Por Santos Juliá, historiador (EL PAÍS, 31/12/11):
Los llaman tecnócratas, pero son en realidad profesionales
cualificados, gentes que han desempeñado altos cargos en entidades
financieras públicas o privadas y que, ante la magnitud de la crisis,
han sido llamados a ocupar posiciones de poder político en sus
respectivos Estados, alcanzando en Grecia y en Italia la presidencia del
Gobierno y aquí, en España, el ministerio de Economía. El veredicto ha
sido contundente: dando la espalda a la voluntad de los ciudadanos, la
tecnocracia ha sustituido a la política, o, por decirlo como nuestro
tecnócrata por antonomasia, Laureano López Rodó, los profesionales de la
política sustituidos por la política de los profesionales: una prueba
más de la herencia franquista que contaminará hasta el fin de los
tiempos a esta democracia deficitaria.
¿De verdad han ocurrido así las cosas? ¿De verdad que por haber
llamado a expertos en finanzas hemos caído en un estado de excepción
económica? Curiosamente, en España, la impresión, antes de la crisis,
era más bien la contraria: que la política, o los políticos habían
colonizado espacios de la sociedad civil y de la Administración civil
del Estado que no les correspondían; y que desde el control de esos
espacios habían politizado instituciones clave del Estado de derecho
como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial,
o medios de comunicación como las televisiones autonómicas, o servicios
públicos, como hospitales y escuelas, por no hablar de teatros,
auditorios, museos nacionales y otras sinecuras y bagatelas de nuestro
peculiar spoil system.
También las finanzas. Es pronto para olvidar que la mitad del sistema
financiero español lo constituían, hasta la crisis, las Cajas de
Ahorros y que sus Consejos de Administración estaban fuertemente
condicionados por los políticos. Las Cajas servían a las políticas de
los Gobiernos de sus respectivas Comunidades Autónomas, sin sentirse
atadas por consideraciones técnicas en cuestiones como préstamos a
particulares o a partidos. De hecho, los poderes locales y regionales
consolidados en los últimos 30 años han crecido a la sombra de las
Cajas, siempre dispuestas a echar el resto en envites faraónicos, desde
aeropuertos a grandes urbanizaciones, por no hablar de la corrupción
subyacente, que encontraba en la composición de sus Consejos de
Administración su mejor caldo de cultivo. Sin la política crediticia
incentivada por los políticos, la burbuja inmobiliaria no habría
alcanzado ni la mitad de su insoportable volumen y quizá no
lamentaríamos hoy la vandálica destrucción del litoral mediterráneo.
De manera que sería menester un poco de tranquilidad respecto a los
estados de excepción de los que, al parecer, estos profesionales son los
heraldos. La relación mercado / Estado es tan vieja como el Estado
mismo que, desde su origen, ha alimentado sentimientos de amor y odio
hacia los banqueros. Cuenta Carlo Cipolla que Felipe II se subía por las
paredes cuando recibía, de los banqueros genoveses, los balances de sus
deudas, en ocasiones más del 50% del importe del préstamo, concedido al
15% de interés. No le entraba en la cabeza a don Felipe “esto de los
cambios e intereses”, pero los banqueros eran intratables: o pagaba el
interés más el riesgo añadido, o cortaban el chorro de oro. Al fin, el
monarca, tras esquilmar a sus súbditos, se declaraba en bancarrota,
forma habitual de renegociar su deuda.
Mucho han cambiado el Estado y la banca desde aquellos tiempos, pero
algo continúa hoy como ayer: finanzas, mercados, o sea, capitalismo, más
globalización, están aquí para quedarse. La cuestión no consiste en que
profesionales de las finanzas ocupen posiciones reservadas a los
políticos, sino en que los políticos se conduzcan, cuando de ingresos y
gastos públicos se trata, como auténticos profesionales. Cuando el
déficit crece, como en España, de un 34% a un 66% del PIB en tres años,
lo que hay que cambiar es de política; y cuando los políticos asisten
impávidos a un desbocado endeudamiento privado o lo fomentan con
incentivos fiscales hasta magnitudes que superan cinco veces el PIB, lo
urgente no es prescindir de los banqueros que aprovechan la ocasión para
enriquecerse; lo urgente es cambiar de política, justamente para
impedir que los banqueros se forren repartiendo créditos que expolian a
sus desprevenidos clientes de sus ahorros y sus viviendas.
En esta crisis de nunca acabar han sido tan determinantes las
políticas gubernativas y las instituciones reguladoras como las
familias, las empresas y las entidades financieras del sector privado.
Por eso, es inútil reclamar más política, menos mercado. En los sistemas
capitalistas, las crisis financieras siempre tienen raíces políticas;
no por nada, la tríada que va de Marx a Mao pasando por Lenin daba por
seguro que el derrumbe del capital arrastraría el fin del Estado. Pero
como el futuro, tras ese doble derrumbe, es el presente visible en las
exequias del déspota coreano, será mejor aplicar las energías a la
reparación del sistema; y para eso no sobrará la contribución de
profesionales, a condición, claro está, de que los políticos no
renuncien a lo que le es propio dejándose embaucar por la lógica de los
mercados, como ha ocurrido con nuestros socialdemócratas mientras se
bañaban en las plácidas aguas del republicanismo cívico.
Fuente: Bitácora Almendrón. Tribuna Libre © Miguel Moliné Escalona
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