Confederación para Kosovo

Por Antonio Cassese. Fue el primer presidente del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) y es profesor de derecho en la Universidad de Florencia. © Project Syndicate en colaboración con La Repubblica, 2007. Traducción de M. L. Rodríguez Tapia (EL PAÍS, 08/10/07):

A Kosovo se le acaba el tiempo. Si no se logra un acuerdo respaldado por Naciones Unidas de aquí a principios de diciembre, es muy probable que la mayoría albanesa de la provincia declare de forma unilateral la independencia, una medida que Estados Unidos ha anunciado que tal vez pueda apoyar.

Sería una decisión desastrosa. Rusia se enfurecería, porque tiene miedo a que la secesión de Kosovo -al margen de que la comunidad internacional la reconozca o no- pueda animar a otros movimientos separatistas en el antiguo imperio soviético. La oposición de Serbia es incluso más enérgica. Dusan Prorokovic, secretario de Estado de Serbia para Kosovo, ha dicho que su país estaría quizá dispuesto a emplear la fuerza para conservar su soberanía. E incluso si el Gobierno de Belgrado tiene dudas, los grupos ultranacionalistas podrían empujar al primer ministro, Vojislav Kostunica, a enviar tropas: la presencia actual de la ONU en Kosovo es muy escasa (sólo 40 “observadores militares” y 2.116 policías), pero la llegada de 15.000 soldados de la OTAN puede hacer que cualquier choque armado sea muy peligroso.

Después de ocho años de Administración internacional, la mayoría albanesa de Kosovo ha conocido lo que es la libertad y está deseando ser plenamente independiente. Pero Serbia asegura que la provincia es una parte fundamental de su tradición histórica y cultural, y la población serbia no aceptaría la independencia, porque hace tiempo que está viendo con desolación cómo se desintegra la Gran Serbia, en un proceso cuya etapa más reciente fue la secesión de Montenegro. Serbia sólo está dispuesta a conceder a Kosovo una “autonomía mejorada” y cierta capacidad de firmar acuerdos internacionales.

Sin embargo, aunque ahora las dos partes parecen irreconciliables, no es demasiado tarde para alcanzar un compromiso. Pero eso sólo será posible si se resucita -y se pone al día- una vieja institución de la comunidad internacional: la Confederación de Estados.

Una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU podría conceder a Kosovo autoridad total y exclusiva sobre sus ciudadanos y su territorio, así como una capacidad limitada en el escenario internacional. Podría autorizársele a firmar tratados comerciales y otros acuerdos que afecten a las personas (por ejemplo, sobre admisión y circulación de extranjeros, extradición, etcétera), además de darle derecho a pedir el ingreso en la ONU (que no necesita plena soberanía ni independencia).

De esa forma, Kosovo podría disponer de ciertos símbolos del Estado. Sin embargo, habría un órgano decisorio, formado por delegados de Kosovo, Serbia y la Unión Europea, que tendría plena autoridad en los asuntos de política exterior (por ejemplo, las alianzas y las relaciones con las instituciones económicas internacionales), defensa, fronteras (en caso de que Kosovo quisiera unirse con Albania) y el trato a la minoría serbia de la provincia. Es decir, Kosovo y Serbia serían dos sujetos internacionales independientes, pero unidos en una confederación que dependería de un órgano decisorio común.

Por supuesto, dicha confederación sería asimétrica, porque la soberanía del Gobierno serbio sobre el resto del país permanecería intacta y sería ilimitada, mientras que la “soberanía” del Gobierno kosovar sobre la provincia tendría restricciones. Para evitar que una de las dos partes tuviera ventaja e impusiera decisiones arbitrarias, el órgano decisorio común debería tener cuatro representantes serbios, dos representantes kosovares y tres representantes de la Unión Europea, de tal modo que las dos partes necesitaran contar siempre con el voto de los delegados europeos. Además, la UE debería crear una fuerza militar pequeña pero eficaz (por ejemplo, unos 5.000 soldados) para respaldar las decisiones del órgano común.

Como con cualquier compromiso, las dos partes saldrían ganando y perdiendo a la vez con este acuerdo. Serbia salvaría las apariencias y seguiría teniendo voz en asuntos importantes relacionados con Kosovo, incluido el trato a la minoría serbia. A su vez, Kosovo obtendría una independencia limitada y pasaría de ser una provincia de un Estado soberano a tener condición de sujeto internacional capaz de suscribir ciertos acuerdos con otros Estados e incluso incorporarse a la ONU.

La Unión Europea también se beneficiaría, al contribuir a estabilizar una zona muy volátil. Después, la UE seguiría vigilando la situación para impedir cualquier disputa susceptible de degenerar en violencia.

Una última ventaja de esta solución es que sería provisional. Históricamente, las confederaciones, tarde o temprano, se convierten en federaciones (como ocurrió en Estados Unidos, Alemania y Suiza) o, empujadas por fuerzas centrífugas, se dividen (como en la República Árabe Unida, creada en 1958, que tres años después se dividió entre Egipto y Siria).

La confederación que propongo sería, pues, una etapa intermedia (que tendría entre cinco y diez años de duración), al final de la cual Kosovo, seguramente, obtendría su plena independencia. Esta manera de retrasar la solución definitiva proporcionaría tiempo suficiente para comprobar las perspectivas de que Kosovo se integre en la Unión Europea y, por tanto, compartir la “autoridad soberana” con otros Estados independientes, lo cual serviría quizá para desinflar las exigencias nacionalistas desmesuradas de los kosovares.

La gran paradoja del comercio internacional

Por Moisés Naím, director de la revista Foreign Policy y autor del libro Ilícito: cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo. Traducción de Jesús Cuéllar Menezo (EL PAÍS, 08/10/07):

Una de las tendencias más desconcertantes de estos tiempos es que las negociaciones para facilitar el comercio entre países regularmente fracasan, mientras que el comercio internacional rompe récords de crecimiento con igual regularidad.

Durante más de una década, las iniciativas de los gobiernos para alcanzar un acuerdo mundial que reduzca las barreras comerciales no han llegado a buen puerto. Para describir dichas conversaciones, los medios utilizan repetidamente adjetivos como “enconadas”, “paralizadas” o “estancadas”. En contraste, el comercio internacional se califica habitualmente de “floreciente” o “en enorme auge”, y casi todos los años su crecimiento se alaba diciendo que “ha registrado un nuevo récord”. No es de sorprender, por tanto, que los negociadores gubernamentales sean hoy un grupo muy desanimado. En cambio, los exportadores e importadores están de fiesta.

La última vez que los negociadores oficiales tuvieron razones para celebrar algo fue en 1994, cuando 125 países acordaron reducir considerablemente las barreras comerciales y crear una nueva institución encargada de supervisar y liberalizar el comercio internacional: la Organización Mundial del Comercio (OMC). Desde entonces, los esfuerzos por liberalizar el comercio mundial mediante negociaciones entre gobiernos se han paralizado. En muchos países, los acuerdos de libre comercio se han vuelto políticamente radiactivos. Se ha hecho habitual culpar a las importaciones de la pérdida de empleos, la reducción de salarios, el incremento de la desigualdad y, más recientemente, incluso de la pasta de dientes tóxica o de medicamentos que en vez de curar matan.

Además, la liberalización de las importaciones es siempre un cangrejo político para los gobiernos: mientras que los beneficios de un comercio más libre son inevitablemente promesas de futuro, los impactos negativos son inmediatos. Aún más, los costes se concentran en grupos muy específicos que los sienten -o pueden anticipar- de manera tangible, visible e inmediata. Los beneficiarios de las reformas comerciales en cambio obtienen las ventajas de manera más difusa y hasta menos reconocible a nivel individual. Así, los opositores tienen fuertes razones para organizarse y bloquear las reformas, mientras que los beneficiarios tienen menos incentivos para organizarse en apoyo de las mismas. Disminuir, por ejemplo, los aranceles agrícolas, puede beneficiar al conjunto de la sociedad al reducirse el precio de los alimentos. A la larga el ahorro acumulado es muy importante, pero de manera inmediata el impacto poco identificable en los precios, los aumentos en la calidad o la diversidad de los productos disponibles. Sin embargo, la reducción en los ingresos de los agricultores es inmediata y muy clara, lo cual genera enormes estímulos para organizarse con el fin de bloquear tratados con otros países que disminuyan los obstáculos a las importaciones. Lo mismo pasa con los trabajadores y los dueños de fábricas obligadas a competir con importaciones mucho más baratas. Es más fácil organizar una marcha de trabajadores de fábricas de juguetes para protestar contra las importaciones baratas que una de consumidores de juguetes, por ejemplo.

Esas realidades sociales y políticas explican en gran medida por qué el entusiasmo por alcanzar acuerdos comerciales se ha venido agotando en muchos países. Esta tendencia se notó claramente en 1999, cuando el intento de lanzar una nueva ronda de negociaciones comerciales fracasó estrepitosamente en Seattle. Ahora, la cumbre ministerial de Seattle se recuerda más por los violentos choques entre la policía y los manifestantes contrarios al comercio internacional y la globalización que por el hecho de que los negociadores regresaron a casa sin tan siquiera haberse puesto de acuerdo en cómo iniciar las conversaciones. Irónicamente, los activistas protestaban contra un acuerdo que en cualquier caso no se habría producido.

Dos años después, los ministros del ramo se reunieron de nuevo en Doha, Qatar, y decidieron iniciar una nueva ronda de negociaciones que, según acordaron, se concluiría en cuatro años. No iba a ser así. Esa fecha límite -y otras- pasaron sin pena ni gloria. El pasado mes de junio, después de seis años de conversaciones, los negociadores abandonaron las reuniones de la Ronda de Doha acusándose mutuamente de intransigentes y miopes.

Mientras tanto, el comercio mundial ha continuado creciendo a ritmo frenético.

En 2006, las exportaciones mundiales de mercancías crecieron en un 15%, mientras que la economía mundial aumentaba en torno al 3,7%. En 2007 se espera de nuevo que el incremento del comercio mundial sobrepase la tasa de crecimiento de la economía del planeta. Este boom del comercio internacional hizo que entre 1980 y 2005 el volumen de exportaciones de mercancías del mundo se multiplicara cinco veces. Un número sin precedente de países, ricos y pobres, está viendo que sus economías han mejorado mucho gracias a que se han disparado sus exportaciones.

¿Cómo se explica esta paradoja de que la búsqueda de acuerdos comerciales a nivel gubernamental esté estancada mientras que los flujos comerciales experimentan una enorme expansión? En el último cuarto de siglo, las innovaciones tecnológicas -desde Internet a los contenedores de carga- redujeron los costes de vender y comprar a largas distancias y entre países. Además, en ese mismo periodo, un entorno político más favorable a la apertura internacional creó oportunidades para reducir las barreras que obstaculizaban el comercio. China, India, la antigua Unión Soviética y muchos otros países lanzaron profundas reformas económicas que aumentaron sus vínculos con el resto del mundo. Sólo en los países en vías de desarrollo, los aranceles a las importaciones cayeron desde un promedio del 30% en la década de 1980 hasta menos de un 10% hoy día. De hecho, una de las sorpresas registradas en los últimos 20 años es lo mucho que los gobiernos han reducido los obstáculos comerciales, y de forma unilateral. Entre 1983 y 2003, el 66% de las reducciones arancelarias aplicadas en el mundo tuvo lugar porque los gobiernos decidieron por su propia cuenta reducir los impuestos con los cuales gravaban las importaciones; el 25% a consecuencia de acuerdos alcanzados en negociaciones comerciales multilaterales, y el 10% gracias a acuerdos comerciales regionales con países vecinos. En vista de todo lo anterior, resulta muy tentador concluir que los tratados de liberalización comercial entre gobiernos no sirven para nada. Si el comercio internacional se las arregla perfectamente sin tratados gubernamentales, ¿para qué perder tiempo en ellos? Esta idea es tan tentadora como errónea.

Hoy más que nunca necesitamos de estos tratados de libre comercio. Por más que el comercio esté creciendo, son enormes los obstáculos que aún perduran. Renunciar a reducir las considerables barreras comerciales que siguen existiendo -en agricultura, en servicios o en los productos manufacturados que comercian los países pobres- sería un error histórico. Hasta los pronósticos más pesimistas demuestran que la adopción de reformas como las contempladas por la Ronda de Doha reportarían considerables ventajas económicas, situadas entre 50.000 millones y los varios cientos de miles de millones de dólares. Además, según el Banco Mundial, en 2015 cerca de 32 millones de personas podrían salir de la pobreza si la Ronda de Doha tuviera éxito.

Y no sólo se trata del dinero. Si el flujo comercial sigue aumentando, se agudizará la necesidad de contar con normas más claras y eficientes. En este siglo, contar con normas fiables sobre la calidad de los productos que se comercian entre países será tan importante como lo fue en el pasado el aumento de la cantidad de productos comercializados internacionalmente. Los recientes casos de productos chinos altamente tóxicos (alimentos para animales, juguetes o jarabes para la tos) son sólo una pequeña muestra de los retos que se nos avecinan.

Ningún país será eficaz al afrontar estos retos si actúa a solas, sin la colaboración de muchas otras naciones. Las reglas de calidad y su definición, monitoreo y control, o la necesidad de restringir el comercio de productos que no cumplen con los estándares, sólo puede hacerse bien a través de una organización multilateral como la OMC. Además, un sistema normativo aceptado por la mayoría de los países puede proteger a las naciones y empresas más pequeñas de las prácticas abusivas de los países y conglomerados más grandes. El imperio de la ley siempre es mejor que la ley del más fuerte.

No obstante, quizá lo más importante sea no perder de vista que, pese a todos los recelos que suscita el comercio internacional, la economía de los países cuyas exportaciones están en expansión crece a un ritmo un 1,5% mayor que el de las economías de los países donde las exportaciones están estancadas. Y aunque sabemos que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para reducir la pobreza, también hemos aprendido que sin crecimiento económico los demás esfuerzos para ayudar a quienes menos tienen no consiguen un impacto duradero.

Este argumento debería bastarnos para animar a los negociadores gubernamentales a que sean tan exitosos concretando sus tratados de liberalización comercial como lo son quienes, con o sin tratados, siguen impulsando el comercio mundial a niveles sin precedentes.

El pañuelo no es la batalla

Por Francesc-Marc Álvaro (LA VANGUARDIA, 08/10/07):

Un poco por imitación de lo francés y un mucho porque es fácil simplificar las posiciones, el reciente caso de una escolar marroquí cubierta con el pañuelo o hiyab en un colegio de Girona ha provocado un debate muy confuso sobre varios aspectos relacionados con la inmigración, los derechos y los deberes. Intentando huir del exceso de prejuicios que todos llevamos a cuestas, he pensado en lo que muchos expertos en Europa llaman los básicos: los valores nucleares que informan la vida de nuestras sociedades y a los cuales no podemos renunciar, pues, en caso de hacerlo, retrocederíamos y lanzaríamos por la borda conquistas muy costosas que tratan de preservar y ensanchar la libertad y la dignidad humanas. A partir de esta premisa, me hago la pregunta: ¿la presencia en la escuela pública de niños con prendas o complementos de significado religioso y/ o cultural es una amenaza para nuestros básicos y, por tanto, para nuestra convivencia?

Antes de ensayar una respuesta, consideremos que el uso de ciertas prendas relacionadas con los creyentes musulmanes - como aprecian los eruditos en la materia- puede tener distintas lecturas, según los contextos y los casos. Así, mientras el niqab o la burka (que esconden el rostro de la mujer) impiden la comunicación normal y se relacionan directamente con el sometimiento de la mujer a unas normas integristas, el chador y el hiyab tienen una significación más abierta y ambigua, no siempre única o preferentemente de tipo religioso. Ello aconseja prudencia de juicio a nuestra sensibilidad occidental, deudora de un progreso irrenunciable que todavía guarda en la retina las imágenes de nuestras madres y abuelas, sometidas a los rigores del machismo legal y estructural en la Catalunya y la España de no hace tantas décadas.

Precisamente porque asumo que la clara separación entre Estado e iglesias es un bien que debe mantenerse y profundizarse para blindar la democracia de fundamentalismos locales y de importación, intuyo que convertir en gran batalla el asunto del pañuelo en la escuela - como hicieron en Francia- es un error que nos distrae de otros frentes donde sí nos jugamos de verdad los básicos de nuestra sociedad. Debemos ser geométricos, económicos e inteligentes, y eso implica plantear sólo las batallas estrictamente necesarias para que nuestro sistema de reglas y valores no sea vulnerado ni distorsionado por fenómenos y factores de regresión. El derecho a la educación y la igualdad entre hombres y mujeres están en el primer cajón de nuestros básicos, es lo que debemos tener presente en todo momento a la hora de analizar estas situaciones. Como recuerda acertadamente Agustí Colomines, director de Unescocat, una cosa es acudir a la escuela con el hiyab y otra muy distinta sería negarse a participar en la clase de gimnasia o rechazar a los profesores que fueran mujeres. La presencia de chicas con hiyab puede y debe gestionarse evitando que la diferencia derive en conflicto, mientras que los otros dos ejemplos citados constituyen en sí mismos un desafío abierto que debe cortarse de raíz, en beneficio de nuestras libertades y del futuro de los hijos de los inmigrantes.

¿Dónde ponemos la raya? El pañuelo de las mujeres musulmanas no puede ser el campo de batalla elegido. Aunque los movimientos radicales de reislamización en Europa utilicen también los símbolos de identidad cotidianos para fidelizar a los inmigrantes más desconcertados y vulnerables al desarraigo, ello no hace del pañuelo algo sospechoso, faltaría más. Aunque ciertos imanes llegados a nuestros barrios dicten a los maridos cómo deben comportarse las esposas y las hijas a la hora de vestirse y salir a la calle, no podemos interpretar lo más visible como expresión exacta y unívoca de un tipo de actitud familiar en una comunidad dada. El problema es el imán integrista que revienta los básicos de nuestra sociedad, no el pañuelo que pueda lucir una mujer.

Gilles Kepel, analista acreditado de los movimientos religiosos contemporáneos, sostiene que se libra en Europa una guerra o fitna por la evolución del islam, entre los promotores de una fusión dialogante con los valores de la modernidad y los partidarios de una vía fundamentalista que propugna una sociedad separada dentro de un Occidente que considera “territorio infiel”. La única vía para asegurar cohesión social e integración es prestar apoyo a un islam abierto que, en igualdad de trato con las demás confesiones, no niegue los básicos que nos definen como europeos de hoy. Las batallas improcedentes o mal escogidas, como podría ser la del pañuelo, sólo sirven para alimentar de manera fácil los discursos islamistas radicales, siempre prestos a etiquetar de islamofobia o de prosionismo cualquier crítica. En otro sentido, la magnificación de asuntos como el del pañuelo también engorda cierto populismo xenófobo local, capaz de mezclar explosivamente conflictos reales con polémicas artificiosas.

No nos sirve aquí ni el hiperlaicismo francés jacobino ni el multiculturalismo buenista e inoperante. Debemos encontrar nuestro camino. Partiendo de esta realidad, el legislador catalán y español debería asumir que, tarde o temprano, habrá que pensar con coraje ciertos aspectos que hoy dejamos a la inercia, a la suerte y a la buena voluntad de los agentes sociales. La inmigración y la convivencia se merecen un poco más de valentía institucional.

Hacia una solución política

Por el general José Enrique de Ayala (EL PAÍS, 07/10/07):

La comunidad internacional tiene un doble interés en Afganistán. Primero, evitar que los talibanes recuperen el poder y restablezcan un Estado islamista radical que sea de nuevo sede y apoyo para el terrorismo yihadista de Al Qaeda, con la consecuente amenaza para Occidente. Y segundo, ayudar a sus atormentados habitantes a reconstruir un Estado fuerte y democrático, con un nivel suficiente de seguridad, bienestar y libertad.

El orden no es casual. Es difícil determinar cuál de ambos objetivos es primordial, sobre todo porque la prioridad varía de país a país -e incluso dentro de cada uno de ellos- pero, en cualquier caso, están claramente interrelacionados, ya que si fracasa el segundo objetivo también lo hará el primero. Ésta es la razón política -además de las puramente éticas- por la que la reconstrucción y la ayuda al desarrollo deben prevalecer sobre las opciones militares.

Han pasado seis años desde el lanzamiento de la Operación Libertad Duradera y la constitución de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF). Aunque en ese tiempo ha habido ciertos progresos, la situación en Afganistán puede calificarse de mala, siendo generosos. El Gobierno de Karzai, minado por la corrupción y la ineficacia, está lejos de controlar un país en el que -además de los talibanes- numerosas milicias armadas campan a sus anchas bajo las órdenes directas de los señores de la guerra -muchos de ellos antiguos componentes de la Alianza del Norte-, que no respetan en absoluto la autoridad del Gobierno central.

Las previsiones del Acuerdo por Afganistán, alcanzado en la conferencia de Londres el 31 de enero de 2006 -que diseñó un calendario de reconstrucción y estabilización con el horizonte de 2010- no se están cumpliendo. Ni la policía ni el Ejército nacional afgano han alcanzado la mínima capacidad para controlar la situación.

Los esfuerzos de reconstrucción han tenido un impacto muy limitado en las provincias, especialmente en las infraestructuras. Los servicios esenciales -agua potable y electricidad- siguen sin llegar a la mayoría de la población fuera de Kabul y no se ha conseguido mejorar el nivel de vida de los afganos que subsisten en gran número gracias al cultivo de opio, el cual alcanzará este año, según la agencia de Naciones Unidas contra las drogas y el crimen organizado, el 93% de la producción mundial, con más de 8.000 toneladas. Un 34% más que el año pasado, con el que se financian los señores de la guerra, los talibanes y buena parte de los funcionarios gubernamentales.

La intervención en Afganistán no ha frenado la actividad terrorista de Al Qaeda, que sin este refugio ha sido capaz de promover atentados como los de Bali, Madrid y Londres, entre otros. La actividad de los talibanes en el territorio afgano, lejos de reducirse, ha ido en aumento, especialmente en las provincias de Helmand, Kandahar y Uruzgán; pero no sólo en ellas, como desgraciadamente sabemos. Los atentados con bomba y los ataques armados se han triplicado desde el año 2005. Las bajas de la coalición internacional han ido aumentando año tras año hasta alcanzar actualmente más de 750 entre la Operación Libertad Duradera (OEF) e ISAF. Y varios miles de afganos -el número varía mucho según las fuentes- han muerto por las armas desde 2001, entre ellos muchos civiles, incluidos niños. Cada vez un mayor número de estas bajas civiles están siendo producidas por las fuerzas internacionales, especialmente por el apoyo aéreo a los combates de las fuerzas de operaciones especiales de EE UU, lo que unido a la falta de mejora del nivel de vida está empujando a buena parte de la población afgana hacia un mayor rechazo del Gobierno de Karzai y de las fuerzas extranjeras y un mayor apoyo a los talibanes, que tienen cada vez más presencia y están extendiendo sus acciones por buena parte del país desde sus tradicionales feudos en las provincias del sur.

La comunidad internacional, que ha invertido hasta ahora 10 veces más en gasto militar que en reconstrucción y ayuda al desarrollo, tiene que plantearse seriamente qué hacer en Afganistán para tratar de revertir drásticamente la situación. Algunos abogan por aumentar la presión militar incrementando el número de tropas allí desplegadas, pero es más que dudoso que ésa sea una solución a largo plazo. Actualmente, la ISAF dispone de unos 35.000 efectivos, a los que habría que sumar los más de 7.000 de la OEF que se mantienen bajo mando de EE UU. En la década de los ochenta, la Unión Soviética llegó a tener más de 100.000 soldados en el país asiático sin conseguir dominarlo.

No es fácil determinar cuántos soldados harían falta realmente para conseguir un control efectivo del país, incluidas sus fronteras, pero baste decir que en Kosovo, con una superficie 60 veces más pequeña y una población 15 veces menor que Afganistán, la OTAN tuvo desplegados 50.000 efectivos en el periodo más critico. ¿Estarían dispuestos los países que tienen tropas en el país asiático a desplegar 300.000 o 400.000 soldados durante un periodo indeterminado de tiempo?

Si no es así, las opciones están claras: retirarse; mantenerse como hasta ahora, asistiendo a un deterioro progresivo de la situación sin perspectivas ciertas de lograr una real estabilización del país; o explorar las vías para buscar una solución más realista. En este momento, la retirada de las fuerzas multinacionales sería una catástrofe. Si se produjera, la guerra civil estallaría de nuevo inmediatamente con altas probabilidades de que el país quedara dividido o cayera por completo en manos de los talibanes, lo que no ayudaría precisamente a que los afganos decidieran libremente su futuro, además de suponer un fracaso de la OTAN -y en general de la comunidad internacional, incluida la ONU-, que daría alas al radicalismo islamista y al terrorismo internacional yihadista.

No obstante, la acción militar por sí misma no va a resolver el problema. Se puede contener a los talibanes durante cierto tiempo y minimizar los daños que causan, pero una victoria sobre ellos -en el sentido clásico de la palabra- es impensable a largo plazo, al menos mientras no se impermeabilice la frontera con Pakistán, algo prácticamente imposible si no se cuenta con una implicación absoluta de este país y muy difícil aun contando con ella. Por cada 100 combatientes que pierdan, habrá detrás otros 1.000 salidos de las madrazas (escuelas coránicas) paquistaníes dispuestos a sustituirlos. Y a medida que las acciones sean más violentas por ambas partes, y se produzcan más bajas civiles, menor apoyo tendrán Karzai y la presencia de fuerzas multinacionales entre la población.

Es necesario, por tanto, buscar una solución política realista -mientras se tiene el control militar de la situación- que permita diseñar un futuro estable para Afganistán. Esta solución sólo puede pasar por la revisión del Acuerdo por Afganistán alcanzado en la conferencia de Londres para conseguir un nuevo acuerdo político interno que integre a todas las fuerzas políticas en presencia, incluidos aquellos sectores de los talibanes que estén dispuestos a renunciar a la violencia a cambio de su participación en la dirección del país, en línea con las recientes iniciativas del presidente Karzai. La condición exigida por los talibanes, la retirada de las fuerzas multinacionales, es inaceptable, ya que cambiaría radicalmente la relación de fuerzas existentes en perjuicio del todavía débil Gobierno afgano y permitiría a los talibanes recuperar el poder.

Pero negociar con ellos, desde una posición de fuerza, un calendario de desarme e integración política, que sería seguido de una retirada progresiva de las fuerzas internacionales a medida que el acuerdo entrase en vigor y el escenario se fuera estabilizando, lejos de ser una muestra de debilidad lo sería probablemente de visión política y madurez, aunque será difícil conseguirlo.

No todos los talibanes son terroristas y su situación tampoco es fácil. El entorno del mulá Omar -que ya ha tenido responsabilidades de Gobierno- podría ser sensible a explorar un acuerdo. La integración de la mayoría de los talibanes, con el peso político relativo que democráticamente les corresponda y que no les permitiría imponer su radicalismo político y religioso al resto de la sociedad afgana, contribuiría a debilitar en gran medida a aquellos que continuaran con las actividades armadas y permitiría consolidar el Estado afgano con el objetivo de que deje de ser, de forma permanente, una amenaza para la seguridad internacional y pueda ofrecer a sus ciudadanos un futuro mejor. Por su parte, la comunidad internacional debería apoyar el proceso multiplicando sus esfuerzos en la reconstrucción civil y la ayuda al desarrollo porque una mejora sensible en el nivel de vida de los afganos hará más por la paz que varios miles de soldados.

Esta solución tampoco sería viable si no contase con el apoyo explícito y sincero de los países fronterizos con Afganistán, incluidos Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán -origen de minorías de distinta importancia en el país- pero sobre todo de Pakistán, que es sin duda el más importante, y de Irán, que podría jugar aquí -por su probada hostilidad hacia los talibanes- un papel estabilizador con el que empezaría a salir del ostracismo internacional al que está sometido. Si todos estos países alcanzaran un acuerdo y se comprometieran a garantizar la estabilidad del Estado afgano con el respaldo de la comunidad internacional, se abriría sin duda una puerta de esperanza para la solución definitiva del problema. No olvidemos que por razones culturales, históricas y religiosas, jamás un país occidental podrá tener una mínima parte de la influencia que sobre la sociedad afgana pueden tener las naciones de su entorno.

Lo único que puede hacer el compromiso militar de los países actualmente implicados en el teatro afgano es ganar tiempo. El mejor servicio que podemos prestar a Afganistán, y a nosotros mismos, es aprovechar ese tiempo para poner en marcha una solución política posible, teniendo en cuenta la realidad del país y de su región, que permita estabilizar la situación en grado suficiente antes de que su deterioro y la presión de la opinión pública en nuestros países nos obliguen a abandonarlo a su suerte en peores condiciones que las actuales.

Las seis preocupaciones de Hu Jintao

Por Xulio Ríos, director del Observatorio de la Política China (Casa Asia-IGADI) y autor de Mercado y control político en China, La Catarata, 2007 (EL PAÍS, 07/10/07):

Cuando poco falta ya para que se cumplan las tres primeras décadas del inicio de la política de reforma y apertura promovidas por Deng Xiaoping, la más estable en la historia contemporánea china, el Partido Comunista (PCCh) se dispone a afrontar un nuevo Congreso con una agenda repleta de no pocas tensiones.

La transformación sugerida por el abandono del maoísmo económico ha sido espectacular en muchos aspectos. En 2006, por ejemplo, el PIB de China sobrepasó los 21 billones de yuanes, suma que duplica la de 2002. Desde el año 2003 ha venido creciendo a un ritmo superior al 10%, más del doble del promedio mundial. No obstante esos indicadores, y muchos más de sobra conocidos, todos ellos ciertamente espectaculares, los desajustes generados por tan vertiginoso ascenso han derivado en una seria crisis de crecimiento que los dirigentes actuales pretenden resolver impulsando un nuevo modelo de desarrollo. ¿Será suficiente?

En la agenda actual de la reforma seis son las preocupaciones principales. En primer lugar, garantizar la estabilidad económica general, hoy en peligro por el aumento de la inflación, situada al nivel más alto desde 1997, y algunas sombras adicionales como el fuerte tirón inmobiliario, o la excesiva masa de capitales en circulación, entre otros. En segundo lugar, a dicho problema, coyuntural pero no por ello menor, se suman las dificultades para corregir las desigualdades sociales, especialmente entre el campo y la ciudad. En 2006, esa diferencia ha seguido aumentando, pese a las millonarias inversiones anunciadas en marzo del pasado año. En tercer lugar, los desequilibrios territoriales entre el conjunto de las regiones del oeste del país y la zona costera, que se reducen muy lentamente. En cuarto lugar, las tensiones ambientales, claramente obviadas en los últimos años y que han deparado efectos desastrosos y hábitos de consumo difícilmente sostenibles. En quinto lugar, la innovación tecnológica, esencial tanto para reducir la dependencia exterior como para dejar de ser considerado el taller del planeta. En último lugar, la estabilidad internacional y regional, cuando la influencia de China y su dependencia exterior van en aumento.

A diferencia de sus antecesores, el actual líder chino, Hu Jintao, ha situado estos problemas en el primer plano de la agenda política y ello le ha granjeado cierta simpatía popular, reforzada por su firme cruzada contra la corrupción. La suma de estas crisis, unida a la pérdida de credibilidad del Partido para afrontarlas, podría tener efectos desestabilizadores muy serios en la China actual. La “armonía” que propone Hu se fundamenta en la necesidad de reequilibrar el actual proceso con un impulso social que distribuya beneficios con el conjunto de la sociedad china, a cambio de que ésta brinde una nueva oportunidad al PCCh para seguir gestionando en exclusiva el proyecto de modernización del país.

Pero en lo político, las tensiones no son menores, especialmente en lo territorial, y no tanto en función del auge de las reivindicaciones nacionalistas (en Tíbet o en Xingjiang, particularmente) como por el reforzado poder de algunas provincias y regiones que en los últimos años han logrado erosionar una autoridad central que hoy carece del carisma y el poder de antaño. China puede mantener a raya, o en un nivel relativamente manejable, las reivindicaciones en materia de derechos humanos que formulan algunos sectores internos, pero no le resulta tan fácil cortar las alas a las nuevas estructuras territoriales de poder donde la alianza entre jerarcas locales y nuevos poderes económicos emergentes desafían su poder y directrices. Esa batalla, que se viene librando desde hace un par de años con inusitada meticulosidad y perseverancia, se salda, por el momento, con victorias parciales del poder central, simbolizadas con la reciente destitución del secretario del Partido en Shanghai, Chen Liangyu.

La capacidad del PCCh para afrontar al mismo tiempo tantos problemas deriva de la cohesión de su liderazgo, que hoy no parece en entredicho aunque puedan existir matices en los discursos, y la adhesión inquebrantable de su militancia, integrada por más de 70 millones de personas que se ocupan de ejercer todos los espacios de poder imaginables. No obstante, los cambios sociales originados por la reforma o la cada vez mayor presencia de empresarios privados en sus filas (cerca de un millón) han generado una gran confusión y desconcierto que se pretende corregir invocando modelos morales de comportamiento que encarnen las grandes virtudes confucianas y promoviendo nuevas campañas de reeducación ideológica.

El rumbo definitivo de la reforma china se decidirá en los próximos cinco o diez años. Más allá de recuperar la grandeza perdida, no existe unanimidad acerca de cuál debe ser el futuro. Nadie se cuestiona la actual política, pero sí existen diferentes perspectivas acerca de cuál debe ser el modelo final resultante. Mientras algunos sitúan el horizonte en una aproximación no sólo económica sino también política a los sistemas de pluralismo occidental (imitando la transición taiwanesa, por ejemplo), Hu parece apostar por el continuismo, afirmando una vía propia que garantice la preeminencia del Partido Comunista como actualización histórica de aquel viejo mandarinato que tiempo atrás fue capaz de situar a China en el centro del mundo.

Ello concede al XVII Congreso del PCCh una importancia singular, ya que nos indicará cuál es el nivel de control que Hu Jintao ejerce sobre las principales estructuras del país, y especialmente si se verá obligado o no a cohabitar de nuevo con su principal rival, el vicepresidente del Estado, Zen Qinghong, y también quién será el probable elegido para sustituirle en 2012 y asumir el liderazgo chino hasta 2022. Serán años decisivos y sus días están por escribir.

Un sistema opaco que rige a un quinto de la humanidad

Por Mario Esteban Rodríguez, profesor del Centro de Estudios de Asia Oriental (UAM) y responsable de Área Asia-Pacífico de la Fundación Alternativas (EL PAÍS, 07/10/07):

El próximo 15 de octubre comenzará en Pekín el XVII Congreso Nacional del Partido Comunista Chino (PCCh). Hablamos del partido que rige los designios de un quinto de la humanidad y de una gran potencia emergente, cuya voz resuena cada vez con más fuerza en el concierto internacional.

Dentro de un sistema político tan opaco como el chino, los congresos quinquenales son la oportunidad elegida por el PCCh para hacer pública la línea política a la que deberán ajustarse sus miembros en los próximos cinco años. Se trata de un importante acontecimiento puesto que brinda una oportunidad privilegiada para conocer las prioridades de las élites políticas chinas y la distribución de fuerzas entre sus diferentes facciones. Asimismo, los Congresos Nacionales del PCCh prestan la ocasión para los nombramientos de los altos cargos del partido. De ahí la gran expectación que genera este acontecimiento en todo el mundo.

El PCCh tiene en su seno muy diversas corrientes y todo apunta a que en su XVII Congreso Nacional Hu Jintao y la facción de la Liga de las Juventudes Comunistas se consolidarán definitivamente en el poder en detrimento de la facción de Shanghai, afín al antiguo secretario general del PCCh, Jiang Zemin. La renovación que se va a producir en la cúpula del partido permitirá que, por fin, Hu Jintao y Wen Jiabao apliquen su programa de gobierno sin el lastre de contar con varios protegidos de Jiang Zemin en el Comité Permanente del Politburó, el máximo órgano de poder del partido. Al igual que sus antecesores, Hu Jintao no es un demócrata, y el principal objetivo de su acción de gobierno es desarrollar China consolidando el monopolio del poder que ejerce el PCCh. Para ello se concentra en atajar las dos principales amenazas que se ciernen sobre la sostenibilidad del modelo de desarrollo chino: el deterioro medioambiental y la inestabilidad social. Para la denominación de estos dos problemas en China se han acuñado dos términos que presidirán este próximo congreso: el “desarrollo científico” y la “sociedad armoniosa”.

El primero promueve un modelo de desarrollo más conciliable con la protección del medio ambiente, que la inmensa mayoría de los chinos aplauden. El segundo pone el énfasis en una mayor cohesión social, frente a la obsesión de la anterior generación de liderazgo por el crecimiento macroeconómico. Hu Jintao y Wen Jiabao se encontraron con un país que si bien es la locomotora de la economía mundial, está plagado de desastres medioambientales (alberga 16 de las 20 ciudades más contaminadas del mundo y es uno de los 13 países con más escasez de agua) y ha padecido el mayor incremento en las desigualdades sociales de todo el planeta en los últimos 20 años (el Coeficiente Gini de China es equivalente al de Estados Unidos). La preocupación por mejorar la calidad de vida de la población con dificultades es especialmente bienvenida entre los sectores más desfavorecidos y debe cristalizar en el establecimiento de una red de protección social mínima, particularmente necesaria en las zonas rurales. Éste podría ser el principal legado de la cuarta generación de liderazgo para la posteridad.

Dicho énfasis en el “desarrollo científico” y “sociedad armoniosa” son buenas noticias no sólo para el grueso de la población china, también para quienes compartimos planeta con este gigante. El ritmo y la escala de la industrialización de China presentan retos de tal magnitud para el medio ambiente y la seguridad energética mundial que cuestionan nuestro propio modelo de desarrollo. China es el mayor emisor de CFCs, debido principalmente a sus emisiones de dióxido de carbono, con el consiguiente deterioro de la capa de ozono. Sus emisiones de dióxido de azufre llegan incluso a causar lluvia ácida en Europa. También, es el segundo importador mundial de madera tropical, un 40% de la cual procede de talas irregulares. Una China más ecológica es necesaria para todos, al igual que lo sería un Estados Unidos o una España más comprometidos con el medio ambiente.

La mejora de las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos de la sociedad China, también reducirían el dumping social que favorece a las empresas que producen en este país. De esta manera, se daría un paso hacia una competencia más justa del made in China en los mercados internacionales.

Mención aparte merece el tema de las reformas políticas tendentes a acabar con el sistema de Partido-Estado imperante en China. Existen voces tanto dentro como fuera del régimen que reclaman una progresiva democratización del país. Sin embargo, esta postura no es mayoritaria ni siquiera entre la incipiente sociedad civil, que está dispuesta a tolerar al partido mientras éste sea capaz de garantizar una mejora sostenida en sus condiciones de vida y la integridad territorial de China. Nos guste o no en Occidente, la población china está más preocupada por la satisfacción de sus derechos socioeconómicos que por el respeto de sus derechos políticos. De hecho, muchas de las simpatías que despiertan las democracias multipartidistas en China nacen de una perspectiva instrumentalista, al identificar este tipo de régimen político como el más eficiente, no desde una perspectiva ética, que reconoce a la democracia como el sistema político más deseable porque garantiza una serie de derechos humanos inalienables. En este contexto, lo más que se puede esperar a corto plazo es una reforma gradual del sistema judicial que refuerce las garantías jurídicas de la población y reduzca la aplicación de la pena de muerte.

Por último, tampoco se esperan cambios notables en la política exterior china tras el congreso. Lo más reseñable es un posible endurecimiento hacia Taiwan, motivado por la propuesta de referéndum de Chen Shui-bian y por la creciente deuda de Hu con el alto mando del Ejército Popular de Liberación, que le está apoyando en sus luchas de poder de cara al XVII Congreso. China parece seguir su propio curso y sus dirigentes actuales tampoco pasarán a la historia como los impulsores de la democracia en este país.

Los matices del azafrán

Por Aitor Esteban (EL CORREO DIGITAL, 07/10/07):

El color azafrán de las túnicas de los monjes budistas ha servido para poner nombre a la rebelión que se está produciendo estos días en Myanmar. La revolución azafrán, encabezada en su inicio por columnas interminables de monjes que recorrían las calles de Yangón, está ocupando portadas sobre un país habitualmente ignoto para los medios.

La mirada occidental se ha centrado en la lucha entre el Gobierno militar y la oposición política personificada en Aung San Suu Kyi, pero el azafrán tiene muchos matices. El conflicto étnico representa un obstáculo incluso más fundamental y difícil de tratar para la consecución de la paz y la democracia. De hecho, la justificación habitual que la Junta militar hace de su mandato es su necesaria determinación de mantener el país unido.

Es bien cierto que la coalición de partidos que lidera Aung San, la NLD, alcanzó en las elecciones de 1990 la abrumadora mayoría, pero no lo es menos que el segundo partido fue una coalición de grupos nacionalistas de las minorías, a pesar de que la posibilidad de votar en las zonas fronterizas estuviera sujeta a muchas restricciones. En efecto, desde la independencia del país y dado que un tercio de la población que ocupa aproximadamente la mitad del territorio está formado por minorías étnicas, la guerra civil ha sido constante desde hace más de 50 años. Hasta hoy ha provocado más de 200.000 refugiados en los Estados limítrofes.

La inestabilidad de Birmania como entidad independiente parte ya desde el inicio de su independencia. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, las etnias minoritarias apoyaron a los británicos mientras que las fuerzas nacionalistas birmanas se alinearon con el Ejército imperial japonés. Respetando su estructura política tradicional y sujetos directamente a la Corona se congraciaron con ellos como protectores frente a la mayoría birmana. Muchas de las etnias minoritarias se convirtieron al cristianismo. Las tropas Karen, Kachin, Shan, Chin, Wa y de otras minorías fueron fundamentales para frenar a los japoneses en su avance hacia India, que fue finalmente detenido en Kolima. Las atrocidades birmanas en las comunidades Karen del delta dejaron un enemistad profunda que continúa hoy. Cuando el Ejército británico se retiró concediendo la independencia tras la Segunda Guerra Mundial, muchas minorías creyeron que los ingleses les recompensarían con la independencia. Desgraciadamente, éstos tenían otras cosas en las que pensar. Para los Karen, como para los Nagas en India, la actitud británica fue lisa y llanamente una traición.

En un principio, el acuerdo de Panglong en 1947 entre representantes de diversas organizaciones políticas intentó crear una Birmania federal. La experiencia práctica del acuerdo una vez conseguida la independencia no fue satisfactoria y los movimientos guerrilleros comenzaron a actuar en las zonas de influencia de las minorías. Pero fue el golpe del 2 marzo 1962, del general Ne Win, el que eliminó cualquier tipo de autonomía, incluso para los Shan, primos hermanos de los tailandeses, que habían conseguido tener una influencia relativa en el Gobierno birmano. La guerra se recrudeció en toda su extensión a partir de esa fecha. El Tatmadaw, nombre del Ejercito birmano, adquirió una merecida fama de sanguinario con su política de los ‘cuatro cortes’, dejar a los insurgentes sin acceso a alimentos, recursos económicos, información ni civiles en los que apoyarse. Para ello no dudó en emplear su fuerza contra los civiles de etnias minoritarias provocando más de medio millón de desplazamientos internos en el país y más de 200.000 refugiados en Tailandia y otros países fronterizos. El Tatmadaw está acusado asimismo por las organizaciones internacionales de reclutar a niños soldado y utilizar como arma de combate las violaciones a mujeres.

A mediados de los años 90 y aplicando la táctica de la división, la SLORC, el Gobierno militar birmano, fue llegando a acuerdos con algunas guerrillas étnicas concediendo a sus organizaciones políticas, como en el caso de los Kachin y los Wa, un amplio territorio sobre el que éstas ejercerían su control como administración local. Se les otorgaban concesiones en la explotación de recursos mineros o forestales. Son los llamados ‘grupos del alto el fuego’. En el caso de pequeñas milicias, guerrillas escindidas de organizaciones mayores, el Tatmadaw las convirtió incluso en colaboradoras a cambio de algunas dádivas.

Así poco a poco la Junta Militar fue neutralizando resistencias. Con todo, hoy en día siguen combatiendo tres guerrillas: La más importante y de gran predicamento incluso entre los ‘grupos del alto el fuego’ por su fuerza y arraigo manteniendo una rebelión que ya dura 60 años, es la Unión Nacional Karen (KNU) con su brazo armado, el Ejército de Liberación Nacional Karen (KNLA). Los otros dos son el Karenni National Progresive Party (KNPP), que representa a los Karenni, emparentados con los ya citados Karen, y el Shan State Army-South, una de las muchas guerrillas Shan. Aun debilitados y reducidos a pequeñas parcelas de territorio como estos tres grupos están hoy, podrían en una situación de crisis convertirse en importantes máquinas militares que apoyaran la rebelión. Eso sin olvidar que las guerrillas que llegaron a un acuerdo, y no lo olvidemos, mantienen su estructura militar en modo alguno renunciaron a las reivindicaciones que tenían acerca de sus pueblos.

¿Qué hacen mientras tanto los países limítrofes para apoyar una vuelta a la democracia de Birmania? Podría esperarse algún gesto de solidaridad de parte de la mayor democracia del mundo, India. Sin embargo, el dato cierto es que este mismo año ha contribuido a la Junta birmana con ayuda militar, vendiendo armamento pesado y ofreciéndose a entrenar al Tatmadaw en tácticas de contrainsurgencia. India tiene sus propias guerrillas independentistas en su zona fronteriza con Myammar (Nagaland, Mizoram, Tripura) y quiere colaborar mano con mano con los militares birmanos. Por otra parte, el interés indio por competir como potencia en la zona con China hace el resto. A China, bien es sabido que no le importa que el gato sea negro o blanco (léase dictadura comunista, de derechas o sin ideología), sino que cace ratones. En esas circunstancias los militares birmanos se sienten fuertes. Porque además la realidad es que en el concierto internacional nadie, o casi nadie, se atreve a inquirir a muchos regímenes totalitarios sobre su política de derechos humanos.

Por eso tiene tanto valor el gesto de la canciller germana, Angela Merkel, al recibir al Dalai Lama a pesar de las presiones de China para que no lo hiciera. Pekín gusta de amenazar velada y explícitamente con restringir sus relaciones comerciales a aquellos países que osan hacer el mínimo gesto crítico con su política de derechos humanos, o mejor dicho, con su falta de política. No hay visita de alguna persona desafecta al régimen comunista que no se intente boicotear. Lo irritante de la postura China es que se permite el lujo de decirte qué es lo que puedes y no puedes hacer por muy soberano que tú te creas, que para eso son el mayor mercado del mundo. En eso los comunistas chinos del siglo XXI se han quedado en la época del imperio. Ni siquiera Rusia se atreve a tanto con Occidente, a pesar de su bravuconería en el caso checheno. Harán falta más dirigentes que crean en valores más allá del día a día de la política, como Angela Merkel, para que las palabras sobre la democracia y los derechos humanos sean poco más que una fachada para Occidente.

Europa ya no puede contar sólo con Estados Unidos

Por Pascal Bruckner, novelista y ensayista francés. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia (EL PAÍS, 06/10/07):

Era un acuerdo tácito: desde el principio de la guerra fría, Estados Unidos se encargó, a través de la OTAN, de la defensa de Europa y Occidente. Incluso cuando Francia y Gran Bretaña se dotaron de la bomba atómica, gracias a la prudencia de sus dirigentes, el Tío Sam era el que garantizaba la seguridad del Viejo Continente frente a la URSS. A nosotros nos tocaba disfrutar de las alegrías de la paz y la prosperidad, y a nuestros primos del otro lado del Atlántico les correspondía la carga del mantenimiento del orden y la histeria marcial. Una situación así -hay que decirlo- no era saludable. Fomentó entre los europeos lo que podríamos llamar el complejo del deudor: nadie ignora, al menos en Occidente, que, sin la ayuda de los aliados en 1917 y, sobre todo, en 1944, nuestro continente habría podido quedar borrado del mapa o haberse convertido en colonia del Reich, primero, y de las tropas soviéticas después. Hay generosidades que son afrentas: el plan Marshall y el Tratado del Atlántico Norte agravaron esa deuda.

Esta tutela era una señal de la inmadurez de la Comunidad Europea, incapaz de establecerse como sujeto político y asumir la carga de su defensa, por lo que se refugiaba bajo el paraguas militar estadounidense. Una buena parte del antiamericanismo se fraguó durante esos años, por esa dependencia malsana. Maldecíamos a un protector del que no intentábamos emanciparnos. Se pueden reprochar a Estados Unidos muchas cosas: su rapacidad, su vulgaridad, su culto al becerro de oro, todo menos nuestra apatía. Parece que preferimos quejarnos que actuar. Porque los vituperios “anti-imperialistas” tienen un elemento engañoso: que les interesa conservar el objeto de su abominación. Protestan para conservar, no para destruir. Esta crítica mecánica constituye una forma peculiar de renuncia: nos precipitamos a ella porque nos resignamos a la situación de hecho. Por eso tantos Estados europeos (la mayoría) no dejan de echar pestes contra el militarismo estadounidense pero no hacen nada para librarse de su influencia, como el hijo que se rebela contra los padres pero nunca se va de casa. Esa forma de aceptar la impotencia ya no puede seguir tolerándose. Y no puede por otro motivo aún más grave: porque nuestro protector yanqui tiene plomo en las alas; la hiperpotencia norteamericana se ha vuelto también vulnerable.

En junio de 2001, el columnista conservador Charles Krauthammer explicaba con gran hipocresía en The New York Times que ya no existía ningún rival que se opusiera al dominio de Estados Unidos en el mundo y que, en cuestiones de defensa y de ecología, Washington hacía bien en obrar a su antojo: Europa seguiría siendo siempre una enana política, Rusia, una potencia insignificante, y China, un Estado despreciable. Todos sabemos lo que sucedió meses más tarde. Seis años después del 11-S, no hay más remedio que hacer constar que Estados Unidos no está venciendo la guerra contra el terrorismo: los talibanes están recuperando terreno en Afganistán, el general Perwez Musharraf corre peligro de caer derrocado por una coalición de extremistas tribales y militares ganados para la causa integrista, Irak sigue siendo un caos y continúa habiendo atentados en todos los rincones del planeta sin que sea posible echar el guante a quienes participan en ellos.

¿Qué factor ha intervenido para que se haya debilitado aquel exceso de seguridad en sí mismo que caracterizaba al Estados Unidos de Bill Clinton? Un sentimiento que ya conocían los antiguos: la soberbia, el orgullo desmesurado que derriba los imperios más poderosos. Pensaba en ello hace poco, mientras veía una película en un cine de París: El ultimátum de Bourne, con Matt Damon en el papel protagonista.

Las historias de ficción, incluso las más mediocres, nos dicen más sobre el estado de ánimo de un país que los largos discursos; son la fotografía exacta de un momento concreto. Y esta película es el síntoma de una mentalidad dominante. Combina dos mitologías presentes en las cabezas pensantes del Imperio: la fe en la infalibilidad de la tecnología, capaz de verlo todo, oírlo todo, adivinarlo todo en cualquier momento del día y de la noche, en cualquier lugar del mundo, tanto si se trata de sorprender una conversación murmurada entre dos individuos como de leer la placa de matrícula de un vehículo o localizar un rostro en medio de la multitud, y el mito del superhombre que escapa a todos los determinismos corrientes, desafía las leyes del peso y la gravedad, vuela por el aire, no tiene necesidad de dormir ni de comer, escapa a las balas y a las armas blancas y sale casi indemne, con algunas gotas de sangre en la nariz, de las peleas más violentas.

Podemos apreciar las aventuras de Superman, Catwoman y otros héroes de cómic del otro lado del Atlántico. Sin embargo, resulta más inquietante que los círculos influyentes de Estados Unidos conciban la lucha contra el terror como si fuera un tebeo. Sabemos bien, por ejemplo, los estragos que ha causado en los servicios secretos el hecho de haber abandonado la información humana, la humilde recopilación de informaciones por medio de agentes profesionales o chivatos remunerados, para depender exclusivamente de la vigilancia electrónica, las pantallas, las cámaras, los micrófonos. Estados Unidos, con su gusto por los arsenales de última generación, recuerda a veces a los animales prehistóricos, imponentes y terroríficos pero impedidos por su extrema complejidad.

El vértigo del éxito fácil es mal consejero, si contribuye a reforzar en un Estado la certeza de que es invencible. Así fue como, en la segunda guerra del Golfo, el sueño insensato de modificar por las armas el rostro de Oriente Próximo se hizo añicos frente a los acontecimientos. Ante todo ello, los neoconservadores, principales instigadores de este conflicto, han permanecido como unos bolcheviques pasados a la derecha, que han mantenido de su vieja familia política, el trotskismo, el mismo voluntarismo prometeico, la misma desenvoltura ante la realidad.

Hay que añadir que a estos señores no se les ha oído una palabra de autocrítica ni una sombra de duda: no se equivocan nunca, como los bolcheviques, y son los otros los que no se han atrevido a ir hasta el final y se han dejado influir por consideraciones morales o diplomáticas. Su intención de imponer la democracia en Mesopotamia por la fuerza de las bayonetas -una intención que puede considerarse loable y demencial a la vez- se ha topado, como siempre, con la complejidad de todo lo humano. “Un neoconservador”, dice Irving Kristol, “es un hombre de izquierdas que se ha visto agredido por la realidad”. Hay que creer que la agresión fue benigna, porque el que más ha salido perdiendo en este asunto ha sido el principio de realidad. El hundimiento iraquí y los sinsabores afganos prueban que Estados Unidos ya no tiene los medios para ser un imperio, ni siquiera un imperio benévolo.

La verdad es que, más que el liderazgo estadounidense, lo que resulta inquietante es su discrecionalidad, el sentimiento de que este policía de eclipses, este “sheriff intermitente” (Richardt Haas), ya no está a la altura de la misión que él mismo se ha asignado. El Pentágono tiene que afrontar la falta de soldados y está ya al límite de su capacidad, porque tiene que actuar en varios teatros de operaciones y ver cómo un puñado de “desharrapados” bien armados y terriblemente eficaces le mantiene a raya, tanto en el triángulo suní como en las montañas del este de Afganistán.

En otras palabras, la notoria incompetencia de los servicios secretos estadounidenses, sobre todo en la prevención de los atentados del 11 de septiembre, y los escasos resultados obtenidos por su ejército, a pesar de sus formidables medios y de una potencia de fuego sin igual, deben ser motivo suficiente para que, con toda urgencia nos responsabilicemos de nuestra propia seguridad. En la lucha contra el terrorismo, nadie tiene derecho a ser tonto. Cada decisión implica una estrategia a largo plazo cuyas consecuencias son visibles muchos años después. Y los riesgos de equivocación se multiplican cuando dichas decisiones son monopolio de un solo equipo, un solo gobierno encerrado en sus fantasías y su torre de marfil.

Estados Unidos seguirá siendo nuestro aliado, pero ya no puede ser nuestro protector. Es probablemente este análisis el que ha hecho que Francia, en las últimas semanas, se haya planteado reintegrarse en la OTAN, organización que dejó, a instancias del general De Gaulle, en marzo de 1966. Evitemos un contrasentido: la paradoja de ese acercamiento con la Alianza Atlántica es que el objetivo sería no alinearnos sino emanciparnos de su dominio. En efecto, ese posible regreso está supeditado a dos condiciones esenciales, una transformación profunda de la OTAN y unos avances sustanciales hacia la Europa de la defensa, que incluyan autonomía de decisión para los países del Viejo Continente. Sean cuales sean las medidas que se tomen en los próximos meses, hay una cosa muy clara: la razón nos ordena que seamos proeuropeos sin ser antiamericanos.

Ha llegado el momento de aliviar a nuestro hermano mayor anglosajón de las pesadas tareas que le agobian. Ante los peligros que se avecinan -una Rusia autocrática, un Irán nuclear y mesiánico, una China imperialista-, Europa debe coordinar su capacidad estratégica y dotarse de un polo de poder militar capaz de compensar las insuficiencias de Estados Unidos, cada vez más patentes. Es un error pensar que es posible alcanzar la paz sólo mediante el diálogo y la buena voluntad. Para ser creíble es preciso inspirar miedo. Para inspirar miedo, hay que ser capaz de infligir a un posible agresor daños irreparables.

Si pudiéramos convencer a nuestros conciudadanos de que ha llegado la hora de que el Viejo Continente asuma su responsabilidad y cree un ejército fuerte, capaz de garantizar su defensa sin pedir ayuda a un padrino lejano, ésa sería, sin ninguna duda, una auténtica revolución cultural.

El circo de las Naciones Unidas

Por Inocencio Arias, diplomático (EL PERIÓDICO, 06/10/07):

En las novelas decimonónicas, hay muchos personajes que acuden a la ópera para ver y ser vistos. Que la pieza del escenario sea de Verdi, Wagner o Puccini les deja indiferentes. El interés principal de su desplazamiento no es degustar la música.

Un escéptico pensaría que en la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas ocurre algo parecido. No pocos dirigentes acuden para pronunciar un discurso para su galería o para ver a una serie de colegas. La concentración de estadistas en la sede de la ONU en esa semana es impresionante, pero no aparentan estar demasiado concentrados en los problemas urgentes del mundo, pese a que la búsqueda de soluciones para ellos es el motivo por el que se creó la organización.

El show en que se convierten las Naciones Unidas tiene cada año una estrella que barre mediáticamente. Nikita Kruschev fue en una sesión el artista indiscutible, con los zapatazos en su bancada y el barrigazo a nuestro embajador Jaime de Piniés, en los sesenta. Fidel Castro dio titulares fustigando a Estados Unidos y alanceando a los dos candidatos presidenciales del momento, John F. Kennedy (”es un millonario ignorante y analfabeto”) y Richard Nixon (”le falta seso político”). George Bush acaparó la atención en el 2002 al anunciar, sin tapujos, que o la ONU metía en cintura a Sadam Husein o su país intervendría.

LOS ORADORES pueden tener tres objetivos: a) Explicar su posición sobre la problemática internacional. El más razonable. b) Hacer política interior alimentando a su opinión pública con mensajes atractivos (con frecuencia no lo son), y c) Tener eco en los medios de información estadounidenses y otros. Método garantizado para lograr lo último es atacar a Washington. Lo consiguió el año pasado Hugo Chávez cuando dijo que el podio aún olía a azufre por el paso del demonio Bush. Gracieta noticiosa, pero que le pasó una pesada factura política: al poco, Venezuela cayó en la elección para el Consejo de Seguridad, algo que no debería haber perdido. Aclaremos que Estados Unidos no puede oponerse a que vengan a zarandearlo en su propia casa porque el Acuerdo de Sede de 1946 con la ONU le obliga a conceder visados para los dirigentes políticos.

La vedet de este año ha sido el iraní Mahmud Ahmadineyad. Calentó el ambiente acudiendo con coraje la víspera a programas televisivos y a la Universidad de Columbia. (Al calor del cónclave onusiano, bastantes instituciones organizan eventos. Bill Clinton, por ejemplo, viene montando un foro sobre la pobreza al que asisten políticos –Recep Tayyip Erdogan, Tony Blair–, magnates –Rupert Murdoch–, premios Nobel… y en el que las personalidades hispanas escasean). En Columbia, Ahmadineyad, en un ambiente hostil y ante 200 periodistas, después de lanzar verdades sobre el sufrimiento palestino, esquivó pronunciarse sobre el derecho de Israel a existir, mostró dudas sobre la existencia del Holocausto y soltó la ya inmortal afirmación de que no hay homosexuales en Irán. En la ONU se mostró desafiante. Decretó, por sí y ante sí, que no va a acatar las resoluciones del Consejo de Seguridad porque son imposiciones de “potencias arrogantes”. Ignoró que el Consejo no es una sucursal de Estados Unidos: estos no lo controlan, es la ONU quien ordena que pare su programa nuclear.

CONSIGUIÓ, con todo, dos objetivos. Impacto mediático y, probablemente, ante la animosidad ambiental, la solidaridad de bastantes de sus compatriotas. En contraste con un superstar, coyuntural pero llamativo por su carácter provocativo, otros europeos –como los representantes italiano y sueco, José Luis Rodríguez Zapatero, etcétera– son escasamente notados. Nicolas Sarkozy, en cambio, sí lo fue: está en el Consejo y tiene pegada informativa.

¿Qué hubo sobre los temas de fondo? Discursos. Algo que, según resumen los críticos de la ONU, a menudo injustamente, no es más que una caja de charletas inoperantes y bastante división. Dos ejemplos iluminadores: Irán. Cuando hasta el ministro de Exteriores francés, un socialista, ha deslizado que la guerra es una opción, tal vez no deseable, pero opción al fin y al cabo, Ahmadineyad decide, sin admitir que parará su programa nuclear, que es un “tema cerrado” y el Consejo –¿cómo no?– se escinde. Rusia y China piden más tiempo. Estados Unidos, Gran Bretaña y –novedad– Francia, con un Sarkozy que considera “insoportable que Irán tenga la bomba”, dicen que ya se ha tenido bastante paciencia con Teherán.

BIRMANIA. El régimen militar birmano, al que la ONU denuncia por violar los derechos humanos –no hay que olvidar que la principal opositora política a la junta y premio Nobel de la Paz ha pasado 12 años en la cárcel– reprime a la población que protesta por el endurecimiento de sus condiciones de vida con violencia. Resultado, el Consejo de Seguridad, tímidamente, le pide “contención”. Rusia y China se oponen a hacer llegar a la junta militar algo más co- activo. La indignación por los abusos birmanos es generalizada, pero la ONU es lo que es. Cuentan los egoísmos de las potencias. Como dice el estudioso Brian Urquart, “las diferencias y los intereses nacionales priman sobre la responsabilidad internacional”.

Mentiras y mentirosos

Por Felipe González, ex presidente del Gobierno español (EL PAÍS, 05/10/07):

Rectificar es de sabios. Hacerlo a medias cuando las evidencias son tan abrumadoras es quedarse atrapados en la mentira. Para colmo, en política, la verdad es lo que los ciudadanos perciben como verdad, no lo que los políticos tratan de que parezca verdad.

Eso es lo que ha ocurrido con la declaración de Rajoy en torno a la ilegalidad de la guerra de Irak tras conocerse las conversaciones de Aznar y Bush en el famoso rancho tejano. Esa guerra que nos oprime con su actualidad trágica e inacabable.

Pero confunde todo pretendiendo que ésa es la única diferencia con Afganistán. La diferencia, no es sólo la que media entre una guerra ilegal y otra legal, con ser mucha por esa sola razón. En Irak no había vínculos con el terrorismo internacional que se debía combatir, ni armas de destrucción masiva. En Afganistán, el propio Estado talibán estaba involucrado con Al Qaeda en la amenaza del terrorismo internacional. La única duda era si dependían más los gobernantes de Al Qaeda que lo contrario. Era un Estado ligado al terrorismo y la ONU respaldó por ello la intervención militar. Nada que ver con Irak, a pesar del carácter sangriento de la dictadura de Sadam. ¡Otra sería la suerte de Afganistán si no hubiera existido la aventura iraquí!

Era tan claro que la guerra unilateral estaba decidida que a pocos sorprenden las conversaciones rancheras, salvo por su crudeza y por las mentiras a la opinión pública que la acompañaron. Era claro meses antes que el objetivo era Irak, y Afganistán una estación intermedia.

Por eso, los que no teníamos la estúpida tentación de cambiar 200 años de historia para caer en una nueva dependencia, apoyamos la decisión de la ONU sobre Afganistán y la del Gobierno de Aznar de enviar tropas, a pesar del riesgo y de la distancia con nuestras prioridades.

Igual de clara era la oposición a la decisión de declarar la guerra a Irak de forma ilegal, injustificada y llena de mentiras. Así lo vio la oposición y toda la opinión pública, menos los visionarios que pretenden cambiar la historia sacando pecho de lata imperial… ¡y sus acólitos!

La política exterior que se pretendía cambiar era la posfranquista al socaire de los 200 años. La política hecha a base de esfuerzos por rescatar nuestra autonomía y por consolidar un consenso básico que nos hiciera fuertes en la dimensión de nuestras posibilidades. Sin exageraciones de monaguillos pegados a la cola de los oficiantes para aparecer en la foto. La política que nos permitía hacer un papel respetable en la construcción de una Europa unida, tras vencer las resistencias a la entrada. La que nos podía unir con los países hermanos de América Latina y nos permitiría impulsar una política mediterránea seria, respetuosa de nuestros vecinos. La política que nos permitiría reequilibrar la relación con Estados Unidos, rescatándola de la vergonzosa entrega de soberanía a cambio de mendigar reconocimiento que había hecho el franquismo.

Por eso no es lo mismo, Sr. Rajoy, que estemos en Afganistán, con todos los riesgos que implicaba cuando ustedes lo decidieron, y que sigue implicando hoy como dolorosamente comprobamos estos días, que meterse en la guerra de Irak. Si lo piensa serenamente y cae en la cuenta de que con la tercera parte del compromiso de fuerza involucrado en Irak se habría estabilizado Afganistán y el mundo en que vivimos sería diferente y seguramente mejor en materia de paz y seguridad.

Pero como no ha parecido bastante, ahora vemos cómo se calientan los motores para incrementar la aventura de la guerra sin fin -la derivada de la justicia infinita- incluyendo a Irán. Me preocupa, como a todos, la proliferación de armas nucleares y hay que trabajar para que haya menos, no más. Pero es un ejercicio de cinismo que griten más los que más tienen, sin ofrecer planes siquiera sea de reducción o que lo hagan contra unos a los que se les supone la intención de fabricar armas, como Irán, mientras se mira para otro lado o se coopera con otros que las desarrollan rompiendo el Tratado de No Proliferación. Tanto cinismo no puede dar resultado.

Nuestro país, como Europa, ha perdido relevancia relativa desde la caída del muro. Pero en lugar de reforzar un papel europeo unido, como aliados confiables pero con autonomía creciente en el proceso de toma de decisiones, seguimos empeñados en fracturar más y más la realidad de la Unión, desde aquella estúpida aventura que nos dividió entre vieja y nueva Europa por la guerra iraquí.

¿Qué teníamos que ofrecer en ese disparate al que fue tan contento el Gobierno del Sr. Aznar? Que dividiríamos a los europeos, que convenceríamos a nuestros amigos latinoamericanos para que se plegaran a intereses que no eran los suyos y poco más. Lo contrario justo de lo que podían esperar de nosotros los socios europeos que nos habían visto incorporarnos a la Unión y trabajar para que ésta se consolidara con una política exterior propia y acorde con sus intereses. Lo contrario de lo que esperaban los países de habla hispana presentes en el Consejo de Seguridad de una España democrática y solidaria con ellos para reforzar sus autonomías en defensa de sus intereses frente a la capacidad indudable de condicionamiento de Estados Unidos.

Cuando dejé el Gobierno, nuestro papel en Europa estaba consolidado y era respetado. Nuestra relación con el Magreb y el Mediterráneo era equilibrada y basada en la solidaridad y la defensa de nuestros intereses. Con el área hispana de América y con Brasil se había producido una nueva fase, radicalmente distinta a la de la época de las dictaduras. Con Estados Unidos se había negociado con gran esfuerzo y dificultad un nuevo convenio que nos permitía recuperar soberanía sin poner en cuestión una relación que era de confianza. Y así, sucesivamente.

¡Era esto lo que querían cambiar! ¿Y para cambiar esto acabaron con el consenso laboriosamente trabajado? No será por los resultados. Rectifiquen de verdad y busquemos de nuevo un consenso que nos permita dar fortaleza y previsibilidad futura a nuestra política exterior. Porque el cambio copernicano que se creían nos retrotraía a las dependencias que se generaron en la dictadura y nos sacaba de nuestro papel como país democrático, europeo, mediterráneo e hispano.

Problemas principales y problemas accesorios

Por Manuel Jiménez de Parga, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (ABC, 05/10/07):

En las democracias contemporáneas hay unos problemas principales, relativos a la esencia del sistema, y unos problemas accesorios, que dependen de la respuesta que se dé a aquéllos. En España tenemos también esas dos clases de problemas.

No estamos habituados a unos debates políticos en los que se distingan claramente las cuestiones esenciales de las secundarias. La mezcla de lo que es principal y de lo que es accesorio se convierte en un obstáculo para mejorar el régimen democrático. La desilusión de los ciudadanos se extiende peligrosamente.

Un problema principal en la presente democracia española lo constituye la forma de elegir a quienes han de representarnos y de gobernarnos. La ley electoral es mala, si por tal se entiende la que desfigura la voluntad popular. Tenemos que reformar las normas que se vienen aplicando desde los días de la Transición. Se afirmó oficialmente entonces que el sistema proporcional configurado por el Real Decreto-Ley de 18 de marzo de 1977 era una solución provisional, sólo aplicable a los comicios del 15-J, pero la ley de 1985 convirtió aquello provisional en permanente, con vocación de definitivo.

Ninguno de los partidos con posibilidades de llevar a cabo la reforma electoral se ha atrevido a acometer esa tarea. Y he aquí precisamente el asunto principal del que dimanan, con relación de causa efecto, otros problemas agobiantes, entre ellos la organización territorial de España.

Con una ley electoral que colocase a cada grupo en el lugar que democráticamente le corresponde, los disparates de los partidos separatistas, y de sus aliados, no nos preocuparían. El vigente sistema electoral potencia desmesuradamente a unas minorías. Cuando ninguno de los partidos de dimensiones nacionales consigue la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados se ve obligado a buscar el apoyo de quienes sólo representan a un porcentaje pequeño de españoles, tal vez el 10 por ciento. El mapa político se desfigura con unas zonas que poseen, o pueden poseer, más poder real que el resto del país.

Problemas inquietantes, como son el uso de las lenguas o la orientación de la enseñanza, dependen de los resultados de la mala ley electoral. Quedamos asombrados ante el espectáculo de un partido que se esfuerza en oponerse a quienes están ventajosamente enfrente (imponiendo la utilización de una lengua, arriando en los edificios públicos la bandera española, tergiversando la historia, dificultando la aceptación de una letra para cantar el himno nacional…); es una batalla que desaparecería con otra ley electoral. Las cuestiones que van a incluirse en los programas para los comicios de marzo -según se rumorea- serían cuestiones accesorias. La principal, en primera línea, debería ser la reforma electoral.

Y no hay que inventar mucho en este campo político. Basta con saber lo que sucede en otras democracias y valorar los efectos producidos por las diferentes legislaciones electorales.

Está suficientemente probado, por ejemplo, el buen fruto de la doble vuelta en elecciones francesas. Con esta receta se ha eliminado a los extremistas de la derecha y de la izquierda. Pero no es ese el problema principal de la democracia española.

Las listas abiertas en un sistema de representación proporcional suscitan la adhesión de algunos ciudadanos, confiados en el buen sentido de los electores para eliminar a candidatos poco recomendables. Sin embargo, la experiencia adquirida con la implantación de listas abiertas nos lleva a la conclusión de que son muy pocos los votantes que alteran las nóminas que les presentan los partidos y que, en cambio, se desata con frecuencia una lucha fratricida entre los aspirantes de una misma lista, registrándose casos de corrupción interna.

La Constitución Española establece que la elección de los diputados se verificará atendiendo a criterios de representación proporcional. Por tanto, queda por ahora fuera de consideración el sistema mayoritario, en distritos unipersonales, tan consolidado en Gran Bretaña.

Con este condicionante constitucional (y sin necesidad de modificar el texto de 1978) puede reflexionarse sobre la fórmula alemana de los dos votos, a mi entender la más conveniente en las presentes circunstancias españolas.

Con una de las dos papeletas el votante se pronuncia a favor de los candidatos presentados en su provincia, que seguiría siendo considerada la circunscripción electoral (art. 68.2 C.E.). Esta elección será personalizada, como sucede en Gran Bretaña, es decir que los votantes conocen, o pueden conocer, las virtudes y los defectos de los aspirantes, dada la proximidad territorial entre los que eligen y los que son elegidos. Se convierten los triunfadores singularmente en «mi diputado», un ser de carne y hueso.

Con la otra papeleta se otorga el apoyo a una lista elaborada por los partidos. En la representación personalizada la iniciativa corresponde a los aspirantes; para el segundo voto, en cambio, adquiere protagonismo el partido, que debe garantizar la visión nacional del panorama político. La mitad de los elegidos son diputados de un concreto distrito y la otra mitad son los diputados de un determinado partido.

Otro requisito a tener en cuenta es el porcentaje, a escala nacional, que debe exigirse a las listas para poder participar en el reparto de los escaños. En el parlamentarismo bicameral, formado por un Congreso y un Senado, la posible marginación en el reparto de los diputados de ciertos partidos de los nacionalismos periféricos quedaría compensada con su presencia en la Cámara Alta, así como en las Asambleas de las Comunidades Autónomas.

En suma, el problema principal, a mi juicio, es la reforma de la ley electoral. Si se acertara en la solución dada a este asunto básico, las demás cuestiones -importantes, pero accesorias- se resolverían con relativa facilidad. Algunos comentaristas políticos de la presente situación española sugieren que primero debe ser el cambio del texto constitucional. ¡Ojalá eso fuese posible con las fuerzas políticas que hoy ocupan el Parlamento!

Hay que esperar lo que proponen para las próximas elecciones los grandes partidos. Tal vez se hable mucho de lo accesorio, o sea de lo que depende de la ley electoral, pero sin abogar en serio por una sustitución de la que está en vigor. Y si así fuera, continuaríamos igual, con una creciente abstención de los ciudadanos.

¿Y si mi hijo se droga?

Por Begoña Del Pueyo, responsable del espacio Padres sin complejos en el programa Protagonistas de Punto Radio (EL PERIÓDICO, 05/10/07):

Este es el angustioso interrogante que la mayoría de los padres de adolescentes se plantean a la vista de cifras de consumo que, pese a haber descendido, continúan siendo preocupantes tal como se nos presentan. Las advertencias que alimentan el miedo actúan al final como profecía que se cumple, y así lo perciben muchas veces los jóvenes, que no se ven reflejados en la imagen que la sociedad proyecta de ellos. Frente al 20% de jóvenes entre 14 y 18 años, que se fumaron un porro en los 30 días anteriores a la encuesta presentada por el Ministro de Sanidad, un 80% no lo hicieron. Un 97,7% de los adolescentes nunca se ha hecho una raya y más del 50% no se emborracha.

Es importante tener en cuenta estos porcentajes, porque de otro modo cometemos el error de normalizar precisamente las actitudes que tratamos de corregir y de hacer que se sientan raros los que no hacen lo que se percibe como habitual para la mayoría de la sociedad, aunque se esté censurando. Una encuesta realizada en institutos resultó muy esclarecedora: un número significativo de los adolescentes consultados confesaron que consumían sustancias cebo que se incluyeron en el test a pesar de no existir. Ellos no querían ser menos que sus compañeros, una reacción normal en esa edad en la que la pertenencia al grupo está tan acentuada.

El otro efecto demoledor de las estadísticas provoca en los padres la impotencia de no saber enfrentarse a un problema que algunos consideran insuperable. Precisamente en un estudio realizado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, un 43% de los padres de niños todavía pequeños confesó no querer que crezcan, ante su incapacidad para ofrecerles argumentos que impidan el consumo de drogas. Un miedo que se traduce en dejación de responsabilidades, que se proyectan sobre la escuela, la Administración, la policía o el psicólogo, al que se acude con mucha más asiduidad en los últimos tiempos de lo que a los propios profesionales les gustaría.

Por eso conviene recordar que de la gran mayoría de los jóvenes que incurren en un consumo experimental de sustancias, de esos que prueban durante los fines de semana, no más de un 10%-15% acaban desarrollando una adicción que requiere tratamiento. Evitar el consumo problemático depende de los factores de protección, y en eso los padres tienen muchos más recursos a su alcance de los que imaginan.

EL PSICÓLOGO Jaume Funes no se cansa de explicar que los hijos ya saben que sus padres no son Supermán, que no esperan de ellos actitudes heroicas, que saben que se pueden equivocar y que a veces, aunque quieran, no pueden ayudarlos. Lo que quieren y necesitan es sentirse queridos. Eso pasa por acabar con la tacañería emocional, por reconocerles lo que hacen bien, al menos con la misma intensidad que les reprochamos cuando se portan mal, pero también por no disculparse a la hora de prohibir lo que resulta inaceptable.

Frente a esa visión negativa de lo que representa la juventud, en Holanda ha sido todo un revulsivo un interesante estudio editado por la consultora de márketing juvenil Keesie (las conclusiones se están adaptando a la realidad española). Denominan Generación Einstein a los jóvenes del siglo XXI: más listos, más rápidos y más sociables que las generaciones precedentes. Jóvenes individualistas que, sin embargo, priman por encima de todo la familia, la protección, la seguridad y la confianza que encuentran en ella.

El anhelo universal de los hijos es la dedicación, pero no necesariamente se mide en las horas que los adalides de la conciliación de la vida familiar y laboral reprochan a las madres que trabajan, sino en la calidad de la escucha; en ponerse en su lugar; en observarles, porque a esa edad con la cara pagan, y se pueden sacar más conclusiones del lenguaje gestual, de sus silencios, que de sus confesiones. Pasa también por dejarse de prejuicios y reconocer que de los hijos también se pueden aprender nuevas maneras de entender la vida.

MUCHA preocupación no necesariamente conduce a una mayor coherencia, como sucede con esa sociedad que censura el botellón, pero que en las salidas familiares con los más pequeños, la cita del fin de semana se centra en el aperitivo, con el bar como referente de ocio, o cuando en las reuniones familiares y con amigos se empeñan en rellenar una y otra vez el vaso del invitado, a pesar de sus quejas, que muestran ante sus hijos que beber, más que en una costumbre, se convierte en un deber social. Padres y madres que pertenecen a ese millón y medio de españoles que se subirían por las paredes si ven a su hijo fumando un porro o tomando una pastilla, pero que engrosan las cifras de los consumidores que abusan de los ansiolíticos y antidepresivos sin prescripción médica.

Lo importante en realidad no es la sustancia, sino el uso que se haga de ella, descubrir qué expectativa no cubierta está rellenando. Vacunar a los hijos contra las drogas no pasa necesariamente por hablarles de hongos, de porros o de rayas, sobre los que los padres no deben tener complejo de desconocer. El papel paterno está más en aplicar las tres erres: responsabilidad, reglas y respeto.

Por la diversidad cultural

Por Abdennur Prado, presidente de la Junta Islámica Catalana (EL PAÍS, 04/10/07):

Las declaraciones de los representantes del PP y de Convergència i Unió ponen de manifiesto cómo ambos partidos mantienen posiciones sobre (o más bien contra) la diversidad cultural que entran en conflicto con la legalidad vigente.

Duran Lleida (CiU) dice que “no pueden cerrarse los ojos ante los problemas que conlleva la inmigración”, y llamó al Gobierno a actuar para que la “cultura propia no pierda sus valores”. Con esas declaraciones, pone una vez más en evidencia las dificultades de su partido para aceptar que el pluralismo religioso no es algo que derive de la inmigración, sino de la Constitución española y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Shamia no es una inmigrante, sino una ciudadana española, tan catalana como el propio Duran. Asociar islam e inmigración es característico de aquellos sectores que piensan en nuestro país desde una óptica confesional, negando el hecho de que existen miles de ciudadanos españoles de confesión musulmana, y que no existe una cultura única en la que todos debamos uniformizarnos, sino diversidad de costumbres y de opciones vitales conviviendo en un mismo espacio.

Por su parte, Daniel Sirera (PP) rechaza el derecho de Shamia a llevar velo en la escuela apelando al respeto a “las tradiciones y la cultura propias”. “Hay unas normas de convivencia” que se tienen que cumplir “por igual para todos”, dice. Por supuesto que existen normas colectivas, pero desde el punto de vista del Estado de derecho esas normas vienen marcadas por la legalidad, que ampara el derecho a la diversidad cultural. Quien se sitúa fuera de la legalidad con su opinión es el señor Sirera.

Como ciudadano musulmán me honro en afirmar que no comparto la concepción de la “unidad cultural de Cataluña” expresada en las palabras de los señores Sirera y Duran. La cultura que defiendo es la de la libertad de conciencia y los derechos humanos, incluidos los derechos a la propia imagen, a la diversidad cultural y al pluralismo religioso. Apelar a una hipotética cultura dominante para coaccionar a las minorías constituye una reminiscencia de una época donde la identidad de una nación se forjaba en torno a conceptos como la raza, la religión o la cultura dominante.

Quiero invitar desde aquí a nuestros políticos a releer la ‘Carta Universal de los Derechos del Hombre’, sobre todo el artículo 18. Les invito a leer la Declaración universal de la Unesco sobre la diversidad cultural, cuyo artículo 5 dice: “Toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respete plenamente su identidad cultural”.

Les invito a respetar la legalidad vigente y los derechos civiles de los ciudadanos, con independencia de su religión, sexo o procedencia, a no estigmatizar a ningún colectivo, a abandonar su sectarismo, su prepotencia para con las minorías. Pero por encima de todo, les invito a respetar a las personas, incluida la pequeña Shamia.

Siempre el patriarcado

Por Margarita Pintos, teóloga y presidenta de la Asociación para el Diálogo Interreligioso (EL PAÍS, 04/10/07):

Casi siempre que aparece una noticia sobre mujeres musulmanas suele ir vinculada al uso del velo, e inmediatamente se le relaciona con la dependencia y la inferioridad de la mujer en el islam. Las mujeres musulmanas son para las sociedades occidentales un icono cultural vinculado al islam, pero casi nunca fuente de información sobre acontecimientos transformadores en la sociedad. ¡Y son muchas las mujeres de tradición islámica comprometidas en la lucha por otro mundo posible liberado de todas las opresiones, incluida la patriarcal!

El caso de Shaima revela que es el patriarcado social, a través de su abuela y de su madre, el que está imponiendo a la niña una manera de vestir. Quieren seguir practicando una manera de vestir que consideran fundamental para forjar la identidad de una buena musulmana desde pequeña. A nosotras, occidentales, nos cuesta comprender la adhesión deliberada de muchas mujeres a la identidad islámica sin que ello suponga sumisión y discriminación.

El velo tiene multitud de lecturas, no es su uso el que marca la diferencia entre las creyentes musulmanas de diferentes generaciones o de niveles culturales diversos. Con velo o sin él, las encontramos en la universidad, en la mezquita, ocupando puestos políticos… Como decía El Roto en un dibujo con dos mujeres con burka: “En Oriente llevamos burka para hacernos invisibles. En Occidente, lo llevamos para que se nos vea”.

El islam se ha ocupado de hacer una lectura patriarcal del Corán para tener a las mujeres sometidas, lo mismo que ha hecho durante siglos el cristianismo en Occidente o el budismo o el sintoísmo en Oriente. Las mujeres siempre hemos sido un problema para los intérpretes y mediadores masculinos de las religiones.

En una sociedad como la nuestra debemos respetar el principio de interculturalidad que se basa en el necesario conocimiento del otro tal y como es, no tal y como nos gustaría que fuese. Es una actitud que responde al principio de reciprocidad.

El derecho a la educación siempre es prioritario. Los niños y las niñas, en el día a día escolar, irán formando su identidad y capacidad de decidir cómo vestirse y, sobre todo, cómo convivir en libertad para socavar las distintas formas de patriarcado, en otras palabras, para luchar contra el pensamiento único.

El feminismo occidental está dividido en torno al uso del velo. Mientras que para algunas feministas, es signo inequívoco de sumisión y debe prohibirse para contribuir a la liberación de las mujeres musulmanas, para otras es una manifestación religiosa y cultural más, que no debe prohibirse por respeto a la diversidad religiosa y cultural. Prohibir el velo sería limitar el pluralismo. Encuentro muy acertada la propuesta de Sirim Ebadí: “A las mujeres hay que darles la misma libertad que a los hombres para ponerse la ropa que quieran. Tan negativo es exigirles que no usen el velo como que en algunos países islámicos les obliguen a ello. Llevar velo debería ser opcional”.

De bombera a pirómana

Por Pilar Rahola (EL PERIÓDICO, 04/10/07):

Se preguntaban en la SER, recordando el conflicto en Inglaterra: “¿Y cuando se nieguen a ir a clase de natación?”, “¿y cuando se nieguen a tener una mujer maestra, si son varones?”. La retahíla de preguntas podría continuar hasta el absurdo, no en vano es hasta el absurdo adonde nos lleva el fundamentalismo islámico.

Pero no son preguntas baladís, porque conforman el grueso de un problema que, partiendo de la excusa identitaria religiosa, arraiga en un planteamiento ideológico de reto a la igualdad entre sexos. El tema, pues, de la niña de Girona no es una excepcional cuestión religiosa, sino una compleja problemática que atañe al corazón mismo de los valores de libertad.

LA TORPEZA e improvisación con que ha actuado la Generalitat, especialmente su delegado en Girona, Andreu Otero, nos da la medida de la capacidad que tenemos para equivocarnos de enfoque, de estrategia y de solución. Desde mi punto de vista, la Generalitat ha errado en todo y, queriendo hacer de bombero, acaba de convertirse en un gran pirómano.

Estos son los errores que detecto. Primero, esperar en bragas un debate que lleva años sacudiendo a toda Europa y que aquí nadie ha previsto con inteligencia. No tenemos ni norma, ni ley, ni debate maduro y, de esta manera, el peso recae en las escuelas, que capean como pueden cada caso, a merced del ataque de pánico del político de turno. El caso de Girona es emblemático: a falta de norma general, la escuela tiene un régimen interno serio y antidiscriminatorio, que los padres de esta niña quieren vulnerar. La Generalitat es incapaz de saber qué hacer con el caso, deja pudrir el tema, lo enquista y después obliga a la escuela a incumplir su propia norma. La pregunta es obligada: si no se hubiera tratado de una cuestión que afecta al islam, ¿habrían vulnerado la autonomía del centro?

Pero, además, y disparo al segundo error de bulto, la carga del problema, lejos de situarla en el ámbito familiar, la sitúan en la escuela, como si esta fuera culpable de haber tenido a una niña sin escolarizar. ¿Los padres no tienen ninguna culpa? Cuando hablamos de la lesión a los derechos de escolarización de un niño, ¿no estamos ante unos padres que anteponen su fanatismo ideológico al derecho del niño a la educación? ¿No les corresponde ninguna culpa, ninguna sanción?

POR SUPUESTO, si alguien quiere venderme la moto de que la niña de 9 años –o el año pasado, con 8, y un mes sin escuela– es la que decide, me lo tomaré como lo que es: un chiste malo. No. Lo que tenemos es una escuela que intenta no permitir signos externos discriminatorios, unos padres fundamentalistas que tapan a su niña pequeña hasta el punto de privarla de movimientos (debe ser un poema en el recreo, con la falda hasta los tobillos), y una Generalitat que improvisa, vulnera los criterios de la escuela y acaba dando la razón al fanatismo. Vamos bien.

Pero, si todo ello fuera poco, lo peor es el tema de fondo. No estamos ante un símbolo religioso, como la cruz o la propia media luna, sino ante un signo de dominio sexista, que estigmatiza a las niñas desde la infancia y las prepara para una vida de sumisión. Por desgracia, miles de leyes que imponen el velo allí donde el islam rigorista gobierna, con castigos que llegan a la muerte, avalan su significado ideológico. Y es por ello, porque se trata de un planteamiento ideológico, por lo que los sectores más integristas convierten la cuestión del velo en un tema fundamental. ¿Se trata de una reivindicación religiosa? Se trata de un reto a las leyes de igualdad. Y no verlo así no solo no es entender nada, es perpetrar los mismos errores que nuestros vecinos europeos llevan años intentando evitar.

¿Habrá que reivindicar el uniforme como vestimenta que democratiza las aulas? Puede. Pero, de momento, lo que tenemos son unos gobernantes timoratos que, cuando oyen la palabra Alá, recurren a los tópicos caducados de la multiculturalidad para cometer todos los errores del diccionario. El Quijote ya no topa con la Iglesia. Ahora topa con el islam.

El poder personal de Putin

Por Mateo Madridejos, periodista e historiador (EL PERIÓDICO, 04/10/07):

Los que esperaban que Vladimir Putin entregara el poder al expirar su segundo y último mandato como presidente, cumpliendo las previsiones constitucionales, se habrán sentido decepcionados al comprobar que se propone conservarlo como probable primer ministro y jefe de Rusia Unida, el partido político dominante, que sin duda vencerá en las legislativas de diciembre y que inocula en toda la estructura política un extraño y claustrofóbico tufo soviético, entre el misterio, el cinismo y el centralismo autoritario como práctica gubernamental.

El éxito está asegurado. Rusia Unida es el único partido autorizado a exhibir propaganda con un lema que es una declaración de principios estrictamente nacionalista y un vaticinio sin riesgo: “El plan de Putin es la victoria de Rusia”. Dotada de una mayoría de dos tercios en la Duma (Cámara baja de 450 escaños), el partido presidencial (del KGB, dicen sus adversarios) podría aprobar cualquier reforma, pero no debe descartarse que el presidente elegido en marzo próximo dimita a los pocos meses para que el primer ministro le sustituya, lo que entrañaría el retorno de Putin al Kremlin. El papel de figurante lo interpretaría el actual primer ministro, Viktor Zubkov, que no tiene otra base política que el favor presidencial.

PARA LOS aduladores del presidente, se trata de “una iniciativa revolucionaria” que situará al verdadero órgano de decisión fuera del Kremlin, por primera vez desde 1991, cuando la dimisión de Mijaíl Gorbachov y la desintegración de la URSS. El poder quedaría en manos del jefe del partido y de un comité restringido de notables, muchos de ellos procedentes del KGB, de la misma manera que en la URSS correspondía al secretario general y a los miembros del politburó del PCUS que tenían asignados las diversas parcelas del ogro burocrático.

El sistema de poder personal creado por Putin no es solo una proeza técnica y un éxito populista, sino que tiene extrañas semejanzas con sus predecesores zarista o comunista. Los oligarcas surgidos con Boris Yeltsin han sido reemplazados por una burocracia presidencial que controla al Gobierno, tiene las riendas de los conglomerados industriales o energéticos, amordaza a la prensa y reduce el Parlamento a una cámara registradora. La previsión y la manipulación antidemocrática se sustentan en la popularidad del presidente, fruto de la estabilidad política, la prosperidad económica y la restauración un poco ilusoria del relumbrón diplomático.

COINCIDIENDO con la bomba del Kremlin, la inquietud expresada por la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, ante “la concentración de poder”, llega con años de retraso. Ni EEUU ni Europa estuvieron a la altura de las circunstancias excepcionales del derrumbe del comunismo, el caos postsoviético y la tumultuosa transición encarnada por Yeltsin. La complacencia y los negocios dictaron el criterio dominante, incluso cerrando los ojos ante la alianza tácita de Moscú con Pekín, el otro polo del capitalismo autoritario, de manera que las protestas solo surgieron cuando Putin utilizó los hidrocarburos como arma política en “el extranjero próximo”, las repúblicas desgajadas del imperio soviético.

La tendencia despótica es un rasgo estructural de la política rusa anterior a 1917, ahora de nuevo bendecida por el patriarca de Moscú, jefe de la Iglesia ortodoxa, Alexis II, aliado del Kremlin y adalid de la cuarta Roma, que lamenta el proselitismo de los católicos con el mismo vigor con que Putin denuncia los excesos del imperio americano y su brazo armado, la OTAN. El presidente se inspira en la escuela euroasiática y paneslava, antioccidental, según la cual Rusia no es Europa, pero tampoco Asia, sino un universo geopolíticamente autónomo respaldado por las fabulosas riquezas que se esconden en Siberia, la región más rica del mundo (15% del petróleo y 27% del gas natural). Y Putin es la estrella única en ese escenario grandioso y resquebrajado.

LA RECETA occidental de un sistema liberal-democrático como base de la estabilidad y la prosperidad engendró la frustración y se convirtió para la mayoría de los rusos en un tópico enmohecido. Pero la deriva autoritaria no es solo un problema interno, un aviso para cualquier disidencia, que afecta a la credibilidad de la democracia, sino también un desafío geopolítico que agita los fantasmas de la guerra fría y la carrera armamentista. Lejos de buscar la cooperación, la Unión Europea solo parece interesada en impedir que el gigante Gazprom asiente sus reales en el euromercado y dinamite su proteccionismo encubierto, después de que Putin se negara a ratificar el tratado energético.

Los riesgos de la glaciación política son numerosos. Rusia es un gigante con los cimientos socavados, víctima de una aparatosa regresión demográfica, presionado en sus marcas imperiales, vigilante en la frontera oriental, inquieto por las incógnitas que no resuelve la maniobra de Putin: las ambiciones de los aspirantes a la sucesión que están en la antesala y quedaron preteridos o el despertar de las fuerzas sociales usufructuarias de la petropolítica. Los resultados electorales son harto previsibles, pero la incertidumbre radica en la fragilidad intrínseca del sistema de poder personal.