El Congreso de los Estados Unidos de América acaba de aprobar, con la firma del Presidente, una ley —la Military Commissions Act of 2006— que justifica y propicia la práctica de la tortura, mediante la autorización de interrogatorios coercitivos y la imposición de dolor físico y mental como procedimiento pretendidamente legal. Lo ha hecho en nombre de una Guerra global contra el terrorismo cuya expresa indefinición jurídica permite comprender entre sus objetivos estratégicos y tácticos tanto a verdaderos criminales, como a grupos o personas que se enfrentan a ocupaciones militares o gobiernos tiránicos -a las que el derecho internacional garantiza el estatuto de combatientes-, organizaciones y movimientos de defensa civil o de resistencia, y a simples ciudadanos.
Esta legalización de la tortura corona una serie de escándalos globales que han puesto de manifiesto su uso por parte de agentes y militares de esa misma Guerra global, sobre quienes ellos discrecionalmente dispongan, principalmente en prisiones secretas y campos militares de detención.
La tortura es un medio violento destinado a destruir la integridad moral y física del ser humano y anular su voluntad. Tanto los llamados métodos científicos de interrogación coercitiva, como las técnicas de agresión eléctrica, química, física y psíquica definen uno y el mismo sistema de violación, degradación y sujeción de la persona. Sólo los gobiernos despóticos, corruptos o belicistas han hecho uso de esas prácticas deshumanizadoras. Sólo los sistemas totalitarios les han dado carta de legitimidad. Las comunidades democráticas, la conciencia moral y religiosa de los pueblos, el más elemental humanismo no han dejado de oponerse a sus ultrajes y a su crueldad.
La aplicación de la tortura se extiende deliberadamente a grupos sociales amplios, comprendiendo las familias, los círculos sociales o las comunidades religiosas que puedan disponer de información directa o indirecta sobre cualquier forma de resistencia política, sea o no violenta. Pero la tortura no sólo es una práctica cruel, sino que construye además todo un sistema de terror y coerción sociales. Su último objetivo es humillar y deshumanizar a las comunidades en las que se aplica, destruir sus vínculos de solidaridad, vaciar su confianza en sí mismas y liquidar su voluntad colectiva. Es la expresión siniestra de un poder ilimitado sobre los lugares más íntimos del cuerpo y sobre naciones enteras, en un mundo en el que cada día hay más injusticia y desigualdad y más desesperación.
La práctica militarmente organizada de la tortura, los abusos sexuales y de todo tipo contra hombres y mujeres, los encarcelamientos clandestinos y las desapariciones forzadas, no son una noticia nueva en la historia del Tercer Mundo, y de América Latina en particular. Ha sido más bien una constante histórica de la dominación colonial, neocolonial, socialista y neoliberal.
Pero su justificación por parte de las autoridades norteamericanas tiene consecuencias globales más graves todavía. Muchos gobiernos se han servido de la tortura, pero no podían legitimarla, ni pretendían defender y difundir la libertad con esta clase de métodos. Hoy, la propaganda a favor de la tortura en nombre de la llamada Guerra contra el terrorismo ofrece a estos gobiernos una siniestra coartada para su uso pasado, presente y futuro. Legalizada o no, la tortura es una práctica aberrante condenada por principios elementales de humanidad.
En los últimos años hemos asistido al recorte, la instrumentalización y neutralización de estos mismos derechos, hasta el extremo de hacerlos irreconocibles. El derecho a la integridad física y moral de la persona, a la defensa jurídica de su inocencia frente a poderes corporativos y estatales, y a la resistencia contra constantes violaciones del territorio, del ecosistema y de la propia vida humana ha sido una y otra vez violado. La propaganda de guerra y la legitimación de la tortura coronan este proceso regresivo de una humanidad amenazada.
Apelamos el respeto sagrado a la dignidad humana, a su integridad física y espiritual, y a su soberanía moral. Exigimos el rechazo de la tortura como una práctica inhumana, contraria a toda forma civilizada de convivencia, y opuesta a toda verdadera restauración de una dañada comunidad pacífica de los pueblos: en nombre de los Derechos Humanos.
Esta legalización de la tortura corona una serie de escándalos globales que han puesto de manifiesto su uso por parte de agentes y militares de esa misma Guerra global, sobre quienes ellos discrecionalmente dispongan, principalmente en prisiones secretas y campos militares de detención.
La tortura es un medio violento destinado a destruir la integridad moral y física del ser humano y anular su voluntad. Tanto los llamados métodos científicos de interrogación coercitiva, como las técnicas de agresión eléctrica, química, física y psíquica definen uno y el mismo sistema de violación, degradación y sujeción de la persona. Sólo los gobiernos despóticos, corruptos o belicistas han hecho uso de esas prácticas deshumanizadoras. Sólo los sistemas totalitarios les han dado carta de legitimidad. Las comunidades democráticas, la conciencia moral y religiosa de los pueblos, el más elemental humanismo no han dejado de oponerse a sus ultrajes y a su crueldad.
La aplicación de la tortura se extiende deliberadamente a grupos sociales amplios, comprendiendo las familias, los círculos sociales o las comunidades religiosas que puedan disponer de información directa o indirecta sobre cualquier forma de resistencia política, sea o no violenta. Pero la tortura no sólo es una práctica cruel, sino que construye además todo un sistema de terror y coerción sociales. Su último objetivo es humillar y deshumanizar a las comunidades en las que se aplica, destruir sus vínculos de solidaridad, vaciar su confianza en sí mismas y liquidar su voluntad colectiva. Es la expresión siniestra de un poder ilimitado sobre los lugares más íntimos del cuerpo y sobre naciones enteras, en un mundo en el que cada día hay más injusticia y desigualdad y más desesperación.
La práctica militarmente organizada de la tortura, los abusos sexuales y de todo tipo contra hombres y mujeres, los encarcelamientos clandestinos y las desapariciones forzadas, no son una noticia nueva en la historia del Tercer Mundo, y de América Latina en particular. Ha sido más bien una constante histórica de la dominación colonial, neocolonial, socialista y neoliberal.
Pero su justificación por parte de las autoridades norteamericanas tiene consecuencias globales más graves todavía. Muchos gobiernos se han servido de la tortura, pero no podían legitimarla, ni pretendían defender y difundir la libertad con esta clase de métodos. Hoy, la propaganda a favor de la tortura en nombre de la llamada Guerra contra el terrorismo ofrece a estos gobiernos una siniestra coartada para su uso pasado, presente y futuro. Legalizada o no, la tortura es una práctica aberrante condenada por principios elementales de humanidad.
En los últimos años hemos asistido al recorte, la instrumentalización y neutralización de estos mismos derechos, hasta el extremo de hacerlos irreconocibles. El derecho a la integridad física y moral de la persona, a la defensa jurídica de su inocencia frente a poderes corporativos y estatales, y a la resistencia contra constantes violaciones del territorio, del ecosistema y de la propia vida humana ha sido una y otra vez violado. La propaganda de guerra y la legitimación de la tortura coronan este proceso regresivo de una humanidad amenazada.
Apelamos el respeto sagrado a la dignidad humana, a su integridad física y espiritual, y a su soberanía moral. Exigimos el rechazo de la tortura como una práctica inhumana, contraria a toda forma civilizada de convivencia, y opuesta a toda verdadera restauración de una dañada comunidad pacífica de los pueblos: en nombre de los Derechos Humanos.
