Por Wifredo Espina, periodista y exdirector del Centre d’Investigació de la Comunicació
La escalada de actos contra los simbolos de las instituciones democráticas, y en consecuencia en el fondo contra estas mismas, va cobrando relieve y se va extendiendo peligrosamente.
Si en un primer momento se podia pensar que, siendo obra de unas minorias exaltadas y de un lugar determinado, estas actuaciones incívicas o ilícitas podian ir remitiendo con el paso de los dias y el rechazo social mayoritario, parece sin embargo que van camino de exacerbarse y causar un grave enfrentamientio no solo político sino en la misma sociedad.
En gran parte, hay que buscar responsabilidades en la pasividad o tibieza en las reacciones de rechazo por parte de instituciones políticas, sociales, culturales, académicas, empresariales, sindicales y de todo orden, empezando por los propios gobiernos central y autonómicos.
También la actuación inusual y quizás precipitada de la Fiscalía ha contribuido indirectamente a dar una dimensión desproporcionada a unos actos seguramente más incívicos que puramente penales, con lo que se ha producido un efecto magnificador y multiplicador.
Pero no se puede exonerar de responsabilidad a los partidos políticos que intrumentalizan para su fines partidistas y electorales estos incidentes, convirtiéndolos en asuntos de Estado de primer orden, susceptibles de derruir todo un sistema democráticamente refrendado por el pueblo.
Y tampoco son inocentes ni tienen las manos limpias los medios de comunicación que en busca de la noticia espectáculo, morbosa o estridente para captar audiencia y beneficios, no solo dan noticia de estos hechos –como es su obligación- sino que también los magnifican destacándolas exageradamente en las primeras planas o espacios radio-televisivos y reiterándolos en tertulias y debates con frecuencia más banales que clarificadores.
Y es sobre esto último –el papel y la responsabilidad de los medios de comunicación- que también hay que reflexionar. Somos contrarios a las leyes que limiten la libertad de expresión y opinión, y partidarios de la autorregulación; que en el fondo no es más que el ejercicio voluntario de la responsabilidad de los propios actos, como se expone en los muchos códigos de deontología que han promulgado las propias organizaciones profesionales.
Cuando una situación corre el riesgo de desmadrarse y perjudicar el sistema democrático y de estado de derecho, poniendo quizás en peligro la convivencia ciudadana, el cumplimiento de estos códigos deontológicos y éticos debe ser más escrupuloso que nunca.
Y si las leyes de la competencia, las complicidades políticas de unos medios o sus excesos en la conducta profesional impiden que se cumplan aquellos principios éticos y deontológicos -que nos hemos dado los propios profesionales en beneficio de la libertad de expresión-, además de la reflexión necesaria es del todo conveniente y urgente la actuación colectiva para frenar juntos, no la libertad de expresión, sino la pendiente del desenfreno, que acarrea consecuencias sociales perniciosas.
Creemos que ha llegado el momento de una autoconvocatoria de todos los medios de comunicación y de sus órganos representativos, para reflexionar y llegar a un consenso mínimo en el tratamiento periodístico de estos hechos que están ocurriendo y que llevan camino de aumentar, y quizás de deteriorar gravemente el sistema democrático vigente y la convivencia social. Es el momento de asumir más claramente nuestra propia responsabilidad ante el país.
La escalada de actos contra los simbolos de las instituciones democráticas, y en consecuencia en el fondo contra estas mismas, va cobrando relieve y se va extendiendo peligrosamente.
Si en un primer momento se podia pensar que, siendo obra de unas minorias exaltadas y de un lugar determinado, estas actuaciones incívicas o ilícitas podian ir remitiendo con el paso de los dias y el rechazo social mayoritario, parece sin embargo que van camino de exacerbarse y causar un grave enfrentamientio no solo político sino en la misma sociedad.
En gran parte, hay que buscar responsabilidades en la pasividad o tibieza en las reacciones de rechazo por parte de instituciones políticas, sociales, culturales, académicas, empresariales, sindicales y de todo orden, empezando por los propios gobiernos central y autonómicos.
También la actuación inusual y quizás precipitada de la Fiscalía ha contribuido indirectamente a dar una dimensión desproporcionada a unos actos seguramente más incívicos que puramente penales, con lo que se ha producido un efecto magnificador y multiplicador.
Pero no se puede exonerar de responsabilidad a los partidos políticos que intrumentalizan para su fines partidistas y electorales estos incidentes, convirtiéndolos en asuntos de Estado de primer orden, susceptibles de derruir todo un sistema democráticamente refrendado por el pueblo.
Y tampoco son inocentes ni tienen las manos limpias los medios de comunicación que en busca de la noticia espectáculo, morbosa o estridente para captar audiencia y beneficios, no solo dan noticia de estos hechos –como es su obligación- sino que también los magnifican destacándolas exageradamente en las primeras planas o espacios radio-televisivos y reiterándolos en tertulias y debates con frecuencia más banales que clarificadores.
Y es sobre esto último –el papel y la responsabilidad de los medios de comunicación- que también hay que reflexionar. Somos contrarios a las leyes que limiten la libertad de expresión y opinión, y partidarios de la autorregulación; que en el fondo no es más que el ejercicio voluntario de la responsabilidad de los propios actos, como se expone en los muchos códigos de deontología que han promulgado las propias organizaciones profesionales.
Cuando una situación corre el riesgo de desmadrarse y perjudicar el sistema democrático y de estado de derecho, poniendo quizás en peligro la convivencia ciudadana, el cumplimiento de estos códigos deontológicos y éticos debe ser más escrupuloso que nunca.
Y si las leyes de la competencia, las complicidades políticas de unos medios o sus excesos en la conducta profesional impiden que se cumplan aquellos principios éticos y deontológicos -que nos hemos dado los propios profesionales en beneficio de la libertad de expresión-, además de la reflexión necesaria es del todo conveniente y urgente la actuación colectiva para frenar juntos, no la libertad de expresión, sino la pendiente del desenfreno, que acarrea consecuencias sociales perniciosas.
Creemos que ha llegado el momento de una autoconvocatoria de todos los medios de comunicación y de sus órganos representativos, para reflexionar y llegar a un consenso mínimo en el tratamiento periodístico de estos hechos que están ocurriendo y que llevan camino de aumentar, y quizás de deteriorar gravemente el sistema democrático vigente y la convivencia social. Es el momento de asumir más claramente nuestra propia responsabilidad ante el país.
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