Por Abdennur Prado, presidente de la Junta Islámica Catalana (EL PAÍS, 04/10/07):
Las declaraciones de los representantes del PP y de Convergència i Unió ponen de manifiesto cómo ambos partidos mantienen posiciones sobre (o más bien contra) la diversidad cultural que entran en conflicto con la legalidad vigente.
Duran Lleida (CiU) dice que “no pueden cerrarse los ojos ante los problemas que conlleva la inmigración”, y llamó al Gobierno a actuar para que la “cultura propia no pierda sus valores”. Con esas declaraciones, pone una vez más en evidencia las dificultades de su partido para aceptar que el pluralismo religioso no es algo que derive de la inmigración, sino de la Constitución española y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
Shamia no es una inmigrante, sino una ciudadana española, tan catalana como el propio Duran. Asociar islam e inmigración es característico de aquellos sectores que piensan en nuestro país desde una óptica confesional, negando el hecho de que existen miles de ciudadanos españoles de confesión musulmana, y que no existe una cultura única en la que todos debamos uniformizarnos, sino diversidad de costumbres y de opciones vitales conviviendo en un mismo espacio.
Por su parte, Daniel Sirera (PP) rechaza el derecho de Shamia a llevar velo en la escuela apelando al respeto a “las tradiciones y la cultura propias”. “Hay unas normas de convivencia” que se tienen que cumplir “por igual para todos”, dice. Por supuesto que existen normas colectivas, pero desde el punto de vista del Estado de derecho esas normas vienen marcadas por la legalidad, que ampara el derecho a la diversidad cultural. Quien se sitúa fuera de la legalidad con su opinión es el señor Sirera.
Como ciudadano musulmán me honro en afirmar que no comparto la concepción de la “unidad cultural de Cataluña” expresada en las palabras de los señores Sirera y Duran. La cultura que defiendo es la de la libertad de conciencia y los derechos humanos, incluidos los derechos a la propia imagen, a la diversidad cultural y al pluralismo religioso. Apelar a una hipotética cultura dominante para coaccionar a las minorías constituye una reminiscencia de una época donde la identidad de una nación se forjaba en torno a conceptos como la raza, la religión o la cultura dominante.
Quiero invitar desde aquí a nuestros políticos a releer la ‘Carta Universal de los Derechos del Hombre’, sobre todo el artículo 18. Les invito a leer la Declaración universal de la Unesco sobre la diversidad cultural, cuyo artículo 5 dice: “Toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respete plenamente su identidad cultural”.
Les invito a respetar la legalidad vigente y los derechos civiles de los ciudadanos, con independencia de su religión, sexo o procedencia, a no estigmatizar a ningún colectivo, a abandonar su sectarismo, su prepotencia para con las minorías. Pero por encima de todo, les invito a respetar a las personas, incluida la pequeña Shamia.
Las declaraciones de los representantes del PP y de Convergència i Unió ponen de manifiesto cómo ambos partidos mantienen posiciones sobre (o más bien contra) la diversidad cultural que entran en conflicto con la legalidad vigente.
Duran Lleida (CiU) dice que “no pueden cerrarse los ojos ante los problemas que conlleva la inmigración”, y llamó al Gobierno a actuar para que la “cultura propia no pierda sus valores”. Con esas declaraciones, pone una vez más en evidencia las dificultades de su partido para aceptar que el pluralismo religioso no es algo que derive de la inmigración, sino de la Constitución española y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
Shamia no es una inmigrante, sino una ciudadana española, tan catalana como el propio Duran. Asociar islam e inmigración es característico de aquellos sectores que piensan en nuestro país desde una óptica confesional, negando el hecho de que existen miles de ciudadanos españoles de confesión musulmana, y que no existe una cultura única en la que todos debamos uniformizarnos, sino diversidad de costumbres y de opciones vitales conviviendo en un mismo espacio.
Por su parte, Daniel Sirera (PP) rechaza el derecho de Shamia a llevar velo en la escuela apelando al respeto a “las tradiciones y la cultura propias”. “Hay unas normas de convivencia” que se tienen que cumplir “por igual para todos”, dice. Por supuesto que existen normas colectivas, pero desde el punto de vista del Estado de derecho esas normas vienen marcadas por la legalidad, que ampara el derecho a la diversidad cultural. Quien se sitúa fuera de la legalidad con su opinión es el señor Sirera.
Como ciudadano musulmán me honro en afirmar que no comparto la concepción de la “unidad cultural de Cataluña” expresada en las palabras de los señores Sirera y Duran. La cultura que defiendo es la de la libertad de conciencia y los derechos humanos, incluidos los derechos a la propia imagen, a la diversidad cultural y al pluralismo religioso. Apelar a una hipotética cultura dominante para coaccionar a las minorías constituye una reminiscencia de una época donde la identidad de una nación se forjaba en torno a conceptos como la raza, la religión o la cultura dominante.
Quiero invitar desde aquí a nuestros políticos a releer la ‘Carta Universal de los Derechos del Hombre’, sobre todo el artículo 18. Les invito a leer la Declaración universal de la Unesco sobre la diversidad cultural, cuyo artículo 5 dice: “Toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respete plenamente su identidad cultural”.
Les invito a respetar la legalidad vigente y los derechos civiles de los ciudadanos, con independencia de su religión, sexo o procedencia, a no estigmatizar a ningún colectivo, a abandonar su sectarismo, su prepotencia para con las minorías. Pero por encima de todo, les invito a respetar a las personas, incluida la pequeña Shamia.
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