EE UU necesita un plan internacional para Irak / How To Change Iraq

Por Madeleine K. Albright, ex secretaria de Estado entre 1997 y 2001. En la actualidad dirige el Albright Group LLC. Traducción de M. L. Rodríguez Tapia. © LA Times-Washington Post, 2007 (EL PAÍS /THE WASHINGTON POST, 13/09/07):

La pregunta decisiva en cualquier guerra es: ¿por qué estamos luchando? Y los soldados norteamericanos necesitan una respuesta convincente en el caso de Irak. En ese país son varios los objetivos con los que se ha tratado de justificar nuestra presencia, sin conseguirlo nunca: protegernos de las armas de destrucción masiva, crear una democracia que fuese un modelo para el mundo árabe, castigar a los responsables de los atentados del 11-S, impedir que otros terroristas se subieran al próximo avión hacia Nueva York… El objetivo más reciente, la justificación para el refuerzo de tropas de este año, era dar a los dirigentes iraquíes la seguridad y el margen de maniobra necesarios para que tomaran decisiones políticas estabilizadoras, cosa por la que han mostrado poco interés.

Algún cínico podría sugerir que la verdadera misión del Ejército de Estados Unidos en Irak es permitir que el presidente Bush siga negando que su invasión se ha convertido en un desastre. Alguien menos escéptico identificaría quizá tres objetivos: impedir que Irak se convierta en refugio de Al Qaeda, en Estado clientelar de Irán y en chispa desencadenante de una guerra en toda la región. Son unos objetivos que no se corresponden con los peligros que sirvieron de argumento para la invasión, sino con los que han surgido como consecuencia de ella. A nuestros soldados se les pide que arriesguen sus vidas para resolver unos problemas creados por nuestras autoridades civiles. El presidente nos suplica que huyamos del fracaso, pero todavía no ha explicado cómo va a poder triunfar nuestro Ejército, con la complicada situación política de Irak y la falta de credibilidad de su Gobierno.

Esta falta de correlación entre los objetivos y las posibilidades debería ser el tema fundamental de debate, ahora que el general David Petraeus y el embajador Ryan Crocker han informado sobre la situación de la guerra. En todo caso, parece claro que, aunque el número de tropas estadounidenses seguramente empezará a disminuir, las grandes decisiones sobre si hay que completar la retirada, y en qué circunstancias, tendrá que tomarlas el próximo presidente, o presidenta, cuando asuma el poder. Ello no debe impedir que demócratas y republicanos traten de ponerse de acuerdo sobre la forma de controlar los daños hasta entonces.

Según la Valoración Nacional de Inteligencia hecha pública el mes pasado, las últimas victorias militares, modestas pero logradas con enorme esfuerzo, significarán poca cosa “si no se produce un giro fundamental en los factores que determinan la evolución de las condiciones de política y seguridad en Irak”. Con las profundas divisiones sectarias que existen en Irak, es imposible que ese giro fundamental se produzca sólo mediante la actuación de los iraquíes. Por otro lado, dada la falta de influencia de EE UU, es imposible que lo logren las patrullas, los parámetros, los discursos y las visitas sorpresa del presidente. La única opción que queda es la ayuda coordinada de la comunidad internacional.

Los Balcanes están hoy en paz gracias a los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos, la Unión Europea y Naciones Unidas, que se esforzaron en ayudar a los líderes moderados de la región. Nuestra política en Irak debería haber incluido desde el principio una estrategia similar, pero nunca se ha hecho ningún intento serio.

¿Sigue siendo viable una iniciativa así? Quizá. La ONU se ha comprometido a intervenir más. Los nuevos dirigentes europeos -encabezados por Nicolas Sarkozy, Angela Merkel y Gordon Brown- son conscientes de lo que se juega su región en Irak, y parecen dispuestos a ayudar. Los Gobiernos saudí, jordano y sirio ven la inestabilidad iraquí como una gravísima amenaza para su seguridad. Los representantes turcos y kurdos firmaron un acuerdo con el fin de colaborar en su conflictiva frontera. La incógnita es Irán, pero este país no querría aislarse de un amplio programa internacional cuya meta fuera la reconciliación.

El presidente Bush podría poner algo de su parte y reconocer lo que ya sabe todo el mundo: que muchas de las críticas que se hicieron contra la invasión antes de la guerra eran acertadas. Ese reconocimiento supondría justo el tipo de empujón necesario para poder desarrollar un proyecto diplomático serio. Daría a los dirigentes europeos y árabes más facilidades para contribuir, puesto que los ciudadanos de sus países se resisten a sacar del apuro a un presidente que todavía sigue insistiendo en que él tenía razón y los demás, no. Nuestras tropas afrontan la muerte cada día; lo menos que puede hacer el presidente es afrontar la verdad.

Un esfuerzo internacional coordinado podría patrullar las fronteras, contribuir a la reconstrucción de Irak, colaborar en la formación de su Ejército y su policía y fortalecer sus instituciones legislativas y judiciales. Serviría además para enviar a los dirigentes iraquíes el mensaje común de que alcanzar un acuerdo de reparto de poder que reconozca el Gobierno de la mayoría y proteja los derechos de las minorías es la única solución. Para que exista alguna posibilidad de evitar que el desastre de Irak empeore aún más, será preciso que haya una transformación psicológica y la gente empiece a prepararse para luchar pacíficamente por el poder, en vez de conspirar para sobrevivir en medio de la anarquía. La comunidad internacional no puede garantizar ese cambio, pero sí podemos y debemos trabajar más para facilitarlo.

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The threshold question in any war is: What are we fighting for? Our troops, especially, deserve a convincing answer.

In Iraq, the list of missions that were tried on but didn’t fit includes: protection from weapons of mass destruction, creating a model democracy in the Arab world, punishing those responsible for the Sept. 11 attacks and stopping terrorists from catching the next plane to New York. The latest mission, linked to the “surge” of troops this year, was to give Iraqi leaders the security and maneuvering room needed to make stabilizing political arrangements — which they have thus far shown little interest in doing.

A cynic might suggest that the military’s real mission is to enable President Bush to continue denying that his invasion has evolved into disaster. A less jaded view might identify three goals: to prevent Iraq from becoming a haven for al-Qaeda, a client state of Iran or a spark that inflames regionwide war. These goals respond not to dangers that prompted the invasion but to those that resulted from it. Our troops are being asked to risk their lives to solve problems our civilian leaders created. The president is beseeching us to fear failure, but he has yet to explain how our military can succeed given Iraq’s tangled politics and his administration’s lack of credibility.

This disconnect between mission and capabilities should be at the center of debate as Gen. David Petraeus and Ambassador Ryan Crocker report on the war’s status and congressional leaders prepare their fall strategies. Despite the hopes of many, this debate is unlikely to end the war soon; nor will it produce fresh support for our present dismal course. Although U.S. troop levels will surely start to come down, big decisions about whether and under what circumstances to complete the withdrawal seem certain to remain for the next president, when he or she takes office. Yet this should not preclude Democrats and Republicans from trying to agree on ways to minimize the damage before then.

According to the National Intelligence Estimate released last month, the recent modest but extremely hard-won military gains will mean little “unless there is a fundamental shift in the factors driving Iraqi political and security developments.”

Given the depth of the sectarian divisions within Iraq, such a fundamental shift will not occur through Iraqi actions alone. Given America’s lack of leverage, it will not result from our patrols, benchmarks, speeches or “surprise” presidential visits to Anbar province. That leaves coordinated international assistance as the only option.

The Balkans are at peace today through the joint efforts of the United States, the European Union and the United Nations — all of which worked to help moderate leaders inside the region. A similar strategy should have been part of our Iraq policy from the outset but has never been seriously attempted.

Is such an initiative still viable? Perhaps. The United Nations has pledged to become more involved. Europe’s new leaders — led by Nicolas Sarkozy, Angela Merkel and Gordon Brown — understand their region’s stake in Iraq’s future and seem willing to assist. The Saudi, Jordanian and Syrian governments all view Iraqi instability as a profound security threat. Turkish and Kurdish representatives recently signed an agreement to cooperate along their troubled border. Iran is the wildest of cards, but it would be unlikely to isolate itself from a broad international program aimed at reconciliation. If it does, it would only hand a political victory to us and to the many Iraqi leaders, Shiite and Sunni alike, who would prefer to minimize Iranian influence.

President Bush could do his part by admitting what the world knows — that many prewar criticisms of the invasion were on target. Such an admission would be just the shock a serious diplomatic project would need. It would make it easier for European and Arab leaders to help, as their constituents are reluctant to bail out a president who still insists that he was right and they were wrong. Our troops face death every day; the least the president can do is face the truth.

A coordinated international effort could help Iraq by patrolling borders, aiding reconstruction, further training its army and police, and strengthening legislative and judicial institutions. It could also send a unified message to Iraq’s sectarian leaders that a political power-sharing arrangement that recognizes majority rule and protects minority rights is the only solution and is also attainable.

If there is a chance to avoid deeper disaster in Iraq, it depends on a psychological transformation so people begin preparing to compete for power peacefully instead of plotting how to survive amid anarchy. The international community cannot ensure such a shift, but we can and should do more to encourage it.

El error Kosovo

Por Javier Rupérez, Embajador de España (ABC, 13/09/07):

Desde el 23 de marzo hasta el 10 de junio de 1999, setenta y ocho días que parecieron interminables, la OTAN intervino militarmente en Kosovo. Era la primera vez que en toda su historia la Alianza desencadenaba una acción militar. Era también la primera vez que lo hacía en un espacio geográfico ajeno al originalmente descrito en el Tratado de Washington, circunscrito al territorio de los Estados miembros en el área del Atlántico Norte. La acción bélica emprendida no era estrictamente una acción defensiva, única contemplada en el Tratado, iba dirigida contra un Estado soberano miembro de las Naciones Unidas y se realizó sin autorización del Consejo de Seguridad. La acción militar, de una extraordinaria contundencia, tuvo un componente básicamente aéreo, registrando un total de 38.000 vuelos, de los cuales 10.484 fueron de bombardeo. Los objetivos eran primordialmente de orden militar y concentrados en las Fuerzas Armadas yugoeslavas pero a medida que la resistencia encontrada se revelaba mayor de la prevista, los bombardeos incluyeron infraestructuras civiles, que quedaron gravemente dañadas, y los eufemísticamente calificados como «daños colaterales» -víctimas civiles- hicieron desgraciadamente su no corta aparición. Entre ellos cabe recordar el bombardeo de la sede de la Embajada china en Belgrado, origen de un agrio y grave conflicto diplomático.

La conducción del conflicto no estuvo ausente de tensiones en el seno de la Alianza, cuyos componentes habían decidido actuar en las difíciles condiciones en que lo hacían, y a pesar de ellas, animados por la loable convicción de que las acciones de Slodoban Milosevic en el territorio, practicando una política brutal de limpieza étnica en contra de la mayoritaria población de origen albanés, conducían a una catástrofe humana que era necesario evitar a cualquier precio. La operación se saldó con un claro éxito militar y político para la OTAN. Los Gobiernos aliados supieron mantener la cohesión hasta el final del proceso y las disidencias existentes en las opiniones públicas respectivas o en la oposición de Rusia a la intervención no alcanzaron nunca nivel significativo. La OTAN sabía hacer la guerra y sabía hacerla bien.

Antes, durante y después del conflicto los portavoces de la Alianza y de sus miembros se esforzaron en recalcar que la acción bélica tenía como finalidad la de impedir el aniquilamiento de un grupo humano, apoyando el retorno a la estabilidad en los Balcanes, nunca la de favorecer la independencia de Kosovo. En realidad la garantía de la integridad territorial de Yugoeslavia -tal como había quedado después de las independencias de las restantes Repúblicas de la antigua Federación- constituía la mejor prenda, en realidad la única, de los aliados frente a Belgrado: la seguridad de que la guerra no se había hecho para alterar sus fronteras.

El mismo día en que la OTAN da por finalizadas las operaciones militares, el 11 de junio de 1999, el Consejo de Seguridad recupera su capacidad de actuación para recordar en la Resolución 1244, que la solución política a la crisis de Kosovo debe tener en cuenta, entre otros extremos, el respeto «a los principios de soberanía e integridad territorial de la República Federal de Yugoeslavia». La misma Resolución había reafirmado el respeto de «todos los Estados miembros a la soberanía y a la integridad territorial de la República Federal de Yugoeslavia… en los términos del Acta Final de Helsinki». En ese sentido el Consejo se hace eco de la declaración sobre Kosovo que pocas semanas antes, el 6 de mayo, habían firmado los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros del G-8 (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón). Según unos y otros, pues, el futuro de Kosovo debía canalizarse a través de una «autonomía substancial» en el marco de la Federación Yugoeslava -hoy, tras la independencia de Montenegro, reducida a Serbia-.

Lo que en este momento está proponiendo la ONU para el territorio a través del dictamen elaborado por el ex presidente de Finlandia Martti Ahtisaari desemboca pura y simplemente en la independencia kosovar, desoyendo las reiteradas llamadas que el mismo Consejo de Seguridad había realizado en sentido contrario. Y forzoso es constatar que, salvo vigorosa reacción de la comunidad internacional, Kosovo será independiente en plazo no demasiado lejano. No era ese el objetivo por el que lucharon los aviones de la OTAN. No era ese el objetivo que el Consejo de Seguridad se había marcado tras la «intervención humanitaria».

En realidad el informe Ahtisaari, seguramente de manera involuntaria, endosa la política contra la que se produjo la acción militar aliada, sólo que cambiando los elementos de la ecuación: allí donde antes se luchó para que los albaneses no fueran desplazados por los serbios hoy se da razón a la predominancia albanesa, incluso a costa de la desaparición de los pocos serbios que todavía pueblan el territorio. Y la razón ofrecida no es otra que la constatación de un fracaso: es difícil, dicen, imaginar la coexistencia entre serbios y albaneses. Eso ya se sabía antes de comenzar la guerra, concebida como un elemento de fuerza en la solución del conflicto. Que desde entonces hayan transcurrido ocho años de intensiva presencia internacional en el territorio -ONU, OTAN, UE- para concluir que la única solución consiste en violar algunos de los más elementales principios de la vida internacional, tal y como los recoge la Carta de las Naciones Unidas, es ciertamente descorazonador.

En esta historia de Kosovo nadie es por completo inocente. Fue siempre absurdo y potencialmente sangriento el fervor nacionalista depositado por los serbios en el antiguo campo de batallas perdidas, torpe y criminal el tratamiento de la población albanesa, insuficiente la actitud de la Serbia post-Milosevic para encarar la gravedad del problema. Como también poseen importante cuota de culpa los albaneses, que han dilapidado la razón que les da el número en la práctica de una política tantas veces reflejada en la de los serbios -grupos terroristas armados, exclusión absoluta del diferente, satanización del contrario-. Y equivocadas las razones de la Federación Rusa -el único miembro permanente del Consejo de Seguridad opuesto al plan Ahtisaari- al tomar partido por los serbios: no está en juego la parroquial solidaridad nacional-cultural-religiosa, sino la posibilidad de hacer posible unos Balcanes post-yugoeslavos cimentados en la convivencia democrática y respetuosa de los diversos en raza, religión o cultura. Sin por ello olvidar a los países occidentales, a lo que parece embarcados sin remedio en una política guiada por el deseo de castigar a los serbios.

Pero un Kosovo independiente no sólo vulnera el principio de derecho internacional que reclama respeto a la integridad territorial de los Estados. Concede alas, desde la cúspide de la comunidad internacional, a todos los irredentismos separatistas que quieren abolirlo. Apuesta por una sociedad sin matices, compuesta exclusivamente por los de un mismo color, una misma lengua, una misma raza o una misma religión. Crea inevitablemente una nueva inestabilidad regional, que acabará por afectar de manera grave a todos los vecinos. Y constituye claramente un gigantesco paso atrás en todos los esfuerzos de la humanidad para construir comunidades de ciudadanos diferentes y libres, capaces de convivir pacíficamente a pesar de sus diferencias.

Por razones torcidas, Rusia ha impuesto su voluntad en el Consejo de Seguridad y obtenido un aplazamiento en la decisión de Naciones Unidas. Sería imprescindible el aprovechamiento del tiempo ganado para replantear toda la cuestión de Kosovo en términos acordes con las necesidades y las sensibilidades del tiempo presente. Ahtisaari no es la solución.

Gol en propia puerta

Por Juan José Tamayo, director de la cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III de Madrid y autor de Desde la heterodoxia. Reflexiones sobre laicismo, política y religión (EL PAÍS, 12/09/07):

La asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos constituye uno de los logros más importantes de la última reforma educativa. Viene a llenar una de las más graves carencias de nuestro sistema de enseñanza, cual es la educación cívico-democrática de los ciudadanos y ciudadanas, en aplicación del artículo 27.2 de la Constitución española: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

Sin embargo, desde que se anunciara la elaboración de la ley que regula dicha asignatura no han cesado las críticas y el rechazo de importantes e influyentes sectores de la Iglesia católica. Dos son los argumentos en que dicen apoyar su rechazo. Uno, que el Estado se arroga un derecho que sólo a los padres corresponde: la educación de la conciencia moral de sus hijos. Otro, que la asignatura va a convertirse en una herramienta eficacísima del Gobierno para el adoctrinamiento político y para la imposición de su ideología laicista. En un acto, a mi juicio, de irresponsabilidad cívico-democrática y de desprecio absoluto por las leyes, el arzobispo de Toledo, el cardenal Antonio Cañizares, ha ido todavía más lejos en las valoraciones hasta atreverse a decir que “colaborar con la implantación de la nueva asignatura es colaborar con el mal”. En este maratón de descalificaciones, algunos sectores católicos han llegado a comparar la Educación para la Ciudadanía con la Formación del Espíritu Nacional del franquismo.

Tras el rechazo a la asignatura, hay dos estrategias en marcha dentro de la Iglesia católica, a mi juicio perfectamente armonizadas desde la jerarquía eclesiástica, las dos tendentes a dificultar su puesta en práctica, a limitar su importancia en el currículo escolar y a desnaturalizar el espíritu que la anima: una, el boicot, defendido por la Concapa y numerosos obispos; otra, impartir la asignatura, adaptada al ideario de los centros católicos, apoyada por la FERE y por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, si bien éste ha expresado su desacuerdo con la asignatura y deja en manos de los padres las decisiones a adoptar.

El Ministerio de Educación ha recibido con alivio la actitud de la patronal de los colegios católicos, la considera un gesto de distensión en las tensas relaciones entre la Iglesia católica y el Gobierno socialista, y presenta como éxito propio el haber conseguido integrar a un sector importante de la escuela católica en la nueva asignatura y el haber frenado el golpe de la objeción de conciencia. Yo creo, sin embargo, que no estamos ante un éxito gubernamental, ni hay razones para el alivio ministerial ni el gesto de la FERE implica distensión alguna. Todo lo contrario. Lo que ha sucedido es que, en la confrontación entre los dirigentes eclesiásticos y el Gobierno, de nuevo han vuelto a ganar la partida los primeros.

¿Por qué? Muy sencillo. Para evitar una “sublevación” de la jerarquía católica y de influyentes sectores de la patronal de la enseñanza, la asignatura ha sufrido tal cúmulo de modificaciones que la hacen poco menos que irreconocible. Como resultado de las negociaciones con la Conferencia Episcopal y con otras instituciones católicas, se hicieron importantes recortes en aquellos contenidos que pudieran entrar en fricción con la doctrina moral católica. Por ejemplo, el estudio de los distintos modelos de familia, incluido el matrimonio homosexual. Las sucesivas concesiones iban desnaturalizando un proyecto que nació con una orientación claramente laica y que corre el peligro de confesionalizarse.

Pero la mayor desnaturalización se ha producido al conceder a los colegios la libertad de adaptar los contenidos de la asignatura al ideario de centros. De esta manera, la Constitución española y las leyes democráticas se supeditan a una ideología que puede ser contraria a las mismas y que puede llevar a su deslegitimación e incumplimiento. Por ejemplo, la ley de divorcio será considerada por los centros con ideario católico contraria al orden divino y a la ley natural y explicada como un atentado contra la familia; la ley de interrupción voluntaria del embarazo puede ser interpretada como una incitación al crimen, más aún, al asesinato de los inocentes; los matrimonios homosexuales serán explicados como uniones inmorales e ilegales. ¡De nuevo la Constitución y las leyes democráticas sometidas a la religión! A eso cabe añadir la reducción de horas de la asignatura: en algunas comunidades, una hora por semana.

Con la actual modalidad de la Educación para la Ciudadanía los colegios religiosos tienen no ya una, sino dos plataformas de indoctrinamiento y de reproducción ideológica: la asignatura de Religión confesional, que escapa al control de las instituciones académicas porque sus libros de texto y son profesores son competencia de los obispos, y la de Educación para la Ciudadanía, que puede utilizarse para transmitir creencias religiosas más que valores cívicos. El Gobierno se ha metido un gol en propia puerta.

En el pulso de la Iglesia católica con el Gobierno ha vuelto a ganar la Iglesia, y por cuarta vez durante esta legislatura. Primero fue la negativa a denunciar los Acuerdos con la Santa Sede, muy beneficiosos para la Iglesia católica. Después, la Ley Orgánica de Educación, que considera la religión confesional como materia evaluable y contempla una alternativa. Posteriormente, la subida del tipo del 0,52% al 0,7% en la declaración de la renta a favor de la Iglesia católica, con exclusión de las otras iglesias y religiones. Y ahora, la desnaturalización y, en cierta medida, la confesionalización de la Educación para la Ciudadanía.

Hace unos días se preguntaba Bonifacio de la Cuadra en estas mismas páginas: “¿Para cuándo el Estado laico?”. Yo le respondo: ad kalendas graecas. La actual orientación política nos lleva justamente en dirección contraria.

Un gran pacto con Irán

Por Shlomo Ben-Ami, antiguo ministro de Exteriores de Israel, y vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia. © Project Syndicate, 2007 (EL PAÍS, 12/09/07):

El espectro de Irán nuclearizado atormenta por igual a árabes e israelíes, pero son Estados Unidos e Israel los que están impulsando los esfuerzos para cortar las alas a las ambiciones nucleares iraníes. La clave del problema y su posible solución están en el triángulo Estados Unidos-Irán-Israel.

Aunque la revolución islámica del ayatolá Jomeini en 1979 perturbó la vieja alianza de Israel con Irán, los dos países siguieron manteniendo relaciones, con la bendición de Estados Unidos. Un ejemplo es el caso Irán-contra de los años ochenta, cuando Israel suministró armas a la República Islámica para su guerra contra Irak. Israel e Irán, dos potencias no árabes en un entorno árabe hostil, compartían intereses fundamentales que la revolución islámica no fue capaz de alterar.

Los dos países entraron claramente en conflicto durante el mandato de Isaac Rabin, a principios de los noventa, debido a las nuevas circunstancias estratégicas producidas tras la victoria de Estados Unidos en la primera guerra del Golfo y la caída de la Unión Soviética. El proceso de paz entre árabes e israelíes promovido por Estados Unidos, que obtuvo una serie de logros espectaculares -la conferencia de paz de Madrid, los acuerdos de Oslo, el acuerdo de paz entre Israel y Jordania, una especie de acercamiento con Siria y ligeros avances de Israel en varios países árabes, desde Marruecos hasta Qatar-, era la peor pesadilla posible para un Irán cada vez más aislado.

En aquellas circunstancias, Israel e Irán, dos potencias que competían por dominar un Oriente Próximo en rápida transformación, decidieron dar a su rivalidad estratégica una base ideológica. El conflicto pasó a ser un enfrentamiento entre Israel, un modelo de democracia que luchaba contra la expansión de un imperio chií oscurantista, e Irán, que quería proteger su revolución a base de movilizar a las masas árabes en nombre de los valores islámicos y en contra de unos peligrosos gobernantes que habían traicionado a los palestinos desposeídos.

Los mulás son más enemigos de la reconciliación entre árabes e israelíes que de Israel como tal, y su recurso a palabras incendiarias de tono panislámico y en contra de los judíos tiene como fin acabar con el aislamiento de Irán y presentar sus ambiciones regionales de manera aceptable para las masas suníes. En un Oriente Próximo árabe, Irán es el enemigo natural; en un mundo islámico, Irán es un posible líder. Lo irónico es que Irán ha sido el mayor defensor de la democracia árabe, porque la mejor forma de debilitar a los regímenes en el poder es impulsar movimientos islamistas populares como Hezbolá en Líbano, los Hermanos Musulmanes en Egipto, Hamás en Palestina y la mayoría chií en Irak.

Isaac Rabin creía que la paz entre árabes e israelíes podría impedir un Irán nuclear, pero ahora parece que su pesadilla está cada vez más cerca. Como potencia contraria al statu quo, Irán no pretende tener capacidad nuclear para destruir Israel, sino con el fin de adquirir prestigio e influencia en un entorno hostil y como escudo para desafiar el orden regional.

A pesar de ello, Israel tiene muchos motivos para estar preocupado, porque un Irán nuclear haría imposible la promesa sionista de garantizar un refugio para los judíos -el fundamento para la estrategia israelí de la “ambigüedad nuclear”- y envalentonaría a sus enemigos en toda la región. Además, desencadenaría la proliferación nuclear descontrolada en la zona, empezando por Arabia Saudí y Egipto.

Un ataque militar contra las instalaciones nucleares de Irán es demasiado peligroso y sus resultados son inciertos. Y las sanciones económicas, por muy duras que fueran, podrían no ser suficientes para doblegar a Irán. Tampoco está claro que las divisiones en el seno de la clase dirigente iraní, entre los puristas revolucionarios y los más mercantilistas, vayan a desembocar pronto en un cambio de régimen. No obstante, ser radical no significa necesariamente ser irracional, y el Irán revolucionario nos ha ofrecido pruebas de su pragmatismo muy a menudo.

En la ecuación Estados Unidos-Irán fueron los estadounidenses, y no los iraníes, los que ejercieron una diplomacia ideológicamente rígida. Irán apoyó a Estados Unidos durante la primera guerra del Golfo, pero se vio marginado de la conferencia de paz de Madrid. Irán apoyó a Estados Unidos en la guerra para derrocar a los talibanes en Afganistán. Y cuando las fuerzas norteamericanas derrotaron al ejército de Sadam Husein en la primavera de 2003, los iraníes, rodeados, propusieron un gran pacto que incluiría la discusión de todos los aspectos polémicos, desde la cuestión nuclear hasta Israel, desde Hezbolá hasta Hamás. Además, los iraníes se comprometieron a dejar de obstaculizar el proceso de paz entre árabes e israelíes.

Sin embargo, la soberbia de los neoconservadores estadounidenses -”No hablamos con el mal”- impidió dar una respuesta pragmática a la mano tendida de Irán.

Cuando se vio que la estrategia estadounidense en Oriente Próximo se había ido al garete, la actitud iraní ya había cambiado, pero ese gran pacto sigue siendo la única forma posible de salir del punto muerto. Sin embargo, sería imposible lograrlo mediante un sistema de sanciones inevitablemente imperfecto o recurriendo a una lógica propia de la guerra fría, por la que Estados Unidos pretenda debilitar a Irán arrastrándole a una carrera de armamento ruinosa. La influencia creciente de Irán en la región no se debe a su gasto militar, que es muy inferior a los de sus enemigos, sino a su actitud de enfrentamiento con Estados Unidos e Israel, y su astuta utilización del poder blando.

No hay mejor forma de desbaratar la estrategia regional iraní de desestabilización que alcanzar un amplio acuerdo de paz entre árabes e israelíes, acompañado de inversiones masivas en desarrollo humano y seguido de un sistema de paz y seguridad, auspiciado por la comunidad internacional, en un Oriente Próximo claramente libre de armas nucleares, incluido Israel.

Los jueces y sus excesos verbales

Por José Luís Requero, magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial (EL MUNDO, 12/09/07):

En una democracia, el poder debe exponer el por qué de sus decisiones. El Legislativo y el Ejecutivo lo hacen a su modo. Las leyes tienen preámbulos o exposiciones de motivos que suelen describir su contenido y se encaminan a convencer al que las leyere de la bondad de la norma. Antes, el Diario de Sesiones da cuenta de los debates parlamentarios, unas veces áridos monólogos, otras rifirrafes de mayor o menor nivel, pero que sirven para deducir cómo se fue gestando la norma. Cosa distinta es el Gobierno. La rueda de prensa, el comunicado, la entrevista o, con más formalidad, la intervención parlamentaria, suelen ser el hábitat en el que sus miembros dan explicaciones. Predomina el estilo de «vendedor de productos» y la lucha política provoca una agresiva retórica. Y si el Ejecutivo actúa como Administración, puede hasta callar: es el silencio administrativo.

La Justicia es distinta. La Constitución le manda razonar sus decisiones, no puede callar o dar razones vacías -sería inconstitucional- y no resolver sería delito. El juez, al motivar, no se dirige a unos votantes, ni piensa en abrir los telediarios ni se enfrenta a una oposición, sino que se dirige los litigantes. Emplea un lenguaje técnico -el jurídico- y sus razonamientos tienen sentido si se conoce en qué consiste ese litigio, de ahí que para calificar una sentencia de buena o mala no baste con leerla, sino saber qué es lo debatido: sólo así se deducirá si la resolución es la adecuada. Además, el juez resuelve, no «dictamina», no opina y su razonamiento responde a una lógica jurídica que permita deducir que sus conclusiones son racionales y objetivas, luego controlables en Derecho por un tribunal superior.

En la forma de razonar, los jueces pueden darse ciertos estilos y, a veces, patologías. Luís Díez Picazo habla de sentencias «filosóficas», «intimistas», «pro-forma» y «estrictamente jurídicas». Mientras que la redacción de una ley o un reglamento obedece a un estilo frío, impersonal, la sentencia trasluce la personalidad, el estilo o la falta de estilo de su redactor. Hay sentencias claras, muy didácticas, y otras sencillamente ilegibles; las hay asistemáticas, otras repletas de elucubraciones floridas pero vacías, etc. No faltan frases mal construidas o palabras inadecuadas y alguna que otra falta de ortografía también se cuela. Pero, como digo, la sentencia es una obra intelectual en la que la impronta de su autor es intensa, quizás, y entre otras razones, porque mientras la ley es lo justo en abstracto y se dirige al común de los ciudadanos, la sentencia es lo justo en concreto: procede de un juez con nombre y apellidos y se dirige a unos ciudadanos también con nombre y apellidos.

Las patologías de la motivación pueden encerrar ese «corporativismo malo» que se da cuando el que desempeña un cargo público se apropia o se sirve de él -consciente o inconscientemente- trascendiendo no tanto la voluntad de un poder del Estado como la del juez. Esta patología participa en cierta forma de la del juez estrella o del que se sirve de su condición de juez, de sus competencias y potestades -poderes atribuidos por ley para satisfacer un fin público- para auparse, para servir a intereses propios o de terceros, en todo caso bastardos; es el caso del juez que redacta resoluciones pensando en abrir telediarios, en los titulares del día siguiente, que busca el impacto de sus resoluciones en la lucha política. Ese juez no sería tal ni haría Derecho; aunque gozase de fama planetaria, sería como confundir la tauromaquia con el espectáculo del Bombero Torero y los Enanitos Toreros.

Me viene todo esto a la cabeza por la ola de críticas que ha provocado el auto dictado por un juez murciano que, en un proceso de divorcio, atribuyó al padre la custodia de sus dos hijas negándoselo a la madre por ser lesbiana ejerciente. He leído el auto y, con todos los respetos, no creo que esté redactado en unos términos adecuados. No hablo de la decisión, sino de la forma de razonarla. Aparte de una extensión fuera de lo normal para ese tipo de decisiones (siguiendo a Díez-Picazo, estaríamos ante una resolución «intimista», pero también sería calificable de resolución «denuncia», «desahogo» o «carta al director»), es un ejemplo en el que un juez se sirve de la potestad que le confiere la ley para hacernos partícipes de su opinión -negativa- sobre ciertas leyes, emplea citas impropias de una resolución, expresiones desafortunadas y pseudorrazonamientos por su simpleza, más propios de una conversación de cafetería que de un auto judicial.

Hay un expediente abierto y veremos en qué queda. Hoy día nuestra normativa permite sancionar a un juez que emplea expresiones innecesarias, improcedentes, extravagantes u ofensivas. Esta falta disciplinaria se introdujo en 2003 a propuesta de un informe del Consejo del que fui ponente, luego me atribuyo cierta paternidad. No se trata de corregir «el estilo» de cada uno sancionándolo, sino de evitar lamentables excesos que no podían quedar impunes; antes hubo casos sonoros, con amplia repercusión, que desdecían de la actuación judicial y quebraban la confianza del ciudadano hacia los tribunales, pues se va al juez para que resuelva en Derecho una controversia y no para que dé su opinión o haga partícipes a los litigantes de sus sentimientos y preocupaciones vitales; menos aun, para que el juez la emprenda con improperios hacia las partes o sus abogados o excesos verbales sin cuento.

Es evidente que lo que se censuran son las expresiones, no lo que el juez decida: eso sólo lo puede revisar otro tribunal. Esto es relevante porque en el caso murciano la prensa ha dicho que el Consejo expedienta a un juez por negar la custodia a una madre de tendencias lésbicas; además -añade la prensa-, el juez habría equiparado esas tendencias a la toxicomanía, pederastia, prostitución, sectas satánicas, etc. No es así, pero, razonamientos desafortunados al margen, lo que late en este caso y en el revuelo periodístico, es la idoneidad de las parejas homosexuales para ejercer la guarda y custodia, la patria potestad o la adopción. Aparte de que en eso, y en ese caso, el Consejo ni puede ni debe intervenir -espero- es algo sumamente controvertido, como lo manifiestan los debates sobre el acceso de esas parejas, por ejemplo, a la adopción. Luego la negativa del juez murciano no es, ni mucho menos, caprichosa ni entraña en sí ofensa alguna.

El propio Consejo al informar el proyecto de matrimonio homosexual alertó sobre esa controversia y ahí están, por ejemplo, los países que niegan la adopción a tales parejas; los hay que admiten esas uniones, incluso bajo forma matrimonial, pero prohíben la adopción. No es un tema baladí y, en todo caso, sería inadmisible que algunos, aprovechando un desafortunado auto, lancen a los jueces la advertencia de que si dudan sobre la idoneidad de esas parejas para adoptar, ejercer la patria potestad o atribuirles la custodia, que se anden con cuidado porque -escándalo de prensa mediante y provocante- se las verán con un expediente disciplinario. Esto es lo que late realmente en este asunto y no unos extravagantes desahogos judiciales.

11-s y 11-m: la fiebre helenística

Por Benigno Pendás, profesor de Historia de las Ideas Políticas (ABC, 12/09/07):

Nos equivocamos aquel día. Seis años después, resulta que el 11-S no era el principio de una nueva época. Los libros de Historia tampoco situarán a las Torres Gemelas en el origen de la edad poscontemporánea. La vida es grata en Occidente, excepto si toca en el reparto el papel de víctima. Viejo argumento darwinista: la especie siempre se adapta. Aprendemos a convivir con el terrorismo. Mala suerte si ese día subes en el ascensor del World Trade Center, coges el metro en Londres o el tren en Alcalá, bailas en una discoteca de Bali… El miedo hobbesiano es soportable si está matizado por la estadística. También hay accidentes de tráfico, pero la vida sigue. Acaso América se siente vulnerable, pero eso no nos afecta. Vemos las imágenes del día: hechizo estético y recuerdos personales. La «zona cero», los héroes vestidos de bomberos, los artistas al acecho del Apocalipsis… Hagamos caso al personaje de John dos Passos, en «Manhattan Transfer», todavía la mejor novela sobre la capital del mundo: después de algún tiempo, «da gusto volver al centro de las cosas». Nos advierten los expertos acerca del peligro que circula bajo la etiqueta del islam militante. El desafío está ahí, pero la respuesta se diluye en casi nada. Diagnóstico: fiebre helenística. Tratamiento: desconocido. Hasta la fecha no existe una terapia eficaz para las sociedades que han dejado de creer en sí mismas.

La democracia mediática adaptada a la sociedad de masas es la forma de gobierno propia del helenismo contemporáneo. Confluyen muchos factores. Las megalópolis de hoy juegan el papel de la mítica Alejandría. Es el tiempo de los epígonos. Muchos filósofos posmodernos imitan sin talento a cínicos y epicúreos. Defensores de la sociedad global utilizan la doctrina clásica de los estoicos. A eso llama Fukuyama el «fin» de la Historia. Ahora otros hacen bandera de su «retorno». Es un ajuste de cuentas frente al prolífico ensayista que hace poco despedía sin gloria a los «neocons». Dicho de otra manera: la Historia empezó en Sumer, pero no está claro que quiera terminar allí. Mesopotamia no será la plataforma del Gran Oriente Medio ni escuela de la democracia para una región imposible. Los soldados de Iwo Jima pertenecen a otro tiempo. Aquel miserable Sadam Hussein que apareció escondido en un agujero y fue ejecutado sin dejar huella ganará -en parte- la batalla después de muerto. Puede ser mañana, quizá pasado o al día siguiente. En todo caso, los americanos dejarán Irak abandonado a su suerte mientras los «realistas» pasan factura al activismo ineficiente de los estrategas de Bush. Muchos huyen antes de que sea tarde del barco que dejará de pilotar dentro de un año largo.

¿Volverá la tentación abstencionista? Es una opción razonable. Estados Unidos ya sabe qué puede esperar de Europa. El Pacífico promete más alegrías que el Atlántico. Los negocios esperan en China. Rusia no sirve como antagonista: muchos se toman a risa el sueño terminal de Putin. El futuro se escribe en California. El presente, en Nueva York. Quizá Washington vive en el pasado. Cubierta por la penumbra de Irak, la revolución conservadora es una realidad tangible. El libro de moda de George Lakoff sobre elefantes y lenguaje político llega incluso a manos de Zapatero. Por algo será. En todo caso, la amenaza del terror islamista es real y efectiva. No basta con gastar bromas sobre la nueva imagen que exhibe Bin Laden. Es imposible cerrar las «madrasas» radicales financiadas por el wahabismo saudí. Ni detener la explosión integrista en el Magreb, a dos pasos de aquí. Por supuesto, no hay forma de encauzar la causa palestina y su proyección sobre el infortunado Líbano. Tampoco la realidad nuclear de Irak, actual o inminente. Además, el nuevo «yihadista» actúa desde la tienda de la esquina, el aula de la universidad o la mezquita controlada por los predicadores del odio. El perfil sociológico del terrorista que mata en Europa merece una seria reflexión. Hay varios «fritz» entre los que pretenden volar el aeropuerto de Fráncfort; vecinos y colegas entre quienes ponen bombas en Londres y Glasgow; gentes vulgares que se confunden con la masa entre los encausados por el 11-M . Conviene recordar que Al Qaida funciona a través de franquicias; practica una guerra por fragmentos; no es un enemigo convencional, sino premoderno y posmoderno al mismo tiempo. Si llegan a matar el otro día a Buteflika, hubiera vuelto la época gloriosa del tiranicidio para eliminar a los lacayos del Gran Satán imperialista: el Sha Rezha Palevi o Anwar- el- Sadat. Es un proyecto a largo plazo. El territorio y la demografía juegan a su favor.

Occidente tiene el derecho y el deber de defenderse, con la convicción de que la justicia está de parte de quienes protegen la vida y la libertad contra las agresiones fanáticas. He rechazado siempre el calificativo de «nihilista» para estos agentes del terror. Son gentes capaces de inmolarse por una causa : mártires o suicidas, según se mire, utilizan su cuerpo como un misil viviente. Luchan, al menos eso creen, contra una sociedad de cínicos relativistas, como proclama el personaje de John Updike en su última novela, más que discreta. Nosotros miramos con desconfianza los valores morales a cambio de un razonable bienestar material. Conviene decir la verdad, aunque a veces duela. ¿Quién es nihilista? Nosotros, creo, mucho más que ellos. El 11-S generó un sentimiento de solidaridad hacia las víctimas civiles de Nueva York, pero muchos miraban para otro lado al hablar de los muertos del Pentágono. En el fondo, jugamos con el cálculo de probabilidades. Habrá nuevas matanzas, pero la capacidad del enemigo es limitada. Por ahora, y durante algún tiempo, es impensable el triunfo de quienes han declarado la guerra a Occidente. El hombre común se refugia en la vida cotidiana frente a un poder lejano que le deslumbra a través de los medios. Ya no hay «polis», sino falso universalismo. Ética de subsistencia para salvar los restos del naufragio. Nada nuevo bajo el sol. Vivimos bien, de todos modos, y seguimos siendo una generación privilegiada que no conoce la guerra en las puertas de su casa. Las víctimas, claro, son una excepción.

Aquí y ahora. Lecciones del 11-M. A la derecha y a la izquierda, la sociedad española dejó muy clara la medida de sus posibilidades. La madurez consiste en asumir la realidad tal como es. Podríamos ser ejemplo de la respuesta de un Estado de Derecho frente al terror islamista: eficacia policial después de la masacre y celeridad judicial. No será el caso, por supuesto. Cualquier matiz de la sentencia, incluso de algún voto particular, servirá para alimentar una trifulca doméstica, incomprensible fuera del terruño. Eso nos aleja del Espíritu de la Época, como algunas otras veces. Da lo mismo quejarse: esto es lo que hay. Mientras resuena el eco de Al-Andalus, seguimos ciegos y sordos, no siempre mudos, ante el problema real. No obstante, cabe percibir algún paso atrás. El Gobierno guarda bajo llave desde hace algún tiempo su inefable Alianza de Civilizaciones. A su vez, los teóricos de la «conspiración» han puesto a dieta a los entusiastas que ellos mismos alentaron. Aquí seguimos, ni mejor ni peor que los demás. Vivimos, como Rilke, «en este fatigoso Ningún Sitio». ¿Qué podemos hacer? Quizá lo mismo que el poeta: «Me quedo, sin embargo. Siempre hay algo que ver».

El enemigo infinito (y II)

Por Andrés Montero Gómez (EL CORREO DIGITAL, 11/09/07):

En la primera parte de este artículo (EL CORREO, 10-09-2007) nos preguntábamos hasta dónde estábamos dispuestos a llegar, en tanto ciudadanos, para desactivar la amenaza del terrorismo internacional, yihadista o no. Por lo pronto, no debemos estar haciéndolo muy bien, porque cada paso que se avanza a escala internacional más refuerza el terrorismo que trata de prevenir. Desde Abu-Ghraib hasta Guantánamo, desde las armas de destrucción masiva inexistentes para justificar una dudosa invasión antiterrorista en Irak, hasta la magnificación de Al-Qaida a través de medios de comunicación y análisis de todo tipo, las respuestas de nuestras autoridades no parecen las más inteligentes de las posibles. Incluso, las últimas redes yihadistas detectadas en Reino Unido estaban conformadas ya por ciudadanos británicos, o por residentes y supuestamente integrados en Europa.

Si la estrategia de la guerra contra el terrorismo es inadecuada es todavía peor que quien la haya declarado sea EE UU, el enemigo diabólico nominado por el argumentario terrorista del yihadismo internacional. La incoherencia es que ante un fenómeno global y desperdigado transfronterizamente como el yihadismo, no existe una respuesta internacionalmente unificada. Ni siquiera las estrategias antiterroristas están armonizadas. EE UU ha decretado una política claramente bélica, mientras Europa apuesta por una óptica más penal y judicial y el resto de países van a remolque, fundamentalmente de las ayudas norteamericanas ligadas al capítulo antiterrorista como condicionante de política exterior. A pesar de que existe cooperación fluida entre las policías y las agencias de inteligencia noratlánticas, el desequilibrio hacia EE UU es patente. Por exponerlo claramente, la amenaza global demandaría un enfoque global producto del esfuerzo colaborativo de todos los países en una estrategia armonizada. Eso no existe. EE UU ha declarado una guerra unilateralmente, articulándola a través de sus propios planes y tiempos, y demandando en el esfuerzo la colaboración subordinada del resto de sus aliados. Por ello los que presuntamente secuestran personas en territorio europeo son, supuestamente, agentes de la CIA y quienes, también presuntamente, dejan hacer son las autoridades europeas. Con toda probabilidad, si EE UU hubiera llegado a un acuerdo paritario, en pie de igualdad, con el resto de aliados, la estrategia de guerra no habría sido la elegida. No sabríamos cuál habría sido, porque una estrategia de política criminal tradicional por sí misma tampoco habría servido contra el terrorismo yihadista, pero habría sido menos perjudicial que un planteamiento de guerra. Por el contrario, EE UU ha decretado la guerra y los demás la apoyamos, porque ni hemos ofrecido una alternativa creíble ni tenemos la fuerza trasnacional para aplicarla.

Una vez ya le ha sido confirmado al yihadismo internacional que estamos en guerra, como Al-Qaida pretendía, es muy complejo desasirse de los efectos colaterales. Al-Qaida ha sido reforzada y lo continuará siendo. Es complicado encontrar la receta estratégica más adecuada frente al terrorismo yihadista. La acción de los servicios de inteligencia es, desde luego, un ingrediente esencial de la ecuación. Desactivar el terrorismo internacional con métodos de investigación policial tradicional es una pretensión ingenua. Lo ideal sería combinar técnica jurídica y mecanismos de justicia internacionales con el desarrollo, que tendría que ser exponencial, de capacidades de inteligencia transfronteriza en el marco de adecuados equilibrios de control en cada país. Sin embargo, como decimos, la justicia y la inteligencia internacionales son complicadas desde el momento en que no existe la materialización de esos conceptos.

Los servicios de inteligencia no son la panacea, sobre todo porque dependen mucho de sobre qué estrategia estén funcionando. En EE UU son un instrumento más al servicio de la guerra contra el terrorismo. Por otro lado, son pocas las legislaciones preparadas para hacer servicios de inteligencia realmente efectivos a la par que democráticos. La británica si acaso. La estadounidense, también, aunque sometida a una realidad institucional más compleja y, por tanto, productora de mayores atolladeros y algún desafuero. La española considero que está en desarrollo. Y los ajustes legislativos se topan con un problema adicional, derivado de la necesaria circunstancia de agentes de inteligencia operando en el extranjero, bajo leyes de otros países. También con el encaje de bolillos que significa tener servicios de inteligencia policiales contraterroristas y también servicios de inteligencia no policiales, que como la CIA o nuestro CNI intervienen en contraterrorismo, sobre todo en el extranjero. Una maraña de desconexiones que es hábilmente explotada por los malos y los asesinos repartidos por este mundo interconectado.

El terrorismo islamista está revelando la valiosa aportación que tendrían informaciones obtenidas desde el mismo interior de los grupos terroristas para anticipar y desbaratar sus planes de muerte. Aparte de la aplicación de medios técnicos, como las interceptaciones telefónicas y cibernéticas, la mejor información suele provenir de fuentes humanas. Alguien que cuenta qué está ocurriendo en el interior de un grupo sectario, cerrado y altamente fanatizado que planea asesinar mucho. Alguien que se lo cuenta a otro alguien, que es un agente clandestino de inteligencia. En inteligencia contraterrorista, tres son las formas humanas encubiertas de obtener información. Las agencias de inteligencia pueden tener informadores sobre actividades terroristas, topos en el interior de organizaciones criminales o agentes propios infiltrados en ellas. Y luego todo un surtido de satélites y sofisticado instrumental tecnológico de escucha y vigilancia. La información obtenida por esos agentes humanos bajo cobertura es esencial ahora, pero será vital en el futuro en el desafío contraterrorista.

Y ahora llegan las preguntas que la ciudadanía democrática tendrá que hacerse en el futuro contra el enemigo infinito que hemos creado. Algunos analistas han propuesto combinar inteligencia con acciones de comando para desarticular grupos terroristas. Otros, más lejos, abogan por actuaciones restrictivas de corte ofensivo, como los denominados asesinatos selectivos. Ciertos académicos están proponiendo que los métodos coactivos puedan ser aplicados en interrogatorios de terroristas en determinadas circunstancias. De hecho, una combinación de varias de estas supresiones de derechos humanos de detenidos por terrorismo ya ha sido deslocalizada por EE UU en Guantánamo, para evitar los controles constitucionales de su marco legal. Y así llegamos a la clave de todo. A necesidad de controles, a la anglosajona ‘accountability’, la obligación pública de rendir cuentas.

El nuevo terrorismo islamista es inmune a la sanción del sistema penal. El fanático terrorista yihadista es impermeable a los jueces y al internamiento penitenciario. Encarcelémoslo y articulará una red islamista en prisión. Le pondremos en libertad y continuará matando. No tengo una solución fácil, porque no existe. Aunque tal como van las cosas, pueden intuirse algunos ingredientes amargos que compondrán un esquema contraterrorista para nuestro futuro. Los marcos legislativos de las democracias tendrán que evolucionar. Alrededor de un núcleo jurídico de defensa de los derechos civiles y de imperio de la ley, se desarrollarán instrumentos que incorporen a la democracia mecanismos de coerción ofensiva contra el terrorismo. Escandaliza un poco pensarlo, lo sé, pero es muy probable que sea así. Los servicios clandestinos de las agencias de inteligencia de los países más avanzados se combinarán con comandos de fuerzas especiales para secuestrar o asesinar sospechosos de terrorismo en todo el mundo. Un juez especial puede que lo haya autorizado y una comisión parlamentaria tal vez será informada del resultado. Es un horizonte que nos despierta el miedo. Pues ¿cómo asegurar que no me van a secuestrar a mí por error? La coerción ofensiva contraterrorista ya está funcionando en algunos países de los democráticos. La pregunta que nos van a ir obligando a hacernos en el futuro será del tipo: si ustedes se enteraran de que Bin Laden ha muerto asesinado por un comando de una agencia de inteligencia que ha conseguido la información a través de un infiltrado ¿se sentirían seguros y democráticos? De la respuesta dependerán algunos cambios en nuestro modo de vida.

El enemigo infinito (I)

Por Andrés Montero Gómez (EL CORREO DIGITAL, 10/09/07):

Hace seis años, unos dos meses después de los atentados del 11-S, tuve que viajar a Guatemala. El vuelo de Iberia que me trasladaba hacía, como de costumbre, escala en Miami. Hasta entonces, lo normal era que Iberia colocara a sus viajeros hacia Centroamérica en una sala de tránsito en Miami, a la espera de embarcar en los nuevos aviones que les llevarían a sus destinos. De este modo, como en cualquier otra escala aérea internacional, los pasajeros no atravesaban controles de inmigración ni de equipajes, pues técnicamente, a efectos aeroportuarios, no ingresaban en territorio del país transitado. Esa práctica del tránsito aéreo en Miami, también en Puerto Rico, cambió radicalmente en 2001.

Hace seis años, varios terroristas en EE UU provocaron que la manera de numerar el pasaporte de todos los españoles fuera modificada. Un par de meses después del 11-S, los viajeros que hacían escala en Miami para volar hacia Guatemala fueron obligados a recoger sus equipajes y cumplimentar todos los trámites de inmigración como si fueran a ingresar en EE UU, para ser después devueltos a la sala de tránsito a la espera de sus aviones. Desde entonces, las escalas en Miami se han suavizado y ya no te compelen a pasar la aduana con el equipaje, aunque todavía es obligatorio atravesar el control de pasaportes. El objetivo es dejar la información biométrica del viajero en las bases de datos del Homeland Security, el ministerio del Interior de EE UU, en virtud del programa ‘US-Visit’.

En aquel viaje a Guatemala de hace seis años, el oficial de inmigración norteamericano despachó a varios españoles al final de la fila en el aeropuerto de Miami porque, bajo su criterio, habían rellenado mal el espacio consignado a reflejar el número de su pasaporte en el formulario verde de inmigración. Observando aquel incidente con los compatriotas, yo había rellenado dos formularios de inmigración, uno con el número de pasaporte español (el DNI) y otro con el número de pasaporte que los oficiales de inmigración decían que era el correcto, aquél que se correspondía con el troquelado físico de la cartilla del pasaporte. Al llegar mi turno en la ventanilla, el oficial de inmigración descendiente de cubanos emigrados al sueño americano me explicó que en España el número de pasaporte podría ser el que quisiéramos, pero que en EE UU el número verdadero es el que coincide con el troquelado. Aquel día atravesé sin problemas el control de inmigración para no entrar en EE UU y, desde entonces, ustedes habrán observado que el número del nuevo pasaporte español es el troquelado de su cartilla, mientras el número del DNI ha pasado a mejor vida.

Que todos los pasajeros en tránsito por EE UU cumplimenten al menos el control de pasaportes en sus aeropuertos, con todas las mediciones biométricas de rigor, no obedece a otro objeto que construir la base de datos mundial con datos de carácter personal más amplia e interrelacionada de la Historia de la Humanidad. Todo un monstruo tecnológico que se inscribe en una complejísima arquitectura de información y comunicaciones puesta al servicio, por lo que parece, de la guerra contra el terrorismo.

Al punto en el que estamos, a los españoles nos han cambiado la numeración del pasaporte pero no podemos afirmar, más bien lo contrario, que en cuanto a terrorismo internacional estemos mejor que cuando unos asesinos estrellaron aviones contra las torres gemelas hace seis años. Hasta 1998, el número de incidentes terroristas en el mundo describía una línea más o menos plana, según los cálculos de la prestigiosa cronología conjunta del instituto estadounidense Rand y de la universidad escocesa de Saint Andrews. En diciembre de ese año 1998, George Tenet, director de la CIA a la sazón, firmó un memorándum en donde, literalmente, proclamaba ‘estamos en guerra’, refiriéndose a Osama Bin Laden y Al-Qaida, y ordenando que la comunidad de inteligencia no reparase en medios para sofocar la amenaza. La cronología de incidentes terroristas refleja que es justamente a partir de 1999 cuando el número mundial de atentados no hace más que dispararse, que subir desaforadamente desde menos del centenar hasta alrededor de los 4.600 en 2006, buena parte en Irak. Es alarmante, en cuanto a las hipótesis sobre causas y efectos, que la guerra al terrorismo se declarase antes de que los incidentes se incrementasen, y no viceversa.

Como saben, mi tesis es que la guerra contra el terrorismo no ha hecho más que facilitar el terrorismo internacional. Esto es cierto y objetivable, al menos, a corto y medio plazo. Ignoramos si, tal vez en unas cuantas décadas, el terrorismo será ‘derrotado’ en la guerra que se le ha declarado, pero contando con que las autoridades griegas estaban dudando este verano sobre si calificar como actos de terrorismo los incendios forestales que han sufrido, confirmo la desagradable sensación de que el terrorismo está sirviendo para crear ese enemigo global que nuestra manera de entender el universo siempre ha necesitado.

Recientemente, nuestro presidente favorito George Bush ha manifestado que puede que decrete el secreto de Estado sobre las investigaciones judiciales en torno a la cesión, por parte de la empresa belga Swift, de millones y millones de datos personales sobre transferencias interbancarias en Europa. El asunto es grave, porque contraviene, de entrada, uno de los paradigmas de los derechos civiles en la Unión Europea, la legislación sobre protección de datos de carácter personal. Si el presidente estadounidense ejerce su derecho de veto por motivos de seguridad nacional sobre la investigación judicial, que lo hará, los datos sobre transferencias electrónicas de dinero se sumarán a los exigidos a las compañías aéreas europeas sobre viajeros y a cada uno de nuestros pasaportes, huellas y fotografía que quedan registrados cada vez que rozamos territorio estadounidense.

El objetivo de tanto acopio de información por parte de la seguridad estadounidense es la prevención, sin lugar a dudas. Cuanta más información personal sean capaces de recoger sobre los ciudadanos del mundo, más posible será tecnológicamente que un dato que aparece en una escucha telefónica pueda ser relacionado con un individuo, con un domicilio, aunque sea con un país. Escuchas telefónicas, por cierto, que EE UU está ampliando a escala global, para que sean captadas a través de la red Echelon y analizadas por su Agencia de Seguridad Nacional (NSA). De manera que millones y millones de palabras se archivan en bases de datos, que pueden cruzarse con millones y millones de nombres, huellas, rostros. Lo que tecnológicamente pueda hacerse es sólo cuestión de tiempo que se haga. Les anticipo que, en un futuro no muy lejano, a nuestro perfil biométrico en las bases de datos estadounidenses se le añadirá una muestra de voz. De momento no se hace porque el nivel de la implantación tecnológica no hace (totalmente) fiable su procesamiento y comparación con una muestra de voz conseguida a través de Echelon, pero no pongan en tela de juicio que se conseguirá. Si, por ejemplo, dentro de diez años usted habla por teléfono con un amigo en París y menciona las palabras Bin Laden contando un chiste, en el próximo viaje a EE UU le van a tener un día encerrado en un cuarto oscuro.

No me entiendan mal, a mí el terrorismo no me gusta más que a George Bush. Lo que provoca mi reflexión son los métodos antiterroristas. Digamos que no me fío demasiado de los intereses que pudieran ocultarse tras la guerra contra el terrorismo. Y no lo hago porque la guerra contra el terrorismo ha construido, en parte, a Al-Qaida tal como es en la actualidad. No es necesario recordar que a Bin Laden le financió en sus orígenes la CIA para combatir a los rusos en Afganistán, porque eso ya es una anécdota en un mar de despropósitos. Sin embargo, es de sentido común pensar que si declaramos una guerra a un número creciente de fanáticos que a su vez han proclamado la guerra santa contra el infiel a escala internacional, es muy probable que tengamos guerra indefinida. Y será indefinida porque los yihadistas no tienen ningún límite y los Estados de Derecho tienen muchos. George Bush y sus asesores han estimado que, declarando la guerra, los límites del Estado de Derecho son menores, puesto que se amplían hasta llegar a los propios de un escenario de confrontación bélica, donde las personas importan menos que la victoria final. Ese retroceso de los derechos civiles en la guerra es una obviedad, pero también lo es que se debilita la libertad. La pregunta es, una vez asimilada la metodología, hasta dónde estamos dispuestos a llegar en la guerra contra el terrorismo.

¿Muere el neoconservadurismo?

Por Stephen Eric Bronner, profesor de Ciencia Política en la Universidad Rutgers, Nueva Jersey (EE. UU.), y autor de Peace out of reach: Middle Eastern travels and the search for reconciliation. © Project Syndicate - Institute for Human Sciences, 2007. Traducción: Claudia Martínez (LA VANGUARDIA, 10/09/07):

El neoconservadurismo ha servido como una insignia de unidad para los que en la Administración Bush defienden una política exterior agresiva, un gasto militar masivo, un desdén por el derecho y las instituciones internacionales, un ataque al Estado de bienestar y un retorno a los valores tradicionales. Así las cosas, cuando la era Bush se extingue en una caída en picado de popularidad y en renuncias de alto nivel, ¿esto significa que el movimiento neoconservador también se está agotando?

El neoconservadurismo comenzó con premisas diferentes de las formas tradicionales de conservadurismo. Como las reformas pueden volverse parte de nuestro legado, los conservadores tradicionales pueden adaptarse al cambio, incluso atribuirse el mérito de negociar la conexión entre pasado y futuro. A los partidarios del neoconservadurismo, en cambio, no les preocupa lo que Edmund Burke llamó los vínculos que unen a “los muertos, los vivos y los aún por nacer”. Por el contrario, son revolucionarios o, más bien, contrarrevolucionarios empeñados en rehacer Estados Unidos y el mundo.

De hecho, en un cierto sentido, Irving Kristol, Norman Podhoretz y otros estadistas neoconservadores mayores siguen definidos por el dogmatismo comunista al que pretendían oponerse cuando eran jóvenes trotskistas. La virtud de su partido o camarilla no necesita ninguna justificación compleja: representa los valores norteamericanos, mientras que los críticos simplemente ofrecen una excusa objetiva para los enemigos de la libertad.

Hasta los años 1960, los futuros neoconservadores compartían el anticomunismo vehemente del partido demócrata, la aceptación del Movimiento de los Derechos Civiles y el apoyo a las políticas del Estado benefactor del new deal del presidente Franklin Roosevelt. Expresivamente, el influyente neoconservador Richard Perle dijo en el 2003 que seguía siendo un demócrata registrado por “nostalgia” a Henry Scoop Jackson, el poderoso ex senador que encarnaba estos compromisos.

Para los futuros neoconservadores, sin embargo, los años de 1960 produjeron un trauma que trascendió la humillación de una guerra perdida y la deshonra de Richard Nixon. Lo que en los años de 1950 aparentemente había sido una cultura de la satisfacción se convirtió en lo que Podhoretz llamaba una “cultura adversaria”. Los nuevos movimientos sociales, en un intento por desmitificar la historia, rechazar las perogrulladas que justificaban las políticas de intereses de la elite y exigir una mayor responsabilidad institucional, aparentemente amenazaron todo el establishment.

De todos modos, fue cuando Ronald Reagan forjó una alianza entre las dos fracciones del conservadurismo tradicionalmente en guerra cuando se aseguraron los cimientos políticos del triunfo del neoconservadurismo.

Una fracción estaba comprendida principalmente por las elites opuestas a la intervención estatal en el mercado. A sus miembros poco les importaban las verdades asociadas con la comunidad o los valores familiares. Sus mejores argumentos intelectuales los extraían de Milton Friedman, Friedrich von Hayek y Robert Nozick, que aspiraban a desafiar las teorías colectivistas de la sociedad en general y del socialismo en particular.

La otra fracción estaba arraigada en el populismo ignorante del siglo XIX, con sus raptos de histeria nacionalista, su defensa de los prejuicios tradicionales y su resentimiento de las elites intelectuales y económicas. Sin embargo, sus miembros no necesariamente se oponen a la legislación social que beneficia a la gente trabajadora - especialmente, cuando se privilegia a trabajadores blancos- y algunos, incluso, conservan una imagen positiva del new deal.

El neoconservadurismo, por ende, no puede reducirse a la defensa del libre mercado o del populismo de derecha, ya que su especificidad ideológica consiste en la fusión de estas visiones contradictorias. La cuestión era cómo emparentar el interés de las elites en el capitalismo del libre mercado con el temperamento provincial de un electorado parroquial.

Lo más eficaz era una imagen de gran gobierno opresivo, reflejada en un sistema tributario que cada vez resultaba más gravoso a la gente común, combinado con un nacionalismo anticomunista y un racismo apenas velado. Después de todo, todos entendían quién era el abusador del sistema benefactor y a quién tenía en mente Kristol cuando dijo que un neoconservador es “un liberal que ha sido asaltado por la realidad”.

Pero con la muerte del comunismo, las dos facciones del neoconservadurismo una vez más parecían destinadas al choque. La globalización económica amenazaba con provocar un contragolpe de los populistas provinciales, mientras que el enemigo externo - el pegamento que mantenía unido al movimiento neoconservador- había desaparecido.

Luego vinieron los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Desde el principio, los altos funcionarios de la era Reagan se mostraron cautelosos de buscar una respuesta unilateral. A muchos les resultaba claro que el fundamentalismo islámico no era comparable con el comunismo y, especialmente en Iraq, los líderes militares veían los peligros de exigir demasiado a las fuerzas norteamericanas.

Pero sus argumentos no salieron airosos. Para el proyecto neoconservador, el 11 de septiembre ayudó a crear un nuevo contexto para vincular la búsqueda de la hegemonía norteamericana en el exterior con un nacionalismo intenso - e, incluso, un ataque más intenso al Estado benefactor- en casa.

Mediante la utilización de una forma cruda de realismo, que ha visto tradicionalmente al Estado como la unidad básica del análisis político, los neoconservadores retrataron a Al Qaeda en términos de enemigos familiares, como el fascismo y el comunismo, con el apoyo de estados “delincuentes” que no deben ser “sosegados”. De ahí el eje del mal y el ataque preventivo.

Este nuevo hiperrealismo tiene poco en común con el realismo al estilo antiguo. Churchill y Roosevelt no mintieron a la comunidad internacional sobre la amenaza del fascismo, sobre construir una “coalición de la voluntad” artificial o sobre el uso de la violencia sin responsabilidad: éstas fueron las tácticas de sus enemigos totalitarios. Hoy, un realismo significativo insta a reconocer las limitaciones que implica construir una democracia: la sospecha de los valores occidentales generada por el imperialismo, el poder de las instituciones y costumbres premodernas y el carácter aún frágil del sistema estatal en la mayor parte del mundo.

Pero el realismo genuino, desafortunadamente, no viene a cuento. Dada la tensión inherente implícita en el abrazo simultáneo que hace el neoconservadurismo del capitalismo de libre mercado secular y de los valores tradicionales, su estrategia, perfeccionada desde la era Reagan, ha sido la de volver a trazar las líneas divisorias: entonces, como ahora, Occidente está en riesgo, lo que exige alimentar una distinción profundamente emocional entre nosotros y ellos.

La atracción popular de esta estrategia no terminará con la Administración Bush, porque el neoconservadurismo se alimenta de un conjunto de temores públicos que están profundamente arraigados en la historia norteamericana. Cambiar esto exigirá no solamente confrontar una nueva perspectiva ideológica, sino también decidir qué políticas mejor reflejan lo mejor sobre la tradición política de Estados Unidos.

Democracia y valores

Por Manuel Marín, presidente del Congreso de los Diputados, y ex vicepresidente de la Comisión Europea (EL PAÍS, 09/09/07):

Los españoles, cuando tuvimos la oportunidad de entrar a formar parte de la Comunidad Europea de la época, no teníamos duda de que esta adhesión significaba participar en un espacio donde la libertad, la democracia y los derechos humanos eran parte indisociable de un proyecto que integraba a ciudadanos de diferentes países. Los valores comunes del proceso de integración europeo siempre fueron una referencia para un país que sufrió una dictadura que nos dejó fuera del Tratado de Roma y aislados por muchos años.

Los valores europeos, nuestros valores comunes, se construían en torno al Estado de derecho, la democracia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y una economía social del mercado. Así, gustosamente, nos reconocíamos como ciudadanos europeos, así queríamos que nos reconocieran fuera de nuestras fronteras y, además, nos dimos como gran tarea extender nuestros valores comunes a otras zonas del mundo.

Esta visión de nosotros mismos se justificó aun más con la caída del muro de Berlín y el colapso del comunismo, el otro sistema político y económico que competía con nuestros valores durante el periodo de la guerra fría. Los países de Europa del Este, satelizados por la Unión Soviética, no dudaron en llamar urgentemente a la puerta de la Unión Europea, una vez recuperada su libertad, pidiendo incorporarse al sistema de valores europeos. La mayoría ya lo han conseguido y hoy forman parte de la familia comunitaria.

Después de esta introducción, necesaria para poder explicarme convenientemente, quiero contarles cómo fueron mis experiencias en diferentes zonas del mundo cuando desde la Unión Europea lanzamos el proyecto de un sistema de relaciones exteriores que hacía del respeto de los derechos humanos y la democracia una condición a incluir en cualquier acuerdo de cooperación, hasta el punto que se introducían cláusulas de suspensión del acuerdo en el supuesto de que el gobierno beneficiario se apartara de este respeto, la llamada condicionalidad democrática. La UE tenía como vocación no sólo perfeccionar su proyecto de integración acogiendo a los países del Este, sino también extender por el mundo nuestros valores relativos a la libertad y la democracia. Noble misión que intenté aplicar con entusiasmo, y no pocos problemas, en las áreas de responsabilidad que desempeñé en la Comisión Europea.

Cuando desde Bruselas lanzamos esta política, surgió inmediatamente un debate a nivel internacional, hoy prácticamente desaparecido, en que cada interlocutor pretendía adecuar el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos a su propia historia, su propia cultura y sus propias especificidades nacionales. La polémica de mayor entidad se creó en relación al continente asiático. Frente a las exigencias europeas de más democracia se nos presentaron los asian values: primero el desarrollo económico, luego la democracia, luego los ciudadanos.

China y los entonces Tigres Asiáticos no admitieron la condicionalidad. Pero la brutal crisis económica que comenzó con la devaluación del baht tailandés y sus consecuencias políticas posteriores han llevado a la mayoría de los países del sudeste asiático a admitir que su desarrollo económico pasa ineludiblemente por aceptar los principios básicos de un sistema democrático. China sigue con su modelo de asian values, en una evolución que le es propia y que terminará, en mi opinión, compartiendo junto con la India ser la democracia más grande del mundo. No será fácil, pero llegará este momento.

En Latinoamérica, el diálogo fue mucho más fácil. Todo el continente se encontraba inmerso en la búsqueda de una normalización democrática que pasara página a los años terribles de las juntas militares y las cruentas guerras centroamericanas. Fue un reencuentro feliz y se inició una cooperación en materia de derechos humanos por todos reconocida y que resultó de una enorme utilidad en muchos países de la zona. Desigual fue la acogida en los países africanos que estaban entonces vinculados por la Convención de Lomé. Muchos dirigentes africanos entendieron esta nueva forma de cooperar. Otros, no. Recuerdo que el primer programa de cooperación que propuse fue el de Sudán. Se trataba de unas obscuras masacres en un lejano lugar llamado Darfur. Hace ya más de 15 años.

El Mediterráneo fue el objeto de un conjunto de decisiones muy importantes que dieron lugar a un nuevo cuadro de cooperación que se oficializó en la Conferencia de Barcelona en noviembre de 1995. La preparación de la Conferencia fue extremadamente difícil y conseguir un acuerdo de mínimos en materia de democracia supuso un enorme esfuerzo.

La Declaración de principios de la Conferencia habla por sí sola. La Unión Europea y los países mediterráneos se comprometían a desarrollar el Estado de derecho y la democracia en sus sistemas políticos, reconociendo al mismo tiempo el derecho de cada uno de ellos a elegir y articular libremente sus propios sistemas políticos, socioculturales, económicos y judiciales… Bajo esta fórmula se admitía la supremacía del sistema democrático, pero cada cual era libre de interpretarlo en función de sus propias condiciones internas. No pudimos llegar más lejos y es obvio que la fórmula era insuficiente. Pero nos sirvió para poner en marcha un conjunto de programas que en su modestia intentaron abrir vías de diálogo para favorecer la evolución interna.

Personalmente, considero que en algunos países de la ribera meridional del Mediterráneo se ha avanzado en lo relativo a los derechos humanos y el pluralismo político. La situación es hoy de notable mejora respecto a los años noventa. No son democracias perfectas, es verdad, pero se ha avanzado.

Creo que sólo el Estado de derecho y la democracia serán capaces de poner freno al radicalismo islamista. No existe un divorcio entre los valores europeos y los valores musulmanes. Pueden coexistir y son en muchos aspectos complementarios e intercambiables. El debate no es discutir qué significa el valor de la vida en la Europa cristiana o en el Mediterráneo musulmán. El debate versa sobre la justicia social y el reparto de la riqueza.

Es siempre mejor luchar por razonable sistema de seguridad social y de desempleo que buscar la salvación en la violencia contra el otro. Hablo, naturalmente, del honrado petit peuple, que es la infinita mayoría. Los iluminados de las dos orillas, ésos, no tienen remedio.

La UE refuerza dictaduras

Por Sihem Bensedrine, periodista y coautora de L’Europe et ses despotes (Ed. La Découverte, París 2004) con Omar Mestiri, actualmente perseguido por la justicia tunecina a causa de sus escritos contra la corrupción. Traducción de M. L. Rodríguez Tapia (EL PAÍS, 09/09/07):

Cuando se aprobó en 1995, la Declaración de Barcelona despertó muchas esperanzas en la ribera sur del Mediterráneo. Pero el proceso de Barcelona, que debía impulsar la democratización de los países del norte de África, se ha desviado de sus objetivos y ha quedado reducido a una plataforma de apoyo a regímenes dictatoriales. Gadafi, el jefe del Estado “proscrito”, se ha vuelto tolerable, y las democracias europeas no se avergüenzan por cubrir de elogios a dictadores como el presidente tunecino Ben Alí.

Los mensajes que envía la UE a las sociedades de la orilla sur son contradictorios con los supuestos objetivos del partenariado (lentitud en la política de concesión de visados, políticas pusilánimes de inmigración, racismo contra los musulmanes…). El capítulo político del partenariado euromediterráneo se reduce hoy a la cuestión de la seguridad. En Bruselas ha visto la luz una teoría nueva, la de la extraterritorialidad de las fronteras, que ahora se sitúan fuera del territorio europeo, en los países de la orilla sur (dispositivo FRONTEX). Así se delega en los regímenes autoritarios la contención represiva de los flujos humanos.

En el caso de Túnez, Ben Alí practica desde hace veinte años una política autoritaria basada en el amordazamiento de los medios de comunicación independientes y la confiscación de las libertades fundamentales. Esto ha destilado un clima de terror, responsable en gran medida de la inhibición política de los ciudadanos tunecinos. La consecuencia ha sido la aparición, en los cuatro últimos años, de una corriente salafista que propugna la violencia y atrae a cientos de jóvenes de toda procedencia. Ha quedado demostrado que el enfoque de los problemas de Túnez centrado en la seguridad es contraproducente: la violencia engendra violencia y el abandono del espacio público favorece el extremismo.

El fenómeno -amplificado por el conflicto iraquí, que provoca la incorporación de muchos tunecinos a la lucha contra la ocupación norteamericana- resulta todavía más inquietante porque indica una radicalización innegable de determinadas franjas de la juventud. El radicalismo violento parece la única alternativa al alcance de las jóvenes generaciones, que comprueban la dureza con la que se reprime la contestación pacífica (islamista o no). La aparente estabilidad lograda mediante el bloqueo del funcionamiento democrático de la justicia y los medios de comunicación añade fragilidad a dichas instituciones y abre la puerta a lo desconocido.

La política europea está produciendo el efecto contrario al que se buscaba; paradójicamente, cuanta más seguridad inmediata se obtiene, más aumenta la amenaza a largo plazo. Es como si los países europeos no hubieran aprendido nada de pasadas experiencias.

Si nos fijamos en los ejemplos de Grecia, Portugal y España, el final de las dictaduras en esos países fue el punto de partida del desarrollo político y económico, y el terrorismo residual no se abordó mediante la suspensión de la democracia, sino, al contrario, mediante su florecimiento; la estabilidad fue reforzada por la participación directa de la sociedad en ese combate. La voluntad de integrar a estos países demostrada por Europa fue un factor decisivo en su evolución.

En contraste con esta situación, el partenariado euromed está impidiendo cualquier posibilidad de crear un Estado de derecho en países como Túnez, y los fondos MEDA han ayudado a reforzar la dictadura, no la democracia. Ninguna de las partidas asignadas ha servido para favorecer una dinámica positiva en los sectores perjudicados (medios de comunicación plurales, independencia de la justicia, sistemas electorales limpios, sociedad civil independiente…).

Al tiempo que rechazaba varios proyectos de defensa de la libertad de prensa en Túnez presentados por ONGs internacionales (IFEX), la UE decidió financiar un proyecto de apoyo a los medios por un valor de 2,15 millones de euros y confiarlo a un organismo oficial que se las ha arreglado para beneficiar sólo a los periodistas de la prensa leal al régimen, una especie de prima a la censura generalizada. En paralelo, un proyecto a favor de la justicia, con una suma de 22 millones de euros, sirve para reforzar el control del Ejecutivo sobre la institución judicial.

La UE avaló asimismo el golpe constitucional de 2002 que permitió a Ben Alí instalarse en el poder de forma vitalicia, y en 2004 no denunció unos comicios en los que Ben Alí fue elegido ¡por el 94,49%! En cuanto a la instancia que debería examinar las cuestiones relacionadas con los derechos humanos -el Subcomité de Derechos Humanos previsto en el plan de acción de la política europea de vecindad que se firmó en 2005- no ha visto aún la luz, pese a los recordatorios de Bruselas.

Los reproches son discretos y a puerta cerrada. Incluso cuando se observan infracciones graves, como ocurrió con la celebración en Túnez de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) en noviembre de 2005. “Declaro inaceptables los graves incidentes que han rodeado la cumbre y que han afectado a la libertad de prensa y la libertad de expresión y reunión”, declaró Catherine Trautmann, que encabezaba la delegación del Parlamento Europeo, durante una sesión de esta Cámara el 13 de diciembre de 2005 para hacer balance de la CMSI. Por desgracia, estas declaraciones, confirmadas por los representantes sobre el terreno del Consejo y la Comisión, no tuvieron la menor consecuencia. “No estamos aquí para llevar al Gobierno tunecino ante ningún tribunal”, comentó en Bruselas un alto funcionario de la Comisión.

Mientras que las esperanzas despertadas por la perspectiva de un futuro común con Europa han quedado frustradas, es evidente que el proceso de Barcelona ha servido, sobre todo, para reafirmar a una dictadura blanda como la tunecina, una depredadora económica que ni siquiera logra tranquilizar a los inversores privados, debido a la existencia de un contexto constitucional poco transparente (inseguridad de las transacciones económicas, justicia servil, inestabilidad de las reglas del juego…).

El apoyo de los países occidentales a dictaduras como la del presidente Ben Alí desacredita el sistema democrático, crea un sentimiento de frustración y representa una amenaza para la paz en el conjunto de la región.

Modernizar la izquierda

Por Anthony Giddens, sociólogo británico, autor de La tercera vía: la renovación de la socialdemocracia. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia (EL PAÍS, 09/09/07):

He asistido recientemente a un encuentro de los Gracos [Gracques] en París. Los Gracos son un influyente grupo de la izquierda francesa, formado por ex altos funcionarios, embajadores y otras personalidades. Son esencialmente un grupo modernizador, que pretende transportar a la izquierda al siglo XXI, una tarea más difícil en Francia que en la mayoría de los demás países porque allí la izquierda sigue siendo más tradicional. Muchos siguen pensando que su tarea fundamental es mantener a raya las fuerzas de la globalización, resistir frente a la americanización y conservar los sistemas de bienestar actuales tal como están, en vez de reformarlos.

En mi intervención afirmé que la política actual tiene cuatro dimensiones. La división entre derecha e izquierda sigue teniendo sentido. Una persona de izquierdas cree en el progresismo -que podemos influir en la historia para mejorarla-, la solidaridad -una sociedad en la que nadie se queda fuera-, la igualdad -reducir las desigualdades es beneficioso para toda la sociedad-, la necesidad de proteger a los más vulnerables y la idea de que para lograr esos objetivos son necesarios el Estado y otras instituciones públicas. Sin embargo, en un mundo en cambio constante, existe otra dimensión igual de importante, la de la modernización contra el conservadurismo.

Modernización significa elaborar políticas que nos permitan adaptarnos a un mundo distinto del anterior, en el que la globalización es el principal motor del cambio. Y ya no tiene por qué identificarse a la derecha política con el conservadurismo. Puede haber modernizadores de derechas; Sarkozy es un ejemplo perfecto. El futuro de la izquierda en Francia, dije, pero también en general, está en adoptar la modernización; en otras palabras, en elaborar políticas que nos ayuden a preservar y profundizar los valores de izquierdas en la era de la globalización. Tenemos que convencer a los conservadores de izquierdas de que avancen hacia la modernidad.

Me parece muy bien que las personas de izquierdas sigan llamándose a sí mismas socialistas, siempre que reconozcan que esa palabra, hoy, no es más que una etiqueta que significa ser de izquierdas. El socialismo en sí es un proyecto muerto, porque se basaba en la idea de que los mecanismos de mercado pueden sustituirse por una economía regulada y en la tesis de que es posible superar el capitalismo con una sociedad muy distinta. El socialismo fue hijo de la sociedad industrial, mientras que ahora vivimos en una sociedad posindustrial (globalizadora), con una estructura de clase distinta y una dinámica diferente. Ya no podemos definir la izquierda en función de la lucha de la clase obrera; la clase obrera está desapareciendo. La izquierda de hoy tiene que ir mucho más allá de sus partidarios establecidos. La izquierda sólo puede prosperar como “centroizquierda”.

Estas ideas tuvieron buena acogida en la conferencia. Después de su derrota, la izquierda francesa está tratando de reformarse. Hubo otros que hablaron en un sentido similar. Uno de ellos fue el alcalde de Roma, Walter Veltroni, que causó un gran revuelo al afirmar que habría que modernizar la Internacional Socialista en el mismo sentido que las izquierdas nacionales de los distintos países. La historia de la IS es representativa de la evolución de la izquierda, con sus continuidades pero también con sus divisiones sectarias. Se fundó a principios del siglo XX y fue el vehículo del “socialismo democrático”, es decir, los que deseaban establecer el socialismo a través del proceso democrático, no mediante la revolución. Se disolvió durante la I Guerra Mundial, luego volvió a organizarse y posteriormente se escindió en diversos fragmentos. Su encarnación actual data de 1951.

Sobre el papel, la IS es muy activa. En su declaración de principios afirma su interés por todos los problemas y dilemas fundamentales de la sociedad mundial. Cuenta con diversos grupos de trabajo y a menudo envía misiones y delegaciones a varias regiones del mundo. Entre quienes la han presidido figuran algunos de los principales líderes de izquierdas de la historia, como Willy Brandt, Pierre Mauroy y Antonio Guterres. En la práctica, aunque elabora informes y documentos muy preparados y exhaustivos, tiene escasa influencia. La mayoría de los ciudadanos, seguramente, no ha oído hablar nunca de ella. La situación es muy distinta del objetivo inicial de la organización, que era nada más y nada menos que el triunfo del socialismo en el ámbito internacional.

Veltroni propuso cambiarle el nombre y, al mismo tiempo, renovar y modificar su misión. La nueva organización podría lanzarse bajo el título de Asociación de Socialdemócratas, o algo semejante. La IS mantiene una definición más bien doctrinaria de “socialista” y “socialdemócrata” a la hora de decidir qué partidos tienen derecho a integrarse. Ése es uno de los factores que explican que tenga una influencia tan limitada. El mayor partido de izquierdas, el Partido Demócrata, en el país más poderoso del mundo, Estados Unidos, no cumple los requisitos. El único partido estadounidense afiliado es el diminuto Partido de los Socialistas Democráticos de América.

Como es natural, las sugerencias de Veltroni son, en parte, interesadas. El nuevo grupo político proyectado en Italia, el Partido Demócrata, cuyos miembros han pertenecido en el pasado a diversos partidos de izquierdas, puede verse excluido de la IS. Sin embargo, es justo decir que esta propuesta pone sobre la mesa muchas más cosas. Simpatizo enormemente con la postura de Veltroni. La IS necesita reformarse y modernizarse, por su propio interés. No hay motivos para insistir en imponer límites estrictos entre unos partidos progresistas que incluyen en su nombre “socialista” o “socialdemócrata” y otros que no. Un cambio de nombre y una entrada de aire fresco entre los miembros no servirían por sí solos para hacer que la IS tuviera más influencia en el mundo, pero constituirían un comienzo.

La victoria de Bilin

Por Mario Vargas Llosa (EL PAÍS, 09/09/07):

La Corte Suprema de Israel, por unanimidad, ha dado la razón a los pobladores de la aldea palestina de Bilin, en Cisjordania, y decretado que el muro que la estrangulaba debe ser modificado en 1 kilómetro 700 metros de su recorrido a fin de que los campesinos del lugar puedan tener acceso a las 200 hectáreas de cultivos de los que el “muro de Sharon” los separó. El Gobierno de Ehud Olmert ha hecho saber, a través de un portavoz, que “acatará puntualmente la sentencia”.

Al mismo tiempo que yo leía esta noticia en la prensa, recibía, por una coincidencia feliz, el documental que Claudia Levin y Shai Carmeli-Pollak -ella productora y él director- han dedicado a esta pequeña aldea de unos 1.600 habitantes -Bilin, My Love- que, desde el viernes 20 de febrero de 2005, se había convertido en un símbolo de la lucha de los pacifistas israelíes contra la famosa “valla de seguridad” de 650 kilómetros de largo que el Gobierno de Ariel Sharon mandó construir con el pretexto de impedir a los terroristas suicidas procedentes de los territorios ocupados acceder a las ciudades de Israel. En verdad, esta espesa muralla de cemento armado y alambradas electrificadas, penetra profundamente en los territorios ocupados, parte en dos y a veces en tres las localidades que atraviesa, separa a los vecinos de sus chacras y rebaños, a los escolares de sus escuelas, a los enfermos de los hospitales, incomunica a las poblaciones palestinas entre sí, y convierte los desplazamientos a través de sus muy espaciadas puertas, en indescriptibles pesadillas. (Yo las he vivido).

Los estragos del muro, en Bilin, han sido más brutales que en otras partes. Para construirlo, el Tsahal o ejército israelí, arrancó millares de olivos que tenían cientos de años de antigüedad, y cortó la comunicación de los pobrísimos vecinos con sus pequeños sembríos y campos donde pastaban sus cabras, condenándolos a una muerte lenta. Al mismo tiempo, se construía en los alrededores el complejo de Modiin Illit, de seis asentamientos de colonos, financiado por capitales canadienses que apoyan los proyectos de los fanáticos religiosos empeñados en construir el Gran Israel bíblico. Después se descubriría que aquellas construcciones se iniciaron de manera ilegal, pues las empresas adquirieron esos terrenos de manera fraudulenta. El viernes 20 de febrero de hace dos años, grupos de israelíes comenzaron a manifestar en las afueras de Bilin, solidarizándose con las protestas que llevaban a cabo los palestinos del lugar. Desde entonces, todos los viernes han tenido lugar estos mítines, a los que, poco a poco, se han ido sumando voluntarios internacionales, organismos de derechos humanos, periodistas, instituciones religiosas, y muchos jóvenes conocidos en Israel bajo la engañosa definición de “anarquistas”, pues entre ellos se mezclan hippies y punks, con ecologistas, seminaristas, rabinos y viejos comunistas.

El 9 de septiembre de 2005, mi hija Morgana y yo acompañamos a algunos centenares de estos manifestantes israelíes que intentaban ingresar a Bilin para unirse a los palestinos que celebraban allí otro mitin de protesta, pero sólo algunos puñados de jóvenes consiguieron escurrirse entre la barrera que los soldados del Tsahal habían montado cerrando todos los accesos a la aldea. Entre el humo de las granadas lacrimógenas, una joven se nos acercó a Morgana y a mí y nos pidió que la sacáramos de allí, para evitar ser detenida. Lo hicimos, haciendo valer nuestras credenciales de periodistas, que los soldados respetaban. Se trataba de Claudia Levin, una cineasta israelí de origen argentino que, nos dijo, mientras la acercábamos a Tel Aviv, llevaba tiempo haciendo un documental sobre el drama de esta aldea palestina y el movimiento de solidaridad que había despertado, en el que ella misma militaba. La habían detenido ya varias veces y multado, pero no procesado.

Su documental dura un poco más de una hora y está realizado en condiciones muy precarias, con cámaras portátiles que, en razón de las trifulcas en las que andan casi siempre metidas -pedreas, tiroteos, gaseamientos, violentas confrontaciones- a veces parecen volar en pedazos, pero es profundamente conmovedor y deja en la memoria unas imágenes que ilustran, de la manera más vívida y persuasiva, latragedia cotidiana de esas pobres familias palestinas despojadas de sus miserables pertenencias y cercadas y condenadas poco menos que a la extinción por una política inhumana que condena a todos los palestinos de los territorios ocupados a pagar por los crímenes de los puñados de fanáticos de Hamás y la Yihad Islámica que, al igual que los propulsores del Gran Israel, están convencidos de que el fin justifica siempre los medios.

Pero el documental de Claudia Levin y Shai Carmeli-Pollak muestra que hay también, a pesar de la terrible radicalización extremista que ha experimentado su país desde el fracaso de las negociaciones de Camp David y de Taba (2000 y 2001), otro Israel, de gentes dignas e idealistas, a las que la violencia circundante no les ha hecho perder la cabeza ni la decencia, ni ha vuelto racistas, y que, como ellos mismos, o mi amigo Meir Margalit y tantos otros, han sido capaces, a lo largo de dos años y medio, de dedicar todos los viernes de sus vidas a ir a enfrentarse con sus banderas y sus pancartas a las patrullas armadas hasta los dientes del Tsahal y a ser pateados, molidos a palos, gaseados, encarcelados y multados.

No hay demagogia alguna en las estremecedoras imágenes del documental. Lo narran dos hermanos, jóvenes israelíes carentes de ideología, que actúan movidos más que por principios políticos por mera decencia, porque sienten que lo que en Bilin está ocurriendo es algo sucio e innoble, un despojo amparado en el puro derecho de la fuerza, y que privar de sus miserables lotes de tierras y sus olivos y sus cabras a esas pobres gentes en el nombre sacrosanto de la seguridad, al mismo tiempo que, allí mismo, se construyen las poderosas instalaciones donde vendrán muy pronto a instalarse los colonos, es, además de cínico, un acto de colonialismo y conquista que está en contradicción radical con todo aquello que hizo posible el nacimiento de Israel.

La práctica del colonialismo es perversa pues contamina de odio, violencia, racismo y prejuicios tanto a colonizadores como a colonizados. La secuencia más desgarradora del documental es una función escolar, en las calles de Bilin, en la que los niños de la aldea miman escenas que han visto o vivido en carne propia, en sus hogares, en las noches, cuando caen las patrullas de soldados a llevarse a los jóvenes, o a hacer registros y golpean sin misericordia a todo lo que se mueve porque ellos, los soldados, están también muertos de miedo e impregnados de ese odio contagioso que es el que les permite hacer el innoble quehacer que hacen sin que se les caiga la cabeza de vergüenza. Esos niños ya están ellos también impregnados de odio, no hace falta decirlo. Y por eso juegan a morir y a matar, a disparar y a poner bombas, igual que hacen esas personas grandes que los rodean. Otra escena inolvidable en el documental es la de aquel soldado que, en un ataque de desesperación, grita a los fotógrafos que lo rodean: “Dentro de una semana salgo de filas, así que no me importa ya nada. ¡Tómenme las fotos que quieran!”. Y dispara a quemarropa a la multitud.

¿Se cumplirá el fallo de la Corte Suprema de Israel que -ése es su sentido profundo- reconoce el derecho a la supervivencia de los 1.600 habitantes de Bilin? Cabe preguntárselo pues la Corte Suprema israelí -una institución que goza de gran prestigio y que ha dado muchas veces muestra de su independencia frente al poder político- decretó ya hace un par de años que el muro se rectificara en más de 13 kilómetros pues asfixiaba innecesariamente a la ciudad de Kalkilia, seccionándola en tres partes, y hasta ahora esa sentencia no se ha ejecutado. Por otra parte, la sentencia, el 9 de julio de 2004, del Tribunal Internacional de La Haya, declarando ilegal la construcción del muro no ha sido tomada en cuenta por los Gobiernos israelíes. De modo que no es imposible que la agonía de Bilin se prolongue indefinidamente.

En verdad, ese problema sólo encontrará una vía de salida si Israel y Palestina firman un tratado de paz que, a la vez que reconozca el derecho de Israel a existir dentro de fronteras seguras, establezca un Estado Palestino real y viable, que no sea ese queso gruyère lleno de huecos que concibió Sharon. Para muchos comentaristas, la guerra abierta entre Hamás y Al Fatah, que ha culminado con la toma de Gaza por aquel movimiento extremista, aleja todavía más en el tiempo la posibilidad de aquel acuerdo. Pero alguien tan sensato como Amos Oz, por ejemplo, cree lo contrario: que la ruptura abierta entre los moderados y los islamistas palestinos facilita una negociación entre Israel y la Autoridad Palestina. Tal vez y ojalá que sea así. El problema es la impopularidad de Al Fatah por la ineficiencia y corrupción que ha demostrado, lo que explica la popularidad de Hamás, más que simpatía de las masas palestinas por las tesis fanáticas y terroristas de sus dirigentes.

¿Es imposible que alguna vez israelíes y palestinos vivan como buenos vecinos, y se entiendan y cooperen? Vean el documental Bilin, My Love y se convencerán de que es posible. Vale la pena añadir una nota al pie: ese documental, aunque usted no lo crea, fue integralmente financiado por instituciones israelíes y, entre ellas, ¡el Ministerio de Cultura de Israel! No hay que perder las esperanzas, pues.