de secuestros, torturas y asesinatos.

El recién liberado, eufórico, declaró a la prensa nada menos que lo siguiente:

“No basta con indultarnos y ponernos en libertad. La sociedad argentina está en deuda con nosotros. Para empezar, debe pedirnos perdón y proceder a la restitución de todos nuestros grados y honores”. Y añadió: “En cuanto a las acusaciones que tuvimos que soportar de torturas y similares, fueron acusaciones injustas. Todos sabemos que incluso en estos mismos momentos se está torturando en las comisarías argentinas. Porque, como todo el mundo sabe, sin ese requisito no hay investigación seria que pueda progresar”.

Esta defensa de la tortura como práctica cotidiana, permanentemente aplicable incluso en tiempo de paz (ni siquiera como recurso excepcional, tal como la contempla la perversa “Teoría de las manos sucias”, tan exhaustivamente utilizada por tantos torturadores y genocidas), vino a demostrar una vez más la calaña del tipo de sujetos a los que esta clase de indultos devuelve la libertad.

Pero la sociedad argentina, lejos de pedir perdón a sus máximos criminales y devolverles sus honores, como exigía tan destacado y patriótico líder, tomó otra muy diferente actitud, mantenida tenazmente hasta hoy por las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y por el sector más sano e intachable del aparato judicial argentino. Como consecuencia de ello, el ascético Videla (que pasaba las sesiones del juicio leyendo la Biblia con gran recogimiento, sin dedicar la menor atención a los atroces testimonios que prestaban sus víctimas, todavía angustiadas y muchas veces llorando ante los jueces de la Cámara Federal) se encuentra hoy en situación de arresto domiciliario por diversos delitos no cubiertos por aquellos indultos, situación que se verá agravada en un próximo futuro, al poder ser acusado de muchos más delitos, y de muy superior gravedad.

En efecto, en una decisión largamente esperada y de considerable alcance, la Corte Suprema de Argentina ha derribado la última barrera que todavía protegía la impunidad de los peores criminales de la dictadura, al declarar inconstitucional el indulto concedido en 1989 al general Santiago Riberos, uno de los destacados jefes militares que se vieron favorecidos por el primer indulto, otorgado por Carlos Menem poco después de su acceso al poder. Noticia trascendental, ya que este nuevo pronunciamiento judicial sienta una jurisprudencia que afectará a todos los altos jefes cuya impunidad se vio protegida por aquel mismo indulto, y también por el posterior, el que benefició al ya citado general Videla un año después.

¿Cómo pudo producirse aquella calamitosa serie de claudicaciones legales (qué penoso resulta aplicarles este calificativo) que aseguraron a cientos de torturadores y asesinos, durante décadas, la más perniciosa impunidad? La respuesta está clara: aquello fue el fruto de la debilidad del poder civil, sometido a la presión, entonces irresistible, del estamento militar.

Tras el juicio de las Juntas y su sentencia condenatoria de 1985, la fuerte presión estamental consiguió forzar la Ley de Punto Final de 1986, que limitaba a sólo 60 días el plazo de presentación de denuncias. Pero, tras la aplicación de esa ley, todavía quedaban imputados casi 400 represores. Posteriormente, la insurrección militar de Semana Santa de 1987 forzó la promulgación de la Ley de Obediencia Debida. Aquel vergonzoso concepto de que los secuestros, torturas y asesinatos de miles de ciudadanos debían quedar impunes, con el pretexto de que fueron cometidos obedeciendo órdenes superiores, determinó que el número de procesados quedara reducido a la raquítica cifra de 38, todos ellos de alta graduación (generales del Ejército, almirantes de la Armada o brigadieres de Aviación). Aquellos 38 constituían el núcleo responsable y ejecutor, el listón mínimo que el presidente Alfonsín no estaba dispuesto a rebajar ni un milímetro más.

Pero Alfonsín perdió las elecciones de 1989 y Menem llegó al poder. Pronto, una frase del nuevo presidente nos dio la clave de lo que se avecinaba: “Como todo el mundo sabe, en Argentina es difícil gobernar sin los militares, pero resulta imposible gobernar contra los militares”. (Absolutamente nadie le pedía que gobernara “contra los militares”, sino sólo que se cumpliera el mínimo grado de justicia imprescindible, requerido por la sociedad). Así llegó el primer indulto (octubre de 1989). Aquellos 38 jefes, que ostentaron los más altos cargos responsables de la criminal estructura represiva, quedaban desprocesados, libres de toda amenaza de juicio y prisión.

¿Qué faltaba todavía para completar el círculo de la impunidad? Liberar a los seis máximos responsables, condenados ya por sentencia firme: cuatro miembros de las Juntas Militares (Videla, Massera, Viola y Lambruschini) y dos generales (Camps y Richieri), ex jefes de la Policía de Buenos Aires, todos ellos sentenciados a largas penas de prisión. El segundo y último indulto de Menem (1990) se encargó de ponerlos también en libertad.

Hoy, tras una lucha infatigable de décadas de duración, la sociedad argentina culmina otro de sus grandes hitos, en su admirable esfuerzo por derrotar a la impunidad y recuperar la dignidad, un día pisoteada, de una sociedad civil acogotada por la presión militar. Pero el camino ha sido largo, arduo y difícil.

Ya en 2003, tras considerables esfuerzos y venciendo innumerables obstáculos, se logró consumar el derribo de las dos máximas barreras que protegían la impunidad: las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron anuladas con la práctica unanimidad del Congreso y el Senado. En 2005 llegó otro importante paso: la Corte Suprema ratificaba dicha anulación. Ello supuso la reapertura de importantes causas penales, entre otras, la de la Esma (Escuela de Mecánica de la Armada, escenario de las mayores atrocidades cometidas por la Marina) y la del Primer Cuerpo (que concentra algunos de los episodios más terribles protagonizados por el Ejército).

Pero todavía quedaba la última barrera: los indultos menemistas. Ahora, la nueva y decisiva resolución de la Corte Suprema vuelve a colocar frente a la responsabilidad de sus crímenes a uno de aquellos 38 presuntos criminales -¡qué poco presuntos!- que fueron indebidamente desprocesados casi dos décadas atrás. Los restantes -salvo los ya fallecidos- vendrán tras él.

La última barrera, tras la serie de interminables obstáculos tan trabajosamente desmantelados durante tantos años de lucha por la justicia, cae al fin. Admirable ejemplo de fuerza moral y dignidad civil para tantas otras sociedades latinoamericanas, todavía castigadas por la más infranqueable impunidad.

Hablemos de salarios

Por Ramón Jáuregui, portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados (EL PAÍS, 18/07/07):

En uno de los chistes de Forges de estos últimos días, un señor que lee una noticia económica de un periódico, se dirige a dos jóvenes diciéndoles: “¡Falsos: con 23.000 euros de renta per cápita y haciéndose pasar por mileuristas!”. Es una de las paradojas de nuestra realidad sociolaboral. Una renta per cápita que alcanza la media europea, pero unos salarios que pierden poder adquisitivo. “La paradoja es que el sueldo real medio baja, pero todos ganan”, decía Fernández Ordóñez aludiendo a algo incuestionable como es la mejora que experimentan amas de casa y jóvenes que se incorporan al mercado laboral y pasan de ganar cero euros a mileuristas o los inmigrantes que ganan el triple que en su país, aunque unos y otros reducen el salario real medio de los españoles un 4% en los últimos diez años, según ha señalado la OCDE.

Hablemos de salarios y hablemos de paradojas. ¿O deberíamos llamarlas injusticias? Nuestra boyante economía está produciendo algunos efectos contradictorios. El primero es la creciente dualización del mercado laboral. El importantísimo crecimiento del empleo en esta última década (ocho millones de empleos nuevos desde 1994, de los cuales cuatro son mujeres) ha generado una nueva “clase laboral” integrada por los trabajadores menos cualificados en los sectores económicos que más han crecido estos años: construcción, servicios, pequeño comercio, agroalimentario, etc. Junto a los inmigrantes, ese amplio colectivo laboral, está situado en niveles salariales bajísimos, separándose crecientemente de los trabajadores del conocimiento, como llama Alvin Toffler a los licenciados y trabajadores intelectuales en general.

Se consideran bajos salarios los que no alcanzan el 60% del salario medio del país. Pues bien, hoy y aquí esa cifra son 730 euros y aproximadamente dos millones y medio de nuestros trabajadores, el 12% de nuestra población ocupada, están por debajo de ese umbral. Es por eso que hasta Forges se equivoca en su denuncia llamando mileuristas a esos jóvenes ya que muchísimos de ellos no llegan a esa cifra extraordinaria. Se calcula que el 70% de los nuevos empleos de estos últimos años, son inferiores al salario promedio. Los bajos salarios no son sólo consecuencia de la baja cualificación profesional. Van también asociados a la población laboral precaria (más del 30%) y joven (seis de cada diez jóvenes son eventuales, el doble que la media de la OCDE). La precariedad impone menores niveles salariales, menor protección social y nula capacidad de denuncia a la vulneración de los derechos laborales mínimos.

Otra gran brecha salarial se está produciendo en el abanico salarial de las empresas. Ejecutivos, directivos y consejeros de las grandes compañías han multiplicado sus salarios abriendo este abanico hasta cifras inéditas. Hace veinte años un abanico de uno a diez o a veinte era relativamente normal. Hoy, sin embargo, es frecuente que los máximos directivos cobren hasta cien o doscientas veces más que el salario más bajo de la empresa. Y si añadimos salarios en especie, pólizas de seguro, fondos de pensiones y similares, ese abanico puede llegar a ser de uno a mil. Sólo el año pasado las retribuciones de los consejeros de las empresas cotizadas crecieron un 28% y la de los directivos, un 20%. Cuando se publicó hace unos meses la retribución del presidente de uno de los dos grandes bancos españoles (9′78 millones de euros, unas 500 veces el sueldo medio español, más 10 millones anuales para su fondo de pensiones) respondí a una pregunta de un periodista afirmando que tales cantidades rozaban el límite de lo moralmente aceptable. Más allá de valoraciones morales, Peter Drucker decía que un directivo que cobra veinte veces más que el trabajador de más baja categoría, sobrevalora su contribución al éxito de la empresa en oposición a la labor del más humilde de sus empleados.

Por último, interesa destacar la progresiva reducción del peso de los salarios en la renta nacional. Es un fenómeno bastante generalizado en Europa, como consecuencia de las políticas de moderación salarial y altos crecimientos de los beneficios empresariales. En España se calcula que el peso de los salarios sobre la renta total ha descendido del 54′9% en 2000 al 52′75% en 2005. Pero además debe recordarse que el peso de los salarios en Europa ronda el 64% del total de la renta, es decir, diez puntos más que en España. Por cierto, también la UE ha visto descender esa cifra estos últimos años desde el 68% al 64% citado. Dice la CEOE que los salarios no han disminuido poder adquisitivo estos últimos diez años si computamos el salario por hora trabajada. Pero aunque ese parámetro equipare IPC y evolución salarial, no ocurre así con la evolución de los beneficios, que entre 1999 y 2006 han tenido un crecimiento neto del 73% más del doble de la media de la UE (33%) y el dividendo repartido se ha incrementado en un 47%.

Hablemos de salarios y pasemos ahora de las musas al teatro. ¿Qué hacemos? Una primera medida debe ser el incremento progresivo del SMI. Este Gobierno tomó dos decisiones importantes. Desindiciar el SMI de toda una serie de referencias extrasalariales: pensiones, vivienda, becas, etc., y subirlo a 600 euros. Habrá que asumir, que el empleo de baja cualificación es más dependiente de esta medida gubernamental que de la negociación colectiva y por tanto habrá que incluir en él una mayor población laboral. Acercar el SMI al 60% de la media salarial española debe ser el objetivo de la próxima legislatura, es decir, 750 euros al mes. A su vez la negociación colectiva debe plantearse el objetivo de los 1.000 euros como salario mínimo en todos los sectores de actividad.

Sería también muy recomendable una congelación de los salarios directivos y una rebaja de los ingresos de consejeros y altos ejecutivos en general. Las autoridades económicas y los expertos de todo tipo y condición, no dejan de reiterar la necesidad de moderar los aumentos salariales y ajustarlos a los incrementos de productividad. No puedo estar más de acuerdo con esta recomendación, pero ¿no deberían ser los máximos directivos de las compañías quienes dieran ese ejemplo en vez de hacer todo lo contrario?

Por último, ¿para cuándo la progresiva participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas? En los tiempos de la flexibilidad laboral y de la moderación salarial, una nueva bandera de los trabajadores deberá ser la participación progresiva en los resultados económicos de las empresas. Una vez más, esa participación no puede corresponder sólo a los ejecutivos de las empresas. Hay que generalizarla y democratizarla en beneficio de todos.