Por Daniel Reboredo, historiador (EL CORREO DIGITAL, 18/05/07):
Cincuenta años después de que todo empezase, la integración de los países europeos en el proyecto de la Unión se ha convertido en un sistema complejo, sin precedentes en la Historia y sin ejemplos similares en otras partes del mundo contemporáneo. Los viejos y los nuevos Estados-nación del continente se han sumado a ella, algunos se han quedado a la espera de formar parte de la misma y sólo unos pocos siguen queriendo permanecer fuera, aunque no sabemos por cuánto tiempo. La mejor prueba del éxito la constituyen las sucesivas rondas de profundización y ampliación. La UE está muy viva y ofreciendo resultados, a pesar de muchas previsiones negativas y a despecho de todo tipo de escenarios catastróficos, ya que, a diferencia de los imperios del pasado, se asienta sobre sistemas democráticos y sobre el principio de libre asociación. En el Consejo Europeo celebrado en Luxemburgo los días 12 y 13 de diciembre de 1997, se planteó la posibilidad de admitir en la UE a algunos países del antiguo bloque socialista que habían solicitado su incorporación al proyecto europeo. En una primera fase (1 de mayo de 2004) se sumaron al mismo Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Chipre y Malta y en una reciente segunda fase, 1 de enero de 2007, se han incorporado Rumanía y Bulgaria.
El primero de estos países, Rumanía (tierra de romanos y república semipresidencialista democrática y multipartidista), eufórico por su incorporación a la UE (’Hora de la alegría’), vive en estos momentos la incertidumbre del vacío de poder que han generado los enfrentamientos entre su clase política. La inestabilidad permanente en la que ha vivido el país desde la caída del régimen comunista (personalista) de Nicolae Ceaucescu llegó a ser insostenible el pasado mes de abril. Después de la crisis económica que provocó una rebelión en Timisoara y más tarde en Bucarest en diciembre de 1989, fue ejecutado el dictador junto a su esposa, y se estableció un Frente de Salvación Nacional presidido por Ion Iliescu, que ganó las sucesivas elecciones hasta 1996, año en el que asumió la presidencia el democristiano Emil Constantinescu.
En 2000 volvió Iliescu y, cuatro años más tarde, Traian Basescu, al frente de una coalición de centroderecha, fue elegido presidente (51,2% de los sufragios) y hombre fuerte de la política rumana. El tercer presidente del país, tras la caída del comunismo, tomó posesión del cargo en diciembre de 2004 y en su discurso inaugural en el Parlamento prometió hacer de Rumanía un «país diferente» en los años siguientes. Capitán de barco, inspector de Navegación Civil, subsecretario de Estado y jefe del Departamento de Tráfico Marítimo en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y después ministro del mismo en los gobiernos de Petre Roman, alcalde de Bucarest en 2000 y 2003 y presidente de la república rumana, Basescu, aparecía ante sus conciudadanos como proeuropeo, proatlantista y comprometido con las reformas económicas de mercado.
Su política populista; las acusaciones de injerencia en la política interior del país y de manipulación y abuso de las instituciones del Estado; el malestar proveniente de sus críticas a la clase política, al Parlamento y al Gobierno, a los que acusa de corrupción e incompetencia; la condena, previo informe, del régimen comunista y de algunos políticos en activo como Ion Iliescu (colaboracionistas); y, fundamentalmente, su enfrentamiento con el primer ministro Colin Popescu Tariceanu y con sus antiguos aliados liberales que pactaron con los socialdemócratas su suspensión y eliminación de la vida política, generaron una situación de inestabilidad tal que el Parlamento rumano acordó, el pasado 19 de abril, suspender al presidente en sus funciones (acusándole de violar la Constitución) y convocar un referéndum para el 19 de mayo, mañana, tal y como establece la Carta Magna rumana. Referéndum que se realiza para determinar la continuidad del destituido Basescu y que sólo será válido si acude a votar más del 50% del censo electoral, es decir, unos nueve millones de rumanos. El electorado deberá responder con un sí o un no a la pregunta ‘¿Está de acuerdo con la destitución del presidente Traian Basescu?’.
El ’suspendido’ presidente tiene a su favor que sigue siendo el político más popular y respetado de Rumanía debido a su discurso directo y a las reformas que ha realizado para luchar contra la corrupción, el crimen organizado y en pro de la independencia de la Justicia, y de ahí que todo apunta a que será confirmado en su cargo, recuperando las funciones inherentes al mismo y que desempeña provisionalmente el presidente del Senado, Nicolae Vacaroiu. La última modificación legislativa relacionada con el referéndum y con el deseo de la oposición socialdemócrata de expulsar a Basescu se produjo a principios de mes, cuando el Tribunal Constitucional del país modificó la ley para que se pudiera destituir al jefe de Estado sólo con la mayoría de los votantes que acudan a las urnas.
En otra coyuntura, la preocupante situación política que atraviesa Rumanía no tendría más relevancia que la propiamente interna, pero en estos momentos la inestabilidad que genera afecta directamente a la UE y a la crisis que por otros motivos padece. Rumanía aún no ha superado la herencia comunista en sus relaciones políticas y sociales. La época de transición en la que se encuentra sigue caracterizándose por la difícil convivencia de dos tendencias opuestas, que son la nostálgica de los favorecidos por el antiguo régimen y la de los que se consideran víctimas sufrientes del mismo y reclaman justicia o venganza. El país vive una época muy confusa. La rivalidad entre los políticos, que ha culminado en el caos actual, hace imposible el diálogo y la democracia. Esta peligrosa e irresponsable actitud añade una preocupación más a una UE que sigue controlando el cumplimiento, por parte de los sucesivos gobiernos del país, de las condiciones que se puso a Rumanía para su precipitado ingreso.
Intentar reconciliar la democracia con la creciente interdependencia internacional constituye un problema que va más allá de las fronteras de Europa. Hoy en día los descendientes de los que inventaron la soberanía y el Estado-nación deben diseñar nuevas formas de democracia supranacional a fin de estar a la altura del tipo de integración que ya se ha conseguido en algunas políticas. La Unión es un claro ejemplo en este sentido, pero para asentar proyectos tan complejos como éste, los países miembros deben consolidar cada vez más sus democracias y superar situaciones como la rumana. La apuesta de ampliarse hacia el Este fue de tal envergadura que la UE tuvo que idear una reforma institucional para poder funcionar con 27 miembros, reforma recogida en un Tratado constitucional ahora en cuarentena por la negativa francesa y holandesa a ratificar el texto. La actual presidencia alemana de la UE quiere recuperar este tema y superar el mencionado rechazo al texto constitucional, tal y como han manifestado Ángela Merkel y su ministro de Asuntos Exteriores, Frank Walter Steinmeier. La inconsistencia política rumana y la rebeldía integrista polaca deben cortarse de raíz para que sus negativos efectos no afecten a un complejísimo y dificultoso proceso, el europeo, que por primera vez ha superado las diferencias socioculturales, económicas y políticas particulares, priorizando la voluntad de convivencia y la conciencia de un pasado común.
Cincuenta años después de que todo empezase, la integración de los países europeos en el proyecto de la Unión se ha convertido en un sistema complejo, sin precedentes en la Historia y sin ejemplos similares en otras partes del mundo contemporáneo. Los viejos y los nuevos Estados-nación del continente se han sumado a ella, algunos se han quedado a la espera de formar parte de la misma y sólo unos pocos siguen queriendo permanecer fuera, aunque no sabemos por cuánto tiempo. La mejor prueba del éxito la constituyen las sucesivas rondas de profundización y ampliación. La UE está muy viva y ofreciendo resultados, a pesar de muchas previsiones negativas y a despecho de todo tipo de escenarios catastróficos, ya que, a diferencia de los imperios del pasado, se asienta sobre sistemas democráticos y sobre el principio de libre asociación. En el Consejo Europeo celebrado en Luxemburgo los días 12 y 13 de diciembre de 1997, se planteó la posibilidad de admitir en la UE a algunos países del antiguo bloque socialista que habían solicitado su incorporación al proyecto europeo. En una primera fase (1 de mayo de 2004) se sumaron al mismo Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Chipre y Malta y en una reciente segunda fase, 1 de enero de 2007, se han incorporado Rumanía y Bulgaria.
El primero de estos países, Rumanía (tierra de romanos y república semipresidencialista democrática y multipartidista), eufórico por su incorporación a la UE (’Hora de la alegría’), vive en estos momentos la incertidumbre del vacío de poder que han generado los enfrentamientos entre su clase política. La inestabilidad permanente en la que ha vivido el país desde la caída del régimen comunista (personalista) de Nicolae Ceaucescu llegó a ser insostenible el pasado mes de abril. Después de la crisis económica que provocó una rebelión en Timisoara y más tarde en Bucarest en diciembre de 1989, fue ejecutado el dictador junto a su esposa, y se estableció un Frente de Salvación Nacional presidido por Ion Iliescu, que ganó las sucesivas elecciones hasta 1996, año en el que asumió la presidencia el democristiano Emil Constantinescu.
En 2000 volvió Iliescu y, cuatro años más tarde, Traian Basescu, al frente de una coalición de centroderecha, fue elegido presidente (51,2% de los sufragios) y hombre fuerte de la política rumana. El tercer presidente del país, tras la caída del comunismo, tomó posesión del cargo en diciembre de 2004 y en su discurso inaugural en el Parlamento prometió hacer de Rumanía un «país diferente» en los años siguientes. Capitán de barco, inspector de Navegación Civil, subsecretario de Estado y jefe del Departamento de Tráfico Marítimo en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y después ministro del mismo en los gobiernos de Petre Roman, alcalde de Bucarest en 2000 y 2003 y presidente de la república rumana, Basescu, aparecía ante sus conciudadanos como proeuropeo, proatlantista y comprometido con las reformas económicas de mercado.
Su política populista; las acusaciones de injerencia en la política interior del país y de manipulación y abuso de las instituciones del Estado; el malestar proveniente de sus críticas a la clase política, al Parlamento y al Gobierno, a los que acusa de corrupción e incompetencia; la condena, previo informe, del régimen comunista y de algunos políticos en activo como Ion Iliescu (colaboracionistas); y, fundamentalmente, su enfrentamiento con el primer ministro Colin Popescu Tariceanu y con sus antiguos aliados liberales que pactaron con los socialdemócratas su suspensión y eliminación de la vida política, generaron una situación de inestabilidad tal que el Parlamento rumano acordó, el pasado 19 de abril, suspender al presidente en sus funciones (acusándole de violar la Constitución) y convocar un referéndum para el 19 de mayo, mañana, tal y como establece la Carta Magna rumana. Referéndum que se realiza para determinar la continuidad del destituido Basescu y que sólo será válido si acude a votar más del 50% del censo electoral, es decir, unos nueve millones de rumanos. El electorado deberá responder con un sí o un no a la pregunta ‘¿Está de acuerdo con la destitución del presidente Traian Basescu?’.
El ’suspendido’ presidente tiene a su favor que sigue siendo el político más popular y respetado de Rumanía debido a su discurso directo y a las reformas que ha realizado para luchar contra la corrupción, el crimen organizado y en pro de la independencia de la Justicia, y de ahí que todo apunta a que será confirmado en su cargo, recuperando las funciones inherentes al mismo y que desempeña provisionalmente el presidente del Senado, Nicolae Vacaroiu. La última modificación legislativa relacionada con el referéndum y con el deseo de la oposición socialdemócrata de expulsar a Basescu se produjo a principios de mes, cuando el Tribunal Constitucional del país modificó la ley para que se pudiera destituir al jefe de Estado sólo con la mayoría de los votantes que acudan a las urnas.
En otra coyuntura, la preocupante situación política que atraviesa Rumanía no tendría más relevancia que la propiamente interna, pero en estos momentos la inestabilidad que genera afecta directamente a la UE y a la crisis que por otros motivos padece. Rumanía aún no ha superado la herencia comunista en sus relaciones políticas y sociales. La época de transición en la que se encuentra sigue caracterizándose por la difícil convivencia de dos tendencias opuestas, que son la nostálgica de los favorecidos por el antiguo régimen y la de los que se consideran víctimas sufrientes del mismo y reclaman justicia o venganza. El país vive una época muy confusa. La rivalidad entre los políticos, que ha culminado en el caos actual, hace imposible el diálogo y la democracia. Esta peligrosa e irresponsable actitud añade una preocupación más a una UE que sigue controlando el cumplimiento, por parte de los sucesivos gobiernos del país, de las condiciones que se puso a Rumanía para su precipitado ingreso.
Intentar reconciliar la democracia con la creciente interdependencia internacional constituye un problema que va más allá de las fronteras de Europa. Hoy en día los descendientes de los que inventaron la soberanía y el Estado-nación deben diseñar nuevas formas de democracia supranacional a fin de estar a la altura del tipo de integración que ya se ha conseguido en algunas políticas. La Unión es un claro ejemplo en este sentido, pero para asentar proyectos tan complejos como éste, los países miembros deben consolidar cada vez más sus democracias y superar situaciones como la rumana. La apuesta de ampliarse hacia el Este fue de tal envergadura que la UE tuvo que idear una reforma institucional para poder funcionar con 27 miembros, reforma recogida en un Tratado constitucional ahora en cuarentena por la negativa francesa y holandesa a ratificar el texto. La actual presidencia alemana de la UE quiere recuperar este tema y superar el mencionado rechazo al texto constitucional, tal y como han manifestado Ángela Merkel y su ministro de Asuntos Exteriores, Frank Walter Steinmeier. La inconsistencia política rumana y la rebeldía integrista polaca deben cortarse de raíz para que sus negativos efectos no afecten a un complejísimo y dificultoso proceso, el europeo, que por primera vez ha superado las diferencias socioculturales, económicas y políticas particulares, priorizando la voluntad de convivencia y la conciencia de un pasado común.
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