Por Manuel Jiménez de Parga, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (ABC, 05/10/07):
En las democracias contemporáneas hay unos problemas principales, relativos a la esencia del sistema, y unos problemas accesorios, que dependen de la respuesta que se dé a aquéllos. En España tenemos también esas dos clases de problemas.
No estamos habituados a unos debates políticos en los que se distingan claramente las cuestiones esenciales de las secundarias. La mezcla de lo que es principal y de lo que es accesorio se convierte en un obstáculo para mejorar el régimen democrático. La desilusión de los ciudadanos se extiende peligrosamente.
Un problema principal en la presente democracia española lo constituye la forma de elegir a quienes han de representarnos y de gobernarnos. La ley electoral es mala, si por tal se entiende la que desfigura la voluntad popular. Tenemos que reformar las normas que se vienen aplicando desde los días de la Transición. Se afirmó oficialmente entonces que el sistema proporcional configurado por el Real Decreto-Ley de 18 de marzo de 1977 era una solución provisional, sólo aplicable a los comicios del 15-J, pero la ley de 1985 convirtió aquello provisional en permanente, con vocación de definitivo.
Ninguno de los partidos con posibilidades de llevar a cabo la reforma electoral se ha atrevido a acometer esa tarea. Y he aquí precisamente el asunto principal del que dimanan, con relación de causa efecto, otros problemas agobiantes, entre ellos la organización territorial de España.
Con una ley electoral que colocase a cada grupo en el lugar que democráticamente le corresponde, los disparates de los partidos separatistas, y de sus aliados, no nos preocuparían. El vigente sistema electoral potencia desmesuradamente a unas minorías. Cuando ninguno de los partidos de dimensiones nacionales consigue la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados se ve obligado a buscar el apoyo de quienes sólo representan a un porcentaje pequeño de españoles, tal vez el 10 por ciento. El mapa político se desfigura con unas zonas que poseen, o pueden poseer, más poder real que el resto del país.
Problemas inquietantes, como son el uso de las lenguas o la orientación de la enseñanza, dependen de los resultados de la mala ley electoral. Quedamos asombrados ante el espectáculo de un partido que se esfuerza en oponerse a quienes están ventajosamente enfrente (imponiendo la utilización de una lengua, arriando en los edificios públicos la bandera española, tergiversando la historia, dificultando la aceptación de una letra para cantar el himno nacional…); es una batalla que desaparecería con otra ley electoral. Las cuestiones que van a incluirse en los programas para los comicios de marzo -según se rumorea- serían cuestiones accesorias. La principal, en primera línea, debería ser la reforma electoral.
Y no hay que inventar mucho en este campo político. Basta con saber lo que sucede en otras democracias y valorar los efectos producidos por las diferentes legislaciones electorales.
Está suficientemente probado, por ejemplo, el buen fruto de la doble vuelta en elecciones francesas. Con esta receta se ha eliminado a los extremistas de la derecha y de la izquierda. Pero no es ese el problema principal de la democracia española.
Las listas abiertas en un sistema de representación proporcional suscitan la adhesión de algunos ciudadanos, confiados en el buen sentido de los electores para eliminar a candidatos poco recomendables. Sin embargo, la experiencia adquirida con la implantación de listas abiertas nos lleva a la conclusión de que son muy pocos los votantes que alteran las nóminas que les presentan los partidos y que, en cambio, se desata con frecuencia una lucha fratricida entre los aspirantes de una misma lista, registrándose casos de corrupción interna.
La Constitución Española establece que la elección de los diputados se verificará atendiendo a criterios de representación proporcional. Por tanto, queda por ahora fuera de consideración el sistema mayoritario, en distritos unipersonales, tan consolidado en Gran Bretaña.
Con este condicionante constitucional (y sin necesidad de modificar el texto de 1978) puede reflexionarse sobre la fórmula alemana de los dos votos, a mi entender la más conveniente en las presentes circunstancias españolas.
Con una de las dos papeletas el votante se pronuncia a favor de los candidatos presentados en su provincia, que seguiría siendo considerada la circunscripción electoral (art. 68.2 C.E.). Esta elección será personalizada, como sucede en Gran Bretaña, es decir que los votantes conocen, o pueden conocer, las virtudes y los defectos de los aspirantes, dada la proximidad territorial entre los que eligen y los que son elegidos. Se convierten los triunfadores singularmente en «mi diputado», un ser de carne y hueso.
Con la otra papeleta se otorga el apoyo a una lista elaborada por los partidos. En la representación personalizada la iniciativa corresponde a los aspirantes; para el segundo voto, en cambio, adquiere protagonismo el partido, que debe garantizar la visión nacional del panorama político. La mitad de los elegidos son diputados de un concreto distrito y la otra mitad son los diputados de un determinado partido.
Otro requisito a tener en cuenta es el porcentaje, a escala nacional, que debe exigirse a las listas para poder participar en el reparto de los escaños. En el parlamentarismo bicameral, formado por un Congreso y un Senado, la posible marginación en el reparto de los diputados de ciertos partidos de los nacionalismos periféricos quedaría compensada con su presencia en la Cámara Alta, así como en las Asambleas de las Comunidades Autónomas.
En suma, el problema principal, a mi juicio, es la reforma de la ley electoral. Si se acertara en la solución dada a este asunto básico, las demás cuestiones -importantes, pero accesorias- se resolverían con relativa facilidad. Algunos comentaristas políticos de la presente situación española sugieren que primero debe ser el cambio del texto constitucional. ¡Ojalá eso fuese posible con las fuerzas políticas que hoy ocupan el Parlamento!
Hay que esperar lo que proponen para las próximas elecciones los grandes partidos. Tal vez se hable mucho de lo accesorio, o sea de lo que depende de la ley electoral, pero sin abogar en serio por una sustitución de la que está en vigor. Y si así fuera, continuaríamos igual, con una creciente abstención de los ciudadanos.
En las democracias contemporáneas hay unos problemas principales, relativos a la esencia del sistema, y unos problemas accesorios, que dependen de la respuesta que se dé a aquéllos. En España tenemos también esas dos clases de problemas.
No estamos habituados a unos debates políticos en los que se distingan claramente las cuestiones esenciales de las secundarias. La mezcla de lo que es principal y de lo que es accesorio se convierte en un obstáculo para mejorar el régimen democrático. La desilusión de los ciudadanos se extiende peligrosamente.
Un problema principal en la presente democracia española lo constituye la forma de elegir a quienes han de representarnos y de gobernarnos. La ley electoral es mala, si por tal se entiende la que desfigura la voluntad popular. Tenemos que reformar las normas que se vienen aplicando desde los días de la Transición. Se afirmó oficialmente entonces que el sistema proporcional configurado por el Real Decreto-Ley de 18 de marzo de 1977 era una solución provisional, sólo aplicable a los comicios del 15-J, pero la ley de 1985 convirtió aquello provisional en permanente, con vocación de definitivo.
Ninguno de los partidos con posibilidades de llevar a cabo la reforma electoral se ha atrevido a acometer esa tarea. Y he aquí precisamente el asunto principal del que dimanan, con relación de causa efecto, otros problemas agobiantes, entre ellos la organización territorial de España.
Con una ley electoral que colocase a cada grupo en el lugar que democráticamente le corresponde, los disparates de los partidos separatistas, y de sus aliados, no nos preocuparían. El vigente sistema electoral potencia desmesuradamente a unas minorías. Cuando ninguno de los partidos de dimensiones nacionales consigue la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados se ve obligado a buscar el apoyo de quienes sólo representan a un porcentaje pequeño de españoles, tal vez el 10 por ciento. El mapa político se desfigura con unas zonas que poseen, o pueden poseer, más poder real que el resto del país.
Problemas inquietantes, como son el uso de las lenguas o la orientación de la enseñanza, dependen de los resultados de la mala ley electoral. Quedamos asombrados ante el espectáculo de un partido que se esfuerza en oponerse a quienes están ventajosamente enfrente (imponiendo la utilización de una lengua, arriando en los edificios públicos la bandera española, tergiversando la historia, dificultando la aceptación de una letra para cantar el himno nacional…); es una batalla que desaparecería con otra ley electoral. Las cuestiones que van a incluirse en los programas para los comicios de marzo -según se rumorea- serían cuestiones accesorias. La principal, en primera línea, debería ser la reforma electoral.
Y no hay que inventar mucho en este campo político. Basta con saber lo que sucede en otras democracias y valorar los efectos producidos por las diferentes legislaciones electorales.
Está suficientemente probado, por ejemplo, el buen fruto de la doble vuelta en elecciones francesas. Con esta receta se ha eliminado a los extremistas de la derecha y de la izquierda. Pero no es ese el problema principal de la democracia española.
Las listas abiertas en un sistema de representación proporcional suscitan la adhesión de algunos ciudadanos, confiados en el buen sentido de los electores para eliminar a candidatos poco recomendables. Sin embargo, la experiencia adquirida con la implantación de listas abiertas nos lleva a la conclusión de que son muy pocos los votantes que alteran las nóminas que les presentan los partidos y que, en cambio, se desata con frecuencia una lucha fratricida entre los aspirantes de una misma lista, registrándose casos de corrupción interna.
La Constitución Española establece que la elección de los diputados se verificará atendiendo a criterios de representación proporcional. Por tanto, queda por ahora fuera de consideración el sistema mayoritario, en distritos unipersonales, tan consolidado en Gran Bretaña.
Con este condicionante constitucional (y sin necesidad de modificar el texto de 1978) puede reflexionarse sobre la fórmula alemana de los dos votos, a mi entender la más conveniente en las presentes circunstancias españolas.
Con una de las dos papeletas el votante se pronuncia a favor de los candidatos presentados en su provincia, que seguiría siendo considerada la circunscripción electoral (art. 68.2 C.E.). Esta elección será personalizada, como sucede en Gran Bretaña, es decir que los votantes conocen, o pueden conocer, las virtudes y los defectos de los aspirantes, dada la proximidad territorial entre los que eligen y los que son elegidos. Se convierten los triunfadores singularmente en «mi diputado», un ser de carne y hueso.
Con la otra papeleta se otorga el apoyo a una lista elaborada por los partidos. En la representación personalizada la iniciativa corresponde a los aspirantes; para el segundo voto, en cambio, adquiere protagonismo el partido, que debe garantizar la visión nacional del panorama político. La mitad de los elegidos son diputados de un concreto distrito y la otra mitad son los diputados de un determinado partido.
Otro requisito a tener en cuenta es el porcentaje, a escala nacional, que debe exigirse a las listas para poder participar en el reparto de los escaños. En el parlamentarismo bicameral, formado por un Congreso y un Senado, la posible marginación en el reparto de los diputados de ciertos partidos de los nacionalismos periféricos quedaría compensada con su presencia en la Cámara Alta, así como en las Asambleas de las Comunidades Autónomas.
En suma, el problema principal, a mi juicio, es la reforma de la ley electoral. Si se acertara en la solución dada a este asunto básico, las demás cuestiones -importantes, pero accesorias- se resolverían con relativa facilidad. Algunos comentaristas políticos de la presente situación española sugieren que primero debe ser el cambio del texto constitucional. ¡Ojalá eso fuese posible con las fuerzas políticas que hoy ocupan el Parlamento!
Hay que esperar lo que proponen para las próximas elecciones los grandes partidos. Tal vez se hable mucho de lo accesorio, o sea de lo que depende de la ley electoral, pero sin abogar en serio por una sustitución de la que está en vigor. Y si así fuera, continuaríamos igual, con una creciente abstención de los ciudadanos.
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