Por Sihem Bensedrine, periodista y coautora de L’Europe et ses despotes (Ed. La Découverte, París 2004) con Omar Mestiri, actualmente perseguido por la justicia tunecina a causa de sus escritos contra la corrupción. Traducción de M. L. Rodríguez Tapia (EL PAÍS, 09/09/07):
Cuando se aprobó en 1995, la Declaración de Barcelona despertó muchas esperanzas en la ribera sur del Mediterráneo. Pero el proceso de Barcelona, que debía impulsar la democratización de los países del norte de África, se ha desviado de sus objetivos y ha quedado reducido a una plataforma de apoyo a regímenes dictatoriales. Gadafi, el jefe del Estado “proscrito”, se ha vuelto tolerable, y las democracias europeas no se avergüenzan por cubrir de elogios a dictadores como el presidente tunecino Ben Alí.
Los mensajes que envía la UE a las sociedades de la orilla sur son contradictorios con los supuestos objetivos del partenariado (lentitud en la política de concesión de visados, políticas pusilánimes de inmigración, racismo contra los musulmanes…). El capítulo político del partenariado euromediterráneo se reduce hoy a la cuestión de la seguridad. En Bruselas ha visto la luz una teoría nueva, la de la extraterritorialidad de las fronteras, que ahora se sitúan fuera del territorio europeo, en los países de la orilla sur (dispositivo FRONTEX). Así se delega en los regímenes autoritarios la contención represiva de los flujos humanos.
En el caso de Túnez, Ben Alí practica desde hace veinte años una política autoritaria basada en el amordazamiento de los medios de comunicación independientes y la confiscación de las libertades fundamentales. Esto ha destilado un clima de terror, responsable en gran medida de la inhibición política de los ciudadanos tunecinos. La consecuencia ha sido la aparición, en los cuatro últimos años, de una corriente salafista que propugna la violencia y atrae a cientos de jóvenes de toda procedencia. Ha quedado demostrado que el enfoque de los problemas de Túnez centrado en la seguridad es contraproducente: la violencia engendra violencia y el abandono del espacio público favorece el extremismo.
El fenómeno -amplificado por el conflicto iraquí, que provoca la incorporación de muchos tunecinos a la lucha contra la ocupación norteamericana- resulta todavía más inquietante porque indica una radicalización innegable de determinadas franjas de la juventud. El radicalismo violento parece la única alternativa al alcance de las jóvenes generaciones, que comprueban la dureza con la que se reprime la contestación pacífica (islamista o no). La aparente estabilidad lograda mediante el bloqueo del funcionamiento democrático de la justicia y los medios de comunicación añade fragilidad a dichas instituciones y abre la puerta a lo desconocido.
La política europea está produciendo el efecto contrario al que se buscaba; paradójicamente, cuanta más seguridad inmediata se obtiene, más aumenta la amenaza a largo plazo. Es como si los países europeos no hubieran aprendido nada de pasadas experiencias.
Si nos fijamos en los ejemplos de Grecia, Portugal y España, el final de las dictaduras en esos países fue el punto de partida del desarrollo político y económico, y el terrorismo residual no se abordó mediante la suspensión de la democracia, sino, al contrario, mediante su florecimiento; la estabilidad fue reforzada por la participación directa de la sociedad en ese combate. La voluntad de integrar a estos países demostrada por Europa fue un factor decisivo en su evolución.
En contraste con esta situación, el partenariado euromed está impidiendo cualquier posibilidad de crear un Estado de derecho en países como Túnez, y los fondos MEDA han ayudado a reforzar la dictadura, no la democracia. Ninguna de las partidas asignadas ha servido para favorecer una dinámica positiva en los sectores perjudicados (medios de comunicación plurales, independencia de la justicia, sistemas electorales limpios, sociedad civil independiente…).
Al tiempo que rechazaba varios proyectos de defensa de la libertad de prensa en Túnez presentados por ONGs internacionales (IFEX), la UE decidió financiar un proyecto de apoyo a los medios por un valor de 2,15 millones de euros y confiarlo a un organismo oficial que se las ha arreglado para beneficiar sólo a los periodistas de la prensa leal al régimen, una especie de prima a la censura generalizada. En paralelo, un proyecto a favor de la justicia, con una suma de 22 millones de euros, sirve para reforzar el control del Ejecutivo sobre la institución judicial.
La UE avaló asimismo el golpe constitucional de 2002 que permitió a Ben Alí instalarse en el poder de forma vitalicia, y en 2004 no denunció unos comicios en los que Ben Alí fue elegido ¡por el 94,49%! En cuanto a la instancia que debería examinar las cuestiones relacionadas con los derechos humanos -el Subcomité de Derechos Humanos previsto en el plan de acción de la política europea de vecindad que se firmó en 2005- no ha visto aún la luz, pese a los recordatorios de Bruselas.
Los reproches son discretos y a puerta cerrada. Incluso cuando se observan infracciones graves, como ocurrió con la celebración en Túnez de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) en noviembre de 2005. “Declaro inaceptables los graves incidentes que han rodeado la cumbre y que han afectado a la libertad de prensa y la libertad de expresión y reunión”, declaró Catherine Trautmann, que encabezaba la delegación del Parlamento Europeo, durante una sesión de esta Cámara el 13 de diciembre de 2005 para hacer balance de la CMSI. Por desgracia, estas declaraciones, confirmadas por los representantes sobre el terreno del Consejo y la Comisión, no tuvieron la menor consecuencia. “No estamos aquí para llevar al Gobierno tunecino ante ningún tribunal”, comentó en Bruselas un alto funcionario de la Comisión.
Mientras que las esperanzas despertadas por la perspectiva de un futuro común con Europa han quedado frustradas, es evidente que el proceso de Barcelona ha servido, sobre todo, para reafirmar a una dictadura blanda como la tunecina, una depredadora económica que ni siquiera logra tranquilizar a los inversores privados, debido a la existencia de un contexto constitucional poco transparente (inseguridad de las transacciones económicas, justicia servil, inestabilidad de las reglas del juego…).
El apoyo de los países occidentales a dictaduras como la del presidente Ben Alí desacredita el sistema democrático, crea un sentimiento de frustración y representa una amenaza para la paz en el conjunto de la región.
Cuando se aprobó en 1995, la Declaración de Barcelona despertó muchas esperanzas en la ribera sur del Mediterráneo. Pero el proceso de Barcelona, que debía impulsar la democratización de los países del norte de África, se ha desviado de sus objetivos y ha quedado reducido a una plataforma de apoyo a regímenes dictatoriales. Gadafi, el jefe del Estado “proscrito”, se ha vuelto tolerable, y las democracias europeas no se avergüenzan por cubrir de elogios a dictadores como el presidente tunecino Ben Alí.
Los mensajes que envía la UE a las sociedades de la orilla sur son contradictorios con los supuestos objetivos del partenariado (lentitud en la política de concesión de visados, políticas pusilánimes de inmigración, racismo contra los musulmanes…). El capítulo político del partenariado euromediterráneo se reduce hoy a la cuestión de la seguridad. En Bruselas ha visto la luz una teoría nueva, la de la extraterritorialidad de las fronteras, que ahora se sitúan fuera del territorio europeo, en los países de la orilla sur (dispositivo FRONTEX). Así se delega en los regímenes autoritarios la contención represiva de los flujos humanos.
En el caso de Túnez, Ben Alí practica desde hace veinte años una política autoritaria basada en el amordazamiento de los medios de comunicación independientes y la confiscación de las libertades fundamentales. Esto ha destilado un clima de terror, responsable en gran medida de la inhibición política de los ciudadanos tunecinos. La consecuencia ha sido la aparición, en los cuatro últimos años, de una corriente salafista que propugna la violencia y atrae a cientos de jóvenes de toda procedencia. Ha quedado demostrado que el enfoque de los problemas de Túnez centrado en la seguridad es contraproducente: la violencia engendra violencia y el abandono del espacio público favorece el extremismo.
El fenómeno -amplificado por el conflicto iraquí, que provoca la incorporación de muchos tunecinos a la lucha contra la ocupación norteamericana- resulta todavía más inquietante porque indica una radicalización innegable de determinadas franjas de la juventud. El radicalismo violento parece la única alternativa al alcance de las jóvenes generaciones, que comprueban la dureza con la que se reprime la contestación pacífica (islamista o no). La aparente estabilidad lograda mediante el bloqueo del funcionamiento democrático de la justicia y los medios de comunicación añade fragilidad a dichas instituciones y abre la puerta a lo desconocido.
La política europea está produciendo el efecto contrario al que se buscaba; paradójicamente, cuanta más seguridad inmediata se obtiene, más aumenta la amenaza a largo plazo. Es como si los países europeos no hubieran aprendido nada de pasadas experiencias.
Si nos fijamos en los ejemplos de Grecia, Portugal y España, el final de las dictaduras en esos países fue el punto de partida del desarrollo político y económico, y el terrorismo residual no se abordó mediante la suspensión de la democracia, sino, al contrario, mediante su florecimiento; la estabilidad fue reforzada por la participación directa de la sociedad en ese combate. La voluntad de integrar a estos países demostrada por Europa fue un factor decisivo en su evolución.
En contraste con esta situación, el partenariado euromed está impidiendo cualquier posibilidad de crear un Estado de derecho en países como Túnez, y los fondos MEDA han ayudado a reforzar la dictadura, no la democracia. Ninguna de las partidas asignadas ha servido para favorecer una dinámica positiva en los sectores perjudicados (medios de comunicación plurales, independencia de la justicia, sistemas electorales limpios, sociedad civil independiente…).
Al tiempo que rechazaba varios proyectos de defensa de la libertad de prensa en Túnez presentados por ONGs internacionales (IFEX), la UE decidió financiar un proyecto de apoyo a los medios por un valor de 2,15 millones de euros y confiarlo a un organismo oficial que se las ha arreglado para beneficiar sólo a los periodistas de la prensa leal al régimen, una especie de prima a la censura generalizada. En paralelo, un proyecto a favor de la justicia, con una suma de 22 millones de euros, sirve para reforzar el control del Ejecutivo sobre la institución judicial.
La UE avaló asimismo el golpe constitucional de 2002 que permitió a Ben Alí instalarse en el poder de forma vitalicia, y en 2004 no denunció unos comicios en los que Ben Alí fue elegido ¡por el 94,49%! En cuanto a la instancia que debería examinar las cuestiones relacionadas con los derechos humanos -el Subcomité de Derechos Humanos previsto en el plan de acción de la política europea de vecindad que se firmó en 2005- no ha visto aún la luz, pese a los recordatorios de Bruselas.
Los reproches son discretos y a puerta cerrada. Incluso cuando se observan infracciones graves, como ocurrió con la celebración en Túnez de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) en noviembre de 2005. “Declaro inaceptables los graves incidentes que han rodeado la cumbre y que han afectado a la libertad de prensa y la libertad de expresión y reunión”, declaró Catherine Trautmann, que encabezaba la delegación del Parlamento Europeo, durante una sesión de esta Cámara el 13 de diciembre de 2005 para hacer balance de la CMSI. Por desgracia, estas declaraciones, confirmadas por los representantes sobre el terreno del Consejo y la Comisión, no tuvieron la menor consecuencia. “No estamos aquí para llevar al Gobierno tunecino ante ningún tribunal”, comentó en Bruselas un alto funcionario de la Comisión.
Mientras que las esperanzas despertadas por la perspectiva de un futuro común con Europa han quedado frustradas, es evidente que el proceso de Barcelona ha servido, sobre todo, para reafirmar a una dictadura blanda como la tunecina, una depredadora económica que ni siquiera logra tranquilizar a los inversores privados, debido a la existencia de un contexto constitucional poco transparente (inseguridad de las transacciones económicas, justicia servil, inestabilidad de las reglas del juego…).
El apoyo de los países occidentales a dictaduras como la del presidente Ben Alí desacredita el sistema democrático, crea un sentimiento de frustración y representa una amenaza para la paz en el conjunto de la región.
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